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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 391, de 24/01/2014
cve: BOCG-10-D-391
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de enero de 2014

Núm. 391


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso a la sanidad a los ciudadanos de nacionalidad española residentes en el extranjero ... (Página3)

162/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020) ... (Página4)

162/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud ... (Página5)

162/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre convocatoria de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ... (Página6)

162/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actualización del Salario Mínimo Interprofesional para 2014... (Página7)

162/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la derogación de la disposición adicional 65.ª de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que priva del derecho a la asistencia sanitaria a los beneficiarios que salgan al extranjero durante más de 90 días y estén en situación de desempleo ... (Página8)

162/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en contra de utilizar Canarias para intervenciones militares en África ... (Página9)

162/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el incremento del copago farmacéutico para 2014 ... (Página11)

162/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a estudiar la reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para mejorar el estatuto de la Administración Concursal y facilitar la viabilidad de las empresas en concurso ... (Página11)


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162/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas ... (Página13)

162/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Política Hidráulica y Planificación Hidrológica... (Página13)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

162/000832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la sanidad a los ciudadanos de nacionalidad española residentes en el extranjero, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Las dificultades por las que pasa la economía española ha forzado a numerosos ciudadanos españoles a buscar soluciones para su vida en el extranjero. Parte significativa de la población que ha tenido que emigrar es población joven y con hijos, como lo demuestran los últimos datos sobre emigración española publicados por el INE referentes al primer semestre de 2013, que indican que más del 60 % se corresponde con menores de treinta y cinco años.

Esta situación ha dado lugar, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a que a fecha 1 de enero de 2013, 1.931.248 españoles vivan en el extranjero, de los cuales 656.841 viven en Europa.

De esta cantidad, respectivamente en total y para Europa, el 36,67 % y 38,98 % tienen menos de 35 años y el 18,91 % y 21,13 % menos de dieciséis, con la particularidad de que estos últimos suponen más del 50 % de los menores de 35 años , mostrando su alto grado de dependencia familiar.

Indudablemente, mientras la situación económica no mejore, los saldos migratorios seguirán siendo negativos, tal como muestran los datos del INE referentes al primer semestre de 2013, que nos indica que en dicho semestre este saldo migratorio ha sido de 24.860 personas, acentuándose la tendencia ya mostrada en los años 2012 y 2011.

La situación parece indicar, por tanto, que en función de la tendencia migratoria la población española en el extranjero seguirá incrementándose, por lo menos en un corto e incluso probablemente medio plazo.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en los que se indica que se incorpora la disposición adicional sexagésima quinta al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, indicando que con "respecto a la pérdida de residencia a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural", indicando a continuación que a "efectos del mantenimiento de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los noventa días a lo largo del año natural".

Consideramos que en situaciones como la actual es más necesaria que nunca la solidaridad entre los españoles, incluyendo en este sentido la asistencia sanitaria a los españoles que viven en el extranjero,


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ya que son la consecuencia de las malas políticas económicas llevadas a cabo durante muchos años y en muchos casos situaciones forzadas y no deseadas.

Pudiendo darse incluso la situación de que un emigrante español tenga que pagar sus impuestos correspondientes en territorio español al haber trabajado durante el año natural en España y posteriormente al verse en la necesidad de emigrar, estando en el extranjero más de 90 días, pierda el derecho a cobertura sanitaria, ya que paradójicamente a efectos tributarios a partir de la permanencia en territorio español durante seis meses en el año natural nace la obligación de declarar sus ingresos en España, pero viviendo tres meses en el extranjero se pierden los derechos correspondientes a los de ciudadano español.

La cobertura sanitaria propuesta indudablemente iría dirigida hacia los ciudadanos que viven en países con convenios bilaterales en esta materia y que carecen de dicha cobertura, ya que aquellos que han encontrado trabajo es presumible que gocen de las coberturas características de los países de acogida.

Dada la situación precaria en que se pueden encontrar los ciudadanos españoles en su búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero, consideramos esencial proporcionar, en la medida de lo posible, reducir sus penalidades, englobándose dentro de este concepto la garantía de una cobertura sanitaria adecuada.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el acceso a la sanidad a los ciudadanos de nacionalidad española residentes en el extranjero en países con convenios multi o bilaterales y que carezcan de dicha cobertura por cualquier motivo en los países de destino, de forma semejante a si tuviesen su residencia en territorio español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

162/000833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la política agraria común (2014-2020), para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La reciente Reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará en el periodo 2014-2020, tiene para nuestro país una notable repercusión. Resulta un hecho constatable que para el mencionado periodo, los 35.700 millones de euros destinados a pagos directos, enverdecimiento, pagos acoplados y otros objetivos, junto con los 8.330 millones de euros para programas de desarrollo rural y los casi 4.000 millones de euros presupuestados para medidas de apoyo e intervención en los mercados, suponen, de lejos, la principal transferencia de Fondos Comunitarios a España.

La política agraria común tiene por objeto defender el sector agrario, garantizar la seguridad alimentaria en Europa, evitar la competencia desleal de terceros países, y es la más importante de las políticas europeas de vertebración del territorio, al ser una fuente de renta esencial en el Medio Rural, que evita el despoblamiento de extensas zonas de nuestro continente. Debido a las disparidades de renta entre las áreas rurales y urbanas, también hay que destacar que el impacto de la PAC sobre la distribución de la renta es sin duda muy positivo socialmente.

Adicionalmente, se trata de una política muy efectiva en términos de coste: el coste medio de la PAC para un ciudadano de la UE es de 0,30 céntimos de euro al día, y aunque aún representa el 42 % del total del Presupuesto de la UE, el peso de la PAC en este presupuesto viene descendiendo año tras año, pues en 1984 era del 73 %.


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Asímismo,hay que resaltar que el gasto de la PAC representa menos del 1 % del total de gasto público de todos los países miembros y que, en la práctica, la PAC sustituye las políticas agrarias que en su ausencia sería necesario aplicar por parte de los Estados miembros, y que sin una coordinación europea, serían menos efectivas y más caras.

No obstante, y pese a todos estos hechos aún persisten en determinados sectores de opinión no agrarios de nuestro país, una valoración poco positiva sobre las ayudas o subvenciones que reciben nuestros agricultores y ganaderos. De otra parte, la Reforma de la PAC que va a entrar en vigor el año próximo necesita de amplia explicación entre los agricultores y ganaderos dados los profundos cambios que esta reforma representa para estos últimos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Profesionales, Sindicales y Cooperativas, una amplia campaña de divulgación y explicación de Política Agraria Común (PAC), para el periodo 2014-2020, recientemente reformada, y en especial de sus beneficios para el sector agrario y para toda la sociedad, al contribuir a la renta del sector a la vertebración del territorio, la seguridad alimentaria y la calidad de la alimentación en Europa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000834

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es un organismo coordinador de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encargado de estimular y garantizar la seguridad en el proceso de obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Para llevar a cabo dichas funciones actúa como una unidad técnica operativa, que siguiendo los principios de cooperación, eficacia y solidaridad, cumple con su misión de coordinar y facilitar las actividades de donación, extracción, preservación, distribución, intercambio y trasplante de órganos, tejidos y células en el conjunto del Sistema Sanitario Español.

Su estructura basada en una organización reticular funciona a tres niveles: Nacional, autonómico y hospitalaria y se sustenta en los valores del altruismo, la cooperación, la eficacia, la cohesión y la solidaridad. Sobre ellos, la ONT ha hecho posible que el número de donaciones pasara de los 14 donantes por millón de población (pmp) en el momento de su creación, a los 346 actuales (pmp). Dejando de estar en la parte media-baja de los índices de donación en Europa, a tener con diferencia el índice más elevado del mundo, doblando la media europea.

En consecuencia, el modelo español de trasplantes ha sido señalado como referente por la Organización Mundial de la Salud y se está aplicando con éxito en diferentes países. Además, ha sido objeto de reconocimientos de magnitud internacional como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 2010 o la distinción de la ONT como Embajador Honorario de la "Marca España".

En este contexto, y teniendo presente que la ONT lidera el Registro Mundial de Trasplantes y está presente en proyectos europeos como el "Programa Accord" -en el que participan 23 países para incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante en la Unión Europea-, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 20 de marzo de 2013 aprobó el documento "Criterios de


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Planificación de Trasplantes", que se refiere concretamente a los trasplantes cardiacos, hepáticos, renales y pancreáticos.

Este documento, después de la evaluación realizada en 2012 sobre los criterios de actividad mínimos establecidos por la ONT puso de manifiesto el incumplimiento en los últimos cinco años de la actividad mínima considerada tolerable -de acuerdo con la propia ONT, es decir, 15-20 trasplantes al año- por parte de varios centros, algo que no cumplen todas las unidades actuales.

Un ejemplo concreto es el trasplante cardiaco. Actualmente el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuenta con 18 unidades de trasplante cardiaco repartidas por toda España, más dos específicas para trasplante pediátrico, que en 2012 realizaron un total de 247 intervenciones, 13,3 por hospital. Por ello, según los criterios anteriormente mencionados de la ONT, debería racionalizarse el número de hospitales que lo realizan y proceder a la concentración de unidades de referencia nacional de máxima calidad.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de los trasplantes desde el comienzo de la X Legislatura para consolidar y desarrollar el modelo español de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células -tales como el refuerzo de la seguridad del donante vivo vía real decreto-, además de lo establecido por la ONT en el programa de calidad en la donación de órganos, la Guía de Buenas Prácticas, el Plan Estratégico Donación 40, y el programa de evaluación comparativa para favorecer la excelencia.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, desde el criterio y la evidencia científica aportados por la Organización Nacional de Trasplantes, y en total coordinación con las Comunidades Autónomas, para optimizar todos los recursos y garantizar la sostenibilidad del modelo integrado, público y universal de donación y trasplante de órganos, tejidos y células."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000835

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre convocatoria de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, para su debate en el Pleno de la Cámara.

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado, contemplada en el artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, debería constituir, y así lo dispone esta norma, el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado. Además, tiene atribuidas funciones específicas sobre deliberación, propuesta y acuerdo en relación con iniciativas y políticas que incidan o afecten singularmente sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat, mejora de los mecanismos de colaboración entre estos, conflictos competenciales, entre otras. Para el ejercicio de estas funciones debería reunirse al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes. No obstante, se han cumplido más de dos años desde la celebración de la última reunión de la comisión bilateral.

La razón del incumplimiento de la obligación de convocar estas reuniones bianualmente no se encuentra en que no haya asuntos pendientes de decisión en la comisión. Todo lo contrario, el listado de asuntos y conflictos pendientes es interminable y la tensión institucional aumenta hasta niveles inéditos desde la recuperación de la democracia.

Es en este momento cuando más necesario es el diálogo institucional y cuando menos oportuno es el enconamiento de posiciones al que estamos asistiendo entre los gobiernos de Cataluña y España.

Por ello, es imprescindible la inmediata convocatoria de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para impulsar el desarrollo del Estatuto de Cataluña y abordar los conflictos de relación entre los Gobiernos catalán y español.


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Afirma que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que no se reúne desde el 19 de julio de 2011, es el marco idóneo para impulsar el desarrollo estatutario y la resolución de los problemas políticos, económicos y competenciales entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado, e insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su inmediata convocatoria.

2. Considera que cualquier decisión sobre la futura institucionalización política de Cataluña solo será posible de forma legal y acordada, y descarta, por tanto, las iniciativas unilaterales que pretendan desconocer el actual marco constitucional y estatutario.

3. Manifiesta que las decisiones que afecten al proceso sobre esta futura institucionalización política de Cataluña requieren de un diálogo político entre todas las formaciones con representación parlamentaria, así como de un diálogo sincero y abierto entre los gobiernos de Cataluña y España, considera que la actual situación de diálogo inexistente conduce a un camino de confrontación y propone que, teniendo en cuenta que entre las funciones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se encuentra la de servir de marco permanente de relación en asuntos de interés común, pueda ser este un ámbito adecuado para impulsar e iniciar este diálogo institucional.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar de forma urgente la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en torno a la revisión del modelo de financiación acordado en 2009 para que pueda entrar en vigor cuanto antes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000836

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actualización del Salario Mínimo Interprofesional para 2014, para su debate en el Pleno.

El Gobierno ha decidido congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2014, lo que supone una nueva disminución en términos reales de esta renta. Entre 2010 y 2013 el SMI ya ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva y la congelación para 2014 supondrá una nueva pérdida que contribuirá, en particular, a limitar las posibilidades de recuperación del consumo y de la demanda interna. Además, el deterioro del poder de compra del SMI contribuye también al debilitamiento de la cohesión social y al aumento de desigualdades.

Es importante considerar igualmente que desde el año 2007 el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio, de tal forma que hemos ido retrocediendo progresivamente en la consecución del compromiso suscrito por España en la Carta Social Europea de que el SMI alcance el 60 % del salario medio neto.

Nuestro SMI es uno de los más reducidos de los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general y, en sus niveles actuales (645,3 euros mensuales), bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y se sitúa por debajo de dicho umbral en hogares compuestos por al menos dos personas. Además, la desvalorización del SMI sumada a las pérdidas de poder adquisitivo de salarios y pensiones se contrapone al aumento de los precios de los servicios y suministros básicos de los hogares, agudizando el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos.

No es menos importante recordar que las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social se actualizan con el SMI. Así, un aumento del SMI supondría una mejora para los trabajadores que perciben salarios reducidos, un aumento de los recursos de la Seguridad Social y una cuantía mayor de las futuras pensiones de jubilación.


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Consideramos imprescindible que el SMI recupere su capacidad adquisitiva en 2014 e impedir que siga disminuyendo su poder de compra. Con este criterio, el SMI para 2014 debería experimentar un incremento no inferior al 6,9 %.

Asimismo, consideramos justo que se recupere el objetivo de avanzar sin demora hacia lo establecido en la Carta Social Europea, de manera que el salario mínimo sea el 60 % del salario medio neto estatal. Objetivo que debería graduarse en los sucesivos años avanzando en la medida que la evolución de la economía española lo haga posible.

Por último, para evitar que en el futuro continúe siendo posible la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, hacemos nuestra la propuesta de CC.OO. y UGT solicitando al Gobierno la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI.

En el camino hacia la construcción de un nuevo modelo productivo la existencia de un salario mínimo digno es una condición necesaria para alejarnos del modelo perverso basado en salarios bajos y condiciones laborales precarias que ha agravado en nuestro país la crisis económica global.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar para 2014 el SMI de forma que se recupere el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2013 y se garantice su mantenimiento en 2014, fijando una cuantía no inferior a 690 euros mensuales y su equivalente diario.

2. Equiparar progresivamente la cuantía del SMI al 60 % del salario medio neto estatal estableciendo objetivos intermedios en función de la evolución de la economía española.

3. Reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI y evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

162/000837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la derogación de la disposición adicional 65 de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que priva del derecho a la asistencia sanitaria a los beneficiarios que salgan al extranjero durante más de noventa días y estén en situación de desempleo, para su debate en el Pleno.

En el marco de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el "Boletín Oficial del Estado" del pasado 26 de diciembre de 2013 incorporó una disposición adicional, la sexagésima quinta, al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que limita la asistencia sanitaria a aquellos españoles que salgan al extranjero durante más de 90 días y estén en situación de desempleo. Según esta nueva normativa, "a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones de la Seguridad Social, incluido los complementos mínimos [...] se exigirá la residencia en territorio español", algo que se perderá automáticamente cuando la persona esté más de noventa días fuera de territorio español "a lo largo de un año natural". Para ello, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que "tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: (...) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España".

Estas dos modificaciones, el concepto de "residir en España" y su vinculación al "derecho a la asistencia sanitaria", son las que dejarán sin cobertura a los parados que perdiesen la residencia al pasar


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más de tres meses fuera del país, incluso para buscar trabajo o formación. La normativa ha entrado en vigor el 1 de enero de 2014.

Aquellas personas en situación de desempleo que pierdan "la residencia a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias" podrían pasar a ser asegurados a través de la tarjeta sanitaria sin recursos. Una tarjeta que deberán solicitar y que tiene un trámite administrativo y burocrático. También podrían pasar a ser asimilados en el caso de tener cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro oficial.

No queda clara la situación en la que quedan los ciudadanos españoles asegurados que emigran en busca de un empleo con estancia de más de noventa días y qué trámites deben realizar para recuperar la asistencia sanitaria, ni qué ocurre cuando vienen de visita a España o cuando vuelven a España definitivamente. Tampoco queda clara la situación en la que quedan los beneficiarios emigrados, pero residentes en España y qué trámites deben realizar para recuperar ese derecho, ni los beneficiarios desplazados fuera de España, pero con el titular residente aquí. Menos clara aún es la situación en la que quedan los beneficiarios de los inmigrados extranjeros retornados a su país de origen o a un tercer país, que permanezcan en España y los trámites que debería realizar para tener asistencia sanitaria. Tampoco se sabe lo que ocurriría con los inmigrantes extranjeros titulares del derecho, perdido tras el paso de noventa días, y que retornan a vivir a España ni los trámites que deberían realizar para recuperarlo.

Teniendo en cuenta la dinámica de emigración a otros países que lleva produciéndose desde el comienzo de la crisis y especialmente en los últimos dos años, el número de nuevos excluidos de la Seguridad Social podría ser de gran magnitud, quienes a las dificultades propias de su expatriación, se suma ahora el riesgo a perder la asistencia sanitaria en España.

Para que el derecho a la asistencia sanitaria sea universal, en la presente Proposición no de Ley también se propone que se garantice este derecho a todos los españoles sin excepción, residan donde residan, así como a los inmigrantes extranjeros en España, aunque se encuentren en situación irregular.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1) Promover la derogación de la disposición adicional sexagésimo quinta de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se priva del derecho a la asistencia sanitaria a los beneficiarios que salgan al extranjero durante más de noventa días y estén en situación de desempleo.

2) Promover la modificación de la letra (d) del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificada por la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, suprimiendo el siguiente inciso: "y residir en España".

3) Garantizar el derecho a la asistencia del Sistema Nacional de Salud a los españoles residentes en el extranjero que carezcan de cobertura sanitaria en su país de residencia.

4) Reponer el derecho universal a la atención sanitaria, derogando el Real Decreto 16/2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

162/000838

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley en contra de utilizar Canarias para intervenciones militares en África.

El Jefe del Mando Militar de Canarias, teniente general don Juan Martín Villalón, manifestó el pasado 6 de enero, en el transcurso de un acto castrense, que de acuerdo con el concepto de "frontera avanzada" en el continente africano, "el Mando de Canarias debe mantener un papel predominante como vanguardia ante posibles intervenciones en ambiente desértico".


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Este alto funcionario militar hizo estas declaraciones, recogidas ampliamente en todos los medios de comunicación, en su alocución al finalizar el desfile militar ante la sede de la Capitanía General en Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la celebración de la Pascua Militar en Canarias.

En este discurso desgranó las previsiones y retos más significativos de las fuerzas armadas instaladas en Canarias y especialmente de la principal unidad de despliegue con la que cuenta el archipiélago, la Brigada Ligera Canarias XVI, una de las cinco brigadas ligeras con las que cuenta el ejército español.

Así explicó que esta unidad está en condiciones de desplegarse por sorpresa, en cortísimo espacio de tiempo, a través de unidades helitransportadas donde fuera necesario. También reveló que esta Brigada recibirá en breve un número significativo de blindados medios sobre ruedas, vehículos protegidos y de movilidad táctica, así corno morteros y cañones que aumentara "considerablemente su potencia de combate y exigirán un esfuerzo adicional en el adiestramiento".

Por último, también informó de que esta Brigada ha ejecutado ejercicios militares simultáneamente en Fuerteventura y Mauritania, en cumplimiento de un acuerdo de colaboración con el ejército de Mauritania, y que "ha contribuido con un batallón a la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida y con otro a la Fuerza de respuesta de la OTAN", según recogen diversas fuentes periodísticas.

Antes que nada es preciso manifestar que resulta sorprendente que la sociedad canaria se entere del papel asignado a las fuerzas militares instaladas en las islas a través de la alocución que realiza el Jefe del Mando Militar de Canarias en un acto castrense. Sería mucho más propio de una sociedad democrática, donde la política militar la debe decidir el Gobierno, que estas informaciones las diera el Ministro de Defensa en sede parlamentaria.

Coalición Canaria-Nueva Canarias se opone a que las instalaciones y tropas militares radicadas en Canarias se utilicen como "vanguardia de posibles intervenciones en África". Esto, lejos de incrementar la seguridad y estabilidad de Canarias, convierte al archipiélago a ojos de los grupos o países que pudieran ser objeto de intervención como "territorio enemigo". No debemos olvidar que uno de los grandes atractivos turísticos de Canarias, junto con el clima, es la seguridad de la que gozan las islas.

Por tanto, garantizar la seguridad en el archipiélago supone definir una estrategia militar de carácter exclusivamente defensivo y orientar las instalaciones y dotaciones de las fuerzas armadas establecidas en Canarias con esa finalidad, que está en las antípodas de las declaraciones realizadas por el Jefe del Mando Militar de Canarias.

Junto a este argumento existen varias razones más para rechazar este papel militar de vanguardia de intervenciones en África que al parecer se quiere adjudicar al archipiélago canario:

En primer lugar, se debe tener en cuenta la voluntad expresada por Canarias en contra de la pertenencia de España a la OTAN, manifestada en el referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986, donde solo Canarias, Cataluña y Euskadi votaron no. Este rechazo a la OTAN era un pronunciamiento a favor de hacer de las islas un territorio de paz y neutralidad.

En segundo lugar, llevamos décadas intentando hacer de Canarias una plataforma de cooperación y colaboración económica con los países africanos. En ese camino, entre otros avances, hemos logrado que se instale en Canarias el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja de Canarias, inaugurado en septiembre de 2009, y el Centro Logístico del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dependiente de la ONU, ubicados ambos en el Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. La principal misión de estos Centros es el envío de alimentos y ayuda humanitaria hacia el continente africano, de atención y prevención de los desastres naturales y conflictos militares y civiles que sufren estos países y a la tragedia que soportan los desplazados como consecuencia de estos hechos.

Por último, la estrategia que han ido diseñando las RUP en el seno de la UE, y que ha sido apoyada por la propia Unión Europea recogida en las sucesivas

Comunicaciones de la Comisión sobre las RUP, la última de junio de 2012, tiene como uno de sus objetivos fomentar la integración regional de cada RUP con sus vecinos favoreciendo la cooperación económica en interés de ambas partes, para convertirse "en plataformas comerciales y centros logísticos". En el caso de Canarias se han aprobado programas transnacionales y transfronterizos con los países del África occidental y se tiende a favorecer nuevas rutas aéreas y marítimas con nuestros vecinos. No ayuda a esa estrategia que puedan percibir a Canarias como plataforma de intervención militar agresiva contra algunos de ellos.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo a que se utilicen las instalaciones militares radicadas en Canarias para intervenciones militares en África.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que la estrategia de defensa considere a Canarias como una plataforma de paz y cooperación con nuestros vecinos, que las instalaciones y dotaciones de las fuerzas armadas establecidas en Canarias tengan carácter exclusivamente defensivo y que, en consecuencia, no se utilicen a las islas como ''vanguardia de intervenciones militares en África'', según lo declarado por el Jefe del Mando Militar de Canarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

162/000839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento del copago farmacéutico para 2014, para su debate en Pleno.

El 30 de diciembre de 2013, se publica la Resolución de 18 de diciembre, de actualización de los límites máximos de aportación mensual para asegurados y beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

El copago o repago farmacéutico para 2014, se incrementó en el 1,43 % para medicamentos ATC y el 1,47 % y 1,43 % para los topes mensuales que aportan los pensionistas, cuando la inflación acumulada a 30 de noviembre de 2013, fue del 0,2 %. Es decir, el Gobierno incrementa arbitrariamente el tope máximo de repago farmacéutico en más de seis veces el IPC, mientras a los pensionistas se les congelan las pensiones en un incremento del 0,25 % para 2014.

Un incremento, además, que incumple la Ley 29/2006, de actualización automática de acuerdo con el IPC, así como la disposición adicional 67.ª de la Ley 17/2012, de los PGE, que prevé que esta revalorización se hará en función de los doce meses anteriores, cuando en la fecha de aprobación esos datos no estaban disponibles.

Esta revisión arbitraria e ilegal impone un recorte de entre 8 y 10 millones de euros más a los pensionistas durante 2014, que deben sumarse a los 550 millones de euros en 2013, cantidad revisada al alza con incrementos entre el 1,75 %, 1,77 % y 1,80 %, según tramo de renta.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Derogar el incremento desmesurado de los topes máximos de repago farmacéutico para 2014.

2. Paralizar la aplicación del copago de farmacia ambulatoria hospitalaria.

3. Evaluar y revisar los copagos y repagos del Real Decreto16/2012, en particular en los pensionistas y crónicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

162/000840

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el Estatuto de la Administración Concursal para facilitar la viabilidad de las empresas en concurso, para su debate en Pleno.


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Exposición de motivos

La entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha sido un hito en el Derecho Civil español, al consolidar y perfeccionar los instrumentos para la resolución ordenada de las entidades mercantiles en situación de insolvencia o cercanas a ella.

Esta nueva regulación del concurso respondía a la necesidad de agrupar la dispersión que en esta materia existía hasta el momento, a la vez que simplificar la estructura del concurso y dotarle de flexibilidad.

La finalidad de la nueva norma era conseguir una mejor regulación del concurso, en la que los deudores concursados pudieran renegociar la deuda que tuvieran con sus acreedores y de no llegar a un acuerdo de refinanciación, la extinción de los créditos que los acreedores tuvieran contra la masa crediticia de la manera más equitativa.

Aunque hay práctica unanimidad sobre el efecto modernizador que la Ley Concursal, ha tenido en el tratamiento de las situaciones de insolvencia en España, y sin duda se puede considerar esta Ley como uno de los hitos del Derecho Civil español de la democracia, la práctica de los años y las exigencias que a esta Ley le presenta la crisis económica, han hecho aflorar varios problemas de aplicación. Desde su entrada en vigor en 2003 la Ley ha sido reformada en tres ocasiones: por el Real Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria financiera y concursal; por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Actualmente, el concurso no está cumpliendo con la principal finalidad para la que fue ideado, es decir, no logra la viabilidad del deudor concursado. Esto es consecuencia de la lentitud y complejidad de los procesos y del estigma que se les asocia. Los retrasos en la presentación del concurso, la dureza de la crisis y las deficiencias del proceso concursal han determinado que el 90 % de los concursos que finalizaron en 2011 lo hicieran con la liquidación de la empresa, y solo hubo un 10 % que lo hicieran en convenio.

El CGPJ informó el pasado 22 de marzo de 2013 que durante el año 2012 se iniciaron en los Tribunales de lo Mercantil españoles 10.920 concursos de acreedores, lo que significa un 28,2 % más que el año 2011. En el primer trimestre del 2013 aumentó un 26,2 % respecto al mismo periodo de 2012.

Para reconciliar los intereses de todos los afectados por la situación de insolvencia, el control de la persona física o jurídica concursada así como el diseño del plan de viabilidad o la gestión de la liquidación queda en manos de la administración concursal.

A pesar de las reformas aplicadas en los últimos años para mejorar la profesionalidad de la administración concursal, sigue ocurriendo que los concursos se alargan demasiado, y rara vez acaban en convenios.

La lógica económica indica que la insolvencia implica el fracaso de los deudores concursados para cumplir con los compromisos adquiridos

Una vez reconocido el fracaso de la estructura de control por parte de la administración concursal de la persona en concurso, la reorganización más natural de los derechos de control es la que incrementa el papel de los propietarios de los derechos de cobro. Adicionalmente, la masa acreedora es la más interesada en maximizar la recuperación, lo que en el caso de aquellos concursados que son viables está ligado a la continuidad de la actividad operativa.

Por todo ello, se considera conveniente estudiar las modificaciones necesarias que se pudieran introducir en el proceso de nombramiento de los administradores concursales, para agilizar los plazos y reducir la carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil.

En la misma dirección, estudiar la posibilidad de introducir nuevos mecanismos de retribución de los administradores concursales, que generen incentivos para resolver más rápidamente los procedimientos.

En ese contexto general, no estaría de más estudiar los requisitos exigidos para poder ser nombrado administrador concursal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para mejorar el Estatuto de la Administración Concursal para facilitar la viabilidad de las empresas en concurso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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162/000841

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En la actualidad, la red de Oficinas Consulares de España, conforme a lo previsto en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, presta asistencia a 2.184 presos españoles que cumplen condena en el extranjero.

Un 55 % de los presos españoles se encuentra en países de Iberoamérica, un 37 % en países europeos y un 6 % en África, mientras que el 2 % restante se encuentra preso en otros países del mundo. Más del 80 % del total se halla en prisión por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes.

Las deficiencias de algunos sistemas jurídicos y penitenciarios extranjeros, así como la diferencia de idioma, cultura y modos de vida hacen que en numerosas ocasiones surjan problemas de toda índole para los detenidos españoles en el exterior.

Las condiciones de los centros penitenciarios en algunos países no son equiparables a las existentes en España y los problemas de carácter práctico, emotivo y de reinserción social derivados de una situación de detención o de prisión en un país extranjero pueden ser importantes.

La relevante labor de los servicios consulares trata de paliar, en la medida de lo posible, las condiciones no siempre adecuadas en las que cumplen condena nuestros ciudadanos en el exterior, atendiendo a los presos españoles desde el momento de la comunicación de su detención.

La asistencia que se lleva a cabo puede ser económica, en caso de necesidad, pudiendo alcanzar como máximo los 120 euros mensuales, así como no económica. El objeto de estas ayudas es paliar la situación de precariedad de aquellos países en los que los centros penitenciarios tengan condiciones inferiores a las de España, principalmente en lo relativo a salubridad, necesidades personales y alimentos.

España es parte del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, realizado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983; y ha firmado y están actualmente en vigor (o en aplicación provisional) más de treinta acuerdos bilaterales que regulan el traslado de personas condenadas. Las oficinas consulares asisten a los españoles condenados en el extranjero en la solicitud del traslado a España para el cumplimiento de la condena impuesta, en el marco de los tratados internacionales existentes.

Aunque el desempeño de estas funciones es prioritario para los funcionarios de las Oficinas Consulares de España, parece necesario seguir mejorando las políticas y acciones encaminadas a la agilización e impulso del traslado de presos españoles en el exterior a centros penitenciarios en nuestro país, para que puedan garantizarse unas condiciones adecuadas en su internamiento.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar mejorando las políticas y acciones necesarias para asistir a presos españoles en terceros países y continuar agilizando su traslado a prisiones españolas donde puedan garantizarse condiciones adecuadas de internamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Política Hidráulica y Planificación Hidrológica, para su debate en Pleno.


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Exposición de motivos

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Respecto al proceso de planificación hidrológica, el artículo 13 de la Directiva establece que: los Estados miembros velarán para que se elabore un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica situada totalmente en su territorio; que los planes hidrológicos de cuenca se publicarán a más tardar nueve años después de la entrada en vigor de la presente Directiva; y que los Planes Hidrológicos de Cuenca se revisarán y actualizarán a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada seis años.

En consecuencia, el primer proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones debería estar finalizado en 2009, estar vigente para el periodo 2009-2015, y ser revisado antes del año 2015, para cubrir un nuevo periodo de ejecución 2015-2021.

El Gobierno ha puesto en orden el primer ciclo de planificación, cumpliendo los compromisos con la UE en materia de agua y está construyendo las bases de una nueva estrategia hidrológica. Al principio de esta legislatura de las 25 demarcaciones, definidas en España, sólo se había aprobado el plan de una cuenca intracomunitaria. En la actualidad están finalizando la tramitación de los planes hidrológicos de las demarcaciones con mayor retraso; Tajo, Júcar y Segura.

Paradójicamente, el retraso acumulado en el primer proceso de planificación, en la mayor parte de las demarcaciones hidrológicas, hace que se solapen los trabajos encomendados por la Directiva y que se reduzca sustancialmente el tiempo para ejecución de los planes.

El texto refundido de la Ley de Aguas de 2001 establece que para asegurar la correcta participación pública el organismo de cuenca o administración hidráulica competente de la comunidad autónoma publicarán y pondrán a disposición del público, tres años antes de iniciarse el procedimiento para la aprobación o revisión del correspondiente plan hidrológico, un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con indicación de las fórmulas de consulta que se adoptarán en cada caso.

Así, conforme a la Resolución de la Dirección General del Agua de fecha 20 de mayo de 2013, ha dado comienzo el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021 con la apertura del periodo de consulta pública de los documentos iniciales correspondientes a cada una de las demarcaciones hidrográficas, que satisface las exigencias normativas de la Directiva Marco del Agua y la legislación española, creando un punto de partida en la primera revisión del plan hidrológico de la demarcación.

La tramitación no es baladí, ya que, acorde a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, la revisión del plan hidrológico debe atender un procedimiento similar el previsto para su elaboración inicial, lo que implicará una nueva carga de trabajo a las entidades implicadas.

A toda esta argumentación deberíamos añadir que existe un considerable retraso en conseguir los objetivos europeos de calidad de las aguas. Todavía quedan gran cantidad de infraestructuras pendientes de finalizar que supondrán, en el futuro próximo, un gran esfuerzo inversor.

En la última década ha quedado demostrado que no es suficiente con plantear unos objetivos para una buena planificación y que es necesario generar un eje estratégico de la política entorno al agua, basada en la optimización de los recursos, buscando nuevas vías de financiación y fondos, incluso negociando en el seno de la Unión Europea para que el agua constituya un eje estratégico de la política de la Unión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Finalizar el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones e impulsar con urgencia un Pacto Nacional del Agua para mejorar su gestión.

2. Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva Marco del Agua sobre el nuevo ciclo de planificación hidrológica, sin acumular demoras que sean una rémora para la gestión de un recurso tan valioso.


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3. Buscar fórmulas de colaboración público-privada que permitan cumplir los objetivos de calidad de las aguas, mejorando las infraestructuras de saneamiento y depuración y seguir avanzando en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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