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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 489, de 07/07/2014
cve: BOCG-10-D-489
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de julio de 2014

Núm. 489


ÍNDICE

Página

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la información alimentaria ... (Página4)

162/000984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reducción de tarifas en las autopistas para las motocicletas ... (Página6)

162/000985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las prospecciones de hidrocarburos en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página7)

162/000986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesaria reforma de las Administraciones Públicas ... (Página8)

162/000987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza para la selección y formación del personal de la administración ... (Página11)

162/000988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la transformación de las mutuas de seguros en sociedades anónimas para garantizar su viabilidad y buena gestión ... (Página13)

Comisión Constitucional

161/002874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a hacer un llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales ... (Página15)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a hacer un llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales ... (Página16)


Página 2




Comisión de Justicia

161/002872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la represión penal del derecho de huelga ... (Página18)

Comisión de Defensa

161/002886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al incendio ocurrido en el campo de adiestramiento ubicado en la Sierra del Retín de Barbate (Cádiz) ... (Página19)

Comisión de Economía y Competitividad

161/002889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la transformación de las mutuas de seguros en sociedades anónimas para garantizar su viabilidad y buena gestión ... (Página20)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/002880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación fiscal de los afectados por la estafa de las participaciones preferentes ... (Página22)

161/002882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la ponencia de valores catastrales de la Vila Joiosa (Alicante) ... (Página23)

161/002887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesaria reforma de las Administraciones Públicas ... (Página24)

161/002888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza para la selección y formación del personal de la administración ... (Página26)

Comisión de Fomento

161/002877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subsidiación de viviendas ... (Página28)

Comisión de Educación y Deporte

161/002878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las titulaciones de Ingeniero e Ingeniero Técnico Informático ... (Página30)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la potencia eléctrica ... (Página32)

161/002884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acceso a la banda ancha en aquellas localidades por las que discurren los diversos Caminos de Santiago ... (Página32)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la alternativa al Canal Bajo para el abastecimiento de agua potable a la Mancomunidad de Municipios del Añarbe en Gipuzkoa ... (Página34)


Página 3




161/002876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la información alimentaria ... (Página35)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002885 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre implementación del Programa de Acción de El Cairo más allá de 2014 ... (Página37)

Comisión de Cultura

161/002883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aportación al Palau de les Arts de Valencia en los Presupuestos Generales del Estado ... (Página39)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reducción de tarifas en las autopistas para las motocicletas ... (Página40)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Educación y Deporte

181/001956 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para conseguir la internacionalización efectiva de las titulaciones superiores impartidas por las universidades españolas ... (Página42)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001955 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre fecha prevista para licitar la obra de construcción de la conducción alternativa al actual Canal Bajo para el abastecimiento de agua potable, destinado a la Mancomunidad de Municipios del Añarbe en Gipuzkoa ... (Página42)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000263 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1453/2014, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra los artículos 1 a 10 de la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra ... (Página43)

232/000298 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1750/2011, interpuesto por Consell de la Generalitat Valenciana, contra la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico ... (Página44)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre información alimentaria, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En octubre de 2011 el Parlamento Europeo aprobaba el Reglamento (UE) N.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Este Reglamento introducía una serie de medidas tendentes a garantizar una adecuada información a los consumidores sobre los alimentos que compran y consumen, afrontando, entre otros, el reto de una mejora en el etiquetado de la comida. Si bien algunos artículos del mismo ya se han desarrollado en nuestro país, existe una importante parte del mismo que todavía está por definir en nuestro ordenamiento jurídico referido a las alergias alimentarias.

De esta manera, el sector de bares, cafeterías y restaurantes debe afrontar el reto de informar a sus clientes de las sustancias alergénicas que contengan sus platos, raciones y aperitivos con el fin de que se puedan consumir sin riesgo. Esto ha de hacerlo con las catorce sustancias que La UE ha definido como ingredientes considerados alérgenos.

Este Reglamento, otorga responsabilidad directa al restaurador sobre la información que debe ofrecer al comensal, bien elabore los platos in situ, bien procedan de terceros. Tal como está redactada dicha normativa, la presencia no declarada de un alérgeno en un alimento que se considera un peligro alimentario, comparable a la presencia de salmonella. Por tanto, parece razonable impulsar medidas destinadas al conocimiento de los alimentos por parte de los trabajadores de este sector así como fomentar -en la medida de lo posible- la presencia de menús detallados con los ingredientes de cada uno de los platos a fin de evitar no solo reacciones alérgicas, sino una posible sanción a los restauradores por el simple desconocimiento de la norma.

Lo cierto es que los casos de alergias alimentarias han aumentado de forma considerable en los últimos veinte años. En España, las alergias alimentarias afectan entre un 4% y un 5% de la población, dato que extrapolado a los 500 millones de habitantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, supone que de diez a veinte millones de personas sufren una alergia alimentaria. A pesar de que se han identificado unos 170 alimentos como causantes de reacciones alérgicas, solo unos doce san los responsables de prácticamente el 90% de estas reacciones.

Según un estudio de la Unión Europea sobre el impacto económico de las alergias a los alimentos, tanto en niños como en adultos el coste sanitario de un paciente adulto alérgico a algún alimento asciende a alrededor de 1.300 euros, un 47% más que el gasto generado por la población no alérgica. En el caso de la población infantil, el impacto sanitario de estas alergias alcanza los 1.400 euros, tres veces más que los menores no alérgicos, que apenas superan los 390 euros.


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Según dicho estudio, los alimentos más frecuentemente implicados en reacciones adversas de los pacientes que acuden al alergólogo son: el melocotón, la leche, el huevo, el melón, las gambas, el pescado, el kiwi, el plátano, la nuez, la sandía, el cacahuete, la manzana, el tomate, el pescado y la avellana. En general, las alergias más frecuentes en España (35% de los casos) tienen que ver con las frutas frescas. El 22% se deben a los frutos secos, el 14%, a las verduras y el 8% al cacahuete. Según este mismo estudio, el 70% de los casos de reacción alérgica por ingesta de alimentos se producen fuera del ámbito doméstico.

Por otro lado, parece necesario trabajar por una gastronomía accesible, sobre todo teniendo en cuenta que además de la población nacional, cada año nos visitan millones de turistas. Así, existen casos de personas que ven limitadas sus oportunidades de disfrutar de la gastronomía del lugar que visitan no solo a causa de sus alergias e intolerancias alimentarias, sino también de la falta de información sobre los ingredientes que contienen los platos o productos típicos de la zona. Esto les impide poder comer en cualquier establecimiento que se les antoje, ya que su salud y seguridad personal se ven amenazadas al no disponer de la información adecuada.

Determinados ingredientes u otras sustancias o productos (como los coadyuvantes tecnológicos), cuando se utilizan en la producción de alimentos y siguen estando presentes en el producto acabado, pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas, y algunas de estas alergias o intolerancias representan un riesgo para la salud de las personas afectadas. Es importante que se facilite también información sobre la presencia de aditivos alimentarios, coadyuvantes tecnológicos y otras sustancias o productos con efectos alergénicos o de intolerancia demostrados científicamente para que los consumidores, especialmente aquellos que sufran una alergia o intolerancia alimentaria, elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Si bien es cierto que nuestro país algunas Comunidades Autónomas (como es el caso de Canarias, que obligará a sus establecimientos a tomar medidas antes de diciembre de este año) en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición están tomando medidas al respecto, lo que está claro es que es necesario impulsar las medidas adecuadas para solucionar esta problemática.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas a fin de que todos los establecimientos de hostelería y restauración informen a sus clientes, cuando estos lo soliciten, de:

a) la denominación del alimento;

b) la lista de ingredientes;

c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo II o derive de una sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada; se destacarán, mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes, aquellas sustancias consideradas en el Reglamento 1169/2011 como alergénicas.

d) la identidad y la composición, las propiedades u otras características de los alimentos y concretamente de:

i) Las propiedades relacionadas con la composición que puedan ser perjudiciales para la salud de determinados grupos de consumidores, como ocurre por ejemplo con los celíacos,

ii) Duración, almacenamiento y uso seguro,

iii) Los efectos sobre la salud, incluidos los riesgos y las consecuencias relativos al consumo perjudicial y peligroso de un alimento;

e) información sobre las características nutricionales para permitir que los consumidores, incluidos los que tienen necesidades dietéticas especiales, tomen sus decisiones con conocimiento de causa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


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162/000984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción de tarifas en las autopistas para las motocicletas, para su debate en Pleno.

Las últimas medidas realizadas por los distintos gobiernos de España para reducir la tasa de siniestralidad en las carreteras han tenido resultados positivos, el carné por puntos y las distintas campañas de sensibilización han logrado reducir dicha tasa. Sin embargo, todavía hay trabajo por realizar ya que las víctimas mortales por cada 100 millones de vehículo-kilómetro en España es de 0,58 según el Análisis de la accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2011 (AARCE) realizado por el Ministerio de Fomento, mientras que países como Reino Unido, Suecia y Holanda entre otros Estados europeos tienen una menor tasa, a la que debemos aspirar.

El AARCE contempla en su evolución de indicadores parciales en los heridos graves y fallecidos en motocicletas como el indicador que menos descenso va percibir hasta el año 2020. El indicador muestra únicamente un descenso del 20%, por lo que se deberían llevar a cabo medidas adicionales para contribuir a un mayor descenso de la siniestralidad en este sector.

El tipo de vía es un factor determinante relacionado con la siniestralidad según el Balance de Seguridad Vial 2013 realizado por el Ministerio del Interior. Las vías convencionales son las que perciben una mayor siniestralidad, se computaron 898 fallecimientos en el año 2013, mientras que la siniestralidad en las autovías y autopistas es mucho menor. En las autopistas se registraron 52 fallecimientos durante el mismo año, evidenciando que las autopistas son las vías más seguras ya que es donde menos siniestralidad se registra. Según el AARCE, el número de accidentes de motocicletas en vías convencionales fue tres veces superior al de las vías de gran capacidad, incluidas las autopistas. La mortalidad en las vías convencionales casi duplica a las vías de gran capacidad.

Mientras la mortalidad debido a los siniestros descendió en los turismos en un 18% en el año 2013 y los de furgoneta registraron un descenso de veintiséis fallecidos menos que en el año 2012, la mortalidad de los usuarios de las motocicletas aumentó. Por ello debemos prestarle mayor atención a este sector y más teniendo en cuenta que tal y como preveía el Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores, realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico a expensas del Ministerio del Interior, el número de ciclomotores, pero también de motocicletas de mayor cilindrada, ha aumentado en España en los últimos años. El motivo principal es la falta de fluidez en la circulación en el acceso a las grandes ciudades en horas punta, convirtiéndose la motocicleta en una alternativa elegida por muchos ciudadanos. De forma que implementar políticas que favorezcan la circulación de las motocicletas por vías de gran capacidad incluidas las autopistas favorecerá una reducción en la siniestralidad de las mismas, además de cumplir el artículo 43.2 de la Constitución Española que regula que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Por otra parte, los atascos en las carreteras cuestan una ingente cantidad de dinero tanto a empresas privadas como a empresas públicas, se calcula que en torno a 5.000 millones de euros podían ahorrarse con la implementación de políticas adecuadas que estuviesen destinadas a mitigarlos. Así como el tiempo perdido que afecta tanto al ámbito privado como al público. Fomentar el uso de las autopistas entre los usuarios de las motocicletas implicaría un descenso de la congestión que aparece en las entradas de las grandes ciudades a determinadas horas. Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios de motocicletas también cuentan con vehículos de cuatro ruedas, con lo que fomentar el uso de los vehículos de dos ruedas por las vías de gran capacidad implicaría no solo un descenso de la siniestralidad, también afectaría de forma positiva a la economía disminuyendo los atascos de tráfico.

Reducir las tarifas de las autopistas para las motocicletas es una medida que ayudaría a mitigar los problemas de siniestralidad y de las congestiones de tráfico, pero no únicamente, ya que las motocicletas según el Plan de Calidad del Aire 2012 de la Comunidad de Madrid emiten menos del 12% de las emisiones totales de óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, mientras que vehículos más pesados son responsables casi el 85% de estas emisiones. El impacto en el medio ambiente tan reducido llevó a la Comunidad de Madrid a promover a través de incentivos la sustitución de vehículos más contaminantes por motocicletas.


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Los peajes de las autopistas están divididos en vehículos pesados y vehículos ligeros; esta última categoría abarca desde microbuses o furgonetas hasta motocicletas, sin distinguir la gran diferencia que existen entre los mismos, a pesar de que el número de personas que pueden viajar en turismos y microbuses sea muy superior en éstos comparado con las motocicletas. Distinción que si hacen en países de nuestro entorno como Francia e Italia.

Tal y como redacta el artículo 51.1 de la Constitución Española, "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Las tarifas de las autopistas tienen el propósito de financiarla, mantenerla, operarla y mejorarla; teniendo en cuenta que la capacidad de carga tanto de personas como de materiales es mucho menor en las motocicletas, el impacto en el pavimento es también muy inferior al de otros vehículos, con lo que las tarifas deberían de contemplar estos factores con objeto de conseguir un peaje justo que refleje las características de estos vehículos, menos contaminantes y que erosionar menos el firme.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear una división dentro del grupo tarifario de vehículos ligeros de las autopistas que contemple la distinción entre vehículos de cuatro ruedas y motocicletas.

2. Implementar una reducción de tarifa para el uso de las autopistas, en el subgrupo de vehículos ligeros, en el que esté incorporada la motocicleta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

162/000985

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las prospecciones de hidrocarburos en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, para su debate en el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

A pesar del clamor de la sociedad canaria y sus instituciones contra las prospecciones de hidrocarburos en sus costas, el pasado 29 de mayo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a la autorización que el Ministerio de Industria, Turismo y Energía tramita en favor de Repsol, con relación a su solicitud de prospectar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Veinticuatro horas después de la citada aprobación, el mismo Ministerio desbloqueaba la tramitación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado como Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote.

La propuesta de declarar como LIC las aguas situadas al oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura surge del programa científico LIFE+INDEMARES Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea.

Este proyecto ha estado coordinado por la Fundación Biodiversidad y en él han participado instituciones de primer orden en el ámbito de la gestión, la investigación y la conservación del medio marino, tales corno el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ALNITAK, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, OCEANA, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, SEO/BirdLife y WWF España.


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En base a las conclusiones de INDEMARES el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha propuesto la inclusión de diferentes espacios en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria.

Así, a finales de 2013 se sometieron a información pública las siguientes áreas: Sistema de cañones submarinos occidentales del golfo de León, Canal de Menorca, Volcanes de fango del golfo de Cádiz y Banco de Galicia.

Ya en marzo de 2014, el Ministerio sometió a información pública la inclusión de las áreas conocidas como Sistema de cañones submarinos de Avilés, Sur de Almería-Seco de los Olivos, Espacio marino de Alborán, Espacio marino de Illes Columbretes, Banco de la Concepción (al noreste de Lanzarote).

Quedaba sin tramitar, hasta el pasado 31 de mayo, la declaración del LIC que afectaría a la zona denominada Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote, íntimamente relacionado con la zona en la que se pretende autorizar por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Energía las prospecciones de Repsol.

El retraso en la declaración del LIC situado en el Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote ha tenido como consecuencia inmediata que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el seno de la autorización para las prospecciones solicitada por Repsol se haya realizado obviando la necesidad de determinar la más que probable afección de las pretendidas prospecciones a los valores a proteger en el LIC.

Tal circunstancia adquiere el carácter de inexplicable cuando se pone de manifiesto que la dirección política responsable de la declaración del LIC y de la Declaración de Impacto Ambiental es la misma, por lo que la única explicación a este cronograma, más que ser fruto de la descoordinación, es que responde a una voluntad predeterminada del Gobierno, como estratagema orientada a facilitar la Declaración de Impacto Ambiental.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revocar la Declaración de Impacto Ambiental favorable a las prospecciones pretendidas por Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

2. Suspender la tramitación de cualquier otra Declaración de Impacto Ambiental referida a las citadas prospecciones hasta la culminación del expediente de inclusión del Espacio marino de Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote en la Lista de Lugares de Interés Comunitario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria reforma de las Administraciones Públicas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La reforma de las Administraciones Públicas españolas es una necesidad evidente para conseguir mejorar !a gestión de las políticas públicas dirigidas a los ciudadanos y ayudar, desde el sector público, al crecimiento del país. Colaboraría, así mismo, a la generación de buenas prácticas de gestión que sirvan de estímulo y generen confianza al sector privado y coadyuven a un cambio cultural en la forma de funcionamiento de nuestras instituciones. También es imprescindible para evitar el despilfarro de dinero en gastos inútiles y políticas ineficientes.


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Las reformas de la Administración no se pueden quedar en meros aspectos superficiales, sino que han de ser realizadas con profundidad, atendiendo a los principales problemas que hoy presenta.

1. Falta de estrategia en el medio y largo plazo. La prevalencia de políticas cortoplacistas ha ocasionado errores graves de gestión y supuesto grandes sumas de despilfarro en gasto público inútil.

2. Excesivo y desigual tamaño de las Administraciones. Estas tienen una desproporción de entes superfluos y redundantes y, al tiempo, en ciertos sectores de la actividad pública carecen de los medios materiales y del personal cualificado necesario. Este problema se da tanto en cada Administración como respecto de las demás de diferente ámbito territorial, ya que existen duplicidades tanto internas como externas. Por otra parte, han surgido en todas ellas "administraciones políticas paralelas", derivadas del abuso de los nombramientos de personal eventual.

3. Falta de estabilidad de las estructuras administrativas y adecuación a las políticas públicas para las que son competentes. El desarrollo de políticas a largo plazo exige estabilidad en las estructuras administrativas y su modernización para dar respuesta a los nuevos retos. Ahora, la estructura departamental se puede modificar por una simple ocurrencia del gobernante de turno.

4. Abuso de las externalizaciones en sectores de la administración donde se cuenta con personal cualificado para realizar las funciones públicas que son externalizadas.

5. Carencia de una cultura de la evaluación y el aprendizaje a través de las mejores prácticas públicas. No hay una cultura de evaluación de las políticas públicas de cada Administración y entre Administraciones, para extraer las consecuencias oportunas y lograr una mayor motivación, productividad, flexibilidad e innovación en su funcionamiento.

6. Un modelo de función y empleo público antiguo y excesivamente politizado. Se ha socavado la existencia de una administración profesional y meritocrática. Los nombramientos de eventuales y de los directivos públicos (en muchos casos arbitrarios) han conducido a la existencia de una administración política paralela. También falla el sistema de selección de funcionarios y empleados púbicos, porque permite intromisiones políticas o prácticas nepotistas (sobre todo en las administraciones locales, autonómicas y en parte de la administración institucional del Estado) y no garantiza suficientemente el mérito y la capacidad. Asimismo, las actuales oposiciones pueden no estar sirviendo en todos los casos para seleccionar personas con capacidad de análisis e innovación. Tampoco hay mecanismos que valoren el rendimiento de los empleados públicos y el desempeño de su puesto de trabajo. Por otra parte, las plantillas están mal dimensionadas cuantitativa y cualitativamente, ya que hay sectores de la administración con un exceso de empleados públicos y baja formación y otros con defectos de personal en número y cualificación. Debe, por otra parte, estudiarse cuál ha de ser el régimen jurídico de los trabajadores de la Administración, garantizando que todos aquellos que ejerzan "poder público", labores de asesoramiento legal y financiero o control e inspección tengan un régimen de funcionario público para garantizar su imparcialidad e independencia.

7. Falta de independencia de los órganos de control. El Tribunal de Cuentas debería ser un órgano judicial ordinario de carácter contable con total independencia del poder político, para poder realizar un control adecuado. Sin esta reforma, cualquier mejora del control de los partidos políticos o de la Administración será insuficiente.

8. Una administración local anticuada y una administración autonómica desmesurada. Los problemas detectados en la Administración del Estado, se agravan en muchas ocasiones en la Administración Autonómica y Local. Estas administraciones necesitan de importantes reformas, algunas de las cuales se pueden aplicar directamente desde la legislación del Estado, y en otras ocasiones (como la redefinición competencial con las comunidades autónomas y la supresión de las diputaciones provinciales) exigen reformas constitucionales.

La administración local tiene un importante problema de falta de tamaño en miles de sus municipios y las diputaciones realizan funciones redundantes con un elevado gasto inútil. Otro problema que presentan es el de la selección de su personal, ya que ha habido muchos casos de nepotismo y prácticas clientelares que han afectado a la gestión de sus servicios. La ausencia de estas reformas supone elevadas cifras de despilfarro de dinero público.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no ha abordado ninguna de estas cuestiones esenciales y, al revés, ha reforzado a las diputaciones provinciales, que tienen una legitimidad democrática atenuada, escasos controles internos y un elevado grado de opacidad y arbitrariedad en su gestión.


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9. Carencia de mecanismos de responsabilidad (política, administrativa y penal) por mala gestión, incluyendo a los máximos dirigentes. Para evitar este descontrol y la corrupción son necesarios transparencia e incentivos (internos y externos) para denunciar.

Frente estos problemas, el Gobierno propuso la elaboración de un informe (llamado CORA) que, aunque tiene alguna propuesta acertada, ha adolecido de la falta de una visión estratégica que permitiera plantear una reforma en profundidad, ante los nuevos retos que deben afrontar las políticas públicas y su gestión. Y si el informe era ya insuficiente, lo es aún más el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, aprobado en el Congreso, dado que en él faltan tanto esa visión como la aplicación de algunas de las propuestas más interesantes de la CORA.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas constitucionales y legales precisas para la modernización de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Elaborar estrategias de políticas públicas a medio y largo plazo.

2. Reordenar el tamaño de la administración del Estado, suprimiendo redundancias y duplicidades internas y entes superfluos, incluyendo las existentes en los entes públicos no administrativos. Ello es compatible con aumentar la capacidad en ciertos sectores de !a actividad pública que ahora carecen de los medios materiales y personales necesarios.

Esta clarificación debe realizarse dentro de cada Administración y respecto de las demás de diferente ámbito territorial, suprimiendo tanto las duplicidades internas como las externas. Hay que terminar en todas ellas con las administraciones políticas paralelas, que surgen del abuso de los nombramientos de eventuales. Se publicarán estados actualizados a año vencido del número de organismos y empresas públicas por CCAA y Ayuntamientos. Se preverán medidas de penalización para los que no reduzcan su número de acuerdo a unos objetivos cuantificables.

3. Dotar de estabilidad a las estructuras administrativas, incluidas las departamentales; reducción de la tipología de entes públicos y determinación de su régimen jurídico.

4. Control de las externalizaciones de las funciones públicas. No podrán hacerse cuando la Administración tenga medios materiales y personales suficientes para realizar por ella misma esas funciones.

5. Realización de la evaluación de políticas públicas de forma general y con consecuencias para los gestores responsables de graves ineficiencias.

6. Reforma de la función y el empleo público:

a) Profesionalización de la dirección de la Administración.

b) Modificación de los sistemas de selección de los trabajadores de las Administraciones, para garantizar mejor su mérito y capacidades (entre ellas, !as de análisis e innovación).

c) Reglas más estrictas contra el nepotismo.

d) Redimensionamiento de las plantillas públicas y adecuación del personal a los puestos de trabajo.

e) Movilidad entre Comunidades Autónomas.

f) Evaluación de los empleados públicos y de !as unidades en que se integran.

g) Clarificación de su régimen jurídico, según las funciones que desarrollen.

7. Órganos de control verdaderamente independientes. El Tribunal de Cuentas será un órgano judicial ordinario de carácter contable, con total independencia del poder político.

8. Supresión de la Diputaciones Provinciales y fusión de municipios. Supresión de duplicidades y redundancias entre los diferentes niveles administrativos territoriales. Regulación por el Estado de las medidas de modernización administrativa que deberían ser aplicadas por la Administración autonómica y local.

9. Frente a los casos de descontrol y corrupción en las Administraciones, mayor transparencia e incentivos (internos y externos) para denunciar.


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10. Reducir (o eliminar en los casos en que sea posible) los gabinetes y el personal eventual en la Administración, así como mayor control de las "puertas giratorias" y de la contratación en empresas públicas de personas por su cercanía al poder político."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

162/000987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza para la selección y formación del personal de la administración, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En el año 2012, el Gobierno de España creó una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que, tras varios meses de trabajo, emitió un Informe con sus recomendaciones.

En la sección dedicada a la reestructuración del sector público administrativo, empresarial y fundacional del Estado, el informe CORA propuso que se integraran determinados servicios o actividades de cuatro organismos de formación:

- Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

- Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

- Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO).

A pesar de su timidez, estos planteamientos fueron totalmente olvidados a la hora de redactar el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Ese proyecto ignoró absolutamente la medida propuesta por la CORA (igual que muchas otras medidas incluidas en este Informe, que fue en buena parte ignorado por el Gobierno en su Proyecto de Ley).

UPyD tiene la convicción de que es necesaria una reforma de los centros de formación de la Administración General del Estado, así como de los procedimientos de selección del personal al servicio de la Administración, en un sentido unificador de esfuerzos, de eliminación de duplicidades innecesarias y de mejora en la formación integral de los empleados públicos, mediante la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y la supresión de los órganos que resulten redundantes tras la reforma.

La reforma debe hacerse unificando organismos por tres causas fundamentales:

a) Para lograr la mayor eficacia del nuevo organismo en la selección y formación de funcionarios y personal laboral. Una integración hecha con sentido estratégico debe tener en cuenta que la selección y la formación de empleados públicos necesariamente debe ser interdisciplinar. Es conveniente aunar las distintas especialidades para compartir la parte común de la formación, que es mucha, desarrollando las especialidades que los distintos colectivos puedan necesitar.

b) Para un mejor servicio al ciudadano, ya que será solamente un centro el encargado de realizar todos los procesos de selección, centralizando toda la información, facilitando las gestiones y evitando las convocatorias de puestos de trabajos en algunos organismos de la administración con insuficiente publicidad y transparencia.

c) Por el ahorro que se puede derivar de la supresión de los numerosos servicios de tipo común que necesitan los diversos Institutos o Escuelas y otros organismos de la Administración.

Aunque la selección y formación del personal debieran ser siempre elementos clave de la gestión de los recursos públicos, en el actual entorno de crisis esto cobra aún más sentido. Es imprescindible que la Administración sea capaz de gestionar sus recursos humanos de manera rápida y flexible, dando respuesta


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a las necesidades actuales y aumentando su competitividad a través de la mejora del capital humano. Todo ello con un escrupuloso respeto al marco de los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge el artículo 103 de la Constitución. En suma, hay que reforzar esos principios y lograr una administración altamente capaz, que reclute a profesionales muy cualificados y preparados para realizar múltiples funciones.

Por estos motivos, consideramos que la figura de la Agencia Estatal, regulada por la Ley 28/2006, de 18 de julio, puede cubrir de forma adecuada esta necesidad de flexibilidad en la gestión, al mismo tiempo que garantizar la independencia de la Administración en el desarrollo de esta función. Esta Agencia sería la responsable de dos elementos básicos en la ejecución de la política de recursos humanos de la Administración: la selección y la formación de personal.

Los procesos de selección deben estar centralizados, no como ocurre en la actualidad, en que (en el caso de los Cuerpos y Escalas especiales) es cada Departamento Ministerial el responsable. Una selección centralizada permitirá obtener economías de escala en el desarrollo de todos los procesos selectivos: aplicaciones informáticas de gestión de los procesos selectivos, equipos administrativos comunes, ahorros en alquileres de aulas de exámenes y contratación de personal de vigilancia, mejor planificación de todos los procedimientos en el tiempo... Además, favorecerá al ciudadano, ya que deberá acudir solamente a un organismo para obtener toda la información completa sobre las convocatorias existentes. Por otro lado, se evitarían convocatorias de plazas aisladas, a las que en algunos casos no se les da la publicidad suficiente, de modo que se limitan las oportunidades de participación de los ciudadanos. Así mismo, permitiría replantear las pruebas y conocimientos precisos para desempeñar puestos en la administración, de forma que se potencien otras cualidades además de las memorísticas. También podrían abrirse cauces comunes de acceso a cuerpos de la administración, que se especializarían tras rigurosos cursos selectivos en la Agencia.

Otra función que la nueva Agencia debería asumir es la cooperación con la administración local para la selección y formación de sus funcionarios y personal laboral. Hay que aprovechar esta Agencia para terminar con los problemas clientelares que se dan en la selección del personal en la administración local.

Lógicamente, la Agencia Estatal de Administración Pública sería la responsable de la ejecución de esta función, siempre en consonancia con lo establecido en las Ofertas de Empleo Público, así como con la política de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Lo mismo ocurre con la formación, donde la multiplicidad de centros no tiene lógica alguna, teniendo en cuenta que cada vez es más necesario disponer de empleados públicos con una formación multidisciplinar.

Los actuales centros de formación solo responden a las necesidades particulares de los departamentos ministeriales a los que pertenecen, cuando deberían cubrir (atendiendo a su ámbito material) al conjunto de organismos de la Administración.

El nuevo centro debería atender las necesidades de formación de todos los empleados públicos en todos los campos de actividad de la Administración: Derecho, Gestión Pública, Economía, Política Internacional, Hacienda Pública, Marketing y Comunicación, Tecnologías de la Información y la Comunicaciones... Además, debería configurarse como centro de formación del personal directivo de la Administración del Estado, pudiendo para ello impartir títulos propios con reconocimiento oficial.

La Agencia Estatal de Administración Pública debería abarcar al personal de la Administración del Estado, así como al personal de las Administraciones locales con habilitación nacional, pero también al resto de la administración local en cooperación con ella. Asimismo, a través de la celebración de los correspondientes convenios de colaboración, podría configurarse como centro de formación del resto de las Administraciones territoriales.

Como consecuencia de la creación de la Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza, se suprimirían los centros de formación de empleados públicos existentes en la actualidad, cuyos recursos personales y materiales quedarían adscritos a la nueva Agencia. Entre los centros que se integrarían en ella se encontrarían los siguientes:

a) Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

b) Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

c) Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

d) Escuela Diplomática (ED).

e) Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO).


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f) Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

g) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO).

h) Todos los demás centros que intervengan en los procesos de selección y formación de los empleados públicos.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las siguientes funciones:

a) La programación, organización e impartición de cursos de formación dirigidos a los empleados públicos de la Administración General del Estado de todos los niveles, así como al personal de la Administración local con habilitación nacional.

b) La realización de estudios y seminarios relacionados con las materias de su competencia.

c) La selección de todo el personal de la Administración General del Estado, así como del personal de la Administración Local con habilitación nacional, siguiendo las directrices establecidas en las Ofertas de Empleo Público anuales y los planes estratégicos de personal de la Secretaría de Estado de Administración Pública. También podrá asumir, en cooperación con la Administración Local, la selección del resto de su personal.

2. La Agencia Estatal de Administración Pública será la responsable de la política de formación de los Directivos Públicos, pudiendo crear titulaciones específicas de carácter oficial.

3. La Agencia Estatal de Administración Pública podrá firmar convenios de colaboración con otras Administraciones Territoriales para la formación de los empleados públicos de éstas.

4. Su creación conllevará la supresión de los organismos cuyas funciones asume."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

162/000988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transformación de las mutuas de seguros en sociedades anónimas para garantizar su viabilidad y buena gestión, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Originadas en la misma época que las Cajas de Ahorros, las mutuas se fundaron con el fin de que todos los que las integraban (los mutualistas) generaran con sus aportaciones periódicas un capital que les permitiera a largo plazo tener seguridad en la vejez, mediante la percepción de pensiones de jubilación y de viudedad. En su época tuvieron mucho éxito, sobre todo en Cataluña, donde ya los trabajadores, profesionales y pequeños empresarios se hallaban integrados en gremios y estaban acostumbrados a poner en común intereses y capitales con el fin de prevenir el futuro.

Con los años, la gestión ineficaz y poco profesional de muchas de estas mutuas, junto con la inflación, las convirtió en inviables y la mayor parte de ellas debieron ser absorbidas por otras o acabaron integrándose en la Federación de Mutualidades, una especie de hospital de mutuas. Hoy perviven las que fueron mejor administradas y se abrieron a otros campos del seguro, convirtiéndose en compañías de seguros generales; pero estas tienen un marco jurídico obsoleto que plantea importantes problemas para su viabilidad futura.

En la legislación vigente sobre mutuas de seguros (el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros


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privados y el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados) se prevé que los propios mutualistas, en asamblea, nombren a los miembros del consejo de administración y a los cargos directivos. En la práctica, quien concierta un seguro no es consciente de ser mutualista y no asiste jamás a una asamblea, de forma que los votos de las asambleas son en su mayoría votos delegados y de los propios empleados de las mutuas. Esto ha facilitado que el poder político de estas empresas se concentre en las personas que ejercen la dirección. El Consejo de Administración de las Mutuas está integrado por personas afines a la dirección, o bien por personas que carecen de fuerza y de representatividad para mantenerse en el cargo si cuestionan a quienes controlan el consejo.

En la práctica, en el seno de las mutuas no existe un auténtico equilibrio de poderes, ya que todo el poder reside en la dirección de la empresa. En muchas de estas mutuas, existen personas que acumulan cargos con el fin de que no existan otras personas que ostentando alguno de ellos puedan debilitar su poder. Los consejos de administración se hallan integrados por personas que son conscientes de la poca fuerza que poseen, apenas se demanda información y casi nunca se cuestiona la explicación que proporciona quien ejerce el poder.

Las mutuas, como las compañías de seguros, manejan grandes cantidades de dinero líquido y la decisión de su destino se halla en muy pocas manos, no siendo nadie responsable en caso de inversiones equivocadas o perjudiciales.

Se da pues un grave problema de incentivos, con la regulación vigente, para tener una gestión alineada con los intereses de los mutualistas y se manifiestan los típicos problemas de agencia, que hacen que los directivos que controlan el consejo impongan sus criterios, aunque sean lesivos para la propia mutua. Unos problemas que se agravan al no tener los controles propios de las sociedades anónimas, cuya normativa es mucho más rigurosa con los consejos de administración y la defensa de los derechos de los accionistas que la de las mutuas respecto a sus consejos y a la defensa de los intereses de los mutualistas.

En España hemos sufrido, en el caso del hundimiento y saqueo de las Cajas de Ahorro, las consecuencias de las malas regulaciones del sector financiero. Las mutuas de seguros presentan problemas similares (de falta de profesionalidad y adecuados incentivos de los miembros de sus consejos de administración) a los que presentaban las Cajas. De ahí que sea esperable que se puedan dar problemas similares. No es suficiente argumentar que sus balances están auditados y que hay un cierto control por parte de la administración pública, ya que se ha comprobado que dichas auditorías y controles en ocasiones no reflejan adecuadamente la realidad.

Creemos que el mejor sistema para convertir estas mutuas en sociedades trasparentes y que posean un equilibrio de poderes más acorde con los tiempos es su transformación en sociedades de capital. Alguna de ellas, la mayor en su momento, ya lo llevó a cabo con éxito y el resto debería seguir ese ejemplo. Esta transformación debe hacerse a pesar de las reticencias de los gestores actuales, que existirán, ya que obviamente podrán perder sus cargos o bien la acumulación de ellos, que tan lucrativos les resultan.

El capital y las reservas actuales podrían transformarse en acciones y en primer lugar tendrían derechos a su suscripción los actuales mutualistas, el consejo de administración y los gestores. Deberían poder acumular un determinado número de acciones cada uno de estos tres grupos, con el fin de que las entidades no se convirtieran en ingobernables inicialmente.

Asimismo, se debería conceder un plazo, que no debiera exceder de dos años, para proceder a dicha transformación. De inmediato, en un plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la nueva normativa, y para garantizar su correcta aplicación, las personas que ostenten más de un cargo en el seno de la empresa deberán cesar en algunos de ellos a fin de que una persona pueda ostentar como máximo un cargo. Existen mutuas en las que el Presidente es ejecutivo, es decir, es director general y consejero delegado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de dos meses, presente un Proyecto de Ley con el siguiente contenido mínimo:

1) La transformación de las mutuas de seguro en sociedades de capital.


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2) El establecimiento de un período transitorio para adaptarse a la nueva normativa de dos años, pero con la obligación inmediata de suprimir la acumulación de cargos en el Consejo de Administración y en la Dirección."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/002874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre, llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales, para su debate en la Comisión Constitucional.

Diferentes organizaciones como Sotermun, Medicusmundi, etc., preocupadas por los continuos abusos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el mundo y que directa o indirectamente involucran la responsabilidad de empresas comerciales. Preocupadas también de que dichas conductas abusivas afectan de manera frecuente y desproporcionada a mujeres, ya que son una mayoría en los sectores de trabajo más vulnerables, al campesinado, a pueblos indígenas, a las personas que viven en situación de pobreza, a niños y niñas, entre otros, y especialmente alarmadas por el hecho de que la justicia es negada a aquellas personas que sufren daños.

Considerando el invaluable trabajo realizado por defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos, sindicatos, defensores de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres y otros en defensa y protección de los derechos humanos frente a aquellos abusos.

Preocupadas por el incremento en los ataques, persecución, intimidación, restricciones y represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos.

Considerando las iniciativas tomadas por algunos Estados dentro y fuera de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las acciones y el trabajo realizados por expertos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas para brindar una mejor protección a los derechos humanos en el contexto de operaciones de empresas.

Recordando las obligaciones existentes de los Estados en virtud de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, y la necesidad de aplicar y complementar estos tratados para hacerlos efectivos en el contexto de operaciones de empresas trasnacionales.

Convencidas de la necesidad de fortalecer el marco jurídico internacional aplicable a la acción del Estado, incluyendo recursos y reparaciones a nivel internacional, para proteger los derechos en el contexto de operaciones empresariales, y conscientes de la urgente necesidad de asegurar el acceso a la justicia, remedios y reparación a víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de empresas

Este Grupo Parlamentario cree necesario, teniendo en consideración que la presente declaración ha sido ratificada por una amplia alianza de redes internacionales, organizaciones y movimientos sociales, que representa la expresión colectiva de una creciente movilización de la sociedad civil global para reforzar


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normas jurídicas internacionales que hagan frente a las infracciones de derechos humanos por parte de corporativas. Acogiendo con satisfacción las iniciativas recientes de Estados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar un tratado internacional sobre normas jurídicamente vinculantes que se apliquen a empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a.

1. Hacer un llamado a los Estados para la elaboración de un tratado internacional que:

a) Afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos a las operaciones de empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

b) Obligue a los Estados Parte a vigilar y regular las operaciones de empresas y negocios bajo su jurisdicción, inclusive cuando éstas actúen fuera del territorio nacional, con el fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos durante estas operaciones.

c) Obligue a los Estados Parte a establecer responsabilidad legal de las empresas por sus acciones u omisiones cuando estas vulneren derechos humanos.

d) Obligue a los Estados Parte a proporcionar acceso a un recurso efectivo por parte de cualquier Estado concernido, incluyendo el acceso a la justicia para las víctimas extranjeras que han sufrido perjuicios causados por actos u omisiones de una empresa en situaciones donde los Estados involucrados tienen bases para ejercer sus obligaciones territoriales o extraterritoriales de protección.

e) Establezca un mecanismo internacional de vigilancia y rendición de cuentas.

f) Proveer protección para las víctimas, informantes y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan prevenir, exponer o asegurar rendición de cuenta en casos de abusos cometidos por las empresas, así como garantizar el derecho al acceso a la información dentro de este contexto.

2. Hacer un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar las acciones conducentes a la elaboración de este tratado, y con tal propósito establezca un grupo de trabajo de composición abierta con mandato para redactar un borrador.

3. Hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas encaminadas al establecimiento de una iniciativa conjunta para alcanzar el objetivo de contar con un instrumento vinculante en las Naciones Unidas lo antes posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.- Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre, llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales, para su debate en la Comisión de Exteriores.

Diferentes organizaciones como Sotermun, Medicusmundi, etc., preocupadas por los continuos abusos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el mundo y que directa o indirectamente involucran la responsabilidad de empresas comerciales. Preocupadas también de que dichas conductas abusivas afectan de manera frecuente y desproporcionada a mujeres, ya que son una mayoría en los sectores de trabajo más vulnerables, al campesinado, a pueblos indígenas, a las personas que viven en situación de pobreza, a niños y niñas, entre otros, y especialmente alarmadas por el hecho de que la justicia es negada a aquellas personas que sufren daños.


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Considerando el invaluable trabajo realizado por defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos, sindicatos, defensores de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres y otros en defensa y protección de los derechos humanos frente a aquellos abusos.

Preocupadas por el incremento en los ataques, persecución, intimidación, restricciones y represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos.

Considerando las iniciativas tomadas por algunos Estados dentro y fuera de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las acciones y el trabajo realizados por expertos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas para brindar una mejor protección a los derechos humanos en el contexto de operaciones de empresas.

Recordando las obligaciones existentes de los Estados en virtud de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, y la necesidad de aplicar y complementar estos tratados para hacerlos efectivos en el contexto de operaciones de empresas trasnacionales.

Convencidas de la necesidad de fortalecer el marco jurídico internacional aplicable a la acción del Estado, incluyendo recursos y reparaciones a nivel internacional, para proteger los derechos en el contexto de operaciones empresariales, y conscientes de la urgente necesidad de asegurar el acceso a la justicia, remedios y reparación a víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de empresas.

Este Grupo Parlamentario cree necesario, teniendo en consideración, que la presente declaración ha sido ratificada por una amplia alianza de redes internacionales, organizaciones y movimientos sociales, que representa la expresión colectiva de una creciente movilización de la sociedad civil global para reforzar normas jurídicas internacionales que hagan frente a las infracciones de derechos humanos por parte de corporativas. Acogiendo con satisfacción las iniciativas recientes de Estados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar un tratado internacional sobre normas jurídicamente vinculantes que se apliquen a empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer un llamado a los Estados para la elaboración de un tratado internacional que:

a) Afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos a las operaciones de empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

b) Obligue a los Estados Parte a vigilar y regular las operaciones de empresas y negocios bajo su jurisdicción, inclusive cuando éstas actúen fuera del territorio nacional, con el fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos durante estas operaciones.

c) Obligue a los Estados Parte a establecer responsabilidad legal de las empresas por sus acciones u omisiones cuando estas vulneren derechos humanos.

d) Obligue a los Estados Parte a proporcionar acceso a un recurso efectivo por parte de cualquier Estado concernido, incluyendo el acceso a la justicia para las víctimas extranjeras que han sufrido perjuicios causados por actos u omisiones de una empresa en situaciones donde los Estados involucrados tienen bases para ejercer sus obligaciones territoriales o extraterritoriales de protección.

e) Establezca un mecanismo internacional de vigilancia y rendición de cuentas.

f) Proveer protección para las víctimas, informantes y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan prevenir, exponer o asegurar rendición de cuenta en casos de abusos cometidos por las empresas, así como garantizar el derecho al acceso a la información dentro de este contexto.

2. Hacer un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar las acciones conducentes a la elaboración de este tratado, y con tal propósito establezca un grupo de trabajo de composición abierta con mandato para redactar un borrador.


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3. Hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas encaminadas al establecimiento de una iniciativa conjunta para alcanzar el objetivo de contar con un instrumento vinculante en las Naciones Unidas lo antes posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Justicia

161/002872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley contra la represión penal del derecho de huelga, para su debate en la Comisión de Justicia.

En nuestro país, y durante más de treinta y cinco años, los trabajadores han venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo.

Ahora está siendo cuestionado por las autoridades públicas como se infiere de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por las organizaciones sindicales más representativas contra las reformas laborales, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.

Son cerca de 200, los casos de sindicalistas y trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a un procedimiento administrativo o proceso penal después de las últimas huelgas generales. Resulta especialmente grave que la participación en las acciones derivadas de la convocatoria de una huelga haya derivado en acusaciones por parte de la Fiscalía por atentar con los derechos de los trabajadores. Aunque pueda parecer contradictorio que una persona que se encarga de defender esos derechos sea juzgado por lo contrario, lo cierto es que en los últimos meses, el Ministerio Público ha solicitado numerosas penas de prisión por supuestas coacciones durante las últimas huelgas generales.

Por supuesto, no se trata de defender posibles extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, se observa una tendencia por parte de la Fiscalía a pedir las penas máximas para los supuestos responsables de cualquier incidente durante una jornada de huelga, lo cual supone una evidente criminalización del ejercicio de un derecho fundamental recogido por la Constitución.

Según expertos el derecho de huelga, pese a estar reconocido por la Carta Magna, arrastra una rémora preconstitucional -en referencia al Real Decreto sobre las Relaciones de Trabajo de 1977- que hace posible "reprimir penalmente ese derecho" y "guardaba cierta funcionalidad antisindical".

El Ministerio Público ha cambiado su criterio, pidiendo castigos ejemplares con penas de cárcel a sindicalistas por la supuesta comisión de un delito regulado en el artículo 315 del vigente Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a tres años, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Parece apuntarse que el Ministerio Público, y en última instancia el Gobierno, tiene como objetivo limitar el ejercicio del derecho de huelga, mediante el amedrentamiento y la represión de la acción de los trabajadores y trabajadoras durante la jornada de huelga.

Hasta ahora, se venían imponiendo sanciones o multas con una condena de trabajos sociales. Sin embargo, es la Fiscalía la que recurre estas sentencias de los juzgados de instrucción para pedir la pena máxima, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, con el fin de crear un efecto disuasorio en la participación en una huelga.

Esta Cámara no puede mostrarse impasible cuando trabajadores y trabajadoras como los sindicalistas de Airbus, Ana y Tamara condenadas por echar pintura en una piscina durante una huelga en 2010 o Miguel y Ana por su actuación como piquetes informativos en la huelga de 2012, entre otros tantos, tienen que ingresar en prisión.

Las limitaciones de los derechos sindicales fundamentales además de provocar un grave desequilibrio en las relaciones laborales frustran los avances en las condiciones de trabajo y en el bienestar de la


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sociedad. Por este motivo, se propone eliminar la represión penal del derecho de huelga contenida en el artículo 315 del actual Código Penal.

Por lo expuesto,

"El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a:

- Poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan en las huelgas, y de manera singular, la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical.

- Garantizar el pleno ejercicio los derechos constitucionales, como el derecho de Huelga de los trabajadores y trabajadoras, en toda su extensión.

- Acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Defensa

161/002886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al incendio ocurrido en el campo de adiestramiento ubicado en la Sierra del Retín de Barbate (Cádiz), para su debate y votación en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La provincia de Cádiz cuenta con un importante número de terrenos afectados a la defensa nacional y de instalaciones militares repartidas en gran parte de su territorio. Es también una provincia situada en un lugar estratégico, tanto para la defensa nacional de nuestro país como para la de otros países. Esto hace que tenga una gran actividad militar, produciéndose un gran número de ejercicios y maniobras a lo largo del año.

El pasado 13 de junio el campo de adiestramiento que el Ministerio de Defensa tiene en el la Sierra del Retín de Barbate sufrió un incendio que quemó 4.100 hectáreas. El día antes se habían producido en el lugar maniobras militares. Estamos hablando de un terreno con más de 5.000 hectáreas.

Una directiva de Defensa del año 1999 prohíbe utilizar munición real durante la época estival y realizar maniobras militares en condiciones meteorológicas con altas temperaturas y viento fuerte. Desde el año 2000 se han producido 21 fuegos en el Retín, 14 de ellos lo desencadenaron las maniobras de la Armada, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En el año 2002 se aprueban en el Congreso dos iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno a no realizar maniobras militares en época estival o cuando produzcan daño a la economía de la zona, bien sea por época de pesca o de turismo. También se aprobó que se ampliaran y mejoraran los planes de seguridad antes, durante y posteriormente a la realización de ejercicios militares.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos venido defendiendo durante años que se podían desarrollar las labores necesarias para el ejército, siempre que no causaran daño a la economía de la zona ni al medio ambiente, si no interferían en la actividad diaria de la población y siempre que se garantizara su seguridad.

También hemos pedido que parte de esos terrenos se puedan ceder para el desarrollo de una actividad sostenible y generadora de empleo que contribuya a compensar la generosidad que durante años Barbate y sus ciudadanos han tenido con la defensa nacional.


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Pero en vista de que nada de esto se está cumpliendo por parte del Ministerio de Defensa y que es difícil justificar la realización de una maniobras militares a tan solo dos kilómetros de una población pesquera y un entorno de gran confluencia turística, creemos que ha llegado el momento de tomar una decisión sobre el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín de Barbate.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Buscar una alternativa distinta a la Sierra del Retín para la realización de maniobras militares necesarias para el ejército español a la mayor brevedad posible.

2. Proceder a la tramitación necesaria para desafectar la zona de la Sierra del Retín paralelamente a la búsqueda de un lugar alternativo.

3. Suspender las maniobras militares previstas que se hagan con fuego real y puedan poner en peligro el alto valor ecológico de los terrenos.

4. Desautorizar las maniobras militares que se realicen en época estival y en meses en los que se pueda interferir en las actividades económicas preferentes para la zona como son la pesca o el turismo.

5. Investigar las razones del incendio ocurrido en el campo de adiestramiento que el Ministerio de Defensa tiene en el la Sierra del Retín de Barbate y denunciar al culpable de ese delito medioambiental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2014.-Manuel Chaves González, María Carmen Sánchez Díaz, Diego López Garrido y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/002889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la transformación de las mutuas de seguros en sociedades anónimas para garantizar su viabilidad y buena gestión, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Originadas en la misma época que las Cajas de Ahorros, las mutuas se fundaron con el fin de que todos los que las integraban (los mutualistas) generaran con sus aportaciones periódicas un capital que les permitiera a largo plazo tener seguridad en la vejez, mediante la percepción de pensiones de jubilación y de viudedad. En su época tuvieron mucho éxito, sobre todo en Cataluña, donde ya los trabajadores, profesionales y pequeños empresarios se hallaban integrados en gremios y estaban acostumbrados a poner en común intereses y capitales con el fin de prevenir el futuro.

Con los años, la gestión ineficaz y poco profesional de muchas de estas mutuas, junto con la inflación, las convirtió en inviables y la mayor parte de ellas debieron ser absorbidas por otras o acabaron integrándose en la Federación de Mutualidades, una especie de hospital de mutuas. Hoy perviven las que fueron mejor administradas y se abrieron a otros campos del seguro, convirtiéndose en compañías de seguros generales; pero estas tienen un marco jurídico obsoleto que plantea importantes problemas para su viabilidad futura.

En la legislación vigente sobre mutuas de seguros (el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados) se prevé que los propios mutualistas, en asamblea,


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nombren a los miembros del consejo de administración y a los cargos directivos. En la práctica, quien concierta un seguro no es consciente de ser mutualista y no asiste jamás a una asamblea, de forma que los votos de las asambleas son en su mayoría votos delegados y de los propios empleados de las mutuas. Esto ha facilitado que el poder político de estas empresas se concentre en las personas que ejercen la dirección. El Consejo de Administración de las Mutuas está integrado por personas afines a la dirección, o bien por personas que carecen de fuerza y de representatividad para mantenerse en el cargo si cuestionan a quienes controlan el consejo.

En la práctica, en el seno de las mutuas no existe un auténtico equilibrio de poderes, ya que todo el poder reside en la dirección de la empresa. En muchas de estas mutuas, existen personas que acumulan cargos con el fin de que no existan otras personas que ostentando alguno de ellos puedan debilitar su poder. Los consejos de administración se hallan integrados por personas que son conscientes de la poca fuerza que poseen, apenas se demanda información y casi nunca se cuestiona la explicación que proporciona quien ejerce el poder.

Las mutuas, como las compañías de seguros, manejan grandes cantidades de dinero líquido y la decisión de su destino se halla en muy pocas manos, no siendo nadie responsable en caso de inversiones equivocadas o perjudiciales.

Se da pues un grave problema de incentivos, con la regulación vigente, para tener una gestión alineada con los intereses de los mutualistas y se manifiestan los típicos problemas de agencia, que hacen que los directivos que controlan el consejo impongan sus criterios, aunque sean lesivos para la propia mutua. Unos problemas que se agravan al no tener los controles propios de las sociedades anónimas, cuya normativa es mucho más rigurosa con los consejos de administración y la defensa de los derechos de los accionistas que la de las mutuas respecto a sus consejos y a la defensa de los intereses de los mutualistas.

En España hemos sufrido, en el caso del hundimiento y saqueo de las Cajas de Ahorro, las consecuencias de las malas regulaciones del sector financiero. Las mutuas de seguros presentan problemas similares (de falta de profesionalidad y adecuados incentivos de los miembros de sus consejos de administración) a los que presentaban las Cajas. De ahí que sea esperable que se puedan dar problemas similares. No es suficiente argumentar que sus balances están auditados y que hay un cierto control por parte de la administración pública, ya que se ha comprobado que dichas auditorías y controles en ocasiones no reflejan adecuadamente la realidad.

Creemos que el mejor sistema para convertir estas mutuas en sociedades trasparentes y que posean un equilibrio de poderes más acorde con los tiempos es su transformación en sociedades de capital. Alguna de ellas, la mayor en su momento, ya lo llevó a cabo con éxito y el resto debería seguir ese ejemplo. Esta transformación debe hacerse a pesar de las reticencias de los gestores actuales, que existirán, ya que obviamente podrán perder sus cargos o bien la acumulación de ellos, que tan lucrativos les resultan.

El capital y las reservas actuales podrían transformarse en acciones y en primer lugar tendrían derechos a su suscripción los actuales mutualistas, el consejo de administración y los gestores. Deberían poder acumular un determinado número de acciones cada uno de estos tres grupos, con el fin de que las entidades no se convirtieran en ingobernables inicialmente.

Asimismo, se debería conceder un plazo, que no debiera exceder de dos años, para proceder a dicha transformación. De inmediato, en un plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la nueva normativa, y para garantizar su correcta aplicación, las personas que ostenten más de un cargo en el seno de la empresa deberán cesar en algunos de ellos a fin de que una persona pueda ostentar como máximo un cargo. Existen mutuas en las que el Presidente es ejecutivo, es decir, es director general y consejero delegado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de dos meses, presente un Proyecto de Ley con el siguiente contenido mínimo:

1) La transformación de las mutuas de seguro en sociedades de capital.


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2) El establecimiento de un período transitorio para adaptarse a la nueva normativa de dos años, pero con la obligación inmediata de suprimir la acumulación de cargos en el Consejo de Administración y en la Dirección."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/002880

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación fiscal de los afectados por la estafa de las participaciones preferentes. Debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La cifra del número de afectados y afectadas por la suscripción de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, emitidas por las antiguas Cajas de Ahorro Caixagalicia y Caixanova asciende a más de 116.000, una cifra muy superior a las estimaciones que se realizaban hasta ahora.

El tesón y la lucha incansable de los afectados por esta gran estafa financiera fue la causa de que un elevado número de personas pudiesen recuperar gran parte o la totalidad de los ahorros invertidos. Sin embargo, se enfrentan a un nuevo problema al duro calvario que han tenido que soportar y es el referente al tratamiento fiscal por la recuperación total o parcial de sus ahorros.

En lugar de contemplar el dinero recuperado como la disponibilidad de sus ahorros que estaban inmovilizados, la Agencia Tributaria está valorando la restitución como una alteración de la situación patrimonial de dichos contribuyentes. Por tanto, si Hacienda considera que dicha restitución supone un aumento patrimonial, se verán obligados a tributar más a pesar de haber sido víctimas del mayor engaño bancario que se recuerde.

Más incluso en el caso de realizarse la venta de las acciones recibidas obligatoriamente con una pérdida por liquidez del 13,8% y ser superior a los 500 euros, se obliga a hacer la declaración de la renta, aunque el contribuyente no tenga obligación de realizarla por cualquier otro motivo. Esta situación se deriva de una clasificación caprichosa y arbitraria de las rentas, que no permite la compensación entre rentas de ahorro similares, en este caso iguales, teniendo en cuenta que la conversión de los ahorros en preferentes en acciones fue obligatoria.

En conclusión, la situación tributaria de las rentas positivas o negativas, cambia de clasificación en virtud de la resolución del FROB de 7 de junio de 2013, y sin intervención del ahorrador estafado.

El mecanismo de integración en la base imponible de las pérdidas, mediante compensación con ganancias del mismo tipo derivadas de operaciones patrimoniales a menos de un año (muchas de ellas de carácter especulativo, o que choca con la característica de ahorradores afectados, según la mayoría de las sentencias de los tribunales) o mediante compensación con el 10% de la base general en el período de los cuatro ejercicios siguientes, origina que estas pérdidas no tengan repercusión fiscal compensatoria en la mayoría de afectados/as por la inexistencia de rentas positivas para hacer la compensación, suponiendo además que una merma patrimonial deriva en más gastos de carácter administrativo, teniendo en cuenta que la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria organiza de manera extraordinaria una campaña para hacer las declaraciones de la renta de los ciudadanos.

Es manifiestamente injusto que personas que fueron víctimas de una estafa, que durante años vieron como no podían disponer de sus ahorros y que también sufrieron quitas en sus ahorros inmovilizados por la suscripción de estos productos fraudulentos, tengan que ver ahora como son penalizadas fiscalmente debido a la restitución total o parcial de los mismos.


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda a:

- Regular la situación tributaria de las miles de personas afectadas por las participaciones preferentes, de modo que la Agencia Tributarla no considere una alteración de la situación patrimonial de dichos contribuyentes los ahorros recuperados parcial o totalmente por la comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la ponencia de valores catastrales de la Vila Joiosa, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

En el año 2005 se elaboró en la Vila Joiosa (Alicante) una ponencia de valores catastrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, que reformaba la última ponencia que databa de 1990.

La nueva ponencia supuso en muchos casos cuadruplicar los valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Muchos ciudadanos optaron por recurrir ante los tribunales la revisión del valor catastral de sus propiedades. Después de varios años, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, sección tercera, comenzó a emitir su veredicto a través de diversas sentencies S 2012.05.25, n.° 659/2012, rec. 1823/2009, 2011.05.17, n.° 530/2011, rec. 3635/2008; S 2011.01.31, n.° 89/2011, rec. 3633/2008; S 6-10-2011, n.° de recurso: 3634/2008, todas ellas con la misma opinión, en el sentido de entender nulo no solo el valor catastral de los inmuebles objeto de los respectivos recursos, sino que indirectamente declaraba nula la ponencia de valores catastrales de la Vila Joiosa de 2005.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2013 cercenó las posibilidades de declarar la nulidad de la ponencia de valores vigente a la Vila Joiosa deshaciendo toda la jurisprudencia aludida del TSJ de Valencia, obligando a los ciudadanos a tener que recurrir ante todas las instancias para que se declare la nulidad del valor catastral de sus respectivas fincas.

El Ayuntamiento, a pesar del evidente perjuicio que dicha ponencia ha producido en gran parte de la ciudadanía de la Vila Joiosa, se niega a proponer una nueva ponencia de valores, alegando motivos presupuestarios, cuando son peores las consecuencias de la actual ponencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una nueva ponencia de valores catastrales en la Vila Joiosa, que adecue dichos valores a la actual situación económica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria reforma de las Administraciones Públicas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La reforma de las administraciones públicas españolas es una necesidad evidente para conseguir mejorar la gestión de las políticas públicas dirigidas a los ciudadanos y ayudar, desde el sector público, al crecimiento del país. Colaboraría, así mismo, a la generación de buenas prácticas de gestión que sirvan de estímulo y generen confianza al sector privado y coadyuven a un cambio cultural en la forma de funcionamiento de nuestras instituciones. También es imprescindible para evitar el despilfarro de dinero en gastos inútiles y políticas ineficientes.

Las reformas de la Administración no se pueden quedar en meros aspectos superficiales, sino que han de ser realizadas con profundidad, atendiendo a los principales problemas que hoy presenta.

1. Falta de estrategia en el medio y largo plazo. La prevalencia de políticas cortoplacistas ha ocasionado errores graves de gestión y supuesto grandes sumas de despilfarro en gasto público inútil.

2. Excesivo y desigual tamaño de las Administraciones. Estas tienen una desproporción de entes superfluos y redundantes y, al tiempo, en ciertos sectores de la actividad pública carecen de los medios materiales y del personal cualificado necesario. Este problema se da tanto en cada Administración como respecto de las demás de diferente ámbito territorial, ya que existen duplicidades tanto internas como externas. Por otra parte, han surgido en todas ellas "administraciones políticas paralelas", derivadas del abuso de los nombramientos de personal eventual.

3. Falta de estabilidad de las estructuras administrativas y adecuación a las políticas públicas para las que son competentes. El desarrollo de políticas a largo plazo exige estabilidad en las estructuras administrativas y su modernización para dar respuesta a los nuevos retos. Ahora, la estructura departamental se puede modificar por una simple ocurrencia del gobernante de turno.

4. Abuso de las externalizaciones en sectores de la administración donde se cuenta con personal cualificado para realizar las funciones públicas que son externalizadas.

5. Carencia de una cultura de la evaluación y el aprendizaje a través de las mejores prácticas públicas. No hay una cultura de evaluación de las políticas públicas de cada Administración y entre Administraciones, para extraer las consecuencias oportunas y lograr una mayor motivación, productividad, flexibilidad e innovación en su funcionamiento.

6. Un modelo de función y empleo público antiguo y excesivamente politizado. Se ha socavado la existencia de una administración profesional y meritocrática. Los nombramientos de eventuales y de los directivos públicos (en muchos casos arbitrarios) han conducido a la existencia de una administración política paralela. También falla el sistema de selección de funcionarios y empleados púbicos, porque permite intromisiones políticas o prácticas nepotistas (sobre todo en las administraciones locales, autonómicas y en parte de la administración institucional del Estado) y no garantiza suficientemente el mérito y la capacidad. Asimismo, las actuales oposiciones pueden no estar sirviendo en todos los casos para seleccionar personas con capacidad de análisis e innovación. Tampoco hay mecanismos que valoren el rendimiento de los empleados públicos y el desempeño de su puesto de trabajo. Por otra parte, las plantillas están mal dimensionadas cuantitativa y cualitativamente, ya que hay sectores de la administración con un exceso de empleados públicos y baja formación y otros con defectos de personal en número y cualificación. Debe, por otra parte, estudiarse cuál ha de ser el régimen jurídico de los trabajadores de la Administración, garantizando que todos aquellos que ejerzan "poder público", labores de asesoramiento legal y financiero o control e inspección tengan un régimen de funcionario público para garantizar su imparcialidad e independencia.

7. Falta de independencia de los órganos de control. El Tribunal de Cuentas debería ser un órgano judicial ordinario de carácter contable con total independencia del poder político, para poder realizar un control adecuado. Sin esta reforma, cualquier mejora del control de los partidos políticos o de la Administración será insuficiente.


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8. Una administración local anticuada y una administración autonómica desmesurada. Los problemas detectados en la Administración del Estado, se agravan en muchas ocasiones en la Administración Autonómica y Local. Estas administraciones necesitan de importantes reformas, algunas de las cuales se pueden aplicar directamente desde la legislación del Estado, y en otras ocasiones (como la redefinición competencial con las comunidades autónomas y la supresión de las diputaciones provinciales) exigen reformas constitucionales.

La administración local tiene un importante problema de falta de tamaño en miles de sus municipios y las diputaciones realizan funciones redundantes con un elevado gasto inútil. Otro problema que presentan es el de la selección de su personal, ya que ha habido muchos casos de nepotismo y prácticas clientelares que han afectado a la gestión de sus servicios. La ausencia de estas reformas supone elevadas cifras de despilfarro de dinero público.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no ha abordado ninguna de estas cuestiones esenciales y, al revés, ha reforzado a las diputaciones provinciales, que tienen una legitimidad democrática atenuada, escasos controles internos y un elevado grado de opacidad y arbitrariedad en su gestión.

9. Carencia de mecanismos de responsabilidad (política, administrativa y penal) por mala gestión, incluyendo a los máximos dirigentes. Para evitar este descontrol y la corrupción son necesarios transparencia e incentivos (internos y externos) para denunciar.

Frente estos problemas, el Gobierno propuso la elaboración de un informe (llamado CORA) que, aunque tiene alguna propuesta acertada, ha adolecido de la falta de una visión estratégica que permitiera plantear una reforma en profundidad, ante los nuevos retos que deben afrontar las políticas públicas y su gestión. Y si el informe era ya insuficiente, lo es aún más el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, aprobado en el Congreso, dado que en él faltan tanto esa visión como la aplicación de algunas de las propuestas más interesantes de la CORA.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas constitucionales y legales precisas para la modernización de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Elaborar estrategias de políticas públicas a medio y largo plazo.

2. Reordenar el tamaño de la administración del Estado, suprimiendo redundancias y duplicidades internas y entes superfluos, incluyendo las existentes en los entes públicos no administrativos. Ello es compatible con aumentar la capacidad en ciertos sectores de la actividad pública que ahora carecen de los medios materiales y personales necesarios.

Esta clarificación debe realizarse dentro de cada Administración y respecto de las demás de diferente ámbito territorial, suprimiendo tanto las duplicidades internas como las externas. Hay que terminar en todas ellas con las administraciones políticas paralelas, que surgen del abuso de los nombramientos de eventuales. Se publicarán estados actualizados a año vencido del número de organismos y empresas públicas por CCAA y Ayuntamientos. Se preverán medidas de penalización para los que no reduzcan su número de acuerdo a unos objetivos cuantificables.

3. Dotar de estabilidad a las estructuras administrativas, incluidas las departamentales; reducción de la tipología de entes públicos y determinación de su régimen jurídico.

4. Control de las externalizaciones de las funciones públicas. No podrán hacerse cuando la Administración tenga medios materiales y personales suficientes para realizar por ella misma esas funciones.

5. Realización de la evaluación de políticas públicas de forma general y con consecuencias para los gestores responsables de graves ineficiencias.

6. Reforma de la función y el empleo público:

a) Profesionalización de la dirección de la Administración.

b) Modificación de los sistemas de selección de los trabajadores de las Administraciones, para garantizar mejor su mérito y capacidades (entre ellas, las de análisis e innovación).

c) Reglas más estrictas contra el nepotismo.

d) Redimensionamiento de las plantillas públicas y adecuación del personal a los puestos de trabajo.


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e) Movilidad entre Comunidades Autónomas.

f) Evaluación de los empleados públicos y de las unidades en que se integran.

g) Clarificación de su régimen jurídico, según las funciones que desarrollen.

7. Órganos de control verdaderamente independientes. El Tribunal de Cuentas será un órgano judicial ordinario de carácter contable, con total independencia del poder político.

8. Supresión de las Diputaciones Provinciales y fusión de municipios. Supresión de duplicidades y redundancias entre los diferentes niveles administrativos territoriales. Regulación por el Estado de las medidas de modernización administrativa que deberían ser aplicadas por la Administración autonómica y local.

9. Frente a los casos de descontrol y corrupción en las Administraciones, mayor transparencia e incentivos (internos y externos) para denunciar.

10. Reducir (o eliminar en los casos en que sea posible) los gabinetes y el personal eventual en la Administración, así como mayor control de las "puertas giratorias" y de la contratación en empresas públicas de personas por su cercanía al poder político."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza para la selección y formación del personal de la administración, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

En el año 2012, el Gobierno de España creó una Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA) que, tras varios meses de trabajo, emitió un Informe con sus recomendaciones.

En la sección dedicada a la reestructuración del sector público administrativo, empresarial y fundacional del Estado, el informe CORA propuso que se integraran determinados servicios o actividades de cuatro organismos de formación:

- Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

- Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

- Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO).

A pesar de su timidez, estos planteamientos fueron totalmente olvidados a la hora de redactar el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Ese proyecto ignoró absolutamente la medida propuesta por la CORA (igual que muchas otras medidas incluidas en este Informe, que fue en buena parte ignorado por el Gobierno en su Proyecto de Ley).

UPyD tiene la convicción de que es necesaria una reforma de los centros de formación de la Administración General del Estado, así como de los procedimientos de selección del personal al servicio de la Administración, en un sentido unificador de esfuerzos, de eliminación de duplicidades innecesarias y de mejora en la formación integral de los empleados públicos, mediante la creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y la supresión de los órganos que resulten redundantes tras la reforma.

La reforma debe hacerse unificando organismos por tres causas fundamentales:

a) Para lograr la mayor eficacia del nuevo organismo en la selección y formación de funcionarios y personal laboral. Una integración hecha con sentido estratégico debe tener en cuenta que la selección y la formación de empleados públicos necesariamente debe ser interdisciplinar. Es conveniente aunar las


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distintas especialidades para compartir la parte común de la formación, que es mucha, desarrollando las especialidades que los distintos colectivos puedan necesitar.

b) Para un mejor servicio al ciudadano, ya que será solamente un centro el encargado de realizar todos los procesos de selección, centralizando toda la información, facilitando las gestiones y evitando las convocatorias de puestos de trabajos en algunos organismos de la administración con insuficiente publicidad y transparencia.

c) Por el ahorro que se puede derivar de la supresión de los numerosos servicios de tipo común que necesitan los diversos Institutos o Escuelas y otros organismos de la Administración.

Aunque la selección y formación del personal debieran ser siempre elementos clave de la gestión de los recursos públicos, en el actual entorno de crisis esto cobra aún más sentido. Es imprescindible que la Administración sea capaz de gestionar sus recursos humanos de manera rápida y flexible, dando respuesta a las necesidades actuales y aumentando su competitividad a través de la mejora del capital humano. Todo ello con un escrupuloso respeto al marco de los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge el artículo 103 de la Constitución. En suma, hay que reforzar esos principios y lograr una administración altamente capaz, que reclute a profesionales muy cualificados y preparados para realizar múltiples funciones.

Por estos motivos, consideramos que la figura de la Agencia Estatal, regulada por la Ley 28/2006, de 18 de julio, puede cubrir de forma adecuada esta necesidad de flexibilidad en la gestión, al mismo tiempo que garantizar la independencia de la Administración en el desarrollo de esta función. Esta Agencia sería la responsable de dos elementos básicos en la ejecución de la política de recursos humanos de la Administración: la selección y la formación de personal.

Los procesos de selección deben estar centralizados, no como ocurre en la actualidad, en que (en el caso de los Cuerpos y Escalas especiales) es cada Departamento Ministerial el responsable. Una selección centralizada permitirá obtener economías de escala en el desarrollo de todos los procesos selectivos: aplicaciones informáticas de gestión de los procesos selectivos, equipos administrativos comunes, ahorros en alquileres de aulas de exámenes y contratación de personal de vigilancia, mejor planificación de todos los procedimientos en el tiempo... Además, favorecerá al ciudadano, ya que deberá acudir solamente a un organismo para obtener toda la información completa sobre las convocatorias existentes. Por otro lado, se evitarían convocatorias de plazas aisladas, a las que en algunos casos no se les da la publicidad suficiente, de modo que se limitan las oportunidades de participación de los ciudadanos. Así mismo, permitiría replantear las pruebas y conocimientos precisos para desempeñar puestos en la administración, de forma que se potencien otras cualidades además de las memorísticas. También podrían abrirse cauces comunes de acceso a cuerpos de la administración, que se especializarían tras rigurosos cursos selectivos en la Agencia.

Otra función que la nueva Agencia debería asumir es la cooperación con la administración local para la selección y formación de sus funcionarios y personal laboral. Hay que aprovechar esta Agencia para terminar con los problemas clientelares que se dan en la selección del personal en la administración local.

Lógicamente, la Agencia Estatal de Administración Pública sería la responsable de la ejecución de esta función, siempre en consonancia con lo establecido en las Ofertas de Empleo Público, así como con la política de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Lo mismo ocurre con la formación, donde la multiplicidad de centros no tiene lógica alguna, teniendo en cuenta que cada vez es más necesario disponer de empleados públicos con una formación multidisciplinar.

Los actuales centros de formación sólo responden a las necesidades particulares de los departamentos ministeriales a los que pertenecen, cuando deberían cubrir (atendiendo a su ámbito material) al conjunto de organismos de la Administración.

El nuevo centro debería atender las necesidades de formación de todos los empleados públicos en todos los campos de actividad de la Administración: Derecho, Gestión Pública, Economía, Política Internacional, Hacienda Pública, Marketing y Comunicación, Tecnologías de la información y la Comunicaciones... Además, debería configurarse como centro de formación del personal directivo de la Administración del Estado, pudiendo para ello impartir títulos propios con reconocimiento oficial.

La Agencia Estatal de Administración Pública debería abarcar al personal de la Administración del Estado, así como al personal de las Administraciones locales con habilitación nacional, pero también al resto de la administración local en cooperación con ella. Asimismo, a través de la celebración de los correspondientes convenios de colaboración, podría configurarse como centro de formación del resto de las Administraciones territoriales.


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Como consecuencia de la creación de la Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza, se suprimirían los centros de formación de empleados públicos existentes en la actualidad, cuyos recursos personales y materiales quedarían adscritos a la nueva Agencia. Entre los centros que se integrarían en ella se encontrarían los siguientes:

a) Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

b) Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

c) Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

d) Escuela Diplomática (ED).

e) Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO).

f) Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

g) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO).

h) Todos los demás centros que intervengan en los procesos de selección y formación de los empleados públicos.

Proposición no de Ley

"Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La creación de una Agencia Estatal de Administración Pública y Gobernanza, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las siguientes funciones:

a) La programación, organización e impartición de cursos de formación dirigidos a los empleados públicos de la Administración General del Estado de todos los niveles, así como al personal de la Administración local con habilitación nacional.

b) La realización de estudios y seminarios relacionados con las materias de su competencia.

c) La selección de todo el personal de la Administración General del Estado, así como del personal de la Administración Local con habilitación nacional, siguiendo las directrices establecidas en las Ofertas de Empleo Público anuales y los planes estratégicos de personal de la Secretaría de Estado de Administración Pública. También podrá asumir, en cooperación con la Administración Local, la selección del resto de su personal.

2. La Agencia Estatal de Administración Pública será la responsable de la política de formación de los Directivos Públicos, pudiendo crear titulaciones específicas de carácter oficial.

3. La Agencia Estatal de Administración Pública podrá firmar convenios de colaboración con otras Administraciones Territoriales para la formación de los empleados públicos de éstas.

4. Su creación conllevará la supresión de los organismos cuyas funciones asume."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Fomento

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre subsidiación de viviendas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

A pesar de que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como principio programático, y así dispone la consiguiente obligación de los poderes públicos de actuar para dar contenido material a este mandato promoviendo las


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condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, los continuos desahucios demuestran que las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos no han garantizado el acceso a este derecho fundamental para garantizar una vida digna.

El derecho a la vivienda tiene su reflejo en distintos instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos humanos, como la Carta Social Europea:

"Artículo 31. Derecho a la vivienda.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas:

1. A favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente.

2. A prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación.

3. A hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes."

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea:

"Artículo 34.3.

Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho Comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales."

Y la Declaración universal de los Derechos humanos:

"Artículo 25.1.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

Las ayudas públicas reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda han mantenido a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante, siendo complementadas por las ayudas adicionales establecidas por las Comunidades Autónomas en su propio ámbito competencial. Entre estas ayudas se encuentra la subsidiación de préstamos cualificados, consistente en el abono por el Ministerio de Fomento (o por los departamentos ministeriales en cada momento competentes para ello) de un porcentaje de las cuotas de amortización del préstamo al que se refiere la ayuda.

En estos términos se ha venido regulando la subsidiación de préstamos cualificados para viviendas protegidas en sucesivas normas coincidentes generalmente con la aprobación de los planes estatales de vivienda, pudiendo citarse como normas promulgadas con dicho fin el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Los beneficiarios de estas ayudas son ciudadanos que, por su situación económico-social, han cumplido unas estrictas condiciones establecidas en los planes de vivienda para poder optar a estas ayudas.

En esta situación, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 35, suprimió las nuevas concesiones de ayudas de subsidiación de préstamos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con la siguiente redacción "Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la comunidad autónoma".

No obstante, con esta disposición debían quedar vigentes en toda su integridad las ayudas concedidas hasta esa fecha, por cuanto el precepto se refería claramente a las que no hubieran sido objeto de concesión.


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La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en su disposición adicional segunda, viene a subvertir la situación jurídica de las ayudas ya concedidas al disponer que las renovaciones o prórrogas de las ayudas referidas, incluso de aquellas que según la norma explicita habrían sido ya concedidas, quedan suprimidas y sin efectos y no se admiten en lo sucesivo a pesar de estar expresamente previstas en la legislación en cuya virtud se reconocieron.

A muchos ciudadanos se les ha impedido el acceso al registro de las solicitudes de prórroga de la subsidiación.

Cincuenta diputados en representación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentaron Recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 134, de 5 de junio de 2013), el 5 de septiembre de 2013.

La Defensora del Pueblo en su informe anual 2013, formula recomendaciones a este respecto y también el Síndic de Greuges en informe remitido el pasado mes de marzo a la Coordinadora de plataformas de afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos VPO/VPP.

La derogación de estas ayudas ha generado inseguridad jurídica a miles de ciudadanos que confiaron de buena fe en la Administración pública, y les amparan en sus respectivos informes la Defensora del Pueblo y las sentencias reiteradas por los juzgados de lo contencioso de todas las provincias valencianas y en los demás juzgados de lo Contencioso y Tribunales Superiores de Justicia de todo el Estado.

Muy recientemente la Ministra de Fomento en sede parlamentaria, ha señalado que se va a proceder al pago de todas las subsidiaciones acogidas a todos los planes estatales de vivienda anteriores al plan de vivienda 2009/2012.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Realizar las modificaciones legislativas necesarias para mantener la vigencia de la subsidiación de préstamos cualificados para la adquisición de vivienda de protección oficial.

b) Acordar la revisión y revocación de las resoluciones por las que se hubieren denegado las solicitudes o prórrogas de ayuda a la subsidiación de vivienda de protección oficial de los planes estatales de vivienda anteriores al plan estatal de vivienda 2009/2012, anulando las mismas por ser contrarias a Derecho.

c) Dictar, en breve, nuevas resoluciones favorables en las que se estimen las prórrogas, y de esta manera, evitar a los afectados acudir a los juzgados y causarles mayores perjuicios económicos.

d) Abrir un periodo administrativo extraordinario de seis meses, para que todos los ciudadanos que cumplían los requisitos de prórroga de las subsidiaciones de los planes estatales de vivienda anteriores al plan 2009/2012, puedan presentar la solicitud y se proceda a la concesión de las prórrogas a las que tienen derecho.

El Gobierno dará cuenta a estas Cortes del cumplimiento de la presente resolución, en el plazo máximo de un mes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Educación y Deporte

161/002878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las titulaciones de Ingeniero e Ingeniero técnico informático, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

Los servicios digitales son clave en el desarrollo social y económico de un país. Así lo ha entendido la Comisión Europea, que, a través de la Agenda Digital Europea, pretende construir sinergias e impulsar alianzas de cara a relanzar la economía y ayudar a los ciudadanos mediante las tecnologías digitales.

Es en este contexto en el que se han generado iniciativas como la definición de las habilidades digitales (e-Skills) consideradas necesarias por el desarrollo e implantación general de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Alineada con esta iniciativa, la UE también ha impulsado la definición del marco de competencias digitales e-Competence Framework (e-CF), como un conjunto de 36 competencias en el ámbito de las TIC que se sugieren para su uso en el sector empresarial y público, con el ánimo de proporcionar una herramienta de definición competencial y profesional en este sector.

De este modo, la Comisión Europea ha impulsado una gran coalición para la creación de empleos en la economía digital, con la previsión de 900.000 vacantes en el sector TIC en 2015, y con una progresión en número de empleos que aumenta en 100.000 al año.

En este contexto, para el impulso y la implantación de los servicios digitales, consideramos indispensable contar con especialistas como los titulados y tituladas en Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Informática, un sector profesional con una muy cualificada y avanzada formación que, sin embargo, al haber quedado en nuestro país al margen de las denominadas profesiones reguladas y con una situación académica peculiar, ha sido a menudo postergado en el entramado normativo español de los últimos años.

Y ello, a pesar de su tratamiento en la Unión Europea, donde organismos académicos como la Red Europea para el Aseguramiento de la calidad en la Educación en Informática (Eqanie), tienen encomendada la promoción del sello de calidad Euro-Inf, el marco competencial académico de calidad en estudios de Grado y Máster del ámbito de la Informática.

Sin embargo, en España la Ingeniería Informática es ya una ingeniería académicamente reconocida. Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, se dio publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecieron las recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática, en idénticos términos que el resto de los títulos asociados a ingenierías reconocidas.

De esta forma se resolvió, aunque sólo en parte, el agravio existente entre los titulados nacionales y los de aquellos países europeos, como Reino Unido, donde las titulaciones de Ingeniero Informático sí están reguladas de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

El citado acuerdo determinó para la ANECA la imprescindible referencia en el imperativo trámite de verificación previsto para la aprobación de los planes de estudios de Grado y Máster en Ingeniería Informática adscritos a la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura.

A la adopción del mismo contribuyó de forma clara la resolución, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado el 12 de noviembre de 2008, y que establece lo siguiente:

"La Comisión de Ciencia e Innovación insta al Gobierno a, primero, incorporar, tras un breve período de tiempo, las titulaciones del ámbito de la ingeniería Informática, grado y máster, en la discusión del conjunto de las ingenierías. Segundo, estudiar, respetando la legislación y normativa vigentes, las posibilidades de definir soluciones transitorias para que la ingeniería informática tenga el mismo trato que el resto de las ingenierías hasta el desarrollo legislativo de la regulación de profesiones en el marco de trasposición de la Directiva Europea de Servicio."

Entendemos, pues, que es preciso dar el tratamiento adecuado en nuestro país a las titulaciones y profesiones de Ingeniero e Ingeniero Técnico Informático.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que:

1. Adopte las medidas necesarias para que, con respeto a la normativa y competencias regulatorias en el ámbito profesional, la Ingeniería Informática alcance el mismo nivel de definición académico que el resto de ingenierías.


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2. Promueva la participación de las entidades legales responsables, tanto del ámbito informático académico como profesional, en aquellos foros y organismos cuya responsabilidad implique el desarrollo e implantación de las tecnologías de la información y los servicios digitales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la modificación de la potencia eléctrica, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

Existen muchos sectores productivos que por sus características propias, solamente realizan actividad durante un espacio limitado de tiempo a lo largo del año. Esto es muy habitual en el sector agrícola, pendiente de los diversos ciclos de cosechas. Por ejemplo, los molinos de aceite o los almacenes de procesado de naranjas.

En estas temporadas, las necesidades eléctricas son grandes, lo que lleva a las empresas a contratar con las compañías distribuidoras potencias eléctricas elevadas.

Sin embargo, cuando termina la temporada, dichas necesidades caen en picado, pero las empresas no pueden variar su contrato porque la legislación actual lo impide. El RD 1164/2001 en el artículo 5, apartado 4, 3r 3r) dice: "Las empresas distribuidoras están obligadas a modificar la potencia contractual para ajustarla a la demanda máxima que deseen los consumidores o sus mandatarios, de acuerdo con el ámbito de aplicación de las tarifas de acceso establecido en el artículo 1, apartado 1, del presente Real Decreto, excepto en el caso en que el consumidor haya modificado voluntariamente la potencia en un plazo inferior a doce meses y no se haya producido ningún cambio en la estructura de tarifas que le afecte, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que tuviera que dar la Dirección General de Política Energética y Minas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto."

La normativa impide realizar un cambio con menos de doce meses.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el RD 1164/2001, para permitir a los contratantes de los servicios de las empresas distribuidoras de electricidad modificar la potencia contratada en un plazo no inferior a seis meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley sobre acceso a la banda ancha en aquellas localidades por las que discurren los diversos Caminos de Santiago, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El sector de las telecomunicaciones es un pilar básico e imprescindible para avanzar en la consolidación del tejido productivo de nuestro país para ampliar las expectativas económicas y para establecer nuevos parámetros acordes con una sociedad igualitaria e integradora.

Es indiscutible que las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo y por tanto el desarrollo económico y al bienestar social y, tal como afirma la Comisión Europea "el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante impacto en la creación de empleo, estimándose que la innovación podría generar dos millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisión de contenidos o la fabricación de equipos".

Los beneficios que aportan las redes de nueva generación y la banda ancha para el mercado del trabajo, la economía y para una sociedad cada vez más tecnológica y basada en la información, la innovación y el conocimiento, incrementa las posibilidades de competitividad, crecimiento económico y creación de empleo.

Así pues, la inversión en nuevas tecnologías, factor clave para salir de la crisis, requiere al mismo tiempo la garantía de acceso a las mismas de toda la ciudadanía así como un marco regulatorio adecuado para su desarrollo.

En este aspecto, la Unión Europea había comprometido a través de la Agenda Digital para Europa, la garantía de acceso de la ciudadanía europea a la banda ancha básica antes del fin de 2013, garantía que obviamente no se ha consolidado ya que una gran parte de la ciudadanía en nuestro país carece de dicho acceso, fundamentalmente en zonas rurales.

Esto ocurre con mucha frecuencia en los cientos de kilómetros que constituyen los distintos Caminos de Santiago que atraviesan nuestro país. El Camino o los Caminos de Santiago son hoy fuente de riqueza, de creación de empleo y de diversificación de la economía en la totalidad de localidades por las que discurren.

Esa importancia recobrada para la cohesión de los pueblos, la economía turística y el desarrollo cultural ha generado la implantación de múltiples negocios y empresas relacionadas fundamentalmente con la atención y los servicios a las personas que realizan el peregrinaje por el Camino de Santiago. Los innumerables albergues, hospederías, locales de restauración y de información son fuente indiscutible de riqueza a la vez que apoyan decididamente la fijación de la población en zonas rurales de alto valor patrimonial y paisajístico.

Uno de los problemas que con más frecuencia manifiestan tanto las personas que ostentan la titularidad de los diversos establecimientos que se encuentran a lo largo del Camino de Santiago, como los propios usuarios y usuarias de los mismos es el de la imposibilidad de acceso telemático para efectuar o modificar reservas lo cual supone un perjuicio para la consolidación de la economía de estas zonas rurales a la vez que incrementa las dificultades a las y los peregrinos que recorren el Camino.

El pleno desarrollo y la consolidación de estos nuevos yacimientos de empleo requiere la inversión en redes de nueva generación que aportará un doble efecto positivo en la economía; de forma directa relacionada con la creación de empleo y de forma indirecta incrementando la productividad mediante la reducción de costes y la mejora de la eficiencia.

Terminar pues con la fractura digital no constituye sólo un derecho de territorios, sectores sociales, generaciones o la ciudadanía en general, sino que se relaciona directamente con la economía de amplias zonas rurales de nuestro país, singularmente aquellas por las que discurre el Camino de Santiago que es, en sí mismo, fuente de riqueza y empleo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar con carácter urgente y en colaboración con las Administraciones públicas implicadas, el acceso a la banda ancha en aquellas localidades,


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especialmente las ubicadas en zonas rurales, por las que discurren los diversos Caminos de Santiago con objeto de potenciar los sectores económicos implantados en torno a los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Luisa González Santín, Helena Castellano Ramón y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para; al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la alternativa al Canal Bajo para el abastecimiento de agua potable a la Mancomunidad de Municipios del Añarbe en Gipuzkoa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El proyecto de una nueva conducción de abastecimiento de agua potable para la Mancomunidad de Aguas del Añarbe (312.176 habitantes), es una obra pendiente de carácter estratégico destinada a asegurar definitivamente la garantía de abastecimiento a los diez municipios mancomunados (San Sebastián y los municipios de su entorno).

Habida cuenta de la antigüedad de la actual conducción -el llamado Canal Bajo- construido hace 55 años y que transcurre soterrado en gran parte conectando ahora los caudales de abastecimiento desde la Presa de Añarbe hasta la ETAP (Estación de tratamiento de aguas potables) de Petritegi en Astigarraga. Existe una gran preocupación entre los técnicos de Aguas del Añarbe ante el riesgo de interrupción del Canal Bajo por roturas o desprendimientos y, por ende, del abastecimiento a tan importante número de habitantes y municipios.

Con un presupuesto de proyecto de 19.762.373,14 ? (23.912.471 ?, con el IVA), y un plazo de ejecución de 25 meses, la alternativa consiste en la construcción de una estación de bombeo en el río Urumea -en el emplazamiento de una antigua central hidroeléctrica, hoy en desuso, denominada Lastaola, en Hernani- y una conducción en impulsión hasta la ETAP del Añarbe en Petritegi. En caso de fallo o interrupción del actual Canal Bajo, los caudales para el abastecimiento se soltarían en la Presa de Añarbe al río Urumea para, 15,7 kilómetros más abajo, en el paraje de Lastaola, ser aspirados por la nueva estación de bombeo y bombeados hasta la ETAP.

Una vez construida la alternativa, pondría el abastecimiento a los habitantes de Añarbe a salvo de roturas e interrupciones del actual Canal Bajo, a la vez que permitiría efectuar paradas programadas del mismo para emprender su paulatina rehabilitación y modernización, utilizándose mientras tanto la nueva solución para abastecer a la población.

Estando el proyecto aprobado en 2004, la declaración de obra de interés general para el Estado recogida en la Ley de los Presupuestos Generales de 2010, adquiridos los terrenos necesarios y muy avanzada la Declaración de Impacto Ambiental, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la siguiente


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Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"Proceder a la licitación, en el plazo más breve posible, de la obra de construcción de la conducción alternativa al actual Canal Bajo para el abastecimiento de agua potable, destinado a la Mancomunidad de Municipios del Añarbe en Gipuzkoa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre información alimentaria, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

En octubre de 2011 el Parlamento Europeo aprobaba el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Este Reglamento introducía una serie de medidas tendentes a garantizar una adecuada información a los consumidores sobre los alimentos que compran y consumen, afrontando, entre otros, el reto de una mejora en el etiquetado de la comida. Si bien algunos artículos del mismo ya se han desarrollado en nuestro país, existe una importante parte del mismo que todavía está por definir en nuestro ordenamiento jurídico referido a las alergias alimentarias.

De esta manera, el sector de bares, cafeterías y restaurantes debe afrontar el reto de informar a sus clientes de las sustancias alergénicas que contengan sus platos, raciones y aperitivos con el fin de que se puedan consumir sin riesgo. Esto ha de hacerlo con las 14 sustancias que La UE ha definido como ingredientes considerados alérgenos.

Este Reglamento, otorga responsabilidad directa al restaurador sobre la información que debe ofrecer al comensal, bien elabore los platos in situ, bien procedan de terceros. Tal como está redactada dicha normativa, la presencia no declarada de un alérgeno en un alimento que se considera un peligro alimentario, comparable a la presencia de salmonella. Por tanto, parece razonable impulsar medidas destinadas al conocimiento de los alimentos por parte de los trabajadores de este sector así como fomentar -en la medida de lo posible- la presencia de menús detallados con los ingredientes de cada uno de los platos a fin de evitar no sólo reacciones alérgicas, sino una posible sanción a los restauradores por el simple desconocimiento de la norma.

Lo cierto es que los casos de alergias alimentarias han aumentado de forma considerable en los últimos 20 años. En España, las alergias alimentarias afectan entre un 4% y un 5% de la población, dato que extrapolado a los 500 millones de habitantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, supone que de 10 a 20 millones de personas sufren una alergia alimentaria. A pesar de que se han identificado unos 170 alimentos como causantes de reacciones alérgicas, sólo unos doce son los responsables de prácticamente el 90% de estas reacciones.

Según un estudio de la Unión Europea sobre el impacto económico de las alergias a los alimentos, tanto en niños como en adultos el coste sanitario de un paciente adulto alérgico a algún alimento asciende a alrededor de 1.300 ?, un 47% más que el gasto generado por la población no alérgica. En el caso de la población infantil, el impacto sanitario de estas alergias alcanza los 1.400 ?, tres veces más que los menores no alérgicos, que apenas superan los 390 euros.

Según dicho estudio, los alimentos más frecuentemente implicados en reacciones adversas de los pacientes que acuden al alergólogo son: el melocotón, la leche, el huevo, el melón, las gambas, el pescado, el kiwi, el plátano, la nuez, la sandía, el cacahuete, la manzana, el tomate, el pescado y la avellana. En general, las alergias más frecuentes en España (35% de los casos) tienen que ver con las frutas frescas.


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El 22% se deben a los frutos secos, el 14%, a las verduras y el 8% al cacahuete. Según este mismo estudio, el 70% de los casos de reacción alérgica por ingesta de alimentos se producen fuera del ámbito doméstico.

Por otro lado, parece necesario trabajar por una gastronomía accesible, sobre todo teniendo en cuenta que además de la población nacional, cada año nos visitan millones de turistas. Así, existen casos de personas que ven limitadas sus oportunidades de disfrutar de la gastronomía del lugar que visitan no sólo a causa de sus alergias e intolerancias alimentarias, sino también de la falta de información sobre los ingredientes que contienen los platos o productos típicos de la zona. Esto les impide poder comer en cualquier establecimiento que se les antoje, ya que su salud y seguridad personal se ven amenazadas al no disponer de la información adecuada.

Determinados ingredientes u otras sustancias o productos (como los coadyuvantes tecnológicos), cuando se utilizan en la producción de alimentos y siguen estando presentes en el producto acabado, pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas, y algunas de estas alergias o intolerancias representan un riesgo para la salud de las personas afectadas. Es importante que se facilite también información sobre la presencia de aditivos alimentarios, coadyuvantes tecnológicos y otras sustancias o productos con efectos alergénicos o de intolerancia demostrados científicamente para que los consumidores, especialmente aquellos que sufran una alergia o intolerancia alimentaria, elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Si bien es cierto que en nuestro país algunas Comunidades Autónomas (como es el caso de Canarias, que obligará a sus establecimientos a tomar medidas antes de diciembre de este año) en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición están tomando medidas al respecto, lo que está claro es que es necesario impulsar las medidas adecuadas para solucionar esta problemática.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas a fin de que todos los establecimientos de hostelería y restauración informen a sus clientes, cuando estos lo soliciten, de:

a) la denominación del alimento;

b) la lista de ingredientes;

c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo II o derive de una sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada; se destacarán, mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes, aquellas sustancias consideradas en el Reglamento 1169/2011 como alergénicas;

d) la identidad y la composición, las propiedades u otras características de los alimentos y concretamente de:

i) Las propiedades relacionadas con la composición que puedan ser perjudiciales para la salud de determinados grupos de consumidores, como ocurre por ejemplo con los celíacos,

ii) Duración, almacenamiento y uso seguro,

iii) Los efectos sobre la salud, incluidos los riesgos y las consecuencias relativos al consumo perjudicial y peligroso de un alimento;

e) información sobre las características nutricionales para permitir que los consumidores, incluidos los que tienen necesidades dietéticas especiales, tomen sus decisiones con conocimiento de causa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.


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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002885

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación del Programa de Acción de El Cairo más allá de 2014, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, constituye un hito en las políticas de población y en la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos. Su Programa de Acción, firmado por 179 países, fijó como objetivo lograr el acceso universal a todos los servicios necesarios en salud sexual y reproductiva en los siguientes 20 años. Este programa resalta la importancia de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos para la autonomía de las mujeres y las niñas, junto con la educación, la independencia económica y la participación política. Además, constituye un punto de inflexión al ser el primer documento internacional que incluye de forma explícita la "salud sexual y reproductiva" y los "derechos reproductivos" dentro de los derechos humanos a proteger.

En el 2014 se cumplen los 20 años de la implementación del Programa de Acción. La Asamblea General de la ONU ha decidido prorrogarlo más allá del 2014 y convocar para este año una sesión extraordinaria de la Asamblea General que renueve el apoyo político necesario para la plena realización de sus metas y objetivos. Asimismo, se ha dedicado la 47.° sesión especial de la Comisión de Población y Desarrollo a evaluar el nivel de implementación del Programa de Acción y a establecer los temas clave para su implementación a partir de 2015, lo que también ha hecho la Conferencia Parlamentaria sobre la implementación de la CIPD (IPCI) celebrada en Estocolmo del 22 al 25 de abril de este año, en la que se revisó el estado del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de población y desarrollo. En esta Conferencia, que ha servido como plataforma de lanzamiento para la segunda fase del Programa de El Cairo-post-2015, se acordó una declaración final, basada en acuerdos establecidos en anteriores conferencias IPCI, que compromete a los/as parlamentarios/as a redoblar sus esfuerzos para promover las medidas de la CIPD en el marco de desarrollo. Culminaría así el proceso de revisión llevado a cabo para identificar tanto los logros obtenidos como los retos que aún persisten para el logro de las metas acordadas en El Cairo en 1994.

Este proceso se lleva a cabo en un momento clave, sólo un año antes de que venza el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mileno y en plena construcción de la agenda post-2015. En este sentido, constituye una oportunidad única no sólo para reafirmar y dar prioridad a los temas emergentes de la CIPD, sino también para vincular ambos procesos y garantizar que la salud y los derechos sexuales y reproductivos ocupen un lugar central en la nueva agenda mundial de desarrollo.

Veinte años después de El Cairo, aún queda mucho por hacer. La CIPD ha inspirado políticas y programas que han mejorado millones de vidas, pero aún persisten serias carencias y la agenda acordada en El Cairo sigue estando en gran medida inacabada. Tal y como destaca el informe del proceso de revisión, los avances han sido fragmentados y con grandes diferencias entre países y regiones. En el acceso a la salud materna, sigue habiendo importantes desigualdades entre mujeres pobres y ricas o entre mujeres del ámbito urbano y rural; los embarazos adolescentes siguen afectando de forma desproporcional a las jóvenes más pobres, y el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte en países de renta media y baja. Los problemas de salud sexual y reproductiva siguen afectando innecesariamente la vida de millones de personas. Las mujeres, las adolescentes y las comunidades más pobres son las que sufren las consecuencias más graves.

En el pasado decenio, la comunidad internacional no ha otorgado a la financiación para servicios de salud reproductiva, en especial los de planificación familiar, la importancia que merece. El gasto en servicios de salud reproductiva ha ido aumentado sostenidamente, pero a un ritmo mucho más lento que la financiación destinada a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Y actualmente, el gasto en planificación familiar no es superior al registrado cuando se celebró la CIPD. En consecuencia,


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los fondos destinados a salud reproductiva y planificación familiar están muy lejos de mantenerse al mismo ritmo que el aumento de las necesidades de la creciente cantidad de parejas que alcanzan la etapa de procreación en los países en desarrollo. Se estima que hay más de 215 millones de mujeres que no tienen acceso a los anticonceptivos modernos a los que aspiran.

En respuesta a esos desafíos, la comunidad internacional adoptó dos importantes medidas en 2010:

- Las Naciones Unidas dieron a conocer en 2010 la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño, en momentos en que se celebraba la Cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y se recibieron promesas de contribuciones por aproximadamente 40.000 millones de dólares estadounidenses con destino a la salud de la mujer y el niño y el logro de los ODM 4 y 5 (reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna).

- Ese mismo año, durante la 36.° reunión de la cumbre del Grupo G-8, se anunció la Iniciativa de Muskoka para la salud de la madre, el recién nacido y el niño, en virtud de la cual los países miembros se comprometieron a aportar colectivamente, entre 2010 y 2015, un importe adicional de 5.000 millones de dólares estadounidenses para acelerar el progreso hacia el logro de los ODM 4 y 5.

Pero los países en desarrollo no solamente necesitan asistencia financiera. Otro importante desafío para promover el Programa de Acción de la CIPD es la necesidad de crear y fomentar en el marco nacional un entorno propicio para las cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos (SRHR). Esto puede lograrse aprobando y mejorando leyes, políticas y programas sobre población y desarrollo. En el pasado decenio se han logrado sustanciales progresos en estos ámbitos.

- Por ejemplo, un 96% de los 151 países que respondieron en 2004 a la encuesta mundial del UNFPA mencionaron medidas encaminadas a integrar las cuestiones de población en las políticas y estrategias de desarrollo.

- La omisión parcial de la salud reproductiva en los ODM originarios y su inclusión en 2005 en correspondencia con el ODM 5b también demuestran la importancia que ha cobrado esta cuestión en la comunidad internacional y, al mismo tiempo, los desafíos que enfrenta por parte de las fuerzas conservadoras.

No obstante, muchas leyes y políticas, aun cuando mejoran la situación, todavía no están preparadas para la tarea. En muchos países, la aplicación de las leyes y políticas vigentes sigue tropezando con dificultades. Más de 358.000 mujeres pierden la vida cada año debido a complicaciones del embarazo y el parto susceptibles de tratamiento, más de 220 millones de mujeres en los países en desarrollo quieren prevenir un embarazo pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces ni a servicios de calidad. Cada año se cuentan 80 millones de embarazos no deseados en el mundo.

En 2011, 2,5 millones de personas fueron infectadas con el VIH. En los países de bajos ingresos, sólo el 34% de las mujeres embarazadas reciben una atención prenatal adecuada.

Por lo tanto, es esencial que la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2014 contribuya significativamente a la movilización política y a la renovación de compromisos en los ámbitos clave del Programa de Acción de la CIPD.

En conformidad con lo establecido en la Declaración parlamentaria aprobada en la Conferencia Parlamentaria sobre la implementación de la CIPD celebrada en Estocolmo, los grupos parlamentarios firmantes presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante la próxima sesión extraordinaria de la Asamblea General sobre la CIPD que se celebrará el 22 de septiembre de 2014, insta al Gobierno a:

1. En coherencia con la Declaración Parlamentaria aprobada durante la Conferencia IPCI, promover la nueva agenda de desarrollo internacional que superará los Objetivos de Desarrollo del Milenio asegurando que la visión, los principios, los objetivos y metas del Programa de Acción de la CIPD, y de las prioridades que emanan de la revisión de su implementación, se reflejen en los procesos más allá de los ODM, discutiendo e integrando en la agenda de desarrollo post 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Promover los derechos humanos desde el paradigma de desarrollo basado en garantizar la igualdad de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los y las adolescentes y el desarrollo integral de las y los jóvenes, más allá del 2015.


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3. Con relación a la agenda post-2015, impulsar la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos de la mujer como objetivo independiente con metas específicas en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR), e lmpulsar en el marco del objetivo independiente y prioritario de salud, que incluya la cobertura sanitaria universal, una meta específica sobre el acceso universal a la SDSR, que también debe estar presente en los objetivos relativos a los derechos de los y las jóvenes, junto con la inversión en educación de calidad, oportunidades de empleo y el desarrollo de habilidades eficaces para la vida, como parte de la agenda de desarrollo más allá del 2015.

4. Promover el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, incluidos la atención sanitaria de calidad y los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para jóvenes, así como la eliminación de las barreras legales y sociales para el acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva de los adolescentes; y garantizar el acceso a la anticoncepción así como a una amplia gama de métodos modernos de planificación familiar y a la anticoncepción de emergencia según lo recomendado por !a OMS.

5. Implementar y dotar de financiación la legislación para prevenir el embarazo adolescente y el aborto inseguro, incluyendo como vías la revalorización del estatus de las mujeres y las niñas y el abordaje a las consecuencias sociales negativas de los estereotipos de género, a través de la educación sexual integral para las niñas y niños. Esta educación debe incluir información precisa que tenga en cuenta los datos científicos y la evidencia sobre la sexualidad humana, incluyendo el crecimiento y el desarrollo, la anatomía y la fisiología, la reproducción, el embarazo y el parto, el VIH y las ITS, la vida familiar y las relaciones interpersonales; la cultura y la sexualidad; la protección de los derechos humanos, la realización y el empoderamiento; la no discriminación, los roles y la igualdad de género; el comportamiento sexual, el abuso sexual, la violencia de género y las prácticas nocivas;

6. Eliminar las barreras legales que impiden a las mujeres y las adolescentes el acceso a un aborto legal y seguro, incluida la revisión de las restricciones dentro de las leyes de aborto existentes; asegurar la disponibilidad de servicios de aborto seguros y de buena calidad con el fin de salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas.

7. Promover el aumento de los presupuestos de ayuda al desarrollo para la asistencia a la población, y garantizar el objetivo del 0,7 por ciento del PNB para la ayuda oficial al desarrollo, como se acordó en las anteriores conferencias IPCI / CIPD.

8. Promover políticas y programas con metas claras y asignaciones presupuestarias e indicadores para medir el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

9. Garantizar que los datos sobre población, salud, género y desarrollo sean adecuados y desglosados, entre otros indicadores, por sexo, edad y discapacidad, y se hagan públicos con el fin de facilitar el intercambio y la utilización de los conocimientos y mejorar la rendición pública de cuentas.

10. Asegurar que se pongan en marcha y se doten con asignación presupuestaria mecanismos institucionales para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos y para garantizar que todas las víctimas, en particular las víctimas de violencia de género, tengan derecho a la reparación y a la justicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).- Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Cultura

161/002883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la aportación al Palau de les Arts de València en los PGE, para su debate en la Comisión de Cultura.


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Exposición de motivos

Desde que en el año 2005 fue inaugurado el Palau de les Arts Reina Sofía, el gobierno de la Comunidad Valenciana, no desaprovechó ninguna ocasión para recordar al Gobierno del Estado, la escasa aportación económica que se incluía en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el mismo partido que gobierna la Comunidad Valenciana y también en Madrid parece no acordarse, que en solo cuatro años, la aportación de 1,1 millones de euros de los PGE del año 2011, se ha convertido en la exigua cantidad de 397.000 que se consignan en los presupuestos vigentes.

La inquietud que en estos días se vive en Valencia, por el futuro del Palau de les Arts, ha provocado que el mismísimo Zubin Metha se preguntara "por qué Madrid odia a Valencia".

En el mismo sentido el tenor Placido Domingo, gran conocedor del Palau de les Arts, ha calificado como "irrisoria", la aportación que destina el Ministerio de Cultura al coliseo valenciano, añadiendo que con esta cantidad "no se puede hacer nada".

Pero la discriminación que sufre nuestro país, no afecta solo al Palau de les Arts. Así, otro desgraciado ejemplo se puede advertir en el proyecto de ampliación del Museo de San Pio V, pues para la ejecución de la 5.ª fase, los valencianos hemos tenido que esperar más de diez años en ver comenzar dichos trabajos, pero con una 5.ª fase muy devaluada respecto del proyecto original.

También resulta sangrante el estado en el que se encuentra el Museo de Cerámica González Martí, cuya segunda fase de rehabilitación espera desde el año 1998 con un sosiego insultante.

En conclusión, planteamos garantizar los recursos económicos suficientes para el Palau de les Arts, recursos que son esenciales para la continuidad de la prestigiosa Orquesta, que es su gran activo, siendo lo más razonable reproducir el modelo de gestión del Teatro Real, el Teatre Liceu y La Maestranza. Este modelo cuenta con un patronato en el que están representadas la Administración central, autonómica y local quienes participarían de la gestión y asegurarían su financiación, pues este teatro de ópera es un proyecto cultural estratégico de proyección nacional y sobre todo internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, para que a través del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, se incorpore al Patronato de la Fundación del Palau de les Arts de València.

2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte para que aporte a la Fundación del Palau de les Arts, la cantidad de cinco millones de euros en los próximos PGE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción de tarifas en las autopistas para las motocicletas, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Las últimas medidas realizadas por los distintos gobiernos de España para reducir la tasa de siniestralidad en las carreteras han tenido resultados positivos, el carné por puntos y las distintas campañas de sensibilización han logrado reducir dicha tasa. Sin embargo, todavía hay trabajo por realizar ya que las víctimas mortales por cada 100 millones de vehículo-kilómetro en España es de 0,58 según el Análisis de la accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2011 (AARCE) realizado por el Ministerio de Fomento, mientras que países como Reino Unido, Suecia y Holanda entre otros Estados europeos tienen una menor tasa, a la que debemos aspirar.


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El AARCE contempla en su evolución de indicadores parciales en los heridos graves y fallecidos en motocicletas como el indicador que menos descenso va percibir hasta el año 2020. El indicador muestra únicamente un descenso del 20%, por lo que se deberían llevar a cabo medidas adicionales para contribuir a un mayor descenso de la siniestralidad en este sector.

El tipo de vía es un factor determinante relacionado con la siniestralidad según el Balance de Seguridad Vial 2013 realizado por el Ministerio del Interior. Las vías convencionales son las que perciben una mayor siniestralidad, se computaron 898 fallecimientos en el año 2013, mientras que la siniestralidad en las autovías y autopistas es mucho menor. En las autopistas se registraron 52 fallecimientos durante el mismo año, evidenciando que las autopistas son las vías más seguras ya que es donde menos siniestralidad se registra. Según el AARCE, el número de accidentes de motocicletas en vías convencionales fue tres veces superior al de las vías de gran capacidad, incluidas las autopistas. La mortalidad en las vías convencionales casi duplica a las vías de gran capacidad.

Mientras la mortalidad debido a los siniestros descendió en los turismos en un 18% en el año 2013 y los de furgoneta registraron un descenso de veintiséis fallecidos menos que en el año 2012, la mortalidad de los usuarios de las motocicletas aumentó. Por ello debemos prestarle mayor atención a este sector y más teniendo en cuenta que tal y como preveía el Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores, realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico a expensas del Ministerio del Interior, el número de ciclomotores, pero también de motocicletas de mayor cilindrada, ha aumentado en España en los últimos años. El motivo principal es la falta de fluidez en la circulación en el acceso a las grandes ciudades en horas punta, convirtiéndose la motocicleta en una alternativa elegida por muchos ciudadanos. De forma que implementar políticas que favorezcan la circulación de las motocicletas por vías de gran capacidad incluidas las autopistas favorecerá una reducción en la siniestralidad de las mismas, además de cumplir el artículo 43.2 de la Constitución Española que regula que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Por otra parte, los atascos en las carreteras cuestan una ingente cantidad de dinero tanto a empresas privadas como a empresas públicas, se calcula que en torno a 5.000 millones de euros podían ahorrarse con la implementación de políticas adecuadas que estuviesen destinadas a mitigarlos. Así como el tiempo perdido que afecta tanto al ámbito privado como al público. Fomentar el uso de las autopistas entre los usuarios de las motocicletas implicaría un descenso de la congestión que aparece en las entradas de las grandes ciudades a determinadas horas. Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios de motocicletas también cuentan con vehículos de cuatro ruedas, con lo que fomentar el uso de los vehículos de dos ruedas por las vías de gran capacidad implicaría no solo un descenso de la siniestralidad, también afectaría de forma positiva a la economía disminuyendo los atascos de tráfico.

Reducir las tarifas de las autopistas para las motocicletas es una medida que ayudaría a mitigar los problemas de siniestralidad y de las congestiones de tráfico, pero no únicamente, ya que las motocicletas según el Plan de Calidad del Aire 2012 de la Comunidad de Madrid emiten menos del 12% de las emisiones totales de óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, mientras que vehículos más pesados son responsables casi el 85% de estas emisiones. El impacto en el medio ambiente tan reducido llevó a la Comunidad de Madrid a promover a través de incentivos fa sustitución de vehículos más contaminantes por motocicletas.

Los peajes de las autopistas están divididos en vehículos pesados y vehículos ligeros; esta última categoría abarca desde microbuses o furgonetas hasta motocicletas, sin distinguir la gran diferencia que existen entre los mismos, a pesar de que el número de personas que pueden viajar en turismos y microbuses sea muy superior en éstos comparado con las motocicletas. Distinción que si hacen en países de nuestro entorno como Francia e Italia.

Tal y como redacta el artículo 51.1 de la Constitución Española, "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Las tarifas de las autopistas tienen el propósito de financiarla, mantenerla, operarla y mejorarla; teniendo en cuenta que la capacidad de carga tanto de personas como de materiales es mucho menor en las motocicletas, el impacto en el pavimento es también muy inferior al de otros vehículos, con lo que las tarifas deberían de contemplar estos factores con objeto de conseguir un peaje justo que refleje las características de estos vehículos, menos contaminantes y que erosionan menos el firme.


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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear una división dentro del grupo tarifario de vehículos ligeros de las autopistas que contemple la distinción entre vehículos de cuatro ruedas y motocicletas.

2. Implementar una reducción de tarifa para el uso de las autopistas, en el subgrupo de vehículos ligeros, en el que esté incorporada la motocicleta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Educación y Deporte

181/001956

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte.

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán.

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir la internacionalización efectiva de las titulaciones superiores impartidas por las universidades españolas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001955

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Diputado don Odón Elorza González.

Texto:

¿Cuándo va a licitar la obra de construcción de la conducción alternativa al actual Canal Bajo para el abastecimiento de agua potable, destinado a la Mancomunidad de Municipios del Añarbe en Gipuzkoa,


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estando el proyecto aprobado en 2004, la declaración de obra de interés general para el Estado recogida en la Ley de los Presupuestos Generales de 2013, adquiridos los terrenos necesarios y muy avanzada la Declaración de impacto Ambiental?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000263

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1453/2014, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra los artículos 1 a 10 de la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-ares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1453-2014, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones contra los artículos 1 a 10 de la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Navarra. Ha sido ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el tribunal constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1453-2014 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 26 de junio de 2014.

232/000298

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1750/2011, interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana, contra la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1750-2011, interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana, representado por la Abogada de la Generalitat Valenciana, contra la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Ha comparecido el abogado del Estado en la


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representación que ostenta. Ha sido Ponente el Presidente, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad número 1750-2011 formulado contra la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 26 de junio de 2014.

http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid

D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00

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