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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 212, de 29/01/2013
cve: BOCG-10-D-212
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de enero de 2013

Núm. 212


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/001247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la Sucursal del Banco de España en Alicante y de monumentos y calles con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad ... (Página11)

161/001260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos ... (Página12)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la intervención militar en Mali ... (Página13)

Comisión de Justicia

161/001248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ... (Página15)

161/001253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la aprobación de una disposición legal que permita a las personas afectadas por adopciones irregulares el acceso a la información de los registros de las instituciones religiosas ... (Página15)

161/001264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre personación ante los tribunales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página16)

Comisión de Economía y Competitividad

161/001252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas ... (Página17)

161/001261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre creación de una auditoría de la deuda pública y


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de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda ... (Página19)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley 12/1995, de lncompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato ... (Página20)

161/001258 Proposición no de Ley presentada por e] Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al condicionamiento de los rescates de las Comunidades Autónomas y de la exigencia de responsabilidad a las mismas por incumplimiento del Ordenamiento Jurídico ... (Página21)

161/001268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre Plan de actuaciones urgentes para las zonas de la Comunidad Foral de Navarra afectadas por las inundaciones tras la intensas lluvias registradas en enero de 2013 ... (Página24)

Comisión de Fomento

161/001240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la ejecución urgente de la variante de la N-332 en el municipio de Benissa (Alicante) ... (Página25)

161/001243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la circunvalación de la carretera N-332 a su paso por Benissa ... (Página25)

161/001244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso a la AP-7 desde Calp y la mejora de la carretera N-332 ... (Página26)

161/001245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conversión de la carretera N-332 entre La Vila Joiosa y El Campello en una vía parque ... (Página27)

161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la integración operativa de España en Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, y el Mediterráneo y mares adyacentes ... (Página27)

161/001257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la bajada del peaje y la liberalización parcial de la AP-7 en la Comunitat Valenciana ... (Página29)

161/001262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos ... (Página30)

161/001269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Plan de Adif de vender las estaciones ferroviarias abandonadas ... (Página31)

161/001271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, ratificado por el Ministerio de Fomento y los sindicatos mayoritarios ... (Página32)

161/001273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, sobre la conexión ferroviaria entre la ciudad de Alicante y el aeropuerto de l'Altet ... (Página33)


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161/001280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de determinadas medidas en relación al paso de los trenes EUROMED por la estación de Tortosa, L'Aldea y Amposta ... (Página33)

161/001285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el pago de las expropiaciones en los tramos de la alta velocidad ferroviaria en la provincia de Girona ... (Página34)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prórroga del Plan Prepara ... (Página36)

161/001270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de los trabajadores transfronterizos de la construcción en Ceuta y Melilla ... (Página37)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto de adquisición de terrenos para el Recinto Tecno-Comercial Agroganadero en Belmez (Córdoba) ... (Página38)

161/001284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de la Minería del Carbón español y el Desarrollo de sus Comarcas para el periodo 2013-2018 ... (Página39)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización de las conducciones de la Presa de Rules (Granada) ... (Página40)

161/001250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cultivo de maíz transgénico ... (Página41)

161/001267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización del Real Decreto sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar y el apoyo a los usuarios del río ... (Página42)

161/001272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza ... (Página42)

161/001274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociación de las "Perspectivas Financieras (PPFF) 2014-2020 (Marco Financiero Plurianual)" en la Unión Europea (UE), y en particular la Política Agraria Común ... (Página44)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de realizar estudios científicos para conocer los efectos de los alimentos transgénicos en la salud humana y animal ... (Página46)

161/001282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos ... (Página47)

161/001283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria ... (Página48)


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Comisión de Cultura

161/001259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel de las Bibliotecas Públicas y el mantenimiento de sus horarios, plantillas y servicios ... (Página49)

Comisión de Igualdad

161/001265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre violencia contra la mujer en la India ... (Página50)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001241 Proposición no de Ley presentada par el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma del Reglamento de Circulación ... (Página51)

161/001242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la señalización de las Carreteras con tránsito de ciclistas ... (Página52)

161/001266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de la seguridad en el transporte escolar y de menores ... (Página53)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión Constitucional

181/000670 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de impulsar la ratificación y firma por España del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos ... (Página54)

Comisión de Asuntos Exteriores

181/000695 Pregunta formulada por el Diputado don Teófílo de Luis Rodríguez (GP), sobre posición del Gobierno en la reunión que celebraron los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el día 19/11/2012 en relación a la política con Cuba ... (Página54)

Comisión de Justicia

181/000686 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre opinión del Gobierno acerca del cobro de precios públicos de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) ... (Página55)

181/000697 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS), sobre concesión de indulto a una persona condenada a una pena grave de prisión por un delito de conducción temeraria con resultado de muerte ... (Página55)

Comisión de Interior

181/000639 Pregunta formulada por la Diputada dona Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para la homologación económica y de derechos sociales de los distintos cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado ... (Página55)

181/000640 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre resultado de la investigación del robo de datos de la Audiencia Nacional relacionados con el caso faisán ... (Página56)


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Comisión de Economía y Competitividad

181/000632 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD), sobre medidas para hacer frente al creciente índice de pobreza al que se enfrenta nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a los ciudadanos con situaciones similares que vivan en distintas comunidades autónomas ... (Página56)

181/000669 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el sistema de I+D español no es lo suficientemente grande como para justificar los contratos de tantos investigadores como tiene ahora, según manifestaciones de doña Carmen Vela en la revista Nature ... (Página56)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000633 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si con menos inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude ... (Página56)

Comisión de Fomento

181/000650 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de decretar una amnistía a las viviendas que se encuentran en situación ilegal y de esta manera eludir la demolición de edificaciones con sentencia firme en contra ... (Página57)

181/000671 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para rentabilizar los aeropuertos que se encuentran infrautilizados ... (Página57)

181/000672 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca del acierto de la política de inversión y creación de los distintos aeropuertos desarrollada en las últimas décadas para las necesidades de nuestro país ... (Página57)

181/000673 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre plan de moratoria previsto para algunas infraestructuras aprobadas por el Gobierno anterior ... (Página58)

181/000674 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de mantener las ayudas públicas a las líneas aéreas ... (Página58)

181/000675 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de abandonar el apoyo al proyecto de Las Aletas mientras siga contemplando la necesidad de ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) ... (Página58)

181/000676 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez. Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de los informes que maneja el Ministerio de Fomento sobre la privatización de Renfe ... (Página58)

181/000677 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para que los cambios introducidos en AENA a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo cumplan con los requisitos comunitarios europeos en prevención de riesgos laborales ... (Página59)

181/000678 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de deshacer la última reforma aprobada de la Ley 37/2011 en beneficio de las entidades financieras consistente en excluir del precio mínimo de adjudicación del 60 % a las subastas de bienes inmuebles


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diferentes de la vivienda habitual, equiparando ese precio mínimo de adjudicación de subastas de inmuebles ... (Página59)

181/000679 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para que la reestructuración de horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al personal laboral ... (Página59)

181/000685 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre balance del año que hace el Gobierno en materia de infraestructuras en la provincia de Huelva, así como proyectos que han experimentado avances en 2012 en dicha provincia ... (Página59)

181/000689 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si la ciudad de Ourense no merece una Estación lntermodal de las características del proyecto adjudicado, así como motivos por los que no han empezado dichas obras ... (Página60)

181/000690 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre modificaciones en el proyecto de la Estación Intermodal de Ourense ... (Página60)

181/000693 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre intención del Gobierno ante la solicitud de la multinacional ferroviaria francesa SNCF para explotar la línea de AVE entre Madrid y Barcelona, sufragada con impuestos de los ciudadanos españoles, en virtud del proceso liberalizador abierto por el Ministerio de Fomento a partir de julio de 2013 ... (Página60)

181/000694 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre efectos que ha producido el aumento de las tasas aeroportuarias decidida en el Ministerio de Fomento sobre la disminución de los tráficos en el transporte aéreo español ... (Página61)

181/000696 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre razones por las que el Gobierno incumple el acuerdo laboral suscrito por el organismo Puertos del Estado con los representantes de los trabajadores de la administración portuaria ... (Página61)

Comisión de Educación y Deporte

181/000630 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre previsiones acerca de renovar el Plan ADO (Asociación Deportes Olímpicos) tras los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres ... (Página61)

181/000631 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre previsiones acerca de regular las titulaciones deportivas ... (Página61)

181/000660 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si es compatible la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la etapa de primaria con seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir dicha asignatura ... (Página62)

181/000661 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si la cuantía de las becas existentes permiten al alumnado poder dedicar todas las horas al trabajo del grado que exige el Sistema Europeo de Créditos (ETC) ... (Página62)

181/000662 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de establecer un sistema de becas coordinado con las administraciones autonómicas y entidades universitarias basado en un baremo elaborado en función de indicadores económicos de los países de destino ... (Página62)


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181/000663 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre actuaciones para paliar las diferencias en los niveles educativos entre las distintas Comunidades Autónomas ... (Página63)

181/000664 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre modelo de selección y formación del profesorado que piensa adoptar el Gobierno ... (Página63)

181/000665 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para facilitar la movilidad del profesorado ... (Página63)

181/000666 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para luchar contra las altas tasas de fracaso escolar ... (Página63)

181/000667 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno sobre la necesidad de promover un plan de fusión de universidades para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del sistema universitario español ... (Página64)

181/000668 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre motivos por los que se pretende eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía para la etapa de primaria ... (Página64)

181/000687 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre número de expedientes y denuncias que se han realizado por parte de la Agencia Estatal Antidopaje y el Consejo Superior de Deportes ante las sospechas suficientes de que cientos de controles de dopaje en España están mal hechos ... (Página64)

181/000688 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre Federaciones Deportivas y controles de dopaje de los que hay sospecha suficiente en la Agencia Estatal Antidopaje para afirmar que cientos de controles en España están mal hechos ... (Página64)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000652 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre planes de reciclaje para los trabajadores despedidos por la compañía de Spanair en enero de 2012 ... (Página65)

181/000653 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de promover una mesa de recolocación nacional para los trabajadores de Spanair despedidos tras el cierre de la empresa en enero de 2012 ... (Página65)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000623 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre razones por las que solo se han aprobado 11 proyectos de iniciativas industriales de los 67 presentados para los 29.816.680 euros disponibles en el Plan REINDUS 2012 de Campo de Gibraltar ... (Página65)

181/000624 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre razones por las que solo se han aprobado 31 proyectos de iniciativas industriales de los 161 presentados para los 70.064.180 euros disponibles en el Plan REINDUS 2012 de Bahía de Cádiz ... (Página66)

181/000634 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre forma en la que piensa coordinarse el Gobierno con las comunidades autónomas y entidades locales para promocionar España como destino turístico ... (Página66)

181/000635 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre incidencia de la privatización de AENA en el sector turístico ... (Página66)


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181/000636 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Diez González (GUPyD), sobre previsiones acerca de promover la aprobación de una normativa estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad turística ... (Página66)

181/000637 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para luchar contra el fraude en los alquileres de apartamentos en destinos turísticos ... (Página67)

181/000638 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para incrementar la conectividad aérea con países emergentes ... (Página67)

181/000651 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para hacer compatible la supresión de los incentivos económicos para las energías renovables aprobadas mediante Real Decreto-ley 2012 con cumplir los objetivos de eficiencia energética que persigue la Directiva 2010/31 de la Unión Europea ... (Página67)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000626 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre previsiones acerca de revisar los requerimientos de seguridad del maíz transgénico NK603 y de demandar de la Unión Europea que se establezcan procedimientos de homologación de alimentos transgénicos más estrictos, así como prohibición de su cultivo e importación hasta que la Unión Europea analice dicho tema ... (Página68)

181/000654 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre cambios legislativos que piensa adoptar el Gobierno para unificar la legislación en materia cinegética en España ... (Página68)

181/000655 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre actuaciones para recuperar la gestión integral de los parques nacionales repartidos entre varias comunidades autónomas ... (Página68)

181/000656 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre existencia de algún plan para impulsar la energía de biomasa en las zonas rurales ... (Página69)

181/000657 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para que las comunidades autónomas cumplan la legislación vigente y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el incumplimiento de los preceptos sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación ... (Página69)

181/000658 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas legislativas para garantizar la protección medioambiental en las explotaciones de gas no convencional ya concedidas o que se concedan en un futuro ... (Página69)

181/000659 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de la viabilidad de la existencia de 17 legislaciones diferentes respecto a la prevención y extinción de incendios forestales ... (Página69)

181/000681 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre proyecto de transformación de la Zona Regable del Andévalo Occidental Fronterizo, en la provincia de Huelva ... (Página69)


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181/000682 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre retraso en la ejecución del Proyecto de Modernización de Regadíos de El Fresno, en la provincia de Huelva, debido a la falta de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que está poniendo en peligro la disponibilidad de los fondos europeos que se lograron para financiar dicho proyecto ... (Página70)

181/000683 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre balance del año que hace el Gobierno en materia de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva, así como proyectos que han experimentado avances en 2012 en dicha provincia ... (Página70)

181/000684 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre obras de regeneración del litoral y de infraestructuras que proyecta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la provincia de Huelva en el año 2013 ... (Página71)

181/000698 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobra previsiones acerca de que la Secretaría General de Pesca dialogue con el sector pesquero gallego, a fin de revisar los porcentajes de cuotas y ser más equitativo en atención a la capacidad de pesca ... (Página71)

181/000699 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre criterios seguidos por la Secretaría General de Pesca para presentar un nuevo reparto de las cuotas de pesca para el caladero Cantábrico-noroeste y el de la zona IXA que va de Fisterra hasta el Peñón ... (Página71)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000625 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre investigaciones para conocer en profundidad el efecto que el consumo de productos transgénicos puede tener en la salud humana y animal ... (Página71)

181/000641 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre actuaciones para atajar la discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más básicas que sufren los ciudadanos que dependen habitual o transitoriamente del sistema sanitario de otra Comunidad Autónoma diferente a la de su residencia ... (Página72)

181/000642 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar la cohesión y gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud ... (Página72)

181/000643 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha demostrado ser un órgano eficaz para marcar las líneas generales de la política sanitaria en España ... (Página72)

181/000644 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si se puede mantener un Sistema Nacional de Salud de calidad sin que todos los ciudadanos puedan acceder a las mismas prestaciones en igualdad de condiciones ... (Página73)

181/000645 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Diez González (GUPyD), sobre deuda exacta del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta la dilación de las Comunidades Autónomas en el pago de facturas ... (Página73)

181/000646 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Diez González (GUPyD), sobre forma en la que se pueden tomar medidas sobre el gasto real sanitario si no disponemos de la información adecuada de cómo se utiliza ... (Página73)


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181/000647 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar la transparencia en el gasto sanitario de las Comunidades Autónomas ... (Página73)

181/000648 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si quien proclama los derechos tiene que tener la competencia para que se hagan efectivos ... (Página74)

181/000649 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre acciones para luchar contra la trata de personas en España ... (Página74)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/000680 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre opinión del Gobierno sobre que la provincia de Huelva ocupe el tercer puesto en el ranking nacional de accidentabilidad según constata el informe EuroRAP 2012, en el que los tramos señalados como de mayor riesgo pertenecen a carreteras dependientes del Ministerio de Fomento, así como medidas previstas para reducir dicha accidentabilidad ... (Página74)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

181/000629 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre modificaciones para impulsar el reconocimiento legal de la figura del asistente personal potenciando la creación de oficinas de vida independiente sin ánimo de lucro ... (Página75)

181/000691 Pregunta formulada por la Diputada daña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por parte del Gobierno de las intenciones de la Comisión Europea sobre las garantías de que los planes de estabilidad y convergencia, los programas de reforma y, en su caso, los de ajuste macroeconómico que lleven a cabo los Estados miembros aborden la situación de la población dependiente y no supongan una merma en los derechos ... (Página75)

181/000692 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por parte del Gobierno de si se va a tener en cuenta la atención a las necesidades de las personas que precisan de asistencia personal para vivir incluidas dentro de la Comunidad en el reparto de los fondos comunitarios en el marco del próximo marco financiero plurianual ... (Página75)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/001247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la Sucursal del Banco de España en Alicante y demás monumentos y calles con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad para su debate en Comisión.

En la actualidad se están llevando a cabo obras de remodelación en la sucursal del Banco de España en Alicante, ubicada en la Rambla Méndez Núñez, n.° 31, el patio de operaciones de dicha sucursal bancaria aún lo preside a día de hoy una vidriera con el escudo franquista.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura establece, en su artículo 15, que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

La Orden Ministerial 3190/2008, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes, tiene como objetivo hacer efectiva la retirada de dichos símbolos, a excepción de aquellos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural.

No es éste el caso de la vidriera con el escudo franquista que se mantiene en el patio de operaciones de la sucursal del Banco de España en Alicante, puesto que ni tiene significado histórico y arquitectónico, ni valor artístico-religioso, ni es un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación. Por tanto, en aplicación de la legislación vigente y aprovechando la remodelación que actualmente se está llevando a cabo, no hay ninguna excusa para proceder a la inmediata retirada de este símbolo franquista que aún perdura en la ciudad de Alicante.

Además, es igualmente inadmisible la lentitud en la recuperación de la memoria histórica de una ciudad que fue la última ciudad republicana, que sufrió como pocas los bombardeos y la represión franquista y que sigue manteniendo numerosas calles y monumentos de homenaje a figuras de la dictadura, como el monumento de la plaza 25 de mayo.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A la retirada inmediata del escudo franquista contenido en la vidriera ubicada en el patio de operaciones de la sucursal del Banco de España en la ciudad de Alicante, en aplicación de la legislación


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vigente sobre retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes.

2 A promover por los cauces legalmente previstos:

- La retirada a la mayor brevedad de todos los monumentos de homenaje al franquismo que aún se mantienen en la ciudad de Alicante, así corno al cambio de todas aquellas calles con nombres franquistas.

- La promoción de acciones específicas de recuperación de la memoria histórica en la ciudad de Alicante, última ciudad republicana, que sufrió bombardeos y la represión franquista con una gran intensidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001260

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la eventual aprobación de la iniciativa no implicaría la creación de la Comisión a la que se alude, sino que en todo caso ésta tendría que atenerse al cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 134 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos, para su debate en la Comisión de Constitucional.

Existen en el Estado español graves problemas relacionados con los derechos humanos que han sido señalados así por numerosos organismos internacionales y ONGs que operan en ese ámbito. Sin embargo, el Gobierno de España únicamente atribuye competencias específicas en materia de Derechos Humanos a la Oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una materia fundamental como la defensa y la promoción de los Derechos Humanos debieran ocupar un lugar destacado, tanto en las estructuras del Gobierno como en las Cortes Generales.

Existen precedentes en otros países sobre la creación y el funcionamiento de Comisiones parlamentarias de Derechos Humanos, incluso llegándose a constituir como la principal institución estatal de control del respeto de los derechos humanos. En el caso de esta Cámara, los debates y las cuestiones relacionadas con la vulneración de los Derechos Humanos tanto en nuestro territorio como en el ámbito internacional, se abordan de forma difusa en la Comisión Constitucional o de Asuntos Exteriores en cada caso. Por tanto existe una Comisión específica, que otorgue el papel relevante que en una democracia avanzada, de calidad, debiera tener la defensa y la promoción de los Derechos Humanos. Es más, el


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tratamiento de la materia actual deja entrever cierto "negacionismo", y en este sentido se han pronunciado diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, al no existir un área de Gobierno relevante ni una Comisión parlamentaria permanente que aborde la situación de los Derechos Humanos en España, obviando las reiteradas denuncias de violaciones que se reportan en diversos informes de ámbito nacional e internacional, que son una referencia en la materia.

En el caso de España, sería necesario la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, que entre otras cuestiones, debería abordar las demandas de los colectivos de recuperación de la Memoria Histórica, una Comisión parlamentaria abierta a la sociedad civil, que atienda las demandas de uno de los ejes esenciales en el ejercicio y en la calidad de una democracia y ayude a resolver, entre otras cosas, las numerosas consecuencias de la dictadura franquista que sufren todavía miles de familias.

La futura reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados debiera contemplar esta posibilidad. Es en esta Cámara es dónde se establece el marco general de Derechos Humanos, se legisla, se debaten las líneas rectoras de la política sobre Derechos Humanos (que se concretaron en el 1 Plan de Derechos Humanos), se ratifican Tratados internacionales y se legisla la transposición a nuestro marco normativo. Además, se debaten y se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, en el que la defensa y la promoción de los Derechos Humanos debe tener una partida presupuestaria adecuada. También se ejerce el control a la acción del Gobierno, examinando constantemente las políticas y decisiones gubernamentales sobre esta materia. Por último, la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos puede contribuir en gran medida a crear una cultura de derechos humanos en España.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir, conforme al cauce reglamentario pertinente, una nueva Comisión Permanente de Derechos Humanos que tenga por objeto específicamente la defensa, la promoción y el control del respeto a los Derechos Humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la intervención militar en Mali, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Francia ha lanzado una operación militar en Mali con el objetivo de parar el avance de los islamistas provenientes del norte del país. Realmente detrás del conflicto subsisten intereses por el control de los recursos petrolíferos y gasísticos de la zona del norte de Mali.

El gobierno francés ha puesto en marcha la operación sin debate previo en la Asamblea Nacional en un intento desesperado de asegurar sus intereses económicos en un país con un estado fallido y que sufrió un golpe de estado en marzo del año pasado.

Las experiencias de Afganistán, Irak y recientemente Libia han demostrado que allí donde ha habido intervenciones militares extranjeras los países han quedado en peores condiciones que en el inicio del conflicto. Por tanto la comunidad internacional tendría que aprender de estas lecciones y no utilizar la guerra corno instrumento de resolución de conflictos.


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No hay un gobierno legítimo en Mali. El 21 de Marzo de 2012 militares amotinados derrocaron al presidente electo Amadou Toeumani Touré y decretaron la suspensión de la Constitución. Ningún gobierno, ni ningún organismo internacional reconoció a la Junta Militar corno gobierno legítimo de Mali.

Esta junta se autodenominó Comisión Nacional para la Restauración de la Democracia y el Estado.

Esta junta militar que detenta el poder hasta el día de hoy, fue condenada internacionalmente con rara unanimidad.

El 11 de diciembre de 2012 los militares malienses vuelven a intervenir. En esta ocasión contra Cheick Modibo Diarra, el primer ministro interino que ellos mismos habían apoyado. Fue arrestado y obligado a dimitir.

Por lo tanto quienes detentan el poder en Bamako carecen de legitimidad para que Francia presente su intervención armada como apoyo a un gobierno legalmente constituido y mucho menos soberano sobre la totalidad del territorio maliense.

Los Tuareg de Azawad. Los nacionalistas tuareg del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) se hicieron con el control de la región septentrional de Azawad, (que abarca las provincias de Gao, Kidal y Tombuctú), aprovechando el vacío de poder que siguió al golpe de Estado del 22 de marzo.

El control del norte de Mali por las fuerzas nacionalistas del MLNA se consigue con el concurso de 3 organizaciones armadas del llamado islamismo político: Ansar Al Din, MUJAO y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Algunas disposiciones de los gobernantes "de facto" del Azawad, de mayoría tuareg, son preocupantes desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. También son preocupantes la destrucción de monumentos (algunos de ellos patrimonio de la humanidad), a partir de una aplicación rigorista del Islam.

El origen del conflicto entre el norte y el sur de Mali se debe buscar en unas fronteras artificiales, herederas del colonialismo, trazadas con escuadra y cartabón. Si bien es cierto que la Organización para la Unidad Africana (OUA) estableció en su creación en 1963 corno premisa inicial respetar las fronteras heredadas del colonialismo, cierto es también que desde entonces este principio ha sido superado en dos ocasiones: tanto en la independencia de Eritrea del Estado de Etiopía, como en la independencia de Sudán del Sur. Y esto sin olvidar a la República Árabe Saharaui Democrática cuya anexión por Marruecos no ha sido nunca reconocida por la OUA, ni por su heredera la Unión Africana.

La posición de España ha sido la de mostrarse dispuesta a enviar medio centenar de instructores a la misión de entrenamiento en Mali cuyos planes ha acelerado la Unión Europea. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha ratificado el apoyo de España a la operación militar francesa en Mali.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Pronunciarse claramente contra la agresión militar francesa a Mali, contra el apoyo logístico de Gran Bretaña y Argelia y contra la posible intervención de tropas de otros estados, especialmente del ejército del Estado Español, sea esta posible intervención con cobertura de la UE o de la OTAN.

2. A promover por todos los medios el repliegue de los militares malienses a los cuarteles, el restablecimiento de las libertades y la democracia en Mali, y el respeto escrupuloso de los derechos humanos por parte de todos los contendientes.

3. A promover un alto el fuego inmediato, la retirada de las tropas francesas y el establecimiento de unas conversaciones de paz en el que se aborden las distintas realidades nacionales del estado artificial maliense, para dotarlo de instituciones fuertes que fomenten su desarrollo económico y social, sin descartar el derecho de autodeterminación de la población tuareg de Azawad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Justicia

161/001248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su debate en la Comisión de Justicia.

Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Partido Popular, una ley que plantea nuevas tasas judiciales y que ha tenido el rechazo unánime de la oposición y de todos los sectores profesionales: abogados, procuradores y jueces, así como de diversas asociaciones, entre otras la de consumidores y usuarios.

La Constitución Española, en su artículo 24, garantiza la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, con la nueva Ley de Tasas se imponen tasas para acceder a la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social, salvo algunas excepciones, lo que supone un ataque a la ciudadanía, ya que una parte de la misma no podrá entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes.

Las nuevas tasas lejos de ser disuasorias, para evitar litigar por litigar, vienen a limitar por la vía económica el acceso a la justicia, lo que significa que lo que hasta ahora era un derecho al alcance de todos pase a ser ahora inaccesible para muchas personas.

Si litigar no resultaba fácil, puesto que existen gastos previos de procuradores, abogados, peritos u otros profesionales que han de intervenir en los procesos judiciales aunque en ocasiones se recupere por la condena en costas de forma que paga quien pierde el litigio, las tasas judiciales suponen un impedimento a la propia tutela judicial. Sólo a las personas con rentas altas les va a estar permitido el acceso a lo que es un derecho público como la justicia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la derogación inmediata de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación de una disposición legal que permita a las personas afectadas por adopciones irregulares el acceso a la información de los registros de las instituciones religiosas para su debate en la Comisión de Justicia.

Entre los años 1940 y 1990, se produjeron en el Estado español adopciones irregulares de recién nacidos.

En los últimos años, muchas de las personas afectadas han iniciado un proceso de investigación y de búsqueda de sus familiares, tanto de hijos que buscan a sus auténticos padres como de padres que intentan localizar a los descendientes que tuvieron durante la Guerra Civil y la posguerra y que acabaron en brazos ajenos.


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El muro contra el que chocan las personas que buscan información, sin embargo, suele ser siempre el mismo: la opacidad de las instituciones religiosas. En la posguerra, las llamadas casas cuna, orfanatos y casas de expósitos fueron las entidades que monopolizaron las adopciones. Allá llegaban los hijos de mujeres sin medios y muchos de ellos salían con padres nuevos, quisiera o no la madre. Incluso, se daban muchos casos de mujeres que no podían hacerse cargo de sus hijos y los dejaban durante una temporada en estas instituciones. Cuando volvían, les respondían que habían muerto mientras que, en realidad, ya se encontraban en una familia adoptiva.

En los registros de estas entidades figuran los nombres de todas las madres que cedieron o perdieron a sus hijos y la identidad de los padres adoptivos, de aquí su importancia. Sin embargo, al tratarse de ficheros privados, se encuentran en manos religiosas y fuera del alcance de los interesados.

Hay que poner freno a esta situación y obligar por ley a las instituciones religiosas a permitir el acceso de las personas que buscan a sus familiares a los datos que necesiten para conseguirlo, no solo por el derecho a saber que tienen estas personas, sino también por las implicaciones económicas o para la salud que puedan resultar.

Por todo ello, se propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Acometer a la mayor brevedad las reformas legales oportunas con la finalidad de permitir a las personas que puedan estar afectadas por adopciones irregulares acceder a la información de los registros de las instituciones religiosas necesaria para encontrar a sus familiares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre personación ante los tribunales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a menudo tiene que acudir a los juzgados o tribunales de justicia, tanto en calidad de testigo como de parte denunciante o denunciada.

Su presencia como fuerza represora del poder ejecutivo ante el poder judicial ha de llevarse a cabo en un plano de total igualdad con respecto al resto de ciudadanos que forman parte del proceso, ya sea como testigos, denunciantes o denunciados. En caso contrario se estaría corrompiendo la igualdad de todos ante la justicia, un principio esencial de la democracia que hemos de promover y proteger.

Para que este principio sea plenamente realizable es necesario que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no acudan armados a sus comparecencias ante los tribunales, pues en el caso de portar armas se produce una clara intimidación hacia el resto de los presentes que puede viciar las declaraciones de las partes y testigos, algo que en un proceso legal no es deseable. Igualmente es necesario regular el uso del uniforme cuando la comparecencia del miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad no actúe como testigo sino como parte en un procedimiento judicial, con el fin de garantizar la necesaria igualdad de las partes.

Es por ello que, en aras de garantizar la igualdad, transparencia y eficacia del proceso judicial, para que se lleve a cabo sin que ninguno de los presentes se vea intimidado, y promoviendo el principio de plena igualdad de los ciudadanos ante la justicia, realizamos la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Regular la prohibición de portar armas a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su comparecencia ante los juzgados o tribunales de justicia cuando actúen como testigos o parte en un proceso judicial.

2. Regular la prohibición de vestir uniforme del cuerpo policial al que pertenecen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las salas de los juzgados o tribunales cuando actúen en calidad de parte en un proceso judicial.

3. Regular la prohibición a cualquier ciudadano de portar armas en edificios de sedes judiciales con excepción de los encargados de la seguridad del edificio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Economía y Competitividad

161/001252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

La crisis financiera mundial de 2008 ha abierto un debate internacional sobre los sistemas de remuneración de los directivas de grandes empresas. En los países desarrollados se ha producida un sustancial Incremento de dichas retribuciones, sin que la crisis haya amortiguado la subida. Por ejemplo, en EE.UU., durante las últimas décadas, se ha producido un crecimiento exponencial de los salarios de los ejecutivos: en los años 70 los directivos ganaban 25 veces más que el trabajador medio, mientras que actualmente ganan por encima de 300 veces más, según un informe del Instituto for Policy Studies (IPS) de 2011.

En España, las remuneraciones de los 73 ejecutivos de los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 en el año 2010 fueron de casi 2.500.000 euros de media anual. En el año 2011, el sueldo medio de los 534 altos directivos fue alrededor de 1.000.000 de euros. En relación con la ganancia media de los trabajadores se llega a un diferencial de 125 veces más en el primer caso y de 43 veces más en el segundo.

Gracias a las medidas adoptadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha mejorado sustancialmente la transparencia de estas remuneraciones, debido a la obligación de publicar la remuneración de los miembros del consejo de administración y sus comisiones en el informe anual de gobierno corporativo establecida en la Ley de Economía Sostenible.

La parte fija de las remuneraciones de los ejecutivos es relativamente muy baja (un 10 % en 2008, según Boston Consulting Group), la mayor parte de los sueldos se perciben en forma de bonus (remuneración variable en función del resultado de la empresa) y en opciones de compra de acciones "stock opfions" de la propia empresa o de la empresa matriz en el caso de grupos empresariales.

Esta parte variable de los sueldos de los ejecutivos puede tener efectos perversos porque incentiva a los directivos a tomar decisiones con mucho riesgo ya que ellos se benefician personalmente si se obtienen buenos resultados, pero si las cosas van mal quienes pierden son los accionistas o los tenedores de deuda de las empresas.

En el ámbito financiero, estos incentivos perversos en los sueldos de los ejecutivos tienen implicaciones especialmente graves y se han identificado como una de las causas de la quiebra de las grandes entidades financieras, con las que se inició la crisis en 2008.


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La percepción pública de que resulta incompatible que los Gobiernos estén aportando ingentes cantidades de recursos para sostener empresas (principalmente en el sector financiero, pero también en otros) y, a la vez que algunos directivos de las empresas ayudadas continúen percibiendo remuneraciones elevadísimas, ha hecho surgir muchas voces en favor de introducir algún tipo de regulación sobre las remuneraciones de ejecutivos. En esta línea algunos países entre ellos EE.UU., Francia y Alemania y también el Parlamento Europeo han aprobada nuevas reglas para estas remuneraciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Alinear las remuneraciones de los directivos con los riesgos y la calidad de las inversiones. Para conseguirlo, se insta a:

- Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los gastos de personal sólo sean deducibles hasta el límite salarial máximo que se establezca .

- Condicionar obligatoriamente las retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración a las decisiones adoptadas en la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día y con participación de los accionistas minoritarios.

- Ligar los complementos de los directivos a la mejora del valor de las acciones a medio y largo plazo (no a corto como hasta ahora). Establecer que mientras no haya beneficios no se puedan conceder retribuciones extraordinarias. Los bonus garantizados independientemente de los resultados de la empresa deben ser prohibidos. El conjunto de las retribuciones variables de los directivos, de cualquier clase y condición, no podrán superar las retribuciones fijas establecidas (1+1), tal y como ha solicitado el Parlamento Europeo.

- Desincentivar el peso excesivo de las stock options dentro del sistema de remuneración a ejecutivos, para lo que se propone que se elimine la consideración de retribución en especie y se asimilen al salario, de forma que coticen a la Seguridad Social con un tipo del 28 %.

- Introducir incentivos para aumentar la correlación entre beneficio individual y colectivo, haciendo depender los ratings de la posición de las entidades financieras de nuevos rankings de inversión ética y socialmente responsable.

2. Desincentivar los blindajes empresariales desorbitados para el Consejo de Administración. Para alcanzar este objetivo, se insta a:

- Condicionar la percepción de los blindajes a la consecución de los objetivos establecidos para el alto directivo o al crecimiento real (no únicamente del valor bursátil) de la compañía.

- No contabilizar como gastos deducibles los pagos que la empresa realiza por indemnizaciones a los directivos que despide.

- Gravar con un tipo adicional sobre el actualmente vigente en el IRPF las cantidades percibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias al salario de los miembros del Consejo de Administración y Altos Directivos cantidades todas ellas que deberán cotizar al sistema de seguridad social a los tipos establecidos.

3. Para el caso de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, debido a las pérdidas incurridas por la gestión desarrollada, promover la modificación de la legislación de sociedades a efectos de conseguir que los altos directivos y miembros del consejo de administración reintegren las retribuciones recibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias al salir de la entidad, durante los últimos cinco años.

4. Limitar la retribución de los administradores y directivos en el caso de las entidades mayoritariamente participadas por el FROB a los salarios máximos regulados en la Ley General de Presupuestos del Estado que se aplican a funcionarios públicos y autoridades.

5. Extender sin límite temporal la no percepción de retribuciones variables y beneficios discrecionales de pensiones a los administradores y directivos de todas las entidades que reciben apoyo financiero público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de la establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

En el año 2000 la deuda pública española fue del 59,4 % del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85,3 % del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90,5 % del PIB. En cantidades absolutas, lo previsto para 2013 significa un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:

1. En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, las Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica -con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.

2. En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda don Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento "ilegítimo" asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.

No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegitimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de "deuda odiosa" tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.

En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1,4 % según la Comisión Europea -especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de descrecimiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9,09 % (hasta el 7 % según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3,09 % (hasta el 9,4 % según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a políticas de reactivación económica.


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La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego -que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.

Por los motivos anteriormente expuestos se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas !as suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse "odiosos".

2. Promover la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública. El escándalo causado por la adjudicación de las pruebas clínicas de seis hospitales y veintisiete centros de salud a una empresa de la que es directivo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que privatizó ese servicio, ha indignado a la opinión pública. Efectivamente, Juan José Güemes fue titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde junio de 2007 hasta marzo de 2010. En 2009, Güemes adjudicó la gestión de las pruebas clínicas de seis hospitales madrileños --Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo- a la UTE BR Salud, formada por Ribera Salud y el grupo Balagué. El 21 de noviembre de 2012, la empresa Unilabs España, la misma que asesora Juan José Güemes, compró el 55 % que el grupo Balagué Center mantenía en BR Salud. De forma escandalosa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de adjudicar las pruebas de estos seis hospitales y veintisiete centros de salud a Unilabs España, que ya gestionaba los laboratorios del hospital de Torrejón de Ardor y del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio Salud, en la que está integrada Unilabs.

En Portugal, sin ir más lejos, los titulares de cargos políticos y de altas funciones públicas, en los tres años siguientes al cese de sus funciones, no pueden ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades como ministros, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o beneficiado de ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual. En Francia, el artículo 432-13 del Código Penal prohíbe a todo funcionario público que por su cargo hubiere asegurado la supervisión de una empresa privada ocupar una actividad de consejo o formación en dicha empresa o comprar acciones de la misma. Esta prohibición ha sido fijada en tres años por la ley francesa de modernización de la función pública


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de 2 de febrero de 2007. En España este período es tan solo de dos años. En Canadá, el artículo 33 de la Ley de conflictos de intereses prohíbe a todo ex titular de cargo público extraer ventaja indebida de su cargo anterior; el artículo 34 le impide actuar al servicio de empresas privadas en cuestiones en las que haya intervenido oficialmente cuando ocupaba su cargo, o dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato. Y el artículo 35 le prohíbe aceptar un empleo en dichas empresas o ser miembro de su consejo de administración. También se prohíbe a un ex ministro intervenir acerca de otro ministro que lo fuere en el mismo gabinete que él.

Disposiciones de este tipo tienen por objetivo la preservación de la integridad de los intereses públicos en relación con los intereses particulares que los responsables públicos podrían favorecer en el ejercicio de sus funciones o a partir del final de su mandato.

Junto a la necesidad y la exigencia de que el Gobierno desarrolle la Ley 5/2006, de 10 de abril , de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la casuística más reciente avala la necesidad de introducir el control de las incompatibilidades en la percepción de indemnizaciones por parte de los miembros del Gobierno, los altos cargos, así como los altos cargos de instituciones del Estado una vez que cesen en el desempeño de sus funciones.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y de la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, con el fin de:

1. Fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato.

2. Impedir que en los cinco años siguientes al cese de sus funciones puedan

a) Ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.

b) Dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato.

c) Tener participaciones directas o indirectas superiores al 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los diez años anteriores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al condicionamiento de los rescates de las CC.AA. y de la exigencia de responsabilidad a las mismas por incumplimiento del Ordenamiento Jurídico, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Constitución corno norma superior del ordenamiento constituye la expresión máxima de la soberanía nacional, que como indica su artículo 1.2 "reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado", lo cual fundamenta nuestro Estado de Derecho, sobre la base de un régimen representativo, en el cual la soberanía, que está reservada exclusivamente al ente colectivo y abstracto llamado "nación",


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no puede ser ejercida por nadie, sea quien sea, más que a título de representante nacional. Tal principio, en su ámbito interno, se materializa en el propio Estado de Derecho, en virtud del cual ninguna organización o persona individual puede sustraerse al poder estatal que se ejerce mediante normas jurídicas.

En efecto, nuestra Norma Fundamental comienza afirmando (artículo 1.1) que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Por lo tanto, nadie puede estar por encima del Ordenamiento Jurídico, tal y como se encarga de proclamar el Preámbulo de la Constitución cuando se refiere a la consolidación de un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y el artículo 9.1 según el cual "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", lo que tiene su manifestación en el principio de legalidad, previsto en el artículo 9.3, que conlleva la vinculación de la actividad de los diferentes poderes del Estado a la ley, sin la cual los mismos carecen de legitimidad alguna.

En definitiva, nadie -tampoco los poderes del estado- puede estar por encima de la Ley, pues sin Ley no hay Democracia. Así de simple.

El sometimiento al imperio de la ley es el fundamento de fas democracias modernas y un principio básico conocido por todos los ciudadanos, que saben que las Leyes, tanto si les gustan como si no, son vinculantes y su incumplimiento está castigado con la correspondiente sanción económica o, incluso, con la privación de libertad en el caso de las infracciones más graves, sujetas a la responsabilidad penal.

Sin embargo, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un preocupante incremento de los casos en que autoridades y cargos públicos (algunos de gran relevancia en el entramado institucional) desafían abiertamente al Estado, afirmando públicamente su voluntad de incumplir ciertas Leyes e incluso transgrediéndolas abiertamente, ante la pasividad del Gobierno y los poderes públicos competentes, lo cual traslada a la ciudadanía una imagen de absoluta impunidad y pone en peligro la propia Democracia que tanto nos ha costado construir.

Un ejemplo paradigmático de lo que decimos es la negativa por parte de la Generalitat catalana a cumplir con la obligación, establecida por los tribunales, de adaptar el sistema educativo para que el castellano pueda ser elegido por quien lo desee como lengua vehicular de la enseñanza. En la misma línea cabe señalar la decisión de convocar un referéndum ilegal, a pesar del perfecto conocimiento de su ilicitud, e incluso haciendo gala de ello o el de otras amenazas como la insumisión fiscal o el incumplimiento del déficit. No estamos hablando de meras extralimitaciones competenciales sino de verdaderos desafíos al Estado de Derecho, preparatorios de retos mayores, si no se les pone coto.

También en distintas Comunidades y algunas Corporaciones Locales sus autoridades discurren por la misma senda. El País Vasco, por ejemplo, se ha negado a suprimir la paga extra de navidad de los funcionarios, aumentando la desigualdad entre los ciudadanos, y en otras regiones se ha hecho pública su decisión de incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o las reglas de gasto.

Por si lo anterior no fuera suficiente resulta que muchas de las Comunidades Autónomas rescatadas están utilizando los fondos recibidos del Estado no para garantizar los servicios públicos esenciales (que se ven deteriorados día tras día), sino para "tapar agujeros", mientras mantienen intactas "embajadas" en el extranjero, televisiones autonómicas y todo un entramado institucional absolutamente innecesario utilizado como centros de colocación de personas afectas o vinculadas a los partidos políticos. Por poner un ejemplo entre tantos otros, recientemente se ha publicado que los Tribunales de Defensa de la Competencia Autonómicos han costado desde su puesta en funcionamiento más de 60 millones de euros, diez veces más que el importe recaudado por la sanción de conductas anticompetitivas de ámbito autonómico. En algunos casos, roza lo esperpéntico: entre los años 2006 y 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño costó a las arcas públicas cerca de 15 millones de euros, mientras que sus sanciones rozaron los 18.000 euros, tal y como se ha publicado.

En algunos casos es peor todavía, como ocurre por ejemplo en Cataluña, donde la Generalitat está utilizando el rescate del Estado para financiar su propio proyecto secesionista, a través de sus novedosas "estructuras de Estado", como el proyectado Consejo Catalán para la Transición Nacional, la agencia tributaria catalana, la conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público, la reforma de los Mossos d'Esquadra para que sean una "policía integral", el pago de los ruinosos "bonos patrióticos", etc. Todo ello con el dinero español del "rescate" y dentro el habitual victimismo nacionalista, que no se priva cuando ve la ocasión para ello de denunciar a España en el seno de la Unión Europea o pedir su "protección" ante imaginarias invasiones.


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El Gobierno ha concedido en 2012 más de 17.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a nueve comunidades autónomas. Esto ha supuesto que a día de hoy en el fondo queden unos escasos 500 millones de euros. El Fondo se ha prorrogado para 2013, añadiendo 23.000 millones a los 18.000 previstos para 2012, convirtiendo así en ordinario este mecanismo que nació corno extraordinario. El Gobierno afirma que esta ayuda está fuertemente condicionada, corno se requiere legalmente. Sin embargo, las declaraciones de algunos presidentes de Comunidades Autónomas indican que estos no se comprometen ni siquiera a cumplir el objetivo de déficit de su Comunidad para 2012.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, pero son en todo caso a posteriori, sin ningún tipo de condición previa o de carácter finalista, en orden a garantizar que el "rescate" esté destinado exclusivamente a financiar los servicios públicos esenciales, cada día más deteriorados y desiguales.

A diferencia del laxo y permisivo comportamiento del Estado con las Comunidades Autónomas, el rescate financiero de un país soberano como España conllevó por parte de la Unión Europea (UE) la imposición de hasta 32 condiciones para el sistema financiero y alguna más, en paralelo, para la política fiscal y el conjunto de la economía española, inclusive la aplicación de recortes bajo una estricta y constante fiscalización de la Troika.

¿Alguien puede imaginar qué diría la UE si España decidiera utilizar el rescate europeo para una hipotética salida de la Unión? Incomprensiblemente, lo que es inimaginable en un contexto europeo, en España se permite y hasta se considera moderno y "progresista".

En este sentido conviene resaltar que Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé en su Disposición Adicional Segunda un mecanismo de exigencia de "responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario", en virtud del cual "las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector pública que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento" declarando que el Consejo de Ministros "será el órgano competente para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de dicha deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestarlo".

Par lo tanto, de forma ciertamente incomprensible, resulta que el Estado puede compensar o retener el importe del rescate a una Comunidad Autónoma que incumpla el Derecho Comunitario, pero si lo que incumple es directamente el ordenamiento jurídico español no hay previsto ningún mecanismo para que el Estado retenga cantidad alguna ni que pueda siquiera condicionar sus transferencias al cumplimiento de la legalidad o a la lealtad institucional.

Por otra parte, la inacción del Estado frente a las Comunidades que incumplen la Ley, las que no destinan los rescates a garantizar servicios públicos esenciales a los ciudadanos (sino para seguir alimentando su red clientelar) o las que lo utilizan incluso contra el propio Estado rescatador (como pasa en Cataluña con su particular proyecto secesionista), contrasta abiertamente con el trato que están recibiendo los proveedores de la Administración, que sí pueden cobrar directamente del Estado, caso de que la Administración deudora sea morosa y existan sospechas de que puede destinar los fondos públicos a otros menesteres.

En efecto, según hemos conocido recientemente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en la creación de un instrumento por el cual los proveedores de cualquier Administración que sea morosa puedan dirigirse directamente al Ministerio para que éste "arbitre la forma de pago". Según palabras del propio ministro, este instrumento estará listo en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores.

Es decir, se pretende evitar que las Administraciones se financien "a costa de no pagar a los proveedores", pero sin embargo esas mismas administraciones son libres de no utilizar el rescate para garantizar los servicios públicos, sino para lo que tengan por conveniente, entre lo cual cabe citar la


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construcción "nacional", alimentar las tupidas redes clientelares, la promoción política a través proyectos inviables o ruinosos, los entes superfluos, etc.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en cuantas otras normas fuere necesario a fin de que:

- Análogamente a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para los incumplimientos de normas de Derecho comunitario por parte de las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional habilite al Consejo de Ministros para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de la deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.

- De forma análoga a como condiciona la Unión Europea los rescates o las ayudas a los países miembros, España conceda las ayudas a las Comunidades Autónomas correspondientes de forma finalista, en orden a que las mismas sirvan para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en situación de igualdad, condicionando las mismas a la supresión de gastos y entes superfluos y a la eliminación de duplicidades en el entramado institucional.

- Al igual que se prevé hacer con los pagos a proveedores de la Administración, establecer los mecanismos necesarios para que el Estado pueda garantizar directamente a los ciudadanos los servicios públicos esenciales, en el caso de que las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales destinen el rescate o las transferencia de fondos estatales a otras finalidades distintas a la que acabamos de referir."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto, a instancia de la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de actuaciones urgentes para las zonas de la Comunidad Foral de Navarra afectadas por las inundaciones tras las intensas lluvias registradas en enero de 2013, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Las intensas lluvias registradas el pasado lunes 14 de enero de 2013 han afectado a diversas comarcas navarras ocasionando toda una serie de daños de importantes consecuencias, así como numerosas afecciones a infraestructuras básicas de las zonas afectadas, ya sea tanto en vías de comunicación, en cultivos agrícolas o en bienes muebles e inmuebles de los habitantes de la zona afectada.

Este hecho requiere de un compromiso solidario y eficaz del conjunto de las Administraciones públicas implicadas, para intentar paliar, de la manera más urgente posible, los problemas generados en todas estas zonas. Los propios ayuntamientos y comarcas afectadas ya han iniciado las gestiones oportunas para intentar recabar las necesarias ayudas económicas y subvenciones con el objetivo de paliar los daños ocasionados en los bienes de la zona.


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De este modo se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:

1. Elaborar, de manera urgente, en el marco de las competencias de la Administración central y en colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, una cuantificación de todos los daños causados por las intensas lluvias caídas en enero de 2013.

2. Actuar de manera inmediata en las infraestructuras básicas dañadas para reestablecer los servicios necesarios y básicos para la población afectada.

3. Aprobar, con la mayor celeridad posible, un Programa integral de ayudas económicas para aquellos lugares que, en su momento y tras la evaluación de los daños efectuada previamente, se determinen como zonas afectadas por las inundaciones, mediante el correspondiente Real Decreto-ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Fomento

161/001240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA; La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución urgente de la variante de la N-332 en el municipio alicantino de Benissa para su debate en la Comisión de Fomento.

Desde hace ya varios años, la situación en la que se encuentra la N-322 a su paso por la localidad alicantina de Benissa es preocupante, siendo en la actualidad un punto negro en donde se han producido una larga lista de accidentes de tráfico con atropellos incluidos.

Para nuestro grupo parlamentario esta infraestructura es sustancial para la comarca de la Marina y para la conexión y vertebración de las comarcas alicantinas, siendo además de gran ayuda para mejorar el tráfico y la seguridad vial de la zona.

Desde nuestro punto de vista es injustificable la desidia que muestra el Gobierno ante esta realidad, más cuando ya llevamos algunos ejercicios presupuestarios avisando de este problema y presentando enmiendas solicitando la finalización de una variante que a día de hoy está paralizada y que aún no han encontrado respaldo suficiente en el trámite parlamentario.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se proceda, en el menor plazo de tiempo posible, y no más allá de este ejercicio presupuestario, a la ejecución de la variante de la N-332 en el municipio alicantino de Benissa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar


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la siguiente Proposición no de Ley sobre la circunvalación de la N-332 a su paso por Benissa, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las obras de la circunvalación de la N-332 a su paso por Benissa se encuentran paralizadas desde que la empresa que tenía adjudicada la obra renunciara a la misma.

Esta actuación es necesaria no solo para Benissa, sino también para la comunicación dentro de la comarca y, especialmente, para Calp, ya que no cuenta con acceso directo a la A-P7 y residentes, transporte público, y turistas deben atravesar el núcleo urbano de Benissa.

Así mismo, la obra abandonada está provocando serios perjuicios en el tránsito en viales locales y de alteración del terreno natural, agravando los movimientos de tierra e inundaciones.

Ha habido una reducción del 53 % de la inversión en la provincia de Alicante desde el año 2011, suponiendo una bajada en la inversión por habitante de un 25 % desde el último presupuesto del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estábamos en un 84 % de inversión media por habitante y con los Presupuestos Generales del Estado de 2013 nos deja al 58 %, esto es discriminación clara. Por tanto, si se recuperara los porcentajes de inversión de 2011, se podría volver a licitar en 2013 la ejecución de la variante de la N-332 a su paso por Benissa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los trámites necesarios para dotar de la cuantía suficiente a la partida presupuestaria correspondiente a la variante de la N-332 a su paso por Benissa, de tal forma que se pudiera licitar la conclusión de la obra en 2013."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la A-P7 desde Calp y la mejora de la N-332, para un debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento cuenta con una propuesta y proyecto para la creación de un acceso directo a la A-P7 para Calp, que fue consensuado con el Ayuntamiento.

Además del propio acceso a la A-P7, se contemplan mejoras en la N-332 y la creación de rotondas en los diferentes cruces con el propio centro urbano y las diferentes urbanizaciones.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 ha habido una reducción del 53 % de la inversión en la provincia de Alicante desde el año 2011, suponiendo una bajada en la inversión por habitante de un 25 % desde el último presupuesto del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estábamos en un 84 % de inversión media por habitante y con los Presupuestos Generales del Estado de 2013 la deja al 58 %. Por tanto, si se recuperara los porcentajes de inversión de 2011, se podría acometer, licitar, y ejecutar las obras de mejora de la N-332 en Calp y el acceso directo de este municipio a la A-P7.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concluir los trámites oportunos para licitar en 2013 las obras de creación de un acceso directo desde Calp a la A-P7 y la mejora en este municipio de la N-332."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001245

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conversión de la N-332 entre La Vila Joiosa y El Campello en una vía parque, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento está llevando a cabo la modernización, adecuación y ampliación de capacidad de la N-332 entre Valencia y Pilar de La Horadada.

Entre las actuaciones previstas está el tramo de la N-332 entre La Vila Joiosa y El Campello. El acondicionamiento entre la Variante de El Campello y la Variante de Villajoyosa contaba con una estimación de inversión de 43 millones de euros en los 13,5 km.

Este tramo concentra un importante tráfico y con múltiples puntos conflictos, tanto en cuanto son numerosos los cruces de acceso a urbanización y a áreas urbanas del extrarradio de La Vila Joiosa y El Campello.

En otros tramos de la N-332, el Gobierno de España ya ha realizado actuaciones que hagan compatible la doble condición de carretera nacional y de avenida que une núcleos urbanos con urbanizaciones o extensiones urbanas de dos municipios, pues reduce de forma considerable los puntos conflictivos al mejorar la seguridad de la vía y se produce una integración urbana.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 ha habido una reducción del 53 % de la inversión en la provincia de Alicante desde el año 2011, suponiendo una bajada en la inversión por habitante de un 25 % desde el último presupuesto del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estábamos en un 84 % de inversión media por habitante y con los Presupuestos Generales del Estado de 2013 la deja al 58 %. Por tanto, si se recuperara los porcentajes de inversión de 2011, se podría acometer, licitar, y ejecutar las obras de mejora de la N-332 entre El Campello y La Vila Joiosa.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que realice los cambios presupuestarios oportunos que permitan que en 2013 licite las obras de mejora de la N-332 entre La Vila Joiosa y El Campello, que incluiría la creación de una vía parque, regulando los cruces con rotondas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia su Portavoz, doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la


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Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la integración operativa de España en Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, y el Mediterráneo y mares adyacentes, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

En el año 2005 se inició en el seno de la Comisión Oceanográfica Internacional, el Intergovernmental Coordination Gropp for the tsunami early warning and mitigation system in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas (Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, Mediterráneo y mares adyacentes, ICG/NEAMTWS). Desde esta fecha y en este marco, se han celebrando una serie de reuniones anuales a las que asisten regularmente algunos miembros de distintas organizaciones coordinados por el Instituto Español de Oceanografía.

Tras siete años de reuniones técnicas, el ICG/NEAMTWS ha conseguido montar Centros Regionales de Alerta que deberán distribuir las mismas en caso de detección de riesgo. Al mismo tiempo, la mayoría de los países mediterráneos están montando sus Redes Nacionales, imprescindibles para un Sistema de Alerta eficaz.

En función de su localización geográfica, España participa del Sistema de Alerta Temprana contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Atlántico Nororiental y el Mediterráneo y Mares Adyacentes (NEAMTWS). Sin embargo, nuestro País carece de un Sistema Nacional de Alerta propio. Su necesidad se justifica porque solo una red de medida a nivel nacional es eficaz ante un tsunami de campo cercano o local, como a los que se encuentra expuesta España. Por otra parte, los avisos a la población y los protocolos y planes de emergencia son competencia nacional ya que los Sistemas Regionales o Globales de Alerta se limitarán a enviar avisos a los Sistemas Nacionales cuando se produzca un evento que se estime puede afectar a sus costas. Pero a partir de ese momento, la responsabilidad corresponde a cada País involucrado en el Sistema.

En la última reunión del NEAMTWS (septiembre 2012) se volvió a recalcar además, la necesidad de establecer una vinculación entre la alerta y la preparación frente a los tsunamis y las inundaciones costeras de otros tipos, en el marco de un enfoque de riesgos múltiples.

En España, no se ha desarrollado esta estructura de Red de Alerta Nacional, no se financiaron los medios necesarios solicitados en 2005 por el Grupo español de tsunamis, y sobre todo, no se ha designado formalmente en el BOE, el o los organismos responsables de esta red de alerta. Esta petición ha sido realizada en numerosas ocasiones por el mencionado Grupo Español de Tsunamis.

Aunque es notorio el difícil momento económico que atraviesa España, existe la posibilidad de avanzar en la implementación del Sistema de Alerta, simplemente con la designación oficial (BOE) de los Organismos estatales, Instituto Geográfico Nacional y Protección Civil, corno responsables, al menos, de recibir las alertas posibles de los centras regionales del ICG/NEAMTWS,

Asimismo y considerando que existen estructuras funcionales para riesgos similares como el de terremotos (Red sísmica nacional-Protección Civil, con gabinetes de trabajo 24h/365 días) y que Puertos del Estado está ya facilitando datos de mareógrafos en tiempo real a las redes regionales, se deberían aprovechar estas estructuras, implementando los recursos necesarios para ampliarlas al riesgo de tsunamis y creando así una Red de Alerta Nacional.

Las Instituciones bajo cuya responsabilidad recae el establecimiento del Sistema Nacional de Alerta (Protección Civil, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico y Minero de España, Instituto Español de Oceanografía, Puertos del Estado, Demarcaciones de Costas y Unidad Militar de Emergencias, entre otros) llevan tiempo solicitando lo anteriormente expuesto.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible adopte las medidas necesarias para que:

1. España quede plenamente integrada en el Intergovernmental Coordination Group for the tsunami early warning and mitigation system in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas.


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2. Se utilicen y aprovechen los equipos y redes que están disponibles como la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, la Red de Nivel de mar del Ente Publico Puertos del Estado, la de Rescate y Salvamento y la Sala de Coordinación Operativa de Protección Civil.

3. Se establezcan planes de emergencia por Protección Civil y por la Unidad Militar de Emergencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la bajada del peaje y la liberalización parcial de la AP-7 en la Comunitat Valenciana, para un debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los empresarios del sector turístico en la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana, liderados por HOSBEC, han expresado su queja por el aumento del 8 % del peaje de la AP-7 en la Comunitat Valenciana, aprobado por el Gobierno de España. El efecto en la pérdida de competitividad perjudica a otros sectores de la economía alicantina, especialmente en la Marina Baixa y Alta, ya que no existe vía alternativa para el transporte de productos agroalimentarios o industriales en estas comarcas.

La concesión de la AP-7 expiraba en 2006 y el Gobierno de España la alargó hasta 2019, restando competitividad a nuestras comarcas costeras durante 13 años más. Pero además, en esa prórroga se incluyo una rebaja de tarifas y bonificaciones por uso habitual, que ahora mismo han desaparecido.

La AP-7 es una obra amortizada, por lo que la empresa concesionaria no necesitaba ningún aumento de ingresos para su mantenimiento o para mantener los puestos de trabajo, más cuando están sustituyendo a trabajadores en puestos de pago manual por máquinas, y por tanto reduciendo personal en lugar de crear empleo.

El Gobierno de España tenía planificado la realización de obras para la mejora y ampliación de capacidad de la N-332 en las Provincias de Alicante y Valencia y la N-340 en la Provincia de Castellón, que ahora mismo han quedado retrasadas por la falta de consignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado de 2012 y 2013. El elevado coste de las inversiones a realizar y que en algunas actuaciones hay una demanda social para que no se hagan y sí se acometa una liberación parcial de la AP-7, actuando como circunvalación de determinados municipios, obliga a estudiar fórmulas para solucionar el problema de tráfico en travesías, que se ha visto agravado por la crisis económica y el consecuente aumento de usuarios de las carreteras libres de peajes.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 ha habido una reducción del 53 % de la inversión en la provincia de Alicante desde el año 2011, suponiendo una bajada en la inversión por habitante de un 25 % desde el último presupuesto del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estábamos en un 84 % de inversión media por habitante y can los Presupuestos Generales del Estado de 2013 la deja al 58 %. Por tanto, si se recuperara los porcentajes de inversión de 2011, se podría asumir el coste de la liberación parcial de tramos de la AP-7 en la Comunitat Valenciana hasta que expire la concesión en 2019.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Eliminar el aumento del peaje de la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana y por tanto, aprobar una reducción del 8 % y recuperar e imponer los descuentos y bonificaciones aprobados conjuntamente con la prórroga de la concesión.

2. Que no se prorrogue la concesión de la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana y, por tanto, que quede plenamente liberalizada en 2019.


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3. Que se realicen liberalizaciones parciales de tramos de la AP-7 en la Comunitat Valenciana, para que actúe corno circunvalación de aquellos municipios afectados por el retraso de las obras de mejora y/o ampliación de capacidad de la N-332 en las provincias de Alicante y de Valencia, y de la N-340 en la provincia de Castellón, y las respectivas circunvalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Gabriel Echavarri Fernández, José Luis Ábalos Meco y Susana Ros Martínez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos, para su debate en la Comisión de Fomento.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 35, suprimió desde el 15 de julio de 2012 las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Pian Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. De igual forma, se establece que no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.

Las Planes Estatales de Vivienda son los que recogen estas ayudas financieras destinadas a facilitar al prestatario el pago de la amortización del capital del préstamo así como sus intereses, que consisten en una cuantía fija que el Ministerio de Fomento abona a la entidad financiera una vez que ésta factura al prestatario.

El Gobierno ha considerado que en la actual coyuntura económica de insuficiencia presupuestaria y ante la evolución de los precios de la vivienda, la supresión de esas ayudas está justificada.

No obstante, el Ministerio de Fomento publicó con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 20/2012 una nota para clarificar el artículo 35 ya mencionado ante, según explicita la nota, determinadas cuestiones que suscitaban dudas de interpretación. Así, el criterio interpretativo que seguirá el Ministerio de Fomento en el marco de colaboración definido con las administraciones autonómicas y entidades financieras será que no sólo se suprimen nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos a partir de la entrada en vigor del RDL 20/2012, sino que también se rechazarán las resoluciones de renovación del derecho a obtener subsidiación por el comprador.

Es decir, se deniegan las prórrogas en la subsidiación de los préstamos convenidos otorgando carácter retroactivo al RDL 20/2012 y se recortan aún más las ayudas.

Los beneficiarios de dichas ayudas las obtenían por cinco años prorrogables por otros cinco, pero la interpretación restrictiva del artículo 35 del RDL 20/2012 que realiza la Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento acaba con esa posibilidad, provocando graves perjuicios a muchos afectados que contaban con dichas ayudas para hacer frente a los pagos de sus préstamos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el criterio por el cual se interpreta el artículo 35 del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de tal forma que puedan concederse las prórrogas en la subsidiación de préstamos convenidos a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias y Ascensión de las Heras Ladera Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/001269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan de Adif de vender las estaciones ferroviarias abandonadas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Adif prevé poner en venta un total de 423 estaciones de tren que están abandonadas, cerradas y en desuso. La intención de Adif es la de captar recursos económicos adicionales. Se trata de la primera operación que pondría en el mercado activos de este tipo.

El plan también contempla otras dos medidas que pasan por la racionalización de las oficinas de Adif y la venta del grueso del parque de viviendas con que cuenta la empresa, en su mayoría a los empleados que las ocupan en régimen de alquiler.

Algunos de estos edificios están ya alquilados a la iniciativa privada, por su vinculación de las denominadas "vías verdes" o para otros usos culturales, sociales o empresariales. Algunas están cerradas desde el año 1985 y se encuentran en parajes naturales de gran valor.

Según las declaraciones del director general de Patrimonio y Urbanismo, en el caso de las estaciones alquiladas Adif negociará con los inquilinos su eventual venta. El resto saldrán a subasta pública con un precio mínimo que dependerá de factores como la calificación urbanística del edificio, su estado o del terreno anejo.

Hay que tener presente que muchas de estas estaciones se encuentran en estado de abandono y precisan de un plan de rehabilitación.

En Galicia con la puesta en marcha de las nuevas líneas ferroviarias como la del Eixo Atlántico, muchas estaciones han sido clausuradas.

El BNG siempre reivindicó en múltiples iniciativas parlamentarias el traspaso de la líneas ferroviarias en desuso así como las estaciones situadas en esos tramos para poder crear una red ferroviaria de cercanías.

El nuevo trazado entre Santiago y A Coruña ya llevó al cierre de 8 estaciones de la red convencional. A esta lista se añadirán otras 10 que quedarán fuera de servicio entre Redondela y Santiago de Compostela. Además, se calcula que otras 45 estaciones están todavía pendientes de lo que determinen los Estudios Informativos en otras conexiones como el de A Coruña-Lugo, Ferrol-A Coruña o Monforte-Ponferrada.

Respecto a la línea Santiago-Ourense, parece que Fomento cerrará muchas de las estaciones al tráfico de viajeros pero se mantendrán abiertas para el transporte de mercancías. Es el caso de 12 estaciones entre Santiago, Lalín y Ourense.

En relación a la entrada del AVE en el territorio gallego por Ourense, también se sospecha que quedarán sin servicio unas 10 estaciones. Sólo está previsto que se mantenga la continuidad del servicio de viajeros en A Gudiña.

Desde el BNG, consideramos que la venta de patrimonio arquitectónico público como es el caso de las estaciones ferroviarias cerradas, debería seguir unos pasos previos. Sería adecuado ofrecer primero dichos edificios a otros organismos e instituciones públicas corno pueden ser ayuntamientos o Comunidades Autónomas para que los puedan destinar a usos culturales, sociales o de otro tipo corno la posibilidad de establecer servicios ferroviarios de proximidad.

Dado que se trata de patrimonio público, costeado por todos los ciudadanos, lo ideal sería proceder a cederlo gratuitamente a instituciones como los ayuntamientos, actualmente muy deficitarias de recursos económicos. O al menos, venderlo a un precio muy bajo, asumible por parte de las frágiles arcas municipales o autonómicas.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, Ministerio de Fomento, a:

- Ceder gratuitamente, o en su defecto, vender a precio muy bajo a ayuntamientos y CC.AA., las estaciones ferroviarias abandonadas que Adif va a vender puesto que se trata de patrimonio público.


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- Realizar un Plan específico sobre las numerosas estaciones y apeaderos ferroviarios abandonados en Galicia para incluirlas en un futuro servicio de proximidad.

- Iniciar un diálogo con la Xunta de Galicia en relación a esta cuestión con el objetivo de traspasar las líneas ferroviarias en desuso, así como las estaciones ferroviarias abandonadas, para la implantación de servicios ferroviarios de cercanías.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, ratificado por el Ministerio de Fomento y los sindicatos mayoritarios, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los puertos españoles son un eslabón fundamental de las cadenas logísticas y de transporte. Por ellos pasa cerca del 60 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones, lo que representa el 53 % del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96 % con terceros países.

La actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20 % del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1 % del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta.

La importancia de los puertos españoles para la reactivación económica española como principal puerta de salida de nuestros productos al mercado exterior y el buen comportamiento que están experimentando durante la crisis con crecimientos del tráfico portuario de mercancías del 4,95 % interanual, exigen del Gobierno la máxima diligencia en garantizar la continuidad y eficiencia en el funcionamiento de la actividad portuaria.

La torpeza del Gobierno y las disputas internas entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda están provocando en este momento un riesgo serio de alteración del buen clima laboral que heredó del anterior Gobierno socialista, tras las importantes reformas estructurales llevadas a cabo en la anterior legislatura y que gozaron de un importante consenso político e institucional.

El bloqueo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la ratificación definitiva del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, firmado por el Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento, y los sindicatos mayoritarios, está provocando el inicio de movilizaciones laborales y acciones de protesta que influirán negativamente sobre la actividad de los puertos españoles, con el consecuente perjuicio para nuestra economía.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir el Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, firmado el pasado 26 de junio por los sindicatos mayoritarios y el Organismo Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conexión ferroviaria entre la ciudad de Alicante y el aeropuerto de L'Altet para su debate en la Comisión de Fomento.

Ante el aplazamiento sin fecha, por parte del Gobierno, del enlace ferroviario entre la ciudad de Alicante con el aeropuerto de L'Altet, cabe recordar que el pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 30 de abril una declaración institucional trasladando a la Ministra de Fomento la necesidad de que el aeropuerto contara con esa conexión ferroviaria. Iniciativa que fue presentada por representantes de nuestra formación política y que fue apoyada por representantes del Partido Popular y de Unión Progreso y Democracia.

En la actualidad los regidores desconocen las gestiones al respecto que pueda haber realizado la alcaldesa ante el Gobierno -sospechan que ninguna por estar más dedicada a su situación judicial que a los asuntos de la ciudad-, pero en cualquier caso, con la decisión del Gobierno Central de aplazar "sine die" la ejecución del proyecto ferroviario, ha quedado de manifiesto su fracaso a la hora de defender el acuerdo plenario ante Madrid.

Desde nuestro Grupo Parlamentario lamentamos que pese a su casi medio siglo de existencia y a su importancia en el conjunto del Estado, el aeropuerto de L'Altet sea el peor comunicado del Mediterráneo, considerando vital para la economía, el turismo y la movilidad sostenible de la ciudad y la provincia la ejecución de una conexión ferroviaria con este aeropuerto al estar seguros además de que acometer esta actuación en tiempos de crisis supondría un impulso para la ciudad al generar puestos de trabajo y reforzar Alicante como destino turístico.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para proceder a la conexión en tren entre el aeropuerto de L'Altet con las ciudades de Alicante y Elche."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley la adopción de determinadas medidas en relación al paso de los trenes Euromed por la estación de Tortosa, L'Aldea y Amposta para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Después de poner en funcionamiento el servicio ferroviario de alta velocidad entre Barcelona, Girona y Figueres, cabe recordar que el 16 de junio de 1997 se inauguró el servicio de Euromed, entre Barcelona-Alacant, único servicio de alta velocidad comercial de 220 km/h que comunica este eje comercial y de pasajeros, llamado corredor o eje mediterráneo, uno de los más importantes de la red ferroviaria del estado.

El servicio ofrece, concretamente, ocho trenes diarios Euromed que van en sentido Barcelona-Alacant, siendo que todos ellos tienen parada en las estaciones de Barcelona, Tarragona, Castelló y València; y cuatro tienen parada en la estación de Alacant, pero ninguno de ellos para en la estación de Tortosa-L'Aldea-Amposta, contrariamente a lo que vienen reclamando los sectores sociales, económicos y políticos


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de las Terres de I'Ebre. Diariamente, los Euromed pasan sin pararse por delante de la estación Tortosa-l'Aldea-Amposta en sentido Barcelona-Alacant y Alacant-Barcelona.

Esta reclamación tiene todo su sentido si tenemos presente que la distancia entre las estaciones de Barcelona y Tarragona es aproximadamente de 100 km, y entre ésta y la estación de Castelló es de 195 km, y entre Castelló y Valencia Nort, que es la siguiente parada, la distancia es de aproximadamente 78 km. La estación de Tortosa-L'Aldea-Amposta está ubicada en un lugar geográfico central y casi equidistante entre Tarragona y Castelló, es decir, casi en medio del tramo de 196 km entre la estación de Tarragona y la estación de Castelló.

La distancia es una de las razones para que algunos de los trenes Euromed paren en la estación de Tortosa, pero también existen razones demográficas, pues esta estación, en un radio de acción de 10 km, reúne una gran parte de la población de las comarcas del Ebre, unos 70.000 habitantes, con dos ciudades de más de 20.000 habitantes.

Es evidente, pues, que la prestación del servicio Euromed en esta estación de L'Aldea-Amposta-Tortosa mejoraría la conexión de esta zona en los dos sentidos y ayudaría a una mayor dinamización económica y comercial de la misma, y a un mayor reequilibrio territorial.

A la vista de la trascendencia que para las Terres del Ebre tiene el hecho de que el Euromed pare en la estación de referencia, es por lo que el Parlament de Catalunya aprobó, en fecha 5 de noviembre de 1997, la Resolución 438/V (BOPC núm. 223, de 17 de noviembre de 1997) sobre la mejora de los servicios ferroviarios en las comarcas del Ebro en la que instaba al Gobierno de la Generalitat a "continuar e incrementar las gestiones ante el Ministerio de Fomento y Renfe, para alcanzar el objetivo que una parte de los servicios de Euromed, en los horarios de mañana y tarde que tengan una previsión de más afluencia de usuarios, y todo el resto de servicios de largo recorrido tengan parada en la estación de Tortosa-L'Aldea-Amposta".

A todo lo anterior hemos de añadir que, el 18 de noviembre de 2008, la Comisión de Fomento del Senado aprobó una moción presentada por el senador de I'Entesa Catalana de Progrés, el Sr. Pere Muñoz, en la que se instaba al Gobierno español que un Euromed diario, como mínimo, tuviera parada en sentido Barcelona y Alacant, a partir del año 2009.

Por todo ello se presenta fa siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:

1. Establecer, de manera inmediata, una parada mínima de un Euromed diario, en sentido Barcelona-Alacant y Alacant-Barcelona en la estación de Tortosa-L'AIdea-Amposta.

2. Realizar las adecuaciones necesarias en la estación Tortosa-L'Aldea-Amposta para que se pueda prestar este servicio ferroviario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago de las expropiaciones en los tramos de la alta velocidad ferroviaria en la provincia de Girona, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El pasado 8 de enero de 2013 el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y el Príncipe de Asturias y de Girona Felipe de Barbón inauguraron la línea de alta velocidad entre Barcelona-Girona-Figueres.


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Para la ejecución de estas obras fue necesaria la apertura de expedientes de expropiación en los terrenos por los que transcurre la línea de alta velocidad. Las expropiaciones se realizaron a partir de las superficies afectadas, según la relación de bienes y derechos publicada de los diferentes proyectos constructivos aprobados. Algunas de estas expropiaciones con precio acordado en actas de mutuo acuerdo no han sido hasta la fecha pagados.

Con la finalidad de poder ejecutar las obras fue también necesaria la ocupación de fincas inicialmente no previstas en los proyectos aprobados. Los propietarios de dichas fincas colaboraron y permitieron la ocupación de las fincas o los incrementos de expropiación bajo la premisa de que estas ampliaciones fueran reflejadas en actas complementarias y que el justiprecio de valoración fuera el mismo por el cual se les había indemnizado en la primera expropiación. La colaboración de los propietarios permitió que la ejecución de las obras no se demorara por procedimientos interpuestos contra la Administración, pese a que en estos casos no se habían realizado los preceptivos procedimientos expropiatorios. ADIF mantuvo hasta julio de 2011 los términos de colaboración con los propietarios afectados y con ello el compromiso de respetar el justiprecio en estas ampliaciones de ocupación. Pasada esta fecha ADIF comunicó que debería acudirse a una tasación externa para fijar los precios de estas segundas ocupaciones. La tasación supuso en la práctica una rebaja muy sustancial de los precios abonados por las expropiaciones iniciales.

Tras más de cinco años desde que los propietarios dejaron ocupar sus fincas y de que la obra esté finalizada y en servicio, ADIF ha aprobado los proyectos complementarios y ha convocado a los propietarios al levantamiento de actas previas a la ocupación (fincas ocupadas en 2007), sin tener en cuenta los precios acordados en la ocupación inicial. El justiprecio debería ser el mismo para las expropiaciones iniciales que para las ampliaciones de ocupación. En algunos casos los Jurados Provinciales de Expropiación forzosa han resuelto ya en este sentido.

También debe tenerse presente que las fincas expropiadas y las ampliaciones de ocupación forman parte de fincas agrícolas que no han podido ser explotadas o arrendadas y en algunos casos han perdido subvenciones de la política agraria común (PAC). Los propietarios expropiados no han solicitado nunca el pago de lucro cesante de su actividad pero si el pago del justiprecio acordado para las fincas expropiadas y para las ampliaciones de ocupación.

La mayoría de propietarios y arrendatarios afectados están representados por el sindicato Unió de Pagesos, quien ha mantenido reuniones constantes con ADIF para que se agilicen los pagos pendientes.

Estas situaciones afectan a algunos propietarios en relación al proyecto de línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa (tramo Pontós-Figueres expediente 163ADIF0701, tramo Borrassà-Figueres expediente 190ADIF0801, tramo Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis expediente 172ADIF0701, permeabilización del espacio ferroviario en Vilafant expediente 194ADIF0901, tramo Girona-Figueres expediente 200ADIF0901, subestación eléctrica de tracción de Santa Llogaia expediente 205ADIF1001,tramo Sant Julià de Ramis-Cornellà de Terri-Pontós expediente 154ADIF0601).

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. A abonar de manera inmediata a los propietarios expropiados y que no han sido indemnizados a consecuencia del proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera francesa con el justiprecio acordado de mutuo acuerdo y los correspondientes intereses de demora.

2. A reconocer a las ampliaciones de ocupaciones temporales de fincas afectadas por el proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera francesa el mismo justiprecio que las fincas inicialmente expropiadas y que se proceda a su pago."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre la prórroga del Plan Prepara.

Exposición de motivos

El próximo 15 de febrero concluyen las ayudas a los parados de larga duración previstas en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, más conocido como Plan Prepara.

Estas medidas que fueron inicialmente puestas en marcha por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobando un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, una por el anterior Gobierno y dos por el nuevo Gobierno del PP.

La última renovación, aún en vigor, regulada por el citado Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, tiene, como las anteriores, una vigencia de 6 meses y ya supuso una polémica reducción del importe de las ayudas y de las condiciones de acceso a las mismas por parte de los desempleados que establecía la normativa a la que sustituía (Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre).

Mantener estas ayudas de entre 400 y 450 euros a los desempleados más allá del 15 de febrero es imprescindible dado el creciente número de personas que estando en desempleo no reciben ningún tipo de ayudas y la cantidad de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro.

Si a nivel del Estado la situación del desempleo es muy preocupante, con más del 25 % de la población activa en paro, en Canarias los indicadores son dramáticos: la tasa de paro es de! 33;6 %, según la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2012, !o que supone 378.000 parados, y el 53 % de los mismos son de larga duración, por lo que progresivamente van perdiendo las ayudas tradicionales al desempleo (prestación contributiva y subsidio).

Los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo señalan que en el mes de noviembre había en el conjunto del Estado 1.906.730 parados registrados que no cobraban ningún tipo de ayuda, un 38,8 %. En Canarias esta cifra es aún más elevada: el 43,0 % de los parados inscritos no tiene acceso a ninguna prestación económica, es decir, hay 124.257 parados registrados que no son beneficiarios de ayuda alguna.

Son estos datos los que explican el incremento de la tasa de riesgo de pobreza que sufren las Islas, un 33,8 % según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el instituto Nacional de Estadística.

Es por ello imprescindible que el Gobierno de España acuerde cuanto antes prorrogar las ayudas del Plan Prepara sin mantener en vilo a las personas que las necesitan y ampliándolas a los casos que contemplaba inicialmente la normativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

Prorrogar otros seis meses las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, conocido como Plan Prepara, ampliándolas a los casos que contemplaba inicialmente la normativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de los trabajadores transfronterizos de la construcción en Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

El colectivo de trabajadores transfronterizos, integrado por trabajadores de Marruecos que vienen diariamente a trabajar por cuenta propia o ajena a Ceuta y Melilla -cifrado en más de 4.000 personas- constituye uno de los principales motores que con su actividad diaria contribuye al desarrollo de estas ciudades, tanto por la riqueza directa que generan con su trabajo como por la riqueza indirecta que generan a través del consumo de bienes.

Este colectivo sufre una discriminación laboral por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario como Marruecos. Entre estas discriminaciones podemos destacar principalmente: retención del IRPF a pesar de no tener derecho a presentar la declaración de renta, descuento del 24,75 % en sus nóminas en concepto de aplicación del Impuesto de la Renta a no Residentes, no tienen derecho a la prestación por desempleo a pesar de cotizar por ello, pagan desorbitadas tasas para la renovación de sus permisos, se les reduce el permiso de trabajo de cinco a un año y se les aplica con arbitrariedad la asistencia sanitaria, por poner algunos ejemplos.

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula la figura de los trabajadores transfronterizos y la prestación transnacional de servicios (arts. 182 y 183) y establece que el efecto de la autorización de trabajo es como máximo de un año (art. 184) cuando antes era de cinco años, hecho que supone una merma en sus ingresos por la elevada cuantía de las tasas de tramitación.

En relación a la fiscalidad aplicable a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, el Convenio de Doble Imposición (CDI) suscrito entre España y Marruecos no contiene disposición específica sobre la tributación de los trabajadores transfronterizos, por lo que la normativa que se les aplica por los rendimientos obtenidos en España es la del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuyo tipo impositivo es del 24,75 %. Sin embargo, los trabajadores fronterizos residentes en Francia y Portugal que pasan diariamente a España para realizar su trabajo solo están sometidos a imposición en el Estado que son residentes.

Respecto a la Seguridad Social para los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, el Convenio General de Seguridad Social suscrito entre España y Marruecos en 1979, que entró en vigor en octubre de 1982, reconoce que los trabajadores marroquíes tienen cobertura plena en lo relativo a las disposiciones legales del Régimen General de la Seguridad Social, relativas a:

a) Maternidad, enfermedad común o profesional, incapacidad laboral transitoria y accidentes, sean o no de trabajo.

b) Invalidez provisional o permanente.

c) Vejez.

d) Muerte o supervivencia.

e) Protección a la familia.

?f??) Reeducación y rehabilitación de inválidos.

g) Asistencia social y servicios sociales.

A pesar del reconocimiento, FECOMA-CC.OO. denuncia la aplicación arbitraria de este derecho, por lo que sumado a lo anteriormente expuesto, en relación a la fiscalidad aplicable a los fronterizos y los trámites administrativos que deben realizar, constituyen una discriminación flagrante de sus derechos y un agravio comparativo con el resto de trabajadores por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario.


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno abordar la modificación de los convenios y acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, así como de su legislación interna, para mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.- Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación al Proyecto de Adquisición de Terrenos para el Recinto Tecno-Comercial Agroganadero en Belmez, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

Para la adquisición de terrenos para un recinto tecno-comercial agroganadero, en calle Covadonga, de Belmez, se tramitó un Convenio de Colaboración específico entre el instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Belmez, por importe de seiscientos mil euros.

En el año 2010 no se pudo firmar por parte del Ministerio ese convenio, debido a discrepancias en el contenido del texto entre la Junta, el IRMC y la Intervención Delegada.

Salvadas esas discrepancias, en el año 2011 se volvió a tramitar el convenio que no se firmó a lo largo del año por motivos presupuestarios. No obstante, y por motivos de oportunidad, el municipio adquirió el terreno, entregando a cuenta al propietario doscientos mil euros.

Nuevamente en el año 2012 se tramitó un convenio para el "pago" de la actuación, que, tras la publicación de la orden HAP/232612012, de 29 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, que indicaba que la fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las I.D. tenía fecha límite el 7 de noviembre, al no estar fiscalizado el convenio en esa fecha hubo que paralizar su tramitación.

Por tanto, han sido problemas burocráticos los que han impedido que este proyecto, con cargo a los Fondos Minar, se haga realidad en este municipio de Córdoba. En la actualidad, el Ayuntamiento de Belmez tiene entregada a cuenta una cantidad económica muy elevada para el montante de su presupuesto, y el Ministerio no da respuesta a un proyecto que se ha dilatado en el tiempo, que contaba con los parabienes de todos, y que se considera decisivo para el progreso económico del municipio y para la definición de un modelo económico alternativo a la minería del carbón.

Toda la Corporación municipal está reivindicando el proyecto, incluso se han acampado en las puertas de la Subdelegación del Gobierno, con la Alcaldesa a la cabeza, tras no recibir respuesta alguna por parte del Ministerio. La Comarca del Guadiato también puso de manifiesto su apoyo con una reciente marcha a pie desde sus respectivos pueblos a la capital. En estas pasadas Navidades se han cumplido los 50 días de asentamiento y llama la atención la insensibilidad del Gobierno y de sus representantes en la provincia, respecto a esta justa reivindicación y al sacrificio personal que está suponiendo para estas familias.

La solución no puede ser hacer oídos sordos a la reivindicación de un pueblo y de su comarca.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con carácter de urgencia, el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Belmez y la Junta de Andalucía; para la adquisición de terrenos, para el parque técnico-comercial agroganadero en el municipio de Belmez (Córdoba)".

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de la Minería del Carbón español y el Desarrollo de sus Comarcas para el período 2013-2018, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

Este Gobierno está reduciendo drásticamente las ayudas a la producción del carbón y a la reestructuración de las explotaciones.

Entre el año 2011 y el 2013 las ayudas a los costes de explotación, para cubrir total o parcialmente la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta del carbón, se redujeron en un 63,5 %, hasta el punto que el próximo año estaremos, a este respecto, en el escenario de disminución previsto para 2017, en la programación aprobada por el Gobierno anterior, con el acuerdo de los agentes sociales y la conformidad de las autoridades comunitarias.

Asimismo, el resto de !as medidas aprobadas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras han sido incumplidas sistemáticamente por el actual Gobierno.

Entre los Presupuestos Generales del Estado del 2011 y los del 2013 se han reducido un 70 % las cantidades destinadas al desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras, un 85 % los fondos para la mejora de su entorno medioambiental e infraestructuras y un 100 %, es decir, suprimiendo totalmente, el programa para la formación y becas de trabajadores y estudiantes de dichas comarcas mineras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo continuado con los sindicatos mineros y la patronal del sector para acordar y aplicar un Plan para la Minería del Carbón español del 2013 al 2018, que:

1. Garantice la continuidad de dicha actividad minera a lo largo de dicho período.

2. Mantenga el carácter estratégico del carbón, dada su condición de único combustible fósil con el que cuenta España.

3. Articule medidas concretas para incentivar nuevos proyectos empresariales, apoyar la formación continua y universitaria y mejorar medioambientalmente el entorno minero con el fin de mitigar el impacto económico y social que la reducción de la actividad minera está ocasionando en las comarcas mineras españolas.

4. Determine y apoye la investigación sobre nuevas tecnologías de captura del CO2 en la combustión del carbón.

5. Impulse el estudio de la viabilidad de los yacimientos del carbón autóctono más allá del 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-Antonio Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de las conducciones de la presa de Rules (Granada), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La presa de Rules, en la provincia de Granada, tiene pendiente en estos momentos la realización de la mayoría de las obras de canalización y distribución de aguas por el litoral de la Costa Tropical, tanto para uso agrícola como para consumo humano. Estas actuaciones fueron declaradas de Interés General de la Nación por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y, por tanto, la competencia para llevarla a cabo corresponde a la Administración General del Estado, según establece la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, posteriormente sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/2001.

El 9 de febrero de 2006 se firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés General de la Nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, que se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" de 25 de abril de 2007. En dicho convenio se programó la obra "Conducciones de la presa de Rules para uso en abastecimiento de poblaciones", que se concretó en el acuerdo de modificación del convenio de colaboración entre ambas administraciones suscrito el 29 de noviembre de 2010 y publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 15 de enero de 2011, en la realización de la primera fase de la obra "Presa de Rules-Puente de Vélez" que está ya ejecutada en su totalidad.

Posteriormente, la Administración General del Estado no ha encomendado a la Junta de Andalucía la ejecución de las restantes fases por lo que, siendo obras de interés general del Estado, le corresponde únicamente llevarla a cabo o realizar una nueva encomienda de gestión mediante convenio, a la Administración General del Estado y por tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Resulta de todo punto indispensable que el Gobierno de España priorice estas actuaciones que son esenciales para el desarrollo económico de una zona, la costa tropical granadina, con grandes posibilidades en los cultivos y frutos subtropicales y en la producción de hortalizas bajo plástico y asimismo con una fuerte demanda desde el punto de vista de consumo humano y de expectativas de crecimiento por su enorme potencial turístico, una vez aprobado por la Junta de Andalucía el Plan Subregional del litoral de Granada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y en particular al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la inmediata negociación con la Junta de Andalucía para acordar un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones para llevar adelante la ejecución de las fases pendientes de conducciones de la presa de Rules, declaradas de interés general de la nación, mediante la financiación por parte del Estado de las obras y la encomienda de ejecución a la Junta de Andalucía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-José Martínez Olmos, Elvira Ramón Utrabo y Manuel Pezzi Cereto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cultivo de maíz transgénico, para su debate en Comisión de Agricultura.

Exposición de motivos

Organizaciones ecologistas demandan que se declare el Estado español Zona Libre de Transgénicos. Fundamentan su reivindicación en las conclusiones del último estudio científico independiente que demuestra los efectos y daños ocasionados por el maíz transgénico NK603 en la salud de los experimentos realizados con ratas.

Los colectivos ecologistas consideran que se está experimentando con la salud de las personas, y piden que se revisen los requerimientos de seguridad del maíz transgénico aprobado sea la UE para el consumo humano y animal.

Previamente, ya existían dudas sobre la inocuidad de los transgénicos en la salud, sospecha que llevó a algunos países europeos a prohibir su cultivo. Dados los nuevos informes, consideramos que tanto las autoridades españolas como europeas deberían suspender todas las autorizaciones de cultivo e importación de transgénicos. Así, resulta recomendable que se prohíba el cultivo comercial del maíz MON810, así como el de cultivos experimentales con transgénicos, entre los que se encuentra el maíz NK603.

El estudio al que aludimos fue realizado por investigadores franceses y realiza una serie de conclusiones en relación al maíz transgénico de Monsanto NK603 sobre varios grupos de ratas alimentadas durante dos años con maíz modificado genéticamente o herbicida asociado Roundup.

Es un estudio innovador porque es el primero realizado a largo plazo y que demuestra posibles daños sobre la salud. Los investigadores encontraron una mayor incidencia de tumores mamarios y problemas hepáticos y de riñón, además de comprobar una menor esperanza de vida.

Se trata de una variante de maíz que también importa el Estado español para consumo humano y animal y se cultiva en campos experimentales con la posibilidad de que contamine extensiones colindantes de maíz.

Es preciso señalar que hasta ahora la mayor parte de los estudios fueron realizados por la propia industria biotecnológica con test de solo 90 días de duración, a fin de lograr la autorización europea.

Precisamente, el estudio a largo plazo de los investigadores franceses revela que en los primeros meses no se detectan anomalías. Aspecto que pone de manifiesto la necesidad de revisar todas las evaluaciones de seguridad de las variantes de maíz transgénico aprobados para consumo humano y animal en la UE. Las autorizaciones deberían estar fundamentadas en estudios a largo plazo.

Debemos indicar que la ciudadanía del Estado español lleva más de 15 años expuesta a transgénicos. En el año 2011 se cultivaron cerca de 100.000 hectáreas que contaminaron al resto de cultivos. Según la Agencia Española de Seguridad el 15 % de los productos que contienen soja o maíz están contaminados por organismos modificados genéticamente.

Las autoridades del pais vecino, Francia, de donde procede el estudio mencionado, ya han reaccionado. Así el Ministro galo de Agricultura ha reclamado que los procedimientos de homologación de alimentos transgénicos en la UE sean más estrictos.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Revisar los mecanismos de seguridad de la variante de maíz transgénico de Monsanto NK603, y prohibir temporalmente su cultivo e importación hasta que la UE analice los estudios que demuestran los posibles efectos dañinos sobre la salud humana y animal.

- Declarar Zona Libre de Transgénicos al Estado español mientras no se pruebe con estudios científicos a largo plazo las consecuencias de los cultivos modificados genéticamente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromis-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización del Real Decreto sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar y el apoyo a los usuarios del río, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha propuesto al Consejo Nacional del Agua un Real Decreto sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que sustituye en la práctica a la Confederación Hidrográfica del río Júcar.

Este Real Decreto eximiría, en la práctica, de la obligación que tiene la ciudad de Albacete de pago sobre los bombeos del agua de pozos que tienen que extraer para que los albaceteños puedan beber del líquido embalsado en la presa de Alarcón, que en su día fue pagada por la Unión de Usuarios del Júcar (USUJ). Cabe recordar que el Ayuntamiento de Albacete se niega a pagar las siete milésimas de euro por metro cúbico, cuando en los últimos 11 años ha consumido del embalse 148 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, el Real Decreto supone que el número de representantes de la USUJ en el Consejo Nacional del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se ve disminuida, al pasar de 29 a 28 miembros, lo que supone una vulneración de la Ley de Aguas que establece que la representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales. Asimismo, la presencia de la USUJ pasaría de tener 13 representantes a 11 en la Comisión de Planificación Hidrológica. La posición del Gobierno de España expresada en la propuesta de Real Decreto es parcial y favorable a los intereses del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, perdiendo toda autoridad como administración hidrológica que vela por los intereses generales apoyando de facto y de iure por los intereses locales de Castilla-La Mancha.

El Real Decreto propuesto se aleja de una gestión y planificación hidrológica del siglo XXI, enmarcada en la Directiva Marco del Agua (DMA), lo que supone un grave incumplimiento que agravará el estado ecológico de los ríos, acuíferos, humedales y costas, y pondrá en riesgo la posibilidad de atender las necesidades de agua en España a medio y largo plazo.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé su apoyo a la Unión de Usuarios del Río Júcar (USUJ) en sus justas demandas.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el Real Decreto de Demarcación Hidrográfica que impulsa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como las justas demandas de reclamación del pago de la deuda que el Ayuntamiento de Albacete tiene con la USUJ.

3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que actúe decididamente para aplicar la Directiva Marco de Aguas de la UE y la puesta en marcha del Plan de Cuenca del Río tal y como contempla Ia DMA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

La Región de Murcia disfruta de un emplazamiento privilegiado para el desarrollo de la actividad agrícola. En el corazón de dicha región, constituyéndose como una de las entradas naturales a esta comunidad autónoma, se localiza el municipio de Cieza, un territorio de enorme riqueza paisajística, ecológica y patrimonial que se caracteriza de forma inequívoca por su dilatada tradición agrícola.

La actividad agrícola de la comarca de Cieza centra su actividad en los frutales de hueso, de entre los que cabe destacar de forma muy especial el melocotón de Cieza, que actualmente goza de fama internacional. El melocotón de Cieza posee características que lo hacen inconfundible frente a cualquier otro producto similar. Estas características son consecuencia directa de la influencia que el río Segura tiene en estas tierras, combinando este hecho con un clima de temperaturas frías en invierno y cálidas en primavera. Las características de la comarca de Cieza facilitan la producción de frutos de alta calidad organoléptica. Las temperaturas y la alta insolación durante el ciclo vegetativo, así como la ausencia de lluvias durante el periodo de maduración de los melocotones, permiten que se produzcan grandes cosechas y de alta calidad. Los factores innatos de esta tierra se unen al alto grado de especialización de los agricultores del levante español, consecuencia de una larga tradición en el cultivo del melocotón en Cieza que favorecen la obtención de frutales de calidad.

Algunos estudios históricos aseguran que el melocotón de Cieza se cultiva al menos desde el siglo III, muestra de la existencia de una tradición milenaria en esta zona de España que estamos obligados a proteger y poner en valor. El municipio de Cieza es actualmente el mayor productor de melocotón de toda Europa y da trabajo a unas 10.000 personas de forma directa o indirecta en toda la comarca. El melocotón es el principal cultivo de regadío de la Región de Murcia, superando las 250.000 toneladas de producto con una superficie ocupada por los frutales de más de 14.000 hectáreas en toda la Región. Como dato que da buena cuenta de la importancia que supone la comarca de Cieza para el cultivo del melocotón, cabe destacar que más de la mitad de la superficie cultivada total y más de un 70 % de la cosecha total de melocotón pertenecen a esta comarca.

Las condiciones incomparables de esta tierra mediterránea hacen posible la obtención de melocotones de diversas variedades, con personalidad propia y características inconfundibles. España posee unas características que lo han convertido por derecho propio en el mayor exportador de frutas y verduras de toda Europa. La calidad de sus productos, la alta especialización de la mano de obra, la mejora en los regadíos e infraestructuras agrícolas impulsada desde las administraciones hacen que la Región de Murcia y España en general hacen que nuestros productos sean cotizados a nivel nacional e internacional. En este sentido, es importante poner en valor los productos agrícolas de reconocido prestigio internacional mediante una adecuada protección y difusión de su calidad. Todo ello redundará en beneficio de un sector clave en España como es el de la agricultura, reforzando la competitividad de nuestra agricultura, así como la Marca España, que en este caso será asociada con productos de una alta calidad.

Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Colaborar con la Administración autonómica en la tramitación de la solicitud de registro ante la Comisión Europea de la denominación de origen para el melocotón de Cieza.

- Continuar promocionando las figuras de calidad diferenciada de cara a que el consumidor pueda identificar los elementos diferenciales y característicos que ofrece un producto protegido cuyas características se deben al medio geográfico en el que ha sido producido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la negociación de las "Perspectivas Financieras (PPFF) 2014- 2020 (Marco Financiero Plurianual)" en la Unión Europea (UE), y en particular la Política Agraria Común, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El debate sobre el futuro del presupuesto de la Unión Europea (UE) durante los años 2014-2020, las llamadas Perspectivas Financieras (PPFF), tanto en relación con su tamaño y estructura (Marco Financiero Plurianual 2014-2020), sobre sus modalidades de trabajo (Acuerdo Interinstitucional) y sobre su financiación (recursos propios) es absolutamente crucial para el futuro del proyecto europeo y de sus ciudadanos.

Este debate no puede desconectarse del debate sobre la política económica adecuada que la UE en su conjunto necesita para salir de la crisis, librarse del falso fundamentalismo de la austeridad, volver a crecer y crear empleo y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) está profundamente preocupado ante la evidencia de que los efectos de la crisis económica están destruyendo los entramados básicos de nuestra sociedad. Esta preocupación la hemos expresado en infinidad de ocasiones, tanto en nuestro país en todos los niveles en los que los socialistas españoles del PSOE estamos representados -local, autonómico, nacional- como a escala europea a través del grupo parlamentario Socialistas & Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo.

Los socialistas no creemos en el pensamiento único que la derecha española y europea nos intentan imponer, el de la austeridad económica como único camino para salir de la actual crisis económica y financiera.

A escala europea, en el conjunto de la Unión, la inversión viene cayendo desde 1992, tendencia que se ha agravado desde el inicio de la crisis (2,8 % del PIB en 2009 frente a 2,3 % en 2011). Esta tendencia debe revertirse con el fin de devolver el rumbo a la economía de la UE y apostar de una vez por todas por el crecimiento económico basado en los sectores capaces de garantizar empleo estable y de calidad, un modelo de crecimiento que pueda respaldar el modelo de bienestar europeo, el Modelo Social Europeo, y un futuro de prosperidad y justicia social.

En ese sentido, el presupuesto de la UE puede y debe ser un importante instrumento de política anticíclica. Recortar en este momento el presupuesto de la UE provocaría una disminución drástica del gasto público en muchos Estados miembros, contribuyendo a profundizar la crisis y retrasar su superación.

Desde el PSOE creemos que el presupuesto de la UE debe ser una herramienta para coordinar y mejorar los esfuerzos nacionales y catalizar desde Europa inversiones orientadas al futuro, en capital humano y educación, a favor de una sociedad basada en el conocimiento, a favor de las infraestructuras, la investigación, la innovación, las PYME y las nuevas tecnologías verdes. Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos estos objetivos como hemos comprobado en los últimos años no sólo de profunda crisis sino también, por ejemplo, tras el demostrado fracaso de la llamada Estrategia de Lisboa 2000-2010 durante una etapa de claro crecimiento económico.

Europa no puede volver fracasar en ese objetivo porque ello descabalgaría definitivamente a la Unión del liderazgo global como la sociedad más desarrollada y con más bienestar social, cohesionada, y capaz de generar empleo de alta calidad.

Por esta razón ni la Unión en su conjunto ni mucho menos España pueden permitirse el lujo de perder el debate sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 para lograr que estas nuevas perspectivas financieras contribuyan a lograr un fortalecimiento de la gobernanza económica europea y la realización de la estrategia UE-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Estamos convencidos de que el Gobierno español, en el marco del proceso de revisión de las perspectivas financieras de la Unión Europa, de reforma del sistema de recursos propios y de las reformas de las políticas de cohesión y agraria común, y ahora más que nunca tras el fracaso y la falta de acuerdo del Consejo Europeo extraordinario del pasado 22 y 23 de noviembre de 2012 que debatió de manera


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monográfica dicha cuestión, debe seguir los objetivos que desarrollamos a continuación para definir y cerrar la estrategia de negociación y lograr un acuerdo en 2013, aunque no a cualquier precio, pues seria inaceptable cualquier reducción de recursos que impidan desarrollar estrategias de crecimiento para el próximo período.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que con el objeto de reforzar la posición negociadora del gobierno es necesario renovar el compromiso alcanzado por todos los grupos parlamentarios al final de la anterior legislatura, actualizando su contenido para lograr que los intereses de nuestro país y de la propia Unión Europea sean defendidos como corresponde en la fase final de aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar el mantenimiento de las actuales asignaciones de !a Política Agraria Común (PAC) tanto en términos absolutos como sectoriales. Esto supone no renunciar a un solo euro de los actuales retornos que produce la PAC por lo que asegurar su mantenimiento y negociar posibles incrementos debe ser prioritario para el Gobierno español.

2. Defender el mantenimiento de la Propuesta de la Comisión publicada en junio de 2011 que no debe ser negociada a la baja en ninguna circunstancia. La Comisión ha propuesto asignar a la PAC 281.825 millones de euros para pagos directos y medidas de mercado, 89.000 millones de euros para el Desarrollo Rural y un total de 15.200 millones de euros en fondos complementarios dirigidos a: investigación y desarrollo (4.500 millones de euros), seguridad alimentaria (2.200 millones de euros), apoyo a la alimentación de población desfavorecida (2.500 millones de euros), reserva de crisis en el sector agrícola (3.500 millones de euros) y Fondo Europeo de Globalización ( 2.500 millones de euros).

3. Asumir que recortar el presupuesto dedicado a la PAC supondría el principio del fin de la política agraria como política común y abriría la puerta a la renacionalización de la misma con los consiguientes efectos negativos sobre el sector agrario español. Y ello tanto por su contribución al equilibrio financiero con la Unión Europea, como en cuanto elemento esencial para el mantenimiento de una política agraria que garantice la competitividad de un sector estratégico básico para la economía española, que además contribuye a asegurar la cohesión del medio rural.

4. No aceptar, en ningún caso, un recorte sobre los actuales niveles de ayudas, tanto en lo que se refiere al primer pilar, ayudas directas y medidas de mercado, como al segundo pilar, desarrollo rural, diversificación y medio ambiente. Cualquier reducción del presupuesto agrícola supondría una renuncia expresa a las propuestas de reformas anunciadas de la PAC, especialmente en lo que se refiere al GRENING, traspasos entre pilares y CAPPING.

5. La aplicación del principio de convergencia entre Estados, tanto en lo que se refiere al primero como segundo pilar en ningún caso debe conducir a que España pierda porcentaje en su participación en ambos fondos (FEAGA Y FEADER)

6. Oponerse a la introducción de elementos de renacionalización o cofinanciación en su primer pilar y exigir el mantenimiento como mínimo, de los importes que actualmente viene recibiendo del presupuesto comunitario (6.000-6.500 millones de euros del FEAGA y 1.700-1.900 millones de euros del FEADER), incluso si se operan procesos de redistribución interna del gasto agrario. España apoyará el máximo porcentaje de tasa de apoyo financiera comunitario en caso de programas cofinanciados, en particular en aquellas regiones consideradas en situación de transición.

7. Lograr que la dotación del primer pilar debe estar en el entorno del 70-75 % del total de la rúbrica y debe ser totalmente de financiación comunitaria. El Segundo Pilar deberá quedar limitado a estar en el 25-30 % del total de la rúbrica del gasto agrícola. Este escenario, próximo al actual, se debe mantener, en tanto que permite una estabilidad financiera entre pilares, e impide la generación de agravios comparativos corno resultado de derivaciones en uno u en otro sentido.

8. Asegurar que, respecto de la pesca, que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca refleje el conjunto de las prioridades de la UE, sin poner en peligro la financiación de una nueva política de pesca. Además, debe atender a la "reconversión" del sector (ayudas para desguaces), habrá de atender, suficientemente, a las paralizaciones temporales (incluso las debidas a causa extraordinaria) y a la modernización de la flota y a impulsar la innovación e investigación en materia de pesca, así como la utilización de artes de


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pesca más respetuosos con el medio ambiente. Además, deberá tener en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias. En definitiva, defendemos que el fondo esté al servicio de los objetivos de la nueva PPC."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de realizar estudios científicos para conocer los efectos de los alimentos transgénicos en la salud humana y animal, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Organizaciones ecologistas demandan que se declare el Estado español Zona Libre de Transgénicos. Fundamentan su reivindicación en las conclusiones del último estudio científico independiente que demuestra los efectos y daños ocasionados por el maíz transgénico NK603 en la salud de los experimentos realizados con ratas.

Los colectivos ecologistas consideran que se está experimentando con la salud de las personas, y piden que se revisen los requerimientos de seguridad del maíz transgénico aprobado en la UE para el consumo humano y animal.

Previamente, ya existían dudas sobre la inocuidad de los transgénicos en la salud, sospecha que llevó a algunos países europeos a prohibir su cultivo. Dados los nuevos informes, consideramos que tanto las autoridades españolas como europeas deberían suspender todas las autorizaciones de cultivo e importación de transgénicos. Así, resulta recomendable que se prohíba el cultivo comercial del maíz MON810, así como el de cultivos experimentales con transgénicos, entre los que se encuentra el maíz NK603.

El estudio al que aludimos fue realizado por investigadores franceses y realiza una serie de conclusiones en relación al maíz transgénico de Monsanto NK603 sobre varios grupos de ratas alimentadas durante dos años con maíz modificado geneticamente o herbicida asociado Roundup.

Es un estudio innovador porque es el primero realizado a largo plazo y que demuestra posibles daños sobre la salud. Los investigadores encontraron una mayor incidencia de tumores mamarios y problemas hepáticos y de riñón, además de comprobar una menor esperanza de vida.

Se trata de una variante de maíz que también importa el Estado español para consumo humano y animal y se cultiva en campos experimentales con la posibilidad de que contamine extensiones colindantes de maíz.

Es preciso señalar que hasta ahora la mayor parte de los estudios fueron realizados por la propia industria biotecnológica con test de solo 90 días de duración, a fin de lograr la autorización europea.

Precisamente, el estudio a largo plazo de los investigadores franceses revela que en los primeros meses no se detectan anomalías. Aspecto que pone de manifiesto la necesidad de revisar todas las evaluaciones de seguridad de las variantes de maíz transgénico aprobados para consumo humano y animal en la UE. Las autorizaciones deberían estar fundamentadas en estudios a largo plazo.

Debemos indicar que la ciudadanía del Estado español lleva más de 15 años expuesta a transgénicos. En el año 2011 se cultivaron cerca de 100.000 hectáreas que contaminaron al resto de cultivos. Según la Agenda Española de Seguridad, el 15 % de los productos que contienen soja o maíz están contaminados por organismos modificados genéticamente.

Las autoridades del pais vecino, Francia, de donde procede el estudio mencionado, ya han reaccionado. Así el Ministro galo de Agricultura ha reclamado que los procedimientos de homologación de alimentos transgénicos en la UE sean más estrictos.


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar las investigaciones científicas necesarias que permitan conocer en profundidad los efectos sobre la salud humana y animal por el consumo de productos transgénicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Orama González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

161/001282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de las Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre subasta de medicamentos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El sistema público de salud requiere una estrategia de gestión de sus recursos que haga posible un mecanismo de gasto que ofrezca las garantías necesarias para conseguir el objetivo de gastar bien en un contexto de calidad y excelencia.

La sanidad pública debe ofrecer prestaciones de calidad basadas en la incorporación de los mejores avances científicos así como un enfoque de equidad para toda la ciudadanía y de lucha frente a las desigualdades en salud.

Una sanidad universal, pública y gratuita se ha mostrado como el mejor sistema para organizar la atención a los problemas de salud de una sociedad.

En el caso de España, esto ha sido una realidad hasta el año 2011. Nuestro país ha disfrutado de un sistema nacional de salud que se convirtió en uno de los mejores del mundo a un coste asequible y sobre todo a un coste muy eficiente.

Un sistema adecuado también en tiempos de crisis económica.

Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han desarrollado medidas ya de recorte sanitario, ya de reorientación del sistema sanitario, que han roto el consenso que había en torno a las características básicas que lo definían y que permitieron alcanzar un gran nivel de calidad y un enorme aprecio por parte de la sociedad española.

El Real Decreto Ley 16/2012 supuso la concreción de ese enorme cambio, que además no cuenta con el apoyo ni del resto de grupos parlamentarios ni de los agentes profesionales del sector; tampoco de las organizaciones de pacientes y usuarios.

En política sanitaria, los medicamentos son en muchos casos un elemento esencial para asegurar la calidad asistencial, Por ello, la política farmacéutica se constituye en clave esencial para la calidad asistencial y para la eficiencia en la gestión de los recursos.

En concreto, una vez que se agota la patente de los medicamentos; es necesario abordar decisiones que permitan disminuir su coste entre las que cabe señalar la rápida autorización de nuevos genéricos de esos medicamentos que acaban su patente o medidas que favorezcan la prescripción de los mismos e, incluso mecanismos de competencia entre las compañías proveedoras para conseguir el mejor precio posible para el sistema público de salud.

La extensión de mecanismos de prescripción por principio activo es una de las medidas que mayor eficacia ha demostrado en el control del gasto en medicamentos.

Una de las primeras Comunidades en adoptar este tipo de políticas ha sido Andalucía, que en los últimos diez años ha conseguido ahorros muy relevantes en esta materia.

En la actualidad Andalucía ha puesto en marcha otro mecanismo de control de gasto y de generación de importantes ahorros sin tener que recurrir ni al recorte de prestaciones ni a la imposición de copagos, ahorros que dedica a la asistencia sanitaria.


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Este mecanismo es el de la subasta de medicamentos para determinar la provisión al sistema público de salud de fármacos de determinados principios activos a un precio más económico, gracias a la competencia entre empresas proveedoras.

El Gobierno de España, lejos de aprovechar esta iniciativa (que ya estaba contemplada en el Real Decreto-ley 9/2011), y extenderla al conjunto del sistema sanitario público español, decidió plantear un conflicto jurídico ante el Tribuna Constitucional que generó la suspensión cautelar de la medida.

No obstante, recientemente el Tribunal Constitucional ha decidido levantar esta suspensión cautelar lo que ha permitido que el Gobierno de Andalucía reiniciara el proceso para conseguir ahorros relevantes, que se calculan en unos 200 millones de euros anuales.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se produce en un momento político en el que la sanidad pública española se ve sometida a decisiones del Gobierno que suponen tanto un conjunto de recortes de derechos sanitarios a la ciudadanía como la imposición de copagos o la privatización de la gestión de los servicios públicos de salud, decisiones que terminan afectando a la calidad asistencial, a la accesibilidad a las prestaciones y a la equidad del sistema.

Merece la pena explorar alternativas que permitan la generación de ahorros al gasto público que sean más compatibles con el mantenimiento de la calidad asistencial, de la cartera de servicios y de las garantías de accesibilidad de toda la ciudadanía.

La subasta de medicamentos es una buena estrategia tal coma fue prevista en el Real Decreto-ley 9/2011 y tal corno se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se estima que puede conseguir unos ahorros anuales de 1.500 millones de euros, lo que supera ampliamente el efecto de la medida del copago farmacéutico a pensionistas, evitando además las barreras de acceso que suponen un riesgo para su salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un proceso de subasta de medicamentos para el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales y, como consecuencia, proceda a derogar el copago farmacéutico a pensionistas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados. presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria, para su debate en la Comisión en Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Una sanidad universal, pública y gratuita se ha mostrado como el mejor sistema para organizar la atención a los problemas de salud de una sociedad.

La sanidad pública debe ofrecer prestaciones de calidad basadas en la incorporación de los mejores avances científicos así como un enfoque de equidad para toda la ciudadanía y de lucha frente a las desigualdades en salud.

En el caso de España, esto ha sido una realidad hasta el año 2011. Nuestro país ha disfrutado de un sistema nacional de salud que se convirtió en uno de los mejores del mundo a un coste asequible y sobre todo a un coste muy eficiente.

Un sistema adecuado también en tiempos de crisis económica.


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Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han desarrollado medidas ya de recorte sanitario, ya de reorientación del sistema sanitario, que han roto el consenso que había en torno a las características básicas que lo definían y que permitieron alcanzar un gran nivel de calidad y un enorme aprecio por parte de la sociedad española.

El Real Decreto-ley 16/2012 supuso la concreción de ese enorme cambio, que además no cuenta con el apoyo ni del resto de grupos parlamentarios ni de los agentes profesionales del sector; tampoco de las organizaciones de pacientes y usuarios.

Entre otras medidas previstas en el Decreto-ley, el Gobierno aprobó la eliminación del derecho a la cobertura sanitaria de aquellas personas procedentes de terceros países que residen en España y que no tienen regularizada su situación laboral.

Ha sido una medida muy contestada desde ámbitos profesionales puesto que, además de suponer una vulneración de un derecho fundamental como es el derecho a la protección de la salud, no contribuye a un ahorro relevante. La falta de asistencia deteriora la salud de aquellas personas con patologías crónicas que terminarán necesitando una atención sanitaria hospitalaria, lo que es más costoso para la sanidad pública. De igual forma, en lo que se refiere a enfermedades infecciosas o mentales, la no asistencia a estos colectivos de población genera situaciones que también perjudican al resto de la comunidad.

Esta exclusión ha contado con una gran oposición de las organizaciones de profesionales sanitarios así como de varias Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña, Asturias o País Vasco.

Incluso se han planteado recursos de institucionalidad en el Tribunal Constitucional. En el recurso interpuesto por la C.A. del País Vasco, el Tribunal ha dado prevalencia a la decisión de esa Comunidad de ofrecer cobertura a estos colectivos de inmigrantes; en su resolución incluye reflexiones de enorme calado respecto a la necesidad de evitar daño a la salud de la ciudadanía con la adopción de medidas de control del gasto sanitario y reconoce el riesgo de afectación a fa salud de la comunidad que convive con estos colectivos desposeídos del derecho a la asistencia sanitaria.

Se hace pues urgente reponer este derecho en los colectivos de inmigrantes para asegurar su protección y la del resto de la sociedad.

Por todo elfo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reponer de inmediato el derecho a la tarjeta sanitaria que permite el acceso a la sanidad pública a las personas inmigrantes en situación irregular, lo que garantizará la protección eficaz de su derecho a la salud así como de manera indirecta, el de la salud del resto de la comunidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/001259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el papel de las Bibliotecas Públicas y el mantenimiento de sus horarios, plantillas y servicios, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Las Bibliotecas Públicas son un elemento imprescindible para el desarrollo intelectual y emocional de los ciudadanos, sin distinción de edad, sexo, etnia, nivel académico o situación económica. No obstante, se han producido en los últimos años recortes presupuestarios que no solo están impidiendo la actualización


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de colecciones bibliográficas, hemerográficas y otras, sino que también están recortando los servicios e incluso los horarios de atención al usuario. Por eso, consideramos imprescindible que, por parte de las instituciones que sostienen las Bibliotecas Públicas, se las dote permanentemente del personal necesario para atender todos los servicios.

También consideramos indispensable mantener o establecer un horario de apertura lo más amplio posible, incluidos los sábados, a fin de atender las demandas y circunstancias personales o familiares de todo tipo de usuarios. En este mismo sentido, consideramos urgente la dotación de recursos económicos suficientes para actualizar de manera continua las colecciones bibliográficas, hemerográficas, musicales, cinematográficas y otras, así corno para mantener el conjunto de servicios que prestan las Bibliotecas Públicas al conjunto de la ciudadanía.

Nuestro Grupo Parlamentario coincide con el análisis y las reivindicaciones contenidas en el manifiesto promovido por los trabajadores de las Bibliotecas Públicas de Aragón, tanto estatales como autonómicas, provinciales y municipales, y apoyado por la Asociación Aragonesa de Escritores y por la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, por lo cual presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer el papel de las Bibliotecas Públicas como elemento imprescindible para el desarrollo intelectual y emocional del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, en coordinación con las administraciones públicas concernidas, a garantizar en las Bibliotecas Públicas:

a) el mantenimiento de los horarios de apertura habituales hasta ahora, incluidas las mañanas de los sábados;

b) el mantenimiento de las plantillas de personal y su posible ampliación en caso de nuevas aperturas o de actualización de los servicios; y

c) la dotación de los recursos económicos necesarios para actualizar, de manera continua, las colecciones bibliográficas, hemerográficas, musicales, cinematográficas y otras, así como para mantener el conjunto de servicios que se prestan en aras a la promoción de la cultura en todos sus órdenes y a la labor de educación permanente que desarrollan."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Igualdad

161/001265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre violencia contra la mujer en la India, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer.

Como dijo Kofi Annan, "La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz".

Es por ello necesario que, haciendo propias sus inteligentes palabras, esta Cámara debe pronunciarse condenando la situación de maltrato hacia las mujeres que padece la India, con escalofriantes datos de violaciones y asesinatos hacia mujeres, además de desapariciones de niñas.

Se trata de un país donde la discriminación y el maltrato hacia la mujer se encuentra patente en todos los ámbitos de la sociedad. Según denunció en 2010 Human Rights Watch, mujeres víctimas de violación


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en la India siguen siendo sometidas a humillantes exámenes de médicos policiales, incluyendo la así llamada "prueba del dedo" para tachar las víctimas de "mujeres licenciosas" lo que hace menos probable que los autores sean perseguidos judicialmente.

La Oficina Nacional de Registro de Crímenes reveló en 2011 que cada 20 minutos una mujer es violada en la India, pero que en sólo uno de cada cuatro casos el culpable es condenado debido, según analistas, a la "inmensa corrupción" presente en el cuerpo policial.

Las recientes violaciones han sido contestadas por la ciudadanía india con masivas movilizaciones que, como respuesta, han obtenido la represión policial. Se exigen cambios en la respuesta del gobierno, medidas que protejan a las mujeres, verdaderas investigaciones de las masivas violaciones diarias que acontecen en el país.

El Congreso reafirma su solidaridad con las mujeres de la India, que desde su nacimiento sufren discriminación.

Por todo lo expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar a todas las instancias nacionales e internacionales competentes la condena a la vulneración del derecho internacional y la condena a la impunidad que disfrutan los violadores en la India.

2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para lograr que la ONU y la Unión Europea se pronuncien sobre este hecho, condenen la impunidad que existe en la India respecto a la violencia contra la mujer, y obliguen al gobierno de la India a emprender medidas para poner fin cuanto antes a la falta de persecución e impunidad reinante en la violencia contra la mujer y a la corrupción existente en el citado ámbito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001241

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma del Reglamento de Circulación para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

El Reglamento General de Circulación, objeto de nueva redacción en el año 2003, exige ya en estos momentos una revisión en profundidad habida cuenta del tiempo transcurrido. En particular, la modificación del Reglamento General de Circulación, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fomentar los medios de transporte sostenibles, que debe dedicar al uso de la bicicleta un importante esfuerzo de regulación.

Qué duda cabe de que la convivencia de las bicicletas con los peatones y el resto de modos de transporte es siempre compleja. La realidad es que el uso de las bicicletas se ha impulsado de forma desigual en nuestras ciudades como medio de transporte y su uso sigue siendo inferior al de los países de nuestro entorno. Por eso debería potenciarse mediante un plan nacional complementado con una reforma de Reglamento de Circulación.

Los entes locales vienen planteando reivindicaciones desde hace años y las asociaciones de peatones y ciclistas abogan por ciudades más amables, donde el espacio al vehículo se recorte. Es necesario revisar el código de circulación, un código que está hecho básicamente pensado en la carretera y en los vehículos a motor. Debe revisarse desde una perspectiva más urbana, algo así como un código de la calle, pensando desde la movilidad más que desde el punto de vista de la circulación. Es necesario también, unificar y armonizar criterios por medio de ordenanzas tipo, poner en común las buenas prácticas


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para compartir experiencias y conocimientos, e impulsar planes de movilidad municipales. Quizás un instrumento adecuado podría ser el Observatorio de la movilidad. Para ello es preciso acometer la reforma de la norma citada, el Reglamento General de Circulación, en profundidad.

Durante una sesión de control a principios del mes de abril al Gobierno en el Senado, el Ministro del Interior ha explicado que en la reforma que la Dirección General de Tráfico "ya" ha iniciado, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se abordarán las obligaciones en el uso de la bici, mejorando su visibilidad y su posicionamiento en la vía pública; la velocidad de circulación; el transporte de personas y carga; y la regulación de las infracciones y ha agregado que, en este proceso, se considerarán las aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de las asociaciones de peatones y de ciclistas. Transcurridos más de nueve meses de esta afirmación ninguna modificación se ha producido al respecto.

Además, existía ya un gran esfuerzo de revisión y consenso previo al cambio de Gobierno, en la revisión en áreas corno peatones y bicicletas, y la coexistencia de los diferentes modos de transporte, que no sería razonable desaprovechar en estos momentos.

Pues transcurrido un año de Gobierno del Partido Popular, el único tema que parece haber conseguido avances es un tema corno el de las velocidades donde el consenso sobre el incremento de los 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías está muy lejos de conseguirse, tanto entre las asociaciones de víctimas y la Dirección General de Tráfico, como del Gobierno con los Grupos Parlamentarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la Reforma del Reglamento de Circulación, abordando de manera preferente y urgente el objetivo de reforzar la seguridad vial y fomentar los medios de transporte sostenibles, dedicando al uso de la bicicleta un importante esfuerzo para conseguir una mayor implantación en nuestras ciudades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.-Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la señalización de las carreteras con tránsito de ciclistas; para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La correcta señalización de las carreteras ha sido siempre motivo de preocupación del Grupo Popular. Ejemplo de ello han sido las numerosas iniciativas al respecto que el Grupo ha presentado en el Congreso de los Diputados en los últimos años.

La correcta señalización de las carreteras es un aspecto fundamental de la seguridad de las mismas, pero puede verse afectada por la propia ausencia de señales, por la incorrecta colocación de las mismas o por el deterioro producido por el paso del tiempo.

El importante esfuerzo inversor en infraestructuras para mejorar el estado de las carreteras que coadyuva al desarrollo económico del país y facilitar la mejor comunicación entre los distintos puntos de la geografía española debe de llevar aparejado un esfuerzo en mejorar la correcta señalización de las vías.

En este marco, es oportuno que se señalicen en las carreteras las zonas transitadas por ciclistas. Se trata de una actividad que habitualmente se práctica en vías que también utilizan vehículos a motor, motivo por el cual necesitan de una especial protección, ya que son un colectivo muy vulnerable en la carretera.

El Grupo Popular es consciente de que, en la actual situación de crisis económica, un esfuerzo inversor en este sentido es muy complicado y que estás labores han de realizarse como consecuencia de las labores de conservación habituales de las carreteras.


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Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que aprovechando las labores de conservación de la señalización en carretera, se continúe mejorando la señalización de la Red de Carreteras del Estado y con la instalación de señales de advertencia de peligro por circulación de ciclistas, cuando se trate de una vía con tránsito frecuente de ciclistas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo parlamentario mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley, sobre mejora de la seguridad en el transporte escolar y de menores, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La modificación normativa operada a través de la reforma del Reglamento del Código de Circulación en el año 2006 no ha supuesto prácticamente ninguna mejora en el presente de la seguridad del transporte escolar mediante autobuses. Y ello es debido a que la exigencia de que los autobuses cuenten con cinturones de seguridad en todos los asientos sólo se aplica a los matriculados con carácter posterior a octubre de 2007. Siendo que la media de antigüedad de los autobuses escolares es de nueve años, y que se les permite ser destinados a este uso durante dieciséis años, la única conclusión posibles es que la mayoría de los autobuses destinados a uso escolar carece de esta medida preventiva.

Otro de los problemas a los que enfrentarse es el hecho de que el cinturón de seguridad que se está instalando es de dos puntos, como el de los aviones, cuando dado el bajo peso que tienen los niños, ante un frenazo o colisión un cinturón de estas características no frena el impacto del menor en la parte posterior con el riesgo de chocar contra la bandeja, cenicero y percha y en consecuencia sufrir una conmoción en cabeza, ojo, etc.

Los dueños de las empresas del sector suelen esgrimir las pocas muertes que se producen con este tipo de transporte, obviando que la accidentalidad sí que es elevada, pudiendo causar serios daños a los menores que con una normativa más proteccionista y adaptada al resto de la Unión Europea no tienen porqué padecer y obviando también el porcentaje en discapacidad de menores que es fruto de accidentes de circulación.

De hecho, existen ciertas contradicciones que avalan esta proposición. En primer lugar, las exigencias de seguridad del transporte de menores en coches se han incrementado sustancialmente, por lo que no parece lógico que el incremento de estas medidas no se traslade al transporte colectivo escolar y de menores. Y en segundo lugar, la reforma del código de circulación se realiza con el fin de equiparar las medidas de seguridad de coches y autobuses, sin embargo sólo se exige a los matriculados a partir de octubre de 2007 dejando fuera de tal requisito a la mayoría de los que operan en la actualidad, y por tanto dejando inaplicable la medida de seguridad aprobada. Y el absurdo se ratifica cuando se exige el uso del cinturón sólo si el autobús cuenta con el mismo.

Es por ello que resulta necesario abordar una modificación legislativa que nos sitúe al nivel europeo en cuanto a seguridad en el transporte escolar y que garantice a los padres y madres seguridad cuando dejan a sus hijos en el autobús escolar.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizo la siguiente

Proposición no de ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar en el menor plazo posible la normativa e incentivos necesarios para que la totalidad de autobuses destinados al transporte escolar y


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de menores cuenten en el plazo máximo de seis meses con Sistemas de Retención Infantil (SRI) homologados, que cumplan la normativa europea R 44.04 adaptados a la realidad de los autobuses actuales, ofreciendo total seguridad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

181/000670

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuándo piensa el Gobierno impulsar la ratificación y firma por España del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Asuntos Exteriores

181/000695

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez

Texto:

¿Cuál fue la posición que mantuvo el Gobierno Español, en la reunión que celebraron los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el pasado 19 de noviembre, en relación a la política con Cuba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.


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Comisión de Justicia

181/000686

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Rosa Aguilar Rivero

Texto:

¿Qué piensa el Gobierno de España del cobro de precios públicos de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.

181/000697

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer

Texto:

¿Qué razones justifican el indulto que, según se ha publicado en medios de comunicación, se ha concedido a una persona condenada a una pena grave de prisión, por un delito de conducción temeraria con resultado de muerte?

¿Considera el Gobierno que favorece la confianza de los ciudadanos en la justicia, y especialmente de las víctimas de estos delitos, con actuaciones de este tipo?

¿Tiene el ministro de Justicia alguna vinculación personal, familiar o política con la persona indultada o con quien han ejercido su defensa legal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.

Comisión de Interior

181/000639

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa adaptar el Gobierno para la homologación económica y de derechos sociales de los distintos cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.


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181/000640

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cuál ha sido el resultado de la investigación del robo de datos de la Audiencia Nacional relacionados con el caso faisán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Economía y Competitividad

181/000632

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Álvaro Anchuelo Crego

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer frente al creciente índice de pobreza al que se enfrenta nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a los ciudadanos con situaciones similares que vivan en distintas comunidades autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

181/000669

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno que, como ha escrito doña Carmen Vela en la revista Nature, "el sistema de I+D español no es lo suficientemente grande como para justificar los contratos de tantos investigadores como tiene ahora"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000633

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Diputado don Álvaro Anchuelo Crego


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Texto:

¿Piensa el Gobierno que con menos Inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000650

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Tiene el Gobierno pensado decretar una amnistía a las viviendas que se encuentran en situación ilegal y de esta manera eludir la demolición de edificaciones con sentencia firme en contra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000671

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para rentabilizar los aeropuertos que se encuentran infrautilizados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000672

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Considera acertado para las necesidades de nuestro país la política de inversión y creación de los distintos aeropuertos que han desarrollado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español en las últimas décadas hasta el día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


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181/000673

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Tiene el Gobierno un plan de moratoria para algunas infraestructuras aprobadas por el Gobierno anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000674

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Va el Gobierno a mantener las ayudas públicas a las líneas aéreas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000675

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno abandonar el apoyo al proyecto de Las Aletas mientras éste siga contemplando la necesidad de ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000676

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de los informes que maneja el Ministerio de Fomento sobre la privatización de Renfe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


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181/000677

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que los cambios introducidos en AENA a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, cumplan con los requisitos comunitarios europeos en prevención de riesgos laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000678

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno deshacer la última reforma aprobada de la Ley 37/2011 en beneficio de las entidades financieras consistente en excluir del precio mínimo de adjudicación del 60 % a las subastas de bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual, equiparando ese precio mínimo de adjudicación de subastas de inmuebles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000679

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para que la reestructuración de horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al personal laboral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000685

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez


Página 60




Texto:

¿Qué balance de año hace el Gobierno en materia de infraestructuras en la provincia de Huelva? ¿Qué proyectos en la provincia de Huelva han experimentado avances en 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

181/000689

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

¿Considera el Gobierno de España que la ciudad de Ourense no merece una estación lntermodal de las características del proyecto adjudicado? ¿Por qué no han empezado las obras de dicha infraestructura y cuándo comenzarán dichas obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

181/000690

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

¿Tiene pensado el Gobierno de España modificar el proyecto de la estación intermodal de Ourense, en qué consisten estas modificaciones y por qué razón se llevarán a cabo? ¿Cuánto se pretende ahorrar con esas modificaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

181/000693

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Rafael Simancas Simancas

Texto:

¿Qué va a hacer el Gobierno ante la solicitud de la multinacional ferroviaria francesa SNCF para explotar la línea de AVE entre Madrid y Barcelona, sufragada con impuestos de los ciudadanos españoles, en virtud del proceso liberalizador abierto por el Ministerio de Fomento a partir de julio de 2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.


Página 61




181/000694

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Rafael Simancas Simancas

Texto:

¿Qué efectos ha producido el aumento de las tasas aeroportuarias decidida en el Ministerio de Fomento sobre la disminución de los tráficos en el transporte aéreo español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.

181/000696

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Antonio Trevín Lombán

Texto:

¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno incumple el acuerdo laboral suscrito por el organismo Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, con los representantes de los trabajadores de la administración portuaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Antonio Trevín Lombán, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000630

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Antonio Cantó García del Moral

Texto:

¿Se va a renovar el Plan ADO (Asociación Deportes Olímpicos) tras los juegos Olímpicos de 2012 en Londres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

181/000631

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Antonio Cantó García del Moral


Página 62




Texto:

¿Piensa el Gobierno regular las titulaciones deportivas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

181/000660

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cree el Gobierno compatible suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) en la etapa de primaria y seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir la asignatura mencionada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000661

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cree el Gobierno que la cuantía de las becas existentes permiten al alumnado poder dedicar todas las horas al trabajo del grado que exige el Sistema Europeo de Créditos (ETC)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000662

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno establecer un sistema de becas coordinado con las administraciones autonómicas y entidades universitarias basado en un baremo elaborado en función de indicadores económicos de los países de destino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


Página 63




181/000663

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cómo piensa paliar el Gobierno las diferencias en los niveles educativos entre las distintas Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000664

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué modelo de selección y formación del profesorado piensa adoptar su Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000665

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para facilitar la movilidad del profesorado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000666

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para luchar contra las altas tasas de fracaso escolar en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


Página 64




181/000667

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cree el Gobierno necesario promover un plan de fusión de universidades para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia del sistema universitario español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000668

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio de Educación pretende eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) para la etapa de primaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000687

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Cuántos expedientes y denuncias se han realizado por parte de la Agencia Estatal Antidopaje y el Consejo Superior de Deportes ante las sospechas suficientes de que cientos de controles de dopaje en España están mal hechos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000688

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Manuel Pezzi Cereto


Página 65




Texto:

¿Qué Federaciones Deportivas y con qué controles de dopaje hay sospecha suficiente en la Agencia Estatal Antidopaje para afirmar que cientos de controles en España están mal hechos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000652

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué planes de reciclaje va a promover el Gobierno para los trabajadores despedidos por la compañía de Spanair en enero de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000653

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Tiene pensado el Gobierno promover una mesa de recolocación nacional para los trabajadores de Spanair que fueron despedidos tras el cierre de la empresa en enero de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000623

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Francisco González Cabaña

Texto:

¿Por qué razón habiéndose presentado 67 proyectos de iniciativas industriales para los 29.816.680 euros disponibles en el Plan REINDUS 2012 de Campo de Gibraltar solo se han aprobado 11 proyectos, 8.190.591 euros, lo que supone tan solo el 27,47 % de la cantidad adjudicable, y que si sumamos a la petición privada lo público, el presupuesto asignado total sea de 10.546.092 euros, es decir, el 35,37 %?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.


Página 66




181/000624

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Francisco González Cabaña

Texto:

¿Por qué razón habiéndose presentado 161 proyectos de iniciativas industriales para los 70.064.180 euros disponibles en el Plan REINDUS 2012 de Bahía de Cádiz, solo se han aprobado 34 proyectos, lo que supone tan solo el 37,79 % de la cantidad adjudicable, y que si sumamos a la petición privada lo público, el presupuesto asignado total sea de 30.067.015 euros, es decir, el 40,5 %?, ¿y por qué si se argumentan exclusivamente criterios técnicos y de solvencia financiera a la hora de aprobar los proyectos, en el listado de proyectos aprobados aparecen al menos dos empresas con graves problemas financieros y en el listado de proyectos denegados aparecen empresas con solvencia económica contrastada?; ¿Por qué por motivos de elegibilidad excluyen a empresas agroalimentarias y sin embargo aprueban la inversión en una empresa cuya actividad es fabricar quesos y otra, embutidos marineros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.

181/000634

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa Díez González

Texto:

¿Cómo piensa coordinarse el Gobierno con las Comunidades Autónomas y entidades locales para promocionar España como destino turístico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000635

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa Díez González

Texto:

¿Cómo considera el Gobierno que afectará la privatización de AENA al sector turístico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000636

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa Díez González


Página 67




Texto:

Tiene previsto el Gobierno promover la aprobación de una normativa estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000637

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el fraude en los alquileres de apartamentos en destinos turísticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000638

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para incrementar la conectividad aérea con países emergentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000651

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cómo va a hacer el Gobierno compatible la supresión de los incentivos económicos para las energías renovables aprobadas mediante Real Decreto Ley 1/2012 con cumplir los objetivos de eficiencia energética que persigue la Directiva 2010/31 de la UE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


Página 68




Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000626

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila

Texto:

De acuerdo a las conclusiones del estudio realizado por investigadores franceses sobre los dañinos efectos ocasionados por el maíz transgénico NK6O3. ¿Está el Gobierno dispuesto a revisar los requerimientos de seguridad de esta variante de maíz transgénico y a demandar de la UE que se establezca procedimientos de homologación de alimentos transgénicos más estrictas? ¿Está dispuesto a prohibir su cultivo e importación de manera temporal hasta que la UE analice este tema?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000654

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué cambios legislativos piensa adoptar el Gobierno para unificar la legislación en materia cinegética en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000655

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué piensa hacer el Gobierno para recuperar la gestión integral de los Parques Nacionales repartidos entre varias Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000656

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán


Página 69




Texto:

¿Tiene el Gobierno algún plan para impulsar la energía de biomasa en las zonas rurales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000657

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para que las Comunidades Autónomas cumplan la legislación vigente y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el incumplimiento de los preceptos sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000658

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas de carácter legislativo piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección medioambiental en la explotaciones de gas no convencional ya concedidas o que se concedan en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000659

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno que es viable la existencia de 17 legislaciones diferentes respecto a la prevención y extinción de incendios forestales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000681

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez


Página 70




Texto:

El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino acordó, mediante la declaración de Interés General de la Nación del proyecto de transformación de la Zona Regable del Andévalo Occidental Fronterizo, en la provincia de Huelva, asumir la transformación de una parte de dicha zona, en concreto, una superficie de 2.700 Has mediante la redacción de un Plan de Transformación propio para dicha superficie, siguiendo para ello sus propios procedimientos. ¿Qué previsiones de dar cumplimiento a dicho compromiso tiene el actual Ministerio? ¿En qué estado se encuentra la ejecución de dicho proyecto? ¿Qué calendario maneja para su culminación? ¿Qué previsión temporal tiene el Gobierno para el inicio y el final de los trabajos de construcción de la toma en el embalse del Andévalo, en los municipios de El Almendro y Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva? ¿Qué destino tienen las partidas incluidas en el actual Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 que aparecen en la Sección 23 bajo la denominación Presa del Andévalo en la provincia de Huelva? ¿Qué avances ha experimentado este proyecto a lo largo del ejercicio 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

181/000682

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Es consciente el Gobierno de que el retraso en la ejecución del Proyecto de Modernización de Regadíos de El Fresno, en la provincia de Huelva, debido a la falta de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, está poniendo en peligro la disponibilidad de los fondos europeos que se lograron para financiar dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

181/000683

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Qué balance de año hace el Gobierno en materia de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva? ¿Qué proyectos en la provincia de Huelva han experimentado avances en 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.


Página 71




181/000684

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Qué obras de regeneración del litoral y de infraestructuras proyecta el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente para la provincia de Huelva en el año 2013? ¿Qué actuaciones concretas? ¿En qué playas y municipios del litoral onubense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

181/000698

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Va la Secretaría General de Pesca a dialogar con el sector pesquero más numeroso del Estado, el gallego, a fin de revisar los porcentajes de cuotas y ser más equitativo en atención a la capacidad de pesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000699

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Qué criterios siguió la Secretaría General de Pesca para presentar un nuevo reparto de las cuotas de pesca para el caladero cantábrico-noroeste y el de la zona IXA que va de Fisterra hasta El Peñón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000625

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila


Página 72




Texto:

Dadas las conclusiones del estudio realizado por investigadores franceses sobre los dañinos efectos ocasionados por el maíz transgénico NK603 en la salud. ¿No considera el Gobierno necesario llevar a cabo las investigaciones que permitan conocer en profundidad el efecto que el consumo de productos transgénicos puede tener en la salud humana y animal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000641

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué va a hacer el Gobierno para atajar la discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más básicas que sufren los ciudadanos que dependen habitual o transitoriamente del sistema sanitario de otra Comunidad Autónoma diferente a la de su residencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000642

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar su Ministerio para garantizar la cohesión y gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000643

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Piensa que el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud ha demostrado ser un órgano eficaz para marcar las líneas generales de la política sanitaria en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.


Página 73




181/000644

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cree usted que se puede mantener un Sistema Nacional de Salud de calidad sin que todos los ciudadanos puedan acceder a las mismas prestaciones en igualdad de condiciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000645

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cuál es la deuda exacta del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta la dilación de las Comunidades Autónomas en el pago de facturas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000646

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cómo se pueden tomar medidas sobre el gasto real sanitario si no disponemos de la información adecuada de cómo se utiliza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000647

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González


Página 74




Texto:

¿Qué medidas piensa su Gobierno adoptar para garantizar la transparencia en el gasto sanitario de las Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000648

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cree usted que quien proclama los derechos tiene que tener la competencia para que se hagan efectivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000649

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué acciones está emprendiendo el Gobierno para luchar contra la trata de personas en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/000680

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Qué opinión le merece al Gobierno que la provincia de Huelva ocupe el tercer puesto en el ranking nacional de accidentabilidad según constata el informe EuroRAP 2012 en el que los tramos señalados como de mayor riesgo pertenecen a carreteras dependientes del Ministerio de Fomento? ¿Qué medidas


Página 75




concretas contempla el Gobierno para reducir la accidentabilidad de las carreteras nacionales de la provincia de Huelva? ¿Qué partida y dotación presupuestaria destina el Gobierno a tal fin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

181/000629

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad

Diputado don Antonio Cantó García del Moral

Texto:

¿Qué modificaciones legales va a realizar el Gobierno para impulsar el reconocimiento legal de la figura del Asistente Personal potenciando con ello la creación de, al menos, una oficina de Vida independiente sin ánimo de lucro en cada ciudad y Comunidad Autónoma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

181/000691

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Recientemente, el Foro de Vida Independiente expresó en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid su inquietud y sensación de riesgo vital ante los recortes dirigidos a la población más dependiente y vulnerable.

¿Conoce el Gobierno de España las intenciones de la Comisión Europea sobre las garantías de que los planes de estabilidad y convergencia, los programas de reforma y, en su caso, !os de ajuste macroeconómico que lleven a cabo los Estados miembros aborden la situación de este colectivo especialmente vulnerable y no supongan una merma en los derechos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000692

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


Página 76




Texto:

Recientemente, el Foro de Vida Independiente expresó en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid su inquietud y sensación de riesgo vital ante los recortes dirigidos a la población más dependiente y vulnerable.

¿Conoce el Gobierno de España si se va a tener en cuenta la atención a las necesidades de las personas que precisan de asistencia personal para vivir incluidas dentro de la Comunidad en el reparto de los fondos comunitarios en el marco del próximo marco financiero plurianual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

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