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BOCG. Senado, apartado I, núm. 165-1182, de 22/03/2013
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

(621/000026)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 29


Núm. exp. 121/000029)

PROPUESTAS DE VETO

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 11 de marzo de 2013.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

El contenido del presente Proyecto de Ley es una traición al título del mismo, ya que lejos de proteger y dar un uso sostenible al litoral, se favorece su inseguridad y se ampara la destrucción de los ecosistemas y el mantenimiento de la especulación urbanística, que tanto ha afectado a la costa. Es decir, el presente Proyecto de Ley no está motivado por la protección de la costa, sino para dar seguridad jurídica a la especulación costera. Especialmente, con la tremenda reducción de la servidumbre de protección, la ampliación de la moratoria y, además, permitiendo el derecho a compra-venta. La determinación de los bienes de dominio público del litoral no es clara y objetiva, permitiendo la subjetividad, las interpretaciones interesadas y, por tanto, la inseguridad jurídica. Asimismo, las excepciones de la Ley tampoco son objetivas ni motivadas por la protección del medio, de manera que parecen responder más bien a intereses particulares y de privatización que a intereses colectivos y de protección del espacio público.

Medioambientalmente, el presente Proyecto de Ley supone la sentencia de muerte para determinados ecosistemas y paisajes costeros, con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados. Asimismo, se legitima y ampara la destrucción de valiosos espacios naturales como Es Trenc en Sa Ràpita.

Asimismo, el Proyecto de Ley supone un ataque frontal al autogobierno de Catalunya, a las competencias de la Generalitat de Catalunya así como a la autonomía municipal.




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Finalmente, en un contexto de crisis como el actual, hay que señalar el coste económico que supone la pérdida del capital natural (Naciones Unidas estima una gran pérdida económica y ambiental el urbanismo y la contaminación producida por la especulación de los últimos años), las fuertes inversiones para frenar los efectos de la agudización de temporales y subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático (obviando las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente), posibles indemnizaciones a las personas afectadas por la última reforma de la Ley de Costas (que este Proyecto de Ley desacredita y revierte), etc.

Por todo ello, ERC presenta la siguiente enmienda de veto, reclamando la devolución del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

España presenta una longitud de costa de unos 7880 kilómetros, de los que un 24% corresponde a playas. La costa es, por tanto, una parte muy importante de nuestro territorio.

Como respuesta a tal realidad, el Gobierno de España ha presentado y el Congreso aprobado un proyecto de Protección y Uso Sostenible del litoral que abandona el concepto global de protección del litoral, favoreciendo la especulación y privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales. Además, no mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados.

Utiliza como argumentación las insuficiencias e incumplimientos de la Ley de Costas de 1.988, pero realmente pretende una nueva involución en materia de protección medioambiental ya reflejada en reformas anteriores en materia de agua y residuos. Ello convierte la estrategia gubernamental en fuente de serios riesgos toda vez que nuestro país nunca se caracterizó por disponer de una legislación intensamente proteccionista.

Ya la norma aprobada hace veinticinco años reconocía que «se ha producido además con demasiada frecuencia la desnaturalización de porciones del litoral, no sólo porque se ha reconocido la propiedad particular, sino también por la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mara han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad». Igualmente constataba «la destrucción de dunas naturales, las extracciones abusivas de áridos y, en muchas ocasiones, la ejecución de obras marítimas sin tener en cuenta sus perjudiciales efectos», denunciaba «la destrucción de los más importantes núcleos generadores de vida en el medio marino, las marismas» y se lamentaba de que «las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los casos».




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Aunque la normativa que en la que se plasmaba la filosofía de la Exposición de Motivos de la Ley de Costas se quedó corta y la política desarrollada en la materia por los poderes públicos siguió permitiendo nuevos desmanes, al menos había una declaración de principios proteccionistas clara por parte del legislador y con eso va a acabar la reforma planteada. El nuevo planteamiento, manteniendo formalmente el discurso proteccionista, supedita éste a la actividad económica «El desarrollo sostenible se alimenta de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental. Un litoral que se mantenga bien conservado contribuye al desarrollo económico». Lo grave es que se parte de una premisa falsa, la existencia de un litoral bien conservado y, por ello, se renuncia a pretender recuperarlo.

El presente proyecto de ley no es más, por una parte que la renuncia expresa a combatir las agresiones y desaguisados producidos en nuestra costa, apostando por consolidarlos; y, por otra, la continuación de las políticas del Gobierno de abandono de la protección del medio ambiente. Desde el 2011 ha recortado más del 60% la partida presupuestaria destinada a la protección de la costa. Con un litoral desnaturalizado y salpicado de urbanizaciones e industrias en zonas inundables, rías, torrentes o sin elementos naturales de protección como praderas de posidonia o cordones dunares, el recorte presupuestario agrava más la situación pues ni se van a adquirir fincas públicas para su conservación ni se va a poder ejecutar obras de control de la erosión marina.

A pesar de que nuestro litoral es el más degradado de Europa, el Gobierno se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas. Primero reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al litoral, y ahora con una reforma de la ley de costas del 88 que atenta gravemente contra nuestra costa. El Gobierno tampoco sigue las recomendaciones del informe Auken, que reconoce la situación de infracción medioambiental y pelotazo urbanístico en el litoral, y propone medidas como la derogación de las figuras legales que favorecen la especulación, un debate público para implantar una legislación contra la especulación y el desarrollo insostenible, o el acceso a la información y participación ciudadana en el proceso urbanístico, facilitando información medioambiental a los ciudadanos.

Seguramente porque este Gobierno es rehén de las actuaciones y reformas legislativas de los Gobiernos anteriores del PP y, de forma muy destacada, de la reforma de la Ley del Suelo aprobada por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones que tenía como objetivo el aumento de las oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no había sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurriesen razones para su preservación , pudiera considerarse como susceptible de ser urbanizado. Ese es el marco legal que alentó la «burbuja inmobiliaria» y su nefasta proyección sobre la costa española.

Esta reforma debería plantear cómo mejorar los instrumentos de protección de la costa en vez de proteger el interés particular a costa del dominio público. La reforma supone la más extensa desafectación y privatización del dominio público sobre espacios relevantes por su biodiversidad, para la economía y la seguridad de nuestro Estado.

Por otro lado, en la misma línea recentralizadora de otros proyectos, de nuevo se invaden competencias de las Comunidades Autónomas, al ignorar las que éstas tienen en materia urbanística y de ordenación del litoral con el planteamiento de reforma del artículo 199 de la Ley de Costas.

Sumado a todo esto, la propuesta no tiene en cuenta los efectos del cambio climático, con la consiguiente subida del nivel del mar y la alteración de los fenómenos atmosféricos, lo que comporta un peligro para la seguridad de aquellos que viven en la costa.

En todos los países desarrollados se están acometiendo actuaciones que afrontan el problema. Es una irresponsabilidad y una oportunidad perdida no hacerlo al redactar una nueva Ley. La revisión del dominio público marítimo terrestre debería incluir el trazado de un nuevo deslinde que incluya este efecto potencial del cambio climático bajo diferentes escenarios en las zonas de riesgo, revisar los bienes e infraestructuras presentes en las mismas y plantear políticas de retroceso, adaptación y protección. Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, que establece una zona de anchura superior a 100 metros en la que no se podrá construir, así como la adopción de medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales y, en particular del cambio climático.

La defensa del uso común y público del litoral, y la protección de la costa son compatibles con el desarrollo de actividades económicas y turísticas. Pero en este proyecto se antepone el interés particular.




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Reduce enormemente la protección del dominio público marítimo terrestre ya que altera y desnaturaliza los tres elementos básicos de protección del litoral: 1) reduce los terrenos incluidos dentro del dominio público marítimo terrestre; 2) limita y reduce de forma importante la aplicación de la servidumbre de 100 metros, generalizando la servidumbre de 20 metros; 3) amplia de forma totalmente arbitraria y desmesurada, el plazo de las concesiones de ocupación del dominio público que lo extiende a 75 años; y 4) establece varias e importantes excepciones para la aplicación de la Ley: el caso del deslinde de Formentera y de determinados núcleos rurales. El Proyecto desnaturaliza de forma muy sustancial la protección del dominio público marítimo terrestre y priva del uso público una gran parte del territorio litoral y por tanto vulnera el artículo 132 de la Constitución Española y la actuación a la que ha de ajustarse el legislador estatal para garantizar la protección del dominio público marítimo terrestre que ha quedado definida y delimitada en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 149/1991.

La ley excluye de las zonas de dominio público marítimo terrestre algunas formaciones dunares y las zonas inundables creadas artificialmente. Esta medida supone fragmentar el concepto global de litoral sin ninguna motivación ambiental, lo que supone una desprotección ambiental en toda regla. Esto representa la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro, las salinas del Janubio en Lanzarote, las salinas y entorno de La Mata-Torrevieja o las salinas de titularidad pública de Ibiza y Formentera. Esta exclusión de amplios tramos del litoral permite a las mercantiles que explotan estos espacios disponer de una propiedad privada, del que ahora era únicamente concesionario por 30 años. Además que se elimine del dominio público marítimo terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de protección de hasta 100 metros de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre.

La modificación en la ley de costas supone una moratoria para todas aquellas ocupaciones sobre el dominio público marítimo terrestre.

La ampliación de las concesiones a 75 años supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo terrestre, en perjuicio del interés público. En la práctica es una privatización de la costa.

Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo).

El plazo que se eleva a 75 años se realiza incluso respecto de las concesiones que están ya a punto de extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento.

Se permite asimismo la transmisión de todas las concesiones inter vivos. Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el dominio público marítimo terrestre el comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.

Se excluye el 90% del litoral de Formentera del dominio público marítimo terrestre, bajo la excusa de la especial configuración geológica de la isla, sin que quede claro cuál es esta especial configuración que la diferencia de tramos costeros similares de la costa mediterránea española.

Además, el deslinde del dominio público marítimo terrestre en la isla de Formentera ha sido ratificado por más de una decena de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Estas sentencias son firmes a día de hoy y confirman la total legalidad de la actuación administrativa. Sin entender las razones desde el interés general, se van a excluir bosques costeros enteros con sus dunas fijas que son necesarios para el mantenimiento natural y gratuito de la playa.

Se excluyen asimismo del dominio público marítimo terrestre diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la presente situación. Esto supone una amputación en toda regla del concepto global del litoral en el Estado Español, porque excluir ciertas zonas de costas sin atender a ningún criterio es una auténtica barbaridad. Se excluyen playas sitas en provincias como Alicante, Málaga, Valencia y Huelva con una fuerte presión urbanística lo que dejara al libre arbitrario de las administraciones locales y autonómicas determinar los usos. Da la impresión que el gobierno quiere excluir estas playas para meterlas en una burbuja de cristal al servicio del interés especulativo y flexibilización económica.




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Además y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo».

La reforma de la ley de costas establece que los paseos marítimos se entenderán, a todos los efectos, como línea interior de la ribera del mar donde se establece que la administración general del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos. Muchas playas han sufrido cambios irreversibles producidos por la alteración artificial, lo que ha generado problemas en la regeneración de playas así como destrozos en los propios paseos marítimos. Pretender eliminar las zonas de playas que se generan entorno al paseo marítimo, seria eliminar parte de la zona de dominio público. La línea interior de ribera debe respetar su cauce originario

Se clasifican las playas como urbanas y playas naturales, realizando una fragmentación del litoral atendiendo a unos criterios económicos, y sin establecer criterios sobre los posibles usos.

Por todo ello, la reforma de la Ley de Costas supone un retroceso sin precedentes en materia de protección de medio ambiente en el Estado Español, aprovechando la crisis económica para introducir flexibilizaciones legales para favorecer la privatización y especulación sobre el dominio público marítimo terrestre. Una vez más, el medio ambiente sufre un proceso de mercantilización donde se dictan unas reglas de juego que destruyen la biosfera y los ecosistemas.

Por todo ello,

Considerando inadecuada la aprobación de este proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio de conformidad con el Reglamento de la Cámara FORMULAMOS PROPUESTA DE VETO frente al mismo.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto a todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA DE DEVOLUCIÓN AL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.

El Proyecto de Ley remitido por el Gobierno supone una decisión firme para desproteger y sobreexplotar el litoral, exactamente lo contrario a los conceptos de protección y uso sostenible que indica de forma engañosa su título y exposición de motivos. Lo que pretende en realidad es potenciar la especulación en la costa hoy protegida para el enriquecimiento de unos pocos a costa del patrimonio de todos.

Hablamos de la costa como un todo donde confluye la enorme importancia que tiene por su alta densidad de población residente, por ser una fuente de recursos turísticos, por sustentar la actividad de distintos sectores económicos clave, por suponer un eje de comercio, transporte y comunicación que cobra cada vez más importancia y por tener un altísimo valor en el equilibrio ambiental junto con una gran fragilidad ante las agresiones. Hablamos de una costa española que, de sufrir la vuelta de tuerca en la dirección del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, puede dar el golpe de gracia para su deterioro irreversible. No creemos que sea una afirmación exagerada. Podría parecer que estamos ante una reforma menor, porque no se deroga la Ley actual y se pretende un nuevo texto, porque cada medida individual que contiene la reforma tiene un impacto limitado. Sin embargo, la suma de medidas de desprotección




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resulta en su conjunto un atentado letal para el equilibrio territorial de España, sin duda alguna, el mayor desde que el anterior Gobierno del Partido popular aprobara reforma de la Ley del suelo de 1998.

Más allá de las declaradas, existen a juicio del Grupo Parlamentario Socialista dos finalidades evidentes en las modificaciones propuestas: una amnistía inmobiliaria de enormes dimensiones y la aprobación de una encubierta ley del suelo litoral, algo que vulnera escandalosamente el mandato constitucional de preservación del carácter de bien público que debe tener la franja costera y su protección ambiental por su alto valor ecológico y estratégico.

Estas apreciaciones no son exclusivas de nuestro Grupo político. Los distintos análisis de organizaciones, colegios profesionales y expertos independientes que se han pronunciado sobre el Proyecto de Ley coinciden en estas afirmaciones.

Las razones que argumenta el Gobierno y que contiene el Proyecto se quedan en vanas excusas para privilegiar más a unos pocos que tienen inversiones y derechos directamente afectados. Con esta reforma se convierten en mercancía privada más espacios naturales y de dominio público costero que hemos conseguido que queden libres del ladrillo y la especulación. Ahí reside a nuestro juicio la mayor gravedad de la propuesta.

La prórroga de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre es una prueba evidente de esos privilegios. No existe urgencia temporal alguna que justifique la modificación legal, ya que aún falta más de un lustro para que finalicen las concesiones previstas por la Ley de costas de 1988. El Proyecto da por hecho, sin una explicación suficiente, el motivo por el que se quiere ampliar concesiones en lugar de recuperar, para el uso y disfrute común, los valiosos espacios que forman parte indiscutida del dominio público.

Debería concluirse el deslinde previsto en la vigente Ley de Costas, en igualdad de condiciones en todo el litoral. De no hacerlo así, se dará carta de naturaleza a un agravio que desembocará en innumerables litigios contra el Estado.

Debemos exigir a quien presenta el Proyecto que ofrezca razones suficientes sobre por qué escoge la prórroga de concesiones en lugar de la recuperación y por qué con un plazo de tiempo, nada menos que 75 años, que de facto asimila la concesión a la propiedad. No es de recibo hurtar a la ciudadanía de este debate.

En otro bloque de modificaciones, la reforma incide en una serie de medidas con el denominador común de la desprotección del litoral. La costa pasa de ser un bien común a un elemento al servicio de la especulación. Entre estas medidas, están aquellas que disminuyen o eliminan la superficie considerada como dominio público marítimo terrestre, por ejemplo, en las marinas, terrenos inundables por el mar (salinas y espacios destinados a acuicultura) y las dunas o las que convierten las denominadas «playas urbanas» en suelo comercial según lo que se determine reglamentariamente.

Además, el objetivo que persigue la vigente Ley de Costas, que prohíbe la edificación en los primeros cien metros contiguos a la ribera del mar a través de la llamada servidumbre de protección, se va a quedar reducido a la nada con la medida contenida en el Proyecto de Ley, que viene a limitar los efectos de esta servidumbre a 20 metros al aplicarla a suelos que no tienen la condición de urbanos, lo que va a convertir en solares toda la primera línea del litoral y terminar de urbanizar y edificar toda la costa.

Igualmente, preside el Proyecto un inadmisible conjunto de ausencias. No ha existido un trámite obligado en donde se hayan escuchado a quienes sin duda tienen mucho que decir. No hay consulta a la ciudadanía ni a organizaciones que tengan entre sus fines la protección del litoral, no ha habido consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias ni a las Comunidades Autónomas. Falta transparencia, información pública y participación. Tampoco existe mención alguna al Informe publicado este mismo año por la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que precisamente evalúa la gestión y funcionamiento de las demarcaciones de costas para la protección del dominio público marítimo terrestre, ignorándolo y contraviniéndolo. Ninguna referencia al Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) del Mediterráneo, desarrollo del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo, nada sobre las Directiva Marco de política de aguas y la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, de los cuales se distancia ostensiblemente. En el año 2012 y tras las recientes consecuencias de los temporales en el Mediterráneo o los más graves en el Caribe y en la costa este de Estados Unidos, es clamorosa la inexistente mención del cambio climático en la regulación que afecta de lleno a una de las zonas más sensibles a este fenómeno.

Todas estas ausencias son el más claro exponente de la errónea perspectiva y de este Proyecto, que no tiene en cuenta las múltiples interrelaciones que conlleva cualquier modificación del uso de la costa,




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tanto por el impacto que puede producir su utilización en el entorno, como por las consecuencias en ella del estado de las aguas terrestres, marinas y del calentamiento global. Por desgracia, la frecuencia y magnitud de diferentes catástrofes que están afectando a las costas han advertido a toda la población de los peligros del aumento de las construcciones en la primera línea de mar. En este contexto, en lugar de instar regulaciones y actuaciones que prevean las consecuencias de la aparición de fuertes temporales o de la subida del nivel de océanos y mares, se opta por amparar actuaciones que aumentan la exposición a esos riesgos, sin que se prevea ningún tipo de compensación a los afectados.

En otro orden de cosas, esta reforma se justifica para defender la seguridad jurídica, una afirmación que en absoluto queda demostrada. Cuando se trata de conocer la situación legal de un terreno, de una vivienda o de una explotación en el litoral sabemos que existe un régimen jurídico complejo, porque entran en juego normativas estatales, autonómicas y locales, Derecho civil y administrativo, derechos de particulares e intereses generales. Es así porque en la zona marítimo terrestre existe una superposición inevitable de regulaciones que, efectivamente, han de conciliarse, porque la propia distribución competencial de la Constitución española así lo ha configurado, pero de ello no se puede inferir la existencia de inseguridad jurídica ni dejará de ser así con la modificación de la Ley de Costas. La realidad es que el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento a favor de la Ley vigente y que más del noventa y cinco por ciento de los recursos instados contra su aplicación resueltas por el Tribunal Supremo en torno a la Ley y su Reglamento se han resuelto a favor de su aplicación.

La Ley de costas tenía y tiene un espacio de aplicación que, con la actual redacción e interpretación jurisprudencial, con el desarrollo normativo y los deslindes prácticamente completos, resulta del todo nítido para ser aplicado por las diferentes administraciones y operadores jurídicos implicados. La Ley de costas de 1988 es una Ley ambiciosa, con una indudable finalidad protectora del litoral, que ha constituido una barrera a los abusos urbanísticos tan entrelazados con la crisis bancaria y del ladrillo que hoy sufrimos en España. Solamente la ven como una Ley obsoleta los que quieren disminuir su influencia y protección.

Además, abundando en ese análisis jurídico, el propio Proyecto contiene graves defectos que lejos de suponer mejoras, serán fuentes de problemas muy serios. Los nuevos deslindes pueden ser nueva fuente de conflictos. Los casos singulares tratados en la norma adolecen de una justificación suficientemente fundamentada y, además de injustos, podrían calificarse de discriminatorios y, por tanto, atentarían contra el principio de igualdad.

La atribución de facultades al Delegado del Gobierno para suspender actos y acuerdos de entidades locales, lo que el propio Gobierno ha dado en llamar cláusula «anti Algarrobico», ha sido censurada por la Federación Española de Municipios y Provincias por vulnerar a autonomía local y ser contraria a los principios constitucionales de actuación administrativa. Este Grupo Parlamentario sin duda es partidario de que existan controles eficaces para paralizar eventuales invasiones del dominio público o construcciones ilegales en la zona de servidumbre de protección. Lo que no estamos dispuestos es a que una finalidad razonable justifique unos medios inadecuados. Esos controles que podría ejercer la Administración General del Estado, como garante de la integridad del dominio público marítimo terrestre, han de ser compatibles con las competencias de las Administraciones autonómicas y locales.

En síntesis, el problema de este Proyecto es que va en dirección opuesta al que debería ir. El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general. Otra vez la perspectiva individual frente al bien común. No cabe extrañarse: las Administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una traba para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de disfrutar de una evidente amnistía frente a las mismas. Cuando se espera que los países avanzados demos ejemplo en desarrollo sostenible y protección ambiental, retrocedemos a los años 60 y 70 del siglo XX cuando cada país actuaba por su cuenta, desvinculado del contexto e influencia global, y cuando se justificaba el uso intensivo e irresponsable de la costa sin tener en cuenta la protección y conservación. El Grupo Parlamentario Socialista considera inadmisible e injustificable el paso atrás que se produce y por tanto, considera que la actual protección del litoral de la que la Ley vigente es el mejor garante.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista propone la DEVOLUCIÓN al Gobierno del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 268 de julio, de Costas.




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El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

El Gobierno de España ha presentado un proyecto de Protección y Uso Sostenible del litoral que abandona el concepto global de protección del litoral, favoreciendo la especulación y privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales. Además, no mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados.

El presente proyecto de ley no es más que la continuación de las políticas del Gobierno de abandono de la protección del medio ambiente. Desde el 2011 ha recortado más del 60% la partida presupuestaria destinada a la protección de la costa. Con un litoral desnaturalizado y salpicado de urbanizaciones e industrias en zonas inundables, rías, torrentes o sin elementos naturales de protección como praderas de posidonia o cordones dunares, el recorte presupuestario agrava más la situación, pues ni se van a adquirir fincas públicas para su conservación ni se va a poder ejecutar obras de control de la erosión marina.

A pesar de que nuestro litoral es el más degradado de Europa, el Gobierno se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas. Primero reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al litoral, y ahora con una reforma de la ley de costas del 88 que atenta gravemente contra nuestra costa. El Gobierno tampoco sigue las recomendaciones del informe Auken, que reconoce la situación de infracción medioambiental y pelotazo urbanístico en el litoral, y denuncia la ausencia de una transposición correcta de las Directivas sobre el blanqueo de dinero; que no se ha acotado en la legislación urbanística la definición de interés general aprobando proyectos insostenibles, obviando informes negativos de las Confederaciones hidrográficas, que se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas y que se han otorgado poderes excesivos a los urbanistas y promotores inmobiliarios a expensas de las comunidades y los ciudadanos.

El informe propone medidas como la derogación de las figuras legales que favorecen la especulación, un debate público para implantar una legislación contra la especulación y el desarrollo insostenible, o el acceso a la información y participación ciudadana en el proceso urbanístico, facilitando información medioambiental a los ciudadanos.

Esta reforma debería plantear cómo mejorar los instrumentos de protección de la costa en vez de proteger el interés particular a costa del dominio público. La reforma supone la más extensa desafectación y privatización del dominio público sobre espacios relevantes por su biodiversidad, para la economía y la seguridad de nuestro Estado.

Sumado a todo esto, la propuesta no tiene en cuenta los efectos del cambio climático, con la consiguiente subida del nivel del mar y la alteración de los fenómenos atmosféricos, lo que comporta un peligro para la seguridad de aquellos que viven en la costa.

En todos los países desarrollados se están acometiendo actuaciones que afrontan el problema. Es una irresponsabilidad y una oportunidad perdida no hacerlo al redactar una nueva Ley. La revisión del dominio público marítimo terrestre debería incluir el trazado de un nuevo deslinde que incluya este efecto potencial del cambio climático bajo diferentes escenarios en las zonas de riesgo, revisar los bienes e infraestructuras presentes en las mismas y plantear políticas de retroceso, adaptación y protección. Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, que establece una zona de anchura superior a 100 metros en la que no se




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podrá construir, así como la adopción de medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales y, en particular del cambio climático.

La defensa del uso común y público del litoral, y la protección de la costa son compatibles con el desarrollo de actividades económicas y turísticas. Pero en este proyecto se antepone el interés particular. Reduce enormemente la protección del dominio público marítimo terrestre ya que altera y desnaturaliza los tres elementos básicos de protección del litoral: 1) reduce los terrenos incluidos dentro del dominio público marítimo terrestre; 2) limita y reduce de forma importante la aplicación de la servidumbre de 100 metros, generalizando la servidumbre de 20 metros; 3) amplia de forma totalmente arbitraria y desmesurada, el plazo de las concesiones de ocupación del dominio público que lo extiende a 75 años; y 4) establece varias e importantes excepciones para la aplicación de la Ley: el caso del deslinde de Formentera y de determinados núcleos rurales. El Proyecto desnaturaliza de forma muy sustancial la protección del dominio público marítimo terrestre y priva del uso público una gran parte del territorio litoral y por tanto vulnera el artículo 132 de la Constitución Española y la actuación a la que ha de ajustarse el legislador estatal para garantizar la protección del dominio público marítimo terrestre que ha quedado definida y delimitada en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 149/1991.

La ley excluye de las zonas de dominio público marítimo terrestre algunas formaciones dunares y las zonas inundables creadas artificialmente. Esta medida supone fragmentar el concepto global de litoral sin ninguna motivación ambiental, lo que supone una desprotección ambiental en toda regla. Esto representa la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro, las salinas del Janubio en Lanzarote, las salinas y entorno de La Mata-Torrevieja o las salinas de titularidad pública de Ibiza y Formentera. Esta exclusión de amplios tramos del litoral permite a las mercantiles que explotan estos espacios disponer de una propiedad privada, del que ahora era únicamente concesionario por 30 años. Además que se elimine del dominio público marítimo terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de protección de hasta 100 metros de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre.

La modificación en la ley de costas supone una moratoria para todas aquellas ocupaciones sobre el dominio público marítimo terrestre.

La ampliación de las concesiones a 75 años supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo terrestre, en perjuicio del interés público. En la práctica es una privatización de la costa.

Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral, por ejemplo).

El plazo que se eleva a 75 años se realiza incluso respecto de las concesiones que están ya a punto de extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento.

Se permite asimismo la transmisión de todas las concesiones inter vivos. Esto, unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el dominio público marítimo terrestre el comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.

Se excluye el 90% del litoral de Formentera del dominio público marítimo terrestre, bajo la excusa de la especial configuración geológica de la isla, sin que quede claro cuál es esta especial configuración que la diferencia de tramos costeros similares de la costa mediterránea española.

Además, el deslinde del dominio público marítimo terrestre en la isla de Formentera ha sido ratificado por más de una decena de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Estas sentencias son firmes a día de hoy y confirman la total legalidad de la actuación administrativa. Sin entender las razones desde el interés general, se van a excluir bosques costeros enteros con sus dunas fijas que son necesarios para el mantenimiento natural y gratuito de la playa.

Se excluyen asimismo del dominio público marítimo terrestre diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la presente situación. Esto supone una amputación en toda regla del concepto global del litoral en el Estado Español, porque excluir ciertas zonas de costas sin atender a ningún criterio es una auténtica barbaridad. Se excluyen playas sitas en provincias como Alicante, Málaga,




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Valencia y Huelva con una fuerte presión urbanística, lo que dejara al libre arbitrario de las administraciones locales y autonómicas determinar los usos. Da la impresión que el gobierno quiere excluir estas playas para meterlas en una burbuja de cristal al servicio del interés especulativo y flexibilización económica.

Además, y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI), puesto en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo».

La reforma de la ley de costas establece que los paseos marítimos se entenderán, a todos los efectos, como línea interior de la ribera del mar donde se establece que la administración general del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos. Muchas playas han sufrido cambios irreversibles producidos por la alteración artificial, lo que ha generado problemas en la regeneración de playas, así como destrozos en los propios paseos marítimos. Pretender eliminar las zonas de playas que se generan entorno al paseo marítimo, sería eliminar parte de la zona de dominio público. La línea interior de ribera debe respetar su cauce originario

Se clasifican las playas como urbanas y playas naturales, realizando una fragmentación del litoral atendiendo a unos criterios económicos, y sin establecer criterios sobre los posibles usos.

Por todo ello, la reforma de la Ley de Costas supone un retroceso sin precedentes en materia de protección de medio ambiente en el Estado Español, aprovechando la crisis económica para introducir flexibilizaciones legales para favorecer la privatización y especulación sobre el dominio público marítimo terrestre. Una vez más, el medio ambiente sufre un proceso de mercantilización donde se dictan unas reglas de juego que destruyen la biosfera y los ecosistemas.

Esta visión no solo es la de este grupo, sino que las principales organizaciones ecologistas y sociales como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción o CCOO coinciden plenamente en que este proyecto es un despropósito a la protección de la costa.

Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de España debe retirar este proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, para buscar el consenso con el resto de grupos parlamentarios, organizaciones ecologistas y grupos sociales para abordar una reforma integral de la Ley de Costas que sea acorde con el concepto de dominio público marítimo terrestre, conservación del litoral y promoción de actividades respetuosas con la gestión integral del litoral.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.




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El contenido del proyecto de Ley procedente del Congreso es un atentado de consecuencias impredecibles sobre la débil fragilidad de nuestras costas. La modificaciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que propone este proyecto de Ley, están claramente dirigidas a desproteger, privatizar, sobreexplotar y, en definitiva, van a provocar un daño irreparable sobre el patrimonio natural de nuestro litoral.

Con el falso argumento de compaginar desarrollo económico y un uso sostenible del litoral, este proyecto de Ley, reduce sin justificación suficiente las zonas del dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre, privatiza algunas áreas, actualmente de dominio público, excluyéndolas del mismo, incluye excepciones discriminatorias incompatibles con la defensa integral de nuestra costa y amplía innecesariamente concesiones para explotaciones económicas y para viviendas en dominio público inadmisibles.

Tras más de 24 años de vigencia de la Ley de Costas, y con el deslinde realizado en más del 95%, se ha demostrado la gran utilidad de la misma en la defensa de la integridad de todo el medio litoral y en la garantía del uso y disfrute público del mismo. Esta norma, hasta ahora, ha sido un excelente instrumento de lucha contra los intentos de modificación del dominio público litoral, evitando su desnaturalización a través de concesiones privativas, como lo viene reconociendo y respaldando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mediante resoluciones favorables en el 96% de los conflictos planteados.

A nuestro juicio no se sostiene el contenido ni la denominación del proyecto de ley como «de protección y uso sostenible del litoral». Para empezar, carece de un estudio del impacto del cambio climático en la costa, que es imprescindible para evaluar los posibles cambios que la modificación normativa va a provocar. Y más, teniendo en cuenta la ratificación del Protocolo relativo a la Gestión integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo (GIZC), que establece como zona libre de construcciones el espacio de anchura mayor de 100 metros a partir del nivel alcanzado por el nivel más alto del mar en invierno, contando «entre otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los riesgos naturales». Tampoco hay ninguna referencia a los últimos convenios o tratados europeos o internacionales de protección del medio marino que motive o justifique el cambio de la Ley.

La modificación salvaje, que propone el proyecto de Ley, de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros tanto en la ribera del mar como en los márgenes de los ríos, al aplicarse en suelos hasta ahora no urbanos va a favorecer la especulación urbanística en terrenos naturales que protegía la Ley vigente como dominio público, siguiendo el mandato de nuestra Constitución. Solamente por esta medida, el proyecto debería denominarse «de desprotección» del litoral.

Por otro lado, el Gobierno incumple su principal objetivo que es de velar por el interés general, para afianzar e incrementar el interés de unos pocos, mediante la prórroga de las concesiones para ocupar el dominio público marítimo-terrestre hasta los 75 años. Por mucho que, en la exposición de motivos, maquillen las verdaderas intenciones de la norma en la seguridad jurídica y en la protección de los derechos de los «legítimos propietarios» de viviendas, en realidad no existen razones jurídicas para reformar el actual régimen de concesiones. Como se ha comentado con anterioridad, la Ley vigente, y concretamente su régimen transitorio, ha sido expresamente declarado constitucional, en la medida que partiendo de la prevalencia del carácter público del propio Dominio Público la norma preveía siempre una compensación «suficiente y equilibrada» según doctrina del Tribunal Constitucional.

Otro de los problemas, y no menor, de los que adolece el proyecto de Ley es el poco acierto en el tratamiento competencial. El dominio público marítimo terrestre es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que confluyen multitud de intereses, y competencias de distintas administraciones, desde la local hasta la estatal, e incluso internacional, y dentro de cada una de ellas de diferentes órganos, por lo que es imprescindible la conciliación, la coordinación y la armonización en el ejercicio de todas esas competencias. Y en esta tarea, el proyecto de Ley falla, ya que algunas modificaciones de la Ley incurren en invasión de competencias, ya sean estatales, autonómicas o municipales.

Por otro lado, el Gobierno insiste en que el proyecto de Ley va a incrementar la seguridad jurídica, y su efecto será justo el contrario. Así, la modificación de los deslindes, la desafectación de marinas y playas urbanas, la singularidad de la reserva de algunos municipios, o el régimen excepcional de deslinde de la isla de Formentera, son medidas discriminatorias, que atentan sobre el principio de igualdad, y provocarán un aumento de los conflictos y de la litigiosidad contra la norma.




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En definitiva, con la presentación de este Proyecto de Ley, el Gobierno demuestra su escasa sensibilidad por el medio ambiente, cuya conservación y protección es una tarea secundaria, mientras se favorece la perpetuación de ocupaciones privativas del dominio marítimo-terrestre que la Constitución consagra como Dominio Público.


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