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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 63-5, de 22/10/2013
cve: BOCG-10-A-63-5
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
22 de octubre de 2013

Núm. 63-5


ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000069 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

M.ª Olaia Fernández Davila

Rosana Pérez Fernández

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG) y Rosana Pérez Fernández, Diputada por A Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Enmienda a la totalidad, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda de totalidad de devolución

Los Presupuestos Generales para 2014 suponen la prolongación de las políticas centradas en la contención del déficit y el pago de la deuda como prioridades absolutas, anteponiendo el objetivo de consolidación fiscal a los de la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social, al tiempo que suponen la sumisión a los dictados de la troika.

Estas políticas se han demostrado fracasadas para salir de la crisis y suponen un reparto totalmente injusto de los costes de la misma, empobreciendo a las mayorías sociales. En este proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2014, bajo el pretexto de la austeridad, se ahoga al estado de bienestar y se acomete una estrategia global por parte del gobierno de devaluación interna, a través de la congelación de los salarios de los trabajadores públicos y la práctica congelación también de las pensiones, que


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además se complementa con la presentación paralela de los proyectos de ley de reforma de las pensiones y de desindexación.

Se trata de unos presupuestos diseñados para beneficiar los intereses de la banca y las compañías eléctricas a costa de la mayoría social, en especial a costa de pensionistas y trabajadores públicos, y que además prolongarán la crisis y el estancamiento económico.

A continuación, desenvolvemos más detalladamente estos y otros argumentos, que justifican la presentación de esta enmienda de totalidad de devolución.

La previsión de ingresos no es creíble e implicará nuevos recortes.

El Gobierno prevé que la recaudación de los impuestos se incremente en un 2,4%, en un contexto donde estima que el PIB crecerá un 0,7%, donde los trabajadores públicos y pensionistas pierden poder adquisitivo, y donde incluso se reconoce que el empleo total descenderá durante el 2014. Así, el proyecto prevé mejoras en los ingresos en casi todos los impuestos, como el IRPF, IVA o Sociedades, pero al mismo tiempo también contempla que se siga destruyendo empleo o que la demanda "nacional" caiga un 0,4%. Además, prevé que las cotizaciones sociales de los ocupados bajen un 3,9%, lo que hace más difícil de creer las estimaciones de recaudación del IRPF.

Cabe recordar cómo en los anteriores presupuestos estas previsiones no se cumplieron, lo que provocó varias modificaciones de los mismos, en forma de recortes antisociales, una vez aprobados. Con las contradicciones de las previsiones macroeconómicas expresadas en los Presupuestos, se aventura que estamos ante unas cuentas públicas irreales, cuya ejecución será de imposible realización en los términos que se proponen, con lo que tendrán que afrontarse nuevos ajustes económicos que implicarán más sacrificios en 2014, por si aún los ya anunciados fueran pocos, para la mayoría de la población.

Son contrarios a las necesidades de las mayorías sociales.

Como hemos señalado, el proyecto de presupuestos significará el empobrecimiento de las mayorías sociales. Por una parte se impone una devaluación interna de las rentas laborales, a través de las medidas ejemplarizantes de la congelación, por cuarto año consecutivo, de los salarios de los trabajadores públicos y la práctica congelación de las pensiones, unas pensiones que ya en el presente año han perdido poder adquisitivo.

Por otra parte, el proyecto es claramente regresivo en lo relativo a las políticas sociales. Acorde a la concepción global de reducir el Estado de Bienestar a la mínima expresión, este proyecto de presupuestos presenta recortes en materias sociales comenzando por la dotación para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que desciende nada menos que un 34,2%.

Otras partidas de importante contenido social ven también reducida su asignación. Sirva como ejemplo la partida destinada a los servicios sociales y la promoción social, que se recorta un 36%, de 2.848 a 1.809 millones de euros. Además, se reduce el presupuesto destinado al subsidio de desempleo y a la atención de los inmigrantes. El programa de cobertura de libros de texto desciende un 92%, y queda reducido a una cuantía de 1,4 millones de euros.

Por otro lado, gastos de nula incidencia social o productiva se mantienen, como es el caso de la asignación a la Iglesia Católica, que mantiene la misma cuantía que en el 2013, de 158 millones de euros, cuando en una sociedad laica y democrática lo lógico y normal sería diseñar un marco para que las diferentes confesiones religiosas se autofinancien.

Por último, consolidan la subida de impuestos a las mayorías sociales. El Gobierno del PP presentó las subidas en el IRPF y en el IBI como temporales, sin embargo este proyecto consolida esas subidas en el 2014. Además, se incrementa el IVA en algunos servicios sanitarios del 10 al 21%, y los actos notariales. Sin embargo, no hay medidas destinadas a gravar de manera más intensa los grandes beneficios empresariales, los grandes capitales o las rentas financieras especulativas. Del mismo modo tampoco se contemplan medidas destinadas a luchar de manera efectiva contra el fraude y la evasión fiscal, por lo que la consolidación de las subidas impositivas citadas anteriormente configuran un sistema fiscal menos justo y más desigual, favoreciendo el empobrecimiento de amplias capas de la población.

Impiden la dinamización de la economía, la reorientación del modelo productivo y en consecuencia, la generación de empleo.

Ante las evidentes limitaciones del sistema productivo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado debería hacer un especial esfuerzo para dotar adecuadamente las inversiones con mayor impacto


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en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como son las infraestructuras o la dotación relativa a la I+D+i. Sin embargo, la orientación es la contraria. El incremento en I+D+i civil solo supone un 1,3%, un incremento mucho menor al incremento de gasto en los presupuestos y muchísimo menor al incremento de la I+D+i militar. La partida para Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas desciende un 7%, puesto que pasa de 108,5 a 100,9 millones de euros y la formación para el empleo lo hace en un 14%. Por el contrario no existe ninguna iniciativa destinada a articular un "plan de empleo", que debería ser la prioridad en un Estado con seis millones de parados.

Desafortunadamente, el hecho de que el ministerio de Industria, Energía y Turismo incremente considerablemente su dotación, no implica ningún compromiso mayor con las políticas industriales o el impulso a la innovación, simplemente es originado por una prioridad estratégica del actual gobierno, beneficiar a las compañías eléctricas. Así, las transferencias a estas compañías disparan su cuantía, que ascienden a nada menos que 4.153,7 millones de euros en los PGE diseñados para 2014, lo que además demuestra que la reciente reforma del sector energético se realizó con el objetivo de favorecer a la gran industria energética, que comenzará a recoger frutos, pagados con recursos públicos, de forma inmediata.

Desciende la inversión territorializada en Galicia, a pesar de disimularse mediante un artificio presupuestario.

Galicia presenta un déficit histórico en materia de infraestructuras y padece un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales. Por lo tanto, para el BNG es necesario un esfuerzo inversor por parte del Estado en la dirección de corregir estos déficits estructurales.

En este proyecto, se intenta compensar la reducción presupuestaria real de las inversiones en Galicia mediante un artificio presupuestario en la alta velocidad, con una dotación económica no detallada e inejecutable en la práctica. Así, el AVE Olmedo-Lubián-Ourense se dota con 571,3 millones de euros, pero en el propio documento de los presupuestos se afirma que la inversión prevista para el actual 2013 es de 354 millones de euros, cuando en los presupuestos aprobados para el presente año esta partida contaba con 496,3 millones de euros. Es decir, el propio gobierno reconoce que dejará sin ejecutar 142 millones de euros en el 2013, lo que supone un 34,8% sobre el total presupuestado.

Por otra parte cae fuertemente la inversión de todos los Ministerios destinada a ser ejecutada en Galicia. La inversión total de los Ministerios en Galicia es de 212,4 millones de euros, un 20,5% menor a la contemplada para el año actual, y un recorte más intenso que en el conjunto de la inversión territorializada para el Estado, cuyo descenso es de un 14,9%. Así, actuaciones necesarias para dinamizar la economía gallega como la prolongación del Eixo Atlántico hasta Ferrol, el saneamiento de las rías gallegas o actuaciones de dinamización de sectores productivos básicos para la economía gallega como el naval, la agricultura y ganadería o la pesca. Además, el Fondo de Compensación Territorial desciende un 27,6%, siendo Galicia la tercera comunidad donde el descenso es mayor.

Por lo tanto, no son los presupuestos para salir de la crisis, ni contemplan las inversiones que Galicia necesita. Así, por todo lo expuesto, el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Uxue Barkos Berruezo

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Geroa Bai, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta


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la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda de totalidad de devolución

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, remitido por el Gobierno del Partido Popular al Congreso de los Diputados, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de las cuentas de la "recuperación" tal y como el propio Ejecutivo anuncia sino una continuación de las políticas de contención del déficit por la mera vía del recorte de la inversión y el gasto público.

Las cuentas públicas para el próximo año demuestran una vez más el empeño del Ejecutivo por gobernar de espaldas a la realidad social, una realidad cada vez más cruda, con unos índices de pobreza en aumento. Estos presupuestos persisten en las mismas políticas centradas únicamente en la reducción del déficit y mantienen además el austericidio y las políticas que se han demostrado fracasadas e incapaces ante crisis.

El Gobierno de Mariano Rajoy insiste en su obsesión por reducir el déficit amparándose en que este hecho frenará la rampante deuda pública. Sin embargo, la deuda pública sigue subiendo y estará a punto de alcanzar el 100% del PIB en 2014: el triple que antes de la crisis.

En este sentido, el Ejecutivo se empeña nuevamente en acometer de manera insistente la contención del déficit exclusivamente por la vía del recorte del gasto; la ausencia absoluta de intención para explorar nuevas vías frente a lo que se ha consolidado como un sonoro fracaso en el intento de reactivación de la economía en general y del mercado de trabajo en particular.

Y, ¿dónde se produce el grueso de la contención del gasto? En la que a nuestro entender resulta la materia más sensible en época de grave crisis económica como la que vivimos en estos momentos:

La reducción del gasto en materia social. Nos encontramos nuevamente ante unos presupuestos antisociales e insolidarios que piden más esfuerzo a quien más lo necesita al introducir el "pensionazo" y reducir en casi un 50% el capítulo en materia de Dependencia.

Basta mirar al discurso de investidura del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para comprender que el texto que ahora enmendamos a la totalidad no es sino un incumplimiento flagrante de lo comprometido no ya en el programa electoral del partido que sustenta al Gobierno sino en los compromisos personalmente adquiridos por el entonces candidato. Pensiones, sanidad, educación y dependencia eran, por este orden, elementos intocables en el baile del recorte de los gastos.

Cabe destacar a este respecto que Sanidad sufre el mayor recorte ministerial en el Proyecto de Ley de Presupuestos con un 35,6% menos de recursos para el próximo año. Ya en el ejercicio pasado este Departamento vio reducido su presupuesto en un 22%. Paradójicamente y de manera inadmisible, el recorte en el capítulo de Defensa es tan sólo del 3% lo que supone toda una declaración de intenciones por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No podemos olvidar además, que durante el pasado año, los capítulos de Sanidad y Educación vieron cancelados los compromisos del Gobierno por la vía de decretos extemporáneos que en poco o en nada reconcilian la acción de la política con las necesidades más urgentes de una sociedad acuciada por la extensión dramáticamente rápida de ratios de pobreza.

El descenso en las inversiones en I+D son también ciertamente preocupantes. Las partidas destinadas a este capítulo han caído en 1.900 millones desde 2009 y hasta un 31% los dos años de la actual legislatura del PP. La situación no tiene visos de mejorar, sino más bien de empeorar ya que la subida de un 1,4% para el próximo año no deja de ser testimonial.

Pero este empeño en acometer la contención del déficit casi de manera exclusiva por la vía de los recortes tiene también capítulo reseñable en lo concerniente a las Comunidades Autónomas.

Y es que, el Gobierno vende humo al anunciar un supuesto aumento de las inversiones del Estado en Navarra. En este sentido, cabe recordar que, los últimos presupuestos socialistas destinaron a la Comunidad Foral 137 millones de euros mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy, en dos años, ha recortado la inversión a Navarra en un 80%, dejándolos en 36. Ahora los sube a 50, menos de la mitad de la cifra de 2011.


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Son apuestas como esta las que, junto con las consideraciones hechas en el ámbito general, nos llevan a presentar en nombre de Geroa Bai esta enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014, solicitando su devolución al Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Joan Baldoví Roda

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromis-Equo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda de totalidad de devolución

Exposición de motivos

Como reza su Exposición de Motivos, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se cuestionan las condiciones laborales de los empleados públicos, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.

Estos presupuestos, en nuestra opinión, serán de nuevo un fracaso, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se ha perdido la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No sirven para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas como se predica, no sirven para fortalecer la confianza ni producen la estabilidad de la economía. Solo aprovechan para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Que no generará empleo hasta el año 2020, en el mejor de los casos, y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.

Es falso que se vaya a lograr el objetivo de la estabilidad, no es la finalidad. La finalidad es recortar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un Estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2014-2016, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 2 de


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julio de 2013. Establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 5,8% del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 3,7%; la Seguridad Social del 1,1%; las Comunidades Autónomas del 1%; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit para, a nuestro entender, atender el pago de la deuda y de sus intereses, que han crecido exponencialmente.

Con este déficit del 1% para las autonomías y el 0% para las corporaciones locales, se impulsan cambios legislativos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa. Como decimos ante la reforma del marco legislativo local, el déficit de las Administraciones locales es del 0,2%, frente al 1,73% de las CC.AA. y el 6,98% del Estado. Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.). En las que quien ahora quiere dar lecciones desde el Gobierno, han practicado el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas. Es decir, entre pocas ciudades, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, se concentra el endeudamiento y la contratación desordenada que ahora se quiere corregir. Por no decir del ejercicio, no ya de competencias impropias, sino de actividades impresentables para corporaciones locales relacionadas con la construcción de contenedores vacíos -en muchos casos investigados estos expedientes por corrupción-, la planificación urbanística disparatada o la remuneración de asesores o el llamado ya como "cohecho fotográfico", el pago de cantidades a personajes públicos, reales o no, para obtener notoriedad, sin pasar por ningún proceso administrativo objetivo.

De hecho el objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 72,8% del PIB en 2014. El límite de gasto no financiero se fija en 133.259 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al de 2013. Pero cae espectacularmente la inversión pública del Estado, las subvenciones, no se crea empleo público, las transferencias a Comunidades Autónomas... ¿Dónde va el dinero que nos lleva a aumentar nuestra deuda si la gestión ordinaria no debería de producir este déficit? Si a esta situación añadimos que la actividad industrial ha caído por un importe aproximado al 20% del PIB con esta crisis, no sabemos dónde quiere que se genere trabajo este gobierno con este presupuesto.

Siendo pues más prácticos para evaluar estos presupuestos, haremos una serie de pruebas simples que confirmarán algunas sospechas más.

Por ejemplo, comprobamos como nueve millones de pensionistas perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio al entrar en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones. Así, según datos elaborados por el propio gobierno que nos aporta este PGE, el IPC se quede por encima del 1% en 2014, las pensiones solo se revalorizarán un 0,25%. Lo mismo podemos decir para los funcionarios a los cuales se les vuelve a congelar su retribución, que junto al recorte del 5% practicada en 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, sufren de tanto congelar una amputación salarial del 15% de sus haberes.

Miremos que pasa con Educación y Sanidad que son los pilares del gasto público de las Comunidades Autónomas y como el Estado contribuye con sus recursos. Pues bien, nada más lejos de la necesidad real y la coherencia. Encontramos que la Formación Profesional, la engañosa apuesta propagandística de la nefasta LOMCE del Ministro Wert, ve reducido su presupuesto en 2014. La partida para Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas desciende un 7%. Hecho objetivo: de 108,49 millones a 100,93 millones de euros. La nula ayuda a las Escuelas de Idiomas deja al descubierto que todas las propuestas de enseñanza trilingüe no son más que un artificio para impedir el uso de las lenguas propias de algunas comunidades autónomas como instrumento vehicular del proceso de aprendizaje. Si hubiese un interés honesto en la propuesta de la enseñanza del inglés se pondrían medios en escuelas de idiomas que no pueden atender a los profesionales de enseñanza que se quiere reciclar. Si se cree que la FP ha de ayudar a la mejora de nuestra competitividad, se efectuarían las inversiones pertinentes. Queda al descubierto que no se habla de educación con la Ley del Ministro Wert, se habla de política, de política de épocas ya superadas disfrazada de un cosmopolitismo barato para el que queda como muestra y retrato la presentación de la fallida candidatura olímpica de Madrid y los cafés en la Plaza Mayor.

Sanidad recorta su presupuesto en un 35% con la justificación de las deudas por dependencia de gobiernos y presupuestos anteriores. Mientras aumentan los copagos para medicamentos, se persigue a


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los enfermos crónicos y se impaga a las comunidades autónomas por la mencionada estabilidad a las entidades colaboradoras para acabar por recortar las ayudas para atender a los que más lo necesitan.

Se habla del objetivo del empleo y de la recuperación económica y con la lógica de este gobierno, que es hacer siempre lo contrario a lo racional por imperativo del austericidio, se perjudica la inversión en infraestructuras, que genera según las patronales del sector 18 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Así, se gastará un 8,6% menos que el año pasado y en inversión real el recorte llega al 17,14%. Las carreteras será la partida que se llevará un mayor recorte, con una dotación de 2.000 millones de euros, cuando el año pasado se destinaron 2.566 millones de euros. Aquí, aunque sea de paso, hay que citar los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches o los AVE sin viajeros, que se tendrán que rescatar o el posible rescate de la planta Castor por un importe estimado, salvo error, de 1.700 millones que alguien tendría que explicar y asumir como responsable político. Es decir, más que el total de la revalorización de las pensiones en un ejercicio, para poner una magnitud de contraste.

Por si no teníamos suficientes escándalos por corrupción en nuestro entorno, el fracaso de Europa se visualizó hace pocos días en Lampedusa. Y con nuestro presupuesto público, ante la ignominia de nuestra sociedad que olvida a los que padecen, el Gobierno de Rajoy propone perjudicar las ayudas y dotaciones para el presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo. Dentro de la partida del Ministerio de Asuntos Exteriores, cae un 6%, lo que supone 26 millones menos para una de las políticas más maltratadas durante la crisis: durante los dos últimos ejercicios los fondos totales descendieron más de un 60%. Recuerdo aquí como letanía, los aeropuertos sin aviones o las autopistas sin coches o los AVE sin viajeros. La solidaridad del Gobierno con los otros no se ejerce para los de casa, ni para los vecinos de nuestra calle, ni para aquellos que sufren guerras injustas, hambre o subdesarrollo, ni para los que huyen de su tierra porque no pueden vivir más.

El colmo lo encontramos en una previsión de creación de más de 30.000 parados, como gran logro de un gobierno inútil para crear trabajo, así como sus políticas que rebajan la partida para pagar las prestaciones por desempleo en un 5,4%. Además, el dinero para formación, tanto de parados como de ocupados, desciende un 1,8%, en línea al desastre para la FP que propone el Sr. Wert. Si hay más parados y se destinan menos recursos será porque alguna cosa se trama. La última decir que 560.000 parados engañan para ir consiguiendo ese recorte por vía de infracciones administrativas mientras cada día nos desayunamos con casos de financiación ilegal, sobresueldos en negro y otras obscenidades para nuestra democracia. Se persigue más al parado que si llega tarde pierde sus miserables 426 euros; mientras a otros que han robado millones de euros o se han aprovechado del cargo para obtener prebendas, se les aplica la prescripción.

Porque en 2014 se destruirán empleos (-30.000) y seguirán los recortes del Estado del Bienestar. Son los Presupuestos del estancamiento, de un país que no crece porque el Gobierno ha elegido recortar el déficit y hundir el consumo (subiendo impuestos y congelando sueldos y pensiones) y la inversión pública, en lugar de reanimar la economía para crecer más y crear empleo. Un camino que lleva a recaudar menos, a no cumplir el déficit y a hacer más ajustes, recortando crecimiento y empleo. Un país con el doble de paro que Europa donde después de tres Presupuestos con recortes, el Presidente Rajoy ha perdido 1.230.000 empleos.

Los Presupuestos 2014, como los dos anteriores, son los Presupuestos del ajuste por imperativo legal. Pasar del 6,5% de 2103 al 5,8%. Esto supone otro ajuste de 7.200 millones que se pretende aumentando los ingresos y recortando gastos. A pesar de decir que no se efectúa una subida de impuestos se revisa la renta (IRPF), IVA al 21%, más IBI a los Ayuntamientos y más impuesto de sociedades (empresas). Y como novedad más IVA (del 10 al 21%) en algunos productos sanitarios y notarías. En total, 4.230 millones más de recaudación que no se obtienen de impuestos a la banca o grandes patrimonios o la revisión de los impuestos que pagan grandes empresas que distan de ser porcentualmente similares a los que pagan pequeños empresarios, comerciantes y autónomos. Por ajustes de balances, inversiones o supuestas pérdidas, grandes empresas con grandes salarios para directivos pagan relativamente menos impuestos. Por no hablar de los más de 230.000 millones que se han inyectado a la banca y que en intereses son una parte importante de los 35.000 millones. Un escándalo.

En 2014 cae también un 13,6% el dinero que el Estado transfiere a las autonomías. Contarán con 3.332 millones menos. Con este nuevo recorte, las autonomías tendrán que hacer nuevos ajustes en sus Presupuestos 2014, sobre todo en sanidad, educación, dependencia y gastos sociales. Si a esto añadimos los recortes que se efectúan a los ayuntamientos por una nueva ley y el déficit 0 que no permite el


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endeudamiento ni a los que pueden pagar, la iniciativa pública es anecdótica como motor de la economía y el empleo.

Lo decíamos el año pasado y lo repetimos ahora: estos presupuestos que el PP propone con su mayoría absoluta condena a la Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales a un callejón sin salida y reducen su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía política de estas instituciones.

Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Pues bien, nosotros humildemente consideramos que la sostenibilidad financiera y la estabilidad se consigue cuando los acontecimientos económicos no desbordan a diario, semana a semana, a un gobierno que viaja sin rumbo, sin dirección política, sin certidumbre y que no se plantea negar la mayor: que no se puede soportar ni el pago de esta deuda ni a los tipos de interés que reclaman nuestros acreedores.

Con estos objetivos que son de imposible cumplimiento se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las Comunidades Autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia y a la calamidad. No podrán nuestros ayuntamientos ni arreglar las calzadas de sus calles ni acometer obras de mantenimiento porque el dinero se destinará a prestarlo a la banca y a las cajas que vivieron e invirtieron por encima de sus posibilidades, que jugaron su dinero y el de sus impositores, algunos engañados como los compradores de subordinadas, participativas y preferentes, y que ahora se rescatan.

Al final, el efecto de la congelación de sueldos y pensiones, más los recortes en el gasto y la inversión, es una caída del consumo (privado y público), que restará crecimiento a la economía. Eso deja el escaso crecimiento de España, un 0,7% en 2014, en manos de Europa y el comercio mundial, que podría crecer menos y dar al traste con las previsiones. Hay que ver solamente la crisis de Estados Unidos para el funcionamiento de su administración pública.

El Gobierno estima una nueva pérdida de -30.000 empleos en 2014, tras haber perdido otros 1.230.000 empleos, entre 2012 (-720.000 empleos) y 2013 (-510.000). Con 6 millones de parados resulta estrafalario que se hable de "los Presupuestos de la recuperación". Y más cuando estiman un 25,9% de paro en 2014, un 0,7% menos porque muchos parados dejarán de buscar trabajo y los jóvenes se marchan a buscarse la vida a cualquier parte del mundo o los inmigrantes vuelven a sus países de origen.

Como dicen algunos autores cualificados ya pasó en 2012 y puede volver a pasar en 2013: no se consume, no se crece, no se recauda y hay que hacer más recortes o subir el IVA, con lo que se crece menos, hay más paro y menos consumo, se recauda menos y vuelta al círculo vicioso. Y encima, la deuda pública crece sin parar y en 2014, España deberá más de un billón de euros: en dos años de Gobierno Rajoy, ha crecido en 200.000 millones, más que con toda la etapa Zapatero.

Como anunciamos con los presupuestos de 2011 y 2012, las políticas denominadas del austericidio impiden el crecimiento y el consumo, nos sumergen en una gran depresión, en una gran crisis de confianza para los inversores. Estamos en niveles de inversión pública similares a la que había hace 25 años. Vamos hacia atrás, perdiendo el tren del siglo XXI. La falta de confianza y de una banca pública destruye el acceso al crédito de los emprendedores y la creación de empleo. Los ciudadanos y ciudadanas están pagando una crisis que no han creado. El Gobierno con estos presupuestos es cómplice de esta injusticia, con la coartada de una reforma legal de la Constitución y de una falsa austeridad, de la sumisión a terceros que no han sido investidos por los ciudadanos democráticamente y que controlan la acción del ejecutivo.

Por todos estos motivos solicitamos la devolución de este proyecto de PGE al Gobierno, para su reformulación por otros que dediquen más recursos a incentivar la economía y rescatar personas.


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ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 de devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Enmienda a la totalidad de devolución

Los Presupuestos para el año 2014, se insertan en el marco de una profunda crisis económica y un contexto europeo cuyas instituciones (Unión Europea, Consejo Europeo, Ecofin, Banco Central Europeo, etc.,) restringen enormemente el margen de maniobra presupuestario con exigencias extremas de recortes, austeridad del gasto y reformas neoliberales en materia de empleo, finanzas, políticas sociales y lo que haga falta.

Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la Unión Europea, que, en opinión del Grupo Vasco, no auguran sino una larga crisis con las consecuencias que de ello se derivan en términos de paro, precariedad y desigualdad.

En este marco, pues, y con el objetivo de déficit público como guía y restricción, el Gobierno presenta unos Presupuestos que desde el Grupo Vasco nos parecen rechazables, y es por lo que presentamos una enmienda a la totalidad de los mismos. Los motivos de carácter general son:

- La pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones, cuya actualización 0,25% es inferior a todas luces a la inflación prevista.

- La congelación un año más de los salarios de los funcionarios públicos.

- La caída considerable de la inversión pública.

Y de forma específica, en relación a Euskadi hay que añadir otras que son fundamentales para nuestro Grupo Parlamentario:

- La escasa dotación presupuestaria para ejecutar el proyecto de "Y" ferroviaria vasca; insuficiente para finalizar la obra en un plazo razonable tras las sucesivas demoras habidas.

- El olvido de Euskadi en lo relativo al resto de inversiones públicas que son insuficientes (0,4% del total).

- La imposibilidad de aportar desde las Administraciones Públicas a los planes de pensiones por tercer año consecutivo, lo que puede suponer la desaparición de las entidades de previsión social voluntaria, cuyo papel para canalizar el ahorro a largo plazo es fundamental.

Todas estas cuestiones, cruciales para el Grupo Vasco, nos obligan a solicitar la devolución del Proyecto al Gobierno.


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ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Onintza Enbeita Maguregi

Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi

Rafael Larreina Valderrama

Maite Ariztegui Larrañaga

Sabino Cuadra Lasarte

Iker Urbina Fernández

Jon Iñarritu García

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Onintza Enbeita, Xabier Mikel Errekondo, Rafael Larreina, Maite Ariztegi, Sabino Cuadra, Iker Urbina y Jon Iñarritu, Diputados y Diputadas de Amaiur, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presentan las siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, solicitando en consecuencia su devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Onintza Enbeita Maguregi, Rafael Larreina Valderrama, Maite Ariztegui Larrañaga, Sabino Cuadra Lasarte, Iker Urbina Fernández y Jon Iñarritu García, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda a la totalidad de devolución

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente año 2014, y que se están tramitando en esta Cámara, siguen una línea continuista con los dos proyectos presentados con anterioridad por este Gobierno y, como los anteriores, responden a un diagnóstico erróneo de las características propias que la crisis sistémica internacional adopta en el Estado español y no dan solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que, con carácter general, va a profundizar y agravar todos estos problemas. Además, desde nuestra perspectiva, estos presupuestos no solo son ajenos a nuestro país, sino que están hechos de espaldas a la realidad política, económica y social de Euskal Herria.

Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la disolución del Estado de Bienestar con la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y con recortes en aspectos claves, especialmente en tiempos de crisis, como son el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la protección familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de dependencia.

Siguen incrementando el endeudamiento que, sin ser consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios vascos, lo pagaremos especialmente la ciudadanía de Euskal Herria, un 63% más que el resto de las gentes del Estado.

Siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de derechos de trabajadores y trabajadoras.

Siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo, que estos presupuestos son un 7% inferiores a lo ejecutado en este año 2013.

En el capítulo de ingresos, siguen sin dar respuesta al problema estructural español del fraude fiscal.

Siguen sin dar pasos efectivos para abordar la competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación del valor añadido con inversiones en I+D+i.

En definitiva son unos Presupuestos que van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes.

De la macroeconomía a la microeconomía.

El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores en los que siempre en el año siguiente iban a mejorar todos los indicadores


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económicos. La realidad que auguran diversos organismos internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo. Si descendemos a los detalles el panorama es más desesperanzador. Continúa creciendo el endeudamiento y, aunque la caída de los intereses genere coyunturalmente más disponibilidad económica en estos presupuestos, la espada de Damocles que supone que supere el 96% del PIB está pendiente sobre el conjunto del Estado y, sobre todo, sobre la ciudadanía de Euskal Herria que a través del cupo carga con un coste superior en más de un 60% al que soportan las gentes del resto del Estado; coste de un endeudamiento fruto de la nefasta gestión de los gobiernos central y autónomos que ha dirigido tanto el PP como el PSOE, y al que no han contribuido las instituciones propias de los territorios de Euskal Herria.

Por otro lado sigue deteriorándose la calidad del empleo y no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia se basa en contratos temporales, y en contratos a tiempo parcial.

Con un crecimiento económico casi inexistente, reducción de salarios, desorbitadas tasas de paro permanentes, endeudamiento camino del 100% del PIB, reducción del poder adquisitivo de las pensiones, subida de los impuestos indirectos y de las gentes sometidas a nómina que pagan puntualmente el panorama apunta a una persistente atonía del consumo interno que hace imposible un crecimiento económico generador de empleo económica y socialmente sostenible.

Insuficiencia de ingresos, compromiso con el fraude fiscal e incremento de la desigualdad

En el capítulo de ingresos, estos presupuestos generales siguen sin dar respuesta al problema estructural del fraude fiscal en el Estado español. Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre tendencias fiscales en la UE, en el que el Estado español ocupa el lugar número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone la recaudación de las Administraciones Públicas. El total de ingresos públicos representó el 31,4% del PIB, lo que suponen 8,1 puntos menos que la media de la Eurozona. Y esta situación no es fruto de la actual coyuntura de recesión económica, sino que responde a un problema estructural pues desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la recaudación del Estado ha superado la barrera del 35%. Si analizamos donde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos -en el año 2011 de los 27 estados de la Unión Europea, el Estado español ocupaba el puesto número 27 en el porcentaje sobre el PIB que suponía la recaudación por este concepto-, impuestos especiales e impuesto de sociedades -puesto número 22-; tan solo en el IRPF -el impuesto de quienes están vinculados a una nómina- el Estado español ocupa una posición más normalizada situándose en el puesto número 12 de la U-27.

Estos datos resultan especialmente llamativos -sería más exacto calificarlos de escandalosos- si vemos la evolución de los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de las incluidas en el IBEX35, que en el primer semestre de este año han incrementado sus beneficios un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, o la evolución de las SICAV que en el presente año se han incrementado en más de un centenar, que en el pasado año tuvieron beneficios superiores al 8% y en la primera mitad de este año la rentabilidad media se acercaba al 4%.

A la luz de estos datos cobra especial relevancia el último informe de Cáritas que señala que en el Estado hay ya tres millones de personas en situación de "pobreza severa" (según la terminología de Cáritas), esto es que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres representan el 6,4% de la población, una tasa que casi duplica la de 2007 (3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en su informe del Observatorio de la Realidad Social 2012.

En esta misma línea, el último informe sobre la riqueza mundial que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, señala que mientras el número de millonarios en el Estado español aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, llegando hasta las 402.000 personas, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1 en 2012.

La política económica y social de este Gobierno, que se viene concretando en estos presupuestos generales y en los dos anteriores, están generando una acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas élites que se mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento, constante y progresivo, de la desigualdad que -como alerta Cáritas- trae consigo "una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social" agudizada por "las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas".

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y


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compromisos concretos hace estos presupuestos ineficaces a la hora de abordar los retos urgentes e imprescindibles de abordar con urgencia, como son afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza, garantizar la protección social y reforzar el estado de bienestar.

Políticas de gasto insuficiente para el mantenimiento del estado de bienestar

En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos ultra-liberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por el Gobierno, ha puesto en la picota al Gasto Público como causa de todos los males, con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar. Sin embargo las cifras, los datos objetivos, no sólo desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de que el problema fundamental de las instituciones estatales no es el gasto público, sino el ingreso.

En el último informe de Eurostat sobre la distribución del Gasto Público por funciones en el seno de la UE27, el Estado español se sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la UE27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el Estado español sólo alcanza el 45,2%. Si analizamos las diferentes funciones de gasto vemos que en el capítulo fundamental -sobre todo en época de crisis económica- de los fondos destinados a Protección Social y Sanidad, en el Estado español supone el 51,6% del total del gasto público frente al 54,8% de la UE27; y en términos de porcentaje del PIB en el conjunto de la Unión Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado español sólo alcanza el 23,2%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes recortes de los dos últimos Presupuestos, el mantenimiento de las partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las funciones de Protección Social no garantizan el Estado de Bienestar.

Las transferencias corrientes o gasto disponible para las políticas públicas disminuyen un 4,7%; el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad pública, el 39% de reducción en la inversión en protección familiar o la reducción casi la mitad en el caso de la inversión en los sistemas de dependencia, suponen en la práctica un deterioro de la prestación del servicio en el corto y medio plazo, y el progresivo desmantelamiento de dichos servicios públicos.

En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no van a mejorar sensiblemente se siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo que, en los presupuestos para 2014, son inferiores en un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.

El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de Bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingreso eficientes y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos.

Fracaso de las llamadas reformas estructurales neoliberales

La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de reformas llamadas estructurales -como son la reforma laboral, la reforma financiera y medidas fiscales, reforma del sistema de pensiones- que, lejos de dar respuesta a los problemas estructurales económico-sociales del Estado español, están debilitando a marchas forzadas su carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y no están contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis económica.

En repetidas ocasiones hemos planteado en los debates con el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios sectores de la población; esta reforma laboral que no ha generado empleo sino que, al contrario, ha propiciado que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el despido impune, generando más desempleo y crispación social fruto de la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. La mayoría de las previsiones coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población activa estará en paro en el año 2018.

A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las rebajas salariales -tanto en términos reales desde el año 2010, como en términos nominales desde el 2012- no sólo no han creado empleo sino que han desactivado el consumo interno. El ajuste de una disminución del 7% en los salarios del estado español no se ha traducido ni en aumento del empleo ni, en la mayoría de los casos, en competitividad real. Un informe del Banco Central Europeo acusa a las grandes empresas españolas de subir los precios y bajar los salarios, trasladando todo el ajuste a los salarios, a los más débiles; al final el aumento de beneficios de estas empresas - participadas mayoritariamente por fondos de inversiones y


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de pensiones extranjeros- a través del reparto de dividendos no han reforzado al economía del estado sino que han alimentado la economía especulativa internacional.

La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No se han tomado medidas -ni están previstas en este proyecto de presupuestos- que impidan la especulación de las entidades financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central Europeo y de la propia administración pública española. El crédito sigue sin fluir a las familias, a las pymes, autónomos y economía social; la banca ha reducido en un 9,22% su concesión de crédito, mientras ha aumentado un 15,4% su captación de depósitos. Después de las reformas del gobierno, del rescate europeo y los 108.361 millones de ayudas públicas, el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo económico y social. No fluye el crédito a empresas y familias, pero los grandes bancos han ganado cuota de mercado a cuenta del desmantelamiento de las Cajas, y casi han duplicado sus beneficios este año pasando de 3.174 millones (primer semestre 2012) a 5.310 millones (primer semestre 2013), según la AEB.

Y en cuanto a las medidas fiscales, como ya hemos señalado en el apartado anterior no han contribuido a atajar la brecha existente con la mayoría de los estados de la Unión europea.

Finalmente la reforma del sistema de pensiones que está impulsando en la actualidad el gobierno, y que en este proyecto de presupuestos ya se concreta en una pérdida significativa de su poder adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros estados de la Unión Europea. El régimen de pensiones existentes en el Estado español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término medio, vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser inferiores en un 40% a las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

En definitiva la reforma impulsada por el Gobierno va a profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la crisis.

Tras el fracaso económico y social de estas reformas estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad mantienen a la economía del Estado español en el círculo perverso de la recesión que impide el estímulo de la actividad económica y la reducción de las tasas de paro. Y las cifras de este proyecto de presupuestos no auguran ningún cambio sustancial. El incremento en un 5,6% del gasto no financiero de los ministerios, es decir gastos de personal y gasto corriente, y la disminución en un 4,7% de las transferencias corrientes son muy significativas a este respecto. Por otro lado tampoco hay medidas reales de estímulo del crecimiento lo que implica que con una reducida inversión productiva es difícil lograr creación de empleo. El recorte continuado en la inversión pública que ha disminuido en un 15% desde el 2010 y que no se incrementa en el año 2014 confirma estos malos augurios. Por otro lado la no apuesta presupuestaria decidida por la potenciación de la I+D+i supone de facto la renuncia del Gobierno al futuro.

Desde esta perspectiva este proyecto de presupuestos para el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas estructurales de carácter neoliberal que no están contribuyendo al reforzamiento de la economía productiva, ni a la competitividad económica, ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado español.

Soberanía económica, fiscal, financiera y social para Euskal Herria

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes amparándose en su mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca -CAV- y Foral de Navarra) es claramente minoritaria


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(23%) y que su política económica y social está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2014 recogen las cantidades de 569 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1.527 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Deuda que no tiene su origen en nuestro País y que sin embargo, cada persona de Euskal Herria va a soportar un coste de 1.041 euros de los intereses de dicha deuda, frente a los 767 euros que soportará cada persona del resto del Estado. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2014 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,.. Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del Estado español van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de Amaiur presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014.

ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Ana María Oramas González-Moro

Pedro Quevedo Iturbe

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados Ana M.ª Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2013.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Enmienda de totalidad de devolución

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 constituye una manifestación más de la política neoliberal y recentralizadora del Gobierno del Partido Popular. Bajo el pretexto de garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas, restablecer la confianza en nuestra economía y confirmar el compromiso con la estabilidad presupuestaria, el Gobierno del PP con estos presupuestos para 2014 mantiene las políticas de austeridad "mal entendida" y de recortes aplicados en los últimos años; y que han producido más pobreza, más desempleo, más desigualdad social, reducciones salariales y peores condiciones laborales, así como una preocupante descapitalización de los servicios públicos, visible en la educación y en la sanidad, mediante el durísimo e indiscriminado ajuste a la financiación de las Comunidades Autónomas responsables, precisamente del mantenimiento de estos servicios. Todo ello en un marco con menos ingresos y con una deuda histórica, la lograda por el Gobierno del PP, cercana al billón de euros, es decir al 100% del PIB.

Frente a la posibilidad de abordar una política de progresividad fiscal, incrementando los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios así como la de perseguir la gran bolsa de fraude fiscal existente, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos, el Gobierno sigue optando por una política intensa de reducción del gasto y de la inversión pública. Así, las cuentas públicas para 2014 reducen notablemente la inversión un 20%, por lo que impactarán negativamente en la dinamización económica y en el empleo. Empeoran las condiciones de vida de los pensionistas, con una subida del 0,25% que, en realidad, es una pérdida real de poder adquisitivo. Y persisten, también, en el denodado proceso de destrucción de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Los Presupuestos son el instrumento fundamental para orientar y estructurar la acción de Gobierno. Con los PGE 2014 ni se afronta ni se resuelve el principal problema de nuestra sociedad actual: el elevado nivel de desempleo. Con una tasa actual de paro del 27% y con una previsión del FMI en su último diagnóstico para España del 25% de tasa de paro en el año 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy está desarrollando una política que responde a criterios ideológicos y que no está en ningún caso sustentada en la bondad de los resultados de la llamada austeridad expansiva.

Desde una perspectiva canaria, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 da la espalda a los canarios, se desentiende de los problemas y demandas de los más de dos millones de ciudadanos que viven en las Islas y, en consecuencia, aleja a Canarias de España. Las nuevas cuentas públicas vuelven, por tercer año consecutivo, a incumplir los compromisos contraídos con el Archipiélago y lo hace sin criterios objetivos que lo justifique.

Aunque en su presentación se definieron como los "presupuestos de la recuperación" son, en realidad, "los presupuestos del desequilibrio territorial y de la injusticia social". Es decir, quiebran la cohesión entre los diferentes territorios que conforman el Estado. Y suponen una involución en derechos sociales, en prestaciones públicas, en Educación y Sanidad, y un nuevo revés para colectivos de especial sensibilidad como el que representan los pensionistas y los desempleados, entre otros.

Este proyecto de ley no contiene ninguna de las medidas que debería contener un presupuesto y que son: dinamización, inversión, oportunidades de trabajo, y una clara apuesta por la educación, la sanidad y la atención social. Ni son los presupuestos que Canarias merece ni tampoco los que España necesita. Además de reincidir en el recorte de forma indiscriminada, no contienen ni una sola medida que facilite la reactivación económica, el crecimiento y la generación de empleo que tanto necesitan las Islas.

Pero lo que sí hacen es incumplir la condición de territorio ultraperiférico que recoge el Tratado de la Unión Europea con un escaso compromiso a compensar la lejanía y la insularidad; ahondan en las diferencias territoriales en la financiación que sufraga los servicios públicos esenciales; no respeta la inversión legalmente obligada, firmada y comprometida; da la espalda al desempleo, y se desentiende de actuaciones obligadas para mantener la cohesión social. Y esto sucede mientras la Unión Europea nos reconoce un estatus especial aplicando actuaciones específicas que nos ayudan a salvar nuestras desventajas estructurales e impulsan la importancia geoestratégica del Archipiélago.

Hay dos principios constitucionales que el Estado está obligado a implementar en todas sus políticas hacia el Archipiélago: el reconocimiento del hecho insular y el también principio constitucional de la solidaridad interterritorial. Dos principios sin los cuales Canarias no puede alcanzar la convergencia con el resto de España y, por ende, el equilibrio económico y social.


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El Gobierno del Estado se ha empeñado en consolidar el desequilibrio entre los ciudadanos y entre los territorios y amplía, aún más, la brecha que los separa, y lo hace con una política presupuestaria que no contempla las necesidades de autonomías que, como la canaria, con mayor dureza ha afrontado la crisis. De la misma forma, se empeña en mantener y ampliar la enorme distancia entre lo que exige a las comunidades autónomas y lo que está dispuesto a exigirse a sí mismo con un claro desequilibrio a su favor.

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 pretende, en la senda de los anteriores para 2012 y 2013, garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas, restablecer la confianza en nuestra economía y confirmar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Aspectos estos decisivos para alcanzar los grandes objetivos: un crecimiento sostenible y la creación de empleo.

Sobre la corrección del déficit y la estabilidad presupuestaria conviene apuntar desde el comienzo el nítido cumplimiento del Gobierno de Canarias con ambos. De la lectura del proyecto, no obstante, surgen de inmediato datos importantes que sobrecargan injustificadamente a las Administraciones territoriales en el esfuerzo del ajuste general de nuestra economía:

a) La reducción drástica de las operaciones de capital -lo es ligeramente en las operaciones corrientes- afectando a las inversiones que realizan principalmente las Comunidades Autónomas.

b) Al igual que en los dos presupuestos anteriores para 2012 y 2013, el proyecto de 2014 distribuye asimétricamente las políticas de gasto e inversión entre las diferentes Comunidades y, lo que es peor, lo hace prescindiendo de observar las necesidades y circunstancias de las diferentes autonomías.

c) De igual asimetría resultan los esfuerzos requeridos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, junto a las entidades locales.

Por tanto, desde la constatación de que múltiples pueden ser los motivos que nos animan a enmendar este Proyecto de Presupuestos queremos sentar ya que nuestra enmienda se basa en la grave falta de cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial que mandata, también, nuestra Constitución.

A pesar de ser un grupo político territorial no queremos dejar de insistir en que la política general debe atender a todos los territorios por ello justificamos esta enmienda en dos ejes, primero, desde la visión de la Política General del Estado y en segundo lugar, como siempre, desde la defensa de los intereses de Canarias en el marco del interés general.

Política General del Estado

Son unos Presupuestos que no sólo no respetan los preceptos constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles sino que por tercer año consecutivo van directamente contra ellos. Solo este motivo justifica la solicitud de devolución al Gobierno ya que estos presupuestos consagran un modelo basado en la desigualdad, olvida la solidaridad entre españoles, mandato constitucional, y representan la continuidad de los graves desequilibrios interterritoriales que padecemos y, lo que es peor, su agravamiento.

Podemos reflejar así algunos de los aspectos generales de los desequilibrios a los que nos referimos.

En primer lugar, son unos Presupuestos que consagran y extrapolan a un futuro de más de 5 años la resolución de la "crisis de paro" que vive nuestro país, lo cual supone un grave atentado contra los españoles de todas las edades especialmente los jóvenes. El PP no sólo creó el modelo especulativo que nos condujo a la crisis de endeudamiento privado sino que renuncia a resolver el impacto que para varias generaciones de españoles ha supuesto la misma.

El Programa Nacional de Reformas (PNR) y el Cuadro Macroeconómico del propio Proyecto de Presupuestos lo ratifican. Tampoco puede ser de otra manera, el FMI en su último diagnóstico, establece que España tendrá en 2018 un 25% de tasa de paro y, además, poco sabemos sobre la fecha en la que habrá un punto de inflexión y la cifra de paro volverá a ser soportable.

En efecto, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 están elaborados claudicando en resolver dicha situación como resultado todo ello de la consagración a ultranza del cumplimiento con el compromiso europeo del déficit. Renuncia, por tanto, el Gobierno de España a la perentoria necesidad de defender a nuestro país de una política solidaria, en términos de lucha contra el paro, impuestas desde el norte de Europa, a cambio de un teórico rescate que, en definitiva, lo abonaremos los ciudadanos


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españoles, lo cual es una muestra más del desinterés del Gobierno por la lucha en defensa de los intereses generales.

La crisis de Alemania duró desde 1995 a 2005, se trasgredieron todos los criterios de las finanzas europeas y ellos sí obtuvieron nuestra solidaridad y comprensión y, dicho sea de paso, con problemas mucho menores de paro que los nuestros.

Ese será el estado real de la economía española, un estancamiento de la economía real, lo que se reconoce con claridad el cuadro macroeconómico del Gobierno, ya que es cierto que sin un verdadero plan de choque, y con la escala adecuada, no romperemos la inercia creada para generar crecimientos del PIB que produzcan una inversión de las tendencias apuntadas para la tasa de paro española.

Un cuadro macroeconómico como el elaborado nos pone en duda su rigor ya que problemas como el endeudamiento privado y el descenso del poder adquisitivo de las familias, sitúan toda responsabilidad de la recuperación en el Sector Exterior. Adicionalmente, es de dudosa credibilidad en cuanto a su previsión de incremento del consumo y de la demanda interna que, en nuestra opinión, es claramente incompatible con otra de las patas del propio cuadro: la tasa de paro prevista.

En segundo lugar, por cuarto año consecutivo se disminuye el caudal inversor del estado en la economía real, y desde 2011 se ha pasado de un total de 20.684 millones de euros a los 12.094 millones de euros ahora programados es decir, en solo tres años ha habido una reducción del 41,5%. Los deseables efectos multiplicadores, vía la generación de empleo, y su contribución a la formación bruta de capital seguirán ausente por tercer año consecutivo.

Adicionalmente el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ha pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los 432,4 millones de euros ahora programados, es decir, en solo tres años una reducción del 44,16% que es superior al porcentaje antes señalado.

La continuidad de la caída junto con su distribución por los territorios y el Impacto en el FIC expresan el carácter insolidario de este Proyecto de Presupuestos y le dan, además, una especial relevancia al suponer una renuncia directa a este recurso importante también para la ganancia en competitividad del país.

Tercero, el Proyecto de Ley de Presupuestos consagra un modelo de financiación autonómica que privilegia a unas comunidades frente a otras, las más ricas frente a las más pobres, y que incide por tanto en la desigualdad entre los españoles habida cuenta de la alta capacidad redistributiva de la renta que tienen las políticas sociales que ejecutan las instancias autonómicas, tales como la sanidad y la educación, por tanto desoyendo una vez más el mandato constitucional de solidaridad interterritorial. Se renuncia por el Gobierno a la protección de los intereses generales de los españoles ante un diagnóstico ampliamente reconocido sobre las injustas condiciones de financiación autonómica actuales.

Cuarto, en contra de las afirmaciones del Gobierno, el gasto social no es una prioridad de los Presupuestos 2014, su crecimiento es el resultado de un imperativo legal de la política social de nuestro país y, en todo caso, las reformas del PP se dirigen hacia una rebaja de dichos mandatos legales para suavizar su coste presupuestario, en lugar de incentivar decididamente una lucha real contra el paro, como método estructural para superar los problemas de financiación de dichas políticas sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 continúan profundizando en la reducción del gasto público dentro del contexto de consolidación fiscal; ahora bien, el ajuste de gasto que se propone sigue centrándose fundamentalmente en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas mediante la limitación, asimétrica con el Estado y entre ellas, de su objetivo de déficit y endeudamiento y la adopción de medidas encaminadas a reducir el gasto en educación y sanidad, entre otras; pero no en aquellas destinadas a la realización de las verdaderas reformas estructurales que se requieren en el ámbito de la Administración del Estado y que debieran incidir también en una reducción de su gasto estructural.

Un análisis del gasto de los últimos años de los presupuestos generales del Estado, pone de manifiesto que los ajustes de gastos se han practicado solo en las operaciones de capital, capítulos 6 y 7 del presupuesto, y en particular en los créditos regionalizados que han sufrido un descenso durante el periodo 2010-2014 de cerca de 15.500 millones de euros, el 60% de lo consignado en 2010. En cambio, los créditos de las operaciones corrientes, si no consideramos las variaciones de las partidas de pensiones, desempleo y gastos financieros, el ajuste realizado por el Estado desde 2011 no alcanza el 1,5%. Además, un análisis por políticas de gasto nos indica que se ha producido un aumento del gasto de los servicios de carácter general, una exigua disminución en la política de alta dirección y una importante disminución en las transferencias a otras Administraciones Públicas e Infraestructuras.


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Por otra parte, tampoco parece que los presupuestos de 2014 contemplen los ajustes derivados del proyecto de Reforma de las Administraciones Públicas puesto en marcha por el Gobierno. Este año plantea 217 medidas (139 afectan a las CCAA y a la Administración del Estado y 78 exclusivamente a la Administración del Estado) y que pretende en los cuatro años de gobierno, dejar de gastar 37.620 millones de euros y proporcionar un ahorro con respecto a 2011 de 17.534 millones de euros anuales en el momento que todas las medidas se hayan culminado. A pesar de que según el informe de ejecución presentado en septiembre de este año presenta 15 medidas finalizadas y 194 en proceso de ejecución, tenemos el presentimiento de que nuevamente serán las Comunidades Autónomas las que, en el ámbito de esta reforma, sufran aún más los ajustes que permitan la consolidación fiscal.

Desde la defensa de los intereses de Canarias

Canarias ha asumido y cumplido -y lo sigue haciendo- el objetivo de estabilidad y el rigor en el control del gasto público. Lo hace a costa de grandes sacrificios, de enormes esfuerzos, encaminados en la defensa de los servicios públicos esenciales. Por el contrario, el Gobierno del Estado continúa sin reducir su estructura, incrementando el gasto corriente a costa de disminuir la inversión pública y reducir las transferencias a las autonomías.

En consecuencia, obliga a una distribución asimétrica de los esfuerzos entre el Estado, por un lado, y las comunidades autónomas y los entes locales, por otro. Como también son asimétricas, al igual que en los dos años anteriores, las políticas de gasto en relación con las necesidades objetivas de los diferentes territorios. Una circunstancia que supone un grave atentado contra el principio de solidaridad que mandata la Constitución.

Estos nuevos presupuestos estatales también vulneran el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, instrumento bajo el amparo de la Unión Europea que reconoce nuestras singularidades y nuestra condición ultraperiférica. El REF no puede convertirse en papel mojado. Y eso es lo que ocurrirá si finalmente se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 que se ha presentado. Por tercer año consecutivo, las políticas aplicadas por el Gobierno de España constituyen un freno a nuestro desarrollo económico incumpliendo los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto de Autonomía y en ese régimen específico.

Las partidas globales que reciben las Islas se reducen en cerca de 500 millones de euros con respecto al presupuesto de 2011, es decir, una disminución del 42% al pasar de 1.190 millones a los 693 millones para el próximo ejercicio.

Continúa disminuyendo, un año más, la inversión por habitante que sigue manteniéndose por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas. Y todo ello, pese a que el REF dispone textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. Como es evidente, éste es un extremo que incumple claramente este proyecto de ley.

Así, mientras el Archipiélago recibirá 155 euros por habitante, el conjunto de las autonomías percibirá 215 euros, lo que supone que cada canario recibirá 60 euros menos. Si la comparación se realiza con aquellos territorios más beneficiados, las diferencias crecen hasta los 400 euros per cápita.

Reflejo de esta distribución arbitraria es también el siguiente escenario: Canarias, con una participación del 4% en el PIB español, un 4,5% de la población y un 33% de desempleo, recibe en estos presupuestos el 3,2% del total de las inversiones estatales. Por el contrario, otras comunidades con un PIB y población similar y con una tasa de paro inferior a la canaria en casi 10 puntos, perciben cerca del 14% de estas partidas.

El caso del convenio de carreteras es especialmente significativo y la confirmación de una clara intencionalidad política para bloquear el desarrollo de Canarias. Al igual que sucedió en 2013, el gobierno del PP solo destina 54 millones de los 225 comprometidos. Con ello, el recorte de los últimos tres años supera los 462 millones de euros.

En esa línea de recorte indiscriminado, se reducen las asignaciones destinadas a infraestructuras hidráulicas, desde los 36 millones de 2013 a los 21 millones para 2014. Además, persisten en la eliminación de convenios como el de infraestructuras turísticas por importe de 50 millones de euros, o el de infraestructuras educativas que ascendía a 40 millones.

Especialmente grave es la disminución de las partidas relacionadas con el empleo, con una rebaja del 20% con respecto a 2013, pasando de 86 millones de euros a 69 millones en 2014. Entre estas deducciones se encuentra la eliminación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) que llegó a estar


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dotado con 42 millones de euros y que ha sido un instrumento fundamental para la formación de los parados.

Y el Ministerio de Fomento, tras dos años cerrándonos las puertas, rescata las mismas bonificaciones a las tasas aeroportuarias -vía enmienda anunciada por la propia ministra- que nosotros logramos que se aplicasen en 2010 y 2011 y que, según el ministro de Industria eran "pan para hoy y hambre para mañana". Y ahora, forzados por la caída de Barajas, se apresuran a aplicar para atraer a cuatro millones más de pasajeros.

Barajas sumó 45 millones de pasajeros el pasado año y sigue siendo el aeropuerto con más viajeros del Estado, pero lo que el Gobierno ha evitado reconocer y apoyar con políticas especiales la red de aeropuertos de Canarias, que en 2012 registró un movimiento de 35 millones de pasajeros. Fomento apuesta por rescatar un aeropuerto, pero ha cerrado durante dos años esa misma posibilidad a toda una Comunidad Autónoma.

Canarias sigue estando a la misma distancia de la Península, a más de 1.000 kilómetros de Cádiz, pero las decisiones políticas nos sitúan cada vez más lejos de un territorio cada vez más inalcanzable para las empresas canarias, cada vez menos accesible para los propios canarios. No se trata de mendigar al Gobierno lo que no nos corresponde ni exigir más ayudas en una etapa de fuertes ajustes presupuestarios. Se trata de denunciar y exigir que cumplan su palabra y respeten nuestros derechos.

Otro elemento que acredita que este gobierno da la espalda a los canarios es la disminución practicada en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), siendo Canarias la autonomía que sufre un mayor descenso. Paradójicamente, el Fondo fue creado, precisamente, para corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades; pero en lugar de llevar a la práctica este principio el resultado final es separarnos aún más del resto.

No queda ahí el maltrato que para Canarias supone el proyecto de cuentas estatales. Lamentablemente, hay más datos que lo confirman:

- Desaparecen todas las partidas de los planes educativos de cooperación como los programas de refuerzo, comedores escolares, transportes o ayudas a los libros de texto.

- No se dotan las partidas concernientes a las estrategias contempladas en el Sistema Nacional de Salud como el Plan de salud buco-dental, los planes de calidad o el plan funcional sobre el sida, entre otras.

- No se incluyen las partidas de la ficha adicional del POSEI en apoyo a nuestras producciones locales.

- Se mantiene en 2014 la disminución que se impuso en 2013 a la subvención destinada a la desalinización del agua, que pasó de los 17 millones iniciales a los actuales 4 millones; un incumplimiento más de nuestro REF que establece en el artículo 11.2 una compensación "que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada".

En definitiva, estos presupuestos representan un fiel reflejo de la desatención sistemática que el Gobierno del Estado presta a Canarias con unos ajustes que castigan a las Islas de forma desproporcionada y discrecional.

Unos presupuestos que instamos a corregir porque profundizan en la brecha existente entre ciudadanos y dejan en desigualdad a las Islas, provocando con ello un Estado de dos velocidades y una Canarias cada vez más alejada de España.

En este tercer presupuesto de la mayoría absoluta del PP, utilizada ésta para imponer un modelo de país donde los desequilibrios sociales y territoriales se incrementan de forma muy grave y preocupante, pretendemos corregir la orientación social y territorial de este proyecto de Presupuestos, atendiendo a las siguientes prioridades generales como son,

- Redistribuir los recursos para la financiación autonómica de forma más equitativa.

- Aumentar los Fondos de Compensación Interterritorial para mejorar la corrección de los desequilibrios territoriales.

- Reorientar la política de apoyos a la economía real entre las que deben reconsiderarse las de Tasas Aéreas de nuestro país para incrementar la competitividad del Sector Turístico.

En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público productivo puede aumentar la capacidad de recuperación de nuestra economía e implementar un mayor grado de cohesión social y


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territorial, a la vez que coincidimos en objetivos como los planteados para lograr una economía más eficiente y competitiva.

Consolidar estas políticas, sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha de servir en medio de una crisis económica también para hacer frente al reparto injusto de esta sus perversos efectos sociales y territoriales. En consecuencia, consideramos que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2014, presentado por el Gobierno no aborda los problemas reales de los españoles, solo es coherente desde la perspectiva del cumplimiento de Objetivo de déficit, incrementa la atonía de la actividad económica, aumenta los desequilibrios interterritoriales y sobre todo, por tercer año consecutivo, condena a Canarias y a sus ciudadanos a un triste destino teñido de paro y pobreza, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a iniciativa de su portavoz, la Diputada doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.

Enmienda de totalidad de devolución

Los Presupuestos de 2014 son continuistas, la continuación de todos los anteriores del Gobierno del Partido Popular. Continuistas en la mala dirección. En ellos, se consolidan los brutales recortes en el gasto social y productivo de años anteriores. A ellos, se les añade este año (fundamentalmente) el perjuicio a dos grandes grupos sociales: los pensionistas y los empleados públicos.

A los 9 millones de pensionistas se les suben las pensiones un 0.25% frente a unas previsiones de inflación del 1.5%, lo que implica que perderán algo más de un punto de poder adquisitivo. A ello se añade una reforma de las pensiones con un facto de revalorización que hará que esto se repita, año tras año, en el futuro. Esto afecta a personas que han cotizado, que ya no tienen capacidad de reacción y que, en muchos casos, están colaborando al sustento de sus descendientes en paro (incumpliendo así otro punto clave del programa electoral del Partido Popular).

Otra decisión relevante de gasto consiste en congelar, un año más, el salario de los 3 millones de empleados públicos, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo. Su salario se redujo un 5% de media en 2010, para después congelarse tanto en 2011, como en 2012, 2013 y ahora de nuevo en 2014, además de perder la paga extra de Navidad en 2013. El efecto acumulado de estas y otras decisiones es una pérdida de poder adquisitivo del 30%, según el sindicato CSIF. La tasa de reposición vuelve a ser del 0% (con algunas excepciones, en que es del 10%) provocando un deterioro adicional en la calidad de servicios públicos esenciales.

No es verdad, por tanto, que estos Presupuestos no incorporen recortes, pues lo hacen como mínimo para los 12 millones de pensionistas y empleados públicos, más sus familias.

Tampoco es verdad, en el fondo, que estos Presupuestos no incorporen subidas de impuestos. Lo único que se ha hecho es anticipar esas subidas en normas anteriores, que se han venido promulgando desde el verano de 2013. En ellas, se han prorrogado todas las subidas anunciadas como temporales (recargo del IRPF, IBI, medidas en Sociedades...) y se han subido los impuestos al tabaco, a las bebidas


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alcohólicas, se ha creado un nuevo Impuesto medioambientar.. De forma que la mayoría de ciudadanos, que pagan sus impuestos y no los evaden ni eluden, sufren una carga fiscal sin precedentes en nuestra historia, de las más altas de la Unión Europea. Pagan unos impuestos con tipos nórdicos, pero sin los servicios sociales nórdicos.

No es cierto tampoco que estos sean los Presupuestos de la recuperación. Son los del estancamiento, como revelan las propias previsiones macroeconómicas que incorporan. De hecho, en ellos no hay medidas de estímulo y reactivación de la economía.

La ceremonia oficial de ocultación de la realidad se culmina con subidas cosméticas en 4 partidas, que no compensan ni de lejos los recortes que habían sufrido anteriormente.

No obstante, elevando la mirada por encima de estas triquiñuelas, es preciso analizar los problemas de fondo, estructurales, que ayudan a entender el verdadero significado de estos Presupuestos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 reflejan las consecuencias del rescate generalizado de las Cajas de Ahorro y las Comunidades Autónomas a costa de todos los ciudadanos. En ellos, se prevé que la deuda pública aumente hasta casi el 100% del PIB, el valor más alto desde hace un siglo.

Respecto al rescate generalizado de las cajas de ahorro, a los 40.000 millones de deuda pública generada por el rescate europeo, hay que sumar los Esquemas de Protección de Activos con que se están vendiendo las entidades nacionalizadas, el otorgamiento de avales a las emisiones de la SAREB y los apoyos públicos del pasado (FROB, Fondo de Adquisición de Activos Financieros o los avales del Estado a las emisiones de deuda bancaria). Básicamente, se ha transformado un problema de deuda privada entre las Cajas y las entidades internacionales que les habían prestado, en un problema de deuda pública entre el Estado y los socios europeos. Ese problema se generó por una gestión politizada, sin criterios profesionales, y por eso no ha afectado apenas a los bancos, sino a las Cajas que controláan las Comunidades Autónomas mediante representantes de los partidos políticos.

En cuanto, al rescate generalizado de las Comunidades Autónomas, los mecanismos "extraordinarios" de apoyo han proliferado hasta convertirse en lo ordinario. Lo que no deja de ser lógico, pues los problemas que se presentan como coyunturales y de liquidez son en realidad estructurales. Se deben a que, al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, se crearon unas estructuras públicas que no se han reducido apenas tras el estallido de ésta. Estructuras que, por otro lado, no es posible rediseñar sin reformar el modelo de Estado, incluyendo la Constitución. Sin embargo, se ha optado por tratar los síntomas (facturas impagadas, imposibilidad de emitir en los mercados) y apenas las causas. Con ese fin, se han dado anticipos de tesorería de los recursos del sistema de financiación, se creó una línea ICO-vencimientos, se ha ampliado el período de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, se ha creado el Fondo de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico. Todo ello sin la condicionalidad exigible.

No sólo el Estado ha rescatado con los recursos de todos los ciudadanos de manera generalizada a Cajas y Comunidades Autónomas. Además, asume una parte desproporcionada de los ajustes necesarios para hacer frente a la reducción del déficit y al pago de esa deuda. Ello pese a que carece de la magnitud necesaria para equilibrar en solitario el conjunto de las cuentas públicas. Por el contrario, ha quedado reducido a un carácter residual, que cada vez se acentúa más. La mayor parte de su gasto está previamente comprometido. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y sus destinatarios últimos (pensiones, prestaciones y subsidios de desempleo, transferencias a otras administraciones y pagos de intereses de la deuda pública). Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda a los ministerios para realizar sus políticas discrecionales equivale aproximadamente a tan sólo un 3% del PIB (una cantidad similar al presupuesto de la Generalitat de Cataluña).

Al centrar los recortes en ese gasto estatal, se afecta a partidas muy sensibles para el crecimiento económico y la cohesión social.

Las partidas de gasto más directamente relacionadas con el estímulo de la actividad productiva, la mejora de la competitividad y el cambio de modelo productivo se han reducido drásticamente en los sucesivos Presupuestos de este Gobierno del Partido Popular: la inversión en nuevas infraestructuras, el gasto en I+D, el gasto en educación...

Tampoco van a servir estos Presupuestos para paliar los efectos sociales de la crisis. El gasto en cohesión social también se ha reducido fuertemente, pese a las tensiones sociales existentes en nuestro país. De nuevo, los ejemplos son numerosos: la protección a los parados, las políticas activas de formación a los parados, las pensiones...


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Otra decisión relevante de gasto consiste en congelar, un año más, el salario de los empleados públicos, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo (como antes se explicó).

Lo peor es que estos sacrificios ni siquiera sirven para lograr el único fin que persiguen: cumplir el objetivo de déficit público para tranquilizar a nuestros acreedores internacionales, ni siquiera con la prórroga de dos años concedida por la Unión Europea. De hecho, condenan a la economía al estancamiento, lo que dificulta que hacer frente a la pavorosa deuda sea factible. Este es el panorama al que se enfrenta la economía española, según las previsiones del FMI.

La alternativa propuesta por UPyD vuelve a ser rechazada: un recorte selectivo, permanente, estructural, que respete el gasto productivo y social del Estado, lo que sólo será posible mediante una reforma profunda de las estructuras administrativas y los entes públicos que se generaron (sobre todo en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) al considerar permanentes los ingresos tributarios provocados por la burbuja inmobiliaria; una reforma fiscal en profundidad y la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal sin amnistías. Es imprescindible disponer de un modelo final de país que guíe las decisiones.

La filosofía presupuestaria conocida como "Presupuesto base cero" debería aplicarse en todos los niveles de la administración, pero especialmente en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En ella, no se dan por sentados como punto de partida los gastos del ejercicio anterior, sino que se parte de un gasto cero y cualquier adición debe de ser justificada por sus propios méritos.

En las secciones siguientes, se analizan más detalladamente las diferentes partidas presupuestarias desde la óptica arriba expuesta.

Los presupuestos reflejan el carácter cada vez más residual del Estado:

Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión, y por tanto una capacidad de actuación, enorme. En 2014, el gasto consolidado previsto es de 278.651 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte del PIB español. Esta primera impresión es totalmente engañosa, aunque a los partidos políticos que han permitido que se llegue a la situación actual no les interese deshacer la ilusión. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, que ha ido perdiendo la capacidad de articular políticas comunes.

Ha de tenerse en cuenta que la inmensa mayor parte de ese gasto está previamente comprometido, por lo que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, 127.484 millones se gastan en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 29.429 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo a los parados, 45.988 millones en transferencias a otras administraciones y 36.590 millones en los pagos de intereses de la deuda pública.

Cuando se hacen todos los ajustes, lo que les queda a los ministerios para realizar sus políticas equivale aproximadamente a poco más del 3% del PIB. Esta es la magnitud del "Estado residual", que ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones que han realizado durante décadas los grandes partidos a unas reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban para mantenerse en el poder.

Así, nos encontramos con partidas esenciales, como las de educación y sanidad, sobre las que se mantiene el ritual de analizar anualmente si suben o bajan, cuando su cuantía relativa es ridícula (para educación el 4.2%, para sanidad el 6.2%, de un gasto que controlan las Comunidades Autónomas en el porcentaje restante).

La distribución de competencias por niveles de gobierno siguiendo el principio de subsidiaridad no debe implicar en absoluto el desmantelamiento de la Administración Central, dejándola incapacitada para articular políticas comunes y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan.

Los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico que certifica el estancamiento económico.

El cuadro macroeconómico que sirve de base a los Presupuestos peca de un optimismo relativo, que se contrapone radicalmente con lo expuesto por los ministros de Economía y Hacienda en la revisión del cuadro económico efectuada en abril. Por desgracia, esto, se ha ido convirtiendo en una tradición presupuestaria española desde el inicio de la crisis. En estos presupuestos, el gobierno del Partido Popular, igual que ocurrió el año anterior, continúa con un fingido entusiasmo que no desmerece del de


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los anteriores gobiernos socialistas. Con ello, se logra cuadrar las cuentas sobre el papel, se cumple con el trámite presupuestario.

La credibilidad de las previsiones y medidas del Gobierno han quedado en entredicho tras el incumplimiento del compromiso de déficit de 2012, a pesar de la batería de medidas (antisociales en su mayoría) de recorte de gasto y subida de impuestos que se adoptaron. Esas dudas se extienden también al cumplimiento del objetivo de déficit en 2013. Ello pese a la prórroga de dos años concedida por la Unión Europea.

De hecho, la mayoría de los países que han aplicado recientemente estas políticas, han caído en un círculo vicioso de recesión, déficit público, recortes y más debilidad económica que ni siquiera les ha permitido cumplir los objetivos de déficit. Este es el panorama al que, para UPyD, se enfrenta también España como consecuencia de las medidas del gobierno.

De hecho, incluso las dudosas previsiones del Gobierno reflejan un sombrío panorama de estancamiento en 2014. Se anticipa en ellas un crecimiento algo mayor para 2014 del anunciado en abril, el pronóstico pasa del 0,5% al 0,7% para el crecimiento del PIB. Ambas cifras indican estancamiento, y el PIB no se puede medir con tanta precisión como para distinguir dos décimas, que caen dentro del margen de error estadístico.

En el nuevo pronóstico, la variación anual del empleo sigue reflejando una disminución (-0,2%, es decir, unos 30.000 empleos destruidos) para 2014, según los datos de la Contabilidad Nacional en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. La Encuesta de Población Activa arrojaría un mínimo avance anual del 0.1% porque no distingue entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo al calcular el número total de ocupados. Y lá precarización del empleo provocada por la reforma laboral ha hecho que los contratos a tiempo parcial ganen importancia.

Pese al sombrío panorama que muestra el cuadro, sigue habiendo importantes elementos que resultan cuestionables por su excesivo optimismo. Tienen que ver sobre todo con la formación bruta de capital, el consumo privado y el comportamiento del sector exterior.

Las previsiones de crecimiento del PIB de los organismos internacionales son peores. En concreto, la previsión de crecimiento del PIB que realiza el FMI en 2014 para nuestra economía es del 0.2%. Es decir, pronostica un estancamiento aún más claro que el previsto por el Gobierno. Para el FMI, España se enfrenta aún a todo un lustro de estancamiento, con una tasa de desempleo que seguirá rozando el 25% incluso en 2018.

La cuestión no es baladí, porque si el PIB fuese menor de lo esperado se verían afectadas partidas presupuestarias fundamentales. Implicaría menores ingresos tributarios, menores cotizaciones sociales y mayores gastos por desempleo. Esto dificultaría aún más el cumplimiento del objetivo de déficit público en un ejercicio en que es fundamental y ha sido el único argumento ofrecido como justificación de unos recortes antisociales, que además perjudican el crecimiento.

En cuanto al escenario macroeconómico descrito por el Gobierno, nos encontramos ante un entorno en el que el principal componente de nuestro PIB, la demanda interna, vuelve a ser un lastre para la recuperación (-0.4%). No podría ser de otra forma, en tanto en cuanto la renta disponible de las familias seguirá reduciéndose con motivo de las injustas políticas fiscales llevadas a cabo recientemente, las cuales descargan su presión sobre las clases medias, en lugar de corregir el desequilibrio fiscal vía reducción de gastos no productivos. Consideramos que esa previsión de caída del consumo interno podría quedarse corta, habida cuenta del nivel elevado de desempleo que seguiremos viendo a lo largo de 2014, el elevado nivel de endeudamiento de los hogares (aunque haya decrecido ligeramente) y la continuidad de su falta de acceso al crédito. Asimismo, el mayor número de desempleado que agotan su cobertura, las congelaciones salariales para los empleados públicos, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y las reducciones salariales en numerosas empresas del sector privado, supondrán otro freno al consumo.

En la misma línea que lo anterior, consideramos que el tan abultado superávit por cuenta corriente que pronostica el Gobierno no es realista. Aunque habrá superávit, éste vendrá motivado en buena medida por las moderadas importaciones, como consecuencia de la débil demanda interna.

El crecimiento del 5.5% que se prevé para las exportaciones de bienes y servicios no es alcanzable. Es poco probable que las exportaciones puedan seguir creciendo al ritmo de este año, ya que el acceso al crédito para las Pymes (principales componentes de nuestro tejido productivo) seguirá siendo bastante restringido, el crecimiento de nuestros socios comerciales europeos será bajo y las economías de los países emergentes continuarán ralentizándose.


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En cuanto a la formación bruta de capital, se pronostica un aumento del 0,2%, el cual resultará difícilmente alcanzable. Ya en los anteriores Presupuestos la previsión para el 2013 fue de una bajada del 2.1%, cuando en realidad va a ser del 6%. Ninguno de los tres componentes de la formación bruta de capital (inversión pública, inversión residencial e inversión privada en bienes de equipo) es probable que aumente. En cuanto a la inversión pública, la caída del gasto en infraestructuras se mantiene. En cuanto a la inversión residencial, ésta reflejará que la demanda de vivienda nueva sigue siendo muy baja y el stock de viviendas construidas sin vender sigue siendo alto; además, el acceso al crédito hipotecario es restrictivo y caro. En cuanto a la inversión privada en bienes de equipo, es difícil que aumente en términos netos, toda vez que el exceso de capacidad productiva sigue existiendo, la demanda interna es negativa, el endeudamiento empresarial sigue siendo alto y el acceso al crédito muy limitado. Por tanto, todo confluye para que el comportamiento de esta variable sea poco favorable.

Por otro lado, la inversión extranjera directa en España, a pesar de la devaluación interna que se ha producido, se verá poco favorecida por la inseguridad jurídica que los inversores foráneos perciben en nuestro país. Ésta ha aumentado considerablemente a lo largo de 2013, sobre todo a raíz de los continuos cambios regulatorios en sectores tan sensibles como el de las energías renovables y el eléctrico.

En cuanto al mínimo descenso de la tasa de desempleo que pronostica el Gobierno para 2014, ésta será solamente posible como consecuencia de una caída en la población activa, ya que seguiría sin crearse empleo neto. Aunque el Gobierno reconoce la disminución de la población activa, la atribuye a "factores demográficos", obviando los dramas del abandono de la búsqueda de empleo por desesperanza y la emigración juvenil a otros países. Se trata del éxodo de nuestra juventud mejor formada.

Resulta también llamativo que el Gobierno confíe en que uno de los principales tractores para la mejora de la competitividad de nuestra economía en 2014 sea la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Aunque creemos desde UPyD que es una Ley necesaria, en los equivocados términos en los que se ha elaborado su eficacia será limitada.

Se recortan gastos del estado esenciales para el crecimiento y la cohesión social.

Por el lado del gasto, estos Presupuestos van a agudizar la crisis y no proporcionan ningún estímulo para superarla. En ellos, las partidas de gasto más directamente relacionadas con el estímulo de la actividad productiva, la mejora de la competitividad y el cambio de modelo productivo se reducen, o se consolidan los fuertes recortes de Presupuestos anteriores. Los ejemplos de esta política contraproducente son múltiples.

La inversión en nuevas infraestructuras cae un 10%, lo que se añade al desplome del 36% en 2012 y a la reducción del 13.5% en 2013. Esta nueva reducción lleva la cifra total de 4.732 millones a los niveles nominales de hace 25 años. En 2008 la cifra era de 14.000 millones. Se trata de recortes no sostenibles que perjudican a la actividad económica y la competitividad.

En gasto en I+D, se busca por motivos propagandísticos aparentar una subida (de 71 millones, un 1.3%). Pero varias puntualizaciones resultan pertinentes. De los 5.633 millones presupuestados, 3.383 son préstamos que suelen quedarse en gran medida (la mitad) sin ejecutar y sólo 2.250 son subvenciones. La escasa subida sólo compensa una mínima parte de los 2.000 millones recortados en los Presupuestos de 2012 y 2013. La Carta por la Ciencia pide subidas de 636 millones durante 3 años para garantizar el sostenimiento de un sistema que, en junio de 2013, requirió un crédito extraordinario de 104 millones para evitar el colapso de instituciones como el CSIC.

Está claro que no es ésta una política prioritaria para el gobierno, pese a ser imprescindible para la mejora de la competitividad, el cambio de modelo productivo y el crecimiento a largo plazo. Con el agravante de que los equipos científicos son fáciles de desmantelar (con la salida al extranjero de personas muy cualificadas) y difíciles de recomponer.

El gasto en educación disminuye un 30% respecto a los Presupuestos de 2010, por mucho que intente disimularse con incrementos en partidas concretas (como becas generales), dejando de destacar las disminuciones en otras (como ayudas a libros de texto).

El gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo aumenta su presupuesto un 26.4%, debido al gasto inducido por las ruinosas reformas eléctricas.

El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio de modelo (hacia uno más innovador, con unos trabajadores más formados...) deja de financiarse.


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Tampoco van a servir estos Presupuestos para paliar los efectos sociales de la crisis a la que nos condenan. El gasto en cohesión social también se reduce o consolida los recortes previos, pese a las fuertes tensiones sociales que éstos ya han provocado. De nuevo, los ejemplos son numerosos.

Los presupuestos presentados recogen un crédito para la política de desempleo de 29.727,53 millones de euros. Esta cifra supone aparente ente un 10,1% adicional sobre los Presupuestos anteriores. Pero debe tenerse en cuenta que, mediante Real Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio, el gobierno tuvo que aprobar la ampliación de la dotación en 4.409,92 millones de euros para poder garantizar los pagos de esta partida de gasto. Y hubo que recurrir a un suplemento del crédito, a pesar de las medidas antisociales aprobadas a lo largo de 2013, que endurecían los requisitos y rebajaban las cuantías a percibir (recortes de las prestaciones a partir del séptimo mes, eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años y endurecimiento para el acceso al subsidio para los mayores de 55 años).

Si a la cifra presupuestada para prestaciones por desempleo de 2013 le añadimos el crédito suplementario aprobado a mitad de año, el importe total supera el presupuesto del año 2014 en algo más del 5%. Esto implica que, a pesar de que parece que la partida para las prestaciones por desempleo se ve incrementada en los presupuestos de 2014, la realidad es muy distinta.

Claro está que siempre será posible aprobar otro nuevo suplemento de crédito para el año 2014, pero ello no permite hacer unas correctas previsiones de gasto. Parece más prudente considerar que la partida de gasto prevista no podrá cumplirse, a pesar de que el Gobierno cuente con que los nuevos parados tendrán menos derechos acumulados que quienes van agotando la prestación, es decir, que cobrarán una cuantía inferior y por un tiempo más corto.

En cuanto al gasto en políticas activas de empleo, aunque este año hay un ligero aumento en la cuantía global, el incremento se centra en las bonificaciones en las cotizaciones a favor de empresas, recortando una vez más las actuaciones de formación e inserción laboral de los parados. Esta reducción se produce, precisamente, en unos años de cambio estructural en la economía española, con la caída del sector inmobiliario. Una política de empleo inteligente debería ayudar a los desempleados, muchos de ellos con formación escasa o inadecuada, a adaptar sus conocimientos a este cambio estructural, dirigiéndolos hacia nuevos sectores. Recuérdese que, entre los Presupuestos de 2012 y 2013, las políticas activas de empleo han sufrido un recorte de aproximadamente el 50% (más de 3.500 millones de euros).

Otra decisión relevante de gasto consiste en congelar un año más el salario de los empleados públicos, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo. Su salario se redujo un 5% de media en 2010, para después congelarse tanto en 2011, como en 2012 y 2013, además de perder la paga extra de Navidad en 2013. El efecto acumulado de estas y otras decisiones es una pérdida de poder adquisitivo del 30%, según el sindicato CSIF. La tasa de reposición vuelve a ser del 0% (con algunas excepciones en que es del 10%) provocando un deterioro adicional en la calidad de servicios públicos esenciales.

En realidad, el único sentido de los Presupuestos presentados es contentar a corto plazo a los organismos y acreedores internacionales, con los que estamos endeudados por el rescate universal de las Cajas de Ahorro y las Comunidades Autónomas a cuenta del contribuyente. Para ello, se procede a un recorte antisocial del gasto que tampoco facilitará la recuperación económica.

Como reflejo de ese endeudamiento público, el pago de intereses de la deuda supone 36.662 millones.

Por último, aunque se quiera aparentar que el presupuesto es austero mirando al gasto de los Ministerios, en realidad el gasto total aumenta un año más. El gasto total sube un 2.7% y el gasto corriente en bienes y servicios un 6%. Sin olvidar que buena parte de los recortes de gastos y subidas de ingresos no tienen carácter permanente, no son estructurales.

Las previsones de ingresos resultan demasiado optimistas y los impuestos son los más altos de nuestra historia

El rechazo de UPyD al proyecto de Presupuestos encuentra también motivos en el apartado de ingresos tributarios.

En primer lugar conviene aclarar que, en estos Presupuestos, se prorrogan las enormes subidas de impuestos de años anteriores. El Partido en el gobierno prometió durante la campaña electoral que bajaría los impuestos. Posteriormente, en 2012 y 2013, realizó fuertes subidas. La mayor parte de éstas se definieron como "temporales" y se dijo que terminarían en 2013. Pues bien, todas ellas se prorrogan en 2014. Eso sí, con la promesa de que algunas de ellas se revertirán unos meses antes de las próximas elecciones generales.


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Además, se han establecido recientemente nuevos impuestos, en la eufemísticamente denominada ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Ley en la que se suben impuestos, sustancialmente el de Sociedades, con medidas como no deducir pérdidas en el exterior o limitar la compensación de bases imponibles negativas, en determinados supuestos, en un 75%.

Por tanto, sólo resulta engañosamente cierto que no se suben los impuestos en los Presupuestos, pues la realidad es que tales subidas simplemente se han anticipado unas semanas mediante otros procedimientos legislativos. Un uso del "marketing" político, por otro lado, inútil. Los ciudadanos saben perfectamente el dinero que sale de sus bolsillos y sus dificultades para llegar a fin de mes.

En 2012 se incumplió el objetivo de déficit y es casi seguro que en 2013 volverá a suceder lo mismo. Este cumplimiento se fió a algunos recortes de gasto, pero sobre todo a la subida indiscriminada de impuestos. Sin embargo, está claro que tal estrategia no ha funcionado; y no sólo porque no se hayan cumplido los objetivos, sino porque se han ido subiendo impuestos improvisada y caóticamente, sin que nunca hayan alcanzado los objetivos recaudatorios previstos.

En el cuadro de previsiones que acompaña a estos Presupuestos, se ha reconocido, por primera vez, que la recaudación prevista en 2013 no se va alcanzar. Según este cuadro, disminuirá la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales en 4.400 millones de euros en 2013. Hay que recordar que estos tres impuestos tienen los niveles más elevados de su historia en España. Además, el IRPF en España es uno de los más elevados del mundo, y el IVA ha experimentado también, gracias al actual Gobierno, la mayor subida de su historia.

La estrategia no ha funcionado, ni siquiera a efectos puramente recaudatorios. No lo ha hecho porque se han derrumbado las bases imponibles. En parte, por la caída de la demanda interna, en parte por el innegable incremento del fraude. Por ejemplo, en el primer semestre la caída de las bases sobre las que se paga el IVA fue del 9,2%. El consumo privado caía un 2% y el total un 3,2%. Muy probablemente, la diferencia sea fraude, lo que indica el fracaso del Gobierno en este campo. La mejor receta parece que no es realizar recortes en la lucha contra el fraude, ni la amnistía fiscal.

La previsión de los analistas es que ni siquiera se alcance la recaudación prevista por el Gobierno: el "estrechamiento" de bases está siendo muy superior, incluso, a las enormes subidas de tipos. Un caso especial es el del Impuesto de Sociedades. Nos encontramos aquí con un tributo que lleva recaudado un 21,5% menos, según los últimos datos disponibles. Además, hay por lo menos 2.796 millones de euros más que el año pasado pendientes de devolver, también según los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Pues bien, el Gobierno cree que el impuesto acabará recaudando 2.300 millones de euros mates. Es aún más que las anteriores, una previsión, aunque sea a pocos meses vista, absolutamente increíble.

El Gobierno ha señalado reiteradamente que estos Presupuestos, a diferencia de los anteriores están basados en el consenso de los analistas, y por eso son creíbles. En realidad, la previsión de ingresos no es realista.

Esta previsión no es realista, en primer lugar, porque se basa en unas estimaciones de ingresos de 2013 que no se van a cumplir, como se ha indicado anteriormente. En segundo lugar, sobre unas previsiones infladas, se ha procedido a incrementarlas. Suponiendo que se cumplan, la demanda interna caerá a un ritmo del 0,4%. La recaudación de los impuestos está ligada a la demanda interna, no a la externa. Por ejemplo, las exportaciones no pagan IVA y las ventas internas de las empresas sí; también el beneficio exterior de las empresas está exento del impuesto de sociedades, a diferencia de los beneficios obtenidos en España. Además, los salarios (que suponen más del 85% de la recaudación del IRPF) no se van a incrementar. En estas condiciones, prever una subida de la recaudación fiscal de un 2,4% llevará a volver a equivocarse. Ello hace además probable que, como en años anteriores, se proceda a nuevas subidas de impuestos en 2014, además de las ya aprobadas.

Por si todo lo anterior no bastase, sistemáticamente las bases imponibles se están comportando peor que sus referentes: el gasto sujeto a IVA cae más que el consumo, la base imponible del IRPF cae más que los salarios... Si no se toman medidas contra la lacra del fraude fiscal, esto continuará ocurriendo. El Gobierno ha anunciado que se mantendrá el presupuesto de la Agencia Tributaria en términos nominales. Sin embargo, se seguirán reemplazando sólo una de cada diez bajas de funcionarios. No habrá, por tanto, más medios de control, sino menos. Además, no hay previstas ningún tipo de medidas para aumentar la conciencia fiscal de los españoles. Nada hace suponer, en consecuencia, que se vayan a incrementar las bases imponibles. Por lo tanto, los esperados incrementos de la recaudación sólo pueden provenir de


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eventuales nuevas subidas de impuestos, que, repetimos, ya son los más elevados de la Historia de España (para quienes los pagan, evidentemente).

De nuevo, como en el lado del gasto, las subidas de impuestos que se proponen lo que harán es dificultar a corto plazo la recuperación económica, al disminuir la renta disponible de los agentes privados y, en consecuencia, la demanda.

El supuesto cumplimiento del objetivo de déficit que ofrecen estos presupuestos es una pura apariencia, basada en unas estimaciones de ingresos sin sustento en la realidad. En los anteriores debates de Presupuestos, tanto de 2012 como de 2013, UPyD ya advirtió de que las previsiones no se cumplirían, como terminó sucediendo, pese a los desmentidos del Gobierno. Ahora, el Gobierno vuelve a presentar unas previsiones de ingresos irrealizables, que además ocultan medidas tributarias futuras. Las malas prácticas presupuestarias se van convirtiendo en una tradición.

Esta sobrevaloración de los ingresos como forma artificial de cuadrar las cuentas tendrá efectos perniciosos sobre el comportamiento de las Comunidades Autónomas. Éstas reciben entregas a cuenta en función de los ingresos estimados. Si éstos se sobrevaloran, se desincentiva el recorte del gasto autonómico. Cuando tengan que devolver los ingresos recibidos en exceso, dentro de dos años, puede haber problemas adicionales. Esto ya ocurrió en el pasado.

Aún más grave es que, después de dos años, el gobierno carezca de una estrategia fiscal coherente. Sus medidas de incremento de la recaudación fiscal se han basado en el sencillo expediente de incrementar los tipos impositivos de las dos figuras con más potencia recaudatoria del sistema, IVA e IRPF, para hacer pagar aún más a los buenos pagadores, con el complemento de medidas de choque en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades para anticipar en el tiempo la recaudación. Entre tanto, de la anunciada (de nuevo obligados por Europa) reforma fiscal integral nada se sabe, salvo que se pretende aliviar levemente las cargas fiscales de los españoles justo unos meses antes de ir a las urnas.

Este camino, recorrido a golpes un tanto improvisados en medio de confusión y desmentidos, no tiene más margen. Las subidas fiscales no recaudan lo esperado, como ha tenido que reconocer el propio Gobierno, modificando el cuadro de recaudación de los Presupuestos. Sin embargo, se ha optado por volver a prever crecimientos de la recaudación fiscal que no son coherentes ni con las proyecciones macroeconómicas aprobadas ni con la experiencia acumulada. Esto es la antesala de nuevos incumplimientos del déficit, y también de nuevas subidas fiscales, cada vez menos recaudatorias y mucho más negativas para la actividad económica. Además, las prórrogas, en algunos casos (como en el Impuesto de Sociedades) de varios años en las medidas temporales contribuyen al desánimo de todos los agentes económicos, que ven que no se soluciona el déficit estructural y que están permanentemente soportando una carga que lastra todo tipo de actividad.

El gobierno debería acometer de una vez la tarea de realizar una profunda reforma fiscal, que elimine las inequidades del sistema actual y proporcione un aumento de recaudación a cargo de quienes hoy pagan menos de lo que debieran. Por ejemplo, reformando la tributación del capital (incluyendo los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones, hoy muy desiguales según la Comunidad Autónoma del contribuyente, algo que contradice nuestro apoyo como país a la armonización fiscal europea).

En definitiva, este presupuesto de ingresos, después de dos años de continuas subidas "temporales" de impuestos "prorrogadas", pone de manifiesto la falta de convicción para acometer una reforma fiscal que permita generar sobre bases equitativas y sostenibles un volumen de recursos similar (difícilmente igual) al que se obtenía gracias a la burbuja inmobiliaria. Se trata de una cuestión trascendental, porque la incapacidad para ofrecer una política fiscal coherente a largo plazo dificulta enormemente la recuperación de la actividad económica de familias y empresas.

Tanto los giros no explicados en la política tributaria como la forma de ejecutarlos, improvisada y llena de rectificaciones, generan incertidumbre, desconfianza, incluso inseguridad jurídica, justo lo contrario de lo que necesita la economía española. El temor a futuras subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de la deuda pública acumulada, genera incertidumbres adicionales.

Parte de la desconfianza proviene del hecho de que el partido gobernante ganó las elecciones prometiendo bajar los impuestos. El incumplimiento del programa electoral ha sido continuo.

No puede dejarse al margen del análisis del lado de los ingresos presupuestarios la amnistía fiscal, aunque haya tenido lugar en 2012. A los ciudadanos cumplidores se les exigen tipos marginales nórdicos, superiores al 50%, en el IRPF, mientras que a los defraudadores se les ha pedido un tipo efectivo del 3% libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo. Las amnistías fiscales violentan principios éticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria y no tienen unos efectos


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recaudatorios netos claros. La recaudación el año pasado fue de menos de la mitad de lo previsto, no llegó a 1.200 millones, pero sus pésimos y demoledores efectos en la conciencia fiscal de los españoles los seguimos pagando ahora y los seguiremos pagando en 2014.

La lucha decidida contra el fraude fiscal no cesa de anunciarse, pero está en abierta contradicción con la congelación de los recursos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en términos nominales (reducción en términos reales), y con el mantenimiento de una tasa de reposición que no permitirá cubrir el 90% de las bajas de personal.

Teniendo en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25% del PIB español, esto constituye un claro error. Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. Por otro lado, ¿cómo exigir más a los que ya cumplen sin intentar que los que evaden asuman su parte de la carga?

En Seguridad Social se hibernan las pensiones

Los Presupuestos de 2014 contemplan una subida de sólo el 0,25% en las pensiones del sistema contributivo, causando una pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas que se viene a sumar a la ya sufrida en ejercicios anteriores. Con esta medida, se inicia una senda de no actualización de las pensiones para los próximos ejercicios, con el objetivo real de recortar el gasto de las mismas. Así, se abandonan a su suerte a 9 millones de pensionistas, que ya han cotizado, sin capacidad de reacción y que en muchos casos sustentan a familiares. Es decir, que sucederá con la promesa electoral de mantener el poder adquisitivo de las pensiones lo mismo que con tantas otras.

Las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social son otros componentes de los Presupuestos que no parecen ajustarse a la realidad. Estamos nuevamente ante estimaciones ciertamente optimistas.

Con el fin de atender las pensiones contributivas, se destinan 112.103 millones de euros. En este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y una revalorización de únicamente el 0,25 por ciento. Sin embargo, con mucha probabilidad ese cálculo se quedará corto, ya que las cuentas públicas para 2013 estimaban una factura en pensiones de 106.350 millones. Como ya señalamos en los pasados Presupuestos, las previsiones de gastos de la Seguridad Social eran, y vuelven a ser, erróneas. El gasto de 2012 superó con mucho lo presupuestado, y se calculó un incremento que está siendo superado por la realidad en al menos 0,7 décimas (del 4,2% al 4,9%). Todo esto hace prever que la factura final en pensiones en 2013 se acerque más a los 108.500 millones de euros que a los presupuestados, lo que vuelve a alejar los Presupuestos de la realidad desde el punto de partida. Dando por bueno el incremento del 5,4% en pensiones contributivas que el Gobierno ha calculado para 2014, el desfase a finales del próximo año entre lo presupuestado por el Gobierno (112.102,6 millones) y la realidad podría irse hasta casi los 2.500 millones.

Las cotizaciones sociales, que representan la mayor parte de la financiación de la Seguridad Social, suponen algo más del 78% de los recursos que entran al sistema (102.839,9 millones). Esto implica un 2,86% menos que en el Presupuesto anterior y, además, un porcentaje inferior al de ejercicios anteriores (en los que llegó a financiar el 90%). Es más, podemos afirmar que peca de optimista por la estimación de una evolución positiva tanto del salario medio como del empleo. Así, no se tiene en cuenta que la causa principal del déficit con el que se cerrará el ejercicio 2013 para la Seguridad Social no es tanto la disminución del empleo, como la reducción de las bases de cotización de los trabajadores ocupados por el descenso salarial sufrido durante este ejercicio.

En cuanto a las medidas adicionales que la Seguridad Social pretende poner en marcha para incrementar los ingresos del Sistema, como los avances en la lucha contra el fraude, o el incremento del 5% de las bases máximas de cotización y del 2% de las bases mínimas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, entre otras, resultan claramente insuficientes, sobre todo si consideramos que el despegue del mercado laboral no será ni tan inmediato ni tan profundo como se necesitaría. Además, el incremento del 5% de las bases máximas de cotización viene a confirmar que el sistema cada vez tiene un carácter más asistencial y menos contributivo.

El Gobierno prevé que la Seguridad Social incurra durante 2014 en un déficit del 1,1% del PIB, según lo fijado en los Presupuestos, que probablemente se quedará corto con respecto a la realidad por lo arriba expuesto. Para solucionarlo, el año que viene el Gobierno sacará del Fondo de Reserva otros 12.000 millones, lo que supone financiar el 10% del gasto en pensiones contributivas, a los que probablemente habrá que añadir aquellos que la realidad de la ejecución presupuestaria dicte.

Por otro lado, ha de señalarse que estos Presupuestos esencialmente consolidan los recortes anteriores en la atención a la dependencia.


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Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales reciben enormes recursos sin reducir gastos improductivos.

Uno de los rasgos más llamativos (y significativos) de estos Presupuestos es que, en un contexto de fuertes recortes en los gastos esenciales de un Estado que se ha visto obligado a pedir un rescate a la Unión Europea, se opte por el continuismo en los recursos puestos a disposición de las Administraciones Territoriales. Las transferencias a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas ascienden en conjunto a 37.244. El descenso (del 8.2%) es únicamente reflejo de la caída en la recaudación y la inversión estatales. Los tributos cedidos recaudados por el Estado (IRPF, IVA e IIEE) suponen 71.197 millones de euros y el total de entregas a cuenta 80.533.

Junto a esto, ha de tenerse en cuenta la variedad y magnitud de mecanismos de apoyo extraordinarios que el Estado ha proporcionado a las Administraciones Territoriales, pese a sus propios apuros: anticipos de los recursos del sistema de financiación, línea ICO, ampliación del período de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, creación del Fondo de pago a proveedores (hasta 35.000 millones) y del Fondo de Liquidez Autonómico (dotado con 18.000 millones). Todo ello sin el control ni la condicionalidad suficientes, y sin que ninguna Comunidad haya llegado a ser intervenida.

En 2014 hay una nueva dotación de 5.900 millones destinada al Fondo para la financiación del pago a proveedores (que ha facilitado hasta el momento 18.643 millones a las CC.AA. y 9.802 millones a las EELL en 2012 y 2013) y de 23.000 para el Fondo de Liquidez Autonómica (que facilitó 16.600 millones en 2012, estando previstos 23.000 millones en 2013).

Por otro lado, una vez más, el optimismo injustificado en los ingresos del Estado se traduce en unas mayores entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, lo que posteriormente puede generar elevadas liquidaciones negativas para éstas, como ya ocurrió en 2008 y 2009 (con los problemas de devolución subsiguientes).

El Estado, sujeto a traumáticos recortes, encuentra sin embargo recursos adicionales para las Comunidades Autónomas. Esto lo hace sin que ellas apenas hayan ajustado sus presupuestos en las partidas superfluas, ni reducido entes, ni duplicidades.

Hay otra decisión presupuestaria relevante en el ámbito territorial que resulta criticable. El Fondo de Compensación Interterritorial es un importante instrumento de equidad, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos Presupuestos se opta por reducirlo de nuevo, dejándolo en la cifra a todas luces insuficiente de 432 millones de euros (con un recorte del 24%, que se añade al 14.9% de 2013 y al 37.5% de 2012). Este importante mecanismo constitucional de reequilibrio queda así vaciado de contenido.

Por último, es importante señalar que el oscurantismo sobre los regímenes forales también se refleja en los PGE, ya que las cuantías indicadas para el cupo y la aportación sufren en ocasiones variaciones importantes (en este caso, el cupo) que no son explicadas. En el caso del País Vasco, se produce un incremento del cupo a pagar por esta Comunidad, que pasa de 920 millones en 2013 a 1.527 millones. No se ofrece explicación alguna por este aumento, que agranda el oscurantismo que rodea a su cálculo. Eso sí, incluso después de este aumento, el cupo sigue proporcionando una enorme sobrefinanciación y constituyendo un privilegio difícilmente justificable. Respecto a Navarra, la aportación pasa de 551 millones a 569 millones. Por supuesto, no se facilita más información al respecto.

La deuda y el déficit tienen problemas de sostenibilidad.

En cuanto a la evolución de la deuda pública, se encontraba en el 68% del PIB cuando el PP llegó al gobierno y los Presupuestos prevén que termine 2014 cerca del 100% del PIB (es decir, unos 300.000 millones de euros de aumento). Esta cifra de deuda es la mayor desde hace un siglo. No hay una variable que refleje mejor el descontrol de las cuentas públicas.

Este enorme incremento se ha debido en buena parte a dos causas interrelacionadas con raíces institucionales: el rescate generalizado de las Cajas de Ahorro y de las Comunidades Autónomas.

Respecto al rescate generalizado de las Cajas de Ahorro, se ha tratado de ayudas públicas a las entidades financieras que lo más probable es que se pierdan. Básicamente, se ha transformado un problema de deuda entre las Cajas y las entidades internacionales que les habían prestado, en un problema de deuda pública entre el Estado y los socios europeos. Ese problema se generó por una


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gestión politizada, sin criterios profesionales, y por eso no ha afectado apenas a los bancos, sino a las Cajas que controlaban las Comunidades Autónomas mediante representantes de los partidos políticos.

En cuanto al rescate generalizado de las Comunidades Autónomas, los mecanismos "extraordinarios" de apoyo han proliferado hasta convertirse en lo ordinario. Lo que no deja de ser lógico, pues los problemas que se presentan como coyunturales y de liquidez son en realidad estructurales. Se deben a que, al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, se crearon unas estructuras públicas que no se han reducido apenas tras el estallido de ésta. Estructuras que, por otro lado, no es posible rediseñar sin reformar el modelo de Estado, incluyendo la Constitución. Sin embargo, se ha optado por tratar los síntomas (facturas impagadas, imposibilidad de emitir en los mercados) y no las causas. Todo ello sin el control ni la condicionalidad exigibles, y sin que ninguna comunidad haya llegado a ser iri, enida. De ahí que se debiliten aún más los incentivos a reducir el gasto autonómico, pues en último término la restricción presupuestaria se puede mover a costa del Estado, y éste se compromete a no dejar caer a nadie. Eso por no hablar de la falta de lealtad institucional, que lleva a algunas Comunidades a amenazar incluso con la secesión, a la vez que exigen cambios de las reglas del juego a su favor en forma de Pacto Fiscal.

La carga de intereses que esto supone implica ya un gasto de 36.662 millones de euros. Esto implica que las cuentas públicas españolas quedarán lastradas durante años. En estas condiciones tendrán que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico. Añádase que el nivel de deuda pública supera claramente el 60% que se establece como referencia en la Unión Europea, nivel al que resultará muy complicado volver si a todo lo anterior se suman unas perspectivas de crecimiento poco halagüeñas.

La reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas se ve dificultada por la existencia de un componente estructural en el déficit público, ligado al mal diseño del Estado autonómico, que debería ser corregido ante la imposibilidad de recuperar los niveles de ingresos de la burbuja inmobiliaria.

Una institución tan prestigiosa como el FMI acaba de publicar sus previsiones sobre la senda de consolidación fiscal española. Ante el horizonte de estancamiento al que parece enfrentarse la economía española, las perspectivas son poco halagüeñas. Para 2015, el FMI espera un déficit del 5% (cuando el objetivo es el 4.2%); en 2016, cuando debería llegarse al 2.8%, lo sitúa en el 4%. Además, no espera que España tenga superávit primario hasta 2017. En cuanto a las previsiones de deuda pública, según el FMI crecerá sin cesar en términos del PIB hasta 2017, en que alcanzará el 105.5%.

Por todas las razones expuestas, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), mediante esta enmienda a la totalidad rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y pide su devolución al Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 18 de octubre de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda de totalidad de devolución

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados no son los que necesita el país para salir de la crisis económica.


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Tras dos años del Gobierno del Partido Popular el escenario económico, social y político en España es muy preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema y la devaluación salarial de la clase media que contienen estos Presupuestos.

Los resultados de la política económica aplicada hasta el momento han sido evidentes: una tasa de paro que resulta intolerable, sobre todo entre los jóvenes y los parados de larga duración, recortes inútiles e injustos del gasto en educación, I+D+i, sanidad y dependencia, que no han conseguido controlar el déficit del Estado ni la deuda pública, así como la creciente desigualdad y persistencia de un endeudamiento estructural que encarece la financiación del sector privado. De este modo, la gran mayoría de los ciudadanos están sufriendo una pérdida de bienestar social y material que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por los partidos conservadores europeos.

España, entre otros países, se ha beneficiado de un tímido cambio en la senda de consolidación fiscal que se ha suavizado por parte de las instituciones europeas, reconociendo que el objetivo no era tanto la cifra de déficit público, sino la continuidad del esfuerzo estructural para reducir el desequilibrio en las cuentas públicas. Este cambio en la intensidad de la reducción del déficit que veníamos pidiendo con insistencia los socialistas europeos, junto con el dinamismo de las exportaciones y la reducción de las tensiones financieras, van a favorecer la estabilización de la economía española. Sin embrago, como reconoce el propio escenario macroeconómico presentado por el Gobierno, el crecimiento económico va a ser insuficiente y se va a seguir destruyendo empleo neto durante el próximo año. La exigua reducción de la tasa de paro en 2014, que quedará en todo caso muy por encima de la que se encontró el Gobierno en 2011 (21,6%), se debe fundamentalmente a la caída de la población activa, que se ha reducido en el último año en casi 350 mil personas. Va a continuar la debilidad de la demanda interna que se refleja en la contribución negativa al crecimiento y, especialmente, el consumo y la inversión privada apenas avanzan debido a los ajustes que está adoptando el Gobierno.

La estrategia de salida de la crisis adoptada por el Gobierno se ve reflejada en las grandes orientaciones de política económica de los Presupuestos para 2014, que consiste en continuar recortando los pilares del Estado de bienestar y continuar ajustando los salarios de los trabajadores aumentando el poder de decisión de los empresarios, lo que resulta totalmente insostenible, pudiendo generarse a medio plazo graves conflictos sociales.

De ninguna manera pueden calificarse estos Presupuestos como los "de la recuperación económica", como pretende sostener el Gobierno, porque siguen teniendo un marcado carácter restrictivo. Los seis millones de parados van a constatar cómo se seguirá destruyéndose empleo neto el próximo año y se dedicará menos dinero a prestaciones por desempleo. Los nueve millones de pensionistas y los 2,8 millones de empleados públicos van perder poder adquisitivo. Muchos estudiantes se van a quedar sin beca por los cambios introducidos en los nuevos criterios de acceso y los enfermos crónicos graves van a tener que afrontar un nuevo copago hospitalario del 10% de su tratamiento.

Por tanto, el Gobierno está fuera de la realidad que viven millones de ciudadanos españoles en el día a día que están haciendo auténticos milagros para llegar a fin de mes. En este sentido, el Informe del Consejo de Europa sobre el Estado de los Derechos Humanos en España, publicado el pasado 9 de octubre, alerta de que los recortes efectuados en los presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un preocupante incremento de la pobreza de las familias, existiendo el riesgo de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social.

Y todo ello, mientras el Gobierno del Partido Popular lleva a España al mayor endeudamiento público de toda su historia democrática, superando el billón de euros. La propia Comisión Europea ha dicho que, en 2015, la deuda pública superará el 100% del PIB. Además, las ayudas a las entidades financieras, que han provocado en parte este aumento de la deuda pública, no han servido para la reactivación del crédito a las familias y empresas.

En relación con el cuadro macroeconómico en el que se van a desarrollar los presupuestos, las recientes proyecciones del FMI, sin perjuicio de las divergencias en las previsiones de crecimiento, aseguran que durante 2014 se seguirá destruyendo empleo (más de 120.000), con la tasa de paro más alta de la UE (casi el 27%, por encima de la tasa de paro de Grecia), ocupando la economía española el próximo año el puesto 182, de un total de 188 países, con peor evolución del PIB. Por ello, creemos que existe un evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que erosionaría aún más la credibilidad del principal instrumento de la política económica del Gobierno.

En el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2014 son, de nuevo, poco consistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un contexto


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de muy débil crecimiento. Siguen sin acometerse reformas en profundidad de las principales figuras tributarias, y una lucha decidida contra el fraude, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que evite los recortes en políticas sociales, es decir, que paguen quienes no lo hacen y quienes contribuyen por debajo de sus posibilidades. Mientras tanto, se extiende a 2014, y quien sabe si a 2015 también, la aplicación del gravamen complementario del IRPF lo que, junto a la subida generalizada del IVA, hace que sean las clases medias y bajas las que soporten la mayor parte del incremento del esfuerzo fiscal.

En el capitulo de gastos, el pago de los intereses de la deuda sigue siendo la mayor partida de gasto no financiero (36.600 millones de euros), representando más que todo el gasto de personal al servicio del Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión pública, que se sitúa en niveles de finales de los años 80, y la financiación de los servicios públicos esenciales.

Las inversiones reales de los Departamentos Ministeriales en los Presupuestos se reduce de nuevo un 16,6% con respecto a 2013. Ello demuestra, una vez más, que la anunciada reducción del 4,7% del gasto disponible para los Ministerios no supone una austeridad en el funcionamiento de la Administración General, sino que refleja el brutal recorte a que se ve sometida la inversión pública, lo que tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Los recortes de los presupuestos del Gobierno del Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas activas de empleo en porcentaje del PIB, acumulando una reducción del 44,8% con respecto de los Presupuestos de 2011 (-3.280 millones de euros). En inversión en I+D+i, se ha producido un drenaje de recursos de 1.943 millones de euros desde 2011, por lo que el exiguo incremento de 70,7 millones de euros que experimenta el Presupuesto para 2014 no puede hacer variar la realidad de que la mejora de la productividad de la economía española, variable clave para la sostenibilidad a medio y largo plazo, no es una prioridad para este Gobierno.

En relación con la política educativa, el conjunto de los tres presupuestos del Gobierno del Partido Popular habrán reducido las partidas de gasto en 700 millones de euros anuales, lo que es una expresión inequívoca, junto con la Ley Wert y los cambios introducidos para acceder a una beca, del proyecto educativo de la derecha para este país, que no es otro que dinamitar el principio de igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública. Es necesario recordar que con los gobiernos socialistas nos equiparamos al resto de los países de la Unión Europea al acercarse el gasto dedicado a educación al 5% del PIB, mientras que el Gobierno del PP ha comprometido una reducción de la inversión en educación de hasta el 3,9% del PIB.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la situación sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa crisis, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. En la presentación de los Presupuestos para 2014, el peso del gasto social se cifra en el 52,6% del gasto total, lo que supone una caída de 4,4 puntos porcentuales respecto de 2011.

En definitiva, el Gobierno sigue recortando, o no dotando suficientemente, en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el futuro y salgamos con un modelo más sólido: en educación, en I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en infraestructuras.

Por si todo lo anterior fuera poco, la actualización del Plan de Presupuestario de las Administraciones Públicas que el Gobierno ha remitido a Bruselas prevé, sin aportar el detalle de las medidas a adoptar, un ajuste adicional durante 2014 y 2015 de 8.600 millones de euros para las Comunidades Autónomas, y de 8.800 millones de euros para las Entidades Locales. Tal previsión va a provocar un indudable deterioro en la prestación de servicios públicos esenciales (educación, sanidad, servicios sociales...), confirmando que el modelo de salida de la crisis del PP se basa sólo en empleos precarios, bajos salarios y sistemático desmantelamiento del Estado del Bienestar, lo que tendrá un impacto muy negativo en las condiciones de vida de millones de españoles..

En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para luchar contra el desempleo, que es el principal problema de los españoles, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos, pueden carecer de la necesaria credibilidad en momentos cruciales para España, continúan profundizando en el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la precariedad en el empleo y no contienen ninguna medida eficaz para combatir la crisis económica en la que continua inmerso nuestro país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, solicitando su devolución al Gobierno.


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ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Teresa Jordà i Roura

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura de Esquerra Republicana-Catalunya-SI (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de Devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Milkel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda de totalidad de devolución

Exposición de motivos

Los Presupuestos Generales del Estado consolidan los recortes sociales que, por extensión, son recortes en los derechos de la ciudadanía. Asimismo, no solo mantienen, sino que aumentan, el espolio fiscal a los Països Catalans.

A pesar de la manipuladora propaganda política que afirma que la economía va por el camino de la recuperación, la realidad es que la deuda española llegará al 100% de su PIB situándose por encima del billón de euros, con un paro cercano al 30% y viéndose obligada a extraer recursos del Fondo de reserva de pensiones de la Seguridad Social -otra vez- para quitarle más de 6.000 millones para asumir gastos superfluos o innecesarios como el exagerado gasto militar español.

Sin embargo, y pese a los recortes sociales directos del Gobierno español, se sigue exprimiendo a los Països Catalans obligando a sus gobiernos a realizar mayores recortes sobre su población. El Gobierno español recortará las inversiones en Catalunya más de un 25%, en el País Valencià más de un 8% y en las Illes Balears casi un 6%. A ello hemos de sumar los recortes por la falta de inversión en la infraestructura básica para estar a la altura en términos de productividad y competitividad. En este sentido, es especialmente relevante que los Presupuestos siguen sin contemplar como una clara prioridad el Corredor Mediterráneo, afectando al potencial económico del conjunto de los Països Catalans.

No sólo se consolida, sino que se agudiza una tendencia que ha provocado un recorte de las inversiones en los Països Catalans: de unos 3.700 Millones de euros en Catalunya, 1.650 en el País Valenciá y de 280 en las Illes Balears. Por supuesto no se contemplan los pagos pendientes por los incumplimientos de la disposición adicional tercera de I'Estatut o la compensación por el impuesto a la banca.

Asimismo, hay que señalar que la fuerza centrífuga que se aplica en los recortes (el Fondo de Compensación Interterritorial se recorta un 13% y los Sistemas de Financiación de los Entes Territoriales un 10'5%, por poner sólo dos ejemplos), está inversamente relacionada con la fuerza centrípeta que se aplica en el aumento de los ingresos. De esta manera, es el Estado quien se apropia con el aumento del IVA recaudado. Teniendo en cuenta que el 23% de los 8.500 Millones adicionales ingresados por el aumento del IVA se han recaudado en Catalunya, sólo con que Catalunya se quedara la mitad de los 2.000 Millones que le corresponde, recuperaríamos la situación que teníamos en 2012, revertiendo los recortes adicionales a que han obligado la asfixia financiera a las autonomías y especialmente a las que padecemos un descarado espolio fiscal. He aquí los argumentos que exhibe el Gobierno español sobre el trato presupuestario a Catalunya y que la población deberá tener en cuenta para decidir el voto en la consulta sobre el futuro de nuestro país.


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Paralelamente a este recorte de inversión territorial que supone un recorte social en tanto que un 75% del presupuesto de las Comunidades Autónomas se destina a servicios sociales, se siguen produciendo importantes recortes en partidas sociales. Especialmente escandaloso es el recorte de más de un 35%, es decir de más de una tercera parte, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, siendo este recorte de más de un 36% en los servicios sociales en particular. A pesar de las explicaciones financieras del Gobierno, no se puede justificar de ninguna manera un recorte de estas dimensiones cuando se están cerrando servicios y hospitales por todos sitios y el derecho a la dependencia ha dejado de ser un derecho (el presupuesto de dependencia, ya recortado anteriormente, se recorta en la mitad, cuando debería ser del doble para hacerse efectivo el derecho). Asimismo, y con los índices de paro que tenemos, se han recortado 150 millones las partidas para las Comunidades Autónomas para fomento de la inserción y la estabilidad laboral.

También es particularmente escandaloso el recorte en Sanidad cuando se están aumentando los presupuestos del Ministerio de Industria, para pagar unos vergonzosos e ilegítimos sobrecostes -y deuda- eléctricos, y del Ministerio de Defensa, que no sólo es absolutamente exagerado sino que es deficitario y generador de 30.000 millones de deuda (eso según una cifra oficial que irá en crecimiento). Además, el de Defensa es el único que ha seguido creciendo en los años de crisis, pese a que de manera encubierta mediante el incremento a lo largo del año a costa de deuda pública. En este sentido, hay que señalar que el presupuesto de Defensa se han incrementado en unos 1.500 millones, un 24%, respecto a lo aprobado por el propio Parlamento.

Finalmente, y como dato anecdótico dentro de las partidas superfluas o no urgentes o imprescindibles que se incrementan, debemos citar el aumento de 6 millones de euros en las partidas para las Federaciones Deportivas Españolas o el aumento de un 27% del presupuesto del Instituto Cervantes (entre otros gastos, se incluye el incremento de 80.000 euros generado al incluir como Alto Cargo al Secretario General del Instituto). Eso sí, paralelamente, se rebaja en 68.000 euros la ya escasa partida para el Institut d'Estudis Catalans.

Por todo ello, se presenta la siguiente Enmienda de Devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Enmienda de totalidad de devolución

Errado escenario macroeconómico, fracaso en la lucha contra el desempleo y mayor desigualdad

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más elevado de lo esperado por el propio Gobierno.

La caída de la demanda interna explica gran parte de los errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna


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del 2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Indicador;Previsión Gobierno;Dato final

Producto Interior Bruto;-0,5%;-1,5%

Demanda interna;-2,9%;-4,1%

Consumo privado;-1,4% ;-3,1%

Consumo público;-8,2%;-3,7%

Inversión;-2,1%;-7,5%

Exportaciones;+6,0%;+4,1%

Importaciones;-1,5%;-4,0%

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva, que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más perversa de los efectos producidos en la economía. Esto es algo que el propio Fondo Monetario Internacional, en un estudio titulado "Expansionary Austerity: New International Evidence" supo ver también. Según esta visión, puesta además de relieve por la realidad económica, las medidas de consolidación fiscal sólo consiguen ahogar aún más la economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el 59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el 43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la economía española. Según la encuesta "Access to finance" del Banco Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos fenómenos.


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La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez, justificaría la necesidad de nuestras alternativas.

Unos presupuestos injustos fiscalmente

La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo, es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89% de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades. Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997 a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del 17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía, sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo, como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores.

Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros anuales. Aunque estos presupuestos incrementan la


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partida de la Agencia Tributaria hasta los 949,2 millones de euros, cabe recordar que veníamos de un recorte del 7,7% en el anterior ejercicio y que la tasa de reposición del personal de la agencia sigue estando en un miserable 10%, dando cuenta de que no hay voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.

En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25%, y visto ya cuáles son los tipos efectivos, el objetivo es corregir esta injusta situación. Para lo cual proponemos que se eleve hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar otros 20.000 millones de euros.

Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores a los 12.000 millones de euros.

Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la recaudación del tributo.

También proponemos incorporar la fiscalidad ambiental como un mecanismo fundamental para el cambio de modelo productivo y como instrumento redistributivo en la sociedad. Introducir el criterio de quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema tributario pero también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.

En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.

Unos presupuestos antisociales que consolidan el Estado del malestar

El Gobierno aprueba junto con estos presupuestos un ataque en toda regla a la capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las cantidades que van a percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este hecho se suma al incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por el anterior ejecutivo, y que provocará un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

La pretendida revalorización de las pensiones al menos un 0,25% anual no es en realidad tal cosa. Con índices de precios que se sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, lo que estamos realmente es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no sólo a tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias dependen de las pensiones para sobrevivir, sino también efectos económicos de extraordinaria importancia. El consumo se va a resentir cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es mucho mayor que en las rentas más altas. Así, un empobrecimiento de las clases trabajadoras llevará inevitablemente a un menor consumo y, por ende, un empeoramiento de la demanda interna y del crecimiento económico. Todo lo cual debilitará aún más las posibilidades de crear empleo y de salir de la crisis.

No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones el Gobierno no sólo provoca un empobrecimiento mayor de las personas jubiladas sino que también está creando incentivos para la suscripción de planes de pensiones privados. Estos planes de pensiones privados son meros productos financieros y asimismo son instrumentos insolidarios que ponen en riesgo los propios ahorros de los pensionistas, aunque en todo caso son un negocio muy lucrativo de las entidades financieras.

Las personas desempleadas, criminalizadas por parte del Gobierno con insidias sobre el fraude en las prestaciones por desempleo, no corren mejor suerte. En 2014 el Servicio de Empleo Público Estatal dispondrá de menos recursos para las políticas activas de empleo y protección a los desempleados, ya


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que verá sus recursos disminuidos en un 6,1% en comparación con la liquidación prevista para 2013. Con un 21% menos de recursos en términos reales que en 2011 se pretende atender a un 22% de personas desempleadas más en 2014.

Por otro lado, en un país como España que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resulta insignificante los 799 millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Más aún cuando el problema no es de falta de viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas.

El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura de la SAREB para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, mientras que ha dinamitado iniciativas democráticas por parte de determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, que trataban de evitar los desahucios como medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que interpuso el Gobierno respecto al plan antidesahucios de Andalucía fue una victoria de la troika y las entidades financieras y una severa derrota de los ciudadanos y, concretamente, de los sectores más afectados por la crisis económica.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial de estos presupuestos. Además, con un fuerte impacto de género, al no prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que ningún miembro del hogar recibe ingreso.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia y mercados. Una muestra de ello son los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que han sufrido recortes en los últimos años entre el 12 y el 20% y continúan a la baja. Los recortes, repagos y privatizaciones son particularmente injustos con los más débiles: menores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o afectados por enfermedades raras.

En paralelo, se refuerza la mano derecha del Estado, el código penal y la represión de la contestación social, al tiempo que continúa en declive la tutela judicial efectiva, la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y la justicia gratuita. En definitiva, se refuerza la justicia como poder del Estado ligado al Gobierno mientras se debilita como servicio público sufriendo nuevos recortes, en particular en materia de personal y de la modernización necesaria para su funcionamiento.

La contrarreforma en materia de educación, para impulsar la competitividad al servicio de los mercados según se afirma en las memorias presupuestarias, se acompaña en estos presupuestos con la consolidación de los recortes. En 2014 nos encontraremos un 30,5% por debajo del nivel de gasto de 2010 en educación.

Las becas y ayudas aumentan sus créditos para 2014 pero la nueva fórmula, que introduce no sólo la renta sino también el rendimiento, supondrá una reducción de lo que perciben los universitarios y los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En todo caso, aparecen nuevos recortes en distintos programas disminuyendo los créditos para educación infantil, mejora de la difusión de la formación profesional, educación compensatoria, mejora de la calidad educativa, formación del profesorado o para movilidad de estudiantes.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

De cara a la solidaridad con el exterior, la Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0,17% de la Renta Nacional Bruta, lo que significa 234 millones menos que en 2013 y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE e incumpliendo los compromisos internacionales.

Unos presupuestos para socializar las deudas


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La actual crisis económica no es una crisis de deuda pública sino de deuda privada. Ningún organismo internacional supo verlo en su momento y ninguno está actuando actualmente para resolverlo con la velocidad que corresponde. Más bien estamos asistiendo a una transferencia de deudas desde el sector privado hacia el sector público, el cual está absorbiendo asimismo los riesgos derivados.

Los presentes presupuestos predicen un incremento de la deuda pública hasta los 826.500 millones de euros, lo que viene a significar un 99,8% sobre el PIB. Cabe recordar que en 2007 la deuda publica era del 36,3% sobre el PIB, y que sólo empezó a crecer como consecuencia de la crisis y de la aplicación de los programas de rescate bancario y de las medidas anticíclicas.

Según datos del FMI, desde 2009 se han inyectado directamente en el sistema financiero un total de 63.000 millones de euros. Una parte importante de esas cantidades provino del fondo de rescate bancario firmado entre el Gobierno español y la troika. Al margen de esa cantidad, y de forma complementaria, están el resto de ayudas directas e indirectas a la banca.

No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya dejó entrever que al menos 30.000 millones de ayudas a fondo perdido no serán recuperadas por los contribuyentes.

Desde el comienzo de las medidas de consolidación fiscal los mercados financieros se han ido calmando y la prima de riesgo ha disminuido. En el marco de ese contexto el Gobierno ha calculado que en 2014 se pagarán un total de 36.590 millones de euros en concepto de intereses de la deuda pública, un 5,12% menos que en el anterior ejercicio.

Aunque tales hipótesis son muy frágiles, a tenor de cómo se están sentando las bases de la siguiente crisis, 36.590 millones de euros es una cantidad imposible de atender sin provocar una merma brutal en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Y, desgraciadamente, así está siendo. Los cambios institucionales llevados a cabo por los Gobiernos de PP y PSOE, especialmente la reforma de la constitución en 2011, han llevado a la creación de una palanca financiera para el desmantelamiento de los servicios públicos.

Además, el perverso e inmoral triángulo financiero creado por las instituciones de la actual Unión Europea, y que permite una transferencia legal de dinero desde lo público a lo privado por medio de la deuda, sigue abierto. Así, las entidades financieras tienen barra libre para endeudarse con el Banco Central Europeo a tipos de interés muy reducidos, mientras que utilizan ese dinero para prestar a las administraciones públicas, a través de diversos programas -como el plan de proveedores- o directamente por medio del mercado de deuda pública, y lograr de ese modo ingentes beneficios a costa del contribuyente. Sin que, por supuesto, se haya logrado reconectar al sistema financiero con su función de prestamista a la economía real.

De hecho, la reestructuración del sistema financiero, que continúa en estos presupuestos, está lejos de ser exitosa. Al menos de acuerdo a los propósitos oficiales de volver a abrir el grifo del crédito. Todavía el 21% de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas y medianas señalan que el principal problema que enfrentan es el acceso al crédito. Siendo verdad que esos datos eran ligeramente superiores hace tres años, lo cierto es que manifiestan lo lejos que queda la consecución del objetivo de volver a canalizar el crédito.

En todo caso, el Banco Central Europeo, así como el resto de bancos centrales de occidente -muy particularmente la Reserva Federal y el Banco de Japón-, está manteniendo una política monetaria expansiva verdaderamente ineficaz. El dinero no llega a la economía real sino que se mantiene en la esfera financiera, hinchando una nueva burbuja de activos financieros que tarde o temprano terminará estallando como hiciera en su momento la burbuja inmobiliaria. La razón por la que no son medidas válidas es que estamos ante un momento económico llamado "trampa de la liquidez" que refleja que sin incentivos para la inversión -y con la debilidad tan acusada de la demanda interna, y con sus expectativas también a la baja- incluso con un sistema financiero sano no habría motivos para endeudarse.

Pero además el Gobierno sigue ignorando un problema fundamental, y que de hecho está en el origen de la presente crisis, que es el endeudamiento privado. El endeudamiento de los hogares españoles está en torno al 130% de su ingreso bruto disponible, con lo cual todos los esfuerzos de los hogares están destinados a reducir esa exposición tan bestial. La política de estos presupuestos, de empobrecimiento de las rentas más bajas, sólo empeora el problema al aumentar la dificultad para devolver las deudas. Los impagos y los intentos por reestructurar las deudas de los hogares están y estarán a la orden del día. De ahí que sea necesario poner en marcha programas públicos de reestructuración de la deuda privada, como se ha hecho en otros tiempos históricos.


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Unos presupuestos inútiles para el cambio de modelo productivo

La dotación para inversión real directa en los presupuestos consolidados para 2014 disminuye el 9,8% y, en particular, la política de infraestructuras lo hace un 17,1%. Aun considerando la inversión que realiza el sector público empresarial, lo cierto es que el esfuerzo inversor público es insuficiente para una economía en recesión y con una tasa de desempleo tan escandalosa como la nuestra.

Pero más allá del efecto multiplicador de la inversión, su composición es igual de importante y en estos presupuestos la apuesta sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de cercanías y de media distancia. Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.

Además, el desmantelamiento de las empresas públicas del transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad. El transporte y las infraestructuras deben ser un servicio público de gestión directa que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.

En materia de investigación estos presupuestos confirman la profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100 millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no por la vía de la degradación de los salarios.

Desde el punto de vista energético, en un contexto de continúo encarecimiento de los costes de la energía, el Gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este sector estratégico para la economía.

La partida para desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los presupuestos de 2011 y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153 millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico, este programa representa el 0,2% del total de industria y energía. En línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético,


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conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

En materia de medio ambiente, la reducción en las partidas del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales evidenciando que los presupuestos no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.

Esta cuestión adquiere gravedad en programas como el de ordenación territorial de los recursos hídricos en el que desciende un 81% la dotación a las sociedades de aguas, o el de actuaciones en la costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los tres casos se trata de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del 75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo desde que existe el programa, obviando los riesgos que está corriendo este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación, biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y decadente.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Unos presupuestos recentralizadores

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad.

El Gobierno pretende que sean las entidades territoriales las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5% educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0% respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

Otro elemento que caracteriza a estos presupuestos es la falta de lealtad institucional.

Son unos presupuestos que no cumplen con Catalunya e incumplen un año más la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya que fija el porcentaje de inversiones que se deben destinar en proporción a la participación en el producto interior bruto. No sólo no prevén compensar la deuda pendiente con la Generalitat sino que si en el año 2012 ya no se cumplía con el porcentaje de inversiones que marca la ley, este año se reduce un 25,5% más. Algo inasumible para la población que acumula un déficit de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento que limita la movilidad, el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

Tampoco se atiende la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón que, para las inversiones en infraestructuras, prevé que se ponderará con carácter prioritario la superficie del territorio (un 9,45%, en el caso aragonés). Además, después de cinco años de recortes, las inversiones del Estado en Aragón han vuelto a caer, esta vez un 5,4%, lo que supone desde que empezó la crisis un recorte acumulado de las inversiones en los últimos seis años de más de un 70%, con las graves consecuencias que supone para un territorio aún desvertebrado y con profundos desequilibrios.

Asimismo, y por tercer año consecutivo, se incumple la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía al destinarse menos recursos de lo que corresponde a Andalucía de la inversión estatal regionalizada atendiendo a su peso poblacional, el 17,9%, en el total nacional. Este nuevo incumplimiento significa que en el conjunto de los tres presupuestos elaborados por este gobierno del Partido Popular, el déficit de inversiones acumulado en Andalucía asciende a 743 millones de euros.


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Unos presupuestos al servicio de intereses particulares

Los presentes presupuestos no se han redactado en los despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y, de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos institucionales -la troika-. El volumen de ayudas a la banca, la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno y de las actuales sociedades europeas.

La reforma constitucional de 2011, por parte de PP y PSOE; la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera; y la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son pasos todos ellos a favor de la creación de una camisa de fuerza claramente injusta e inapropiada para el momento histórico. Y se suman al Tratado de Maastricht, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto Fiscal, entre otros, que han consolidado una forma ideológica de concebir la economía que es, en última instancia, responsable de nuestra dramática situación.

En definitiva, estos presupuestos no solo sientan las bases de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.

Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda de totalidad de devolución

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 no es el adecuado desde la perspectiva de impulsar el crecimiento, la competitividad y la salida de la crisis, no lo es en lo que atañe a promover la creación de empleo en una economía cuya tasa de paro supera el 26% y tampoco es el adecuado desde la perspectiva territorial catalana, son presupuestos que castigan Catalunya.

Se trata de un Proyecto de Ley de presupuestos de continuidad respecto a los aprobados para 2012 y 2013. Por la vía de los ingresos, el Gobierno prorroga para 2014 los importantes incrementos de la presión fiscal efectuados en 2012 y en 2013, lo cual poco puede contribuir a estimular el crecimiento. Por la vía del gasto y de la fijación de objetivos de déficit, de nuevo para 2014 la administración central vuelve a centrifugar déficit y tensiones presupuestarias hacia las Administraciones territoriales, tensiones que nada tienen que ver con las que se aplica a su propio presupuesto.

El Proyecto de Ley no contiene estímulos a la recuperación, al crecimiento o a la mejora de la competitividad. Tampoco incorpora estímulos a la creación de empleo, con estos presupuestos la demanda


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interna y el consumo seguirán reduciéndose, con el negativo impacto que ello comporta sobre el bienestar de la población. Los principales ajustes en el gasto se centran de nuevo en las políticas de mayor incidencia social: dependencia, servicios sociales, sanidad, educación o del gasto destinado a la administración de justicia cuyo presupuesto también se reduce.

No contienen prioridades definidas de inversión que maximicen su eficiencia en términos de coste/beneficio, con carácter previo a su realización. En definitiva, no son unos presupuestos orientados a propiciar la salida de la crisis ni el inicio de la recuperación del empleo.

Desde la perspectiva territorial son unos presupuestos que castigan Catalunya, si el conjunto de la inversión del Estado desciende un 8%, la que está territorializada en Catalunya desciende un 25%; sólo un 9,6% de la inversión territorializada del Estado va destinada a Catalunya, la mitad del porcentaje que representa la economía catalán en el conjunto del PIB del Estado y menos de la mitad de lo que suponen las exportaciones catalanas en el conjunto de la exportación del Estado. Demasiados proyectos de inversión en curso y muy relevantes para Catalunya aparecen con dotación cero o con dotaciones ridículas.

Falta inversión, faltan transferencias y falta más lealtad del Estado con las Administraciones Territoriales catalanas, en particular con la Generalitat, con el fin de que estas puedan seguir siendo motores y catalizadores de la actividad económica catalana y que puedan ejercer plenamente sus responsabilidad de garantes de una parte muy relevante del estado del bienestar.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, solicitando su devolución al Gobierno.

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