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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 19/02/2014
cve: DSCD-10-PL-178
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 178
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 166
celebrada el miércoles,
19 de febrero de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. (Número de expediente 172/000198) ... (Página26)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad. (Número de expediente 172/000197) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad. (Número de expediente 172/000199) ... (Página37)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. (Número de expediente 173/000132) ... (Página45)

- Del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB. (Número de expediente 173/000133) ... (Página56)


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- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas. (Número de expediente 173/000134) ... (Página62)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página6)

Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Propondrá el Gobierno la creación de una comisión parlamentaria para investigar las causas que han provocado la intervención de entidades financieras? (Número de expediente 180/000828) ... (Página6)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, en sustitución de don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas de la reforma fiscal que plantea el Gobierno y que sean destinadas a beneficiar las clases medias serán aplicables en esta legislatura? (Número de expediente 180/000830) ... (Página7)

Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera que el anteproyecto que ha elaborado su Gobierno para modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo respeta la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad? (Número de expediente 180/000832) ... (Página8)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Está dispuesto el Gobierno a facilitar que a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha se le pueda aplicar la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre el recurso previo de inconstitucionalidad? (Número de expediente 180/000833) ... (Página10)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Le queda al Gobierno, en el ámbito de la Administración de Justicia, algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos? (Número de expediente 180/000835) ... (Página11)


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De la diputada doña Magdalena Valerio Cordero, en sustitución de doña María del Carmen Silva Rego, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué balance hace el Gobierno de su política de lucha contra la corrupción al cumplirse cinco años del descubrimiento de la trama Gürtel? (Número de expediente 180/000836) ... (Página13)

Del diputado don Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Piensa el ministro de Justicia cumplir también su programa electoral en materia de lucha contra la corrupción? (Número de expediente 180/000837) ... (Página14)

Del diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Defensa: ¿Con qué objetivo se ha reunido el Jemad español con el General marroquí Hosni Benslimane imputado por genocidio por la Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000831) ... (Página16)

Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cómo va a defender el ministro de Agricultura a los regantes afectados por los nuevos precios de la electricidad? (Número de expediente 180/000840) ... (Página17)

Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo valora la política de su ministerio en I+D en las universidades de Andalucía? (Número de expediente 180/000841) ... (Página19)

Del diputado don Rafael Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Ha evaluado el Gobierno el costo económico y de bloqueo de los tribunales de Justicia que ocasiona la desaforada actividad recurrente del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca? (Número de expediente 180/000827) ... (Página20)

De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Va a rectificar el Gobierno la subida del IVA cultural? (Número de expediente 180/000834) ... (Página21)

De la diputada doña María Paloma Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿En qué situación se encuentra la construcción del dique flotante en los astilleros de la ría de Ferrol? (Número de expediente 180/000838) ... (Página23)


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Del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué garantías ofrece el nuevo sistema de fijación de los precios de la electricidad para los consumidores? (Número de expediente 180/000839) ... (Página24)

Interpelaciones urgentes ... (Página26)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona ... (Página26)

Formula la interpelación urgente el señor Macias i Arau.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Replica el señor Macias i Arau y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad ... (Página31)

Formula la interpelación urgente la señora Pérez Fernández.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Replica la señora Pérez Fernández y duplica el señor el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad ... (Página37)

Formula la interpelación urgente la señora Rodríguez-Piñero Fernández.

En nombre del Gobierno contesta señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica la señora Rodríguez-Piñero Fernández y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos ... (Página45)

Defiende la moción el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trevín Lombán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Escobar Las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Sixto Iglesias. Al mismo tiempo solicita la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que le es concedida.

Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB ... (Página56)

Defiende la moción el señor Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Abad Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Gómez Sánchez.

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas ... (Página62)

Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.

Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PROPONDRÁ EL GOBIERNO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA PARA INVESTIGAR LAS CAUSAS QUE HAN PROVOCADO LA INTERVENCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS? (Número de expediente 180/000828).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta el diputado don Cayo Lara, del Grupo de La Izquierda Plural.

El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.

¿Va a proponer el Gobierno la creación de una comisión parlamentaria para investigar las causas que han provocado la intervención de las entidades financieras?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Lara.

Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que una parte muy importante de nuestro sistema financiero estaba en situación de práctica quiebra. Podíamos hacer dos cosas, dejarlo quebrar y proceder a la liquidación de esas entidades -lo que sucedió en algún país, aunque en la inmensa minoría-, lo que hubiera supuesto que los ahorradores perdieran todos sus ahorros o parte -los que tienen planes de pensiones, los que tienen fondos de inversión, los que tienen depósitos- y se perdieran muchos puestos de trabajo de personas que trabajaban allí. Esta era la primera opción. La segunda opción era la que decidimos llevar a cabo, que fue rescatar las entidades que estaban mal, nacionalizarlas en algunos casos, darles tiempo a que se recuperasen sin afectar, por tanto, a los ahorradores y depositantes y manteniendo una parte importante de los puestos de trabajo.

Esto fue lo que hicimos, era lo más razonable, incluso pedimos un crédito a la Unión Europea con diez años de carencia y al 0,5 % de interés. Esto lo hicieron la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, es verdad que en los años 2008 y 2009. En este momento podemos decir que hemos preservado los ahorros de los españoles y muchos puestos de trabajo. Esta labor de reestructuración del sistema financiero ha sido ingente y creo que pronto podremos empezar a recuperar el crédito. Por tanto, lo peor en este asunto ha sido superado tras las decisiones adoptadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor LARA MOYA: No ha contestado usted a la pregunta, señor presidente. Le estamos pidiendo una comisión de investigación sobre el mayor saqueo a las cajas de ahorro que se ha producido en la etapa democrática; un saqueo de más de 61.000 millones de euros que han realizado unos cuantos y que estamos pagando toda la ciudadanía. La gravedad de este expolio a las cajas, que además ha permitido transferir a la banca el 50 % del ahorro de este país, exige una investigación profunda de este Parlamento, porque no es suficiente que la fiscalía haya iniciado algún proceso, no es suficiente la investigación anunciada por el FROB. El pueblo tiene derecho a saber quiénes se han llevado el dinero, con nombres y apellidos; quiénes lo concedieron y por qué; cuál es el grado de responsabilidad de los miembros de los consejos de administración, de todos, incluido alguno de nuestra organización. El pueblo tiene derecho a saber quiénes y por qué permitieron operaciones temerarias de otorgamiento de créditos, cuál es el grado de complicidad entre empresarios, directivos y ejecutivos que aprobaron las operaciones. Queremos que se investigue todo, porque no es posible que este inmenso expolio se haya producido sin un alto grado de corrupción; incluso hay que investigar la adjudicación a Goldman por un euro de la reprivatización de Bankia que acaba de hacer su Gobierno. El pueblo tiene derecho a conocer toda la verdad, porque estamos pagando el expolio con impuestos, con recortes en sanidad, en educación y en servicios públicos, con rebajas salariales, con recortes de pensiones, con muchas restricciones y mucho sufrimiento para muchos ciudadanos y ciudadanas. Tiene que investigarse, porque de nada sirve la cacareada Ley de


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Transparencia si se ocultan las causas y a los responsables de este atraco a la ciudadanía. Se tienen que asumir responsabilidades políticas y penales y recuperar todo lo expoliado, o al menos lo que sea posible. Señor Rajoy, impulse usted la Comisión de investigación porque, si se niega hoy, se convierte usted en un encubridor político de la mayor estafa de la democracia. (Varias señoras y señores diputados: ¡Hala!-Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Lara, uno de los problemas más importantes que tuvo que afrontar este Gobierno fue el de la situación en la que se encontraba nuestro sistema financiero, y sabe usted que sin sistema financiero no hay economía que funcione, ni la española ni ninguna otra en el mundo. Yo a estas alturas puedo decirle que el Gobierno se ha ocupado de lo que tenía que ocuparse. Primero, de garantizar los depósitos, los fondos de inversión, los planes de pensiones de todos los ahorradores españoles, y eso, por fortuna, se ha conseguido, cosa que no ha ocurrido en otros países muy próximos al nuestro. En segundo lugar, tengo que decir que hemos procedido ya a la reestructuración de nuestro sistema financiero, hemos salido del programa de la Unión Europea con el apoyo y el beneplácito del Eurogrupo y de todos nuestros socios de la Unión. Por último, quiero decirle que el fiscal ha actuado, que los tribunales de Justicia están conociendo de los casos por los cuales usted se ha interesado, que hay ya muchos sumarios abiertos en tribunales españoles y son constantes las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Por tanto, en España las instituciones funcionan, los tribunales funcionan. Dejémosles que hagan su labor y que el Gobierno y el Parlamento se ocupen de la suya.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE LA REFORMA FISCAL QUE PLANTEA EL GOBIERNO Y QUE SEAN DESTINADAS A BENEFICIAR LAS CLASES MEDIAS SERÁN APLICABLES EN ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/000830).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, no sé si es consciente de que es usted el presidente del Gobierno español de nuestra joven democracia que más impuestos ha subido a las familias, a los autónomos, a los ciudadanos, a las clases medias en general, a pesar de que usted prometió bajarlos en su reciente campaña electoral. Usted, a día de hoy, señor presidente, ocupa el lugar de campeón en el ranquin de los presidentes que han planteado subidas de impuestos a los españoles. Ha puesto en marcha, a nuestro entender, una política fiscal confiscatoria que perjudica en gran medida a las familias, a las clases medias y a las rentas bajas. Usted ha subido la renta a las personas físicas, ha subido el IVA, ha subido los impuestos especiales, ha subido el impuesto de sociedades, ha subido y ha creado nuevos impuestos sobre loterías y sobre productos energéticos. España, señor presidente, usted lo sabe perfectamente, tiene un 26 % de paro, y fríen a impuestos al que trabaja como asalariado o como autónomo, lo dejan prácticamente seco, sin renta disponible para ahorrar o para consumir. Por ello, Convergència i Unió le pide un cambio radical en su política tributaria y fiscal. Por eso le preguntamos, señor presidente, para cuándo una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas; para cuándo una rebaja del IVA cultural del 21 % al 10 %; para cuándo una política fiscal de ahorro y de protección a las familias; para cuándo una ley de mecenazgo que cubra los servicios sociales donde no puede llegar la Administración pública; para cuándo va a contemplar usted a las pymes como un instrumento de generación de riqueza y de generación de empleo, en vez de contemplarlas como mero sujeto pasivo contribuyente a Hacienda.

Señor presidente, desde Convergència i Unió decimos, con la máxima contundencia y la máxima fuerza: ahora toca bajar impuestos. Se lo repito: ahora toca bajar impuestos. Sin esta bajada de impuestos


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no va a haber recuperación, no va a haber consumo, no se va a incentivar el ahorro, no va a haber generación de empleo y, lo que es más grave, van a desaparecer las clases medias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Efectivamente, yo he subido muchos impuestos, esos a los que se refería usted en su pregunta, pero es que nadie se encontró el país en una situación como la que yo me encontré. Quiero decirle además que evité que se subieran otros. Usted ha hablado de la subida del IVA, pero hubo quien pretendió -y no precisamente con poco poder- que se subiera el IVA de restaurantes y hostelería al 21 %, y no se hizo. Tengo que decirle también que no hemos subido los impuestos a los emprendedores ni a los autónomos; sí algunos otros, pero en este caso los hemos bajado en alguna ocasión. (Varias señoras y señores diputados: ¡No es verdad!-Rumores).

Tengo que decirle también que coincido con usted en que ahora toca proceder a una bajada de impuestos y, por eso, el Consejo de Ministros, ya en julio del año pasado 2013, aprobó un acuerdo por el que se constituyó una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. Esa comisión va a hacer un análisis del sistema y va a formular propuestas. A finales de este mes de febrero la comisión entregará el informe al Gobierno, y el Gobierno hará una valoración y presentará un proyecto de ley aquí en Las Cortes. Esta es la situación en la que estamos en este momento. Esa nueva ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2015 y ahí comenzará la bajada de impuestos, que era, efectivamente, aquello a lo que yo me había comprometido con los españoles.

Ese sistema tributario va a reunir cuatro características. En primer lugar, sencillez; debe ser más simple que el que tenemos en este momento. En segundo lugar, suficiencia para poder ejercitar las competencias que las leyes atribuyen a los poderes públicos. En tercer lugar, pretende promover el desarrollo económico; el gran objetivo es el crecimiento económico, creación de empleo, internacionalización de nuestras empresas. Por último, desarrollo social, proteger a las familias, a las personas discapacitadas y estimular el ahorro. Le puedo dar algún dato más.

En primer lugar, queremos una fiscalidad que no perjudique la contratación sino que la estimule y la favorezca. En segundo lugar, una fiscalidad que mejore la competitividad, en la línea de lo que hemos hecho en la ley de emprendedores, donde hay tributación de sociedades de nueva creación a tipo reducido del 15 %, reducción del 20 % de los rendimientos netos para autónomos que inicien actividades económicas, exención completa para los autónomos en el IRPF de las prestaciones por desempleo y otras similares. El tercer gran objetivo de la reforma va a ser mejorar la recaudación. En España se perdieron en dos años 70.000 millones de euros; quince veces más de recaudación que la Unión Europea, años 2008 y 2009. No lo hemos logrado y, por tanto, tenemos que hacer un sistema más equitativo, más neutral y mejorar la inspección. Por último, apoyo a las familias, estímulo del ahorro... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE EL ANTEPROYECTO QUE HA ELABORADO SU GOBIERNO PARA MODIFICAR LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO RESPETA LA LIBERTAD DE LAS MUJERES PARA DECIDIR SOBRE SU MATERNIDAD? (Número de expediente 180/000832).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, ¿considera que el anteproyecto que su Gobierno ha preparado para modificar la Ley del Aborto respeta la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.

La ley en vigor la aprobaron ustedes, como sabe, en el año 2010. No iba en su programa electoral modificar una ley de 1985 que llevaba veinticinco años en vigor y que también habían aprobado ustedes, que había sido ratificada por el Tribunal Constitucional y que nosotros, aunque no era nuestra ley, optamos por no modificar en aras del consenso. Ahora, tal y como había comprometido en el programa electoral, vamos a proponer una reforma de la ley que en lo sustancial supone la vuelta a la Ley de 1985, la que estuvo en vigor durante veinticinco años con un consenso casi general. (Varias señoras y señores diputados: ¡No, no es así!).

Señor Pérez Rubalcaba, usted estaba en el Gobierno durante la vigencia de la Ley de 1985, ustedes la aprobaron, ustedes estaban muy cómodos con ella, porque en veinticinco años nunca manifestaron la más mínima intención de cambiarla. Entonces, le pregunto: ¿por qué esa ley era buena en el año 1985 y siguientes, cuando ustedes estaban en el Gobierno, y ahora que lo hacemos nosotros es mala? (Una señora diputada: Porque se evoluciona). Me parece que tiene usted una vara de medir bastante extraña.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, como sabe, en materia de interrupción del embarazo hay dos modelos: plazos y supuestos. La diferencia entre ambos es quién decide: en los plazos decide la mujer y en los supuestos alguien decide por la mujer. En España hay una ley de plazos desde hace cuatro años que nos ha homologado a Europa, que no ha planteado ningún tipo de dificultad social y con la cual, por cierto, han bajado los abortos en España. Ustedes quieren ahora retroceder a una ley más restrictiva que la de 1985, que es verdad que aprobamos nosotros sin sus votos, tiene razón, y que ha funcionado en su momento, que fue un avance, pero que cambiamos. ¿Sabe por qué? Para dar libertad o seguridad jurídica a las mujeres, para adecuar la ley al cambio social en España, porque la sociedad española ha cambiado mucho, y finalmente para recoger algunas sugerencias, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Ahora ustedes quieren separarnos de Europa; es verdad que no a todos, porque van a acercar a algunas mujeres a Europa, a aquellas que tengan recursos para moverse a los países de Europa y seguir utilizando una ley de plazos. (Aplausos). En resumen: si tienes dinero, plazos, si no tienes, supuestos; si tienes dinero, decides tú -libertad-, y si no tienes, alguien decide por ti. Y si te dicen que no, tienes que apechugar con un embarazo indeseado o ir al a clandestinidad y jugártela. Esta es la realidad, señor Rajoy. Por eso le pido: no prive usted a las mujeres españolas de la libertad para decidir sobre su propio embarazo; no establezca usted una contradicción, una discriminación entre las mujeres que tienen recursos, que tendrán libertad en los países de Europa, y las que no lo tienen, que no la tendrán en España; no imponga usted una moral de algunos al conjunto de los ciudadanos de España, y no sacrifique la libertad de las mujeres por un puñado de votos de la extrema derecha. Ni por eso ni por nada, señor Rajoy. (Un señor diputado: ¡Bravo!-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Señor Pérez Rubalcaba, este es un tema muy difícil y muy complejo y conviene no creerse en posesión de la verdad. De hecho, usted ha tenido dos verdades: la verdad que defendió con la Ley de 1985 durante veinticinco años, que es la Ley de supuestos, y la verdad que defiende desde el año 2010, que es otra ley distinta, la Ley de plazos. Por tanto, yo entiendo que todos los reproches que me ha hecho a mí por aprobar la Ley de 1985 se los ha hecho usted también a sí mismo durante veinticinco años. (Rumores.-La señora Carcedo Roces: Es mentira.-Aplausos).

Señor Pérez Rubalcaba, esta es la Ley de 1985, que es exactamente la que usted aprobó y mantuvo en vigor durante veinticinco años, con algunas modificaciones: la mujer no tendrá reproche penal nunca; una menor de edad tendrá para tomar esta decisión que contar con el conocimiento de sus padres y no hacerlo en solitario (Rumores), y en tercer lugar, se establece la necesidad de ofrecer un asesoramiento


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social y clínico a las mujeres acerca de las alternativas y sus consecuencias, cosa que, en mi opinión, es algo bastante positivo.

Señor Pérez Rubalcaba, yo estoy dispuesto a dialogar con usted, a hablar y a acordar, a lo que no estoy dispuesto es a que usted pretenda prohibir a este grupo parlamentario (Una señora diputada: El único que prohíbe aquí eres tú), legitimado por las urnas, a que presente aquí un proyecto de ley, que me parece que es la tesis que están defendiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿ESTÁ DISPUESTO EL GOBIERNO A FACILITAR QUE A LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MANCHA SE LE PUEDA APLICAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD? (Número de expediente 180/000833).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, doy por reproducida la pregunta. Como usted bien sabe, la reforma que ha llegado a esta Cámara del Estatuto de Castilla-La Mancha solo tiene por objeto la modificación de un artículo para modificar la Ley Electoral por segunda vez en Castilla-La Mancha y afecta gravemente a la representación política de las Cortes de Castilla-La Mancha. Nosotros creemos que es un pucherazo electoral -lo vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional si sale en estos términos- y le pido que por coherencia política, tal y como aprobamos ayer una reforma de la ley orgánica para instaurar el recurso previo, sometan esta reforma estatutaria a este recurso previo de inconstitucionalidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, estamos ante dos proposiciones de ley para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, una planteada por su grupo parlamentario y otra por el Grupo Parlamentario Popular, que se tomaron en consideración ayer en este Parlamento, que se debatirán en este Parlamento y que se aprobarán en este Parlamento. No sé qué papel quiere usted darle al Gobierno, pero le informo y le recuerdo que ni el Reglamento de la Cámara ni la Constitución otorgan al Gobierno en esta discusión papel alguno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: El mismo papel, señora vicepresidenta, que tiene el Gobierno en el atropello para eliminar en quince días la justicia universal en nuestro país, que es lo que ustedes van a hacer en esta Cámara. Pero, señora vicepresidenta, este es un problema político. Ustedes durante muchos años con la trama Gürtel (Rumores.-Un señor diputado: ¿Y esto qué tiene que ver ahora?) han estado favoreciendo de forma ilegal los intereses electorales de su partido a través de una financiación ilegal. Ahora que les han pillado, parece que quieren seguir favoreciéndose de forma ilegal sus intereses electorales, pero conculcando un principio constitucional de responsabilidad política. Es la misma filosofía. Con la Gürtel, unos cuantos sobres de más en dinero B y con este pucherazo electoral, unos escaños menos en el Parlamento de Castilla-La Mancha. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos).

En definitiva, señora vicepresidenta, le estoy exigiendo al Gobierno responsabilidad política, igual que le pido y le estamos pidiendo responsabilidad política por la enorme tragedia humanitaria que ha sucedido en Ceuta. (Rumores). Le quiero decir, señoría, que por su parte es indecente haber calificado de incidente esta tragedia humanitaria. De usted dependen, señora vicepresidenta, los delegados del Gobierno. ¿Cómo es posible que se mantenga el delegado del Gobierno de Ceuta en su puesto un minuto más?


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(Continúan los rumores). Señora vicepresidenta, ustedes deberían estar investigando, no escondiéndose detrás de otros Gobiernos o detrás de la Guardia Civil. Son ustedes quienes tienen que impulsar esta investigación. Hemos pedido cinco horas de grabación, y le digo, señora vicepresidenta, que tiene veinticuatro horas como responsable de relaciones con las Cortes para entregar al Congreso estas cinco horas de grabación. Si no lo hace, mañana registraremos la petición de una comisión de investigación (Varios señores diputados: ¡Oh!), y el primer compareciente será el ministro del Interior. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señoría, en el tema de la inmigración les pasa exactamente lo mismo que les ha pasado hasta ayer con el recurso de inconstitucionalidad, que lo que ustedes hacían y decían hace cuatro años era exactamente lo contrario de lo que piden ahora, y si antes era un asunto de Estado, ahora también debe serlo, y el señor Rubalcaba muy especialmente -que ha vivido en esa casa del Ministerio del Interior- debiera entenderlo.

En segundo lugar, señoría, lo que usted me pide no se lo puedo dar, entre otras cosas por coherencia personal, porque hace cuatro años yo estaba sentada donde está usted, era portavoz de la oposición, y registré la misma proposición de ley que se debatió ayer en las Cámaras, con la misma entrada en vigor, y no tengo dotes adivinatorias. Era el año 2010, gobernaba el señor Barreda, quien, por cierto, acababa de aprobar una reforma electoral en solitario. Dice usted que es un ataque a la democracia que en Castilla-La Mancha a partir de ahora vaya a haber un diputado por cada 60.000 habitantes. Oiga, en Andalucía hay uno por cada 77.000 y sin embargo ustedes no han dicho allí nada de falta de democracia.

Mire, señoría, los ciudadanos nos están pidiendo a las administraciones públicas y a las instituciones que nos ajustemos, porque han tenido que hacer muchos sacrificios con ustedes y con nosotros durante la crisis y nos piden que las instituciones, que los parlamentos autonómicos, hagamos exactamente lo mismo. ¿Sabe que hay más de 1.200 diputados autonómicos? ¿Y le parece a usted mucho eliminar 15? Por eso están haciendo reformas de esta naturaleza en Cantabria, en Galicia, y hay debate en la inmensa mayoría de los parlamentos autonómicos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Pido silencio. Ha habido silencio cuando ha hablado la portavoz del Grupo Socialista y tiene que haberlo cuando hable la vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz De Santamaría Antón): Señoría, estoy de acuerdo en que se reduzca el número de diputados autonómicos, estoy de acuerdo en que se reduzca el número de estructuras, estoy de acuerdo en que hagamos una reforma de las administraciones públicas con la que los ciudadanos vean que somos capaces de ser más eficientes y mucho más eficaces. Y le voy a decir una cosa, hoy, que ha utilizado usted la pregunta para todo menos para aquello por lo que me preguntaba, era un buen día para el consenso, para un consenso mucho mayor. Espero que alguien de su grupo, que no usted, sea capaz de entender que en el recurso previo de la inconstitucionalidad hay un debate de altura, un debate de trascendencia constitucional, un debate que da estabilidad al modelo de Estado y un debate que da seguridad a todos los ciudadanos... (Aplausos.-El señor Barreda Fontes pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Señor Barreda, en efecto ha sido usted nombrado pero, como sabe, el procedimiento está tasado. Cuando terminen las preguntas, pídame usted la palabra y yo se la daré.

- DEL SEÑOR DIPUTADO JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿LE QUEDA AL GOBIERNO, EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ALGÚN RECORTE POR EFECTUAR EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000835).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta del diputado Julio Villarrubia, del Grupo Socialista.


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El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señor Gallardón, ¿le queda al Gobierno, en el ámbito de la Administración de Justicia, algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, nunca un Gobierno como hasta ahora había ampliado, tanto cuantitativa como cualitativamente, aquellas necesidades de los ciudadanos para poder acudir a la justicia. Hemos facilitado el acceso a la justicia a las personas que más lo necesitan, aquellas a las que la falta de recursos les suponía un obstáculo; hemos incluido el beneficio de justicia gratuita a personas que inexplicablemente ustedes no habían tenido sensibilidad para hacerlo, y pienso muy especialmente en las mujeres víctimas de violencia de género, y puedo decirle también que heredamos un modelo procesal que en muchos aspectos marginaba o escatimaba los derechos de las víctimas, cosa que hemos corregido con el estatuto de la víctima. Por lo tanto, tanto cuantitativa como cualitativamente, ampliación y no restricción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Mire, señor Gallardón, una relación de sus logros: aprobación del tasazo con pago judicial, que supuso un golpe mortal al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y la creación de una justicia para ricos y otra para pobres; reforma del Código Penal de diciembre de 2012, que criminaliza por pocos euros a trabajadores, desempleados y pensionistas con penas de seis meses a tres años y regula la impunidad de los delincuentes de cuello blanco que defraudan más de 120.000 euros; regulación del Consejo General del Poder Judicial, que supuso un ataque a la independencia judicial y un intento de ocupación política del mismo; diciembre de 2012, ERE en la Administración de Justicia quitando 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales sustitutos; severos recortes en los presupuestos de justicia, quedando reducidos a 1.507 millones en este año; reforma del Código Penal en tramitación, vuelta a épocas preconstitucionales y práctica del populismo punitivo y persecución a los débiles (Aplausos); reforma de la regulación del aborto, que supone un ataque intolerable a la libertad de las mujeres y a su derecho a decidir, llevando al Código Penal la moral religiosa de algunos y no los principios constitucionales; ley de protección de seguridad ciudadana y seguridad privada, atentado a la libertad de reunión, expresión y manifestación, persiguiendo a todo el que discrepa con ustedes; regulación atropellada y urgente de la justicia universal para proceder a su eliminación y hacer imposible la persecución de ataques graves a los derechos humanos por los tribunales españoles; reforma de demarcación y planta judicial, eliminan partidos judiciales, audiencias y juzgados de paz; ley de registros civiles, intento de privatización y de negocio de los mismos a costa de los de siempre, de los ciudadanos. Señor Gallardón, estos son los hechos. Su Gobierno y usted están destrozando el Estado del bienestar y son un grave peligro para los derechos y libertades de los ciudadanos y para la calidad democrática de este país que es España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señor Villarrubia, de verdad, créame que cuando se lea usted a sí mismo en el "Diario de Sesiones", aparte de quedarse sorprendido, porque debería saber cuáles son las competencias de la Comisión de Justicia y del Ministerio de Justicia y no lo sabe ya que incluso ha incluido proyectos de ley que pertenecen a otros ministerios distintos, comprobará que ese tono catastrofista no es válido.

Señor Villarrubia, ustedes tienen que entender una cosa. Cuando nosotros llegamos al Gobierno después de ocho años, la justicia en España no funcionaba (Rumores) y quedaban fuera del ámbito de protección de la misma personas a las que ustedes nunca atendieron. ¿A usted le parece mal que, por ejemplo, hayamos elevado en determinados supuestos hasta cinco veces el Iprem, el límite para acceder al beneficio de justicia gratuita? ¿Por qué no lo hicieron? Señor Villarrubia, ¿por qué ustedes nunca pensaron que las mujeres que fueran victimas de violencia de género tenían que tener derecho a la


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justicia gratuita? ¿Por qué en su sensibilidad a flor de piel nunca les dieron a las mujeres ese beneficio? ¿Por qué no lo hicieron nunca para las víctimas del terrorismo? ¿Por qué no lo hicieron nunca para las víctimas de trata de seres humanos? Señor Villarrubia, ¿por qué nunca aprobaron ustedes, como ha hecho este Gobierno, un Estatuto para la víctima, para que durante todo el procedimiento permanezca acompañada? Eso es ampliar.

Me dice usted dos cosas que me dejan sorprendido. Una, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un ataque a la independencia de los jueces. Pues le recuerdo que la hicimos conjuntamente, señor Villarrubia. Y, dos, cuando ustedes modificaron la justicia universal por un incidente diplomático en 2009 eran personas de Estado; cuando lo hacemos nosotros resulta que queremos acabar con ella. ¡Por favor!

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE SU POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN AL CUMPLIRSE CINCO AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE LA TRAMA GÜRTEL? (Número de expediente 180/000836).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Justicia, que formula la diputada doña Magdalena Valerio, del Grupo Socialista.

La señora VALERIO CORDERO: Señor Gallardón y miembros de la bancada popular, ¿recuerdan ustedes esta foto? (Muestra una foto). ¿La recuerdan? Seguro que sí porque ya forma parte de la galería de fotos célebres. Fue un 11 de febrero del año 2009. Aparece el señor Rajoy flanqueado por una buena parte del comité ejecutivo nacional del Partido Popular; un cierre de filas en toda regla. Hay caras que son todo un poema, incluida la suya, señor Gallardón. Menudo papelón. ¿Recuerda las declaraciones de ese día? Les dijeron a los españoles que la trama Gürtel no era una trama del PP sino una trama contra el PP, una conspiración policial, judicial y política. Luego, la realidad se ha ido imponiendo. Por cierto, ¿qué balance hace el Gobierno de su política de lucha contra la corrupción al cumplirse cinco años desde el descubrimiento de la trama Gürtel? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, entre mis escasas cualidades no está precisamente la buena vista, así que no he podido ver la foto. (Risas.-Rumores). Pero me da la impresión de que era una foto, recuerdo, donde estábamos los dirigentes del Partido Popular en torno a nuestro presidente en la sede de nuestro partido. La doy por válida, pero también le digo una cosa, no tenga ninguna duda de que ese ejercicio de solidaridad jamás se hubiese producido en la calle Ferraz. (Aplausos). Ustedes no son capaces en ningún momento de ser solidarios en las situaciones difíciles.

Señoría, tengo que poner de manifiesto que, como usted bien dice, cinco años después del descubrimiento de la trama Gürtel, en los dos años que este Gobierno ha asumido su responsabilidad, no ha habido no solamente un punto de inflexión, no solamente una falta de actuación policial, no solamente una falta de actuación fiscal, sino que, antes al contrario, si este Gobierno ha demostrado algo -y este asunto le ha dado la ocasión de hacerlo- es que respeta la independencia de los jueces y la autonomía del ministerio fiscal. Señoría, le recuerdo que este Gobierno no cambió a ninguno de los fiscales que estaban previamente nombrados por el Gobierno anterior en anticorrupción para investigar este asunto. Creo que ese es el mejor ejercicio de respeto a la independencia judicial que se puede demostrar.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.


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La señora VALERIO CORDERO: Señor Gallardón, la única ley que han aprobado ustedes desde que llevan gobernando y que aparentemente persigue la corrupción es la reforma del Código Penal de diciembre de 2012. Y digo aparentemente porque lo cierto y verdad es que se aprobó para garantizar la impunidad de los que se acogieron a la amnistía fiscal, por cierto, algunos de ellos implicados en la trama Gürtel. También se aprobó para criminalizar a parados y pensionistas de una manera totalmente injusta y arbitraria. Ustedes siempre con su doble vara de medir: flexibles con los poderosos e inflexibles y duros con los débiles. (Varios señores diputados: ¡Oh!). Llevan más de dos años gobernando y no han hecho nada, absolutamente nada, por luchar contra algo que la ciudadanía considera un problema esencial: la corrupción. Claro, cómo les va a apetecer a ustedes abanderar esta lucha cuando la corrupción está metida hasta la médula en la cúpula de su partido, hasta el extremo de que tienen ustedes a su extesorero en la cárcel, el señor Bárcenas; una trama con cerca de 200 imputados, de los cuales una tercera parte son militantes, cargos públicos u orgánicos del Partido Popular o familiares directos. Si hasta la señora Cospedal, su secretaria general, la que ahora quiere dar un pucherazo electoral en toda regla, se ha visto también implicada en un posible cobro de 200.000 euros para su campaña electoral de 2007. (Un señor diputado: ¡Mentira!-Aplausos). Caso Gürtel, caso Bárcenas, caso Cospedal, caso Rajoy, caso PP. No caiga usted, además, en el y tú más. Luche usted contra la corrupción, venga de donde venga. Están teniendo más problemas los jueces que están luchando contra la corrupción que los presuntos corruptos. Gánese el sueldo que le pagamos; deje en paz a las mujeres y, por cierto, cuide un poquito más de su reputación política porque ahora mismo es el líder, el caudillo de la extrema derecha... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

No contribuiré yo a incrementar la excitación de su señoría con el y tú más, entre otras cosas porque los hechos son notorios y es absolutamente innecesario que lo haga, pero a mí sí me gustaría que ustedes fuesen tan exigentes consigo mismos como pretenden serlo con nosotros. Señoría, no dice la verdad cuando afirma que nosotros no hemos hecho nada. ¿Quién ha aprobado en este país la prohibición sin excepción, eliminando el actual límite de 100.000 euros anuales, para toda donación por parte de las personas jurídicas a los partidos políticos? ¿Quién ha prohibido las condonaciones de deudas, totales o parciales, o la renovación de los tipos de interés por debajo de los tipos de mercados? ¿Quién ha obligado a presentar las cuentas ante el Tribunal de Cuentas, cuyo incumplimiento va a impedir recibir subvenciones públicas? ¿Quién ha regulado la figura del responsable de gestión económico-financiera del partido, con la obligación, entre otras, de rendir cuentas a este Parlamento? Nada de eso lo hicieron ustedes. Todo eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Y le digo una cosa más, hemos discrepado, sí. Nosotros hemos introducido en el Código Penal la responsabilidad penal de los partidos políticos. ¿Sabe lo que ustedes votaron? En contra. ¿Qué tienen que esconder, señoría?

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿PIENSA EL MINISTRO DE JUSTICIA CUMPLIR TAMBIÉN SU PROGRAMA ELECTORAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000837).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Gabriel Echávarri, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: ¿Piensa el ministro de Justicia cumplir también su programa electoral en materia de lucha contra la corrupción?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, pensamos cumplirlo y le puedo decir que en buena parte ya lo hemos cumplido. En estos momentos, el anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos y el anteproyecto de ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración del Estado, que se suman a la ya aprobada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son tres buenos ejemplos de su cumplimiento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Señor Gallardón, su Gobierno ha recortado los derechos de miles de mujeres porque lo decía su programa electoral. Su programa también decía que aplicarían el código de buenas prácticas del Partido Popular. Este código fue presentado en el año 2009 por Ana Mato -sí, por Ana Mato, ironías del destino- y en el mismo, además de prohibir recibir regalos -algo que, por cierto, no han aplicado mucho-, se dice que todos los cargos públicos pondrían su cargo a disposición, es decir, dimitirían si sus situaciones judiciales perjudicaran la imagen de la institución que representan. Yo soy de Alicante y en mi ciudad la alcaldesa, Sonia Castedo, está imputada por tres delitos graves de corrupción por connivencias con un empresario de los que presuntamente financian su partido; empresario con el que comparte fiestas del pijama en Andorra y vacaciones pagadas en yate. El vicealcalde está imputado por prevaricación. ¿Le parece al Partido Popular poco daño a la ciudad de Alicante? Las Cortes Valencianas tienen 11 diputados imputados por corrupción, 11; los corruptos, sus corruptos, son el tercer grupo parlamentario, proporcionalmente es como si en esta Cámara tuvieran 40 diputados imputados por corrupción. ¿Sería soportable? ¿Verdad que no? ¿Y por qué lo tenemos que aguantar en Valencia? ¿Tan poquito le importamos los valencianos a su partido? En la Comunidad Valenciana, mientras el señor Cotino pone un crucifijo en la mesa de les Corts, otros meten la mano en la visita del Papa (Risas), y así hasta 12.500 millones, porque ese es el coste de la corrupción en la Comunidad Valenciana, 12.500 millones de euros, casi la totalidad del presupuesto de la Generalitat Valenciana en el año 2013. La corrupción ha reducido la actividad económica de la región en casi 1.200 millones en los últimos tres años. ¿También les parece poco daño? En mi tierra hay un 30 % de paro, 30 % de deuda y 30 % de exclusión social, y ustedes recortando y recortando. Dejen de recortar en derechos, señor ministro, y corten con la corrupción.

Usted, señor Gallardón, es indolente con las mujeres e indulgente con los corruptos. Seguro que ahora va a decir que ustedes más, que ustedes mírense lo suyo, eso que tanto jolgorio causa en su bancada, pero tenga clara una cosa, diga lo que diga, nos acuse de lo que nos acuse, jamás ningún socialista se va a callar en materia de lucha contra la corrupción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, me pregunta usted si vamos a cumplir el programa, y yo le contesto. Dice el documento, que usted ha tenido la amabilidad de leerse, que es nuestro programa electoral: Propondremos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿En qué estado se haya ese compromiso? Cumplido; se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 9 de diciembre. Sigue el programa: Regularemos las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado. ¿Estado de ese punto? Anteproyecto aprobado el pasado 13 de diciembre. Sigue diciendo el programa: Reforzaremos la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción. ¿Cómo está? Cumplido en el proyecto de Código Penal, y además con la voluntad de consensuarlo con ustedes en las enmiendas que pretendemos presentar conjuntamente, que espero que tengan ustedes la responsabilidad de hacerlo. ¿Para qué? Especialmente para endurecer las penas en los delitos de prevaricación, especialmente para reforzar la persecución de los delitos de cohecho, también para ampliar las conductas tipificadas como tráfico de influencias, para revisar los delitos de fraude y exacciones ilegales, incrementar las penas en delitos patrimoniales más graves y revisar los delitos por falsedad contable. Decía nuestro programa: Aseguraremos el rápido enjuiciamiento de las conductas delictivas. En muy pocas fechas se presentará una nueva ley procesal penal que va a garantizar todos estos derechos.


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Señoría, esta es la acción de gobierno. Y luego me saca usted un caso concreto. Usted me podía haber desarmado si hubiese tenido de verdad un cumplimiento exacto de su última frase, cuando dice: Los socialistas nunca nos vamos a callar ante un caso de corrupción. Pues yo le digo una cosa, señoría, yo, como ministro de Justicia, tengo las responsabilidades en función del comportamiento de la acusación pública en este país, y ahí sí le digo, la Fiscalía de este país actúa contra todos los casos de corrupción, los cometan personas pertenecientes al Partido Socialista o al Partido Popular, sin hacer ningún distingo, sin hacer ningún tipo de preferencia. Esa es la responsabilidad que le corresponde a un Gobierno. Usted me viene a hablar a mí de Valencia, señoría, y yo le pregunto por qué no recuerda usted que un Gobierno, el andaluz, tuvo que cambiar de presidente por un caso de corrupción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CON QUÉ OBJETIVO SE HA REUNIDO EL JEMAD ESPAÑOL CON EL GENERAL MARROQUÍ HOSNI BENSLIMANE, IMPUTADO POR GENOCIDIO POR LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000831).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa del diputado don Joseba Agirretxea, del Grupo Vasco, PNV.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿con qué objetivo se ha reunido el jefe del Estado Mayor de la Defensa español con el general marroquí Hosni Benslimane, imputado por genocidio en la Audiencia Nacional?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, empezaré diciendo que las relaciones entre Marruecos y España, países vecinos y amigos, son fluidas y cordiales y que son prioritarias para nuestro país, especialmente en los aspectos de seguridad y defensa. El Jemad fue a Marruecos a abordar cuestiones de interés para la colaboración y cooperación en materia de seguridad y defensa de los dos países y las trató con quien las tenía que tratar, es decir, con su homólogo, el general Bennani, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas marroquíes, y además devolvía la visita celebrada por este general el pasado verano de 2013.

España no decide quién forma parte de las delegaciones de los países a los que va de visita, pero le diré algo, el general Benslimane es el comandante de la gendarmería real, instituto armado similar a los carabinieri, la gendarmería francesa, instituciones de Portugal, Holanda, Rumania, Turquía, Argentina y la propia Guardia Civil, y ha mantenido y mantiene el mayor grado de interlocución con los dirigentes de estos cuerpos y con los respectivos ministros del Interior desde hace décadas, siendo muy relevante su colaboración con la seguridad de muchos Estados europeos y con la propia Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias por la información, señor ministro, pero sepa usted -seguro que lo sabe-, su Gobierno y todos los miembros de esta Cámara quién es este señor. El señor Benslimane está imputado desde el año 2007 por la Audiencia Nacional y en el año 2012 el juez Pablo Ruz dictó auto solicitando cooperación judicial a Marruecos. En ese auto se acordaba expresamente la notificación de la querella a Hosni Benslimane por delitos de genocidio, secuestro y tortura, y hasta la fecha Marruecos sigue sin notificar la querella. Hosni Benslimane era general de la gendarmería real marroquí y actualmente -como usted ha citado- es jefe de la gendarmería en Rabat y se le imputa ser el superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Esmara en el año 1976. Entre otros, fue el causante de la desaparición de Mohamed Salem Uld, si no, léase el auto de la Audiencia Nacional. La República Francesa también tiene causa abierta contra este general por otros delitos muy graves.


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Señor ministro, no le debería recordar ni a usted ni a su Gobierno la ofensa que supone para miles de víctimas saharauis que ustedes sigan teniendo relaciones oficiales con un mando militar acusado de los más graves delitos, coincidiendo además dicha reunión con la declaración de expertos forenses que confirmaron la presencia de los restos de dos cuerpos de ciudadanos de nacionalidad española en una fosa común en Esmara, junto con otros cuerpos de saharauis. ¿Le preguntaron por ello en la reunión al general Benslimane o a alguna otra autoridad militar marroquí como, por ejemplo, al general Bennani, que usted ha dicho que también se encontraba en la reunión y tiene un historial bastante parecido? Este no es un tema que atañe solo a su ministerio, señor ministro -que también-, atañe a todo su Gobierno y a su responsabilidad internacional. Queda patente la sensibilidad que su Gobierno muestra por los derechos humanos y por las masacradas víctimas del pueblo saharaui. El ejemplo más claro de todo ello es lo que van a hacer con el tema de la justicia universal, precisamente eso, para que España no pueda jamás imputar a criminales como estos y así un diputado como yo no pueda hacerle una pregunta recordándoselo, pero los hechos siempre serán los hechos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, le pediría un poco de rigor por respeto a esta Cámara, a este Gobierno y a su propia función de diputado. Ni la reunión que tuvo en Marruecos el jefe del Estado Mayor de la Defensa era con el general Benslimane ni ha habido objetivo alguno con este ni dicho general marroquí está imputado por la Audiencia Nacional. El jefe del Estado Mayor de la Defensa se entrevistó, como he dicho, con el general Bennani, en cuya delegación se encontraba el general director de la gendarmería real. Por otra parte, la única noticia que tiene este Gobierno de la implicación del general Benslimane en un procedimiento ante la Audiencia Nacional se refiere a su inclusión en una querella dirigida contra diversas autoridades marroquíes en el año 2007, no constando acto de inculpación alguno, ni mucho menos pronunciamiento judicial que menoscabe la presunción de inocencia que en un Estado de derecho debe proteger a cualquier persona, con independencia de su cargo o nacionalidad. Por último, le podría comentar cuáles fueron las cuestiones tratadas con el general Bennani, que veo que a su señoría no le interesan en absoluto. Y una última cosa, señoría, lecciones de respeto a los derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas, a este Gobierno... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO VA A DEFENDER EL MINISTRO DE AGRICULTURA A LOS REGANTES AFECTADOS POR LOS NUEVOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD? (Número de expediente 180/000840).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del diputado don Felipe Sicilia, del Grupo Socialista.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor Cañete, ¿recuerda usted cuando su partido les prometía a los regantes una tarifa eléctrica especial para el regadío? Era una promesa que ustedes hacían cuando estaban en la oposición, pero fue llegar al Gobierno y se desvaneció, como tantas otras. Tras algo más de dos años de Gobierno del Partido Popular y de usted como ministro de Agricultura, hoy los regantes están peor porque están soportando un 21 % de IVA en su factura eléctrica, un IVA que tampoco iban a subir. ¿Se acuerda usted, señor Cañete? Un 21 % de IVA en la factura eléctrica y unas tarifas eléctricas que suben una y otra vez más, llevando a nuestro regadío a una situación límite. Ante esto, señor Cañete, de lo único que le hemos oído hablar es de buenas intenciones y de buena voluntad, pero ni una sola solución encima de la mesa; una solución para arreglar este problema. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿qué va a hacer para que nuestros regantes tengan unas condiciones energéticas justas, más competitivas y que no pongan en riesgo, como ahora mismo lo están haciendo, a nuestros regadíos? (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.

El Gobierno y este ministerio viene defendiendo a los regantes con un trabajo serio y continuado, impulsando actuaciones en beneficio del sector, manteniendo un diálogo permanente con sus representantes y en estrecho contacto con el departamento competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias.

Le voy a leer, señor Cañete, lo que usted dijo la primera vez que acudió a la Comisión de Agricultura: Estamos trabajando para conseguir una tarifa de riego especial. Ya me he reunido y tengo otras reuniones pendientes para llevarlo a cabo. Uno de febrero de 2012. Lleva dos años trabajando en esto, señor Cañete, pero ni una sola solución. Por eso los regantes ya se han cansado de sus buenas palabras y el próximo 26 de febrero saldrán a la calle para pedir que no se pongan en riesgo miles de hectáreas que están en regadío. Deje, señor Cañete, de escudarse en el Ministerio de Industria o, como seguramente hará, en la herencia recibida. Es usted el competente en materia de regadío, es usted el ministro de Agricultura y el regadío es fundamental para nuestra producción agrícola. Los regantes necesitan soluciones, no que el ministro se escude y que les prometa buenas palabras y buena voluntad. Señor Cañete, es su competencia y, por tanto, debe buscar una solución. Está en riesgo el regadío de nuestro país. Antes los regantes temían por la sequía, ahora temen por la política de su Gobierno en materia energética, que es la que está poniendo en serio riesgo a nuestro sector agrícola y, sobre todo, a los regantes. Actúe y deje... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.

Este Gobierno ha defendido el regadío y lo ha hecho con toda energía. En primer lugar, negociando en la Unión Europea 47.000 millones de euros de ayudas agrarias, evitando la tasa plana que tanto defendían los socialistas y que hubiera llevado al regadío español a unas ayudas de 229 euros/hectárea. Gracias a la negociación de este Gobierno, las ayudas del regadío español van a ser 938 millones de hectáreas, lo cual supone 476 euros/hectárea, el doble de lo que hubieran tenido si hubieran seguido las erráticas políticas socialistas. Le digo más; en el ámbito del desarrollo rural hemos conseguido que las inversiones en modernización de regadíos destinados a mejora de eficiencia energética y uso del agua sean financiables a través del Feader en los programas de desarrollo rural. Además, este Gobierno y yo como ministro ya desde el año 2000 impulsé el Plan Nacional de Regadíos, que ha modernizado 1.490.000 hectáreas con una inversión de 4.000 millones de euros, aumentando su eficiencia energética. Seguimos avanzando en esta línea de la eficiencia energética porque la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias hará 83 actuaciones de regadío con 420 millones de euros y las sociedades estatales de aguas Acuaes y Acuamed invertirán 1.737 millones de euros en esta legislatura para mejoras de eficiencia energética y regadíos. En cuanto al impacto de las nuevas tarifas eléctricas en los regantes, estamos trabajando ¡claro que estamos trabajando! Hemos mantenido muchas reuniones con la representante de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes para abordar este tema. La última tuvo lugar el 12 de febrero para analizar los contratos de temporada y estamos buscando una fórmula exclusiva para regadíos que les permita contar con un contrato de suministro adaptado a este tipo específico de consumo con perfil de temporada. No es fácil porque tiene que ser aplicable solo a este sector y no contaminar otros sectores que podrían introducirse en la misma. Entretanto, el ministerio ha fomentado la agrupación de regantes en centrales de compra, que ahorran gasto en energía eléctrica, entre 10 y 14 %, más de 60 millones de euros al año en términos absolutos, y ya hay más de treinta comunidades de regantes adheridas que lo


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adquieren a precios competitivos -100 gigavatios/ hora al año- para paliar el incremento del coste energético. No hemos parado de trabajar, algo que su partido nunca hizo cuando estuvo en el Gobierno a favor de los regantes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VALORA LA POLÍTICA DE SU MINISTERIO EN I+D EN LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000841).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad del diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, sabemos que algunas preguntas no le gustan. Lo vimos el otro día en la televisión. Yo hoy le pregunto: ¿Cómo valora su política en I+D en las universidades andaluzas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, por supuesto que me encanta contestar a todas estas preguntas. En primer lugar, me gustaría aclararle que las ayudas a la I+D+i se asignan mediante criterios de mérito e impacto social. De hecho, una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue la eliminación de las asignaciones nominativas a favor de un sistema competitivo. Además, la política en materia de universidades lógicamente compete al Ministerio de Educación, como usted conoce perfectamente, y a las comunidades autónomas. Por estos motivos resulta muy difícil establecer una valoración de la política de I+D+i para un área geográfica concreta. No obstante, sí le puedo detallar algunos resultados obtenidos por las universidades andaluzas en las principales convocatorias de I+D de este ministerio. En proyectos de investigación ha obtenido el 10,4 en el año 2010, el 8,9 en 2011 y un 8,1 en 2012, sobre el total nacional. En recursos humanos, las que engloban las ayudas a los investigadores más brillantes como la Ramón y Cajal o las ayudas para realizar la tesis, obtuvieron un 7,6 en 2010, un 10 en 2011 y un 9,3 en 2012. Por tanto, se observa un descenso en los proyectos de investigación y una ligera mejoría en los recursos humanos. Finalmente, estas ayudas se complementan con los quince convenios vigentes con las universidades andaluzas, por un montante de 70 millones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, en Andalucía, al castigo de la crisis se une el castigo del Gobierno del Partido Popular. No nos dan la inversión que nos corresponde, se niegan a darnos un plan de empleo, nos quitan 418 millones del reparto de la política agraria común y nos asfixian económicamente con un ajuste adicional de 1.200 millones. Precisamente esa cantidad es la que destina nuestra comunidad a universidad. Y de universidad y de investigación quiero hablarle yo en el día de hoy. Con sus políticas, señor ministro, están desmantelando el sistema científico en nuestro país que construimos entre todos en los últimos treinta años. Ustedes, según reconocen en una respuesta parlamentaria (Muestra un documento), desde noviembre de 2011 han recortado en 1.529 personas la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En Andalucía han reducido el número de investigadores en veintidós de los veinticuatro centros y el recorte es superior a la media nacional (Muestra un gráfico). Con sus políticas, señor ministro, han recortado en 190 millones la inversión en I+D en las universidades, pasando de 349 millones con un Gobierno socialista a solo 159 dos años después con un Gobierno del Partido Popular; 190 millones menos, un recorte del 55 %. Y en Andalucía ese recorte todavía es mayor, un 64 %; Andalucía es la segunda comunidad donde más se ha recortado la I+D en universidad. Eso, señor ministro, me parece indignante, porque Andalucía es la tercera comunidad en gasto en I+D; porque somos la tercera en número de investigadores, con más de 24.600. Es indignante que, pese a que la Junta de Andalucía


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está haciendo un enorme esfuerzo, su respuesta vuelva a ser el descarado sectarismo inversor de la derecha hacia nuestra tierra. Es indignante porque cuando su Gobierno se cargó los campus de excelencia internacional la Junta de Andalucía fue la primera que se lo echó a la espalda, costeándolo con recursos propios. Señor ministro, utilizan la crisis como excusa para no invertir en investigación. Y yo le digo que invertir en investigación es invertir en futuro, pero con ustedes el futuro es muy negro; muy negro para los investigadores, para las universidades, para las familias, para los trabajadores de nuestro país y especialmente muy negro para los andaluces y andaluzas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, yo sé -supongo que usted lo conoce perfectamente- que la Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene acceso a los mercados de capitales y el Fondo de liquidez autonómica y el Fondo de proveedores son la principal fuente de provisión de fondos para Andalucía. Si no fuera por esas políticas de la Administración central en estos momentos la Junta de Andalucía no tendría acceso a los mercados y los recortes serían completamente distintos. Eso lo sabe perfectamente -porque me llama continuamente- el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía para pedir financiación y ayuda a la Administración central. Por lo tanto, señoría, la demagogia es fácil. Le repito, en las universidades andaluzas se han abierto todos los programas, este año hemos incrementado el 10 % los fondos para la política de I+D+i y esperamos que ellas continúen teniendo acceso a los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL LARREINA VALDERRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿HA EVALUADO EL GOBIERNO EL COSTE ECONÓMICO Y DE BLOQUEO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA QUE OCASIONA LA DESAFORADA ACTIVIDAD RECURRENTE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? (Número de expediente 180/000827).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don Rafael Larreina del Grupo Mixto.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma vasca viene presentando de forma sistemática numerosos recursos ante los tribunales de justicia, muchos de ellos rechazados además, contra decisiones de instituciones democráticas vascas y de colectivos sociales. ¿Ha evaluado el Gobierno el coste económico y de bloqueo de los tribunales de justicia que supone la desaforada actividad recurrente del delegado del Gobierno en el País Vasco?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

El artículo 23.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, atribuye a los delegados del Gobierno, entre otras, la función de velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo -según corresponda- conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. Desde la toma de posesión del actual delegado del Gobierno se han interpuesto un total de 527 recursos contencioso-administrativos (entidades locales de Álava 77, entidades locales de Guipúzcoa 245 y entidades locales de Vizcaya 215); si bien


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algunos de esos recursos iniciados están pendientes de sentencia, en los que hay la tasa de éxito ronda el 90 % de los recursos promovidos. Por lo tanto, el delegado del Gobierno está cumpliendo las funciones constitucionales y legales que establece su cargo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

La actividad del actual delegado del Gobierno multiplica por más de diez la actividad en esos mismos campos que han hecho cualquiera de los delegados del Gobierno con anterioridad, independientemente del partido al que representaban. La mayoría de esos recursos se refieren a actividades que entran dentro del debate político y que, desde luego, no están contribuyendo en nada a la nueva etapa de normalización política que vivimos en Euskal Herria. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Incluso algunos de esos recursos, como el relacionado con el tema de las banderas, han sido rechazados por los tribunales de justicia. Hay otra serie de recursos, sobre decisiones, por ejemplo, o declaraciones de responsables políticos, en los que ha entrado el delegado del Gobierno. Lo único que está consiguiendo este delegado del Gobierno es generar mayor crispación. Es un delegado del Gobierno que es especialista en la búsqueda de titulares de prensa y del aplauso fácil en los medios mediáticos madrileños. Desde luego, no está cumpliendo con su misión, que es la gestión de la Administración residual del Estado en el País Vasco, y tampoco está contribuyendo en nada a la etapa de normalización política. Ahora mismo lo que necesitamos en el País Vasco es buscar lugares de entendimiento. Tenemos que buscar soluciones a los problemas políticos, incluso a los conflictos políticos como en la ley de símbolos que ustedes plantean. Tendríamos que fijarnos más en otras leyes de símbolos de otros países, como Canadá. En vez de buscar lugares de entendimiento, está generando mayor crispación, que no favorece nada ni al Gobierno en el que usted está, ni al Partido Popular, ni a la sociedad vasca, ni desde luego a la nueva etapa política, en la que tenemos que buscar lugares de encuentro, no cavar trincheras sino tender puentes para dar respuesta a la demanda mayoritaria de la sociedad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Señor Larreina, usted confunde claramente el planteamiento y las funciones de la Delegación del Gobierno, como he notado en sus palabras, que he escuchado atentamente. Usted habla de que el delegado del Gobierno tiene la responsabilidad de defender a lo que ha calificado su señoría como Administración residual del Estado en la Comunidad Autónoma vasca; residual. Es su desiderata, su querencia, pero la responsabilidad del Gobierno y del delegado del Gobierno es asegurar el buen funcionamiento de las leyes básicas del Estado, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en toda España; las funciones básicas del Estado, señoría, que usted confunde con la materialidad de la cuantía de funcionarios de una delegación. Esta es la confusión normal a la que quiere inducir a parte de la ciudadanía vasca. ¿Que hay que buscar lugares de entendimiento en política? Siempre; desde el respeto a la legislación, desde el respeto a la legislación básica, en la que determinadas declaraciones políticas no es que sean inconvenientes para encontrar... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿VA A RECTIFICAR EL GOBIERNO LA SUBIDA DEL IVA CULTURAL? (Número de expediente 180/000834).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pregunta de la diputada Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista.


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La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidenta.

¿Va a rectificar el Gobierno la subida del IVA cultural? A estas alturas, en esta Cámara y en la calle, la pregunta es qué le ha hecho más daño a la cultura española si el señor Wert o usted, señor Montoro. Es verdad que usted, señor Montoro, se esconde detrás de la vertiginosa combustión política del señor Wert, notable, pero la gente del mundo del cine, de la música, de las letras saben perfectamente que las decisiones que usted ha tomado les han hecho muchísimo daño. En esta Cámara le advertimos todos los grupos políticos, señor Montoro, que no subieran 13 puntos el IVA cultural, porque le iban a hacer mucho daño a los creadores, a la industria y a los espectadores. Claro, que ustedes no escucharon a nadie, para variar, y ahora, dos años después, díganos, señor Montoro, cuánto más han recaudado ustedes por cargarse la industria cultural en España. Díganoslo y contésteme a esto: ¿De verdad cree que compensa que se hayan perdido más de 220 millones de euros en tan solo una temporada, en este mismo año, que se hayan perdido 22 millones de espectadores? ¿Cree usted que compensa? ¿Cree usted que compensan esos 13 puntos, que hayan dejado de ir al cine más de 7 millones de espectadores y que se hayan perdido 20.000 empleos en este sector? ¿Cree usted que compensa lo que han hecho? ¿Compensa eso, señor ministro de Hacienda? Contéstenos a eso, porque nosotros pensamos que seguro que en términos recaudatorios no ha servido. Ahora bien, si ha sido un castigo al mundo de la cultura, entonces sí que ha servido, porque han destrozado ustedes en este momento la industria cultural. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Valenciano.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Señora Valenciano, cómo le gusta este asunto. Lo pregunta, lo reitera, busca el debate político, el cuerpo a cuerpo (Rumores); habla de castigos, penalizaciones. Le encanta esta materia. Cada uno se mueve a gusto en lo que se mueve, y se lo voy a conceder, señora Valenciano. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por cierto, en su próximo destino en el Parlamento Europeo espero que trabaje usted por una fiscalidad racional en Europa; es decir, espero que esté usted a la altura de las circunstancias, porque a partir de ello tenemos que contar con el beneplácito de la Unión Europea para tomar decisiones. (Rumores). En Europa para sostener el Estado del bienestar hay que tener una fiscalidad indirecta relativamente alta, comparativamente alta a otras zonas desarrolladas del mundo. En Europa es normal sujetar a tipos generales y no a tipos reducidos gran parte de los bienes y servicios que en España todavía están a tipos reducidos o superreducidos. A partir de ahí, a quien no le ha gustado subir el IVA es a este Gobierno; a quien no le ha gustado subir el IVA es a este ministro de Hacienda. Estoy esperando las conclusiones de los expertos para que, efectivamente, decidamos qué vamos a hacer en el ámbito del IVA cultural, en el que ya hemos reducido la entrega de bienes de los artistas para favorecer, precisamente, el desarrollo de esa actividad cultural tan importante. Por tanto, no le quepa duda, señora Valenciano que, coincidiendo con usted, en el momento en que podamos vamos a mejorar la fiscalidad de todas las actividades culturales que se realizan en España, desde la convicción de que la industria cultural y, dentro de ella, la industria del cine o del teatro, todas son actividades muy importantes.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora VALENCIANO MARTINEZ-OROZCO: Señor Montoro, yo no busco el cuerpo a cuerpo y menos con usted. (Risas). La cuestión es que aquí me han puesto los ciudadanos -los ciudadanos-, para ejercer una función básica en democracia, que es el control al Gobierno, una cosa que a ustedes les molesta muchísimo, pero para eso está aquí el Grupo Socialista y otros grupos de esta Cámara. Nada de cuerpo a cuerpo; control democrático de la gestión del Gobierno. Eso es lo que hacemos aquí. (Aplausos). Reconózcalo, señor Montoro, reconózcalo; no ha servido para nada la subida del IVA cultural, salvo para destrozar el mundo de la cultura. Así que deje de darle vueltas, señor Montoro, deje de perder tiempo, dinero y prestigio. Defienda y proteja la cultura española, que es lo que tiene que hacer como ministro del Gobierno de España. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Tengo el honor de ser el miembro del Gobierno más sujeto al control parlamentario, como rezan todas las estadísticas, de respuestas, de preguntas, de interpelaciones. Por tanto, estoy batiendo todos los récords de la democracia española; así que, por favor, no me reproche eso, señora Valenciano.

Dicho esto, lo que supuso la subida del IVA fue un gran esfuerzo de la sociedad española, que hoy se está viendo recompensado con la salida de la crisis económica, el comienzo de la creación de empleo (Rumores) y, a partir de ahí, mejoraremos el escenario fiscal de aquellos ciudadanos emprendedores y también en el mundo de la cultura.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PALOMA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE FLOTANTE EN LOS ASTILLEROS DE LA RÍA DE FERROL? (Número de expediente 180/000838).

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la diputada, doña Paloma Rodríguez Vázquez, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, en el ámbito de las concesiones a ver si nos puede responder de una manera coherente, por favor, en qué situación está la construcción del dique flotante de la ría de Ferrol.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Como su señoría sabe exactamente, por la cuestión que plantea, la construcción del dique está siendo sometida a consulta a la Comisión Europea. Es una de las fórmulas, pero lo más importante para Navantia es conseguir carga de trabajo; y ese debe ser el empeño, ese debe ser el esfuerzo, al que animo también al Grupo Socialista para que participe en la consecución de un buen clima en Navantia y podamos llevar adelante proyectos de carga de trabajo cuanto antes, sin excluir tampoco la construcción de ese dique.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Señor ministro, ustedes son el Gobierno Sherezade, el Gobierno de los mil y un cuentos, pero su música, señor ministro, desafina porque las mentiras chirrían. Además, ustedes son especialistas en conjugar la incoherencia con la incompetencia; incoherencia porque en Galicia dicen una cosa y aquí la contraria. Supongo que recuerda que el señor Feijóo en campaña electoral afirmó que él era garante de la construcción del dique, pero seguimos esperándolo. Más tarde montaron una comisión de seguimiento; después la desmontaron, argumentando que es Bruselas la que no permite la construcción del dique, pero ni siquiera habían preguntado. La incompetencia, señor ministro, es porque cuando por fin hacen la consulta la hacen mal y, a pesar de que insistan en que la consulta era formal y así le respondan a esta diputada, la comisión los desmiente; mil y un cuentos y mil y una mentiras, señor ministro. Señor Montoro, yo quisiera que mirara hacia arriba, hacia Ferrol y que viera lo que ha hecho su Gobierno con esa zona. Asfixiando el naval, ustedes han conseguido que tengamos una tasa de paro escandalosa, más elevada que la tasa de ocupación, más pobreza, menos población, más emigración, menos empresas y menos comercio. Ustedes van de incógnito a Ferrol, señor ministro, y salen por la puerta de atrás. Por eso, quizá no vean este cartel que está colgado en todas las ventanas (Muestra un cartel que dice: Ferrolterra esixe solucións), en todos los escaparates y que ha sido colgado por los trabajadores del sector naval, incluso en el ayuntamiento que ustedes dirigen. Ferrol, la ciudad de Pablo


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Iglesias, ya no pide; Ferrolterra exige soluciones. Ahora nos van a poner una tirita, ese flotel, en una herida a corazón abierto pero no va a contener la hemorragia; por cierto, también con mil y un cuentos, porque, señor ministro, ¿era un contrato o era un concurso?, ¿eran 3.000 puestos de trabajo o serán menos de 300?, ¿era en marzo pasado, o será el siguiente junio?, ¿era con Fene, o era sin Fene? Dejen de dar bandazos y de contar cuentos, señor ministro. Traten el naval como lo que es, un sector estratégico, y escuchen a Ferrolterra que está en la calle reclamando el dique. Haga el dique, señor ministro y traiga carga de trabajo. Tráigala ya, porque la carga de dignidad ya la ponemos allí. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, la ventaja y el inconveniente de pertenecer a un grupo parlamentario como el suyo, el Grupo Socialista, es que usted ha estado respaldando a un Gobierno que durante cinco años anteriores no ha conseguido ninguna carga de trabajo, ni para Ferrol, ni para Cádiz, ni para el conjunto de Navantia. (Aplausos). Por tanto, reconozca que estamos trayendo, a un ritmo más lento del que a nosotros nos gustaría, carga de trabajo; está empezando a haber carga de trabajo en Ferrol y en el conjunto de Navantia. También hay un plan estratégico para Navantia, insertándolo en la industria de defensa española. Navantia es una empresa tecnológicamente avanzada, capaz de competir en los mercados internacionales. Ese es el esfuerzo que debe reunirnos a todos en vez de hacer ese planteamiento político que hacen ustedes continuamente (Rumores), porque lo que están negando es la propia capacidad de Navantia de competir, no ya la capacidad de un Gobierno de conseguir contratos. Los contratos están ahí, se están consiguiendo, vendrán muy pronto nuevos contratos para Ferrol y para los otros puertos de construcción de Navantia. A partir de ello, pasará como ha ocurrido con el contrato de Pemex, cuya existencia negaron. Lo negaron en esta Cámara, en el Senado de España, me lo negaron a mí y ahora en vez de pedir disculpas sobre esa negación, cuando llega la construcción de ese buque dice que es un pedido pequeño. Nadie ha dicho que sea suficiente ese pedido, pero por lo menos reconozca que el Grupo Socialista trató de engañar a la ciudadanía de Ferrol, de Galicia, cuando negó la existencia de ese contrato. Yo le pido una actitud constructiva a su grupo, que realmente trabaje con el Gobierno para conseguir carga de trabajo... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ROMÁN RUIZ LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ GARANTÍAS OFRECE EL NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA LOS CONSUMIDORES? (Número de expediente 180/000839).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, que formula el diputado don Román Ruiz Llamas del Grupo Socialista.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué garantías ofrece el nuevo sistema de precios de la electricidad que ustedes han anunciado para los consumidores?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, en el nuevo sistema de precios que entrará en vigor a partir del 1 de abril habrá tres posibles opciones para los consumidores domésticos que están en el precio voluntario del pequeño consumidor. La primera de las opciones que existe en la actualidad también son contratos bilaterales que pueden elegir los consumidores domésticos con cualquiera de las comercializadoras. Esa es una opción que existe en la actualidad, si bien es utilizada por muy pocos consumidores. La segunda de las opciones es un contrato estándar, que


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va a exigírsele a todas las compañías que sea ofrecido para aquellos consumidores que deseen tener una tarifa a lo largo de un periodo de tiempo. Tercera opción, precio estrictamente del mercado. Es decir, que cada uno de los consumidores domésticos paguemos estrictamente aquello que supone el precio del mercado y que se pague por la electricidad que se ha consumido, bien a lo largo de un periodo de un mes si se dispone de contador inteligente, o bien a lo largo de un periodo de dos meses con un promedio del precio que haya tenido la electricidad durante esos dos meses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, el proceso de reformas de su Gobierno ha sido opaco, con abuso reiterado de reales decretos y con un diagnóstico equivocado, y ha fracasado rotundamente. Fíjese usted, que el mismo día que aprobábamos la Ley del Sector Eléctrico ya quedó superada por los acontecimientos ante la subida del 11 % de la última subasta. Usted acusó sin pruebas de manipulación de precios y fue desautorizado más tarde por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ustedes crearon una alarma social que les desbordaba por momentos y tomaron la determinación de intervenir los precios en una decisión sin precedentes en un mercado liberalizado, fijando un aumento del 2,3, y han anunciado este nuevo sistema respecto del cual en sus declaraciones usted ya ha avanzado que el recibo de la luz puede bajar la tarifa en un 3 %. Señor ministro, visto los antecedentes, ¿no sería más prudente esperar y no generar expectativas que después igual tiene que rectificar, como ha pasado? Si la base de los nuevos precios se hace sobre el actual sistema, que adolece de competencia, y los precios se siguen calculando en función de los costes reconocidos por la legislación, no de los costes reales de la producción, el resultado no puede ser muy diferente. El actual sistema establece un único precio/horario para toda la generación de energía que resulta superior al coste de producción en muchos casos. Este es el problema de fondo, señor ministro, que hay que atajar. La Comisión Europea ya ha dicho que España tiene un mercado de competencia ineficiente en un sector energético que favorece la compensación excesiva a algunas infraestructuras, como las centrales nucleares y las centrales hidroeléctricas ya amortizadas. ¿Tiene prevista una campaña de información a los consumidores? Porque solo el 30 % tiene estos contadores digitales electrónicos con discriminación horaria.

Por último, me quiero referir al tema del abusivo recibo de la potencia contratada; un 90 %, señor ministro. Esto sume más en la pobreza energética a todas aquellas familias que ya están padeciendo por cuestiones de crisis un problema grave para poder tener energía. ¿Cómo va a resolver esto? En definitiva, la potencia contratada ha subido entre 15 y 30 euros. Esto es un escándalo, señor ministro, por eso le quiero preguntar qué va a hacer para... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, creo que es bueno recordar -usted seguro que lo sabrá, pero se lo recuerdo- que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre el año 2004 y el año 2011 la factura de la luz para una familia media en España de dos hijos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo en kilovatios/hora al año de 3.900, aumentó un 67,2 %. Eso, señoría, durante cada uno de esos ocho años, supone un 6,9 % de incremento cada año. ¿Sabe usted lo que ha aumentado la luz en el año 2012? Un 6,9 %, es verdad, pero en el año 2013 ha caído un 3,1 %. Por tanto, no hay ni punto de comparación entre la evolución de un periodo y la evolución de otro. Habla usted del resultado de la Cesur del 19 de diciembre pasado, que era la vigésimo quinta. Entiendo que usted le hubiese gustado más que no se hubiese anulado aquella subida del 10,5; sin embargo, el órgano regulador, que es quien puede validar o no el resultado de la subasta, decidió no validarla, porque había una serie de circunstancias atípicas que así lo determinaron. Eso fue lo que dio causa y fundamento a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo anulara el resultado, puesto que de lo contrario... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (El señor Barreda Fontes pide la palabra).

¿Señor Barreda?


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El señor BARREDA FONTES: Muchas gracias, señor presidente.

Es para hacer una aclaración en relación con la alusión que la vicepresidenta ha hecho.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, no creo que haya sido aludido sino simplemente nombrado, pero voy a leer para que se recuerde y usted mismo vea lo que se ha dicho. Sobre eso le permito puntualizar pero no entrar en el tema. Está diciendo la vicepresidenta (Lee el texto del "Diario de Sesiones"): "... estaba sentada donde está usted, era portavoz de la oposición, y registré la misma proposición de ley que se debatió ayer en las Cámaras, con la misma entrada en vigor, y no tengo dotes adivinatorias. Era el año 2010, gobernaba el señor Barreda, quien, por cierto, acababa de aprobar una reforma electoral en solitario. Dice usted que es un ataque a la democracia..." (El señor Ayala Sánchez: Nombrado, no aludido.-Rumores). A eso debe usted referirse, señor Barreda.

El señor BARREDA FONTES: Con el respeto que le debo y que le tengo a la vicepresidenta, quiero dar una información objetiva, además sin adjetivar a la vicepresidenta ni a mi adversaria en aquel momento. No fue en 2010 cuando cambié la Ley Electoral, fue antes de las elecciones de 2007, y por una razón... (El señor Ayala Sánchez: Pero la cambiaste). Sí, la cambié. Se había producido un cambio demográfico y se daba la circunstancia de que había una provincia que, teniendo más habitantes que otra, elegía a menos diputados. Entonces le propuse a la señora De Cospedal que cambiáramos la ley para corregir ese déficit democrático, que era una verdadera anomalía. Ella me contestó que las leyes electorales no se cambian al final de la legislatura. Me pareció que era un argumento digno de ser considerado, por lo que acepte el planteamiento y no la cambié, pero me comprometí -así lo dije a lo largo de toda la campaña electoral- a que, si ganaba las elecciones en 2007, cambiaría la ley para hacerla más proporcional. Es lo que hice, por cierto, sin tocar el estatuto de autonomía, que es de lo que estamos hablando ahora, que es una cosa bien distinta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Barreda, ha dado usted una explicación completa. Muchas gracias.

INTERPELACIONES URGENTES:

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Pérez Fernández, sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad. Tiene la palabra la señora Pérez Fernández. (Pausa). No estando la señora Pérez Fernández, decae la interpelación.

- DEL GRUPO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. (Número de expediente 172/000198).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre las aportaciones presupuestarias al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. Tiene la palabra para la defensa de la interpelación el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, mi grupo le formula una interpelación urgente sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). A pesar de este título y de que lógicamente voy a hacer referencias como diputado por Barcelona al transporte público de Barcelona, el sentido de mi interpelación es global, genérico. Por tanto bien podría hablarse de que lo que le planteo al Gobierno es la necesidad de resolver la financiación del transporte público en los ámbitos metropolitanos que afectan en este momento a Madrid, Barcelona, en virtud de convenios que tiene el Gobierno con alguna otra comunidad.

Señor Montoro, en estos momentos el esquema de financiación del transporte público metropolitano, tanto en el ámbito de Barcelona como en el de Madrid -curiosamente esto sucede en la mayoría de ámbitos metropolitanos de las grandes ciudades europeas- es muy parecido, en el cual el 50 % -aproximadamente, con sus más y sus menos- de los costes quedan imputados a los usuarios -a través de lo que pagan los usuarios- y el otro 50 % a las administraciones a través de distintas fórmulas. Esta regla es una regla de


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oro, es una de las grandes reglas de oro de lo que ha sido Europa. Igual que ha habido ciertas prestaciones sociales en otros campos, en el del transporte, en la movilidad de las personas, se ha considerado que esta cifra, que curiosamente existe en los países nórdicos pero también en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña o en España, se mantuviera de forma casi inalterable con sus más y sus menos.

Sucede además otra circunstancia muy común en todos los países europeos, y es que la prestación de este servicio casi nunca es competencia del Estado, sino que básicamente se trata de un mix entre las autoridades locales, regionales y de nivel subestatal. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Además sucede -este es el modelo de Madrid y Barcelona- que existen unos consorcios en los cuales participan los ayuntamientos, y en España las comunidades autónomas, que son las que asumen la dirección del sistema, reparten los recursos, establecen las tarifas y, por decirlo de alguna manera, dan la cara ante los ciudadanos. Sin embargo, en España, como veremos después, igual que en otros países, el Estado ha participado y continúa participando en parte de la financiación de este 50 % aproximado de lo que podríamos llamar salario social en forma de movilidad. Tenemos unos esquemas similares y, cuando uno ve que los esquemas son similares, parece que vamos en el buen camino.

¿Cuál es, señor ministro, la diferencia entre España y otros países relevantes? La diferencia se puede encontrar en una palabra, que es la previsibilidad, es decir, hay distintas fórmulas de que esto sea previsible, de que cada consorcio -del de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona- sepa cuánto, qué recursos va a tener este año, el próximo, etcétera, para poder encajar sus políticas. Esta previsibilidad viene formalizada de distintas maneras. Por ejemplo, en Francia existe un impuesto propio, le taux de versement du transport, que garantiza a las autoridades locales o regionales francesas aproximadamente el 35 % de los recursos que necesitan para financiar el déficit del transporte público y, por ello, todas las autoridades ya saben a qué atenerse. Es evidente que el rendimiento de esta tasa, de le taux de versement du transport, será mayor o menor en función de la actividad económica, pero aquí es obvio que cada cual ya puede hacer sus cálculos. Esta es una fórmula determinada.

Otra fórmula es la alemana, que consiste en que se pacta por un periodo largo de tiempo -en Alemania ha sido de ocho años y vence precisamente en 2014- que el Estado garantice durante ocho años, a través de un contrato-programa, lo que les va a dar a las distintas autoridades, en este caso a los Länder. Durante este periodo se garantizaba una cifra que cada año se incrementaba en 1,5 puntos. A partir de este año vence este llamado contrato-programa y los Länder y el Gobierno federal alemán tendrán que establecer unas nuevas reglas de juego, pero en cualquier caso van a dar estabilidad al sistema.

En España, por el contrario, señor Montoro, como usted conoce muy bien, hubo una especie de contratos-programa a lo sumo de tres años -usted lo había denunciado aquí en sus tiempos de oposición- que se firmaban cuando vencían, en los últimos años. Era simplemente para que se pudiera pagar. Además, cuando han vencido se han ido renovando de forma prácticamente anual. ¿Cuál ha sido el resultado de este sistema? Usted conoce los datos. Esto es referido a Barcelona, pero en Madrid es lo mismo con más dinero porque hay más viajeros transportados. Hasta un año esto fue previsible, pero en los últimos años la disminución es importante. De hecho, de 184 millones ha pasado a solo 101, y este año 95 millones. ¿Qué significa esto, más allá de que uno pueda comprender que como los presupuestos del Estado se han visto constreñidos hay menos dinero para todo?, ¿qué ha conllevado esto? Ha conllevado que en las cuentas de estas administraciones públicas ha aparecido un nuevo motivo de déficit, y me parece que esto no es nada positivo.

¿Cuál es el sentido de mi interpelación? En estos momentos hay un elemento importantísimo que es la necesidad de modificar nuestro sistema financiero. Mi compañero, Josep Sánchez i Llibre, se lo acaba de plantear al señor presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno ha comunicado que de aquí a quince días vamos a disponer del informe de los expertos sobre el cambio de la fiscalidad en España. Es un buen momento para que la fiscalidad recoja cómo podemos garantizar esta financiación, cómo podemos hacer previsible esta financiación. Este es el sentido de esta interpelación. Señor ministro, usted además es consciente de que tenemos otro problema. Tengo aquí el recorte de un periódico (lo muestra) que habla de que Bruselas exige a la capital de España medidas contra la contaminación, y lo que dice es que la Comisión deniega una prórroga y que no se podrán evitar altas sanciones. Así pues además de este aspecto tenemos otro que amenaza a nuestras grandes ciudades, las sanciones de Bruselas por la mala calidad del aire, algo que lógicamente tiene mucho que ver con el transporte público. Señor ministro, me parece que en estos momentos podría ser un elemento muy positivo que diéramos una salida garantizando la viabilidad de nuestro transporte público, cada cual en su cota de responsabilidad; sería bueno que el


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Estado pudiera garantizarlo. Además al Estado le saldrá mucho más económico invertir en futuro e invertir en que nuestras ciudades no sean sancionadas. Ni a Madrid ni a Barcelona les viene nada bien, señor ministro, para la lucha que tienen de competitividad con otras ciudades europeas ser calificadas como ciudades de mala calidad ambiental. Para competir por congresos o competir por turistas la alcaldesa de Madrid y el alcalde de Barcelona necesitan mostrar sus ciudades como ciudades limpias. Debemos ayudarles, y me parece más sensato intentar ayudarles en positivo a que funcionen los sistemas de transporte público, a que a través de las aportaciones del Estado, garantizadas y previsibles, puedan estabilizar los costes de sus sistemas de transporte -cosa que no ocurre en este momento- y que, en definitiva, los ciudadanos no acaben teniendo que pagar mayor proporción y se rompa este 50 %.

Como usted conoce muy bien porque es experto, señor ministro de Hacienda, si se suben las tarifas, se van subiendo las tarifas, se van subiendo las tarifas que paga el ciudadano, la elasticidad a la demanda es la que es y comporta también que muchos ciudadanos abandonen el transporte público, lo cual vuelve a incidir en mayor contaminación. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Recapacito y ya y voy acabando, señor ministro, señoras y señores diputados, se trata de aprovechar las actuales circunstancias, la voluntad -se lo he oído a usted muchas veces- reformista del Gobierno, para que en este paquete de reformas encontremos la manera de solucionar un problema, que es un problema importante, es un problema ambiental, es un problema de gestión, es un problema de relación interadministrativa, es un problema que está planteado en muchas ciudades de Europa y sobre el que hay distintas soluciones: en Londres tienen una fórmula que se llama la congestion tax, en Alemania tienen el contrato-programa, en Francia tienen la le taux de versement du transport. Hay muchas modalidades, pero sería bueno en estos tiempos que pusiéramos encima de la mesa este elemento de forma que pudiéramos darle respuestas. Ya le avanzo que, usted lo sabe perfectamente, hay que apuntarse a elementos de responsabilidad. Usted sabe perfectamente, porque se lo contó el conseller catalán Santi Vila, que el Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana de Barcelona acaban de firmar un pacto para estabilizar los costes y para refinanciar el déficit. Esto es bueno, esto es bienvenido desde todos los puntos de vista. Le pido, señor ministro, que el Estado participe de este acuerdo, de esta voluntad, porque iría en aras de estabilizar nuestro sistema de transporte público metropolitano, repito, no solo en Barcelona sino en las grandes aglomeraciones de las ciudades españolas.

Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Macias.

Señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, señor Macias, en primer lugar, valoro el tono de su intervención. Entiendo que es una interpelación que pretende un lugar de encuentro y en ese terreno quiero comenzar también mostrando la disposición del Gobierno, como usted ha reclamado al final de su intervención, en representación del Estado, para abordar una cuestión tan importante como es garantizar en las mejores condiciones, no económicas solo sino también en términos de eficiencia energética, de impacto medioambiental, el transporte urbano en grandes áreas metropolitanas, que también en España se dan especialmente en dos grandes ámbitos sin menoscabo de que en otra dimensión existan también esas áreas metropolitanas. La posición del Gobierno, también lo ha destacado su señoría en su intervención, es respetar, como no puede ser de otra manera pero al máximo, las competencias, tanto del ámbito de las autoridades locales, municipales como de la autoridad autonómica, en materia de garantía del transporte y las consecuencias, insisto, no solo económicas sino también en términos de medioambiente y eficiencia energética. Tenemos ahora, este año, la ocasión de situar este planteamiento, el respeto máximo de competencias en lo que va a ser el modelo de financiación autonómico y financiación local que, como conocen sus señorías, es intención del Gobierno llevar adelante la revisión, la formulación de un nuevo modelo de financiación autonómica y financiación local en la segunda mitad de este año, del ejercicio 2014.

En consecuencia, estamos en el momento de precisar, no tanto de hacer balances -aunque por supuesto los balances son siempre útiles, nos enseñan mucho sobre lo que ha sido el funcionamiento anterior- en este caso la presencia de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, del área de Barcelona, donde el Estado está presente de una manera significativa, tiene un papel relevante en el consejo de administración como observador y colabora en la financiación del sistema del transporte, y es positivo que se conozca la presencia del Estado. Por supuesto también lo es el hecho de que existe una dotación presupuestaria para la financiación del Área Metropolitana de Barcelona de 94 millones de euros


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en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Además está la mejor disposición para movilizar esos recursos presupuestarios cuanto antes, a través del acuerdo del Consejo de Ministros y que la autoridad del transporte pueda tener a su disposición esos recursos, sobre todo habida cuenta de que todos somos conscientes de los problemas de financiación, de los problemas de liquidez que tiene la autoridad del transporte.

Decía que no nos refiramos solo a la finalización, a las últimas etapas de un contrato-marco; que no hagamos referencia solo a la dotación presupuestaria contenida en el presupuesto del Estado para el año 2014, la habilitación pertinente de esa cantidad, sino que inscribamos esta cuestión en lo que va a ser el nuevo modelo de financiación autonómica y financiación local, donde en determinadas circunstancias -como es el caso de las grandes áreas metropolitanas donde se produce una concentración de población en un espacio relativamente reducido- el uso del transporte público, como en todas las circunstancias pertinentes, tenemos que facilitarlo y hacerlo posible. No obstante, en las áreas metropolitanas precisamente se produce un problema -como ha resaltado su señoría- en términos de eficiencia no solo económica, sino también eficiencia energética y eficiencia medioambiental. Para lo que, siendo como somos miembros de la Unión Europea, contaremos con recursos, con fondos europeos. Tanto la Administración General del Estado como la Administración autonómica, la Generalitat de Cataluña y los municipios correspondientes contaremos con fondos europeos que estamos obligados a destinar precisamente, además de a la investigación, al desarrollo y a la innovación tecnológica, a la eficiencia energética, al cuidado medioambiental, a la consecución de objetivos medioambientales ambiciosos y a la generación de todo lo que se llama la economía baja en carbono. Igualmente tendremos recursos disponibles ahí para atender a esa gran cuestión que se produce en la aglomeración de las áreas metropolitanas. Señor Macias, tenemos la mejor disposición para garantizar la previsibilidad del nacimiento de un nuevo sistema; estamos empezando a tratarlo con la Generalitat de Cataluña, con sus autoridades, en pocos días lo haré también con las autoridades municipales, y en concreto con el Ayuntamiento de Barcelona. Lo haremos obviamente con la responsabilidad y con la capacidad de acción y de actuación del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de manera que vamos a trabajar juntos por ese nuevo sistema marco que incluya el elemento fundamentalmente de previsibilidad, de manera que no veamos afectados los costes de funcionamiento de los transportes de un área metropolitana en virtud de las restricciones presupuestarias a las que nos hemos visto obligados hasta ahora.

Insisto en que en que la interpelación en términos de clarificación es pertinente, en el sentido de que es positivo que sea el Congreso de los Diputados el que se involucre también en facilitar este debate político público de auspiciar el nacimiento de un nuevo sistema previsible, seguro para los ciudadanos y que incida en la mejora de las condiciones de vida de nuestras grandes ciudades rodeadas también de grandes ciudades como son las que componen esas áreas metropolitanas. Espero y deseo que la moción consecuencia de esta interpelación sea valorada por el conjunto de los grupos de esta Cámara, además de la participación del Gobierno y mostrar la mejor disposición para llegar a estos encuentros, sobre todo que esa moción abra un camino. A estas alturas del planteamiento no puede delimitar los contenidos de una manera precisa, pero sí puede abrir un camino de entendimiento y de coincidencia para los ciudadanos, en este caso del Área Metropolitana de Barcelona, pero también los ciudadanos de otras áreas metropolitanas como la de Madrid, para que entiendan que nuestra dedicación y nuestro esfuerzo está orientado a resolver los problemas del día a día de esos ciudadanos como es el problema del transporte, como es el problema del medio ambiente, como es el problema de la mejora de la eficiencia energética. Bienvenida la interpelación. Respondo de la manera más escueta porque creo que es la más oportuna, mostrándole la mejor disposición del Gobierno para que aprobemos conjuntamente la moción consecuencia de interpelación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor ministro.

Señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor ministro.

Señoras y señores diputados, es obvio que a veces hay interpelaciones que tienen un objetivo importante y es situar en la Cámara un debate ciudadano de un tema importante y concentrar la atención del Gobierno pero también de la Cámara en aspectos relevantes. Agradezco que acepte este reto. Vamos a continuar trabajando, en primer lugar, a través de la moción consecuencia de esta interpelación en la


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cual vamos a plantear, primero, este elemento previsible que usted comparte y que es positivo para todos. Saber lo que tienes te exige mucho más, porque no se puede decir: no sé lo que voy a tener, voy a pedir. Yo sé que tengo esto, luego tengo que arreglarme con ello. Es una medida de autoexigencia de cada autoridad y esto me resulta positivo. Este es un elemento que deberíamos ser capaces de tener claro. Segundo elemento que vamos a plantear al que también ha hecho referencia, la interrelación entre transporte público, calidades del aire y eficiencia energética. Son elementos que hay que poner además en carga. Ha hablado de financiación autonómica y local, pero además existe la reforma de la fiscalidad y a lo mejor por aquí podemos encontrar algunas medidas. De hecho, hay algunas que pueden no tener que ver con el Gobierno sino con la capacidad normativa de las comunidades autónomas o incluso de los ayuntamientos. Alguno de estos ejemplos eran decisiones del gran Londres. La congestion tax donde la cuestión de la tasa no es solo británica. En el marco de la fiscalidad ellos la hacen pagar para entrar. Este es un modelo que a lo mejor no se puede aplicar ni en Madrid ni en Barcelona, sin embargo, la auto responsabilidad de las autoridades puede hacer que en su momento puedan aplicar algún tipo de tasa que les ayude a financiar el sistema. Todo lo que va en pro de la responsabilidad política de todos me parece positivo. Este es un segundo elemento que me parece bueno. Agradezco que se haya referido a un tema del que tomo buena nota. Si se quiere garantizar la liquidez vamos a intentar que no pase lo que ha pasado en tantas ocasiones, que a finales de noviembre o diciembre tengamos que apresurarnos todos a firmar el contrato-programa para pagar. Si fuéramos capaces de hacerlo cuanto antes, la liquidez siempre es bienvenida. Es otro elemento positivo que hay que tener en cuenta.

Si me lo permite también el señor ministro -porque también hay una referencia-, voy a poner el ejemplo de Zaragoza, no de Barcelona ni de Madrid. Zaragoza tiene un excelente sistema de transporte que es el tranvía. Está teniendo buenos resultados, es una muestra de colaboración público-privada y creo que incentivar este tipo de propuesta que nos permite movilizar recursos en un momento en el que no disponemos de muchos recursos en las administraciones es otra buena regla. Desde este punto de vista, deberíamos hacer que el sistema reciba, encaje estas fórmulas de participación, de colaboración público-privada que pueden ayudar -repito- en años de poca capacidad de inversión por parte de las administraciones a acelerar determinadas inversiones. En cualquier caso, señor ministro, le agradezco que usted sea muy receptivo a esta cuestión. Nuestro grupo va a continuar trabajándolo. Sé que usted ha tenido contactos pero yo no querría que la Cámara o usted interpretara que este es un tema de Barcelona; es un tema de las grandes ciudades. No sé si acaba en Madrid o Barcelona o hay otras; tampoco soy yo el que tiene que decidir esta cuestión en estos momentos, pero sí que conceptualmente podemos estar de acuerdo. Lo sabemos hacer y cuando uno está de acuerdo con los objetivos, los comparte y deberían tener también la habilidad de que, por ejemplo, en los sistemas de financiación más allá del tótum revolútum hubiera una parte, un reconocimiento explícito para que se pudiera encajar esta aportación, este hecho del transporte público en las grandes aglomeraciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En cualquier caso el tema está aquí, está planteado y deseo que sea para bien.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor diputado, tres aseveraciones finales por mi parte. La primera es la pertinencia de que esta Cámara intervenga en una cuestión como la que estamos abordando, esto es claro. Hay muchas cuestiones que no se deben debatir y ni siquiera resolver únicamente en el ámbito de las relaciones entre Gobiernos, entre administraciones o entre administradores sino que hay que traerlas a la Cámara, con representación de la Cámara y con pronunciamiento de la Cámara. Eso es la democracia. Por eso decía que hay muchas veces que las interpelaciones, incluyendo la esencia del control al Gobierno, son una vía precisamente para mostrar a todos, a la ciudadanía pero por supuesto a los propios administradores públicos, que las Cámaras están funcionando y que se dedican a resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.

En segundo lugar, estamos en un año de reforma fiscal que además concernirá al ámbito autonómico y local, como no puede ser de otra manera, en un país como el nuestro de tamaño grande pero fuertemente descentralizado en términos administrativos y políticos y en términos de sus finanzas públicas, y tenemos que abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y financiación local. Esta cuestión, el transporte, es una cuestión vital en la oferta de servicios que realizan nuestras administraciones locales, autonómicas,


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con la responsabilidad última y básica del Estado. A partir de ello, que la Cámara participe en la elaboración de un modelo que supere experiencias pasadas, que nos lleve a modernizar las fórmulas que se han aplicado hasta ahora, esas formas de contratos-programa, incluyendo las nuevas exigencias positivas que además de garantizar la viabilidad del transporte en términos económicos tenga y contenga las grandes cuestiones de eficiencia energética y de impacto medioambiental. Por tanto, tenemos que buscar esa coincidencia; la coincidencia es positiva y, sobre todo, lo que es positivo también en clave de iniciativa política es que la coincidencia nazca, no ya solo de los encuentros entre Gobiernos y entre administradores públicos sino también que nazca en el propio Parlamento, que nazca a través de la iniciativa política de esta Cámara.Por tanto, celebro la interpelación de esta mañana del Grupo de Convergència i Unió. Espero -y estoy convencido de ello después de las palabras que hemos escuchado- que en una sesión próxima podamos acordar un documento que pueda ser base para la negociación entre los diferentes ámbitos y niveles de gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE MEDIDAS PARA DOTAR DE CARGA DE TRABAJO A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA, SITUADOS EN LA RÍA DE FERROL, ASÍ COMO PARA QUE INFORME SI HA TRAMITADO ANTE LA UNIÓN EUROPEA UNA CONSULTA FORMAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN DIQUE FLOTANTE EN DICHA LOCALIDAD. (Número de expediente 172/000197).

El señor PRESIDENTE: Antes hemos superado la interpelación presentada por la señora Pérez Fernández porque no estaba presente. Conocidos por la Presidencia los motivos por los que no estaba y mostrando su acuerdo el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y para que la Cámara conozca un tema muy importante, vamos a entrar ahora en la interpelación de la señora Pérez Fernández, sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad.

Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, señor ministro, quiero agradecerles públicamente la generosidad que han tenido al permitirme, efectivamente, poder intervenir por no haber podido estar -por causas que no vienen al caso- justo en el momento en que teníamos nuestro turno. Se lo agradezco sinceramente.

Señor ministro, señorías, han sido muchas las ocasiones que a lo largo de los últimos años el Bloque Nacionalista Galego ha traído al Congreso de los Diputados no solo su enorme preocupación, sino también sus propuestas para un sector, el naval, que forma parte del ADN industrial de Galiza en general y de la comarca de Ferrolterra en particular. Hoy volveremos a hablar aquí de datos y cifras, pero tengan en cuenta que detrás de los números y las escalofriantes estadísticas hay una comarca y una ciudad que no pueden seguir esperando por más tiempo y que detrás de los números hay miles de personas que no consiguen en este momento imaginar un futuro con posibilidades para ellos mismos y los suyos. Detrás de los datos hay una realidad económica y, lo que es más grave, una realidad social, que es ya muy difícil soportar y que exige respuestas contundentes e inmediatas por parte de las administraciones públicas competentes.

Señorías, el sector naval de la ría de Ferrol fue durante décadas el verdadero sistema nervioso de un cuerpo, de un territorio, que supera los 166.000 habitantes. Un sector que ha ido destruyendo empleos desde los primeros años ochenta, cuando la primera reconversión acabó nada más y nada menos que con 11.000 empleos directos. Ese descenso se hizo ya imparable a partir del año 2004, cuando otros 1.400 trabajadores se quedaron sin empleo en los astilleros públicos. A la par, el número de trabajadores vinculados a la industria auxiliar también ha caído en picado. De esta forma, se cumple escrupulosamente la relación que se desprende de datos de la OCDE y que calcula que cada empleo directo en el sector naval genera más de 2,5 fuera y en la actualidad quedan menos de 2.300 operarios en la plantilla principal entre Ferrol y Fene, las antiguas Bazán y Astano, y prácticamente 800 en las empresas auxiliares. Como ustedes comprenderán, las consecuencias derivadas de estos datos son absolutamente insoportables en el conjunto de la economía de la comarca, que ha echado el cierre a cientos de comercios


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y empresas de otros sectores y que ha supuesto solo en la ciudad de Ferrol -con apenas 73.000 habitantes- que la tasa de desempleo se sitúe ya en el 32 % y que esté a menos de dos puntos de la tasa de ocupación, que no alcanza el 34 %, es decir, por cada persona que trabaja en Ferrol otra está sin empleo. Desde luego, los datos y la propia realidad no tienen parangón en ningún otro de los más de trescientos ayuntamientos de toda Galiza.

Señorías, señor ministro, este es solo un resumen de la abrumadora radiografía económica y social que presenta la ciudad y la comarca de Ferrolterra, una situación que en modo alguno ha surgido de repente y mucho menos de casualidad; una realidad que ha sido provocada por decisiones políticas gravísimas y que, además, no se han visto acompañadas en ningún momento de propuestas alternativas, más allá de actuaciones puntuales que pudiesen haber diversificado la actividad económica en estos años y que hubiesen significado algún tipo de salida a la situación de emergencia que ahora se vive. La tantas veces exigida y la mil veces prometida carga de trabajo es, aún hoy, una quimera, y las erráticas actuaciones de Navantia y del propio Gobierno siguen sin dar una respuesta definitiva a un sector que tiene la consideración de estratégico y prioritario en cualquier otro país del mundo. Después de todo lo vivido, nadie tiene ya dudas en Galiza, y mucho menos en Ferrolterra, de que la reestructuración que ha sufrido el sector naval público en la ría de Ferrol no se deriva de la incapacidad del mismo para afrontar nuevos retos, sino que tiene su explicación en los diseños elaborados por la Unión Europea y en decisiones que, consecuentemente con esos diseños, ha ido tomando el Estado español y los distintos Gobiernos del Estado, cuyo objetivo no es otro que el de reducir la capacidad productiva en el sector naval gallego.

La prohibición de construir barcos en el astillero Astano de FENE, que en la actualidad está prácticamente abandonado, con sus grúas e infraestructuras paralizadas, y la limitación a la construcción naval militar en el astillero de Ferrol son las razones fundamentales que nos han traído hasta aquí. La construcción naval militar se mantuvo estos años a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado y a través de contratos con otros Estados, siempre dentro de un estrecho marco y con condiciones muy estrictas. Como no podía ser de otra forma y como consecuencia de la crisis que nos estrangula desde el año 2007, Navantia Ferrol se encuentra sin contratos militares a la vista y sometida a un nuevo y acelerado proceso de pérdida de puestos de trabajo. El Gobierno, ante esta situación crítica, está actuando con total pasividad y con un desinterés que no tiene justificación, tratándose de un sector que, paradójicamente, incrementa su carga de trabajo y sus expectativas en otros países europeos de nuestro entorno, como Noruega, Holanda o Polonia, que han pasado de no representar prácticamente nada en el sector a liderar la cartera de pedidos del naval europeo. Y para muestra, señor ministro, un botón: Noruega acumuló en el año 2012 un total de ciento setenta pedidos, mientras que Galiza solo tenía tres.

Las numerosas y multitudinarias movilizaciones que han tenido lugar en los últimos meses han vuelto a poner de manifiesto la angustia con la que se vive en la comarca la inacción de los Gobiernos del Estado y de la Xunta, que más allá de prometer e incumplir sistemáticamente sus promesas, no han articulado a día de hoy ninguna medida tendente a reflotar seria y rigurosamente el sector naval, al contrario: las inauditas declaraciones de los presidentes de Navantia y de la SEPI, descalificando y desprestigiando al propio sector con actuaciones que en cualquier otra parte de Europa y del mundo se hubiesen saldado con su cese fulminante, o el argumento recurrente de las pérdidas de Navantia, del que siempre echan mano distintos responsables públicos que tienen mucho que ver con la situación actual del sector naval. En este punto, queremos subrayar que en el balance económico de Navantia de los últimos años son precisamente los centros de Ferrol y FENE los que, pese a estar sometidos a las mayores restricciones y vetos del total de la empresa, presentan un saldo positivo. Entre 2008 y 2012, por ejemplo, mientras Cartagena se saldaba con casi 12 millones de euros en negativo o Cádiz con 304, Ferrol-FENE arrojaba casi 68 millones de euros en positivo. Pero no solo no ha habido nunca voluntad política por parte de los distintos Gobiernos para conseguir que la Unión Europea levantase el veto a la construcción naval civil, renovado por última vez en el año 2005 y que ha impedido acudir a los mercados en igualdad de condiciones con otros países, recientemente hemos tenido que asistir a la pérdida de una oportunidad casi única en los últimos años; Navantia no ha logrado hacerse con el contrato de construcción de cuatro buques gaseros para la nueva ruta de transporte de gas entre Estados Unidos y Japón para la empresa Stream, formada por Gas Natural y Repsol. Un contrato valorado en 800 millones de euros que ha ido a parar a los astilleros asiáticos, mientras que aquí nos preguntamos cuáles han sido las gestiones del ministro, del Gobierno, para evitar este desenlace lamentable. Aun cuando ya era público y notorio que Navantia se quedaba sin esos contratos, su dirección, la dirección de Navantia, seguía tratando de engañarnos a la ciudadanía y a los trabajadores afirmando que no tenía conocimiento de que el proceso


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de adjudicación de los gaseros hubiese finalizado. ¡Claro que el proceso había finalizado! y fatalmente, con carácter irreversible por la falta de acción manifiesta de la dirección de Navantia y del propio Gobierno, que no ha afrontado con decisión y urgencia la situación. Pero esta no ha sido ni mucho menos, señor ministro, la única ocasión en la que el PP ha demostrado que lo que asume y promete en las campañas electorales queda en el olvido cuando adquiere responsabilidades de Gobierno.

Otro ejemplo, ya cansino, es la propuesta del dique flotante, que daría carga de trabajo para más de dos años en los propios astilleros de la ría de Ferrol y que el presidente de la Xunta prometió una y otra vez durante la campaña electoral en el año 2012. Apenas tres meses después de esa campaña, el presidente de la SEPI informaba de que no se construiría el dique flotante, ya que podría vulnerar la directiva comunitaria si las ayudas a su financiación se considerasen ilegales por Bruselas. El dique flotante ha ido y venido varias veces a lo largo del último año y medio en el debate político. La última fue el intento de un nuevo engaño por parte del Partido Popular lanzando que presentaría una enmienda en el Senado a los presupuestos para el año 2014 para la construcción de ese dique. Ni hubo enmienda ni hay dique, y lo que es más grave todavía, a día de hoy ni siquiera hemos conseguido que el Gobierno aclare si se ha hecho una consulta formal a la Unión Europea sobre este particular. Las noticias que llegan precisamente de Europa son que no se ha hecho así.

En todos estos sucesivos capítulos nos encontramos también con el destacado capítulo de los floteles y de los contratos con Pemex, que pasaron de ser contratos anunciados -como digo, hace más de año y medio- por el presidente de la Xunta a ser concurso público, donde Navantia tuvo que competir, efectivamente, con otras empresas. Finalmente, y afortunadamente nos congratulamos de ello, hay floteles, y hay flotel también para los astilleros públicos de la comarca de Ferrolterra. Pero, señor ministro, no se engañe, desde luego, la ciudadanía de Ferrolterra y los trabajadores de Navantia tienen muy claro que este flotel no es la solución definitiva a todos los problemas del sector naval gallego. Efectivamente, es un paso, pero el Gobierno debe actuar con contundencia y rapidez, precisamente, para alcanzar esa carga de trabajo que no se ve en un futuro cercano. Por último, señor ministro, estamos ahora asistiendo a la polémica sobre la construcción de ese flotel, de ese único flotel para los astilleros de Ferrolterra, en el astillero de Ferrol o en los astilleros de Ferrol y Fene. Pues bien, por nuestra parte lo tenemos claro; el astillero de Fene no puede llevar a cabo la construcción ni parte de la construcción de ese flotel, porque el veto y las decisiones tomadas en los últimos años se lo impide. Por lo tanto, aclaren definitivamente esta polémica y no mantengan esta cortina de humo para tenernos alejados de los verdaderos problemas del sector naval.

Concluyo, señor ministro. Usted mismo, en febrero del año 2013, a preguntas de esta diputada, nos dijo literalmente que en marzo de ese año, 2013, en Navantia Ferrol estarían cortando chapa. Es literal. Esta mañana usted ha dicho aquí que los astilleros públicos de Ferrolterra son avanzados tecnológicamente y que pueden competir. La afirmación que realizó en febrero de 2013, hace ahora un año, no se ha cumplido; ni han estado en marzo de 2013 cortando chapa, ni lo están, ni lo estarán en marzo de 2014. Pero sí coincidimos con su afirmación de que los astilleros de Ferrolterra son avanzados tecnológicamente, pueden competir y tienen futuro. Pero, señor Montoro, todo eso depende de decisiones y actuaciones políticas en la dirección correcta...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.

Le interpelamos, pues, para que se tomen medidas de carácter urgente para que pueda haber carga de trabajo en los astilleros públicos de Ferrolterra y también para que se pueda construir el dique flotante.

Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señora diputada, claro que es importante también que tengamos en la mañana de hoy una interpelación de este contenido relativa a la clarificación, como su señoría promueve, de la posición del Gobierno en relación con los astilleros públicos de Navantia. He tenido la oportunidad de referir también la posición del Gobierno a lo largo de diversas intervenciones en esta legislatura tanto en el Congreso como en el Senado, lo he hecho yo mismo como ministro de Hacienda y Administraciones


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Públicas y también lo ha hecho en concreto el presidente de SEPI. La posición del Gobierno es dar viabilidad a los astilleros públicos y garantizar esa actividad económica, tan importante en determinados lugares de España que precisamente están sufriendo tasas muy elevadas de paro que son inaceptables, lo cual nos lleva a que desde el Gobierno de España estemos acelerando -lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo- todas las decisiones para que Navantia tenga viabilidad y futuro. Y lo vamos a hacer desde la seguridad de que Navantia es una empresa viable -como he dicho esta mañana-, es una empresa capaz de competir y es una empresa tecnológicamente avanzada que está entre las primeras del mundo en algunos de los productos y en concreto en los relativos a la fabricación también de buques de defensa. Por tanto, tenemos entre todos -eso es lo que yo quiero también comenzar resaltando- la obligación de destacar esa capacidad operativa de Navantia.

Navantia es el resultado de una historia que usted acaba de relatar, esa ha sido la historia. Por lo demás, si observa esa historia -usted lo ha hecho en las fechas de esa historia-, cuando ya tuvimos la responsabilidad y la tarea de gobernar quiénes estuvimos allí tratamos de dar viabilidad a esos astilleros. En esas fechas usted no encontrará un proceso de retroceso de lo que fue Navantia, donde yo también fui responsable hace diez o doce años de la creación de esa empresa, de la fusión de esos astilleros públicos de carácter civil con los militares, precisamente para que naciera una empresa tecnológicamente viable y accesible a lo que debe ser la conformación de unas industrias de defensa en España. Por tanto, el proyecto del Gobierno es, en primer lugar, integrar a Navantia en un proyecto de industria de defensa de nuestro país. Eso aumentará su potencial de desarrollo y de mejora de energía, aportando ella las referencias de capacidad tecnológica, de experiencia y presencia en los mercados internacionales.

Dicho esto, por supuesto que entiendo las tensiones y las presiones sociales y las valoro como tales, pero tenemos que entender todos que no se consiguen contratos con manifestaciones públicas sino que, al contrario, estamos entorpeciendo la consecución de carga de trabajo que evidentemente nadie te va a dar en el mundo por el hecho de que tengas una presión social en un determinado lugar de tu país, por supuesto siendo eso tan importante y tan respetable, pero todos entendemos que no vamos a conseguir esto. Por tanto, pido lo que he pedido tantas veces en esta Cámara, prudencia y que no se utilicen políticamente asuntos de esta envergadura. La difusión de determinadas posiciones políticas perjudican, no contribuyen, y la intención del Gobierno es que estén presentes todos los grupos políticos en la acción y en la consecución, que no sea un objetivo de alguien de un grupo político, del Partido Popular, de un Gobierno en concreto, sino que sea una acción conjunta y coordinada de los grupos políticos, pero comprenderán que con la imagen de que realmente no hay carga de trabajo y de que por eso tenemos una presión política no se presenta una cartera de pedido por el mundo, porque lo que parece es que no tienes lo que realmente tienes en Navantia. Por eso, pido, por favor, una vez más que el debate político se rebaje y que se haga como he pedido esta mañana. Ya estamos empezando a tener carga de trabajo en términos del flotel, pero le puedo garantizar esta mañana que esa carga de trabajo no vendrá sola. Incluso, voy a pedir perdón públicamente por una afirmación que hice y porque no se concretaron antes esos contratos, porque ha habido una demora en dichos contratos, pero, como se está demostrando, los contratos existen. Lo que no se puede hacer es cuestionar la existencia misma de esos contratos y convertir en un debate político un contrato, porque, si no, lo que estamos haciendo es que ese contrato no se materialice. Creo que se entiende el razonamiento. Cuando uno tiene un buen producto industrial se está perjudicando con un debate político la consecución de objetivos de aplicación de ese producto industrial; tan sencillo como esto. Yo he tenido que decir que me he equivocado, y pido disculpas públicamente -como haré cada vez que me equivoque- por haber generado unas expectativas como las que generé de cara a marzo de 2013. Es verdad que ha habido retraso, pero ahora reconozca que estamos consiguiendo carga de trabajo. ¿Que no es suficiente? Lo sé y estamos trabajando en ese sentido, pero cuando decimos que tenemos una importante cartera de pedidos potenciales estamos diciendo la verdad. Esos trabajos son muchas veces contratos de Estado, se hacen a nivel máximo de Estado, no lo hacen los directivos de una empresa pública. Lógicamente, los materializa la labor comercial, pero son contratos de máximo nivel en la relación entre Estados, y eso está cuajando, está fructificando, como también está en marcha el quinto gasero, algo que ha sido anunciado por la empresa, por Gas Natural. No ha sido anunciado por el que sería el contratante de la empresa, sino que es la empresa la que decide llevar adelante el quinto gasero y ahora mismo se están materializando las condiciones económicas, financieras y tecnológicas para que se fabrique ese quinto gasero. Eso es real, eso es así. ¿Que no vinieron los cuatro gaseros anteriores? De acuerdo, pero ha venido el quinto, y si somos capaces de hacer bien el quinto estaremos abriendo mercado internacional.


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Además de todo esto, están los pedidos de origen militar, pedidos en los que también se está avanzando porque tecnológicamente se está ofreciendo un buen producto. No se está ofreciendo una desiderata política, se están ofreciendo unos productos de los más avanzados del mundo desde el punto de vista tecnológico. Son contratos que están en marcha, contratos con países de Oriente Medio, de Latinoamérica, con países muy importantes de Asia. Como usted sabe, uno de nuestros buques está trabajando ya en la Armada australiana; se ha concretado un contrato de desarrollo tecnológico con Turquía. Todo esto muestra que es real que Navantia tiene esa capacidad tecnológica y que estamos en marcha. Además, voy a hacerle una afirmación, como estamos tan cerca de conseguir esos contratos, el Gobierno va a actuar y va a poner a disposición de esos astilleros las inversiones oportunas para que los pedidos que ya están ahí cuajándose, cuando lleguen, encuentren los productos que ya se están materializando. Estamos identificando cuál de esos buques será el más operativo para que, como iniciativa del Gobierno y de los ministerios pertinentes -habilitando los créditos desde el Ministerio de Hacienda, por descontado-, llevemos adelante y aumentemos esa carga de trabajo que tendrá una salida de mercado. Eso es lo que estamos a punto ya de materializar y de comprometer. A ese respecto quiero decirles que, por supuesto, está a disposición de la Cámara en la Comisión correspondiente la comparecencia del presidente de la SEPI para responder a las preguntas, que ya se han transformado en preguntas orales, por lo que por descontado el presidente de la SEPI vendrá a dar las explicaciones oportunas.

Señora diputada, quiero ser útil en términos de trasladar la posición muy clara del Gobierno de España. El Gobierno de España va a impulsar a los astilleros públicos españoles y lo va a hacer sin que eso sea en modo alguno ayuda de Estado, lo va a hacer en las relaciones que el Gobierno de España tiene con otros Gobiernos del mundo, donde vamos materializando esos contratos, como se vio con la visita del presidente Rajoy a Turquía recientemente. Esto va a suceder a continuación. Por tanto, abierta ya esa cartera de pedidos, señora diputada, pido que bajemos el tono político de esta cuestión, que mandemos un mensaje de tranquilidad, serenidad y confianza a todos, a los trabajadores de Navantia y a los ciudadanos que habitan en estos importantes lugares de España, especialmente a los ciudadanos de Ferrol y de Cádiz, que están padeciendo una tasa de paro muy elevada y tienen todo el derecho a pensar -porque es así- que a través de la mayor actividad de esos astilleros puede corregirse esa situación penosa de paro que afecta a estas localidades tan importantes en la sociedad española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor ministro, le agradezco que públicamente haya pedido disculpas, que haya pedido perdón por las afirmaciones taxativas que pronunció aquí hace un año, y se lo agradezco porque los responsables políticos y los representantes públicos debemos pedir disculpas a la ciudadanía cuando hemos hecho afirmaciones que se ha comprobado, después de un tiempo más que prudencial, que no se han hecho efectivas. Se lo agradezco. Queda ya claro que la realidad es muy distinta a las afirmaciones que a veces se hacen.

Por otro lado, señor ministro, le he planteado en mi intervención una radiografía de una realidad concreta, no solo de una realidad laboral y económica, sino también de la dramática realidad social de la comarca de Ferrolterra. Se la he planteado incluso con datos, números y estadísticas, y usted en su respuesta, señor ministro, reconozca que lo único que hace es hacer futuribles. Usted nos dice que el Gobierno va a acelerar todas las decisiones para que Navantia tenga viabilidad, que el Gobierno va a actuar, pero no nos dice en ningún momento -y esa ha sido nuestra interpelación fundamental- qué tipo de medidas exactas y concretas va a llevar a cabo. Por supuesto, señor ministro, no ha nombrado, ni siquiera para responderme a lo que le hemos interpelado, la intención del Gobierno respecto del veto que aún a día de hoy y hasta finales de 2014 mantiene la Unión Europea sobre la construcción naval civil y tampoco ha dicho absolutamente nada sobre la construcción del dique flotante o si han existido siquiera consultas formales por parte del Gobierno español. Lo que sí ha dejado bien claro en su intervención es que los contratos, según usted, no se consiguen por la presión social, que no debemos -dice usted, nos aconseja- convertir en un debate político un contrato. Mire, aquí estamos en representación de la ciudadanía, aquí venimos cada uno a hacer nuestras propuestas, ustedes desde la máxima responsabilidad, que es el Gobierno, y nosotros desde nuestra humilde posición, que es precisamente la de estar en la oposición. Con toda claridad le diré, precisamente para no minusvalorar el papel que tiene que tener la


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política en un tema tan importante como este, que nosotros sí venimos aquí a hacer política, que esto que hacemos en el Congreso de los Diputados habitualmente es hacer política. Evidentemente, hay que hacer política cuando el propio Partido Popular ha hecho política sistemáticamente y ha jugado muchas veces con el sector naval y con promesas que finalmente, como usted ha reconocido esta mañana, no se han hecho efectivas. Por lo tanto, no veo ningún peligro en que precisamente en el Congreso de los Diputados se haga política; todo lo contrario, siempre he creído que aquí es donde debe hacerse política.

Con respecto a la presión social, señor ministro, tengo que decirle que en el caso concreto de los astilleros de la comarca de Ferrolterra y del sector naval gallego la presión social siempre ha existido, y antes he dado datos de la dependencia absoluta que tiene la comarca de Ferrolterra de este sector y de cómo los distintos Gobiernos hasta llegar al día de hoy no han presentado alternativas a esas sucesivas reestructuraciones del sector naval. Por lo tanto, esa presión social tiene que existir porque, si no existiese, entre otras cosas, no existiría hoy la adjudicación del flotel ni tampoco sus disculpas de esta mañana.

No ha dicho nada en concreto de lo que le he preguntado, nada sobre lo que le he interpelado, y yo sí quiero aprovechar el poquísimo tiempo que nos queda para repetirle, señor ministro, que es hora, que es el momento, que no se puede esperar ni un minuto para comenzar a dar cumplimiento a las promesas que han hecho en reiteradas ocasiones, empezando por la del dique flotante. Díganos con claridad qué han hecho en la Unión Europea en este tiempo y qué resultados han tenido esas gestiones si es que las han realizado. Por otra parte, señor ministro, aprovechamos también para decirle que desde luego la comarca de Ferrolterra, y en general Galiza, no soportarían otra reestructuración del sector naval que consista en la reducción de la capacidad de producción o en la reducción de todavía más puestos de trabajo, y no lo soportaría porque creemos que ya está en mínimos y que precisamente es hora de tomar medidas para ir en la dirección contraria y reflotar el sector.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.

También creemos, señor ministro, que es el momento, que ya es ineludible empezar a tener acceso a todo tipo de producción naval, a la civil y evidentemente a la militar, así como también a la fabricación de bienes de equipo, aerogeneradores, reparaciones; en fin, el levantamiento del veto, al que usted ni se ha referido.

Le agradezco su tono, le agradezco otra vez sus disculpas y espero que a partir de ahora tome conciencia de la situación que le hemos planteado y sobre todo tome medidas, señor Montoro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente, señorías.

Señora Pérez Fernández, yo también esperaba algo más de usted cuando ha subido a la tribuna; esperaba que se disculpara en su nombre y en el del Bloque Nacionalista Galego porque ha dudado de que el contrato del flotel existiera. Suba usted también a la tribuna, igual que otros grupos políticos que durante estos dos años me han interpelado diciendo que no existía ese contrato, que era un invento, que no se firmó nunca, que no se materializó nunca, y pida disculpas. ¿O es que no nos acordamos ya? La pena es que no me he traído todas las intervenciones. Yo pido disculpas, pero no he oído sus disculpas.

¡Claro que usted es importante en esta Cámara por lo que representa! Todos lo son. Una minoría es muy importante en esta Cámara; está representando a una parte de la sociedad gallega y, si esa parte se equivoca, tiene que venir aquí también a decirlo. Se dice que el Gobierno tiene que pedir disculpas. Lo hago; lo hago por el calendario, no en el sentido de que me esté equivocando sobre que está entrando carga en Navantia, porque sí está entrando carga. Por tanto, señora Pérez Fernández, yo también le pido que cada vez que me interpele, así como otros grupos, se levanten y digan: Oigan, tenían ustedes razón, iba a haber barcos.

Además, y no quiero hacer ningún anuncio que se malentienda, esta mañana he dicho más. Por cierto, que también está el gasero, del que tampoco la he oído hablar. Cuando no se reconoce lo que se está trayendo parece que se tiene una postura política de distanciamiento. Si tenemos que ser constructivos, seámoslo todos, porque claro que yo le doy mucho valor a lo que usted está haciendo esta mañana aquí


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y sobre todo a lo que representa en esta Cámara y en el conjunto de la sociedad gallega y española. Pero decía que esta mañana he dicho algo más; no solo he hablado del flotel, no solo me he referido al gasero, que está en marcha, no solo me he referido a los contratos que también están ya materializados, como el contrato de Turquía, he dicho más, he dicho que el Gobierno va a activar la construcción de un barco, puesto que está muy cercana la formalización de esos contratos. Estamos definiendo qué tipo de barco vamos a activar en tanto se materializan esos contratos, porque estamos tan seguros de que esos pedidos se van a materializar que lo que queremos es que cuando lleguen nos encuentren con la actividad en marcha. Ahora estamos en condiciones de hacerlo, en condiciones financieras de activarlo y lo va a hacer el ministro de Industria -que precisamente entra ahora en el hemiciclo- a través de su presupuesto, del capítulo 8. El ministro de Industria va a ser el protagonista que lleve adelante la materialización de esa iniciativa. Me quedo aquí porque tenemos que definirla técnicamente respecto de los pedidos en ciernes. Por tanto, he hecho más esta mañana, he subrayado el compromiso que tiene el Gobierno sobre la viabilidad futura de esa empresa, de Navantia, de los astilleros públicos españoles, también explicándonos en el ámbito de la Comisión Europea sobre esa viabilidad, pero no confundiendo, y a estas alturas menos, pretendiendo encontrar la viabilidad de una empresa pública tan importante y tan avanzada tecnológicamente con la inserción de ayudas de Estado. Eso sería un error mayúsculo; cualquier pretensión en este sentido puede sonar más o menos fácil, contundente, pero eso no es operativo en el marco de la Unión Europea, donde nos encontramos. Esta mañana, para tranquilidad de todos y de una manera prudente, he hecho un anuncio, anuncio que iremos materializando en las próximas semanas, que iremos concretando y que significará dar carga de trabajo a Navantia, a Navantia Ferrol y por supuesto a Navantia Cádiz.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD. (Número de expediente 172/000199).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, España es uno de los países con mayor dependencia energética de la Unión Europea y con mayores costes en el suministro eléctrico tanto antes como después de impuestos (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia), mayores precios que suponen una pérdida de renta disponible para nuestras familias, que ven cómo crece la pobreza energética entre una población que cada vez está más castigada por sus recortes y sus subidas de impuestos, pero una pérdida de competitividad también para nuestras empresas, especialmente para aquellas cuyos costes de producción dependen de los costes energéticos y de las que también debería preocuparse como ministro de Industria, dado que están sujetas a un riesgo serio, grave, de deslocalización.

Lleva usted en el ministerio dos años tomando medidas. No voy a discutirle que cuando llegó el sector eléctrico tenía graves problemas estructurales, un grave desequilibrio entre los costes reconocidos y los ingresos, conocido como el déficit de tarifa, agravado sin duda alguna por la crisis de la demanda y, desde luego, por las graves deficiencias de un mercado implantado con la ley de Aznar de 1997. Pero lo que sí le critico, señor ministro, es que usted no hizo lo que tenía que haber hecho nada más llegar: pedir un diagnóstico certero de la situación y abordar un plan de actuación para corregir los desequilibrios económicos del sector y avanzar de una manera eficiente hacia un sistema eléctrico competitivo y seguro; un plan con objetivos a medio y a largo plazo para responder a los retos de un país como el nuestro, con un gran problema de dependencia energética -ayer conocimos los últimos datos de Eurostat, los segundos países de la Unión Europea con más dependencia energética-, un país con problemas de competitividad y con un compromiso de lucha contra el cambio climático que espero que usted también asuma. Y lo cierto es que nos encontramos ante un sector donde las soluciones coyunturales no valen, no valen ante un sector que necesita inversiones de largo, muy largo plazo. Y también le critico no solo el fondo, sino su forma de hacer política; le critico que usted no convocara al sector, a los representantes de


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los consumidores y a las fuerzas políticas representadas en este Parlamento para debatir y tratar de consensuar las alternativas y conseguir un amplio acuerdo, que es lo que este mercado necesita.

Nuestro grupo parlamentario, el Grupo Socialista, considera que el sector energético necesita un pacto de Estado, como hemos reclamado en muchas ocasiones y como hemos impulsado desde que gobernábamos. Le quiero recordar las dos subcomisiones que se crearon en el Congreso y en el Senado para acordar un plan de estrategia energético, plan que fue acordado por todos los grupos políticos menos por el suyo, fíjese qué ironía. ¿Sabe por qué no lo aprobaron a pesar de todas las cesiones que hicieron los demás grupos? Porque no figuraba por escrito que la tarifa estaría congelada, esa fue la razón por la que justificaron no unirse al pacto. No es verdad, lo que pasa es que no creen en el acuerdo y es su forma de gobernar, no la nuestra, desde luego. Pero seguimos pensando que es imprescindible abordar la reforma del mercado eléctrico y establecer un nuevo sistema de fijación de precios. Los fallos regulatorios han dado un mercado ineficiente: con una competencia insuficiente, con una elevada concentración empresarial y un sistema cuestionable de primas. Sí, de primas porque es lo que reciben todos los sectores, aunque solo se llamen así en el caso de las renovables. Un mercado ineficiente cuyas consecuencias son: un sobredimensionamiento de determinadas instalaciones, unos enormes beneficios para determinadas empresas que se benefician de una sobrerretribución regulatoria, una gran inseguridad jurídica y unos elevados costes para los usuarios. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Comisión Europea en un informe del mes de julio de 2012 que dice textualmente: Es insuficiente la competencia efectiva en el mercado eléctrico al favorecer una compensación excesiva a las centrales nucleares y a las grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas, lo que ha contribuido al déficit tarifario. Por eso creemos imprescindible una auditoría regulatoria, elaborar un libro blanco del conjunto del sistema que siente las bases para una revisión en profundidad de la regulación y que permita fijar los efectos de esta en los balances de las empresas y establecer un nuevo sistema de fijación de precios. Es preciso acabar con los parches, con el desconcierto de su política energética y con la inseguridad jurídica; es necesaria una reforma energética en profundidad.

Señor ministro, estos dos años de su mandato al frente del ministerio se caracterizan -siento decirlo, pero es así- por un desconocimiento del mercado eléctrico y por ir contra los más débiles. Básicamente ha trasladado todos los problemas del sector eléctrico a las energías renovables y a los consumidores finales a través de los recortes retroactivos que han aplicado a las actividades reguladas y de imponer impuestos a la generación eléctrica que se trasladan directamente sobre los consumidores domésticos, sin solventar las causas verdaderas del déficit de tarifa y sin establecer una política energética consistente y coherente. De hecho, sus medidas no han hecho más que empeorar las cosas, fracasando claramente en lo que era su único objetivo: reducir el déficit de tarifa. Ayer conocimos que se han superado todos los límites en 2013 y que desde luego en los dos años desde que usted gobierna se han batido los récords de déficit tarifario, mientras usted está ahogando a la industria innovadora vinculada a las energías renovables y a la captura de CO2.

Voy a hacer un breve repaso de las políticas que usted ha adoptado desde que está en el Gobierno, una crítica que además es sostenida por numerosos expertos y por la propia Comisión Europea. En diciembre de 2012, a instancias suyas, el Gobierno aprobó una subida de impuestos y tasas a diversas actividades eléctricas, desde la generación hasta la distribución, con el fin de eliminar al menos parcialmente el déficit de tarifa, estimando recaudar 2.700 millones de euros, mayores impuestos que han sido trasladados a los usuarios finales y que, por tanto, no han tenido repercusión en el balance de las empresas y sí en la cuenta de resultados de las familias y de las industrias. Parece que lo único que usted comparte con su compañero de Gobierno señor Montoro es el afán recaudatorio contra las clases medias e ir contra los más débiles, en lo demás están a la greña. Lo pudimos comprobar nueve meses después, cuando el Consejo de Ministros aprobó una reforma eléctrica que en principio acabaría con el déficit de tarifa, según sentenció con enorme grandilocuencia la vicepresidenta del Gobierno, incorporando una medida imprescindible para acabar con el déficit, según las propias declaraciones de la vicepresidenta y suyas, un crédito extraordinario en el presupuesto de nada menos que 2.200 millones de euros. Pero la realidad fue bien distinta; el ministro Montoro contradijo a la vicepresidenta y a usted mismo, señor Soria, porque los 2.200 millones eran incompatibles con la corrección del déficit público: eliminó la aportación del presupuesto y mató su reforma antes de que naciera. Me pregunto si puede dar una explicación hoy aquí, en esta Cámara, a todos los representantes de los ciudadanos sobre las razones por las cuales la corrección del déficit público era prioritaria en diciembre, pero no lo era en el mes de septiembre. ¿O es que ustedes no se hablan y la vicepresidenta no ejerce como tal y no se encarga de coordinar a los


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ministros? Me temo que no me va a responder a esta pregunta, pero a todos los ciudadanos y a mí nos gustaría oírle. Pero el despropósito no acabó aquí. El señor Montoro tenía que dejar claro que mandaba él. Fue él quien unilateralmente acordó con las empresas la titulización de los 3.600 millones de euros a quince años y con aval del Estado, una medida que carga a los consumidores con un coste financiero de al menos 140 millones de euros al año. En fin, siento decírselo pero le ha tocado jugar un papelón, señor ministro, en el que reconozco que tiene mucho aguante o mucho apego a su cargo.

No acaban aquí las cosas. El Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la nueva Ley del Sector Eléctrico y ha perdido una oportunidad para acometer la reforma que necesita el sector eléctrico. La ley no aborda una reforma en profundidad del sector y pone de manifiesto que el Gobierno ha acabado con el compromiso de luchar contra el cambio climático y con el ahorro y la eficiencia energética. Y el mismo día que ustedes aprobaban la ley se celebró la famosa subasta Cesur, que fijaba el precio para el primer trimestre de este año, forzando una subida del 11 %. Usted decidió intervenir los precios en una actuación sin precedentes en un mercado liberalizado, una situación más propia de una república bananera, y bien que lo siento. Improvisó una tarifa transitoria para aplicar durante el primer trimestre de este año aprobando una subida del recibo de la luz del 2,3 % a partir de enero y anunció una nueva reforma que supondría poner fin al sistema de subastas y fijar un nuevo modelo de fijación de precios, modelo que discrimina entre consumidores, según tengan contadores inteligentes o no, y que para aquellos que no lo tengan, que son la mayoría, va a suponer una subida de los precios. Compartimos con usted que no es asumible un sistema de fijación de precios así. Ya nos pronunciamos en nuestra conferencia política diciendo que no podía ser el régimen de subastas el sistema de fijación de precios en las condiciones actuales y proponemos otro, pero me gustaría saber, dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solo dijo que había circunstancias atípicas pero no estableció que hubiera habido conductas contrarias a la competencia, cuáles son las verdaderas razones que dieron lugar a esa suspensión de la subasta.

Y llegamos a la última reforma en la cual encarecen el doble la tarifa de la potencia contratada respecto a hace un año y bajan la parte variable. Con esta reforma se puede llegar a la paradoja de que cuanta menos electricidad se consume mayor sea el impacto de la potencia fija contratada y, por tanto, más suba la factura final. En fin, un despropósito. Se trata de una reforma que es profundamente injusta e ineficaz. Castiga a aquellas partes de España que tienen unas condiciones climáticas más extremas y necesitan más potencia contratada, y penaliza a los hogares de menor consumo. Una reforma absurda que hace que paguemos más cara la energía que no consumimos y que castiga sobre todo a aquellas familias que están en situación de pobreza energética, que ya no pueden ahorrar más en la parte variable y van a ver cómo sus esfuerzos no sirven para nada porque les sube la parte fija ante lo cual nada pueden hacer. Su medida es letal, señor ministro, para 1,7 millones de ciudadanos que sufren pobreza energética.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, tiene que acabar.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Acabo enseguida, señora presidenta.

Po eso le anuncio que vamos a presentar una proposición de ley contra la pobreza energética.

Ante esta dura realidad, ustedes tratan de justificar esta medida diciendo que beneficia a las familias con hijos. Por favor, no insulten a la inteligencia de los ciudadanos. Ustedes, que lo único que hacen es empobrecer a las familias subiendo los impuestos, quitando las becas, quitando las ayudas de comedor, dicen que les preocupan las familias...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, este es un trámite tasado y ha superado su tiempo. Por favor, finalice.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

Por todo esto, señor ministro, le pedimos que dé marcha atrás en todas estas medidas que no hacen más que empeorar la situación e ir contra los más débiles. Y le anticipo: no solo vamos a presentar una proposición de ley contra la pobreza energética, cuando lleguemos al Gobierno derogaremos esa ley de reforma eléctrica, que es el mayor disparate para la economía y los ciudadanos de este país. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez-Piñero.

Señor ministro de Industria.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, en primer lugar muchas gracias por la interpelación que me hace en el día de hoy porque me da la oportunidad de poner de manifiesto una vez más las profundas incoherencias e incongruencias de una política energética que, señoría -usted y yo lo sabemos, y usted lo sabe mucho mejor que yo-, fue tremendamente fallida durante las últimas dos legislaturas y me permite además poner en valor el conjunto de las medidas que hemos tomado a lo largo de estos últimos dos años encaminadas a los dos problemas fundamentales que encontramos en el sistema energético: uno, un incremento persistente en el nivel de precios tanto a los consumidores domésticos como a las industrias, eso no me lo negará usted, yo le recordaré ahora los datos, y, dos, poner fin al incremento persistente anual en el déficit de tarifa del sistema.

Permítame decirle, señoría, que tengo la impresión de que no ha entendido nada de lo que se ha hecho en reforma del sistema energético. Niega la evidencia, que pone de manifiesto que mientras gobernaron ustedes -y no me gusta hacer referencia al pasado, usted me ha hecho la invitación y la acepto-, entre el año 2004 y el año 2011, los precios de la electricidad para una familia media en España aumentaron un 67,2 %. Y usted podrá negarlo, pero entonces yo la invito a que consulte al Instituto Nacional de Estadística. ¿Para quién subieron esos precios? Le voy a decir. Para una familia media, con dos hijos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y con un consumo de 3.900 kilovatios/hora, de 2004 a 2011, mientras gobernaba otro Gobierno, el precio de la electricidad aumentó un 67,2 %. Señoría, ¿sabe usted cuánto es eso por cada uno de esos años? Ni más ni menos que un 6,9 %. En el año 2012 ciertamente la luz continuó subiendo; en el año 2012, primer año de esta legislatura, también subió un 6,9 %, sin embargo, para esa familia tipo disminuyó en el año 2013 un 3,1 %. Por tanto, señoría, yo le rogaría que simplemente contrastara cuál es la evolución de los precios antes y cuál es la evolución de los precios ahora. Habla usted del déficit tarifario. En su intervención he creído entenderle que hablaba usted del déficit tarifario que traía causa de la Ley del Sector Eléctrico del año 1997. No; vea usted directamente cuál es la evolución de ese déficit tarifario. Yo se lo voy a recordar, por si usted no lo recuerda. Año 2004, 182 millones de euros; año 2005, 4.089 millones de euros; años 2006, 2.946 millones de euros; año 2007, 1.757 millones de euros, y así sucesivamente, señorías, hasta que en el año 2012, de acuerdo con la tendencia que marcaba ese déficit de tarifa, habríamos tenido 10.000 millones de euros y en el año 2013, 10.500 millones de euros. Y en vez de tener 10.000 millones de euros en el año 2012, señoría, tuvimos 5.069 millones de euros; 5.069, la mitad de lo que iba a haber de acuerdo con la tendencia que llevaba la evolución de ese déficit. Y para el año 2013, no debido a ninguna circunstancia relacionada con actividades reguladas del sistema, sino, como usted muy bien ha dicho, como consecuencia de prioridades vinculadas al déficit público, el déficit de tarifa no fue de 10.500 millones, fue de 3.600. Por tanto, cuando usted dice que durante los últimos dos años ha habido un déficit de tarifa acumulado de 8.600 millones, es verdad, pero véalo de otra forma: en vez de los 10.500 que iba a haber sin medidas, resulta que ha habido esos 8.600 millones. En consecuencia, señoría, le pido simplemente algo de rigor cuando maneje cifras; y, por favor, le pido rigor cuando hable de precios y le pido rigor cuando hable de déficit de tarifa.

Ha hablado también de la insuficiente competencia que hay en el mercado de la electricidad. Señoría, el sistema actual de mercado -como usted sabe y es, por otro lado, el que predomina en la mayor parte de los países de nuestro entorno- es un sistema marginalista. Es verdad que primero entran en el sistema determinadas tecnologías que tienen un precio inferior, pero, al final, el precio de todas las que entran es el precio de la última tecnología que entra. Es un sistema con el que usted puede estar más o menos de acuerdo. Hay quienes opinan que probablemente sería mucho mejor un sistema que en vez de estar basado en el coste marginal estuviese basado en el coste medio, pero eso tendría inconvenientes adicionales como que las tecnologías que son más caras obtendrían una remuneración por debajo de su coste de producción. En todo caso, el sistema que hay es un sistema marginalista. Usted también ha dicho que hay determinadas tecnologías, como las nucleares y las hidroeléctricas, que pueden producir un megavatio a 20, 30 o 40 euros y luego están cobrando lo que marca el sistema marginalista, 80 o 90. Eso es cierto, ¿y sabe qué hizo el Gobierno? Justamente en la Ley 15/2012, de medidas fiscales y de sostenibilidad medioambiental, introdujimos el pasado mes de diciembre determinadas figuras tributarias para gravar, entre otras cuestiones, el almacenamiento de residuos nucleares; un impuesto que existe en muchos otros países de nuestro entorno y que no existía en España y, desde luego, el Gobierno anterior nunca habló de establecerlo. Este Gobierno ha establecido un tributo que grava el almacenamiento de


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residuos nucleares. En segundo lugar, también ha establecido un canon para todas aquellas centrales hidroeléctricas que están utilizando las aguas continentales para producir energía eléctrica y que no estaban pagando por ese uso. ¿Eso le parece mal? A mí no me parece mal porque son actividades que tienen que tributar y no utilizar gratuitamente lo que es de todos.

Ha preguntado usted: ¿qué ha hecho con el problema relacionado con estas cuestiones? Aplicar medidas -dice usted- con efecto retroactivo a las energías renovables. Para contestarle lo único que voy a hacer, señoría, es citarle la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, una doctrina que no la dicta como consecuencia de un recurso ante una medida energética de este Gobierno, no. Fue un recurso contra una medida eléctrica del Gobierno anterior, del año 2010, que creo que la tomó con acierto y fundamento, y resulta que el Supremo le ha dado la razón. ¿Qué dice el Supremo de eso que usted llama efecto retroactivo, yendo usted en contra de la medida que adoptó el Gobierno de su partido? Dice el Supremo: Los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial -ya sabe que el régimen especial no son solo las renovables, también incluye la cogeneración, la biomasa, etcétera- no tienen un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de esas retribuciones. Por tanto, el Supremo está diciendo: oiga, aquí, de derechos inalterables, nada. Segundo, dice el Supremo, y esto es casi más importante: Los agentes u operadores privados que renuncian al mercado saben o deberían saber que dicho marco regulatorio público no podía ulteriormente ser ajeno a las modificaciones relevantes de los datos económicos de base. ¡Y vaya si han sufrido modificaciones los datos económicos de base! Eso lo sabe usted mucho mejor que yo, porque cuando hicieron la planificación en el año 2006 había unas circunstancias económicas y hoy hay otras. ¿Sabe cuál era la previsión de crecimiento económico cuando hicieron la última planificación energética? Establecieron una previsión de crecimiento del producto interior bruto entre 2007 y 2012 del 25 %. Claro, eran otros tiempos, pero esa fue la previsión. Y un incremento de la demanda eléctrica del 24 %. Usted ya sabe cuál ha sido la evolución real tanto del PIB como de la demanda eléctrica. Sigue diciendo el Tribunal Supremo: Ante las cuales, es lógica la reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas circunstancias, situaciones de crisis económicas generalizadas y, en el caso de la energía eléctrica, ante el crecimiento del déficit tarifario, que en cierta parte -señoría, es que usted se queja del déficit tarifario y del efecto retroactivo de las renovables, pero mire lo que le contesta usted el Supremo- deriva del impacto que sobre el cálculo de los peajes de acceso tiene la retribución de aquellas -de aquellas del régimen especial- por la vía de la tarifa regulada en cuanto a coste imputable al sistema eléctrico. Otra cuestión que refuta claramente el efecto de retroactividad al que usted intenta apelar. Tercera consideración del Supremo con relación a esta cuestión: La concepción de seguridad jurídica como freno a las modificaciones normativas es particularmente inapropiada en un sector como el de las energías renovables, que precisamente por su novedad requiere de ajustes sucesivos -dice el Supremo-, en paralelo no solo a las evoluciones de las circunstancias económicas generales, sino en atención a las propias características de la actividad. Continúa el Supremo con relación a la retroactividad a la que usted tanto ha apelado en su intervención: La evolución -dice el Supremo- de la curva de aprendizaje y la progresiva madurez del sector fotovoltaico -esto es una referencia directa al Real Decreto del año 2010 del ministro Sebastián, que, insisto, el Supremo le da la razón, en contra de lo que usted dice, que se la quiere quitar-, como presupuestos que revelan una cierta indefinición inicial, han de tener una respuesta paralela en el tiempo por parte de los poderes públicos, cuyas medidas iniciales podrán ser revisadas y modificadas al mismo ritmo de la evolución de aquél. Finalmente, señoría, otra cuestión que el Supremo le responde al tema de su retroactividad. Dice el Supremo: El principio de rentabilidad razonable se ha de aplicar en efecto a la totalidad de la vida de la instalación, pero no, como parece entender la parte, en el sentido de que durante toda ella dicho principio garantice la producción de beneficios -o sea, que no sean beneficios durante toda la vida útil de la inversión, que no sea año a año, sino en un periodo globalmente considerado-, sino en el sentido de que se asegure que las inversiones empleadas en la instalación obtengan en el conjunto de la existencia de la misma una rentabilidad razonable. No implica, señoría, la pervivencia de una determinada prima durante toda la vida de la instalación.

¿Sabe cuál es el problema, señoría? El problema es que la política energética -lamento decírselo así- que se llevó a cabo durante los años anteriores no fue una política acertada. No digo que no se planteara con la mejor de las intenciones, una gran apuesta por energías renovables, pero con unos costes de la tecnología que eran muy superiores. Nosotros en España hemos financiado la curva de aprendizaje para todas las economías del mundo. ¿Sabe usted cuál es la cuantía total de incentivos a energías renovables en el mundo en el año 2013? Cien mil millones de dólares. En España, 10.000


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millones de dólares, un 10 % de todos los incentivos de todas las renovables del mundo, lo cual está muy bien, pero tendremos que contarle a los ciudadanos que cuanta mayor proporción de ese tipo de energía, que produce un coste tecnológico muy superior, tenemos que dar un mayor nivel de incentivos, y eso supone que los costes del sistema crecen por encima de los ingresos del sistema, se deriva un déficit y ese déficit hay que financiarlo. Por cierto, el desfase, señoría, entre ingresos y costes del sistema en el año 2013 no esta titulizado, como usted acaba de decir. Una cosa es la titulización de los 3.600 millones, que no lo está, y otra cosa es la amortización del capital e intereses a que eso da lugar. Bueno fuera que no lo fuera a amortizar el Gobierno. El compromiso es financiarlo en un periodo de quince años, a razón de una quinceava parte de esos 3.600 millones. Eso da lugar no a un incremento de 140 sino de 180 millones por cada año, y eso es lo que justificó el incremento de peajes del 0,9 % que hay en la Orden ministerial del 1 de febrero, que tiene vigor desde el 1 de enero.

Señoría, termino diciéndole lo que le decía al principio. Creo que usted debería informarse algo más sobre lo que pasó realmente con anterioridad y qué es lo que está ocurriendo. Refúteme usted, por favor, en su siguiente intervención, que los precios no subieron en el periodo 2004 a 2011 un 67,2 %, y refúteme usted que ese incremento se ha disminuido hasta un 1,9 % en estos últimos dos años. Refútelo usted, pero le pediría que lo hiciera con datos del Instituto Nacional de Estadística. Y segunda cuestión, refute usted, si tiene datos, que el déficit de tarifa, en vez de aumentar en 10.500 millones de euros en el año 2013, lo ha hecho en 3.600 millones, y no por consideraciones de las actividades reguladas sino -como usted apuntó muy bien- por consideraciones estrictamente de déficit público. ¿Por qué? Porque es un objetivo superior en nuestra economía. Bien que nos hubiese gustado no haber tenido que reducir gastos para reconducir el objetivo de déficit público, pero como usted recordará muy bien, en el año 2011 el objetivo comprometido de déficit público era del 6 %.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Acabo. Era del 6 % y, en cambio, el déficit público aquel año fue del 9,3 %; un 50 % adicional a lo que realmente nos habíamos comprometido.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Rodríguez-Piñero.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Mire, señor ministro, yo no refuto de lo que no hablo, y no he hablado de la evolución de los precios. (Un señor diputado: Entonces, ¿de qué?). El problema es que usted no escucha. No me extraña que no llame a nadie para debatir porque no escucha nada. Es curioso que usted diga que no quiere hablar de la herencia recibida -y es de lo único que ha hablado- para leer durante una gran parte de su intervención una sentencia del Tribunal Supremo que ya conocíamos. Mire, la verdad es que usted no puede -o no quiere, porque sabe el resultado- hablar del balance de sus dos años de Gobierno. No hablemos de la herencia recibida, porque el responsable de gobernar es ahora usted y también el de tomar las medidas adecuadas del sector eléctrico.

¿Cuál es el balance de sus dos años de Gobierno? Mire, perdió un primer año porque no tenía ni idea del sector eléctrico (Un señor diputado: ¡Hala!), y nombró a un secretario de Estado que sabía casi tan poco como usted. Nombró un año después a un nuevo secretario de Estado que comenzó un activismo regulatorio, vía decretos-leyes, que ha mantenido a todos los sectores implicados en vilo ante cada Consejo de Ministros. Usted ha tomado decisiones fiscales arbitrarias y desequilibradas. Desde luego, ha perjudicado a las energías renovables que permiten reducir la dependencia energética de nuestro país. Es su problema; usted tiene una visión cortoplacista. Está obsesionado con el déficit de tarifa y es incapaz de pensar en la política energética que necesita nuestro país a medio y largo plazo; incapaz. Usted ha modificado radicalmente la retribución de las energías renovables; con efectos retroactivos, sí señor, así ha sido. Además, ha causado un grave daño a miles de familias que habían invertido confiando en ese marco regulatorio y dañando gravemente la seguridad jurídica y la confianza en España. Veremos cuál es el resultado de los recursos que han presentado ante sus medidas. Usted también ha sido el responsable del vodevil vivido con las subastas del Cesur. Le digo una cosa, siendo el déficit público un tema importantísimo para cumplir los objetivos, ¿cómo es posible que en septiembre pudiera meterse en el


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presupuesto la cifra que estaba prevista y en diciembre ya no? ¿Usted desconocía la realidad de cuál era la situación del sector público? ¿No habla con el ministro de Hacienda? Evidentemente, no. Desgraciadamente, hemos visto que ustedes están a la greña.

¿Y qué es lo que ha hecho? Esto. Y ahora, ¿qué es lo que no ha hecho? Le voy a hacer un pequeño repaso de qué cosas no ha asumido en estos dos años. Usted no ha afrontado un tratamiento retributivo equilibrado del parque de generación eléctrica previo a la liberalización del sector. Usted ha incumplido su compromiso con la contribución de los Presupuestos Generales del Estado para paliar parte del coste del déficit de tarifa. Y usted ha aprobado una reforma del sector eléctrico sin abordar una reforma de fijación de los precios en el mercado de la energía. Ya le he dicho que nosotros no estábamos de acuerdo con las subastas y se lo dijimos con anterioridad, que no era un buen sistema y que había que corregirlo. Pero usted tiene que planificar por qué sistema lo sustituye y cuál es el sistema de fijación de precios y no generar esta incertidumbre con un nuevo modelo que ahora nos fija, que para que sea más eficaz ha de contar con unos contadores inteligentes que no tiene la mayoría de la población y que ya le han dicho las empresas del sector que no están en condiciones de ponerlo en marcha para el 1 de abril. Parche sobre parche, es lo que usted hace.

En resumen, usted ha centrado toda su actuación en la reducción del déficit de tarifa y no ha conseguido cumplir su objetivo. Desgraciadamente, en dos años usted ha marcado un récord en el déficit de tarifa conseguido y ha recortado en las actividades que más inversión necesitan, en las redes, que son las que necesitan una inversión más eficiente para modernizar y abaratar nuestros costes y desde luego en las renovables. Dígame usted por qué tiene esa obsesión contra las energías renovables, en las que España tiene ventaja comparativa y que ahora que se han abaratado las tecnologías nos permitirían tener una energía limpia, mucho más barata y, desde luego, independiente de la situación de otros países que tienen mucha inestabilidad política, porque no queremos depender de esas condiciones para saber el precio de la energía que vamos a pagar. El problema, el drama, es que usted ha renunciado al futuro de este país, ha renunciado a establecer una tarifa que de verdad permita a los consumidores pagar un precio justo y que no recaiga sobre los más débiles del sistema. Usted va a pasar a la historia como el ministro que ha generado la mayor pobreza energética en este país, librando una batalla letal contra los más débiles y, de verdad, créame que lo siento.

Sí que me gustaría que cambiara su actitud. En primer lugar, que escuche y que responda a lo que yo le he preguntado y de lo que he hablado y, en segundo lugar, que trate de buscar acuerdos para conseguir un nuevo modelo de fijación de precios en el sector, que es fundamental para la renta disponible de las familias y para mejorar la competitividad de nuestras empresas, porque muchas de ellas están viendo cómo la subida de los costes de la luz, responsabilidad suya, de sus dos años de Gobierno, se han comido ya la devaluación de los salarios. ¿No le parece que centrar toda una política de competitividad, de la que usted también es responsable, exclusivamente en una devaluación de los salarios que no compensa la subida de los precios es, además de injusto, muy ineficiente? ¡Cuánto sacrificio inútil! ¡Cuánto empleo precario con salarios mínimos, que no nos sacan de la pobreza ni nos hacen más competitivos! Ese es su legado en estos dos años, espero que lo cambie en estos dos años que le quedan, si sigue al frente del ministerio.

Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez-Piñero.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, si no recuerdo mal, el título de la interpelación era respecto a la evolución de los precios de la energía y usted se preocupa por el hecho de que yo haya hablado de ello. Ha dicho que no he hablado de la evolución de precios. Si la interpelación es sobre este tema, lo primero que hay que recordar es que en unos años han subido tanto y en otros cuanto; esto es lo primero que hay que hacer. Pero no me sorprende que usted no quiera hablar de la evolución de los precios, puesto que durante los años que su partido estuvo gobernando aumentó un 67,2 %.

Usted me imputa que no hablo con el sector. Yo creo que confunde las cosas. Hablamos con todo el sector: con las empresas convencionales, con las de energías renovables, con los comercializadores, con los intermediarios financieros y con los consumidores. Si usted me pregunta: ¿el Gobierno les da la razón a todos? No. ¿A todos al mismo tiempo? Tampoco. ¿Alguna razón tienen y alguna vez no? Eso sí. Ahora, cada uno de estos colectivos -estará usted de acuerdo conmigo- viene defendiendo legítimamente su


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interés particular y privado. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer un Gobierno? Defender el interés general. Si ese interés general coincide con el privado, entonces, de acuerdo, pero si no coincide, tendrá que prevalecer el interés general. Fíjese solamente en la actitud y en las cosas que está diciendo el sector eléctrico en relación con las medidas del Gobierno y podrá sacar conclusiones sobre la posición del sector eléctrico, de las compañías, con respecto a este Gobierno en comparación con el Gobierno anterior. Asimismo, da a entender que no les gustan las sentencias del Tribunal Supremo. No me extraña, pero le voy a decir una cosa: a su compañero el exministro de Industria y Energía bien que le gustan, porque le están dando la razón respecto a un real decreto del año 2010 que hizo dos cosas que creo que tenía que hacer en aquel momento: disminuir el número de horas a remunerar desde el punto de vista de la producción fotovoltaica y disminuir el periodo de tiempo. En este sentido, le voy a reconocer otra cuestión, y es que eso fue un intento de reconducción de los problemas que ustedes mismos habían creado. Es decir, vieron que aquello era un error e intentaron reconducirlo. Lo que ahora me sorprende es que cuando el Tribunal Supremo les da la razón en dicha reconducción, usted venga aquí y diga que lo que dice el Supremo no tiene ningún sentido, porque, señoría, tiene todo el sentido jurídico y económico.

Dice que el balance de estos últimos dos años son decisiones en contra continuamente de las renovables, y no es verdad. Usted viene aquí a decir que apoya mucho las renovables y que apoya la disminución del déficit de tarifa. Señoría, el déficit de tarifa viene porque los costes superan a los ingresos y la parte más importante de los costes viene por un sistema de incentivos a las energías del régimen especial, pero no se les ha quitado el incentivo. Lo que se ha hecho es modificar un incentivo muy elevado que estábamos pagando todos los consumidores en nuestro recibo a final de mes. Eso explica en gran parte el incremento del precio durante el tiempo que ustedes gobernaron y lo único que estamos haciendo es intentar corregirlo, pero no para dejar la apuesta por las energías renovables. Claro que apuesta este Gobierno por las energías renovables y verdes, ahora bien, de acuerdo con lo que dice la ley, hemos establecido una rentabilidad razonable. Usted me podrá decir que eso es muy bajo, que no es razonable, pero es un 7,5 %, como dice el Tribunal Supremo, durante todo el periodo de vida útil de la inversión. El Tribunal Supremo está avalando lo que hemos hecho, y usted dice que preferiría que siguieran retribuyendo las energías renovables con unas rentabilidades por encima del 15 %. ¿Hay algún negocio, alguna actividad, no digo ya en España sino en ningún país del mundo, en el que se le garantice a un inversor un 15 %? ¿Pero de qué estamos hablando? Eso no lo garantiza nadie, y eso nos lo está informando directamente el Tribunal Supremo.

Habla usted también de la subasta y parece ser que ya no le gustan las subastas. Me alegro de que coincida conmigo en eso, solo quiero recordar una cosa ante esta Cámara, y es que el sistema de subasta se estableció en el año 2009, hasta ese momento no había; pero le voy a decir cuál ha sido el efecto de la subasta desde 2009 hasta ahora. Como consecuencia de cada subasta trimestral, quienes intervienen en ella, que son las eléctricas y los operadores financieros, garantizan un precio, dan una cobertura, pero, cuidado, esa cobertura hay que pagarla. ¿A quién? A los intermediarios financieros. ¿Quién la paga? Todos los consumidores. ¿Dónde? En el recibo de la luz. Ahora quitamos la subasta y usted está de acuerdo. Lo celebro, pero sepa que no fue este Gobierno quien estableció la subasta. Este Gobierno es el que ha cambiado el sistema de subasta por otro. ¿Y ahora cómo vamos a pagar la luz? Vamos a pagar la luz de tres formas distintas. La primera, por un sistema que existe actualmente y que consiste en que cualquier consumidor puede ir a una empresa comercializadora y hacer un contrato bilateral, solo que hay muy pocos consumidores que hayan optado por esa fórmula. En segundo lugar, el Gobierno por disposición normativa va a obligar a las eléctricas a ofrecer un contrato estándar a todas las comercializadoras para los consumidores que se quieran acoger a una tarifa fija a lo largo de todo el año. Y la tercera opción es pagar exactamente el coste que la electricidad supone en el mercado cada hora. Sabe que en el mercado de la electricidad los costes varían su precio hora a hora, veinticuatro horas al día y trescientos sesenta y cinco días al año. Me parece que este es un sistema muchísimo más transparente que el de la subasta. A usted veo que no le gusta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya invalidado el resultado. A lo mejor es que usted hubiese preferido que no lo hubiese invalidado y los precios hubiesen subido un 10,5 %, como dio la subasta, y no un 2,3, como ha hecho el Gobierno, porque a lo mejor usted pensaría que eso era muy malo para los consumidores pero que era también muy malo para el Gobierno. Yo creo que para algo está el organismo regulador, señoría. Usted sabe que el organismo regulador no está para intervenir, está justamente para lo contrario de lo que usted ha dicho. ¿Sabe usted para qué hay organismos reguladores en una economía de mercado? Exactamente para lo contrario, para garantizar que se cumplan las condiciones de mercado. ¿Qué dice el informe de la Comisión Nacional de los


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Mercados y la Competencia? Entre otras cosas, en relación con esa subasta, dice que se dieron comportamientos en los mercados impropios de mercados eficientes. Dice usted que es un precio intervenido el que estableció el Gobierno. En absoluto, es un precio de mercado. Se lo voy a explicar y lo entenderá: El precio para este trimestre del término de la energía está sacado de los promedios de precios que marcaban los mercados de futuros en el último y en el penúltimo trimestre del año pasado, y los mercados de futuros van proyectando el precio que se va a dar durante el primer trimestre, en este caso de este año. Ese es el criterio, y además no es un criterio inventado ni improvisado por parte del Gobierno. Cuando el organismo regulador invalida la subasta, es el Gobierno quien le solicita un criterio y el organismo regulador le dice al Gobierno que tiene dos posibilidades: o bien el precio en el mercado a futuros que estaba marcando el último trimestre del año 2013, o bien el que estaba marcando los trimestres tercero y cuarto de ese año. Elegimos este último y el resultado fue un incremento del 1,4 %; y si le sumas el 0,9 % de incremento de peaje, da el 2,3 %. Usted -parece ser, por su intervención de hoy- hubiese sido mucho más feliz si en vez de aplicar un incremento del 2,3 % hubiésemos aplicado el del resultado de la subasta, un 10,5 %, pero eso hubiese sido malo para el consumidor y para la sociedad en su conjunto, por lo que yo celebro que el organismo regulador haya invalidado el resultado de esa subasta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LAS REFORMAS LEGALES QUE RESTRINGEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000132).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación, pasamos a las mociones consecuencia de interpelaciones que, como ustedes saben, no pudieron verse en el día de ayer; vamos a verlas ahora pero se votarán en el día de mañana. En primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora vicepresidenta. (Las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural muestran un cartel en el que pone: Dimisión). La semana tuvo lugar un debate en esta Cámara...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Sixto.

Señores diputados, les recuerdo que tienen que bajar esas pancartas. Se lo aviso por primera vez. Señores diputados, bajen las pancartas; si no lo hacen, a la tercera, tendrán que abandonar el Pleno. Por favor, bajen esas pancartas. (Rumores).

El señor SIXTO IGLESIAS: No, no, ahora se lo aclaro, señorías. La dimisión no...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, no haga debates entre los diputados y usted. Usted haga su intervención, pero no entre en debates porque si no después empezaremos con las alusiones.

El señor SIXTO IGLESIAS: Como he sido interpelado, respondo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Adelante.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora vicepresidenta.

La semana pasada hicimos aquí una interpelación al ministro del Interior sobre una cuestión que mi grupo parlamentario y muchas organizaciones, incluso internacionales, consideran muy grave, como es la criminalización de la protesta ciudadana. Fruto de esa interpelación y del debate que se produjo con el señor ministro mi grupo parlamentario traía a debate esta moción, cuyo hilo conductor es el cumplimiento de la legalidad. Básicamente mi grupo parlamentario está planteando que se cumpla la legalidad actualmente


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en vigor y que se produzcan algunas mejoras que entendemos son básicas para la defensa de los derechos de los ciudadanos e incluso de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La primera cuestión que pedimos es que no se ponga un baldón más a las libertades públicas con la nueva ley de seguridad ciudadana que pretende sacar el Gobierno, sobre la cual versó una parte del debate de la semana pasada. Por lo tanto, la primera propuesta, que creo que es compartida por bastantes grupos de la Cámara, es que se retire ese anteproyecto de nueva ley de seguridad ciudadana. A partir de ahí, muchas de las cuestiones que pedimos están contempladas en las leyes. Paralizar expedientes sancionadores iniciados contra personas que han participado pacíficamente en concentraciones e incluso algunas que no han participado en las concentraciones y a las que se les han impuesto multas. Ha quedado claro -se dijo en la interpelación- que determinadas multas están siendo sobreseídas por el propio ministerio. Hágase así. Que se acabe con las listas negras, con los informes policiales que están marcando a determinados luchadores, a determinadas personas que están en los movimientos sociales; que se establezca un protocolo específico para que se regulen las intervenciones policiales -en un país en el cual está regulado prácticamente todo, cuando las UIP tienen que intervenir en una manifestación no está regulado cómo se tiene que producir esa intervención-; que la policía cumpla con su obligación de ir identificada, cosa que de forma demasiado habitual no pasa -la policía no se identifica de la forma adecuada que marca la ley-; que se garantice que las identificaciones policiales a ciudadanos se reduzcan a los mínimos que marca la ley -otra vez que se cumpla la ley-; que se considere como sanción cuando un policía no se identifica a requerimiento de un ciudadano, algo que entra dentro de la lógica; que se proceda a la instalación de videocámaras en dependencias policiales; que se graben las actuaciones policiales en las manifestaciones para seguridad de la actuación de los propios policías y para que no haya ninguna duda de la legalidad de sus intervenciones; que se investigue sistemáticamente, de forma efectiva, cada vez que hay una denuncia o una sospecha de una actuación indebida, y no como ha pasado hasta ahora, que las investigaciones han acabado como si no hubiese pasado nada cuando las imágenes dicen que sí ha pasado; y, por último, una cuestión que también se ha debatido en diversas comisiones de esta Cámara, y es la prohibición del uso de pelotas de goma, que bastantes consecuencias negativas ha ocasionado.

Pero desde la semana pasada hasta hoy han ocurrido algunas cosas más. Compareció el ministro del Interior en la Comisión de Interior para hablar del tema de Ceuta. El ministro del Interior desveló en esa Comisión y asumió el incumplimiento de la legalidad vigente por parte de la Guardia Civil en la actuación en la frontera de Ceuta el día 6 de febrero, el incumplimiento taxativo de la Ley de Extranjería, puesto que, como quedó absolutamente claro en la propia Comisión, se expulsó a ciudadanos extranjeros que habían pisado territorio español. (Aplausos). El territorio español es donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen su actividad y su soberanía, por tanto, pisaron playa española porque fueron empujados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la propia Guardia Civil, y sacados a territorio marroquí. Se incumplió la ley y, lo que es peor, los tribunales dirimirán la relación que hubo entre el uso del material antidisturbios y la muerte de al menos 15 personas en el mar, que estaban nadando en aguas frías y con medios precarios. Lo que sí está absolutamente claro es que si en aguas en disputa entre un territorio y otro, por donde discurre la frontera marítimo-terrestre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no avisaron a Salvamento Marítimo para que unas personas que estaban nadando en precario fueran socorridas, estuviesen en la parte de España o de Marruecos, eso tiene un muy mal tinte de denegación de auxilio. Por ello, desde mi grupo parlamentario exigimos al ministro del Interior que presente su dimisión. (Aplausos). Entendemos que un ministro del Interior no puede venir a la sede parlamentaria a justificar cómo su departamento hace informes para pretender una interpretación de la ley que no se puede compartir, que no va a compartir ningún tribunal. Y el hecho más palmario de que eso es así es que los medios de comunicación están diciendo que el propio ministerio quiere cambiar ahora la legalidad vigente para poder hacer lo que han estado haciendo de forma manifiestamente ilegal. Eso, en una democracia, debe tener como consecuencia que el ministro del Interior presente su dimisión y, si no la presenta, es una cuestión del presidente del Gobierno y del partido que le da su apoyo hacerse responsable si no se procede a su destitución inmediata. Por tanto, si el ministro del Interior no presenta su dimisión, el señor presidente del Gobierno, si no lo destituye, y el grupo que le da apoyo serán responsables de lo que ha sucedido.

No quiero concluir sin hacer una última consideración respecto a la criminalización de la protesta ciudadana. El pasado 6 febrero se asaltó por parte de la Policía Nacional la sede de un partido político, la sede del Partido Comunista de España en la localidad de Alcalá de Henares. Todos podemos entender


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que podía haber circunstancias. Señorías, en ese caso no había circunstancias; no era una cuestión de ruido ni de altas horas de la madrugada ni que allí se estuviera produciendo otro fenómeno. Estamos ante un ejemplo más de persecución de la movilización ciudadana, que en este caso ha afectado a un partido político legal y de una conducta intachable que ya ha visto su nombre en los medios de comunicación hace pocos días y ahora ha visto asaltada una de sus sedes. Esto, señorías, no es admisible en democracia. Si ya había bastantes motivos para pedir la dimisión del ministro del Interior, este es uno más. El señor Fernández Díaz tiene que dimitir.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Hay una enmienda presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.

Señor Sixto, con el ánimo expreso de debatir, que es a lo que venimos aquí los diputados, a debatir unos con otros, voy a contestar a esta moción que han presentado y a la intervención que ha hecho usted en la tribuna. Aunque su moción es muy detallada y no sé si voy a tener tiempo para todo, sí hay unas consideraciones generales que quisiera hacer y dejar aquí sentadas. En primer lugar, nos plantea una moción torrencial en la que dice usted que hay un hilo conductor que nosotros no terminamos de ver, porque algunas de las cosas que pide están ya en la ley, otras no están, otras son sospechas... En fin, resulta difícil encontrar algo que vincule todos esos asuntos. Se habla de la ley vigente; se habla de la ley nueva, del anteproyecto de ley; se habla de la identificación de los agentes; se habla de las pelotas de goma; en fin, de aspectos de lo más dispar, y finalmente de la muerte de quince personas en Ceuta. Cuando he leído su moción y la interpelación entre usted y el ministro de la semana pasada no he podido evitar percibir que hay una pretensión de crear una construcción retórica en torno a la seguridad ciudadana, en la que poco menos que quien no conozca España, leyendo su moción y su interpelación, creería que estamos en un estado policial y que ustedes vienen a defender que se garanticen los derechos y las libertades que, de hecho, están garantizados porque afortunadamente vivimos en un Estado de derecho. Como ustedes hacen ese esquematismo y tratan de reducir la cuestión a que hay unos buenos, que son siempre los manifestantes, y unos malos, que son siempre los policías -siempre y cuando estemos en España, claro; si estamos en Venezuela las tornas cambian y entonces sistemáticamente los malos son los ciudadanos que se manifiestan, que han llegado a ustedes a decir que son golpistas, que hay que tener arrestos para decir que ciudadanos manifestándose en la calle pueden dar un golpe de Estado-, como ustedes lo plantean en estos términos y hacen esta construcción retórica de buenos y malos, resulta muy difícil debatir sobre lo real, que es sobre lo que yo creo que debemos debatir en esta Cámara. Voy a intentar ceñirme a los puntos de su moción y a ser lo más escueta posible.

Piden que se retire la ley de seguridad ciudadana. Estamos de acuerdo; ya se ha debatido esta Cámara, por cierto, con otra iniciativa de otro grupo parlamentario y ya lo dijimos. Los argumentos que dio el ministro la semana pasada para defenderla son para echarse a temblar, porque dijo que querían cambiar la ley para aumentar las garantías, y lo que hemos aprendido es que cuando el PP dice que quiere aumentar las garantías lo que va hacer es restringirlas y reducirlas, del mismo modo que cuando dice que quiere ampliar la jurisdicción universal lo que hace es liquidarla. De la misma forma decía el ministro que la sociedad ha cambiado mucho en estos veinte años y que necesitamos una nueva legislación. Pues bien, si algo ha demostrado la crisis es que esta legislación, la legislación vigente sobre seguridad ciudadana, ha resistido el embate de la crisis; cosa que no se puede decir de la legislación sobre corrupción o de la legislación hipotecaria, por citar dos ejemplos. El propio ministro, lo cual es aún más chocante porque impugna directamente su voluntad de cambiar la ley, dijo que en el año 2013 había habido 33.000 manifestaciones y que solo había habido disturbios en el 1 % de ellas, es decir, la ley es perfecta incluso para tiempos de crisis y de auge de la protesta social como la que hemos vivido en estos tiempos. Si hay algún aspecto concreto a mejorar se puede incluir en la reforma del Código Penal, pero esta enmienda a la totalidad de la ley actual que hace el Gobierno nos parece interesada y preocupante.

En cuanto a las medidas que se enumeran en su moción -voy a intentar ceñirme a ellas-, algunas nos parecen bien y vamos a pedir el voto separado. Nos parece bien, por ejemplo, lo que dicen sobre la identificación obligatoria de todos los miembros de las fuerzas de seguridad. A nosotros nos gusta mirar lo que hacen fuera, porque a veces es más fácil copiar que buscar soluciones imaginativas. Así se identifica la policía alemana. (Muestra una foto). Nos dejamos de este juego del ratón y el gato de que cuando se


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ponen el chaleco queda oculta la identificación; en el chubasquero, en números grandes que pueda ver todo el mundo. Que haya videocámaras en las dependencias policiales, también nos parece bien. Que se posibilite la grabación de todas las actuaciones policiales en la calle, también nos parece bien, aunque no puedo dejar de señalar que sea para vigilar o para tener registro de lo que hacen los manifestantes; quedará registro de lo que hagan los manifestantes y los policías. Si esto lo hubiera dicho el ministro del Interior, ustedes dirían que era para controlar a los ciudadanos y hablarían de Orwell y del gran hermano, porque ustedes hacen este tipo de construcción retórica. A esto es a lo que me refería antes. Y, por último, hablan de la prohibición del uso de pelotas de goma, puesto que es una recomendación de la Comisión Europea y puesto que solo Portugal y España siguen utilizándolas en represión antidisturbios, también nos parece bien.

Último punto, Ceuta. Nos parece traído por los pelos, francamente; tira usted por elevación con demasiada facilidad. Lo que ha ocurrido en la playa de Ceuta es un crimen, han muerto 15 personas, y todos nos interesaríamos mucho más, incluyendo los medios de comunicación, si fueran alemanes o si fueran franceses, o sea si fueran blancos. Eso es lo terrible y eso es lo que nos debe hacer reflexionar como sociedad. Nos parece que lo que ha ocurrido es un crimen que se debe investigar para que haya una versión oficial coherente, y no siete versiones oficiales que son las que tenemos hasta ahora. Nos parece que las cámaras que grabaron lo que allí ocurrió, ese material grabado, debe ser de acceso, al menos, de los diputados que se dedican a estas labores en el Congreso y que después de esa investigación hay que depurar las responsabilidades políticas oportunas, pero no somos partidarios de sentenciar antes de juzgar, es decir, de tirar por elevación y con un brochazo gordo pedir la dimisión del ministro del Interior. En este último punto nos vamos a abstener o vamos a votar en contra.

Hemos presentado una enmienda para clarificar cómo creemos nosotros que debería ser ese procedimiento de investigación y depuración de responsabilidades, que si usted no acepta, como parece que no lo va a hacer, si le pido votación separada de los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Si lo permite, votaremos esos puntos a favor y lo demás no.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, en su momento, el Bloque Nacionalista Galego criticó taxativamente y actuó dentro de sus posibilidades para que no se pusiera en marcha la conocida como ley de la patada en la puerta del Gobierno socialista en 1992. Posteriormente a la aprobación de aquella ley el Tribunal Constitucional anuló los apartados más polémicos de la misma, dando la razón a los que habíamos argumentado que era una norma que atentaba contra los derechos básicos de los ciudadanos. Ahora, más de veinte años después, se cumple el conocido dicho de otro vendrá que bueno me hará, y ese otro que ha venido ha sido el actual ministro de Interior, que tiene en marcha una ley que institucionaliza la represión y la criminalización de todo aquel que ose manifestarse cívica y públicamente. Lo que se conoce de este anteproyecto de ley, desde nuestro punto de vista, es predemocrático y va en la línea de lo que defiende abiertamente la extrema derecha existente en países europeos de nuestro entorno.

La propia moción de La Izquierda Plural cita pormenorizadamente las medidas que restringen las libertades y los derechos de la ciudadanía recogidos en el anteproyecto; desde la posibilidad de actuaciones policiales completamente exageradas hasta la intención de amordazar -también mediante ley- a los ciudadanos que protesten en la calle para defenderse contra las políticas económicas y antisociales del propio Gobierno del Partido Popular. Concordamos con los puntos de la moción que proponen combatir esas medidas. Por último, en cuanto a los sucesos ocurridos en Ceuta el pasado 6 de febrero, nos manifestamos en la comisión correspondiente. Concordamos efectivamente en que el ministro tiene que dimitir; la prueba más clara es que pretende cambiar una ley que él mismo ha incumplido, legalizando las devoluciones en caliente.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por el mismo grupo, señora Jordà.


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La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, al menos 15 personas ahogadas después de ser acosadas y disparadas con pelotas de goma por la policía, y los únicos que están entre rejas son los inmigrantes que consiguieron salvarse, ninguno de los que dispararon, ninguno de los que mandaron disparar, tampoco ha habido ninguna investigación política independiente, ni mucho menos ninguna dimisión. Repito, absolutamente ninguna dimisión, ni por el acoso ni por las órdenes de acosar, que fueron las causantes de las muertes. Tampoco ha habido ninguna dimisión por las mentiras del director de la Guardia Civil y por el propio ministro para esconder la verdad, para dejar impunes los posibles homicidios. No sabemos, señorías, si el Gobierno es xenófobo, si el Gobierno es racista, clasista o si es las tres cosas a la vez, es decir, si les dispararon y les dejaron morir por ser africanos, por ser negros o simplemente por ser pobres. Pero lo que sí les puedo asegurar es que si en lugar de ser negros, que es lo único que pudieron ver los guardias civiles, hubieran sido blancos, no les hubieran disparado pelotas, hubieran pensado que eran náufragos y no les hubieran disparado. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señorías, no les hubieran disparado. Pero más allá de ello, no hay excusas, el deber de socorro, además de ser un valor humano y humanista, es una obligación legal que no distingue de nacionalidad, que no distingue de color de piel o de situación administrativa, y no solo la obviaron cometiendo un delito por omisión de socorro, sino que dejaron ahogarse a unas personas que en todo caso estaban cometiendo una falta administrativa. La verdad es que me es difícil trasladar toda la repugnancia que me produce esta situación: quién disparó, quién ordenó disparar, quién mintió para esconderlo, quién se niega a dimitir, quién va a votar hoy para que nadie dimita. Por favor, han muerto 15 personas. Cuando un director de la Guardia Civil miente, tiene que dimitir; cuando un ministro esconde la verdad, tiene que dimitir; cuando hay 15 muertos, alguien tiene que dimitir.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, y por fin, el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Señora presidenta, señorías, es una evidencia que tras la gran contrarreforma global realizada por el Partido Popular en todos los aspectos socioeconómicos ahora le toca el turno a las libertades civiles: ley de seguridad ciudadana, ley de seguridad privada, reforma del Código Penal y ley del aborto. Cada vez menos derechos sociales y cada vez menos libertades públicas. En Euskal Herria, bajo el argumento de la lucha contra ETA, la llamada fuerza legítima del Estado ha estado y está plagada de capítulos oscuros, de desproporcionalidad y de abusos. Bajo la criminalización y la acusación de todo es ETA se han producido prohibiciones, ilegalizaciones, procesamientos, razias, multas, torturas y controles policiales en cada esquina, un hecho que tras el cese de la violencia de ETA no ha cesado, sigue existiendo. Pero vemos cómo curiosamente esa criminalización de la protesta legítima y pacífica ha sobrepasado el Ebro y lo que era y es habitual en el País Vasco, hoy en día es habitual en el resto del Estado.

Señorías, del Partido Popular, ustedes tienen grandes aspiraciones en el nivel internacional, creen en la marca España, quieren un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el señor Margallo señalaba Spain is back. Pero ante esto la Comisión Europea les pregunta aterrorizada por lo ocurrido en Ceuta la semana pasada: disparar con material antidisturbios a inmigrantes que estaban indefensos nadando. ¿Ustedes de qué van? El Consejo de Europa critica su anteproyecto de ley de seguridad. El comité contra la tortura de este mismo organismo reprende a las autoridades españolas por no investigar las denuncias por malos tratos, al igual que el Tribunal de Estrasburgo les condena por estos hechos. La OSCE emite una nota de queja y se pregunta por las intervenciones y comportamientos de la policía en las manifestaciones en España y, sobre todo, por la expulsión o invitación a marcharse, si lo quieren, de seis observadores, el pasado mes de junio. La ONU denuncia la existencia de redadas racistas por parte de la policía. Señores del Partido Popular, tienen un problema, y no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice el Consejo de Europa, la OSCE y la Comisión Europea. ¿Les es indiferente? España es el estado con la legislación penal más dura de Europa, pero a ustedes les parece conveniente endurecerla ¿verdad? En definitiva, es una barbaridad y un sinsentido y por ello apoyaremos la moción de La Izquierda Plural.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Iñarritu.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Sixto, vamos a apoyar su iniciativa en todos sus términos; el doble pedimento y lo atinente a la retirada de la ley orgánica de prevención de la seguridad ciudadana. Usted se refiere al Código Penal. Nosotros pediríamos también, si fuera posible, la retirada del proyecto de ley orgánica del Código Penal y el segundo pedimento que hace referencia a las responsabilidades no asumidas y que deben provocar la dimisión del ministro del Interior. En relación con lo primero, algunas de las personas que estamos aquí tuvimos la suerte -no lo digo con ironía- de atender a varios comparecientes que nos ilustraron sobre el debate que se ha iniciado del nuevo proyecto de ley orgánica del Código Penal, y nos comentaron algo que me recordó a las frases pronunciadas por el ministro, terriblemente llamativas desde la perspectiva de la ciencia política y el derecho administrativo, cual es la elasticidad de las fronteras, concepto que no había oído nunca y que puede provocar que si las fronteras son elásticas se puedan producir eventos de carácter institucional político muy relevantes en este país. Luego nos enteramos que se refería a la elasticidad de las fronteras junto a las vallas y en el territorio de Ceuta, una zona aparentemente de nadie. No se sabe si es de Marruecos o es del Estado español, aunque reconoció al final, como lo hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que las vallas están retranqueadas sobre las fronteras.

Ayer nos comentaron los cuatro comparecientes que nos ilustraron sobre el nuevo Código Penal lo que está ocurriendo con el ejercicio del poder coactivo del Estado por parte del Gobierno del Partido Popular, que también es elástico y se está expandiendo. Está produciendo una expansión del reproche punitivo, particularmente en el ámbito de la contestación social en la calle, que se ha convertido en un agente político de carácter proporcionalmente creciente a la decadencia de la extinción parlamentaria por el abuso de la mayoría parlamentaria, que impide que el parlamentarismo sea un parlamentarismo real. Se ha convertido en una suerte de adhesión forzada por parte de todos los grupos de la Cámara a las decisiones del Partido Popular por el uso un tanto abusivo, en nuestra opinión, de sus mayorías absolutas. Desde esa perspectiva, nos comentaban que estamos ante una expansión del reproche penal y del derecho punitivo, tanto en las previsiones del Código Penal, al que se llegó a calificar, como hace Günther Jakobs, de derecho penal del enemigo, de verdadero derecho penal del enemigo versus derecho penal del ciudadano, como en el ámbito del derecho administrativo sancionador, la ley de prevención de la seguridad ciudadana, en donde, en primer lugar, se recepciona todo lo que se produce por la desaparición del libro III del Código Penal, todas las faltas. El 40 % de las faltas se convierten en infracciones administrativas pero de forma muy peculiar, porque se incrementa la sanción pecuniaria en relación con estas infracciones; es más duro el tratamiento en el ámbito administrativo de las faltas que se reubican en la ley de prevención de seguridad ciudadana que en el propio Código Penal, y el 60 % de las faltas se convierten en delitos, con lo cual el reproche penal es también mucho mayor. Un ejercicio más del derecho penal del enemigo, de esta especie de expansión punitiva basada en el populismo punitivo además, porque los tipos que se incrementan más son aquellos que han adquirido una dimensión mediática en la cual los legisladores deberíamos ejercer el poder moderador y mediador que nos corresponde como institución que legisla sobre derechos y libertades fundamentales que son objeto de restricción a través de la norma penal o del derecho administrativo punitivo. Por tanto, ¿qué decirle? Estoy absolutamente de acuerdo, porque no solo Günther Jakobs, el gran penalista alemán, nos advierte sobre esta perversión de la creación de un derecho penal del enemigo y no del ciudadano, sino que, como dijo usted el otro día, el jefe de la policía de Valencia utilizó la misma expresión. En la primavera de Valencia los manifestantes fueron calificados como el enemigo por parte del jefe superior de policía de Valencia, no sé si utilizando esta reflexión desde una perspectiva crítica y si este señor había leído la obra de Günther Jakobs -me extraña- o desde la perspectiva contraria, porque de verdad les consideraba el enemigo, con lo cual estamos incurriendo en la perversión que denuncia por lo menos la doctrina penal alemana y la parte más progresista de la doctrina penal que ayer tuvimos la suerte de oír.

Hay que retirar el proyecto de ley de seguridad ciudadana, sin ninguna duda, porque está preñado de conceptos metajurídicos que hacen referencia o que posibilitan una actuación punitiva casi arbitraria y discrecional de la Administración Pública. Cuando en manifestaciones que pretenden la divulgación de determinadas actividades o determinados derechos o pronunciamientos son objeto de tipificación como infracción administrativa, cuando el top manta, cuando determinadas expresiones que se califican como ultrajes -que es otro concepto absolutamente metajurídico- a España en las comunidades autónomas y sus signos distintivos, cuando todo esto se ubica...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señora presidenta.

... en una ley de seguridad ciudadana, esta ley de seguridad ciudadana lo que provee es de una potestad cuasi omnicomprensiva de actuación o de uso del Derecho Penal contra la contestación o disidencia política. Desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice, y además añadiría que se retire también la reforma del Código Penal, en donde se incorpora la prisión perpetua permanente, las medidas de seguridad perpetuas permanentes y la limitación o restricción de derechos y obligaciones por parte del órgano judicial también permanentes sin tipificación, de forma discrecional por el juez, vulnerando el contenido esencial del artículo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, su tiempo ha finalizado hace rato.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Lo que pasó en Ceuta, de verdad, merece la dimisión del ministro porque no es posible admitir en un Estado democrático ocho versiones diferentes sobre un acontecimiento tan dramático como el ocurrido en Ceuta, donde se contravino en primer lugar el derecho internacional público, en concreto el artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Porque lo que se acometió en Ceuta fue una expulsión sumaria y colectiva, expresamente prohibida por el artículo 4 de este convenio, pero se pudo incurrir en delitos graves...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, pero ha acabado su tiempo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... en un delito de denegación de auxilio y si hay una relación de causalidad entre los ahogamientos y la operación de las fuerzas de seguridad estamos hablando de otros delitos. Necesitamos una explicación y la verdad sobre esto. Mientras no conozcamos una explicación y la verdad, la verdad verosímil, fidedigna...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, pero ha acabado su tiempo. Lo siento, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías, en una moción presentada hace poco por el Partido Socialista nuestro grupo pidió que se votaran los puntos por separado y en algunos casos votamos sí y en otros votamos no. Este no va a ser el caso en esta moción, donde vamos a votar sí a la totalidad. No es un tema menor, y no ocultamos que fue una PNL nuestra lo que provocó que se presentara una nueva ley orgánica de seguridad ciudadana porque, honestamente, creemos que esta ley es necesaria. Lo hacemos por varias razones, como la utilización de láseres contra vehículos, sobre todo aviones, el uso de máscaras en manifestantes, para reducir ciertas sanciones como es el caso de la manifestación sin comunicación -hoy en día no debería ser penada porque cualquier grupo de chicos con Twitter convocan una manifestación no comunicada y ha dejado de ser lo que era-. También entendemos -esto es lo grave puesto en la balanza- que hay una fuerte limitación de libertades fundamentales en este proyecto de ley. El Parlament de Catalunya -tenía mayoría con el PP para evitarlo- hizo un gran esfuerzo técnico para eliminar las pelotas de goma de la Policía y de los Mossos d'Esquadra, a pesar de los problemas que significa en los usos policiales, pero lo hicimos. En cambio, en contra del consejo de organismos internacionales se crean nuevos ilícitos y sanciones que entendemos desproporcionadas. Pongo solo un ejemplo porque el tiempo no da para más. Un grito en una manifestación que incite a un delito podrá ser sancionado. Dicho de otra manera, cuando era concejal los manifestantes a la salida del pleno gritaban para que nuestras santas madres ejercieran una profesión que es un ilícito legal -cosa bastante molesta que te digan- y ahora podrían ser sancionados con 600 a 6.000 euros. Boutades aparte -a ver cómo lo digo con delicadeza-, muchos manifestantes utilizan el apellido de la institución más alta del Estado utilizado en plural y haciendo un pareado bastante poco ingenioso para decir aquello de -a ver si me entienden ustedes- Bor... a los tiburones. (Rumores). Seguro que es de muy mal gusto, ¿pero esto merece 6.000 euros de multa? Nosotros creemos que no, y he puesto como ejemplo cuando atacaban a nuestras santas madres. No es una falta de respeto a nuestra institución. Esto limita las libertades fundamentales.

En cuanto al segundo punto, las expulsiones, el señor Olabarría y el señor Picó el otro día en Comisión pusieron en evidencia de manera brillante que se habían hecho retenciones y expulsiones en caliente en territorio español, por lo que no voy a repetir los argumentos. Será que el Estado español ha redescubierto


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el viejo principio de la Ley de Fugas, en este caso sin sangre, lo cual no deja de ser una mejora; pero al fin y al cabo, la expulsión en caliente es una aplicación de la Ley de Fugas y no nos parece nada bien.

Aquí hay más interrogantes, el señor ministro generó más interrogantes en su intervención de los que solucionó; ocho informes llenos de contradicciones, algunos media hora después de lanzarse el primero. Ahora empezamos a entender por qué el Ministerio del Interior aparece en tantos informes anónimos sobre temas de Euskadi... Claro, si los informes solo duran media hora, no deben tener tiempo para firmarlos. Escuchen, ocho informes contradictorios: que si no se usaron pelotas de goma, que sí se utilizaron, etcétera. Esto no es serio. En nuestro entorno europeo más cercano hay ministros que han dimitido por copiar un trocito de tesis doctoral. ¿Cuántas muertes tiene que haber para que aquí dimita el ministro del Interior? (Aplausos).

Señor Fernández Díaz, como le pidió...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Guillaumes, acabó su tiempo. Finalice.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Así lo haré.

Señor Fernández Díaz, como lo pidió el Parlamento de Cataluña, como pide el sentido común, como pide la costumbre internacional, por favor, dimita. Señor Fernández Díaz, dimita.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre esta moción de La Izquierda Plural. Desde hace meses, el Gobierno del Partido Popular, amparado en un uso abusivo de su mayoría absoluta, viene dando muestras de una decidida voluntad de recortar los derechos y libertades de los ciudadanos; lo hace con sus prácticas y también con sus iniciativas legislativas. Que lo hacen con sus prácticas lo demuestran las sanciones que, al amparo de la legislación aún vigente, vienen imponiendo a los ciudadanos que, a juicio gubernamental, contravienen la normativa al ejercer sus derechos de reunión y manifestación. Tan solo en 2012, en toda España aumentaron más del 500 %, pasando de trescientas setenta y seis a mil setecientas setenta y dos en 2012; pero especialmente la delegada del Gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, demostró ser la campeona del expediente fácil y la multa contundente: quinientas dieciséis sanciones, más que las que hubo en toda España en 2011, y un 900 % más de las impuestas el año anterior en esta comunidad. No les basta con eso, también están buscando amparo legal para sus intenciones. En estas semanas, se acumulan en esta Cámara la ley de seguridad privada, la ley de seguridad ciudadana, la nueva ley del no aborto y, ahora, se nos anuncia una nueva ley de extranjería. Hablemos claro. El Gobierno del señor Rajoy quiere maniatar el derecho de reunión y manifestación, decidir por las mujeres sobre su cuerpo, mercantilizar la seguridad de nuestras calles, controlar el derecho a la libre expresión o privar de los derechos más esenciales a los desposeídos de la tierra que llegan a nuestras costas. No es que se quiera recortar uno u otro derecho, la libertad no es fraccionable. Cuando se recorta un derecho se está afectando al conjunto de ellos, y así se degrada el estatuto de ciudadanía que la Constitución nos reconoce a todos. Si el PP cree que sembrando miedo desmovilizará a los ciudadanos que reivindican sus derechos y defienden los servicios públicos, debe saber que tendrá nuestra oposición frontal.

Señorías, entre otras cosas, con su ley de seguridad ciudadana pretenden sancionar el uso de imágenes de los agentes policiales cuando actúan porque pueden poner en peligro su seguridad personal o el éxito de la operación, una sanción que conllevará decomisar las cámaras o los móviles con que se tomaron. Eso significa que se imposibilitará toda prueba de excesos cuando los haya. Acabamos de saber por qué quieren hacerlo. Con la ley que ustedes quieren, las imágenes que estos días vimos de la intervención del pasado día 6 en la playa del Tarajal en Ceuta no habrían podido emitirse. (Aplausos). A quien las tomara se le habrían confiscado, además de imponerle una multa de 1.000 euros. Si hubiesen impedido que viéramos imágenes, hubiera cambiado por completo la información que tenemos ahora mismo sobre los hechos. Les recuerdo que del delegado del Gobierno de Ceuta y del director general de la Guardia Civil las noticias que nos llegaron fueron evolucionando: desde el inicial no se actuó, al se actuó pero no se disparó y al se disparó pero no al agua. Finalmente, el ministro el pasado jueves tuvo que reconocer que al agua sí pero, según dijo, no a la gente que nadaba. Como sus afirmaciones no bastaban,


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pretendieron convencernos de que esto era así con un vídeo de confección propia; un video que resumía cinco horas de grabación en un minuto, en el que se explicaba: uno, es de noche, llega un hombre corriendo; dos, es de día, tiran piedras; tres, fin. Para cerrar el círculo, después de todo lo visto y sabido, el ministro del Interior y la vicepresidenta del Gobierno se reafirmaron en que la actuación policial se hizo con proporcionalidad y respetando los derechos fundamentales. ¿Me pueden ustedes explicar qué atrocidades tienen en la cabeza para una actuación desproporcionada después de esto? Como han sido pillados en una línea que reiteran, pretenden que nos callemos porque ofendemos a la Guardia Civil. Pues les diré que ni a mí ni al grupo al que pertenezco nos van a dar lecciones sobre la Guardia Civil y cómo defenderla. Yo mismo he sido delegado del Gobierno en Asturias y el secretario general del PSOE ministro del Interior, por ello fuimos y somos testigos de su capacidad de sacrificio y de la ejemplaridad sus actuaciones, es decir, de las virtudes tradicionales del cuerpo y de los nuevos valores que ha asumido con los Gobiernos democráticos. Por eso les digo que como no se defiende a la Guardia Civil es con opacidad y baladronadas.

El delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil hurtaron información a los españoles y mintieron, y el director general se permitió incluso amenazar con querellarse contra todo aquel que criticara los hechos de Ceuta. Por eso no me explico cómo siguen aún en sus puestos y le reitero al Gobierno nuestra exigencia de cese inmediato de ambos. Lo que sé es que defender a la Guardia Civil en este caso es explicar quién dio la orden de disparar al agua con transparencia y responsabilidad, porque todos nos damos cuenta de que fue una mala orden. La imagen fija que la mayoría tenemos de los hechos es una lancha en el mar, guardias en el espigón y en la playa y, entre todos ellos, un grupo de seres humanos tratando desesperadamente de mantenerse a flote para salvar sus vidas. Lo siguiente que esperábamos era que los guardias trataran de rescatarlos -lo que en la inmensa mayoría de los casos la Guardia Civil hizo, hace y hará ejemplarmente-, pero no fue así. En Ceuta pasó algo muy grave; seamos conscientes. Fallecieron quince seres humanos que merecen respeto, dignidad y memoria, y este Parlamento tiene la obligación de saber qué pasó y por qué pasó. Esta es la clave de bóveda de este asunto. El Congreso de los Diputados tiene que llegar hasta el fondo. Queremos saber la verdad y tenemos la obligación moral de exigirla por las quince personas que perdieron la vida; por nosotros y por quienes depositaron en nosotros su confianza; por Europa, a la que exigimos una política de inmigración más europea y que nos exige explicaciones sobre este hecho; y por el mantenimiento del buen nombre de España en el mundo. Cuando sepamos la verdad exigiremos todas las responsabilidades políticas que sean precisas, alcance a quien alcance y caiga quien caiga. Por ello, anuncio que apoyaremos el punto de la moción íntegramente y nos abstendremos, por el momento y hasta conocer la verdad, en la petición de la dimisión del ministro.

Acabo. Hoy ya sabemos que el Gobierno tiene preparadas para entregar las cintas grabadas el día 6 en la frontera de Ceuta. Exijo hoy aquí que las manden de inmediato a este Parlamento...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Trevín tiene que acabar.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Si no lo hacen, mañana mismo el Grupo Socialista pedirá la constitución de una comisión de investigación al respecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Trevín.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Escobar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero, desde el Grupo Popular, en primer y destacado lugar, expresar nuestra más profunda condolencia y nuestra solidaridad con las familias de los inmigrantes fallecidos, que no son blancos ni negros; son personas, personas que han fallecido en aguas marroquíes buscando un sueño que empezaba en España, y ahí acabaron con su vida. O sea, mis primeras palabras de sincera condolencia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).

A partir de ahí, señorías, señor Sixto, tengo que decir con dolor que la demagogia no salva vidas; que la demagogia no protege nuestras fronteras; que la demagogia no protege nuestras calles; que el cinismo político no nos previene mejor de la violencia. Señorías, descalificar a la Guardia Civil es el mejor pasaporte para las mafias de la inmigración. (Aplausos). Los españoles confiamos en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, simplemente porque son


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las mejores. Señorías, es momento ante todo de responsabilidad, de apoyar al Gobierno en un momento ante un drama en el que hace falta visión de Estado, desde la certeza de que España es un país cada vez más seguro. Tenemos la tasa de criminalidad más baja de los últimos diez años, un 35 por debajo de la media europea. Tenemos un nivel de manifestaciones muy alto, en el que solamente en un 0,08 % se necesitó material de protección. Es decir, que nuestra sociedad da ejemplo permanente de comportamiento cívico. Por eso, a lo largo de esta intervención me duele profundamente escuchar algunas de las calificaciones y afirmaciones que se han hecho. Señor Sixto, la tolerancia y el respeto no deben confundirse con la impunidad. Por cierto, el incidente en la sede de las juventudes el Partido Comunista, según me consta, fue por denuncias por ruidos, nada de registros de ningún tipo. (Un señor diputado: Mentira; de eso nada).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio, por favor.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: La política de seguridad no puede ser nunca la de mirar para otro lado, la de brazos caídos, porque ese es el camino de la disolución social. Pretender un modelo policial amordazado es una temeridad para la convivencia; calificar de represión, como se ha hecho, la actividad policial es ofender y desconocer la extraordinaria labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con el máximo respeto, se mueven entre los clichés y las etiquetas falsas, con estereotipos trasnochados que no se corresponden con la realidad española. Aun les voy a decir más, el futuro anteproyecto de la ley de protección de seguridad ciudadana será un texto mucho más comprometido con las libertades y con mayores garantías para el ciudadano. Se van a despenalizar más conductas, se reduce el número de infracciones graves, se reduce la discrecionalidad administrativa, se reduce el número de controles y se va a controlar mejor la manera de efectuar cacheos o identificaciones. Eso sí, se va a castigar por ejemplo a quienes porten armas u objetos peligrosos en las manifestaciones porque esa es la manera de protegernos todos. Ese es nuestro modelo de seguridad. Tenemos un buen modelo de seguridad, pero aun creemos que podemos mejorarlo.

Voy a acabar con algunas reflexiones que me parecen inevitables sobre el episodio acaecido en aguas marroquíes, en la frontera con nuestra querida Ceuta. El control de la inmigración irregular es y debe ser política de Estado, no es cuestión de partidos. España constituye la frontera sur de Europa. Solo Ceuta es el paso más transitado del mundo con 30.000 personas diarias. Por eso pedimos, exigimos el apoyo efectivo y solidario de la Unión Europea, como ya hizo nuestro presidente Rajoy. Sabemos que en el fondo está la desigualdad entre el norte y el sur, pero tenemos 30.000 personas en Marruecos dispuestas a arriesgarlo todo por entrar en España, por llegar a Europa. La responsabilidad con Europa, la responsabilidad con nuestro país exige que se mantenga la estricta labor de vigilancia de fronteras, y para eso la entrada legal es el requisito indispensable. En política de inmigración España ha aprendido de sus errores. Hemos aprendido, señor Trevín, de los errores de los años 2005 y 2006, pero también tenemos la satisfacción, la inmensa fortuna, de que la Guardia Civil ha salvado en nuestras aguas a 3.400 inmigrantes. Hemos aprendido pero tenemos que seguir mejorando. Para seguir mejorando, para seguir haciendo de España lo que es, un país seguro, tenemos que hacer todos acopio de responsabilidad, abandonar la demagogia, olvidarnos del cinismo y les tenemos que decir a todos ustedes, señorías, señores de la oposición, que ahora solo hay un camino sensato que es apoyar al Gobierno de España.

Voy a acabar, porque creo que esa es mi responsabilidad, diciendo, desde la certeza de que España es un país doliente, que España es un país también responsable porque sufre con el inmigrante desesperado, sufre con el engañado, sufre con el secuestrado. Por eso, tenemos que afear la conducta de quien aquí ha esgrimido pancartas pidiendo dimisiones, de quien ha cacareado permanentemente y ha insultado a quien es un magnífico director de la Guardia Civil, excompañero nuestro, Arsenio Fernández de Mesa. (Rumores).

Tengo que acabar mostrándoles unas fotos para que queden en su retina. Lo que hace todos los días la Guardia Civil en España, en nuestras fronteras, en nuestras aguas, es esto (Muestra dos fotografías): salvar la vida de muchos seres humanos. (Aplausos). Queremos que la Guardia Civil siga haciendo, como lo ha hecho siempre, honor a su origen y a su vocación benemérita. Por eso, al Grupo Popular no le duelen prendas en reconocer que esa labor es impagable y que el único camino posible hoy en España, el único camino desde la responsabilidad política, es defender al Gobierno de España, que es tanto como defendernos a todos los españoles.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Escobar.

Señor Sixto, como sabe, tiene una enmienda del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Le doy la palabra a los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda.

El señor SIXTO IGLESIAS: No obstante, señora vicepresidenta, el señor Escobar...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: ... ha hecho alusión a unos pretendidos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, su intervención es para aceptación o rechazo de la enmienda; este es el trámite en el que estamos. (La señora Ortiz Castellví pronuncia palabras que no se perciben).

El señor SIXTO IGLESIAS: Sí, señora vicepresidenta, pero...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, dígame si acepta o rechaza la enmienda.

El señor SIXTO IGLESIAS: ... quiero someter a su consideración, como presidenta de la Cámara en este momento, que el señor Escobar ha dicho que se ha insultado. Por tanto, pediría la venia de la Presidencia para que el señor Escobar aclare a quién he insultado o que lo retire.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, vamos a donde vamos. En primer lugar, ¿acepta usted o rechaza la enmienda?

El señor SIXTO IGLESIAS: El grupo no acepta la enmienda, pero...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Se va a votar todo entero o por puntos? Estamos en lo que estamos.

El señor SIXTO IGLESIAS: Nos sometemos a la consideración que tenga el resto de grupos de la Cámara para separar las votaciones que sean necesarias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, alguno de los participantes en el debate de algún grupo parlamentario ha dicho que votaría a unas cosas que sí y a otras que no. Es necesario de aquí a mañana que sepamos si va a votarse en sus propios términos o punto por punto. (Rumores).

El señor SIXTO IGLESIAS: Yo he tomado a vuelapluma lo que ha dicho la interviniente de UPyD, pero de aquí a mañana les pasaremos a los letrados de la Cámara las votaciones separadas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Bien.

¿En qué se siente usted aludido, señor Sixto?

El señor SIXTO IGLESIAS: El señor Escobar en su intervención ha dicho que los grupos de la oposición han vertido insultos contra don Arsenio Fernández de Mesa, el director general de la Guardia Civil. Me gustaría que lo concretase o que retirase esa aseveración.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

En el fragor de las intervenciones de los diferentes grupos cada uno ha expresado sus insultos o sus amenazas a diferentes cargos. (Protestas). Yo todas las interpreto dentro de lo que es la dialéctica habitual en una cuestión tan compleja como la que hemos debatido hoy aquí. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Estoy convencida de que el señor Escobar no ha intentado ofender a ningún grupo parlamentario. (Protestas).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DEL RESCATE BANCARIO Y, EN CONCRETO, SOBRE LA SITUACIÓN Y GESTIÓN DE LA SAREB. (Número de expediente 173/000133).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la Sareb. (Rumores). Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra don Valeriano Gómez. (Continúan los rumores). Por favor, ruego silencio para que podamos escuchar al señor Gómez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista trata de responder a las principales cuestiones suscitadas en el debate de hace unos días, el de la semana pasada, cuando formulamos la interpelación al ministro de Economía. En ella partíamos de tres principios fundamentales: en primer lugar, nuestro escepticismo, el del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las ventajas de esto que hemos denominado el experimento español del banco malo; escepticismo también, por cierto, del Gobierno, que siempre se opuso al banco malo hasta que tras la quiebra de Bankia la troika impusiera esa solución como condición para el rescate financiero. El segundo principio es relativo a los propios problemas que planteaba y sigue suscitando el diseño inicial de la Sareb; la paradoja que implicaba tener una entidad con mayoría privada que, sin embargo, ha realizado emisiones por valor de 50.000 millones de euros con la garantía del Estado para financiar la adquisición de los activos más problemáticos de toda esa parte de la banca que ha necesitado recibir ayudas públicas; los conflictos de interés permanentes -así lo definió hace un par de semanas el propio presidente del FROB- entre los bancos presentes en el capital de la Sareb y la propia actuación de la Sareb. Son bancos que en muchas ocasiones quieren que las mejores operaciones se hagan con la participación de las propias entidades financieras, que se financien las propias operaciones de venta de activos por parte de la Sareb y que, en el colmo de los despropósitos, lo haga en ocasiones con las mismas compañías inmobiliarias con cuyos activos ha tenido que quedarse la Sareb y que son al fin y al cabo las responsables de este enorme desaguisado inmobiliario en un país que sufre precisamente la crisis también por sus excesos. Por si todo esto fuera poco, ya que la insuficiente participación de la Sareb parte en este caso de grupos compradores en determinadas operaciones, se está planteando que la Sareb participe con grupos para que vuelva a comprar aquello que la Sareb está vendiendo. Todo esto, y por supuesto además que la Sareb termine dando beneficios, que haya un compromiso -que se formula y que se tiene que plantear como alcanzable- de un beneficio de en torno al 14 % anual respecto al capital invertido a lo largo de quince años de vida. Y el tercer principio -importante también- era lo que nosotros entendemos que es una gestión muy discutible de la propia Sareb a lo largo de estos primero catorce meses de existencia. Me refiero a una estrategia cambiante, con dos planes de negocio sucesivamente aplicados; una gestión sobre la que advierte la propia troika, cuando en la agenda a seguir durante este año 2014 plantea el control de la actividad de la Sareb para garantizar una disposición adecuada -así dice la troika- de los activos, minimizando el coste para el contribuyente; una gestión que sigue siendo un ejemplo de falta de transparencia. Hemos pagado entre todos una diferencia en los precios de los activos inmobiliarios de dos formas: recapitalizando los bancos y después creando y financiando la Sareb. Ahora resulta que ni siquiera podemos analizar qué es lo que está ocurriendo, porque nadie sabe el precio al que se venden esos activos porque, según parece, eso perjudicaría la actuación de la Sareb y a los bancos.

La moción que presentamos a su consideración, señorías, se estructura en seis puntos principales. En el primero se plantea la necesidad de garantizar que el resultado final de la Sareb no suponga un coste para el contribuyente. Son casi 60.000 millones de euros entre emisiones garantizadas y capital, sin contar por cierto con los 41.000 millones que ha costado ya la recapitalización bancaria. Así que el objetivo aquí no debe ser otro que el de recuperar todo el conjunto de lo invertido. En el segundo punto lo que se plantea es la necesidad de una gestión más profesional, más transparente. Entendemos que la transparencia es consustancial al buen funcionamiento del mercado, no hay mercados que no sean transparentes. Si no lo son, no son mercados. Entendemos que no hay ninguna buena razón para que no se conozcan los precios a los que se vende. En el tercero se recoge la necesidad de una comparecencia trimestral por parte de la presidenta de la Sareb. Son ya más de catorce meses sin información alguna en la Cámara, todo un exceso; son catorce meses, los primeros catorce de vida de una entidad en la que hay


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invertidos nada más y nada menos que 6 puntos de PIB entre garantías y capital. Nuestra propuesta es que haya una comparecencia y, junto a ello, en el cuarto punto y con el mismo objetivo -el de intensificar la transparencia y la rendición de cuentas-, exista un control exhaustivo de toda la información relevante sobre los activos inmobiliarios y también, por cierto, sobre la cartera de préstamos de la Sareb. En el quinto punto se plantea una mención a la necesidad de seguir evitando estrictamente el conflicto de intereses entre Sareb y entidades financieras presentes en su capital. Y en la sexta propuesta -que es una propuesta importante y no debe ser incompatible con la gestión y con los objetivos económicos de la Sareb- planteamos la cesión para la gestión a las comunidades autónomas de paquetes de viviendas que están hoy en manos de la Sareb y que pueden ser en el futuro utilizadas como fórmulas para promocionar el alquiler social.

Entendemos que -aprovecho para relatarlo- se han presentado algunas enmiendas por parte de los grupos. Aceptaremos la enmienda que a este punto 6 plantea UPyD; aceptaremos también una de las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, la que se refiere a la retirada del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley andaluza de Desahucios; no será así con el punto 2 que entendemos que debe seguir siendo el que redactábamos de una u otra forma en la moción presentada por el Grupo.

Para terminar, señorías, hemos mantenido durante este tiempo una legítima prevención respecto de la función de la Sareb y de su diseño. El MOU no se pronunciaba sobre las características de este diseño, por tanto Bruselas no puede ser puesta como excusa para lo que se hace aquí. Ha sido el Gobierno quien ha decidido este diseño de la Sareb. Ahora, en estas circunstancias y sin compartir ese diseño, de lo que se trata es de asegurar que este experimento salga bien, no termine suponiendo costes para el contribuyente. Que salga bien depende sobre todo de que se mantenga un nivel de transparencia adecuado y un grado de transparencia respecto del resto de las entidades financieras imprescindible; que salga bien, señorías, significa antes que nada que se recuperen toda la inversión y todas las garantías públicas implicadas, recuperando por cierto también el crédito que sigue sin fluir y al mismo tiempo el dinero de los contribuyentes. Estas tienen que ser, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, las claves para el futuro de esta entidad, la Sareb, el banco malo, y entre todos debemos hacer lo posible para que no introduzca ninguna nueva maldad en la situación de nuestro sistema financiero y de nuestras finanzas públicas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.

Hay una serie de enmiendas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

La creación de la Sareb debe ser enmarcada en el conjunto del rescate con dinero público de las cajas politizadas en España, y este es un rescate con dinero público que está resultando muy costoso. Hasta ahora van empleados 61.000 millones de euros de dinero público en ayudas a la solvencia de estas entidades y Eurostat da por perdido ya 43.000 millones de euros. Esto va unido a los esquemas de protección de activos, que podrían suponer pérdidas de un máximo de 36.000 millones de euros, y a los avales, también públicos, de unos 100.000 millones de euros. Todo esto mientras los responsables del hundimiento de las entidades siguen disfrutando de sus indemnizaciones millonarias y de sus jubilaciones millonarias. Esto es bien conocido por la opinión pública. Sin embargo, el segundo pilar del rescate bancario, la Sareb, ha quedado más olvidado, en un segundo plano, tal vez por la complejidad de su diseño, tal vez por la falta de transparencia, porque su presidenta todavía no ha comparecido en la Cámara, pese a peticiones de UPyD y de otros grupos, aunque hay una fecha prevista próxima, parece ser.

Un primer rasgo de la Sareb es su propia naturaleza de banco malo, es decir, se sacan de las entidades los activos basura, los activos más dañados y se pasan a una entidad respaldada por dinero público. Es una fórmula, muchas veces repetida, de capitalismo castizo: si yo gano, me quedo el dinero; y, si yo pierdo, acaba pagando el contribuyente, se transfieren los peores activos de los balances de las entidades a esta sociedad. Este es un primer rasgo llamativo, pero hay un segundo rasgo no menos llamativo, y es cómo se ha acabado diseñando esta sociedad. Porque esta sociedad tiene un balance de unos 55.000 millones de euros y la inmensa mayor parte de los recursos que hay detrás de ella, unos 52.000 millones, son dinero público: 50.000 más o menos en forma de deuda y unos 2.000 en forma de capital; de los 55.000, 52.000 son dinero público. Sin embargo, es una entidad con una mayoría de capital privado. El capital


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social es pequeño y los accionistas privados, que solo han puesto 2.600 millones de estos 55.000, tienen la mayoría del capital, tienen un 55 % del capital. Es un diseño muy curioso; se justifica diciendo: de esta forma esta deuda no computa a efectos de Eurostat como deuda pública. No computa, pero siguen siendo avales públicos. Esa puede ser la ventaja, pero ¿cuáles son los inconvenientes? Los inconvenientes son que, en una sociedad en que el dinero público son 52.000 de 55.000 millones, el control es privado. Estos accionistas privados esperan una rentabilidad del 14 % anual y además sufren un clarísimo conflicto de intereses porque muchos de ellos son bancos con sus propios activos inmobiliarios que vender, con lo que están controlando una sociedad de la que son competidores. (El señor presidente ocupa la Presidencia). De nuevo, ganancias privadas en medio de la hecatombe pública. El sector público pone 52.000 millones, pero es el capital privado el que controla la sociedad y espera obtener altas rentabilidades.

Esto nos lleva a compartir el espíritu y la letra de la moción que discutimos, y el único objeto de nuestra enmienda era aclarar algunos detalles que nos parecían imprecisos en el punto 6, de ahí que agradezcamos al portavoz socialista la aceptación de la enmienda. Eso sí, compartiendo también en el punto 6 lo esencial, que es por qué no utilizar una parte de este inmenso stock de viviendas vacías para aumentar el parque de vivienda pública en alquiler cuando hay un problema de vivienda en España y un problema de desahucios. En conjunto, compartimos la moción, y más después de la aceptación de la enmienda, por tanto, la votaremos favorablemente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, tiene la palabra también para presentar su enmienda el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Señorías, esta no es la enmienda de Izquierda Unida, esta no es la enmienda de La Izquierda Plural; esta no es una moción de nuestro grupo radical; este es simple y llanamente el texto de la Constitución, esto es algo que el Partido Popular y otros Gobiernos anteriores no han sido capaces ni siquiera de leerse. De lo que trata en estos momentos es exactamente lo contrario de lo que está legislando este Gobierno. Este Gobierno está favoreciendo a los fondos buitres, está favoreciendo las inversiones internacionales que no tienen reparo en hacer dinero del sufrimiento de los ciudadanos, es decir, están amparando la especulación que con todas las letras señala el artículo 47 de la Constitución española de 1978. Porque, no nos olvidemos, crear la Sareb para vender activos, para vender viviendas -llamémoslo por su nombre- en un país en el que hay millones de viviendas vacías y hay decenas de miles de personas que están siendo desahuciadas, no es ya un contrasentido sino una verdadera salvajada propia del liberalismo más rancio y más antisocial como el que hace este Gobierno. El llamado banco malo -para algunos, porque para otros está siendo muy bueno; por cierto, que fue negado por el presidente en esta misma tribuna- es un ejemplo claro de para quién y cómo legisla este Gobierno. Legisla para aquellos que pueden especular con la vivienda y no para aquellos que la necesitan para vivir.

Nuestro grupo se sitúa en la defensa de otros intereses. Se sitúa en la defensa de la gente que es desahuciada, de la gente que ve que no tiene vivienda mientras a pocos pasos ve viviendas vacías, de la gente que sufre la política del Partido Popular. Este Gobierno tuvo la oportunidad de crear un buen stock de vivienda pública para ponerla en alquiler a un precio razonable. Este Gobierno tuvo la oportunidad de convertir la vivienda en un derecho, de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, porque estamos hablando de que la Sareb recibió hasta 200.000 viviendas durante el proceso inicial. Por el contrario, el Gobierno ha decidido aprovechar la ocasión para ponerlas al servicio de la especulación, de los especuladores, para que las entidades bancarias pudiesen seguir presentando balances donde disimular sus pérdidas; cosa que no pueden hacer los ciudadanos, que no pueden disimular la hipoteca por que les es exigida de forma contundente. Luego se ha puesto la Sareb al servicio de la especulación y no al servicio de la gente. Pero no se contenta el Gobierno con ello. Cuando un Gobierno como el andaluz intenta modestamente aplicar este artículo 27 de la Constitución -ese que ustedes celebran los meses de diciembre en este mismo escenario pero que luego incumplen durante el resto del año-, cuando la Junta de Andalucía intenta sacar una ley antidesahucio, ustedes intentan acabar con ella, es decir, una vez más ustedes están del lado de los poderosos frente a los que tienen que recibir el castigo de tener un Gobierno como el del Partido Popular. Pero por si fuera poco a raíz de su recurso nos enteramos, se


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enteran en la Junta de Andalucía, de que la Sareb también participó en ese recurso y nos enteramos de que tenía 911 viviendas de protección oficial en Andalucía vacías. Son viviendas que han sido construidas públicamente para satisfacer ese interés general, pero que están puestas igualmente a disposición de la especulación, de quienes están comprando viviendas y luego cuando tienen inquilinos los tratan de echar o les tratan de subir el alquiler para hacer negocio.

Por eso hemos presentado -voy terminando, señor presidente- dos enmiendas: una primera para tratar de que lo que ha costado la crisis bancaria, lo que ha costado el banco malo, no lo paguen encima los mismos que son desahuciados, porque ahora mismo están pagando el banco malo, están pagando la política especulativa del Gobierno los mismos que son desahuciados a través del dinero público; y la segunda enmienda es para instar al Gobierno a que se retire el recurso parcial a la Ley de Desahucios de Andalucía, para que de una vez por todas el Gobierno no solamente trate de blindar, trate de maltratar a la autonomía andaluza, trate de impedir el autogobierno en Andalucía, sino que de una vez por todas se sitúe del lado de los débiles y no de los poderosos como acostumbra. Son dos enmiendas que entendemos razonables y que proponemos sean aceptadas por el grupo proponente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Para presentar su enmienda, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Abad.

El señor ABAD PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos presenta el Grupo Socialista una moción con seis puntos a tratar relacionados todos ellos con la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos. Sobre ella les tenemos que decir que hemos presentado una enmienda para tratar de buscar puntos en común, pero nada más empezar hay que decirles que hablan ustedes de falta de transparencia o de que quieren más transparencia, a nuestro entender, o de más controles. Nosotros creemos que hay suficiente transparencia y suficientes controles; no obstante, en la enmienda que les hemos planteado estamos dispuestos a que le demos una vuelta a esa transparencia que ustedes quieren buscar, aunque a nuestro entender hay suficientes medios dentro de la actuación de la propia Sareb para traducir que así está ocurriendo, como ahora voy a demostrar. En el sentido de los controles la propia creación de la Sareb tiene nada más empezar una comisión de seguimiento, una comisión de seguimiento que está formada por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Hacienda, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Banco de España, y todos ellos, cuando se constituye la Sareb, deciden invitar como observador permanente al Banco Central Europeo, banco que admite la invitación y que participa desde el primer momento también dentro de la Sareb; por tanto, hay observadores suficientes y hay un control permanente. Ya han celebrado cuatro reuniones. Además de ello, el Banco de España, que participa en la comisión de seguimiento, también es órgano supervisor y cuando quiere puede decirle a la Sareb que le presente sus cuentas, y así lo ha hecho ya en algunas ocasiones. Hay un detalle que tal vez haya pasado por alto, señor Gómez, el presidente del FROB se ha presentado en esta Cámara en cuatro ocasiones y él es el máximo responsable, por decirlo de alguna manera, de la Sareb, puesto que el 45 % del capital que tiene la Sareb pertenece al FROB y el FROB, si ha estado tres o cuatro ocasiones el presidente, ha dado cuenta de lo que se estaba haciendo. Sí que ha habido de alguna forma un seguimiento de lo que está haciendo la Sareb. Igualmente en breves días en la Comisión correspondiente la presidenta vendrá a presentarnos sus cuentas, de las que ya se ha trasladado el informe a la Cámara. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo con el punto 1 de la moción que ustedes presentan; cómo no vamos a estar de acuerdo en que los criterios que se deben seguir para gestionar la Sareb supongan el menor coste posible para los presupuestos del Estado y, en definitiva, para los ciudadanos; claro que estamos de acuerdo; pero garantizar la rentabilidad máxima, que es nuestro objetivo, está absolutamente en contraposición con el último punto que ustedes plantean, el 6, y aquí es donde ustedes, permítame que se lo diga, utilizan la demagogia.

Ustedes nos dicen: queremos que se rentabilice la venta de la Sareb y queremos que a los ciudadanos no les cueste dinero; sin embargo, nos dicen que cedamos a las comunidades autónomas y a las entidades locales parte de las viviendas adquiridas por la Sareb para que puedan utilizarlas como parque de viviendas de alquiler social o las puedan destinar a ayudar a los inquilinos, etcétera. Eso está en contraposición con lo que es hacer gestión de la Sareb. Nosotros creemos, por eso lo hemos presentado en la enmienda, que en la Sareb se ofrecen 2.000 viviendas para que, utilizadas como fondo social, podamos ofrecer una fórmula para que las comunidades autónomas que quieran firmar convenio con la Sareb puedan gestionar


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por un periodo determinado, que van a destinar las viviendas a alquiler social, que establezcan un precio determinado, dependiendo de en qué zona de España esté estableciéndose ese convenio, que el Gobierno autonómico correspondiente, si lo considera conveniente, pueda financiar parte incluso de la renta que vaya a ofrecer a quien se quede con la vivienda, pero tiene que haber una cosa muy importante, que la Administración autonómica tiene que devolver la vivienda a la Sareb, puesto que hay un compromiso de que la Sareb .en quince años tiene que liquidar todos los activos. Estaríamos dispuestos, y así se contempla en la propia Sareb, a que ese fondo de 2.000 viviendas pueda ser utilizado. Aquí le tengo que decir a Izquierda Unida que no haga tanta demagogia ni juegue tanto con las personas que lo necesitan, porque al final ustedes aquí dicen una cosa y hacen la contraria como en Andalucía concretamente, donde está gobernando Izquierda Unida con el Partido Socialista, y además quien lleva la Consejería de Vivienda es doña Elena Cortés, que pertenece a Izquierda Unida precisamente. Me parece que disponen ustedes de un parque inmobiliario de 50.000 viviendas, de las cuales hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 vacías. (El señor Centella Gómez: Mentira, mentira). Pónganlas ustedes a disposición de los vecinos, antes de decirle a la Sareb que les preste 916.

El señor PRESIDENTE: Un momento.

Señor Centella, le ruego que no haga esas exclamaciones. Luego, si usted tiene alguna cosa que decir, me puede pedir la palabra, pero cortar así al orador no se puede hacer. (El señor Centella Gómez: Que no mienta).

Siga, señor Abad.

El señor ABAD PÉREZ: Gracias.

Repito que no hagan demagogia y no utilicen las cosas que no deben utilizar. Cuando se crea la Sareb lo que se está diciendo es en qué momento nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Llega el Gobierno del Partido Popular y se encuentra un sistema financiero español que está absolutamente desarmado y lo que tiene que hacer es corregir inmediatamente los ajustes que tiene para que haya credibilidad en ese sistema español. Por eso lo que hace es poner en marcha esta creación de una fórmula que permita eliminar esos activos contaminados. También hay que decir muy claramente de quién son los fondos de las cajas de ahorros y de los bancos, principalmente los de las cajas de ahorros. Los fondos de las cajas de ahorros y de los bancos son de los pequeños ahorradores, de las familias humildes que en cada municipio, a base de esfuerzo y de sacrificio, han ahorrado un poco de dinero y lo han llevado a su caja de ahorros. Cuando tenemos que garantizar ese dinero lo tenemos que hacer intentando que esos fondos contaminantes que eran los activos inmobiliarios no perjudiquen que ese banco o esa caja, sobre todo las cajas, se vengan abajo. Por eso la Sareb es la solución a un problema que ustedes habían planteado, y ustedes aquí ahora pretenden hacer ver que la Sareb vuelve a ser un problema. No, la Sareb es la solución y les estamos pidiendo que nos ayuden a resolver ese problema que estamos teniendo entre todos. Fue un acierto crear la Sareb, creo sinceramente que la situación ha cambiado desde el punto de vista del mercado en el momento mismo en que se saneó el sistema financiero español. Por otra parte, en la época del Partido Socialista no ocurría ningún problema con el sistema financiero español, y concretamente cuando nosotros llegamos nos encontramos con que la banca española estaba absolutamente descapitalizada y ha habido que actuar. Esta es una fórmula para actuar, y así se ha hecho. Es una buena manera de trabajar, que se están haciendo las cosas bien...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor ABAD PÉREZ: Termino, señor presidente.

Lo que les digo es que España vuelve a ser creíble y les pedimos que traten de colaborar para que a través de esta fórmula que es la Sareb busquemos entre todos la solución que hemos encontrado más adecuada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abad.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina. (Denegación). Gracias.

Por el Grupo Catalán de Convergéncia i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


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La señora RIERA I REÑÈ: Presidente, señores diputados, de la gestión y del funcionamiento de la Sareb hemos ido hablando a lo largo de estos últimos meses y también en la sede de la Comisión de Economía donde cabe recordar que en la última comparecencia del presidente del FROB este informó también de la gestión de la Sareb, de sus ingresos en 2013, de la amortización de deuda y de cómo está funcionando la actividad de venta de activos inmobiliarios. Cuando nos referimos a la gestión de la Sareb es necesario hacer referencia y recordar las recomendaciones realizadas y las directrices recibidas formalmente por la Comisión Europea en su informe del pasado mes de enero, sobre el programa de asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras en España, documento en el que participaron también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. En este informe se establecían una serie de recomendaciones en términos de gestión y transparencia que debe seguir escrupulosamente la Sareb. En concreto, recomendaciones y directrices relacionadas con que, por ejemplo, la desinversión de los activos de la Sareb se realizase maximizando los resultados financieros, minimizando también los costes para los contribuyentes e incidiendo, entre otros aspectos, en la correcta gestión de los posibles conflictos de interés que pudiesen surgir. Es necesario recordar estas directrices, pues varios de los puntos de la moción se corresponden con ellas. Es por ello que entendemos están en gran medida incorporadas en los principios de la gestión y funcionamiento de la Sareb, una gestión que defendemos, y coincidimos con la moción, debe basarse en los principios de transparencia, eficiencia y garantía para el sistema y, sobre todo, para los ciudadanos.

Presidente, señorías, del análisis de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que en concreto los puntos 1, 2, 4 y 5 se corresponden con estas recomendaciones del informe al que he hecho referencia y que entendemos, repito, que ya están siendo incorporadas, siguiendo las directrices europeas y de conformidad con el plan de negocios de la Sareb. En concreto, el apartado 5 de la moción que incide en un principio básico al que ya obligaba la troika, como es el de defender el interés general en la gestión y evitar posibles conflictos de interés, se corresponde con ello. La misma troika incidía en la necesidad de que la gestión sea profesional y transparente, tal como se señala en el apartado 2 de la moción. Respecto al apartado 4 de la moción, también este está implícito en los principios que deben guiar la gestión de la Sareb.

En relación con el resto de apartados de la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, dos consideraciones. En primer lugar y respecto al punto 1, es necesario reiterar y subrayar por nuestra parte la importancia de garantizar que la creación y gestión de la Sareb no suponga un coste en términos de Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, para los ciudadanos, algo que desde el primer momento evidenciamos como muy relevante y que debe ser uno de los objetivos más importantes y razón de ser de la Sareb. En segundo lugar, una reflexión respecto al apartado 6 de la moción. Es una apartado muy importante para nuestro grupo parlamentario porque coincide y se suma a una iniciativa, en concreto una proposición no de ley presentada por Convergència i Unió y aprobada en la Comisión de Economía el pasado 9 de diciembre con algunas modificaciones, relativa a la cesión temporal de la gestión de viviendas propiedad de la Sareb a las comunidades autónomas y ayuntamientos. En concreto, en nuestra posición no de ley nos referíamos a la cesión de las viviendas propiedad de la Sareb ubicadas en Catalunya, en concreto nos referíamos a los municipios de Salt y Girona. No solo impulsamos esta medida que fue aprobada, sino que celebramos que la misma presidenta del Sareb, en su comparecencia el pasado 3 de febrero en el Parlamento de Catalunya, haya anunciado la próxima cesión a la Generalitat de Catalunya de unas 600 viviendas para destinarse a alquiler social.

Por ello entendemos fundamental y positiva la cesión temporal de la gestión de estas viviendas a los municipios o Gobiernos autonómicos, aplicando así también el principio de proximidad, y que con ello se contribuya a desbloquear activos actualmente paralizados, además de cumplir una función social relevante y más teniendo en cuenta que estamos en un contexto público. Por ello, presentamos esta iniciativa en su momento, celebramos que el Grupo Socialista se sume a la misma y creemos que sería muy positivo que esta medida se extendiese al resto del Estado. Insistimos en que es una medida muy positiva y permite que la gestión de viviendas propiedad de la Sareb sea cedida a sus respectivos ayuntamientos o Gobiernos autonómicos para que puedan ser incluidos en los programas sociales de alquiler de viviendas de dichas administraciones. Permite desbloquear la situación de parálisis de muchas viviendas que están actualmente desocupadas y que pueden y deben destinarse a un uso social, es decir, a viviendas de alquiler social, siendo todo ello compatible con los compromisos de liquidación de la cartera de viviendas que tiene marcados la Sareb.


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Termino, señor presidente, diciendo que compartimos los principios y objetivos a los que se refiere la moción, pero también entendemos que gran parte de ellos no solo responden a las directrices y recomendaciones de la troika, tal como he hecho referencia antes, sino que entran ya en el funcionamiento y gestión de la Sareb, lo que no quita -subrayo, lo que no quita- que sea necesario hacer un seguimiento estricto de la gestión, un control y que puedan y deban acelerarse una serie de cambios, como el del apartado 6, que permitan resultados y mejoras en términos de transparencia, de eficiencia para el Sareb, para el sistema pero sobre todo para los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera. Muchas gracias.

Señor Gómez, a efectos de conocer qué enmiendas acepta o rechaza.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, gracias.

Ya he indicado que aceptaríamos la enmienda de UPyD. Aceptamos también la segunda enmienda de La Izquierda Plural, la que se refiere a la renuncia al recurso de inconstitucionalidad -parcial en este caso- sobre la Ley de Desahucios en Andalucía. Me olvidé de hacer un comentario respecto de las enmiendas que plantea el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, no, ahora ya no puede hacer comentarios sobre ella. Tiene que decir simplemente si las acepta o no.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Claro, es que la interpretación que hemos hecho es que las plantea todas como un bloque, es decir, plantea seis puntos como un solo bloque. Si fuera así no podríamos apoyarlas, pero como bien ha expresado en algunos momentos el portavoz en esta moción, naturalmente nosotros sí estamos de acuerdo en concreto con tres puntos de ella: el punto 3, el punto 4 y el punto 5.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gómez.

Me permito recomendarle, como la votación va a ser mañana, que abra usted un periodo de consultas y al final nos comunica a la Mesa la decisión que ha tomado.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muy bien.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, QUEBRANTADA POR DIVERSOS ACTOS YA EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SECESIONISTA DE ARTUR MAS. (Número de expediente 173/000134)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas.

Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, traigo a consideración de esta Cámara, Cámara en la que reside la soberanía nacional, el plan soberanista aprobado por el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña, como ustedes sabrán, con una mayoría nacionalista, aprobó el 27 de septiembre como continuación y desarrollo de otra resolución de enero del año 2013 suspendida, por cierto, por el Tribunal Constitucional, digo que aprobó en esa fecha un plan secesionista que lleva por título Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. De esa declaración de soberanía, de ese plan soberanista, sobre ese plan soberanista es sobre lo que pido a sus señorías que nos pronunciemos en el día de hoy o en el día de mañana con nuestra votación. Dicho plan secesionista no solo es manifiestamente ilegal -insisto en lo de no solo-, sino que es ilegal porque contraviene la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, es ilegal porque se aprobó vulnerando el auto de suspensión del Tribunal Constitucional. Sobre el hecho de que contraviene


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el ordenamiento jurídico, puede haber debate y discusión, pero sobre el hecho de que vulnera la suspensión del Tribunal Constitucional, no hay debate porque hay una suspensión y, a pesar de ella, se aprobó nuevamente esta iniciativa. Este recurso, esta manifestación de ilegalidad, esta decisión ilegal tendrá su respuesta en los tribunales. No le corresponde a esta Cámara -nos corresponde opinar, naturalmente, somos políticos y podemos expresar aquí nuestra opinión al respecto- pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad -no se lo voy a pedir yo- de ese plan secesionista. Sobre eso, insisto, se pronunciarán los tribunales de justicia. Sobre lo que pedimos que se pronuncie el Parlamento nacional es sobre lo democrático o antidemocrático de ese plan, porque ese es un plan ilegal y antidemocrático. Atenta contra el derecho a decidir de todos los españoles, eso es lo que lo convierte en un plan antidemocrático, porque nos niega el derecho a decidir a todos los españoles. Por eso, porque es un acuerdo político, merece a nuestro juicio una respuesta también política, legítima y diría que obligada desde esta Cámara, en la que -insisto- reside la soberanía nacional.

He escuchado estos dos días pasados a algunos portavoces nacionalistas muy excitados porque traemos a debate y votación aquí esta cuestión, el plan soberanista que ellos han aprobado en el Parlamento de Cataluña. Quiero decirles algo elemental en términos democráticos, que es que ustedes no marcan la agenda, ustedes solos menos todavía. Ustedes no deciden ni cómo ni cuándo ni dónde se debaten los asuntos que afectan a todos los españoles. Los demás también tenemos algo que decir sobre la agenda política que afecta al presente y al futuro de España. El derecho a decidir es de todos los ciudadanos españoles, no de unos pocos ciudadanos españoles que quieren decidir en nombre de todos los ciudadanos españoles y, además, nos niegan, no solo al conjunto de los ciudadanos españoles, sino incluso el derecho a que esta Cámara se pronuncie -porque es el lugar en el que reside la soberanía nacional- salvo que sean ustedes los que pidan que nos pronunciemos. O sea, el tema vendrá a esta Cámara, según los nacionalistas catalanes, cuando ustedes decidan que venga, en el formato que ustedes decidan y pedido cuándo y cómo decidan. Pues no, el tema viene a esta Cámara porque es competencia de esta Cámara decidir sobre algo que afecta a todos los españoles porque aquí reside esa soberanía y viene también si un grupo parlamentario, en este caso Unión Progreso y Democracia, les pide a sus señorías -a todos- que se pronuncien sobre ese plan soberanista que afecta a la soberanía nacional y, por tanto, a los derechos de todos los españoles.

Ustedes, los nacionalistas catalanes, que se quejan de que no les dejan votar sobre algo que no es de su competencia, a la vez pretenden evitar que los españoles y sus representantes -esta Cámara, insisto, en la que reside la soberanía- demos una respuesta a -como dije al principio- un ataque a la propia democracia. Ocurrió lo mismo pero distinto -permítanme la contradicción- con el llamado plan Ibarretxe. No es que fuera ilegal porque era inconstitucional, porque asumía competencias que no le eran propias según la Constitución -a mí me parecía ilegal, pero estaba sometido al arbitrio de los tribunales-, era antidemocrático porque establecía derechos diferentes para los propios ciudadanos vascos y porque no nos dejaba decidir al conjunto de los españoles. Pero las cosas como son; el señor Ibarretxe lo trajo aquí, se atrevió a traerlo al Congreso de los Diputados, y el Congreso de los Diputados se pronunció respecto de un plan soberanista. Pues nosotros, Unión Progreso y Democracia, traemos aquí el plan soberanista, ya que ustedes no se atreven a traerlo o lo quieren traer cuando les dé la gana y en su agenda nacionalista de confrontación entre catalanes y de catalanes con el resto de los ciudadanos españoles, lo traemos aquí porque es donde toca pronunciarse sobre un plan que afecta a toda España. Tenemos derecho a decidir todos los españoles si queremos seguir viviendo juntos o no, si queremos seguir perteneciendo al mismo país o no. Eso lo decidimos el conjunto de los españoles y se decide aquí, donde está la soberanía nacional. Como dije, tenemos derecho a decidir nuestro presente como país, que es decidir el presente de todos los ciudadanos, y tenemos derecho a decidir nuestro futuro, el del país, que es el futuro también de todos los ciudadanos españoles. Por eso, traemos a la Cámara esta votación, porque es un asunto propio del Congreso de los Diputados, porque es nuestra competencia, la nuestra, la de esta Cámara, decidir sobre el futuro de España; porque pronunciarnos sobre un plan secesionista y soberanista que niega la soberanía al pueblo español es algo sobre lo que tenemos que pronunciarnos; porque se nos niega el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre nuestro futuro.

Para terminar, señorías, déjenme que les haga una última consideración. Este acto, aparte de ser un acto de defensa de la democracia, de las competencias de esta Cámara y de la igualdad de todos los españoles, es también un acto profundamente defensor de la autonomía. Es un acto de pronunciamiento autonómico de nuestra autonomía como Cámara legislativa de toda España, de la autonomía personal, la de todos los españoles, que estamos defendiendo aquí, y de autonomía política, la del Congreso de los


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Diputados, porque lo que es de todos lo decidimos entre todos. Así que, señorías, les pido su voto para esta moción, se lo pido encarecidamente en defensa del interés general, en defensa de la democracia, en defensa del derecho a decidir sobre el futuro de España que tenemos todos los españoles y también en defensa de la autonomía para esta Cámara para decidir lo que es de nuestra competencia.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Se han presentado enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, a veces reaccionamos el resto de los grupos -y debo reconocer que me pasa- cuando UPyD habla de cuestiones territoriales y, especialmente, de Cataluña con una cierta pulsión crítica que pone en duda siempre el tono de su discurso, porque a veces el tono de su discurso ha sido muy diferente del que ha hecho usted aquí hoy. En otras ocasiones se trata de un discurso más reactivo, más irritado, más incendiario, a veces -yo creo que hoy no ha sido así y se lo agradezco- con una intención puramente electoral, que creo que no tiene sentido, porque además es un discurso que alimenta precisamente al secesionismo al que se dice atacar. Me gustaría ver a UPyD en un espacio político muy diferente del que ya esta perfectamente ocupado por el señor Vidal-Quadras. Por eso, quería llamarla a la reflexión e invitarla a un cierto sentido de la responsabilidad, porque se trata de cuestiones muy delicadas que despiertan pasiones y que tienden a crear discursos inflamados. Les invito a que vean que no pasa nada por que la defensa de los principios de cada uno se haga en un tono que no sea insultante para personas que tienen otra visión de su país o que tienen un sentimiento nacional, para que ustedes vean que no son los únicos defensores del principio de igualdad entre los ciudadanos, que nosotros también lo somos, y que precisamente por eso nos sentimos más obligados a poner en esta situación sensatez, mesura, sentido común e inteligencia política, porque el asunto es inflamable.

Nosotros creemos que a este debate le hace falta política y no gasolina, y yo le agradezco que usted hoy no haya traído demasiada gasolina. Le hace falta rebajar la tensión y no aumentarla gratuitamente. Esa actitud es perfectamente compatible con una defensa y un uso inteligente de los mecanismos jurídicos de los que dispone esta Cámara, de los que dispone el Gobierno, de los que disponen las instituciones catalanas. Yo le he dicho en otra ocasión -creo que ha sido a usted- que la Constitución no estaba diseñada para golpear a nadie en la cabeza, sino para crear espacios de convivencia, espacios de reflexión, espacios de consenso para españoles que piensan de forma diferente y que entienden su país de forma diferente. Por lo tanto, ante lo que hemos convenido en llamar el desafío soberanista, dos recetas: política y derecho; ambas cosas y ambas cosas al mismo tiempo.

Mire lo que está sucediendo, el Gobierno se parapeta en la pura defensa de la Constitución, pero se muestra -permítame la expresión- perezoso en la gestión política del problema con el nacionalismo catalán, y ustedes le exigen al Gobierno -además de un punto primero obvio en su moción de rechazar las pretensiones soberanistas- una especie de activismo jurídico, recursos, una cierta reacción normativa, en mi opinión, con un cierto olvido también de los resortes políticos que necesita la situación. Frente a esta situación, una visión puramente jurídica del asunto, unos parapetados y otros exigiendo actividad jurídica, nosotros proponemos derechos, sí, pero proponemos también política; proponemos buena, mucha e inteligente política. Se lo hemos pedido al Gobierno y se lo pedimos a todos. La firmeza en los principios que nosotros compartimos sobre la soberanía nacional en el conjunto de los españoles, pero también inteligencia en su defensa. Por lo tanto, antes de entrar en el texto que nos proponen y que se centra, sobre todo, en la faceta jurídica, lo reitero, también la política, también el diálogo, también la exploración de los resquicios, aunque parezcan menores, de los acuerdos y no solo la constatación continua y permanente de los desacuerdos.

Nos propone usted dos puntos en su moción; ningún problema con el primer punto. Usted sabe que compartimos nuestra visión absolutamente crítica y frontal contra los planes e intentos secesionistas que se reflejan en esas dos resoluciones del Parlamento de Cataluña. Fueron votadas en contra por el PSC. Reitero la oposición frontal de nuestro grupo a esas pretensiones cuantas veces traiga y venga como venga y venga de parte de quien venga. Por lo tanto, si usted admitiera una votación separada de los dos puntos, podríamos votar a favor sin ningún problema el primero punto, por cierto, ya recurrido. La vía jurídica que usted le pide al Gobierno ya está en el Tribunal Constitucional, aunque usted introduce ahora la posibilidad de una desobediencia de la suspensión, pero la vía jurídica está abierta. El segundo punto


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es inasumible, porque creo que traslada a la Cámara una función constitucional que corresponde a los jueces. A los jueces les corresponde hacer cumplir lo juzgado, y no parece lógico que un Parlamento deba reiterar una obviedad jurídica. Por eso, no nos gusta el punto segundo; del mismo modo que tampoco nos gusta la redacción que ha dado el Partido Popular, que insiste en la cuestión de las sentencias. Por eso, le proponemos una enmienda en la que, sin atribuir ninguna función judicial, sencillamente, recuerda la necesidad del cumplimiento de la legalidad en todo el proceso, sin hablar extemporáneamente de la sentencia. Pero le reitero una cosa, incluso a fuer de ser pesado. Además de remedios jurídicos, la política; la política que, en muchos casos, en este país, esta denostada clase política ha sabido hacer. Nuestra oferta es conocida, una reforma constitucional que desde el punto de vista territorial tiene un sentido federal. Creemos que es un punto de partida al que no pedimos ninguna adhesión incondicional, pero creemos que es un punto de llegada para muchos catalanes y para muchos españoles. Por eso, reiteramos nuestra oferta y, por eso, señora Díez y colegas de UPyD, le pedimos una reflexión sobre el tono con el que a veces ustedes lo abordan, para que sus propuestas sean más positivas, para que intenten buscar y construir soluciones y no solamente refutar y reiterar posiciones que son conocidas. Yo creo que el problema no necesita combustible; necesita análisis. Si me permite un símil futbolístico -yo no soy muy del fútbol-, esto no requiere la estrategia del patadón para arriba. Esto requiere la estrategia del balón al suelo y tiki taka. Yo creo que eso del tiki taka se entenderá bien en Cataluña; o si prefiere usted un símil literario, yo creo que en la cuestión catalana debemos reiterarnos en aquella novela titulada En busca del tiempo perdido y no acudir a aquella otra novela llamada La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado también una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular no va a permitir que se celebre un referéndum ilegal en Cataluña. No vamos a permitir la fragmentación de España, puede estar muy tranquilo el grupo proponente de esta moción. (Aplausos). Vamos a cumplir y a hacer cumplir la ley. Vamos a defender las reglas básicas de convivencia que entre todos nos hemos dado, con toda la fuerza que nos da la Constitución española y con todas las herramientas del Estado de derecho. El secesionismo tan cacareado por algunos es un supuesto claramente ilegal. La Carta constitucional no reconoce el derecho de secesión de una parte del territorio, solo por la voluntad de todos se puede cambiar lo que se construyó con la voluntad de todos. Se está engañando a la sociedad catalana cuando se afirma que la democracia son solo urnas; la democracia también exige respeto al marco legal y constitucional. No hay democracia sin respeto a la ley que nos hemos dado entre todos. Sencilla y llanamente, el derecho a la autodeterminación ni existe en España ni en ningún país avanzado del mundo. Por tanto, el Gobierno de España seguirá actuando con firmeza y conforme a derecho ante cualquier acto ilegal que impulse la Generalitat de Catalunya. Por eso, el Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlament en la que se aprobaba la declaración de soberanía y derecho a decidir de Cataluña. El Gobierno va a defender nuestro marco constitucional y las reglas del juego democrático. De todos es sabido que el Gobierno de España ni quiere, ni puede reconocer el derecho a la secesión. Por eso mismo afirmo que el proceso impulsado por los nacionalistas en Cataluña es un proceso que está concebido como un proceso beligerante, de beligerante enfrentamiento institucional.

Pero este desafío rupturista que mañana rechazaremos más de 300 diputados de esta Cámara no solo choca con nuestro marco jurídico; estamos hablando de un empeño socialmente dañino, extremo y radical, que va contra la propia historia de Cataluña; lesivo económicamente para todos y que pone en peligro el entendimiento y la concordia en nuestra nación. No vamos a permitir, el Partido Popular no va a permitir que la parte decida por el todo; no vamos a permitir que nadie obligue a los catalanes a renunciar a nada; no vamos a permitir que se ponga en riesgo la anhelada recuperación económica. No nos parece justo que unos cuantos quieran marcar las nuevas fronteras de nuestro país para todos. No vamos a permitir que millones de catalanes sean expulsados de la Unión Europea y del resto de organismos internacionales. Se equivocan aquellos que creen que en el enfrentamiento, en el chantaje y en el victimismo está la solución a sus problemas. Abonar un campo de tensión emocional entre catalanes y el resto de españoles lesiona nuestra convivencia. Además, el proyecto secesionista llevaría a Cataluña a la


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ruina y yo, como catalán, es lo último que deseo. Ese proyecto soberanista está ocultando deliberadamente las trágicas consecuencias económicas de su quimérica aventura. No hablan de las consecuencias de salir de la Unión Europea; de salir del paraguas del Banco Central Europeo; de salir del euro; de volver a levantar fronteras y aranceles; de las consecuencias económicas derivadas de su inseguridad jurídica; de los efectos perniciosos sobre los flujos comerciales con el resto de España; del coste de creación de nuevas estructuras de Estado; de la pérdida de fondos europeos; de la huída de capitales y de la deslocalización masiva de empresas que se podría producir en ese supuesto. Sobre todas esas cuestiones los nacionalistas, los que están impulsando este proceso de ruptura, no están hablando, no están informando debidamente a los catalanes. (Aplausos).

Finalizo, señorías. Somos muchos los catalanes que no queremos que nos hagan escoger entre España y Cataluña. Yo no quiero que me conviertan en un extranjero en mi tierra y no quiero que sigan agrietando la cohesión social en Cataluña. No quiero que jueguen con la prosperidad en Cataluña y que sigan ensuciando la imagen de los catalanes ante el resto de España. No quiero que nadie niegue a los españoles a Dalí, ni que a los catalanes se les expolie Goya. Esta frase del presidente Rajoy pronunciada hace algunas semanas en Barcelona no es solamente una frase retórica, es un sentimiento con gran carga de profundidad compartido por millones de catalanes silenciosos y muchas veces también silenciados. Señorías, el Grupo Popular apela una vez más a la sensatez, a la unidad, al entendimiento, a la lealtad institucional y al diálogo constructivos dentro de la legalidad, que vamos a defender con la más absoluta firmeza democrática. Que nadie tenga ninguna duda, Cataluña ha sido y es una parte de España y lo seguirá siendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, santa Rita, Rita, la soberanía de Cataluña ni se da ni se quita; se posee, es inalienable, lo decide el pueblo soberano, no lo decide usted. Usted dice que Cataluña no es soberana. La Constitución española no lo dice, no dice nada de eso; habla sobre la soberanía española, pero no dice ni prohíbe que Cataluña sea soberana. No lo dice. Usted dice que a partir de la Constitución y de la soberanía española tienen que votar todos los españoles, y usted tiene mucho interés en votar sobre la independencia de Cataluña. Fantástico, le doy la bienvenida; no voy a ser yo, independentista, el que diga lo que tienen que votar o dejar de votar los españoles. Que voten lo que quieran, por supuesto, incluso eso. Ahora bien, tengan en cuenta algún problemilla que se pueden encontrar. El primero, imagínese que Cataluña vota en contra de su independencia, porque usted, señora Díez, les ha convencido, y que en cambio en España votan a favor de la independencia de Cataluña, vamos a quitarnos de encima a estos pesados. Hay que cumplir lo que dice la soberanía española, el veredicto de las urnas, es decir, Cataluña se debe independizar muy a pesar suyo. Eso introduciría una contradicción muy original y muy sugerente en la historia de la humanidad. Señora Díez, si quiere que votemos todos los españoles también, propóngalo, traiga a esta Cámara una proposición de ley, una proposición no de ley, lo que sea, pero tráigalo aquí y dejemos estar este bla, bla, bla, de que yo también quiero votar. Tráigalo aquí y lo discutimos, porque hasta ahora nadie lo ha propuesto. Es muy fácil decir que voten todos, que voten los españoles, pero que lo proponga alguien; ya basta de tertulias de café. (La señora Díez González pronuncia palabras que no se perciben). No, no me toca a mí proponer lo que deben hacer los españoles. Si ustedes lo quieren, propónganlo y se discute aquí.

Dicen que es ilegal. ¿Dicen que este plan es ilegal? Señoría, ¿votar es ilegal? ¿Votar algo político, tal vez lo más importante que se puede votar en política, es ilegal? ¿Cómo puede ser ilegal votar? Me resisto, me niego a creer que votar pueda ser ilegal; lo siento, me resisto, no me lo creo, y si alguien interpreta que votar pudiera ser ilegal, ¿qué es lo que debemos corregir?, ¿qué es lo que debemos retirar?, ¿qué es lo que debemos anular, la ley o el voto? Me parece de sentido común, ¿no le parece a usted? Entonces, dicen que no, que lo que es ilegal es el contenido -eso es lo que dicen- lo ilegal es el contenido, la independencia de Cataluña; no se puede votar sobre eso. ¿Cuál será su próximo paso, señora Díez, ilegalizar a los partidos políticos independentistas? Porque nosotros también vamos por el mundo con un contenido independentista, estamos a favor de la independencia de Cataluña, por si no lo sabía; llevamos nuestro contenido escrito en la frente. ¿Qué va a decir, que no nos podemos presentar?, ¿que la gente no nos puede votar por nuestro contenido? Eso me parece muy peligroso, me parece una senda altamente peligrosa.


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Vamos a hablar claro. Yo creo que aquí usted no ha venido a hablar ni de ley ni de soberanía; no creo que esa sea su principal preocupación ni la de los otros compañeros que han hablado. Su principal preocupación es cómo abortar la independencia de Cataluña, ¿si o no? Esa es su principal preocupación. Déjeme que le diga una cosa con toda franqueza y sinceridad, si intentan aplastar la voluntad democrática del pueblo de Cataluña ayudarán al proceso independentista en Cataluña, acabarán ayudando. Si ustedes van a aplastar las urnas, también acabarán perjudicando la misma democracia y la libertad en España. O digámoslo de otra manera, en positivo, si ustedes ayudan al proceso democrático que defiende la mayoría de los votantes y los representantes en Cataluña, si ustedes ayudan a las urnas en Cataluña, consagrarán y reforzarán la democracia y la libertad en España. Creo que la vía está clara, si lo que ustedes quieren es frenar el independentismo, adopten la vía escocesa, es un consejo de amigo, gratis, adopten la vía escocesa. El día después de que David Cameron y Alex Salmond firman su protocolo de acuerdo en Edimburgo, en las encuestas baja un 10 % el independentismo. Ésa es la vía; en vez de ponerse histérica, en vez de actuar a la desesperada y ponerse nerviosa, tranquila, haga lo más sensato, sea inteligente, apoye a las urnas, apoye a la democracia. Le invito a usted a venir a Cataluña el 9 de noviembre, es una invitación personal. Venga, ya lo verá, no pasará nada, será una fiesta, será solemne, será democrático. Apoye usted a las urnas, es la única manera de seducir a los indecisos, decirles que esto no es una cárcel, que el Reino de España no es una jaula, sino una casa de libertades con las puertas abiertas, pueden entrar y salir cuando quieran. Esa es la manera de convencer a la gente, no lo opuesto. Usted y todos los representantes del pueblo que están aquí pueden elegir: o bien pueden ser cómplices del sufragio, de la democracia y de las libertades, o pueden ser cómplices de un auténtico sufragicidio. Pueden elegir. ¿Cómo quiere pasar a la historia, señora Díez? Es su elección. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Bosch, la verdad es que me ha parecido elocuente su intervención, más que elocuente, simpática, graciosa. Pero, si me permite la expresión -y se lo digo como amigo-, tiene usted una cierta propensión a la práctica de un histrionismo que provoca una simplificación de problemas muy complejos. Ironizar y satirizar sobre cuestiones como quién es el sujeto de decisión en relación con la autodeterminación y otras cosas como las que usted ha comentado con ejemplos hipotéticos que sabe que no se pueden producir, no deja de ser -si me permite la expresión, amablemente se lo digo- una frivolización de un debate que tiene una profundidad política que merita reflexiones intelectuales un poco más sofisticadas o perfiladas.

Señora Díez, este es un tema -y aquí sí le voy a dar la razón al señor Bosch- en donde todos sabemos a lo que estamos jugando en el fondo. Señor Bosch, no se trata de abortar la independencia de Cataluña, se trata de ganar las elecciones en España, y ellos están jugando, el Partido Popular, la señora Díez -el Partido Popular se pone nervioso con este tipo de propuestas- y el Partido Socialista Obrero Español, con un handicap que intenta recuperar presentando o avalando proposiciones como la del recurso previo de inconstitucionalidad, debatido ayer, que en relación con las reformas estatutarias permite -parafraseando al señor Guerra- un doble cepillado: ex ante, usurpando al legislador sus funciones exclusivas de legislar, y ex post también, porque luego se puede interponer otro recurso de inconstitucionalidad si el resultado no es el satisfactorio. Nosotros creemos que lo que se está haciendo en Cataluña se está haciendo porque los catalanes lo han decidido así y quieren que se haga. Yo no soy catalán, pero si me pone en la tesitura de elegir entre qué prefiero si lo que piensa la mayoría del pueblo catalán o lo que no piensa la mayoría del pueblo catalán, me voy a quedar con lo que piensa la mayoría del pueblo catalán, no solo por mi vocación o mi identidad ideológica nacionalista, sino sencillamente por mi identidad ideológica democrática, y esto no es para ironizar. Comprendo que usted es un hombre muy culto, es un escritor y tiene una cierta propensión a satirizar sobre temas que en otros ámbitos de la vida se suelen tratar con la pretensión de honestidad intelectual que la causa merita.

Yo siempre voy a respetar la voluntad del pueblo catalán, pero sobre todo cuando además son metafísicamente imposibles las pretensiones de la moción presentada por la señora Díez. ¿Por qué son imposibles? Porque no se puede hacer nada contra la voluntad del pueblo catalán tal como se ha manifestado hasta este momento, porque todo lo adoptado, todas las resoluciones adoptadas por el Parlamento catalán forman parte de lo que en términos doctrinales se denomina límite negativo de la jurisdicción. La jurisdicción no puede actuar porque son reflexiones o proclamaciones de naturaleza


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política o declaraciones de intenciones, y esto no es jurisdiccionable, no está sujeto a la tutela de la jurisdicción constitucional y menos de la jurisdicción ordinaria. Luego, señora Díez, ¿qué pretende usted? ¿Superar o sobrepasar los límites negativos de la jurisdicción y obligar a pronunciarse al Tribunal Constitucional sobre algo para lo que no tiene legitimidad ni nadie tiene legitimación procesal para instar la actuación de la jurisdicción constitucional? Usted presenta las cosas, las defiende con mucho ardor, con la prosopopeya de su discurso, que retóricamente es aceptable, incluso brillante en ocasiones, pero carecen de contenido sustantivo, de contenido jurídico. Tenga cuidado con estas cosas. Comprendo la carrera en la que están inmersos ustedes porque ya hay procesos electorales a corto plazo y quieren ganar las elecciones defendiendo lo que la Constitución -utilizando una expresión no jurídica sino medicinal- declara indisoluble unidad de la patria o de la nación. Lo de indisoluble lo había leído de las aspirinas, no lo había leído nunca de las naciones o de las estructuras nacionales.

Pero, por otra parte, aquí tampoco se puede ironizar sobre si estamos o no ante un sujeto de decisión también en términos políticos. Hasta ahora ha habido declaraciones meramente políticas, incluso la ponente que ha tramitado el último recurso presentado, la magistrada Adela Asúa, habla de que estamos en el ámbito de las declaraciones políticas no judicializables ante la jurisdicción. Ya veremos lo que dicen los demás magistrados del Tribunal Constitucional, porque aquí también sabemos todos cómo se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional y cómo se producen los cepillados, ahora ex ante mediante una adhesión incomprensible desde nuestra perspectiva del Partido Socialista, porque el Partido Popular siempre ha creído en el recurso previo de inconstitucionalidad en estas materias. Es decir, se puede producir un cepillado ex ante y ex post también.

Nosotros es que además creemos en el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero no lo creemos en solitario, lo creemos con otros grupos de esta Cámara, con la Carta fundacional de las Naciones Unidas y su preámbulo, que establece que el derecho de autodeterminación corresponde a los pueblos y a sus sujetos -a sus pobladores, a los ciudadanos- en virtud de su capacidad de ejercicio de su libertad y discernimiento, y si usted lo que está negando es capacidad de ejercer libremente un derecho al pueblo catalán o está negando -sería más grave- la capacidad de discernimiento del pueblo catalán, nos va a encontrar siempre enfrente, y espero que usted no comparta estas tesis, señor Bosch. Me imagino que usted sí cree en la capacidad de discernimiento del pueblo catalán, y esto va contra todo, y cuando digo contra todo me refiero a reflexiones apocalípticas de pretendidas consecuencias económicas que están por demostrar, a una retórica constitucionalista fatua...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... absolutamente fatua, porque el derecho de autodeterminación de los pueblos, y de esto le puedo hablar, señor presidente, porque nosotros estuvimos -no nosotros, los que estamos aquí, sino nuestros ancestros- en el año 1918 en la Cumbre de Versalles, donde el presidente Wilson proclamó los veinte puntos para la paz, destruyendo el Imperio austrohúngaro. Ahí estuvimos -estuvo gente de mi partido allí-, utilizando -sé que le gusta este autor- las obras y teorías de Mancini y su obra fundamental, el principio de las nacionalidades. Desde entonces creemos y hemos creído en el derecho de autodeterminación de los pueblos y hemos sido avalados no solo por la Carta fundacional de las Naciones Unidas, sino por los dos grandes pactos internacionales de derechos humanos del año 1966.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por cierto, en ambos es artículo único del título I, ubicación sistemática jurídica privilegiada. Es un derecho humano el de autodeterminación. Podemos definir el concepto...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le voy a tener que quitar el sonido.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pues he terminado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.


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El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, he de reconocerle que mi primera intención era contestarle simplemente con un: Déjenos en paz, deje de atizar el conflicto con Cataluña para pescar votos, picoteando políticamente en las vísceras. Pero la verdad es que me lo he pensado. Por respeto a los ciudadanos a los que representamos usted y nosotros no lo voy a hacer y voy a contestar a su moción. Y quiero comenzar agradeciéndole que en su moción haya reproducido literalmente la resolución del Parlament de Catalunya de septiembre de 2013, porque así todos los diputados y diputadas y cualquier ciudadano podrán comprobar hasta qué punto su intervención de hoy, la de la semana pasada y todo su discurso está construido sobre una gran falacia, una gran mentira sobre la que usted pretende pescar un puñado de votos. Porque de eso se trata, como acaba de decir don Emilio Olabarría, desgraciadamente solo de eso, a costa de algo muy importante como es la convivencia entre los ciudadanos.

Señora Díez, leyendo esa resolución, si usted la lee, podrá comprobar que lo que dice literalmente es que el Parlament de Catalunya mandata al Gobierno de la Generalitat para que negocie -escuche bien, negocie, no imponga- con el Gobierno del Estado la autorización -autorización- para realizar un referéndum consultivo -consultivo, que no sustituye, es mentira, a la voluntad de la ciudadanía española- cuando en su momento, si llega el caso, se pueda producir. Y así lo vamos a traer en la proposición de ley, cuando toque, en el cupo que corresponda. Eso es lo que dice y nada más, e insiste además en la cita a la legalidad. Por tanto, lo que usted ha hecho hoy es eso, es mentir y engañar.

La verdad es que sorprende que para usted mandatar al diálogo, al acuerdo, a que se autorice un referéndum consultivo no quepa en la Constitución española ni en su concepto de la democracia. Es legítimo que usted lo haga y seguro que lo seguirá haciendo, pero déjeme que le diga que para ser usted la que nos da lecciones permanentes de nueva política, de frescura política, de política alternativa contra los instalados en la política, para ser usted la que nos da lecciones permanentes utiliza un concepto de la política muy antiguo, de hace unas cuantas décadas, de la década de los años cuarenta o de los setenta. Yo puedo entender, señora Díez, que usted y su grupo voten en contra de la proposición de ley que hemos presentado y que en su momento se discutirá. Lo puedo entender, está usted en su legítimo derecho, lo que no puedo entender es que en estos momentos esté pidiendo usted la adopción de medidas excepcionales contra las instituciones catalanas porque eso solo puede obedecer a una de tres razones, intentando explicarme por qué lo hace usted. Porque usted piensa que una patriota española como usted -usted no es nacionalista, por supuesto, los nacionalistas son los otros; usted, como muchas veces ha dicho, solo es una patriota española- está aquí para salvar a los ciudadanos catalanes y a los españoles de los excesos de diálogo y de los excesos democráticos. Hay una segunda posibilidad, que el córner de la derecha, el espacio de la derecha, del anticatalanismo, se esté poniendo muy concurrido, con mucha competencia -el PP, ustedes, Ciutadans, Vox- y ustedes no pueden permitir, por supuesto, que venga alguien nuevo ahora y les arranque el espacio del vétero patriotismo, del patriotismo viejo y obsoleto; el patriotismo de la gente sí y de sus derechos también, el de usted no. Hay una tercera posibilidad, que no la descarto, que usted necesite el conflicto con Cataluña como los humanos el aire para respirar o los buitres la carroña para alimentarse, es otra posibilidad. Posiblemente, sean las tres conjuntamente. Fíjese, señora Díez, está usted tan deseosa, tan ansiosa, tan necesitada del conflicto contra Cataluña o en relación con Cataluña para alimentarse de votos que no ha podido esperar unas semanas, un mes, a que llegue aquí de manera natural a través de nuestra proposición de ley, ha tenido usted que anticiparlo, porque, en definitiva, lo que pretende es eso. Y tiene usted todo su derecho a anticiparlo, por supuesto que sí, pero los que hemos presentado la proposición somos nosotros. Si no la presentamos antes no es porque no queramos, es que vamos en un cupo, el cupo de los parlamentos autonómicos, el cupo de los grupos, y usted utiliza legítimamente ese tema, pero es que está ansiosa por provocar ese conflicto porque de eso se alimenta.

Termino con una petición muy respetuosa al resto de grupos de la Cámara en relación con una senda, un camino. Ustedes saben que en los canódromos nunca, nunca el galgo pilla a la liebre porque la liebre está programada para ir siempre por delante y que nunca la pillen. Permítanme que les haga esta reflexión: si el PSOE legítimamente -y yo entiendo las dificultades que tiene, especialmente el PSC en Cataluña- se deja marcar el terreno por el PP, que en muchas ocasiones le acogota, si el PP no quiere que le marque el terreno UPyD y quiere ser más en la defensa del patriotismo y si UPyD por temor a Vox, a los nuevos de Vox o a Ciutadans llegando a España, decide también radicalizar más sus posiciones, el resultado va a ser que al final van a conseguir entre todos ustedes que quien marque la política de Estado de este país sea la extrema derecha, una gente que tiene muy poca representación social. Les pido, por favor, que,


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dentro de la legitimidad que tiene cada uno para votar lo que crea oportuno, piensen en esa cuestión. Y ahora sí, señora Díez, haga usted la política que quiera, pero, por favor, déjenos en paz; un puñado de votos no justifica que usted continúe permanentemente alimentando el conflicto visceral, cuando otros lo llevan o cuando usted lo adelanta. Tiene usted razón en una cosa, no es la única, y tampoco en esta Cámara, algunos la ayudan, pero sin duda es usted la que más sabe alimentar el conflicto visceral a este lado del Ebro.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Díez, no compartimos absolutamente nada; nada de su moción, nada de su intervención, ni siquiera el enunciado de dicha moción. En Cataluña no se ha quebrantado ninguna legalidad; en Cataluña, señora Díez, cumplimos la ley y las resoluciones judiciales. ¡Basta ya de manipular lo que sucede en Cataluña para ganar un puñado de votos! Se trata de eso, simplemente de eso. Y lamentamos, lamentamos profundamente que hoy otros la acompañen en ese viaje, y hablo del Grupo Socialista y del Grupo Popular, que la están acompañando en ese viaje del populismo, señora Díez. ¿Por qué lo digo? Han presentado ambas bancadas enmiendas a esa moción. ¿Qué significa eso? Que si son aceptadas por su grupo se suben a ese carro, se suben al carro de esa demagogia y populismo, y lo lamentamos profundamente, especialmente por lo que se refiere al Partit dels Socialistes de Catalunya. Lo lamentamos.

Interpretan la Constitución, señora Díez, de manera partidista, populista nuevamente. Recuerde, nosotros estuvimos en esta Constitución, ahí estábamos desde el primer momento, señora Díez, participamos activamente en ella, y esa Constitución, señora Díez, y usted lo sabe, no nació con el objeto de coartar libertades ni derechos, no fue así, señora Díez, ni tampoco de negar la pluralidad del Estado, reconoce esa pluralidad, acogió la pluralidad, la diferencia de las naciones históricas, señora Díez, aunque después, posteriormente, algunos lo hayan interpretado de forma distinta e incluso no lo hayan aplicado. Insisto, ustedes utilizan la Constitución de manera absolutamente partidista, niegan todas sus posibilidades, señora Díez, porque la Constitución es abierta, y también lo saben ustedes, que estaban ahí; la Constitución admite distintas lecturas. Ustedes son los grandes abanderados del artículo 155 de la Constitución, señora Díez, que todos conocen, no hace falta que les recuerde cuál es su contenido, y saben también que es un mecanismo absolutamente excepcional. Por otra parte, se olvidan del 150.2 de la Constitución y ese es el que queremos abanderar nosotros, ese es el que quiere abanderar el pueblo de Cataluña y ese es el que está apoyando el Parlament de Catalunya, señora Díez. Eso es lo que pide una amplia mayoría de los ciudadanos de Cataluña. En Cataluña creemos en esa vía legal porque existe, aunque la nieguen, aunque la tergiversen, aunque no quieran darle sentido. Quizá porque tampoco quieren reconocer que no se trata aquí de un problema de base jurídica, no estamos hablando simplemente de eso, estamos hablando de algo mucho más complejo y la solución pasa por la voluntad política, y todos lo saben. Es el momento de la política en mayúsculas. Usted se ha referido a ello, ha dicho que teníamos que responder desde la política. Evidentemente que tenemos que responder desde la política, y con generosidad, como ayer les recordábamos -política en mayúsculas-, y no desde la demagogia y el populismo. Voluntad política para escuchar, para atender la petición de una amplia mayoría de la ciudadanía que quiere votar, expresarse a través de las urnas y decidir de ese modo qué marco de relación futura quiere con España, qué marco de relación quiere Cataluña con España. Eso lo tiene que decidir el pueblo de Cataluña. El señor Olabarría -que ahora no está presente- ha hecho una brillantísima intervención en este sentido y no voy a hablar más de ello. Nosotros también estamos ahí, estamos defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes, del pueblo de Cataluña. No pueden reducir esa voluntad a una simple cuestión jurídica, no se trata de eso. Existen caminos legales para hacerla posible, y lo saben. Hay mucho camino por recorrer, y no ninguneando, desfigurando, silenciando, el problema lo tenemos que resolver de otra manera, no desde la negación, el inmovilismo, la amenaza con el peso de la ley, señora Díez. Esa no es la manera, nosotros lo hacemos desde el diálogo y la flexibilidad de la ley, porque también sabe que es así.

Cuando hablan de la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña se inventan una etiqueta de secesionismo porque les conviene. Hablen con propiedad, por favor, señora Díez, y no manipulen. Se inventan esa etiqueta de plan secesionista porque es la manera de captar ese


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puñado de votos que les interesan. La hoja de ruta trazada -también lo ha dicho muy bien el señor Coscubiela- es desde la negociación. Él ha dicho muy bien lo que se ha aprobado en el Parlament de Catalunya y no vamos en contra de nadie, simplemente pretendemos que se deje expresar la voluntad del pueblo de Cataluña, la voluntad de ser. Utilizan la secesión cuando hoy por hoy la voluntad expresada por el Parlament, la máxima expresión de los catalanes y las catalanas, es llevar a cabo una consulta de manera acordada y legal, insistimos; es ejercer el derecho a decidir, señora Díez. Y esto no nos lo hemos inventado nosotros, no nos lo hemos inventado los nacionalistas catalanes, señora Díez, esto es la democracia. Hablaba usted de democracia. Precisamente esto es democracia, que el pueblo de Cataluña pueda pronunciarse. Este, además, es un movimiento transversal que tiene el apoyo de una amplia mayoría de ciudadanos, entidades sociales, culturales, de personas de todos los orígenes, de todas las procedencias que también quieren pronunciarse. Este movimiento se ha pronunciado además de forma pacífica, constructiva...

El señor PRESIDENTE: Señora Surroca, tiene que terminar.

La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señor presidente.

Además, los políticos, la política debe hacerse eco de esto, no tiene que silenciarlo ni ningunearlo. En Convergència i Unió estamos trabajando en este sentido e, insisto, señora Díez, en Cataluña no incumplimos la legalidad ni las resoluciones judiciales. En Cataluña, desde el más estricto cumplimiento de la legalidad, hemos iniciado un proceso al que también nos abocó la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut. Hemos iniciado un proceso desde el diálogo, desde la negociación, desde el marco legal y desde el profundo respeto por la voluntad del pueblo de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

A efectos de saber si su grupo acepta alguna de las enmiendas, señora Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, le rogaría que me permitiera anunciárselo mañana a primera hora a la Mesa. Todavía no estoy en situación de poder hacerlo.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Díez, procederemos entonces para que conozcan el texto definitivo los grupos.

Se suspende la sesión.

Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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