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BOCG. Senado, apartado I, núm. 165-1189, de 22/03/2013
cve: BOCG_D_10_165_1189
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

(621/000026)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 29


Núm. exp. 121/000029)

ENMIENDAS

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 25 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 3.1.a del apartado uno del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Los terrenos inundados artificialmente deben formar parte del dominio público marítimo-terrestre.




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ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 3.1.b del apartado uno del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Resulta arbitrario e impreciso el criterio para incluir determinadas dunas en el dominio marítimo-terrestre. No se aclara cómo se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la playa. El criterio determinado de mantenimiento de playa, además no tiene en cuenta que existen dunas fósiles anexas a los acantilados del Mediterráneo y que estas son fundamentales para el mantenimiento de los acantilados y la seguridad de aquellas infraestructuras situadas inmediatamente después. Precisamente debajo de estos acantilados no existen playas.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado dos del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo implicaría que muchos terrenos inundables como salinas, marjales, esteros, en definitiva, humedales costeros, quedarían fuera del dominio público. Además la mayoría de ellos están protegidos en la Red Natura 2000 o por la Convención Ramsar de Humedales, y no solo constituyen un valioso e irremplazable patrimonio público, sino una fuente de ingresos y empleo en los sectores del turismo, la acuicultura o la fabricación de sal.

Por otra parte, podría dar lugar a la picaresca de inundar la costa baja del litoral, con bombas de achique, por ejemplo, para reclamar su desclasificación.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.




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ENMIENDA

De supresión.

Del punto 2 del artículo primero seis.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero siete.

JUSTIFICACIÓN

Se disminuye la servidumbre de protección en las riberas de las rías de 100 a 20 metros. No entendemos qué motivos de índole geofísica y ambiental justifican esta modificación, que implica la desprotección de amplios tramos de la cornisa cantábrica y atlántica. Si bien el fondo de las rías es quizás similar al funcionamiento de las aguas continentales, la actividad de las mareas que se suman a las posibles avenidas de torrentes de agua dulce debe ser garantizada con una zona de amortiguación de 100 metros. Por muy reducida que sea la anchura del cauce, desde el punto de vista natural las rías tienen la misma función que los cuerpos de agua de mayores dimensiones. Por otro lado, la temeridad de considerar las bocanas de estas rías como ríos es aún mayor si se tiene en cuenta no solo las mareas vivas sino también su exposición abierta a temporales del Atlántico.




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ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero ocho, letra c) del apartado 1 del artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Se permiten las actividades en la servidumbre de protección que incluyan la destrucción de los yacimientos de áridos cuyos sedimentos no hayan sido transportados al medio sedimentario por elementos como el agua, el viento o el hielo, si se atiende a la nueva definición de detrítico que se introduce.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero trece.

JUSTIFICACIÓN

Ampliar el plazo de vencimiento de uno a cuatro años no reporta ningún beneficio al dominio público marítimo-terrestre, al contrario.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero diecisiete.




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JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero dieciocho.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de permitir las transmisiones ínter vivos es una privatización más del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo que las concesiones se puedan transmitir y heredar.

Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el dominio público marítimo-terrestre comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Del punto 2 del artículo primero veintidós.




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JUSTIFICACIÓN

Respecto al planteamiento de modificación del artículo 119 de la Ley de Costas sobre un nuevo apartado que relativo a la suspensión de actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si afectan a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, se están ignorando las competencias urbanísticas y de ordenación del litoral exclusivas de las CCAA, así como las servidumbres de protección que ya fueron declaradas por la sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional y asumida en la mayoría de los estatutos de autonomía. De hecho, el TC ya declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley de Costas en su redacción originaria (similar a la redactada en el Proyecto) por invadir competencias.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Del punto 5 del artículo primero veintitrés.

JUSTIFICACIÓN

Se convierte en tramo privado de costa, unos terrenos que pertenecen al DPMT. Hay que recordar que la creación de empleo y riqueza en este tipo de terrenos se ha dado y consolidado sin que los mismos tuvieran que ser privados, y se ha podido mantener a través de concesión renovables ínter vivos que para los cultivos marinos permitía la ley de costas vigente, precisamente porque al constituir dichos terrenos parte del DPMT no han sido privatizados para otros usos.

Este nuevo apartado supondría la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro. Además, que se elimine del dominio público marítimo-terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de protección de hasta 100 metros de la zona de servidumbre.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De un nuevo apartado dos bis en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 4 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo:

Todos los terrenos acantilados, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta 50 metros más a partir de su coronación.»




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JUSTIFICACIÓN

Se debe contemplar la extraordinaria influencia de la litología en la formación y evolución (por tanto, en la cambiante pendiente) de los acantilados. Estos, por su propia naturaleza, están sometidos a continua erosión debida tanto a la acción del mar como del viento, siendo su principal funcionalidad la de proteger el territorio frente a la invasión del mar. Constituye por ello una temeridad construir sobre ellos, pues aparte de acelerar su erosión, es un peligro para las propias construcciones, existiendo infinidad de ejemplos a lo largo de nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De un nuevo artículo primero seis bis, que queda redactado como sigue:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.»

JUSTIFICACIÓN

Las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas han demostrado ser un instrumento normativo de protección de enorme utilidad para el litoral. Por ello se deben ampliar, con carácter general, a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas construcciones a menos de dicha distancia del dominio público marítimo-terrestre.

De hecho, la propia utilidad de este sistema de protección ha llevado a que varias comunidades autónomas a ampliarlas, como ya es el caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria que impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Solo así se podrá hacer frente a los efectos del cambio climático y a la sobreelevación del nivel del mar que ya es perceptible en nuestras costas.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo segundo.




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JUSTIFICACIÓN

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y contener el frente litoral ocupado.

El plazo que se eleva a 75 años se realiza incluso respecto de las concesiones que están ya a punto de extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento. Se extiende también a actividades perjudiciales para la debida protección del DPMT como las actividades de explotación de recursos mineros o energéticos.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

De la disposición adicional tercera.

JUSTIFICACIÓN

Se traza una falsa línea interior de la ribera del mar proponiendo que la defina el borde exterior de los paseos marítimos construidos, excluyendo espacios del dominio público marítimo-terrestre que quedan fragmentados por paseos marítimos construidos después de la entrada en vigor de la ley de costas de 1988. Precisamente esa ha sido la estrategia de muchos municipios para legalizar aquellos proyectos ejecutados sin ningún respeto por la legalidad vigente, a sabiendas que según dispuesto en los artículos 27 y 44.5 de la Ley de Costas ratificaba su posición fuera del dominio, y por tanto, dentro del dominio privado. Ahora también esta exclusión se generaliza y se realiza sin ninguna explicación ambiental ni fundamento alguno.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.




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ENMIENDA

De supresión.

De la disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

Bajo la justificación, sin ninguna base científica, de la especial configuración geológica de la isla de Formentera se pretende modificar el dominio público marítimo-terrestre, hecho totalmente inaceptable, bajo el punto de vista de la defensa de lo común.

Esta modificación significaría la exclusión del 90% del litoral de Formentera del dominio público marítimo-terrestre. Se excluyen los tramos de bastas zonas de la isla, donde no se pueda demostrar que existan «temporales ordinarios... que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en el que se inicie el deslinde». Desde una perspectiva oceanográfica, los temporales ordinarios en la costa se han acotado en el tiempo extraordinariamente. Permitir que zonas de la isla queden excluidas donde puede que se repitan en dos ocasiones en los cinco años es una imprudencia y un gasto inasequible por el Estado. La Ley de costas vigente atribuye a los temporales marítimos un papel destacado a la hora de determinar el dominio público, y a pesar de que las definiciones de «temporal» son confusas, asociadas en general al mal tiempo, vientos fuertes y oleajes. De hecho, y baste el ejemplo, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y sus Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) sobre las aguas continentales y las costas, según la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece el marco comunitario de actuación en política de aguas, define las zonas inundables asociadas a periodos de retorno (artículo 3.h del Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y apartado 1.3 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones) con «alta probabilidad de inundación» si se producen una vez cada diez años y clasifica también como «zona inundable frecuente» si la inundación se realiza por lo menos una vez cada 50 años. Si estos temporales llevan asociados periodos de inundación la frecuencia es mucho más alta que la planteada en el Proyecto para los temporales de la isla de Formentera. Aún con todo y a falta de datos concretos, se debería mantener, como principio de precaución, el máximo temporal conocido sin limitaciones no contrastadas de frecuencia en año por, entre otras muchas razones, la ausencia de datos y el consiguiente peligro para la seguridad civil.

Además, las órdenes por las que se practicó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la isla de Formentera han sido ratificadas por más de una decena de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Estas sentencias son firmes a día de hoy y confirman la total legalidad de la actuación administrativa. Sin entender las razones desde el interés general, se van a excluir bosques costeros enteros con sus dunas fijas que son necesarios para el mantenimiento natural y gratuito de la playa.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De sustitución.

La disposición adicional sexta queda redactada como sigue:

«Se creará una Comisión de estudio de aquellos municipios afectados por una aplicación arbitraria e injusta de la ley 22/1988, en los que ciertos terrenos queden afectados de manera altamente conflictiva




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por el deslinde, con la finalidad de revisar el deslinde o proponer una solución a estos casos. Esta Comisión estará formada por representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Se excluye a la carta diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la presente situación. Además y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo». Esta exclusión se hace de manera totalmente arbitraria y por ello esta disposición vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española de 1978. El principio de igualdad viene contenido en el artículo 14 de la C.E., se encuentra entre los valores superiores del ordenamiento jurídico artículo 1.1 C.E. y en el artículo 9.2 C.E. se establece que corresponde a los poderes públicos un mandato para que la igualdad sea real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Con la finalidad de tener un mejor conocimiento y gestión del litoral, en el plazo de dos años, el Gobierno completará y publicará las ecocartografías comprensivas de la zona marítimo-terrestre, playas, humedales y mar territorial; mapas de inundación de toda la costa española, con una previsión mínima de 50 años; plan de adquisición de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral, con la finalidad de realizar una mejor gestión del mismo.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.




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ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el trazado de un nuevo deslinde para las zonas de riesgo que se identifiquen en el proyecto ‘‘Cambio Climático en la Costa de España-C3E’’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014. En cualquier caso, este deslinde deberá llevarse a cabo en coherencia con las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, cuya aprobación está prevista por la comisión Europea en primavera de 2013.

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de forma participativa en el marco del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre los usos de las zonas costeras. Los impactos del cambio climático en esta área no afectan solo a los recursos naturales. Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona costera.

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8 000 km de costa españolas, deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este Proyecto.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es esencial la prevención. Algunos de los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de los paseos marítimos) son especialmente apreciables entre Málaga y Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar el 250%, o la disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica puede darse en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado («BOE», núm. 70 del 23 de marzo de 2011) el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo. Conforme a los principios y objetivos del Protocolo las Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado por el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los riesgos naturales, esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros....» (artículo 8. Dos. apartado A). Además el mismo Protocolo reza en su artículo 22: «En el marco de las estrategias nacionales de gestión integrada de las zonas costeras, las Partes elaborarán políticas de prevención de los riesgos naturales. Con este fin, efectuarán, en lo que respecta a las zonas costeras, evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y adoptarán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales y, en particular, del cambio climático».

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático (Comisión Europea, 2009) en el que la adaptación en zonas marinas y costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, así como en la reforma de la Política Pesquera Común. En línea con la recomendación del libro blando respecto a la necesidad de elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y costeras, la Unión Europea se dispone a aprobar una estrategia de adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas como la plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser integradas en los instrumentos de política nacional relacionados con los temas a los que afecta.




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ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Se crea el Fondo para la adquisición de fincas y terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas. El Gobierno dotará anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a tal efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de preservar los pocos espacios vírgenes que todavía quedan en nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Se crea el Consejo Litoral, con el objeto de favorecer la participación de las organizaciones representativas de intereses sociales, de personas de reconocido prestigio, así como de la Administración local y autonómica en la elaboración y seguimiento de la política del litoral orientada al desarrollo sostenible. El Consejo contará con representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.

El Consejo Litoral queda adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El régimen de funcionamiento del Consejo Litoral será el establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo requiera el ejercicio de sus funciones. Podrá constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así como a las del propio Consejo, podrán ser invitadas las personas responsables de las políticas ambientales sectoriales objeto de estudio y análisis, así como los funcionarios o representantes del sector privado que el Presidente del Consejo, que deberá proceder a su convocatoria, considere oportuno.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de fomentar la participación de la sociedad en todo aquello relacionado con el litoral.




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ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Imposición sobre el cambio de usos del suelo.

Primero. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo es un tributo indirecto de naturaleza real y alcance estatal que grava las actuaciones de nueva urbanización, según se definen en el apartado 1.a).1) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, realizadas en territorio español.

2. El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado en su totalidad al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Segundo. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarias del suelo en el momento en que se realicen las actuaciones de nueva urbanización a las que se refiere el artículo 64 de esta Ley.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes las administraciones locales en las que tengan lugar las actuaciones de nueva urbanización.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar la superficie de suelo afectada por las actuaciones de nueva urbanización, según conste en el proyecto.

Tercero. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto está constituida por la superficie de suelo, en metros cuadrados, afectada por las actuaciones de nueva urbanización a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, según el proyecto de obra.

2. La base imponible se determinará para cada propietario del suelo que sea sujeto pasivo del impuesto.

Cuarto. Cuota y tipo de gravamen.

1. El tipo de gravamen se fija en 50 euros por metro cuadrado.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Quinto. Repercusión.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.

Sexto. Liquidación y devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de ser aprobado el proyecto de nueva urbanización a que se refiere el artículo 64, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.




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2. El período de liquidación será de un año natural.

3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el lugar y forma determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Séptimo. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.

Octavo. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en materia tributaria.

Noveno. Orden jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entra la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Que revierta a la sociedad a través de esta figura impositiva parte de los beneficios que se deriven del cambio del uso del suelo.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha contra la especulación y el desarrollo insostenible.»

JUSTIFICACIÓN

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en construcciones ilegales y asentado en la cultura del pelotazo.




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ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«El Gobierno consensuará con las Comunidades Autónomas el límite temporal máximo, año concreto en que las concesiones portuarias autonómicas previas a la ley de costas deban entenderse vencidas, sin posibilidad de prórroga.

Las ampliaciones de plazo respecto al resultante de la legislación en vigor, debe ajustarse en todo caso a una justificación concreta, relacionada con los plazos de amortización de la inversión.»

JUSTIFICACIÓN

El régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del proyecto de ley no aplica las concesiones portuarias autonómicas, estándose a los límites que prórrogas incluidas fija la norma estatal.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

De la disposición transitoria segunda.

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta para la servidumbre de protección no está justificada; la inseguridad jurídica que crea es muy elevada y difícil de encontrar en otros ámbitos. A la práctica significa que casi todo el litoral español la servidumbre de protección pase a ser de 20 metros.

Según esta nueva disposición, se admite que durante los próximos meses cualquier municipio que pueda demostrar que una finca costera tenga, por ejemplo, suministro eléctrico, se declaren urbanos los núcleos que no se han declarado conforme a la disposición transitoria de la actual Ley de Costas. Esto es, reabre la posibilidad de declarar suelo urbano el frente litoral y establecer una servidumbre de 20 metros. Muchos Ayuntamientos no van a dudar en justificar determinadas actuaciones realizadas bajo la burbuja inmobiliaria para justificar una servidumbre de 20 metros en lugar de la de 100 metros.




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El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 19 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4.c) del artículo 12 con el siguiente redactado:

«c) La advertencia de que puedan quedar afectadas por el deslinde, pudiendo así, las fincas incorporarse, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre.»

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que si se deben realizar notas marginales en la totalidad de las propiedades afectadas por un deslinde y situadas en la servidumbre de protección el deslinde va a ser prácticamente imposible su tramitación, y dado que la efectividad del proyecto dependerá de que se practiquen los nuevos deslindes para poder hacer efectiva las nuevas definiciones, criterios y normativa, pequeños detalles como este pueden dar al traste con la futura ley.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 25.2 de la ley 22/1988, que quedará redactado como sigue:

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el ejemplo de «establecimientos de cultivo marino o salinas marítimas» porque el ejemplo cierra las puertas a establecimientos relacionados con los deportes náuticos, equipamientos de ocio como




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spa, o de restauración que pueden igualmente prestar un servicio al dominio público marítimo-terrestre, y que resulta vital en zonas turísticas o de ocio de las poblaciones que viven en la costa.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 25.1 a) de la Ley22/1988, que quedará redactado como sigue:

«Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, salvo las amparadas por la ordenación urbanística correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta fundamental desterrar de la ley de costas esta prohibición en la servidumbre de protección y que la decisión la tomen de forma conjunta todas las administraciones en el marco del planeamiento caso por caso, para no seguir acudiendo en las disposiciones transitorias y excepciones, y todo ello además en referencia a los servicios que tenían los terrenos hace 24 años, ordenando con seguridad jurídica esta franja del litoral.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo su naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el resto del artículo porque el tribunal constitucional tiene establecido que la ordenación de las playas es competencia de las comunidades autónomas.




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ENMIENDA NÚM. 30

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del segundo párrafo, que dice:

«En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

La competencia sobre puertos no determina la titularidad catastral, afectando el proceso de transferencia del Estado a las Comunidades Autónomas exclusivamente a las competencias correspondientes sobre el puerto, derivándose de los artículos 132 de la Constitución y 14 de la Ley 27/1992, de 14 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina Mercante, en conjunción con la previsión del artículo 3.a) de la Ley de Costas, que el dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a la misma, resultando la transferencia de competencias para la gestión y explotación del puerto y sus instalaciones un aspecto o extremo sustancialmente diverso a la titularidad del dominio público sobre el que se asientan.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 8 del artículo 84 con el siguiente redactado:

«Las Comunidades autónomas y las corporaciones locales estarán exentas del pago del canon de ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen, siempre que estas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros, en estos casos el canon se reducirá al 50 por 100. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de esta ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la gestión del litoral, los gastos de infraestructuras de playas, limpieza, socorrismo, seguridad, señalética, etc. que representan el 90% de los gastos de gestión del litoral lo sufragan casi en su totalidad los Ayuntamientos, Cabildos y Comunidades Autónomas, sobre todo los primeros. No obedece a ninguna lógica de la gobernanza del litoral que la administración que menos participa en los gastos de gestión del litoral no deje margen de autofinanciación a las administraciones que de verdad son las que tienen ese cometido.




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ENMIENDA NÚM. 32

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un apartado en el artículo 84 de la Ley de Costas con el siguiente redactado:

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas no devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el correspondiente canon e ocupación a favor de la Administración General del Estado.

Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e instalaciones portuarias que les fueran transferidos y figuren expresamente relacionados en los correspondientes Reales Decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado a que se refiere el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

El Estado ha transferido a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización se establecen tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo se prestan servicios o realizan actividades igualmente gravadas con tasas, aquellas y estas se deben considerar como tributos propios de las respectivas comunidades al ser estas las competentes a todos los efectos.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 119.

JUSTIFICACIÓN

La vigente ley ya contempla la posibilidad de que cualquiera de las administraciones, pueda impugnar en el orden jurisdiccional cualquier acto o acuerdo que infrinjan la ley de costas con suspensión inmediata si procede por los tribunales, la propuesta de que el Estado pueda suspender unilateralmente sin el control de los tribunales, actos o acuerdos que infrinjan las autorizaciones que se otorguen en la servidumbre de protección, se puede prestar a abusos, y atenta contra el orden constitucional.




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ENMIENDA NÚM. 34

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente modificación, que quedará redactado como sigue:

«2. Los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedarán sujetos al régimen establecido en la presente ley para la utilización del dominio público, si bien los titulares inscritos, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.

No obstante lo anterior, la concesión solo se otorgará previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Si el informe no fuera emitido en el plazo de tres meses se considerará que es desfavorable.»

JUSTIFICACIÓN

Los usos y aprovechamientos existentes en el territorio antes de la afectación por un deslinde tienen que estar amparados por la legalidad urbanística, territorial o ambiental no solo como parece desprenderse del texto si los terrenos se destinaran a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera. No reconocerlo así además de producir descoordinación en contra de la gestión integral del litoral, e ir de forma frontal contra la competencia exclusiva que las Comunidades Autónomas en Ordenación del Litoral.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo, modificando la disposición transitoria cuarta que quedará redactado como sigue:

«Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización de acuerdo con la ordenación urbanística o quedarán en régimen de fuera de ordenación si así lo estableciese el instrumento que ordene dicho suelo.»




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JUSTIFICACIÓN

La disposición transitoria parte de la base de que para este tipo de obras e instalaciones que no cuenten con autorización o concesión es preciso con carácter previo su legalización por interés público. En estos 24 años de aplicación de la ley no se ha legalizado al menos en Canarias ninguna obra o instalación por interés público, que por lo demás supone un criterio contradictorio con los fines de protección del dominio público marítimo-terrestre. Con lo cual prácticamente el resto del articulado sobra pues tal como se ha demostrado resulta inviable. La única forma adecuada al ordenamiento jurídico vigente, para lograr la finalidad de intentar regularizar las situaciones anteriores consiste en ordenar cada tramo del litoral con la participación de todas las administraciones con competencias concurrentes en la materia, y las debidas garantías procedimentales, y aplicar posteriormente el régimen jurídico correspondiente a dicha ordenación.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 3 de la disposición transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No tiene mucho sentido que se vuelva a transcribir lo preceptuado en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, sobre eficiencia energética. Entendemos que en términos de eficiencia energética y de consumo de agua no tiene porque ser distinto del resto del territorio. Si acaso debe tenerse en cuenta que dado el uso de ocio y turismo con el que se asocia la mayor parte del suelo antropizados del litoral español, las terrazas y azoteas cumplen una misión muy importante donde tal vez convendría por el contrario hacer determinadas excepciones en la implantación de paneles solares o aerogeneradores.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 34 de la ley 22/1988 que queda redactado del siguiente modo:

«La distribución de las instalaciones y ocupación de cualquier tipo, incluyendo los servicios de temporada se establecerá por la administración de la comunidad autónoma competente en materia de ordenación del litoral, o en su defecto se regirá por las normas contenidas en esta ley y su reglamento.»




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JUSTIFICACIÓN

El artículo 34 de la Ley 22/1988 fue anulado por el Tribunal Constitucional al entender que invadía las competencias de las comunidades autónomas. El texto que se propone es el que actualmente existe en el vigente Reglamento que vino a paliar el vacío de la ley.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988 redactada como sigue:

«Los terrenos clasificados como suelo urbano u otra clasificación, que reúnan los requisitos para ello, estarán sujetos a las servidumbres... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Congruentes con el resto de las modificaciones lo que se plantea una vez más es que sea a través de un instrumento de ordenación urbanística la técnica para otorgar una ordenación a los núcleos de litoral, y de acuerdo no con la realidad de hace 24 años sino con la del momento de la ordenación. Y además teniendo en cuenta no solo los aspectos sectoriales de costas sino también, el régimen dimanante de los planes de los espacios naturales, los territoriales, los planes de ordenación de los recursos naturales etc. y por lo tanto el procedimiento y plazos para que todas las administraciones soliciten y emitan sus correspondientes informes será el establecido para la tramitación de los planes que ordenan el litoral sin existir la necesidad de inventar unos plazos muy dilatados en el tiempo y un procedimiento ad hoc. Por último proponemos suprimir el nuevo apartado 3 en tanto a que se refiere que los suelos ya clasificados como urbanos deben solicitar en el plazo de tres meses informe del estado sobre si afectan o no a la integridad del dominio público marítimo-terrestre. Lo cual no tiene sentido pues para poderlo clasificar ya se habrá requerido el correspondiente informe.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado 2 en el art 114 de la Ley 22/1988, con el siguiente redactado:

«La gestión del dominio público marítimo-terrestre incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones para su ocupación y aprovechamiento. La declaración de zonas de reserva, las autorizaciones




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en las zonas de servidumbre y de tránsito y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto estatal o estén adscritas al mismo hasta el límite de las aguas interiores.»

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), formulan la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 39 de adición, al Artículo primero. Apartado nuevo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora el proyecto de Ley.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone suprimir los apartados b) y f) en el artículo 110 de la Ley 22/1988.

JUSTIFICACIÓN

Estas competencias ya las ostentan las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía, y consideramos que la ley es el marco ideal para que en todo el territorio español la gestión del litoral tenga un mismo sistema de gestión y se corrijan las desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras y se acerque y simplifique la gestión a los ciudadanos.

* La aceptación de esta enmienda requerirá la armonización del texto de la Ley 22/1988 y del proyecto de ley .

ENMIENDA NÚM. 41

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado con el siguiente texto:




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«El Estado de oficio o a propuesta de las Comunidades Autónomas determinará aquellos núcleos de población, que por su singularidad, degradación y características históricas o físicas actuales, deben dejar de pertenecer al dominio público marítimo-terrestre según vienen definidos en el artículo 3.1 de la Ley de Costas. A tal efecto, estos terrenos podrán ser ordenados por la administración urbanística actuante y transmitidos a sus ocupantes de acuerdo con la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que la exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, debe realizarse de forma coordinada entre todas las administraciones, de forma que se dé una solución integral a los mismos tanto desde el punto de vista patrimonial, ambiental como urbanístico, y además de forma igualitaria para todo el litoral del Estado.

De hecho la Comunidad Autónoma de Canarias tiene planteado un procedimiento similar para lograr dichos objetivos en su Ley 7/2009, de Ordenación de Núcleos del Litoral.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional Nueva. Traspasos a las CCAA.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley, abordará el proceso de traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del litoral y costas en los mismos términos ya realizado con Andalucía y Cataluña.

JUSTIFICACIÓN

Proceder a traspasar a todas las CCAA con litoral las competencias en materia de costas que se han cedido a Andalucía y Cataluña. En ese sentido, esas materias se enmarcan en el título competencial de Ordenación del Territorio, asumidas por todas las CCAA, sin que, según la jurisprudencia constitucional, se pueda entender que es necesario que sus EEAA hayan introducido títulos distintos a aquel.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

RETIRADA




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ENMIENDA NÚM. 44

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto propuesto:

«En los casos que existan sentencias firmes de demolición de edificaciones no ejecutadas y los ayuntamientos donde se encuentren los ciudadanos afectados hayan certificado o certifiquen en el plazo de un año a la entrada en vigor de la presente, la iniciación de expedientes públicos de reubicación de los vecinos afectados, aquellas quedarán suspendidas hasta el realojo definitivo.»

JUSTIFICACIÓN

Existen acuerdos municipales para la reubicación de los ciudadanos/as afectados por Sentencias firmes en otros espacios. Ponemos como ejemplo los del Ayuntamiento de Telde para las zonas de Tufia y Ojos de Garza.

Se trata de que las órdenes de demolición no se ejecuten hasta que esta reubicación sea definitiva según los expedientes municipales abiertos a tales efectos.

Esto evitaría los dramas que hemos vivido con el desalojo de los vecinos que en muchos casos en su primera y única vivienda.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), formulan la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 44 de adición, a la Disposición transitoria nueva.

Añadir después de «que existan» el siguiente texto:

«actos administrativos firmes o» (resto igual).

Palacio del Senado, a 19 de marzo de 2013.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria primera que quedará redactada como sigue:

«1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano, pero que, de acuerdo con la ordenación urbanística que se apruebe resulten clasificados como suelo urbano, o bien que en ese momento reúnan los siguientes requisitos necesarios para la clasificación que les corresponda:

a) Que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas o cualquier otro sistema de evacuación, y suministro de energía eléctrica.

b) Que estén comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas por ella, al menos, en un tercio de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean clasificados por la Administración urbanística como suelo urbano u otra clasificación y categoría que cumpla los requisitos del apartado anterior, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos para la aprobación del planeamiento. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

3. Si para el correcto examen de las solicitudes presentadas fuera necesario ampliar el plazo para emitir el informe al que se refieren los dos apartados anteriores, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordará la ampliación del tal plazo que no podrá ser superior a la mitad del establecido. La ampliación se comunicará a las Administraciones peticionarias.

4. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya sido solicitado, en caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Este texto tiene el objetivo de establecer la clasificación del suelo por la Administración urbanística actuante (Comunidad Autónoma) y una vez establecida conforme a la legalidad urbanística vigente, se podrá acoger a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley de Costas.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. I.




Página 40


ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado I de la Exposición de Motivos quedando su redacción de la siguiente forma:

«En consecuencia, la protección de la costa española constituye un deber inexcusable para los poderes públicos y también para los ciudadanos y la sociedad en general. El valor ambiental de la costa es connatural a ella, destacando su riqueza y diversidad biológica. También proporciona asiento a innumerables elementos patrimoniales, históricos, artísticos y paisajísticos de incalculable valor. Además, nuestro litoral se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, en las que se concentra buena parte de la actividad turística y de la relacionada con los cultivos marinos, lo que hace que sea un recurso estratégico de crucial importancia para el país.»

JUSTIFICACIÓN

Es innegable la importancia medioambiental y social de la costa, pero creemos que también es importante consagrar su valor como un entorno en el que se han desarrollado, a lo largo de la historia, acontecimientos muy importantes para la sociedad. Consecuencia de esto son los numerosos elementos de incalculable valor patrimonial e histórico (de origen civil, militar, industrial y religioso), así como artísticos y de alto valor paisajístico, repartidos por toda la costa. Elementos que deben de ser recuperados, restaurados y mantenidos por su valor innegable intrínseco, pero que además son susceptibles de convertirse en recursos importantes para la puesta en valor de la propia costa, con actividades como las derivadas de su aprovechamiento turístico.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado III de la Exposición de Motivos, añadiendo un nuevo párrafo a continuación del párrafo dieciséis de dicho apartado, del siguiente tenor:

«Se incorpora una fórmula orientada a potenciar la transformación urbana de áreas artificializadas (principalmente espacios portuarios en desuso) a fin de volver a ponerlas al servicio de la actividad económica garantizando que el nuevo valor generado redunde en beneficio de la colectividad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




Página 41


ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo primero, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

c) igual.

2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esa zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, sirvan para poner en valor elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán de cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

(Resto del apartado igual).

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe de velar por la preservación y puesta en valor económico y social de todos los elementos patrimoniales, históricos, artísticos o paisajísticos ubicados en dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Esta forma de impugnación extraordinaria es contraria a la autonomía municipal y al respeto institucional debido a un nivel administrativo local independiente y no tutelado por el Estatal. La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, establece, en los artículos 63 y siguientes, un sistema de impugnación mediante requerimientos que se entiende que es más respetuosa con dicha autonomía y que establece, con carácter general, la denuncia de estas situaciones ante los Tribunales de Justicia, donde la Administración del Estado tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de lo acordado.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




Página 42


ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

Las infraestructuras y terrenos de titularidad pública que, habiendo sido construidos sobre el dominio público marítimo-terrestre, ganados al mar o incorporados por cualquier título al dominio público, sean desafectados por haber sido declarados innecesarios para su finalidad originaria, podrán ser enajenados con arreglo a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un instrumento de planificación territorial o urbanística acorde con las siguientes prescripciones:

1. La servidumbre de protección estará delimitada por una línea paralela a la infraestructura que delimita la lámina de agua, a una distancia de 20 metros de la misma.

2. En esta zona de servidumbre de protección podrán establecerse todas las actividades mencionadas en el artículo 47.1 de la Ley 22/1988.

3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 58.1 relativas a la zona de influencia.

4. El planeamiento deberá incorporar las determinaciones necesarias para dar cumplimiento de manera satisfactoria a los objetivos perseguidos por las servidumbres de tránsito y acceso al mar.

Si dentro del plazo de veinte años desde la enajenación se produce una modificación del instrumento de ordenación territorial o urbanística de su planeamiento de desarrollo que reconozca mayores aprovechamientos o reduzca por cualquier vía las cargas inicialmente establecidas, el titular de la parcela deberá abonar a la Administración del Estado la diferencia de valor resultante, que será tasada a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.»

JUSTIFICACIÓN

El mejor aprovechamiento de los terrenos artificializados permite atender a la demanda de suelo próximo al mar preservando los terrenos que todavía conservan sus características naturales. Se devuelven estos espacios a la actividad económica, garantizando la apropiación de los beneficios económicos por la Administración Pública.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

1. En el caso de que la Ley autonómica que declara y ordena un espacio natural protegido lo establezca de forma expresa e individualizada, los bienes inmuebles que hayan sido declarados de interés




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cultural que se encontrasen inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de particulares con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 continuarán siendo de propiedad particular, sin que les sea de aplicación el mecanismo de otorgamiento de concesiones administrativas establecido en la disposición transitoria primera.

Esta disposición se aplicará independientemente del momento en que la Ley autonómica incorpore las correspondientes previsiones y del estado en que se encuentre el expediente de otorgamiento de la concesión.

2. A los terrenos privados adyacentes al dominio público marítimo-terrestre incluido en un espacio natural protegido les serán de aplicación las limitaciones y prohibiciones que se establezcan en la Ley reguladora del mismo o en su instrumento de gestión con preferencia al régimen derivado de las servidumbres establecidas en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La ley que declara el espacio natural protegido y la norma que aprueba su régimen de gestión son los instrumentos idóneos para establecer el necesario equilibrio entre el derecho de propiedad y la protección del dominio público marítimo-terrestre, que en estos espacios, y en especial cuando se produzca una incidencia sobre bienes de interés cultural, no debe convertirse en un obstáculo para la continuidad de los usos y asentamientos que han contribuido a configurar y conservar los valores objeto de protección.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 1 del artículo 74 que queda redactado como sigue:

«1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42; de un plan de gestión, usos, conservación y mantenimiento en el caso de que se trate de elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que en su caso corresponda, se tramitarán en la forma que se determine reglamentariamente, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser consultados y de confrontación previa del proyecto.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración tiene que saber en todo momento cuál es el plan de gestión y usos de las concesiones que contengan algún elemento de valor patrimonial, histórico, artístico y paisajístico, por la importancia que estos elementos tienen para la sociedad.

Asimismo, por las especiales características que, en muchos casos, tienen estos elementos, la Administración debe de asegurarse de que el mantenimiento y conservación de los mismos es la más adecuada en cada caso.




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ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se añade un nuevo apartado c) al artículo 76 que queda redactado como sigue:

«Artículo 76.

En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes:

a) Objeto y extensión de la ocupación.

b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo de comienzo y terminación de aquellas.

c) Plan de gestión, usos, conservación y mantenimiento, en el caso de que se trate de elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico.

d) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede.

e) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario.

f) Régimen de utilización, privada o pública, incluyendo en su caso las tarifas a abonar por el público con descomposición de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones.

g) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta información le solicite la Administración sobre los resultados económicos de la explotación.

h) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren necesarias para no perjudicar al medio.

i) Señalización marítima y de las zonas de uso público.

j) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones.

k) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extinción del título correspondiente, salvo decisión en contrario de la Administración competente.

l) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en el artículo 79.

m) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones y concesiones.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




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Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 42.

«5. En el caso de elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico, se requerirá también una previa evaluación del plan de usos y gestión y del plan de conservación y mantenimiento por parte de la Administración competente en cada caso en la preservación del patrimonio histórico-artístico.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones y concesiones.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 2 del artículo 44 que queda redactado como sigue:

«2. Deberán de prever la adaptación de las obras al entorno en el que se encuentran situadas, la estricta sujeción de las mismas a las directrices indicadas por el órgano competente en materia de preservación del patrimonio histórico-artístico y en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y las posibles efectos de regresión de esta.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones y concesiones.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 27 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la exposición de motivos.




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MOTIVACIÓN

Por contener explicaciones en muchos casos innecesarias y que no guardan relación con el contenido en la medida que atienden a una supuesta mejora de la protección y del uso sostenible del litoral ausentes por completo en el proyecto normativo.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Uno.

Se propone la modificación del apartado uno del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

4. A los efectos de esta ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del mar, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.

Estero: caños en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación”.»




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MOTIVACIÓN

Del apartado 1.a) se suprime el inciso «de acuerdo a los criterios técnicos que se determinen reglamentariamente» porque los criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición legal.

En el apartado 1.b) se recupera la redacción de la vigente Ley porque se considera que defiende mejor el dominio público al no realizar diferencias entre distintas dunas.

Se mejora la definición de albufera del apartado 4, al referirlo al mar.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Seis.

Se propone la modificación del apartado Seis del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por el plazo determinado en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protección o de tránsito podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización en los términos señalados en la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración, mediante una certificación o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine reglamentariamente, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.”»




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MOTIVACIÓN

En el apartado 2. Se hace coincidir el plazo de la concesión con el previsto por la disposición transitoria primera, es decir, 30 años.

En el apartado 3 se unifica el régimen jurídico mediante la remisión a la disposición transitoria cuarta.

En el mismo apartado, se considera que una certificación de las que se realizan por un tercero acreditado, como se hace por ejemplo en el caso de la ITE, garantiza mejor la finalidad de adecuación legal de las obras.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Siete.

Se propone la supresión del apartado Siete del artículo primero.

MOTIVACIÓN

No se entiende este tratamiento especial a los terrenos colindantes a las márgenes de los ríos que, al igual que el resto de los bienes enumerados en el artículo 2 y 4 de la Ley de Costas, tienen la consideración de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Ocho.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

“c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos”.

“2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.”




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“4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas, que desarrollen las Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección”.»

MOTIVACIÓN

En la letra c) del artículo 25 se mantiene la regulación de la vigente Ley.

En el apartado 2. Se suprime la relación indicativa relativa a los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas por resultar innecesaria, ya que estos tipos de actividad se hallan comprendidos sin duda entre el concepto legal, y su alusión concreta puede inducir a confusión.

En el apartado 4 se quiere especificar que la posible publicidad se pueda referir exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Nueve.

Se propone la supresión del apartado Nueve del artículo Primero.

MOTIVACIÓN

Por considerar que este nuevo apartado puede suponer un retroceso en la protección y en el uso y disfrute común de las playas.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diez.

Se propone la modificación del apartado Diez del artículo primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo:

“1. Estará prohibida la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que se desarrolle por alguna Administración pública o entidad sin ánimo de lucro y sea compatible con su protección”.»




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MOTIVACIÓN

Se quiere especificar que la posible publicidad se pueda referir exclusivamente a Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Trece.

Se propone la modificación del apartado Trece del artículo primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo:

“El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de un año, salvo en los casos en los que esta Ley establezca otro diferente. Excepcionalmente, se podrá autorizar un plazo superior hasta el límite de cuatro años, en los casos en que la actividad económica en que se desarrolle ocupe al menos tres cuartas partes del año natural”.»

MOTIVACIÓN

Se considera necesario que el vencimiento sea anual para proteger la integridad del dominio público durante aquel período de tiempo que no exista actividad, entendiendo que si ésta se prolonga durante la mayor parte del año, las razones de eficiencia aconsejan aumentar ese período.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Quince.

Se propone la supresión del apartado Quince del artículo primero.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.




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ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Diecisiete.

Se propone la supresión del apartado Diecisiete del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Se amplía de forma desproporcionada el plazo de las concesiones desconociendo el contenido de la Directiva 2006/123/CE y los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia que determinan que el plazo de las concesiones debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Dieciocho.

Se propone la supresión del apartado Dieciocho del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado establecer la posibilidad de transmisión de las concesiones, ésta debe ceñirse a las reguladas por la disposición transitoria primera de la Ley. Además ha de preverse la posibilidad de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio competente.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado diecinueve del artículo primero, en el siguiente sentido:




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«Se introducen tres nuevas letras j), k) y l), al apartado 1 del artículo 78 que quedan redactadas del siguiente modo:

j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta ley.

k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones.

l) La falta del reconocimiento previo por la Administración previsto en el tercer párrafo del artículo 70.2.»

MOTIVACIÓN

Por coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo primero, apartado Veinte.

Se propone la supresión del apartado Veinte del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Nos parece más adecuado lo previsto en la actual Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veintidós.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los controles que actúen preventivamente frente a posibles construcciones o actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental. Sin embargo, dado que estamos ante un núcleo de actuaciones donde se despliegan competencias estatales, autonómicas y locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las modificaciones administrativas y normativas que persigan una solución consesuada y efectiva en el tiempo. En este sentido, se debe considerar que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su vocación de solucionar problemas que




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pueden tener una dimensión superior a la mera legalidad de la Ley de costas, sino otro mecanismo aplicable a un ámbito que defienda con mayor amplitud los intereses generales y que cuente con el acuerdo de instituciones y fuerzas políticas.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Veintitrés.

Se propone la modificación del apartado Veintitrés del artículo primero, en el sentido de suprimir el nuevo apartado 5 de la disposición transitoria primera, en el siguiente sentido:

«Veintitrés. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera en el siguiente sentido:

“2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedarán sujetos al régimen establecido en la presente ley para la utilización del dominio público, si bien los titulares inscritos, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos”.

“3. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.»

MOTIVACIÓN

El mantenimiento de la propiedad privada sobre terrenos destinados a actividades de cultivo marino o a salinas que sean naturalmente inundables supone una privatización de pertenencias de dominio público marítimo-terrestre.




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ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo Primero, apartado Veinticuatro.

Se propone la modificación el apartado Veinticuatro del artículo primero que tendrá la siguiente redacción:

«Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

“a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

Mientras la concesión esté vigente, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. Estarán únicamente permitidas aquellas obras de reparación que exija la higiene, ornato y conservación y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos de rescate.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, únicamente se permitirán las obras a que se refiere la letra a) de este apartado.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una certificación o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine reglamentariamente, en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación”.»

MOTIVACIÓN

Se considera que debe mantenerse el párrafo b) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley vigente y, en términos análogos, el apartado a). Las edificaciones y construcciones existentes en




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dominio público y servidumbre de tránsito deben tener una situación similar a la de «fuera de ordenación» prevista en cualquier plan urbanístico para las edificaciones que, aun ejecutadas conforme con la normativa anterior, devienen contrarias con el nuevo planeamiento. En este caso, las edificaciones y construcciones que pudieron ser construidas conforme a la normativa anterior a la Ley de Costas sin embargo, como consecuencia de la nueva Ley y de los deslindes aprobados, devienen contrarias a las reglas establecidas en la misma para la protección y defensa del dominio público, por lo que debe aplicarse el régimen de fuera de ordenación, diferente al previsto en el resto de la zona de servidumbre de protección de la letra c).

Se considera que la certificación de una Entidad acreditada es una garantía más adecuada que la declaración responsable.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veinticinco.

Se propone la supresión del apartado Veinticinco del artículo primero.

MOTIVACIÓN

No se considera adecuado el régimen específico que otorga una propiedad privada en lo que hasta ahora está considerado dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero del Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente redacción.

«xxxxx. Se adicionan dos nuevos apartados a la disposición transitoria primera de la ley 22/19 al Proyecto de Ley, con el siguiente contenido:

“5. Las concesiones otorgadas al amparo de lo establecido en esta disposición transitoria serán transmisibles, previa autorización de la Demarcación o Servicio de Costas, por actos ínter vivos, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión.

El Ministerio competente podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de tres meses. Dicho plazo de computará, en el caso de tanteo, desde la notificación por el concesionario de las condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de reflejarse las relativas al precio y forma de pago y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso del citado Departamento.




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6. El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones previstas en esta disposición transitoria para el reconocimiento de los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de esta ley, requerirá exclusivamente la acreditación por su titular de dichos usos y aprovechamientos y de los demás requisitos establecidos en esta disposición así como la audiencia previa a su otorgamiento por el Ministerio competente”.»

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado establecer la posibilidad de transmisión de las concesiones, éstas deben ceñirse a las reguladas por la disposición transitoria primera de la Ley. Además ha de preverse la posibilidad de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio competente.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

MOTIVACIÓN

La prórroga puede suponer la continuidad de actividades incompatibles con la propia Ley y el uso adecuado del dominio público marítimo-terrestre debe su velar por su protección. Además, las concesiones han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una limitación a la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional segunda.

Se propone la supresión de la disposición adicional segunda.

MOTIVACIÓN

No se considera necesaria la revisión de los deslindes en coherencia con las enmiendas presentadas, ya que no habría modificación de la definición legal del dominio público marítimo-terrestre.




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ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional tercera.

Se propone la supresión de la disposición adicional tercera.

MOTIVACIÓN

No se considera que deba de existir un deslinde específico en paseos marítimos y su construcción no es motivo suficiente para alterar la definición de la ribera del mar.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional cuarta.

Se propone la supresión de la disposición adicional cuarta.

MOTIVACIÓN

No se considera adecuada, ya que pensamos que en la Isla de Formentera, se debe de aplicar que la servidumbre de protección de la costa se mantenga en su trazado actual, lo que permite conjugar la protección y conservación del litoral de la isla con determinados derechos de propiedad anteriores al año 2007.

De forma fragante elude las recomendaciones científicas relativas al cambio climático, al dejar en absoluto desamparo a la ciudadanía frente a previsibles futuras afecciones a uno de los suelos vulnerables del país, junto con todos aquellos que se identifican como especialmente frágiles de la costa española.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), formula la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 77 de supresión, a la Disposición adicional cuarta.

Donde dice:

«… con determinados derechos de propiedad anteriores al año 207.»

Debe decir:

«… con determinados derechos de propiedad anteriores al año 1997.»

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.




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ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional quinta.

Se propone la supresión de la disposición adicional quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas y la definición del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional sexta.

Se propone la supresión de la disposición adicional sexta.

MOTIVACIÓN

No existen estudios técnicos debidamente fundamentados que permitan excluir estos núcleos de la consideración de dominio público marítimo-terrestre, ni tampoco una explicación suficiente de que no estén contemplados otros núcleos en cuyas circunstancias son análogas.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición adicional que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Evaluación de la incidencia del Cambio Climático.

En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Informe a las Cortes Generales evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.»




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CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), formula la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 80 de adición, a la Disposición adicional nueva.

MOTIVACIÓN

Necesidad de contemplar esta actuación.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva al Proyecto de Ley.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional al Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Agencia de evaluación urbanística y del suelo.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley para la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e independencia, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística local a partir de sus efectos sobre intereses supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad urbanística, ambiental, incluyendo la de costas, y de ordenación del territorio. Esta Agencia tendrá facultades para la suspensión de actos y acuerdos para evitar que desplieguen efectos durante años y cuya eliminación resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando estos afecten al medio ambiente.»

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los controles que actúen preventivamente frente a posibles construcciones o actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental. Sin embargo, dado que estamos ante un núcleo de actuaciones donde se despliegan competencias estatales, autonómicas y locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las modificaciones administrativas y normativas que persigan una solución consensuada y efectiva en el tiempo. En este sentido, se debe considerar que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su vocación de solucionar problemas que pueden tener una dimensión superior a la de la mera legalidad de la Ley de costas, sino otro mecanismo aplicable a un ámbito que defienda con mayor amplitud los intereses generales y que cuente con el acuerdo de instituciones y fuerzas políticas.




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ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición transitoria primera.

Se propone la modificación de la disposición transitoria primera que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. A los efectos de la aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se considerarán áreas urbanas las que a la entrada en vigor de dicha Ley se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.

b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados, en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley y, a los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya tuvieran clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

MOTIVACIÓN

Se modifica el apartado primero a fin de mantener la aplicación de la servidumbre de protección solo a los terrenos que no tenían las condiciones de suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas.

De otra parte, la modificación propuesta por esta enmienda va en línea con las propuestas legislativas de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Galicia y Canarias para ajustar la aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley de Costas a los núcleos tradicionales de ambos territorios, salvando los problemas de constitucionalidad que plantearon dichas propuestas.

De otra parte, se reduce el plazo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para emitir el informe previsto en los apartados 2 y 3, a seis meses, al considerar excesivamente amplio el contenido en el Proyecto.




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El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado uno del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

4. A los efectos de esta ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del mar, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.

Estero: caños en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.”»




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JUSTIFICACIÓN

Del apartado 1. a) se suprime el inciso «de acuerdo a los criterios técnicos que se determinen reglamentariamente» porque los criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición legal.

En el apartado 1. b) se recupera la redacción de la vigente Ley porque es más precisa y no incluye términos indeterminados como «hasta el límite que resulte necesario» para definir las dunas como bienes de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Cuatro del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo:

“2. En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados.

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento o, en su caso, al Órgano competente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias.

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral.”

“4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área afectada por el mismo y de la relación de propietarios afectados, se notificará al Registro de la Propiedad, interesando certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los titulares que resulten del expediente y de cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado y de los sistemas de georreferenciación de fincas registrales, así como la constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de ellas.

Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar:

a) La incoación del expediente de deslinde.

b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde.

c) La advertencia de que pueden quedar afectadas por el deslinde, pudiendo así, las fincas incorporarse, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o estar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de protección.

d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá de título para rectificar las situaciones jurídico registrales contradictorias con el deslinde.”»

JUSTIFICACIÓN

Incluir en el apartado 2 la reserva del envío previo del expediente de deslinde a la Comunidad Autónoma cuando este afecte al dominio público marítimo-terrestre adscrito a un Puerto de su titularidad.




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ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Seis del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por el plazo determinado en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protección o de tránsito podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización en los términos señalados en la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración, mediante una certificación o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine reglamentariamente, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la Administración del Estado.”»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 2. Se mantiene el plazo de la concesión previsto en la Ley vigente, es decir, 30 años.

En el apartado 3, se incluye el supuesto de obras e instalaciones incorporadas a la servidumbre de tránsito omitida en el Proyecto, y se unifica el régimen jurídico mediante su remisión a la Disposición Transitoria cuarta.

En el mismo apartado, se considera que una certificación de las que se realizan por un tercero acreditado, como se hace por ejemplo en el caso de la ITE, garantiza mejor la finalidad de adecuación legal de las obras, que solo una declaración responsable como exige el Proyecto.




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ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

“c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.”

“2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.”

“4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas, que desarrollen las Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección.”»

JUSTIFICACIÓN

En la letra c) del apartado 1 del artículo 25 se mantiene la regulación de la vigente Ley.

En el apartado 2. Se suprime el inciso relativo a los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas por resultar innecesario, ya que estos tipos de actividad se hallan comprendidos sin duda entre el concepto legal, y su alusión concreta puede inducir a confusión, y es discriminatoria ante otro tipo de actividades.

En el apartado 4 se explicita que la posible publicidad que se autorice reglamentariamente se refiera exclusivamente a Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Nueve del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que este nuevo apartado puede suponer un retroceso en la protección y en el uso y disfrute común de las playas.




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ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Diez del artículo Primero que tendrá la siguiente redacción.

«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo:

“1. Estará prohibida la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que se desarrolle por alguna Administración pública o entidad sin ánimo de lucro y sea compatible con su protección.”»

JUSTIFICACIÓN

Se explicita que la posible publicidad que se autorice reglamentariamente se refiera exclusivamente a Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Trece del Artículo Primero que tendrá la siguiente redacción.

«Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo:

“El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de un año, salvo en los casos en los que esta Ley establezca otro diferente. Excepcionalmente, se podrá autorizar un plazo superior hasta el límite de cuatro años, en los casos en que la actividad económica en que se desarrolle ocupe al menos tres cuartas partes del año natural.”»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario que el vencimiento sea anual para proteger la integridad del dominio público durante aquel período de tiempo que no exista actividad, entendiendo que si ésta se prolonga durante la mayor parte del año, las razones de eficiencia aconsejan aumentar ese período.




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ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Quince del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Veinte del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado el ampliar el plazo de las notificaciones de extinción del derecho de ocupación del dominio público de doce a dieciocho meses.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Veintidós del artículo Primero que tendrá la siguiente redacción.

«Disposición adicional. Agencia de evaluación urbanística y del suelo.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley para la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e independencia, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística local a partir de sus




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efectos sobre intereses supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad urbanística, ambiental, incluyendo la de costas, y de ordenación del territorio. Esta Agencia tendrá facultades para la suspensión de actos y acuerdos para evitar que desplieguen efectos durante años y cuya eliminación resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando estos afecten al medio ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica la propuesta de que el último responsable en paralizar actos o acuerdos lesivos para la integridad del dominio público, sea el Delegado del Gobierno, a instancias del Ministerio. Y se propone un acuerdo consensuado entre instituciones y fuerzas políticas para la creación de una Agencia independiente de Evaluación urbanística y de suelo donde participen las diferentes administraciones con competencias en el territorio, con capacidad suficiente para actuar preventivamente frente a posibles construcciones o actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación el apartado Veinticuatro del artículo Primero que tendrá la siguiente redacción:

«Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

“a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

Mientras la concesión esté vigente, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. Estarán únicamente permitidas aquellas obras de reparación que exija la higiene, ornato y conservación y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos de rescate.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, únicamente se permitirán las obras que lo estén en la letra a) de este artículo.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.




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b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una certificación o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine reglamentariamente, en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación.”»

JUSTIFICACIÓN

Se recupera parte del texto de la Ley vigente en el párrafo a y b del apartado 2 de la Disposición transitoria cuarta. Las edificaciones y construcciones existentes en dominio público y servidumbre de tránsito deben tener una situación similar a la de «fuera de ordenación» prevista en cualquier plan urbanístico para las edificaciones que, aun ejecutadas conforme con la normativa anterior, devienen contrarias con el nuevo planeamiento.

En el apartado 3 se incluye la necesidad de la certificación de las obras por una entidad acreditada a diferencia de la declaración responsable que propone el Proyecto. Además, se cita expresamente a la administración municipal como posible órgano competente para la recepción de la certificación correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la prórroga de las concesiones y menos su ampliación hasta setenta y cinco años. Esto puede suponer la continuidad de actividades incompatibles con la propia Ley. Además, las concesiones han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una limitación a la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

No es necesaria la revisión de los deslindes ya ejecutados en coherencia con las enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional tercera.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado el cambio en la definición de la ribera del mar para amparar un deslinde específico en paseos marítimos.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado un deslinde específico para la Isla de Formentera, que la haga diferente a otras islas u otras zonas del litoral, ni en singularidad, ni en configuración geológica.




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ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional quinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición adicional nueva que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Evaluación de la incidencia del Cambio Climático.

En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Informe a las Cortes Generales evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con los compromisos internacionales de prevención de cambio climático.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición transitoria primera que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. A los efectos de la aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se considerarán áreas urbanas las que a la entrada en vigor de dicha Ley se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.

b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados, en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley y, a los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya tuvieran clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el apartado 1 para mantener la aplicación de la servidumbre de protección a los terrenos que no tenían las condiciones de suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley vigente. La propuesta del Proyecto supone una reducción inadmisible e injustificable de la aplicación de la servidumbre de protección.

En los apartados 2 y 3 se reduce de dieciocho a seis meses el plazo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para emitir el informe previsto.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 23 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.




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ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.a del apartado uno del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Los terrenos inundados artificialmente deben formar parte del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.b del apartado uno del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Resulta arbitrario e impreciso el criterio para incluir determinadas dunas en el dominio marítimo- terrestre. No se aclara cómo se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la playa. El criterio determinado de «mantenimiento de playa», además no tiene en cuenta que existen dunas fósiles anexas a los acantilados del Mediterráneo y que éstas son fundamentales para el mantenimiento de los acantilados y la seguridad de aquellas infraestructuras situadas inmediatamente después. Precisamente debajo de estos acantilados no existen playas.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Del apartado del apartado dos del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo implicaría que muchos terrenos inundables como salinas, marjales, esteros, en definitiva, humedales costeros, quedarían fuera del dominio público. Además la mayoría de ellos están protegidos en la Red Natura 2000 o por la Convención Ramsar de Humedales, y no solo constituyen un valioso e irremplazable patrimonio público, sino una fuente de ingresos y empleo en los sectores del turismo, la acuicultura o la fabricación de sal.

Por otra parte, podría dar lugar a la picaresca de inundar la costa baja del litoral, con bombas de achique, por ejemplo, para reclamar su desclasificación.




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ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero, apartado seis, punto 2.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero siete.

JUSTIFICACIÓN

Se disminuye la servidumbre de protección en las riberas de las rías de 100 a 20 metros. No entendemos qué motivos de índole geofísica y ambiental justifican esta modificación, que implica la desprotección de amplios tramos de la cornisa cantábrica y atlántica. Si bien el fondo de las rías es quizás similar al funcionamiento de las aguas continentales, la actividad de las mareas que se suman a las posibles avenidas de torrentes de agua dulce debe ser garantizada con una zona de amortiguación de 100 metros. Por muy reducida que sea la anchura del cauce, desde el punto de vista natural las rías tienen la misma función que los cuerpos de agua de mayores dimensiones. Por otro lado, la temeridad de considerar las bocanas de estas rías como ríos es aún mayor si se tiene en cuenta no solo las mareas vivas sino también su exposición abierta a temporales del Atlántico.




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ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero ocho.

JUSTIFICACIÓN

Se permiten las actividades en la servidumbre de protección que incluyan la destrucción de los yacimientos de áridos cuyos sedimentos no hayan sido transportados al medio sedimentario por elementos como el agua, el viento o el hielo, si se atiende a la nueva definición de detrítico que se introduce.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero doce.

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no debe ser superior a 30 años.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero trece.

JUSTIFICACIÓN

Ampliar el plazo de vencimiento de uno a cuatro años no reporta ningún beneficio al dominio público marítimo-terrestre, al contrario.




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ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero diecisiete.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero dieciocho.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de permitir las transmisiones ínter vivos es una privatización más del dominio público marítimo- terrestre, permitiendo que las concesiones se puedan transmitir y heredar.

Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el dominio público marítimo-terrestre comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.




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ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero veintidós.

JUSTIFICACIÓN

Respecto al planteamiento de modificación del artículo 119 de la Ley de Costas sobre un nuevo apartado que relativo a la suspensión de actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si afectan a la integridad del dominio público marítimo- terrestre o de la servidumbre de protección, se están ignorando las competencias urbanísticas y de ordenación del litoral exclusivas de las CCAA, así como las servidumbres de protección que ya fueron declaradas por la sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional y asumida en la mayoría de los estatutos de autonomía. De hecho, el TC ya declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley de Costas en su redacción originaria (similar al a redactada en el Proyecto) por invadir competencias.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero veintitrés.

JUSTIFICACIÓN

Se convierte en tramo privado de costa, unos terrenos que pertenecen al DPMT. Hay que recordar que la creación de empleo y riqueza en este tipo de terrenos se ha dado y consolidado sin que los mismos tuvieran que ser privados, y se ha podido mantener a través de concesión renovables ínter vivos que para los cultivos marinos permitía la ley de costas vigente, precisamente porque al constituir dichos terrenos parte del DPMT no han sido privatizados para otros usos.

Este nuevo apartado supondría la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro. Además, que se elimine del dominio público marítimo-terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de protección de hasta 100 metros de la zona de servidumbre.




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ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado en el Artículo primero, con la siguiente redacción:

Se modifica el apartado 4 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo:

Todos los terrenos acantilados, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta 50 metros más a partir de su coronación.

JUSTIFICACIÓN

Se debe contemplar la extraordinaria influencia de la litología en la formación y evolución (por tanto, en la cambiante pendiente) de los acantilados. Estos, por su propia naturaleza, están sometidos a continua erosión debida tanto a la acción del mar como del viento, siendo su principal funcionalidad la de proteger el territorio frente a la invasión del mar. Constituye por ello una temeridad construir sobre ellos, pues aparte de acelerar su erosión, es un peligro para las propias construcciones, existiendo infinidad de ejemplos a lo largo de nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado. Artículo primero, que queda redactado como sigue:

Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

JUSTIFICACIÓN

Las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas han demostrado ser un instrumento normativo de protección de enorme utilidad para el litoral. Por ello se deben ampliar, con carácter general, a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas construcciones a menos de dicha distancia del dominio público marítimo-terrestre.

De hecho, la propia utilidad de este sistema de protección ha llevado a que varias comunidades autónomas a ampliarlas, como ya es el caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria que impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Solo así se podrá hacer frente a los efectos del cambio climático y a la sobreelevación del nivel del mar que ya es perceptible en nuestras costas.




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ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustitución de la Disposición Adicional Sexta:

Se creará una Comisión de estudio de aquellos municipios afectados por una aplicación arbitraria e injusta de la ley 22/1988, en los que ciertos terrenos queden afectados de manera altamente conflictiva por el deslinde, con la finalidad de revisar el deslinde o proponer una solución a estos casos. Esta Comisión estará formada por representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Se excluye a la carta diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la presente situación. Además y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo». Esta exclusión se hace de manera totalmente arbitraria y por ello esta disposición vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española de 1978. El principio de igualdad viene contenido en el artículo 14 de la C.E., se encuentra entre los valores superiores del ordenamiento jurídico artículo 1.1 C.E. y en el artículo 9.2 C.E. se establece que corresponde a los poderes públicos un mandato para que la igualdad sea real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Con la finalidad de tener un mejor conocimiento y gestión del litoral, en el plazo de dos años, el Gobierno completará y publicará las ecocartografías comprensivas de la zona marítimo-terrestre, playas, humedales y mar territorial; mapas de inundación de toda la costa española, con una previsión mínima de 50 años; plan de adquisición de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas.




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JUSTIFICACIÓN

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral, con la finalidad de realizar una mejor gestión del mismo.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el trazado de un nuevo deslinde para las zonas de riesgo que se identifiquen en el proyecto «Cambio Climático en la Costa de España - C3E» del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014. En cualquier caso, este deslinde deberá llevarse a cabo en coherencia con las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, cuya aprobación está prevista por la comisión Europea en primavera de 2013.

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de forma participativa en el marco del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre los usos de las zonas costeras. Los impactos del cambio climático en este área no afectan solo a los recursos naturales. Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona costera.

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8.000 km de costa españolas, deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este Proyecto.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es esencial la prevención. Algunos de los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de los paseos marítimos) son especialmente apreciables entre Málaga y Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar el 250%, o la disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica puede darse en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado (BOE 70 del 23 de marzo de 2011) el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo. Conforme a los principios y objetivos del Protocolo las Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado por el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre




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otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los riesgos naturales, esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros...» (artículo 8. Dos. apartado A). Además el mismo Protocolo reza en su artículo 22: «En el marco de las estrategias nacionales de gestión integrada de las zonas costeras, las Partes elaborarán políticas de prevención de los riesgos naturales. Con este fin, efectuarán, en lo que respecta a las zonas costeras, evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y adoptarán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales y, en particular, del cambio climático».

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático (Comisión Europea, 2009) en el que la adaptación en zonas marinas y costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, así como en la reforma de la Política Pesquera Común. En línea con la recomendación del libro blando respecto a la necesidad de elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y costeras, la Unión Europea se dispone a aprobar una estrategia de adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas como la plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser integradas en los instrumentos de política nacional relacionados con los temas a los que afecta.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Fondo para la adquisición de fincas y terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas. El Gobierno dotará anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a tal efecto.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de preservar los pocos espacios vírgenes que todavía quedan en nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Consejo Litoral, con el objeto de favorecer la participación de las organizaciones representativas de intereses sociales, de personas de reconocido prestigio, así como de la Administración




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local y autonómica en la elaboración y seguimiento de la política del litoral orientada al desarrollo sostenible. El Consejo contará con representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.

El Consejo Litoral queda adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El régimen de funcionamiento del Consejo Litoral será el establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo requiera el ejercicio de sus funciones. Podrá constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así como a las del propio Consejo, podrán ser invitadas las personas responsables de las políticas ambientales sectoriales objeto de estudio y análisis, así como los funcionarios o representantes del sector privado que el Presidente del Consejo, que deberá proceder a su convocatoria, considere oportuno.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de fomentar la participación de la sociedad en todo aquello relacionado con el litoral.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Imposición sobre el cambio de usos del suelo.

Primero. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo es un tributo indirecto de naturaleza real y alcance estatal que grava las actuaciones de nueva urbanización, según se definen en el apartado 1.a).1) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, realizadas en territorio español.

2. El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado en su totalidad al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Segundo. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarias del suelo en el momento en que se realicen las actuaciones de nueva urbanización a las que se refiere el Artículo 64 de esta Ley.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes las administraciones locales en las que tengan lugar las actuaciones de nueva urbanización.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar la superficie de suelo afectada por las actuaciones de nueva urbanización, según conste en el proyecto.




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Tercero. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto está constituida por la superficie de suelo, en metros cuadrados, afectada por las actuaciones de nueva urbanización a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, según el proyecto de obra.

2. La base imponible se determinará para cada propietario del suelo que sea sujeto pasivo del impuesto.

Cuarto. Cuota y tipo de gravamen.

1. El tipo de gravamen se fija en 50 euros por metro cuadrado.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Quinto. Repercusión.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.

Sexto. Liquidación y devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de ser aprobado el proyecto de nueva urbanización a que se refiere el Artículo 64, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

2. El período de liquidación será de un año natural.

3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el lugar y forma determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Séptimo. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.

Octavo. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en materia tributaria.

Noveno. Orden jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entra la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.




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ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha contra la especulación y el desarrollo insostenible.

JUSTIFICACIÓN

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en construcciones ilegales y asentado en la cultura del pelotazo.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno consensuará con las Comunidades Autónomas el límite temporal máximo, año concreto en que las concesiones portuarias autonómicas previas a la ley de costas deban entenderse vencidas, sin posibilidad de prórroga.

Las ampliaciones de plazo respecto al resultante de la legislación en vigor, debe ajustarse en todo caso a una justificación concreta, relacionada con los plazos de amortización de la inversión.

JUSTIFICACIÓN

El régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del proyecto de ley no aplica las concesiones portuarias autonómicas, estándose a los límites que prórrogas incluidas fija la norma estatal.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión de la Disposición Transitoria Segunda.




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JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta para la servidumbre de protección no está justificada; la inseguridad jurídica que crea es muy elevada y difícil de encontrar en otros ámbitos. A la práctica significa que casi todo el litoral español la servidumbre de protección pase a ser de 20 metros.

Según esta nueva disposición, se admite que durante los próximos meses cualquier municipio que pueda demostrar que una finca costera tenga, por ejemplo, suministro eléctrico, se declaren urbanos los núcleos que no se han declarado conforme a la Disposición Transitoria de la actual Ley de Costas. Esto es, reabre la posibilidad de declarar suelo urbano el frente litoral y establecer una servidumbre de 20 metros. Muchos Ayuntamientos no van a dudar en justificar determinadas actuaciones realizadas bajo la burbuja inmobiliaria para justificar una servidumbre de 20 metros en lugar de la de 100 metros.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 25 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

«Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

En el supuesto del efecto de las mareas y la filtración del agua del mar para considerarse un río o una acequia como un bien de dominio público marítimo-terrestre, deberá además tenerse siempre en cuenta su caudal, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía, y la apertura artificial y dragado de la desembocadura del río a mar abierto.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.




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b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica … /…» (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Prever que para que se considere un río o una acequia como un bien de dominio público marítimo-terrestre, deberá tenerse siempre en cuenta, además del supuesto del efecto de las mareas y la filtración del agua del mar, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía, y la apertura artificial y dragado de la desembocadura del río a mar abierto.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

«Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los terrenos inundados que sean navegables.

No obstante lo anterior, en el caso de las urbanizaciones marítimo-terrestres la delimitación del dominio público marítimo-terrestre se producirá con arreglo a cuanto establece la Disposición adicional décima de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo:

«2. En el procedimiento serán oídos los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados. Asimismo, se solicitará informe a la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias.

En el caso que el deslinde afecte al dominio público portuario de titularidad o adscrito a una Comunidad Autónoma, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, a su departamento competente en materia de puertos para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias.

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral.

4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, …/…» (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Desde la perspectiva portuaria, resulta necesario establecer un trato idéntico al que se otorga cuando se realiza un deslinde en el dominio público estatal cuando el procedimiento de deslinde afecta al dominio público portuario autonómico, por lo tanto la propuesta pretende que la Comunidad Autónoma informe cuando resulte afectada porque el deslinde se realiza en el ámbito del dominio público portuario de titularidad o adscrito a la Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

«1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. La Administración deberá resolver el otorgamiento de oficio de dicha




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concesión en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de aprobación del deslinde, entendiéndose concedida por silencio administrativo una vez transcurrido dicho plazo. El plazo de duración de la concesión por setenta y cinco años deberá computarse desde la fecha de otorgamiento de la concesión o, en su caso, a partir del momento en que ésta deba considerarse otorgada por silencio de conformidad con lo anteriormente dispuesto.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie e incluso de aumento de volumen, altura, o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima conveniente prever que sea la Administración a la que corresponda tramitar el procedimiento y resolver el otorgamiento de oficio de la concesión, estableciendo la limitación de un año al tiempo de que dispone para resolver sobre su otorgamiento y previendo que este plazo actuará en sentido beneficioso o positivo para los propietarios, en aras a garantizar su seguridad jurídica.

Por lo que respecta a las obras permitidas en la servidumbre de tránsito en la redacción propuesta por la Ley, se indica que únicamente pueden realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de las construcciones e instalaciones existentes siempre y cuando estas sean autorizadas por la Administración del Estado después de constatar que la servidumbre de tránsito queda garantizada. En ningún caso se permiten dichas obras siempre que estas impliquen un aumento de volumen, altura y superficie de las construcciones existentes.

La anterior limitación al incremento de volumen, altura y superficie solamente debería imponerse en el caso concreto de que la servidumbre de tránsito no quedara garantizada. Restringir las facultades de los titulares de los terrenos y construcciones cuando tal restricción no es necesaria para la materialización de la servidumbre de tránsito porque existen mecanismos alternativos y menos gravosos para los derechos de los particulares para alcanzar el mismo fin, es injustificado y constituye una medida restrictiva de derechos desproporcionada. Además se limita al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

«3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la administración competente y la Administración del Estado emitirá un informe en el que se analice si la servidumbre de tránsito queda garantizada que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

En Catalunya es la Generalitat quien otorga las autorizaciones en zona de servidumbre de tránsito, de acuerdo con las competencias traspasadas por el Real Decreto 1387/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Catalunya por el Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, en materia de ordenación y gestión del litoral, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006. A mayor abundamiento en este aspecto, ya las sentencias del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio; y 198/1991, de 17 de octubre, la primera sobre la Ley de Costas y la segunda sobre el Reglamento de Costas, determinaron que la competencia para autorizar obras en la zona de servidumbre de protección, incluyendo la servidumbre de tránsito, correspondía exclusivamente a las comunidades autónomas, sin ninguna intervención por parte de la Administración del Estado.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

«c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.»

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.

Igualmente, se considerarán instalaciones adecuadas al uso del Dominio Público los refugios náuticos, destinados exclusivamente a la protección de navegantes y deportistas. La construcción, las dimensiones y el abastecimiento de estos refugios se determinarán reglamentariamente y en cualquier caso, respetarán el entorno ambiental y paisajístico, garantizarán la seguridad de los usuarios situándolos fuera de la zona de pleamar máxima vía equinoccial y donde no sea sensible al efecto de las mareas, con accesos practicables a las zonas de varada, y su uso quedará limitado únicamente al directamente vinculado al desarrollo de la actividad náutica.

En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección.»

JUSTIFICACIÓN

La legislación debería permitir la creación de refugios náuticos, que se integren respetando el paisaje, sitos en la parte superior de las playas (25-50 metros de la línea del mar), con un régimen parecido al de los refugios de montaña que permita su ocupación solo de uno a cuatro días. El ejemplo más cercano es la red de refugios («bothies») que existe en la costa oeste de Escocia, y equivale en el mar a los refugios alpinos («Biwakschactel») alemanes.

Están situados en zonas no muy frecuentadas y son usados en las travesías en piragua. Su origen se halla en los refugios para pescadores. Son de uso público aunque se utilizan sobre todos por grupos pequeños de deportistas que no permanecen en su interior más de uno a cuatro días. Son mantenidos y reparados por asociaciones benéficas, y lejos de degradar el paisaje, lo hacen aún más pintoresco. Aunque la regulación de su uso es tan tolerante que podría decirse que está basado en la buena educación, no es inconcebible desarrollar una regulación como la que ya existe en los refugios de montaña situados frecuentemente en parajes protegidos.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 y un nuevo apartado 5 que quedan redactados del siguiente modo:

«c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.»

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección.

5. Excepcionalmente, en el caso de una edificación habitacional hotelera a implantar en un ámbito adscrito a una Comunidad Autónoma para su destino a fines portuarios, corresponderá a dicha Comunidad Autónoma su autorización una vez acreditada su utilidad pública y su adecuación al planeamiento urbanístico.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente que la implantación de usos hoteleros en los ámbitos portuarios no esté prohibida por la ley de costas.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza y grado de peligrosidad cuyos usos tendrán que ser compatibles con la seguridad para las personas. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa




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aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

La administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo será la que determine la naturaleza urbana o natural de los tramos de playa.»

JUSTIFICACIÓN

Parece necesario definir qué se entiende por tramo urbano y por tramo natural y proponemos que sea la Administración competente en materia de ordenación del territorio quien interprete su aplicación. Sugerimos también introducir o tener en cuenta el grado de peligrosidad o riesgo de las playas para los potenciales usuarios.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común. Y en todo caso, se tendrán en cuenta los costes de limpieza, mantenimiento, vigilancia, iluminación, señalización, balizamiento y salvamento que requieren los citados tramos, en relación a los cánones devengados por concesiones o autorizaciones por la ocupación o el aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta del todo necesario que se consideren los enormes costes que para las administraciones locales tiene el mantener en buen estado, los tramos de playa urbanos, abriéndose la puerta a que los recursos obtenidos por los cánones y tasas correspondientes a su ocupación o aprovechamiento, contribuyan al necesario equilibrio presupuestario de las administraciones estatal, autonómica o local que asume la gestión ordinaria.

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Nueve. Se introducen nuevos apartados 6 y 7 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo:

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

7. La Dirección General competente en materia de costas indexará los antecedentes históricos sobre dinámica del litoral, y redactará un plan de dinámica del litoral que incluya estudios de movimientos de la línea de costa, regresión de las playas, para todo el litoral, diferenciando entre capacidad de transporte, tasa cierta de transporte y déficit de aportación de sedimentos, propondrá medidas y obras para estabilizar las playas y previsiones de inversión en un período de 50 años.»

JUSTIFICACIÓN

La Dirección General competente en materia de Costas debería tener un instrumento para indexar los problemas de la costa, y proponer las soluciones posibles a la estabilidad de las playas.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Nueve. Se introducen dos nuevos párrafos al apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo:

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

Reglamentariamente se garantizará la posibilidad de que las corporaciones locales puedan, en el ejercicio de sus competencias, determinar el régimen de los usos y aprovechamientos de las playas ya sea mediante ordenanzas o mediante el plan de usos de temporada de las playas de su término municipal así como la posibilidad de que las Corporaciones Locales que hubiesen aprobado el plan de usos de temporada puedan otorgar las autorizaciones para el uso y explotación de servicios de temporadas en las playas.




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Reglamentariamente se determinará la competencia para señalar las zonas de baño de las playas así como para vigilar la observancia en los lugares de baño de las normas de seguridad, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones en materia de infracciones relacionada con la navegación.»

JUSTIFICACIÓN

Las playas, especialmente, aunque no de forma exclusiva, en su tramo más urbano, revisten un papel esencial para el desarrollo y configuración de los municipios costeros y además determinan de forma clara tanto su estructura general como el régimen de usos de la zona costera y de su zona interior de influencia. Además, la existencia de la playa y los servicios que en la misma se presten actúan como elemento de reclamo —o pueden suponer todo lo contrario— de la afluencia turística al municipio.

En este entorno, los usos que se realicen en las playas, por lo tanto, afectarán tanto a la configuración física del municipio como a la convivencia en el término municipal y a su propia evolución económica.

En virtud del carácter central de tales instalaciones marítimas la gestión de las playas se encuentra claramente vinculada al concepto «gestión de sus propios intereses» que se prevé como elemento central del principio de Autonomía Local establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Atendido lo anterior, resulta esencial que en el Proyecto de Ley se otorgue a los Municipios un papel central en la gestión y en la toma de decisiones de este elemento central para su organización, convivencia y evolución futura que es la playa.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Once. Se introducen un párrafo segundo y tercero al apartado 6 del artículo 44 que queda redactado del siguiente modo:

«No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición de este apartado la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos.

Excepcionalmente y por razones de interés público debidamente acreditadas, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se podrán ubicar dentro de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección, cuando no puedan tener otra ubicación. Su aceptación estará condicionada a un dictamen técnico que determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de ubicación alternativa, como requisito previo a la autorización por la administración competente.»

JUSTIFICACIÓN

Disponen los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que los municipios tienen competencias en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y que todos ellos deberán prestar el servicio público de alcantarillado.

El saneamiento es pues un servicio público municipal que por su naturaleza recoge las aguas residuales.

Se da el caso que en la mayoría de las poblaciones costeras, sobre todo las que están en un entorno montañoso, están construidas en las vertientes de las cuencas de una o más rieras. Esta circunstancia




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obliga a recoger las aguas residuales en la parta baja, cerca del mar. Sobre todo en poblaciones pequeñas y con núcleos históricos. En general por gravedad, y se halla, por consiguiente aguas abajo de las zonas habitadas, buscando los puntos bajos, donde en general es necesaria la instalación de una estación de impulsión de aguas residuales, para evitar su vertido en el mar y para transportarlo a la red general de colectores que posteriormente las transporta a una estación de tratamiento.

La actual redacción de la Ley de Costas en su artículo 44.6 plantea diferentes problemas en el desarrollo de este servicio, al prohibir las instalaciones de tratamiento de aguas residuales dentro de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. A efectos prácticos esto limita la instalación de nuevos servicios y el mantenimiento y conservación de servicios existentes necesarios para el buen funcionamiento del servicio.

A pesar de ello, los artículos 32.1 de la Ley de Costas, y 60 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, disponen que «se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Precisando el contenido de estas actividades o instalaciones —que se exceptúan de la prohibición de ocupación del dominio público marítimo-terrestre— el mismo artículo 60 del Reglamento dispone que deben desempeñar una función o prestar un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre o que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

La existencia de esta aparente contradicción en el contenido de los artículos 32.1 y 44.6 de la Ley de costas ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en su Sentencia de 26 de octubre de 2005 (STS 6503/2005) resolvió —en su fundamento jurídico cuarto— que la construcción de un colector en el dominio público por parte del Estado no era contrario a la Ley de Costas al encontrarse amparada en una reserva de dominio público y ser acorde al contenido del artículo 32 de la misma. La sentencia, pero, cuenta también con un voto particular disconforme con esta interpretación que entiende que la prohibición del artículo 44.6 de la Ley de Costas es de aplicación a cualquier administración con independencia del título utilizado para materializar la ocupación del dominio público.

Por otra parte, el artículo 95.2 del Reglamento contempla que no se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del artículo 44.6 de la Ley de Costas «la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos». El precepto, que intenta resolver vía reglamento algunos de los problemas prácticos planteados, tiene difícil encaje en el contenido del artículo 44.6 de la Ley de Costas —que en su redacción actual tiene nulo margen de interpretación— lo que plantea nuevas dudas interpretativas que es necesario resolver.

Por todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de adecuar la redacción del artículo 44.6 de la Ley de Costas en los términos de la presente enmienda, para dar mayor seguridad jurídica, garantizar el buen desarrollo del servicio público de saneamiento que evita que las aguas residuales lleguen al mar, y dar mayor coherencia a la legislación de costas, que como se ha expuesto, presenta contradicciones en este extremo.

El texto del proyecto de ley ya incorpora la previsión del artículo 95.2 del Reglamento de la Ley de Costas, que exceptúa de la prohibición «la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos». Con ello se supera la aparente contradicción entre la actual redacción del artículo 44.6 la Ley de Costas y la del artículo 95.2 de su Reglamento.

Así mismo, la enmienda propuesta también incorpora, como segunda excepción a la prohibición del vigente artículo 44.6 de la Ley de Costas, que «excepcionalmente y por razones de interés público debidamente acreditadas, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se podrán ubicar dentro de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección, cuando no puedan tener otra ubicación». Y que su aceptación esté condicionada a un dictamen técnico que determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de ubicación alternativa, como requisito previo a la autorización por la administración competente. Esta segunda excepción da cobertura a aquellos colectores que a pesar de no encontrase integrados en paseos marítimos u otros viales urbanos sean necesarios para el buen desarrollo del servicio público y se acredite que no puedan ubicarse en otro sitio.

Finalmente, ha de apuntarse que la enmienda es coherente con los objetivos del presente Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de




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Costas que persiguen justamente garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad jurídica a los operadores jurídicos presentes en el mismo.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo:

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

No se considera apropiado establecer el plazo de las concesiones en relación a los establecidos en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

Por otra parte no se considera correcto que en los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostente, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo:

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general, o en su caso, en la legislación de las comunidades autónomas competentes en materia de puertos.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

No se estima apropiado establecer el plazo de las concesiones en relación a los establecidos en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

Por otra parte no se considera correcto que en los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostente, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo:

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.




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La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las corporaciones locales para la construcción de nuevas urbanizaciones marítimo-terrestres en el ámbito territorial de su competencia, o de ampliación o modificación de las ya existentes, se formalizará por la Administración del Estado únicamente en aquella parte de las urbanizaciones marítimo-terrestres que formen parte del dominio público marítimo-terrestre y no ostenten la condición de dominio público afecto al servicio portuario de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la presente ley. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la entidad local determinar la utilización y gestión de la misma de conformidad con la normativa de ordenación territorial y urbanística de aplicación y garantizando en todo caso a los propietarios de la urbanización marítimo-terrestre una participación activa y relevante al amparo de cuanto prevé el artículo 9.2 de la Constitución. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente modo:

«Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o sobrevenga la posibilidad de su ubicación por variaciones debidas a la dinámica litoral estacional o menoscaben el uso público y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente añadir como causa de revocación unilateral de la administración las posibles variaciones debidas a la dinámica litoral estacional.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que queda redactado del siguiente modo:

«Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa.

La transmisión ínter vivos y la participación de un tercero en la explotación de la concesión solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del tercer interesado en un caso y del adquirente en el otro, de las condiciones establecidas en la concesión.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro años comuniquen expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida.»

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo que el Reglamento de ejecución de costas en el artículo 137.3 prevé el supuesto de «celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la explotación de la concesión» y la necesidad de su notificación al servicio periférico de costas, se considera necesario que la Ley incluya el mismo tratamiento de autorización que para las transmisiones ínter vivos.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Diecinueve. Se introducen tres nuevas letras, j), k) y l) al apartado 1 del artículo 78 que quedan redactados del siguiente modo:

«j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta ley.

k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones.

l) La falta de informe previo favorable de la administración competente en los casos de transmisión ínter vivos.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario incluir como causa de extinción la falta de informe previo de la Administración competente en los casos de transmisión ínter vivos.




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ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo:

«1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración competente en la gestión del título del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquella.

A estos efectos quedan excluidos los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a las Comunidades Autónomas que meritarán el canon correspondiente a favor de éstas.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley modifica los criterios para la determinación de la cuantía del canon a favor de la Administración del Estado sin tener en cuenta los supuestos en que la gestión del dominio público marítimo-terrestre ha sido traspasado.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo:

«6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las concesiones que las Comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará y devengará por éstas según lo previsto en esta Ley y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda efectuada al número 1 del mismo apartado Dieciocho.




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ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintitrés. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera y se introduce un nuevo apartado 5, que quedan redactadas del siguiente modo:

«2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión la administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La concesión se otorgará por el plazo y en las condiciones establecidas en el artículo 13 bis de la presente Ley.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.»

«3. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición a cuyo efecto la administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La concesión se otorgará por el plazo y en las condiciones establecidas en el artículo 13 bis de la presente Ley.»

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.

A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la presente ley para la zona de servidumbre de protección.»




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JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veinticinco. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional décima.

1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres no tienen la condición de puertos, sin perjuicio de que en su interior puedan albergar puertos o dársenas.

3. En tanto que ámbitos de naturaleza urbanística, la construcción y gestión de las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán ajustarse a la normativa de ordenación territorial y urbanística propia de la Comunidad Autónoma dónde radiquen. A esos efectos, el instrumento de ordenación territorial o urbanística de la urbanización marítimo-terrestre deberá respetar las prescripciones que en materia de dominio público marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo.

4. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. En virtud de cuanto se establece en el artículo 49 de esta Ley, este dominio será adscrito a las corporaciones locales para su gestión. En el caso en que se realicen actividades de puerto deportivo las dársenas donde se practique dicha actividad podrán adscribirse a las comunidades autónomas competentes. Los titulares de fincas colindantes con los canales ostentan el derecho de aparcamiento de sus embarcaciones a lo largo de la porción de canal limítrofe con sus parcelas, que será gratuito, exclusivo, y se hará constar en el Registro de la Propiedad. El régimen de este derecho de aparcamiento de embarcaciones será el que se especifique en la normativa por la que se regule la urbanización marítimo-terrestre.

b) No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a aparcamiento náutico colectivo y privado.

c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente. Asimismo, reconocerá en dichos canales un derecho de amarre gratuito para uso y disfrute de los propietarios de las parcelas colindantes a aquellos.




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5. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Doce Bis (Nuevo). Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 51 que queda redactado del siguiente modo:

«3. Se entenderá en cualquier caso por bien mueble los autobuses y auto-caravanas que sirvan de instalación en la organización de actividades deportivas eventuales, sin perjuicio de los demás bienes que por su naturaleza se entienden ya recogidos en esta categoría.»

JUSTIFICACIÓN

El primer artículo de este capítulo IV recoge la definición funcional de lo que por instalaciones desmontables debe entenderse; sin embargo ante las dificultades con las que las escuelas y clubes deportivos se han venido encontrando, hemos podido constatar la necesidad de incluir algunas referencias también a los bienes muebles. En concreto, es dudoso en la práctica si la ley permite colocar en la celebración de actos deportivos autobuses o caravanas que dan servicio a la organización. La organización de estos eventos deportivos, que sin duda proyectan nuestro territorio y nuestro deporte, por su naturaleza móvil y transitoria requiere a menudo instalaciones sitas en medios tales como auto-caravanas; así que bien en la misma ley, bien en su reglamento debería aclararse este extremo.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




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Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Dieciocho bis (Nuevo). Se modifica el apartado 1 del artículo 74 que queda redactado del siguiente modo:

«Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42, y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que en su caso correspondan, se tramitarán en la forma que se determine reglamentariamente, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa del proyecto. En los casos en que la solicitud se pretenda para la concesión de ocupación por un Club sede de la práctica de deportes náuticos, deberán exigirse además:

a. Ser entidad sin ánimo de lucro.

b. Declaración expresa de dedicación al Interés General y compromiso de no perjudicar el uso del dominio público marítimo-terrestre.

c. Proyecto deportivo avalado por la Federación correspondiente.

d. Proyecto de instalaciones adecuadas a las actividades deportivas sujeto a los criterios de permeabilidad visual, libre accesibilidad y armonización con el entorno; sin perjuicio de poder prever un espacio suficientemente cerrado para el almacén y resguardo del material deportivo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de dotar de rigurosidad y exigencia a los proyectos que efectivamente pretenden ocupar la zona marítimo-terrestre con fines deportivos.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no se encontraran en la situación básica de suelo urbanizado pero que, en ese momento, reunieran los siguientes requisitos:

a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.

b) Que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas por ella, al menos, en un tercio de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados a los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse




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sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan identificado como terrenos que se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 20 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo:

«7. El canon podrá reducirse un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito.

En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse igualmente un 90 por 100 un 75 por 100. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-deportiva.

En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, esas ocupaciones se calcularán, a efectos de la determinación del canon, según las reglas generales recogidas en los apartados anteriores.

Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por 100 en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por 100.»




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JUSTIFICACIÓN

El fin no lucrativo de las entidades titulares de estas concesiones y la dedicación a la promoción y fomento de la práctica del deporte reviste a los clubes de un carácter ya reconocido por muchos Ayuntamientos de Entidades de utilidad Pública. La cuasigratuidad por la ocupación del dominio es un reconocimiento a su función y su aportación al interés general.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La facultad prevista al Delegado del Gobierno para suspender actos y acuerdos adoptados por las entidades locales vulnera las competencias traspasadas a las Comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

«a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.»

«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la cuando este acredite que la




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servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.»

«3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas una declaración responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»

JUSTIFICACIÓN

Agilizar la autorización de las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización permitidas en la zona de servidumbre de tránsito cuando se garantiza la existencia de la citada zona.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:




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«a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.»

«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes e incluso de aumento de volumen, altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios e incluso de aumento de volumen, altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.»

«3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una declaración responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización puedan incluso suponer aumento de volumen, altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística.




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ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veinticinco. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional décima.

1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial o urbanística que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio público marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo.

3. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico individual y privado.

b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá su vigencia. No se generará una nueva servidumbre de protección ni de tránsito, en torno a los espacios inundados.

c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

El segundo inciso del apartado a) no parece, adecuado ya que contradice el concepto de dominio público resultante de la inundación de terrenos y puede generar una problemática añadida en el ámbito de las marinas con dos categorías de amarres, los públicos y los «privatizados».

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiséis.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiséis. Se introduce una nueva disposición adicional undécima que queda redactada del siguiente modo:

«1. Los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la presente ley, a cuyo efecto la Administración que ostente la titularidad del bien declarado de interés cultural solicitará la concesión otorgará la correspondiente concesión, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.

2. A los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera apartado 3. 3.ª»

JUSTIFICACIÓN

No queda claro quién debe solicitar la concesión y sugerimos que sea la Administración titular del bien de interés de cultural, la que la solicite en el plazo de un año.

ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

ADICIONAR un nuevo apartado Veintiuno bis al Artículo primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiuno Bis (Nuevo). Se introduce una nueva letra n) al artículo 110 que queda redactada del siguiente modo:

«n) La financiación de las obras de mantenimiento de aquellas construcciones o defensas marítimas existentes como puedan ser los espigones.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone incluir entre las competencias de la Administración General del Estado, la financiación de las obras de mantenimiento de las construcciones o defensas marítimas existentes como por ejemplo, los espigones.

En realidad, esta función ya estaría incluida en la competencia de la Administración del Estado prevista en los artículos 110 y 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El interés sin embargo de la




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enmienda reside en recalcar o clarificar que también queda incluido «el mantenimiento» y no solo «la construcción» con la financiación correspondiente por parte del Estado.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintitrés bis (Nuevo). Se modifica la regla 2.ª del apartado 3 de la Disposición Transitoria tercera que queda redactado del siguiente modo:

«2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, solo podrán otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento:

a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan.

b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico.

c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo.

d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las contiguas. No obstante, podrá autorizarse una tipología aislada de edificación siempre que se den los siguientes requisitos:

– Que sea la tipología edificatoria del tramo de fachada marítima.

– Que se trate de suelo urbano conforme al planeamiento urbanístico vigente.

– Que la fachada marítima disponga de una edificación consolidada en un 80% de su longitud total.

– Que la edificación suponga completar el tramo de fachada marítima existente.

– Que la construcción se integre en la fachada marítima.

– Que la longitud de la fachada marítima sobre la que se actúa de un máximo de 300 m lineales.

e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes.

f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por 100 de la longitud total de fachada del tramo correspondiente.

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización.»




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JUSTIFICACIÓN

Prever que pueda autorizarse una tipología aislada de edificación siempre que sea la tipología edificatoria del entorno, que el planeamiento urbanístico lo permita, que la fachada marítima se encuentre edificada en un mínimo del 75 por 100 de su longitud total, que la edificación suponga completar el tramo de fachada marítima existente y que no genere un impacto visual significativo.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior.

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en el caso de las infraestructuras portuarias de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas su régimen de prórrogas se rige por lo establecido en su normativa específica y por la de contratos del sector público.»

JUSTIFICACIÓN

Prever que en el caso de las infraestructuras portuarias de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas su régimen de prórrogas se rija por lo establecido en la normativa específica y por la de contratos del sector público.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior.

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.




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La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesión.

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la presente ley, y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestres existentes, que hayan sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y a tenor de cuanto determinan las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 22/1988, se prorrogarán de oficio, sin necesidad de solicitud al efecto del concesionario, por un plazo adicional de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga.

3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

No obstante lo anterior, si se trata de concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en puertos que no son de interés general, la duración de esta prórroga no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido para las concesiones en la legislación estatal sobre puertos de interés general.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

6. Cuanto se establece en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la situación de los titulares de concesiones sobre terrenos que habiendo sido incluidos en el dominio público marítimo-terrestre deban revertirse a sus propietarios anteriores o transmitirse a sus ocupantes en virtud de cuanto se prevé en la Disposición Adicional Quinta, la Disposición Adicional Sexta de la presente Ley y la Disposición Adicional Décima de la Ley 22/1988, modificada según el artículo Primero apartado Veinticinco de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la sistemática de la Ley 22/1988, cuya modificación se pretende mediante el presente Proyecto de Ley, no existía el artículo 13bis, que determina los efectos del deslinde sobre los titulares de terrenos que se incorporen al dominio público.

La introducción del artículo 13bis determina que los propietarios de fincas que pasen a formar parte del dominio público con posterioridad a la aprobación del deslinde obtendrán, de oficio —y esta es la verdadera novedad de la Ley— una concesión por un plazo de 75 años, salvo renuncia expresa del interesado.

Dicha previsión resulta incoherente con el régimen finalmente previsto en el Proyecto de Ley para las situaciones recogidas en el artículo Segundo de la presente Ley.

Si bien desde una perspectiva jurídica la posición de los titulares de concesiones otorgadas al amparo de la Ley 22/1988, especialmente en casos en que la concesión derivase de la pérdida de propiedad después del deslinde y la del titular previsto en el artículo 13 bis no es exactamente idéntica, sino que admite determinados matices, lo cierto es que, por un lado, la mención a «titular» del artículo 13 bis y, por el otro, la especificación de que el artículo 13 bis mencionado puede actuar en casos de revisión de




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deslindes ya aprobados como en casos de nuevos deslindes, permite considerar que, desde un punto de vista fáctico, y en cuanto interesa a la aplicación de la Ley de Costas, existe una única situación: la de un titular de finca que se ve privado de la misma por cuanto ésta debe pasar a integrar parte del dominio público marítimo-terrestre.

Desde esta perspectiva, el tratamiento jurídico de ambos propietarios no puede ser diferente, puesto que ello implicaría aplicar a situaciones fácticas idénticas tratamientos jurídicos diferenciados, circunstancia ésta que podría vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Efectivamente, no se aprecia diferencia tan relevante entre la situación del titular de fincas prevista en el artículo 13 bis y la del propietario del artículo Segundo que hubiese perdido su propiedad como resultado de un deslinde realizado al amparo de la Ley 22/1988 que deba determinar una aplicación jurídica diferente.

A mayor abundamiento, conculca también el principio recogido en el artículo 14 de la Constitución que los titulares de concesiones obtenidas en un deslinde anterior al amparo del régimen previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas —y, por lo tanto, en una situación fáctica asimilable a la descrita anteriormente— se vean obligados a arrastrar, por el mero hecho de la anticipación del deslinde que les afecta respecto a la actual modificación de la Ley de Costas, el sobrecoste y la mayor dificultad administrativa consistente en el deber de solicitar prórroga de la concesión para situarse en el mismo punto jurídico que los propietarios aún no afectados por el deslinde, esto es, con una concesión de un plazo de duración de setenta y cinco años. En este sentido, la enmienda propuesta contempla la ampliación automática del plazo concesional de quienes ya fuesen concesionarios en virtud de títulos otorgados por su condición de anteriores titulares de derechos afectados por un deslinde.

Finalmente, las anteriores disposiciones deben entenderse sin perjuicio de la situación de los terrenos que, con arreglo al presente Proyecto de Ley, deban dejar de incluirse en el dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Tercera. Deslinde en determinados paseos marítimos.

«La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar, excepto en aquellos ámbitos de exclusión definidos en la Disposición Adicional Sexta de la presente Ley, donde se aplicará el régimen derivado de los efectos de la línea poligonal reflejada en la planimetría adjunta. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

A efectos de esta disposición no se considerarán paseos marítimos aquellas instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o sobre pilotes.»




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JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda pretende evitar incoherencias en relación con el régimen particular de exclusiones derivados de la Disposición Adicional Sexta de Proyecto de Ley, dado que la línea poligonal, al menos en el caso del núcleo de Empuriabrava, se pretende que discurra por la parte interior de las edificaciones existentes entre el paseo marítimo y la playa del municipio.

ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Cuarta. Deslinde de la isla de Formentera. Régimen especial de deslinde de determinadas islas e islotes.

«1. La presente Disposición Adicional se aplicará a las islas que reúnan las siguientes características:

a) Que no se trate de islas cuyo territorio sea de dominio público estatal en su totalidad, en el sentido del artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y

b) Que tengan una superficie inferior a 100 km2.

2. La presente Disposición Adicional se aplicará, asimismo, a los islotes contemplados en la Disposición Transitoria Segunda, 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. 3. Con carácter excepcional y debido a la su especial configuración geológica, de la isla de Formentera respecto de ella las islas e islotes que reúnan las características de los apartados anteriores, se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde.

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

2. 4. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la Administración General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

3. 5. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La servidumbre de protección tendrá, en todo caso, una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

4. 6. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 3 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes.»




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JUSTIFICACIÓN

En España existen numerosas islas e islotes que comparten la especial configuración geológica de la isla de Formentera. Este es el motivo por el que la Disposición Adicional Cuarta del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Costas debería incluir en su ámbito de aplicación no solo a Formentera, sino a las demás islas e islotes que tienen unas condiciones físicas similares.

En virtud de lo anterior, las islas e islotes que deberían regularse de conformidad con el régimen de deslinde contemplado en la referida Disposición Adicional Cuarta, por tener una configuración geológica similar a la de la isla de Formentera, son todas aquellas islas e islotes cuya superficie no exceda de los 100 km2.

ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional quinta. Reintegro del dominio de los terrenos que dejan de formar parte del dominio público marítimo-terrestre.

Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público marítimo-terrestre por aplicación de aquella, o sus causahabientes, serán reintegrados en el dominio de los bienes que por aplicación de la presente ley dejen de formar parte del dominio público marítimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la disposición adicional segunda. Dicho reintegro se llevará a cabo garantizando la ausencia de cargas u ocupantes.

No obstante lo anterior, aquellas personas que puedan probar ante la Administración la concurrencia de las circunstancias descritas en esta disposición, podrán recuperar el dominio de sus bienes sin esperar a la citada revisión de los correspondientes deslindes.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone facilitar y agilizar la recuperación de los citados bienes.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre.

«1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Los ocupantes de los terrenos determinados conforme a este apartado que ya consten como titulares registrales de dichos terrenos, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, serán mantenidos en su titularidad sin necesidad de formalizar negocio jurídico de transmisión, siempre que quede justificado el trato sucesivo y que no existan otras inscripciones registrales contradictorias.

3. La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situaciones contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

4. La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 1 de este artículo estará condicionada a la formalización de los correspondientes negocios de transmisión.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar los negocios jurídicos previstos para las transmisiones, que no sean necesarios.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre.

«1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo, y las zonas de uso residencial ubicadas en los puertos deportivos por imposición de la Ley 55/1969, de 26 de abril de puertos deportivos.

2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.




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3. La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situaciones contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

4. La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 1 de este artículo estará condicionada a la formalización de los correspondientes negocios de transmisión.»

JUSTIFICACIÓN

Los usos habitacionales en puertos deportivos son una realidad.

La Ley de puertos deportivos de 1969 no solo no prohibía el uso residencial sino que promovía que se tuviera camarotes a disposición de los navegantes en los puertos deportivos.

Estos usos promovidos hasta 1988 han convertido espacios en puertos deportivos asignados a usos habitacionales que han sido constituidos por Ley.

Dichos usos habitacionales deberían ser respetados mediando procesos de desafectación o similares.

Se trata de casos como el de Benalmádena o Port d’Aiguadolç que tiene un poblado marinero dentro de la propia concesión en el que hay un uso residencial.

Dichos procesos se han practicado con las viviendas de los trabajadores portuarios dentro de los ámbitos de los puertos de interés general. El mismo criterio debería aplicarse a las instalaciones deportivas que se encuentran en una situación equivalente.

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Nueva. Exclusión del denominado «Poblado d’Aiguadolç» del término municipal de Sitges, del dominio público marítimo-terrestre.

«Con carácter excepcional, se excluye del dominio público marítimo-terrestre, en los mismos términos que los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta Ley y a los que se refiere la Disposición adicional sexta de la misma, el denominado “Poblado d’Aiguadolç” del término municipal de Sitges.»

JUSTIFICACIÓN

La exclusión propuesta se justifica en el hecho de que en el supuesto que nos ocupa, concurren todos los requisitos legales necesarios para que así se disponga, puesto que es evidente que el «Poblado de Aiguadolç» se corresponde con un núcleo residencial, construido antes de la Ley de Costas de 1988 y que ocupa una zona también deslindada con anterioridad a esta norma.

Al respecto, debe considerarse que el origen del referido Poblado se vincula directamente a la concesión para «Construcciones auxiliares en el puerto deportivo de Aiguadolç», otorgada por la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas —en el marco de la concesión para la construcción del Puerto de Aiguadolç, por Orden Ministerial de Obras Públicas de 13 de octubre de 1972— para «la construcción de las edificaciones destinadas a servicios comerciales y de alojamiento dentro de la zona de servicio del puerto».

De este modo, se constata que la inclusión del «Poblado de Aiguadolç» en el ámbito concesional, ya desde su primer origen, se vincula a la pretensión de dar servicio a las eventuales necesidades comerciales y de alojamiento derivadas del tráfico del Puerto Deportivo de Aiguadolç, y no para servir a las finalidades




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propias del dominio público marítimo-terrestre; poniéndose claramente de manifiesto que los terrenos ocupados por dicho Poblado no se contemplan como bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en el artículo 3.1 del Proyecto de Ley, no habiendo de concebirse como demanio natural, tal y como se señala también en su Exposición de Motivos.

Es más, resulta igualmente claro que la ejecución y evolución posterior del citado «Poblado» ha derivado en un núcleo residencial materializado, no solo al margen de la realidad material y las finalidades que han de corresponder al dominio público marítimo- terrestre —ya inexistentes en su origen— sino también al margen del propio Puerto Deportivo de Aiguadolç y de su Zona de Servicio; dando lugar a un núcleo residencial estable y autónomo, totalmente antropizado, con una dinámica propia y claramente diferenciada del propio Puerto, y que no sirve a sus necesidades comerciales y/o de alojamiento, sino a les necesidades del conjunto del municipio de Sitges.

En este sentido, es esencial considerar que, en la actualidad, el «Poblado de Aiguadolç» se encuentra plenamente integrado en la trama urbana del municipio de Sitges; formando, desde el punto de vista urbanístico, funcional, económico y social continuidad con el resto de los núcleos urbanos de este municipio que, en virtud de diversas actuaciones urbanizadoras, se han prolongado hasta las inmediaciones del «Poblado» y del propio Puerto Deportivo de Aiguadolç, transformando y antropizando totalmente su entorno.

Por tanto, es claro que también se cumple la previsión legal de que los terrenos a excluir del ámbito del dominio público hayan devenido fuertemente antropizados, e integrados en el conjunto urbano del municipio; resultando ser, de esta manera, terrenos inadecuados e innecesarios para les finalidades de preservación y protección propias del dominio público marítimo-terrestre —las cuales, además, ya quedan suficientemente preservadas con los terrenos demaniales que seguirán formando parte del mismo—, y haciéndose también innecesaria y desproporcionada cualquier inversión conducente a una hipotética recuperación de las características naturales de los mismos.

En consecuencia, es claro que, en el presente supuesto, concurren todos los requisitos contemplados en el Proyecto de Ley para excluir el denominado «Poblado de Aiguadolç» del ámbito del dominio público marítimo-terrestre.

La exclusión del núcleo residencial del «Poblado de Aiguadolç» del ámbito del dominio público marítimo-terrestre, tiene el objetivo de favorecer una ordenación racional de los usos demaniales, de los usos portuarios y del uso residencial concurrentes —y de los diversos fines e intereses de interés generales comprometidos—; así como también para superar los disfunciones e inconveniencias derivadas de la existencia de una concesión que rige sobre un núcleo residencial de población autónomo y plenamente integrado en la trama urbana del municipio de Sitges, agravadas por la incertidumbre jurídica creada por el cumplimiento del plazo de vigencia de la concesión.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición transitoria Nueva. Adaptación de las urbanizaciones marítimo-terrestres existentes a las previsiones de la presente Ley.

«1. La Administración del Estado y, en el ámbito de sus competencias, las Comunidades Autónomas, adaptarán el régimen de las urbanizaciones marítimo-terrestres a las previsiones de la presente Ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.




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2. A los efectos señalados en la Disposición Adicional quinta y, en el plazo máximo fijado en el punto anterior, se revertirá la condición de propietarios de los terrenos que dejen de formar parte del dominio público marítimo-terrestre por disposición de esta Ley en el ámbito de las urbanizaciones marítimo-terrestre a aquellas personas que acrediten ostentar título legítimo sobre dichos terrenos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la situación en que se dispone se hallan las urbanizaciones marítimo-terrestres.

ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición transitoria (Nueva). Prórroga de las concesiones extinguidas en las que la administración no haya tomado posesión de los terrenos e instalaciones.

«Lo dispuesto en el artículo segundo de esta Ley será de aplicación a las concesiones extinguidas en las que la Administración no haya tomado todavía posesión de los terrenos e instalaciones.

En estos supuestos, el concesionario deberá solicitar la prórroga en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Prever la prórroga para las concesiones extinguidas en las que la administración no haya tomado posesión de los terrenos e instalaciones.

ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición final Nueva. Evaluación y protección ante los efectos del Cambio Climático.

«La Administración General del Estado procederá, en el plazo de un año, a elaborar una evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos asociados a los efectos del cambio climático, en las zonas costeras,




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y un conjunto de propuestas a adoptar, incluidas las modificaciones normativas necesarias, para prevenir, mitigar y adaptarse a los citados efectos.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma de la ley de Costas era también una oportunidad para proteger las costas frente a la amenaza del cambio climático pero no parece haberse aprovechado. En el Proyecto de Ley no existe ninguna mención a los posibles efectos del cambio climático en la costa.

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre numerosos aspectos de la vida humana como la agricultura, el turismo, la producción y consumo de energía o uno íntimamente relacionado con el objeto del Proyecto de Ley, los usos de las zonas costeras. Los impactos del cambio climático en esta área no afectan solo a los recursos naturales. Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causarán daños también a los bienes y a las personas y alterarán la actividad socioeconómica de la zona costera.

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8.000 km de costa del Estado español, deberían convertir el cambio climático en un tema sino esencial en este Proyecto, sí presente.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es esencial la prevención.

Ante la magnitud de los impactos que al parecer pueden preverse, para la costa y las actividades humanas asociadas, en el Proyecto debería por lo menos hacerse alguna mención respecto a la necesidad de adoptar estrategias y políticas destinadas a hacerles frente. En todos los países desarrollados se están acometiendo actuaciones que afrontan el problema. Es una oportunidad perdida no hacerlo al redactar una nueva Ley.

De hecho, la revisión del Dominio público marítimo-terrestre probablemente debería considerar el trazado de un nuevo deslinde que incluyera este efecto potencial del cambio climático bajo diferentes escenarios en las zonas de riesgo, revisar los bienes e infraestructuras presentes en las mismas y plantear políticas de retroceso, adaptación y protección. Sin duda, es necesario afrontar la protección de la población, de actividades económicas, de las infraestructuras y los recursos naturales, a la vez que incorporar los impactos del cambio climático en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y en los estudios o planeamientos del litoral.

ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«ANEXO

Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría

– Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.

– Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.




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– Poblado Marinero del Puerto de Aiguadolç, término municipal de Sitges, provincia de Barcelona.

– Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empúries, provincia de Girona.

– Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.

– Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.

– Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.

– Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.

– Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.

– El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.

– Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone añadir a la relación de núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre, el Poblado Marinero del Puerto de Aiguadolç, en el término municipal de Sitges.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del párrafo 1 del apartado III.

«El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta a las autoridades españolas “a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero...”. Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular.»

Modificación del párrafo décimo del apartado III.

«El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. incluyendo no solo las previstas en la legislación de costas, sino todas aquellas que, con independencia de la legislación en que se amparen, impliquen la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de dominio público portuario estatal. También se prevé expresamente la aplicación de esta prórroga a aquellos que sin ser concesionarios, sí son titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Costas. Si bien, con carácter previo deberá solicitarse la correspondiente concesión.»




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Modificación del párrafo undécimo del apartado III.

«De este modo, se da respuesta, entre otras situaciones, a la extinción de las concesiones que comenzarían a expirar en 2018. Debe subrayarse que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento requiere un informe del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Este es un ejemplo donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. Con carácter general, el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en setenta y cinco años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones. Con ello se busca estabilizar los derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como introducir alguna mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De adición.

Adición de dos últimos párrafos al apartado III.

«Finalmente, debe subrayarse que esta reforma incorpora a la Ley de Costas regulaciones específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de defensa o restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales, otra de las novedades de esta reforma. También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones, el supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Junto a estas medidas de carácter jurídico, la Ley impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Con ello, se conseguirá disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una serie de medidas que permitan mitigarlos.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como introducir alguna mejora técnica.




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ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 12.2, contenido en el apartado cuatro del artículo uno del Proyecto de Ley, para sustituir el plazo de «un mes» por «dos meses» quedando el texto redactado como sigue:

«2. En el procedimiento serán oídos...

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos meses emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende adecuar un procedimiento adecuado a las características específicas de determinados deslindes.

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la primera frase del último párrafo del apartado 3 del artículo 13 bis, recogido en el apartado seis del artículo primero del Proyecto de Ley, que queda redactada como sigue:

«Las circunstancias a las que se refiere este apartado deberán acreditarse ante la Administración autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el…» (resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 33.6, contenido en el apartado nueve del artículo primero del Proyecto de Ley, para añadir al final del apartado una frase, quedando el texto redactado del siguiente modo:

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios, que sea compatible con el uso común. En los tramos urbanos, podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés turístico que cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan, en particular los relativos a superficie y tiempo de ocupación física, debiendo, en todo caso, garantizarse la inmediata y completa restauración del tramo de playa ocupado, una vez finalizada la ocupación.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende fijar los supuestos en que puedan celebrarse eventos en tramos urbanos de playas, que habrán de respetar las limitaciones legales y reglamentarias y, en todo caso, asegurarse la plena e inmediata restauración de los tramos ocupados.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Se añade, en el apartado doce del artículo primero del Proyecto de Ley, un nuevo apartado 4 al artículo 49, que queda redactado del siguiente modo:

«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

Reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende regular el régimen de los usos compatibles con los usos portuarios en las zonas de servicio portuario de los puertos adscritos a las Comunidades Autónomas, dentro del respeto a las competencias de aquellas.




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ENMIENDA NÚM. 175

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado veinticinco del artículo primero del Proyecto de ley, que contiene la disposición adicional décima; en concreto, se modifica la letra a) del apartado 3, sustituyendo la expresión «garaje» por «estacionamiento» y añadiendo una frase al final; se añade un nuevo apartado 4, pasando el apartado 4 a ser el apartado 5, que también se modifica. El texto queda como sigue:

«3.

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado.

b) … igual.

c) … igual.

4. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda y solo será transmisible junto a ella.

5. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere la letra a) del apartado 3, precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende completar la regulación de las urbanizaciones marítimo-terrestres en cuanto a la delimitación y utilización del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 176

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado veintiocho al artículo primero, con el siguiente texto:

«Veintiocho. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en materia relacionada con los efectos del cambio climático:

Uno. Se modifica el artículo 2, letra a), que queda redactado en los siguientes términos:

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.




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Dos. Se modifica el artículo 6, apartado 1 y se añade un nuevo apartado 3, que quedan redactados en los siguientes términos:

1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efectos del cambio climático, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis, cuando proceda.

Tres. Se añade un nuevo artículo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo:

1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por periodos iguales dentro del máximo previsto en la presente ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.

5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de defensa o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.

6. La declaración de situación de regresión grave se hará por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente y se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, así como en la sede electrónica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.

Cuatro. Se añade un segundo párrafo del artículo 44.2, que queda redactado del siguiente modo:

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente,

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 55, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que queda redactado del siguiente modo:

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada




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uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de 75 años, cuando el concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados por la Administración.

Siete. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 72, que queda redactado como sigue:

1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquel, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra m) del artículo 78, se procederá, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio público y de su zona de servidumbre de protección.

Ocho. Se añade una nueva letra m) en el artículo 76, que quedan redactadas del siguiente modo:

m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administración de adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático.

Nueve. Se añade una nueva letra m) al apartado 1 del artículo 78, que queda redactada en los siguientes términos:

m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Diez. Se añade un nuevo Capítulo II bis, titulado “Contribuciones especiales”, que incluye un nuevo articulo 87 bis, con la siguiente redacción:

Artículo 87 bis.

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras, tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del domino público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribución especial se repartirá entre los sujetos pasivos, atendiendo a aquellos criterios objetivos que según la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se determinen entre los que figuran a continuación:

a) Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas.

b) Plazo restante para la extinción del derecho de ocupación.

c) Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribución especial en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acordará el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.»




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JUSTIFICACIÓN

La enmienda, que modifica diversos artículos de la Ley de Costas y añade nuevos preceptos, pretende establecer un régimen coherente para disponer de mecanismos adecuados para la defensa, protección y, en su caso, adaptación del dominio público marítimo-terrestre respecto de los efectos del cambio climático sobre el mismo. Se incorpora como novedad un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión, al que se asocian diversos efectos jurídicos, como la limitación de las ocupaciones; la posibilidad de que la Administración realice actuaciones de defensa o restauración, incorporando el principio de colaboración de los beneficiarios mediante contribuciones especiales; la exigencia de que los proyectos para la ocupación del dominio público vayan acompañados de una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático; y el establecimiento de una nueva causa de extinción de las concesiones, en el supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

ENMIENDA NÚM. 177

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado veintinueve al artículo primero, con el siguiente texto:

«Veintinueve. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que modifican el régimen de infracciones y sanciones:

Uno. Se modifica el artículo 90, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.

2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:

a) La alteración de hitos de los deslindes.

b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva.

c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.

d) La extracción no autorizada de áridos.

e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en esta ley.

f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.

g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar.

h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.

i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley.

j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.

k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.




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l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.

m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Dos. Se modifica el artículo 91, que queda redactado del siguiente modo:

Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no que no estén comprendidas en el artículo 90, las siguientes:

a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre no constitutivas de infracción grave.

b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo.

c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso.

d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.

e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.

f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección.

g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.

h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.

i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Tres. Se modifica el artículo 92, que queda redactado del siguiente modo:

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las leves contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.

Cuatro. Se modifica el artículo 93, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes:

a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de este.

b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho constitutivo de la infracción.

c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables:

Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.

Dos. Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la presente Ley.




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La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se exigirán con carácter solidario.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos:

2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso en que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso en que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la presente Ley podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 95, que queda redactado del siguiente modo:

1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley.

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 97, que queda redactado como sigue:

1. Para las infracciones graves, la sanción será:

a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000,00 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Uno. En el caso de alteración de hitos, 1.000,00 euros por hito afectado.

Dos. En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito, entre 1.000,00 y 5.000,00 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido en función de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracción, de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor. La cuantía mínima será de 3.000,00 euros.

En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo, 300,00 euros diarios.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.

Cuatro. En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de costas, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando este no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público y como mínimo 150 euros.

En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima.

En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150 euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.




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Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta Ley.

b) En el supuesto del apartado b) del artículo 90.2, multa equivalente a 120,00 euros por metro cuadrado y día.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

c) En los supuestos de los apartados c) g) y j) del artículo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.

d) En el supuesto del apartado d) del artículo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico.

e) En el supuesto del apartado e) del artículo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisión.

f) En el supuesto del apartado m) del artículo 90.2 la multa se obtendrá por la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100,00 y 250,00 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales y entre 50,00 y 100,00 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.

h) En los supuestos del apartado l) del artículo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

2. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aquella no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios, ni, en todo caso, a 60.000,00 euros.

En los casos siguientes la sanción será:

a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50,00 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales.

b) En los supuestos del apartado h) del artículo 91, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300,00 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la multa será equivalente al valor del daño causado.

En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave, de 20,00 euros por metro cuadrado y día.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa será de 120,00 euros por metro cuadrado.

e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título, la multa será de 200,00 euros por cada incumplimiento.

f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2, multa de 150,00 euros por incumplimiento.

Ocho. Se modifica el artículo 99, que queda redactado del siguiente modo:

1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando lo sea la Administración del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los siguientes órganos:

a) Jefe del servicio periférico, hasta 60.000,00 euros.

b) Director general, hasta 300.000,00 euros.




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c) Ministro, hasta 1.200.000,00 euros.

d) Consejo de Ministros, más de 1.200.000,00 euros.

2. Estos límites podrán ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3. Las Comunidades Autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000,00 de euros en el ámbito de su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.

4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta Ley, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros.

Nueve. Se modifica el artículo 106, que queda redactado del siguiente modo:

Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propuesta pretende la modificación del régimen sancionador previsto en la Ley de Costas vigente. Los objetivos fundamentales de esta regulación son dos:

Por un lado, reforzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y de tipicidad de la potestad sancionadora que exigen una regulación mediante ley formal de los elementos definitorios de las infracciones y sus sanciones.

Por otro, la mejora de la técnica legislativa utilizada en la Ley de 1988, así como su adaptación a las leyes aprobadas con posterioridad, en especial a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, con el fin de clarificar las conductas constitutivas de infracción administrativa y de las sanciones correspondientes, incluyendo las modificaciones realizadas en la Ley por el presente proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo segundo del Proyecto de Ley, quedando redactados como sigue:

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesión.

Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos.

2. (igual).




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3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

No obstante lo anterior, si se trata de concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en puertos que no son de interés general, la duración de esta prórroga no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido para las concesiones en la legislación estatal sobre puertos de interés general.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará…» (resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Adecuación de la regulación a las peculiaridades de los puertos.

ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 5.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 5 de la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional séptima al Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos.

2. Igualmente las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscrito terrenos de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas presentarán en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio




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Ambiente, para su aprobación, un Plan de adaptación de dichos terrenos y de las estructuras construidas sobre ellos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climático.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda tiene por objeto asegurar que se realicen, tanto por la Administración General del Estado, como por las Comunidades Autónomas planes de diagnóstico y medidas de adaptación a los posibles efectos del cambio climático; dentro del ámbito de competencias estatal en el caso de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre adscrito a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional octava. Garantía del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuración.

1. En atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones, las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general, construidas en dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la presente ley, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continuarán temporalmente su actividad, en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.

2. Una vez que las circunstancias económicas lo permitan deberán iniciarse las actuaciones tendentes a la adecuada sustitución de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inversiones, de modo que queden garantizadas aquellas otras inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depuración de interés general.

3. La presente disposición no se aplicará en ningún caso, a aquellas instalaciones de depuración de aguas residuales que se encuentren construidas en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000.

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende asegurar temporalmente la prestación de los servicios de depuración de aguas residuales, por parte de las instalaciones en funcionamiento.

ENMIENDA NÚM. 182

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifican los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley, que quedan redactados del siguiente modo:

«Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:

a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.

b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda regula con mayor precisión los requisitos necesarios para que los núcleos urbanos no clasificados como tales en 1988, puedan acogerse a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona de servidumbre de protección prevista en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

ENMIENDA NÚM. 183

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un último párrafo a la Disposición final segunda. Títulos competenciales, del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

«La disposición final primera se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en materia de puertos de interés general y de hacienda general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1, cláusulas 20.ª y 14.ª de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar los títulos competenciales que ampara la disposición final primera.




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ENMIENDA NÚM. 184

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final tercera del Proyecto de Ley, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará la revisión del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y dictará las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propone habilitar expresamente al Gobierno para el desarrollo reglamentario de todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 185

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el ANEXO del Proyecto de Ley, al que se refiere su disposición adicional sexta, apartado 1, para añadir dos núcleos que cumplen con los requisitos reseñados en la Exposición de Motivos, quedando el Anexo, como sigue:

«ANEXO

Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría.

– Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.

– Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.

– Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón.

– Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona.

– Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.

– Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.

– Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.

– Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva

– Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.

– El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.

– Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra.

– Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.»

JUSTIFICACIÓN

Los dos núcleos que se proponen excluir cumplen los requisitos a los que se refiere la Exposición de Motivos.




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