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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 160, de 26/11/2013
cve: DSCD-10-PL-160
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 160
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 151
celebrada el martes,
26 de noviembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a las interpelaciones dirigidas al presidente del Gobierno. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 131-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 410/000006) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre creación del Fondo para la reestructuración de entidades sin afán de lucro del tercer sector (FRETS). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 139-1, de 18 de octubre de 2013. (Número de expediente 122/000118) ... (Página15)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera con el objetivo de facilitar la intermediación financiera extra-bancaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 313, de 30 de julio de 2013. (Número de expediente 162/000705) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la violencia de género en la juventud. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 355, de 8 de noviembre de 2013. (Número de expediente 162/000753) ... (Página34)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página45)

Proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página45)


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página45)

Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial:

- Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 244/000001) ... (Página46)

Elección de miembros del Observatorio de la vida militar:

- Elección de cinco miembros del Observatorio de la vida militar. (Número de expediente 276/000014) ... (Página46)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a las interpelaciones dirigidas al Presidente del Gobierno ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición el señor Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martín Peré.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página15)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre creación del Fondo para la Reestructuración de Entidades sin afán de lucro del Tercer Sector (FRETS) ... (Página15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Pérez Fernández y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proposiciones no de Ley ... (Página28)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera con el objetivo de facilitar la intermediación financiera extra-bancaria ... (Página28)

Defiende la proposición no de ley la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Garrido Valenzuela.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la violencia de género en la juventud ... (Página34)

Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, el señor Baldoví Roda y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Lago Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez Ramírez.

El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura al texto solicitado por el señor Martín Peré, relativo a la iniciativa que se ha tramitado en primer lugar.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página45)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a las interpelaciones dirigidas al Presidente del Gobierno, se rechaza por 144 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 146; 174 en contra, más 3 votos telemáticos, 177, y 1 abstención.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página45)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre creación del Fondo para la Reestructuración de Entidades sin afán de lucro del Tercer Sector (FRETS), se rechaza por 138 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 140; 174 en contra, más 3 votos telemáticos, 177, y 12 abstenciones.


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página45)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera con el objetivo de facilitar la intermediación financiera extra-bancaria, se aprueba por 310 votos a favor y 6 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la violencia de género en la juventud, se aprueba por 325 votos a favor.

Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder Judicial ... (Página46)

Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder Judicial ... (Página46)

Elección de miembros del Observatorio de la Vida Militar ... (Página46)

Elección de cinco miembros del Observatorio de la Vida Militar ... (Página46)

Hacen uso de la palabra el señor Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Villarrubia Mediavilla y López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista, y Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se procede a la votación mediante papeleta para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, titulares y suplentes del turno judicial; de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, titulares y suplentes del turno de juristas, y de los miembros del observatorio de la Vida Militar.

Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELATIVA A LAS INTERPELACIONES DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (Número de expediente 410/000006).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Proposición, del Grupo Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, relativa a las interpelaciones dirigidas al presidente del Gobierno. Proposición de ley.

Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 28 de noviembre de 2012, es decir, hace ahora prácticamente dos años, esta Cámara aprobó una resolución por la que encomendaba a la Comisión de Reglamento cambios imprescindibles para mejorar el funcionamiento de la institución. Además, en la citada resolución,


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concretamente en su apartado segundo, se hacía mención expresa al compromiso de impulsar y debatir medidas que contribuyeran en la profundización y regeneración democrática necesaria de esta institución. El pasado mes de abril de 2013 se constituyó la ponencia encargada de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Estos dos pasos son los únicos que ha realizado el Partido Popular en los dos años que llevamos de legislatura, encaminados a conseguir esa supuesta regeneración democrática de la Cámara; dos pasos, en dos años. En consecuencia, me permitirán afirmar que en este sentido el Partido Popular padece de una grave discapacidad democrática porque no es en absoluto justificable si el objetivo que se pretende es reformar el Reglamento de esta Cámara para que sea más transparente, para que sea más democrática, para que sea de algún modo la Cámara que todos los ciudadanos quieren que sea, son pasos absolutamente insuficientes. Los motivos que llevan a esta formación política, al Partido Popular a únicamente haber tomado esas dos decisiones en estos dos años son varios y además requieren recordar algunos acontecimientos luctuosos y relativamente recientes de nuestra historia democrática ya acaecidos, algunos de ellos a lo largo de esta legislatura.

Como ustedes ya saben, en agosto de 2013 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en una sesión plenaria de esta Cámara que se celebró en el Senado con el objeto de dar cuenta de los detalles relativos tanto a la supuesta financiación irregular de la que se acusa a su partido como también de la relación personal que él -el presidente del Gobierno- mantenía con el extesorero y excontable del Partido Popular, Luis Bárcenas. Nos dijo el señor Rajoy que él vino por voluntad propia. Yo creo, conociendo cuáles eran los antecedentes de petición de esa comparencia, que vino arrastrado por los acontecimientos. Pero lo que sin duda alguna es incuestionable es que en esa comparecencia el señor Rajoy mintió en varias ocasiones. Mintió cuando dijo que el señor Bárcenas hacía años que no tenía ningún tipo de relación contractual o pertenencia en el Partido Popular, cuando lo cierto es que en aquel entonces o a lo largo de 2013 todavía el señor Bárcenas había tenido un sueldo de 200.000 euros anuales, coche con chófer y secretaria particular. Estarán de acuerdo conmigo en que es una extraña forma de no ser parte de un partido político. Creo que a todos nos gustaría ser no miembros del Partido Popular en esas condiciones, ¿verdad? También mintió al sostener que no recordaba cuándo había mantenido conversaciones en los últimos tiempos con el señor Bárcenas. Además, eso también lo dijo, concretamente el día 25 de enero de 2013, cuando hacía tan solo unos pocos días que el señor Rajoy había enviado un SMS a Bárcenas diciéndole: Tranquilo, Luis. Ten confianza.

Hace tan solo unos días, el pasado viernes, el juez Ruz ha dictado un auto por el que afirma que existen indicios probatorios de que hay una trama de financiación irregular en el Partido Popular. En consecuencia, eso también contradice las palabras del señor Rajoy. Cuando se le preguntaba sobre este aspecto, el señor presidente del Gobierno mantenía: Todo es mentira, salvo alguna cosa. Si quieren que les diga mi opinión, considero que el señor Rajoy no mintió cuando decía que todo es mentira, salvo alguna cosa. Fuimos nosotros los que no le entendíamos, porque el señor Rajoy se estaba refiriendo a sus propias palabras: Todo es mentira, salvo alguna cosa. (Aplausos). Solo así, con este contrasentido, puede entenderse tamaña frase.

Con todos estos antecedentes y una vez acreditado el déficit de sinceridad que tiene el señor Rajoy, ya que hace afirmaciones más falsas que veraces, mi grupo se ha visto obligado a presentar una nueva propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Uno de los motivos por el que se plantea esta reforma es que, a consecuencia de esa comparecencia del señor Rajoy en el Senado, se planteó por parte del Grupo Parlamentario Socialista una interpelación al presidente del Gobierno, con el objeto de dejar constancia de que este había faltado a la verdad en sede parlamentaria. Esa petición de interpelación fue vetada en dos ocasiones por la Mesa del Congreso antes de que esta pudiera debatirse y, una vez que la misma, con ligeros cambios, por fin llegó al Pleno del Congreso de los Diputados, saben perfectamente quién fue el que la contestó. No fue ni mucho menos el presidente del Gobierno, no fue el señor Rajoy, fue la señora vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. No deja de resultar absolutamente paradójico que, cuando el interés de la interpelación en la persona del señor Rajoy se fundaba en que fue este el que mintió, tenía un único y exclusivo interés en que fuera él quien compareciera a la cita de interpelación. Señorías, estoy seguro de que conocen ustedes lo que son en derecho las obligaciones personalísimas. Las obligaciones personalísimas son aquellas que obligan a la persona que las ha contraído a hacer o dar alguna cosa y el señor Rajoy tiene la obligación personalísima de dar explicaciones a este Parlamento y a todos los españoles sobre las mentiras que dijo en sede parlamentaria en referencia al caso Gürtel y al caso Bárcenas. Esa es la obligación personalísima que tiene el señor Rajoy y no puede ser sustituida por ninguna otra persona. Que venga la señora vicepresidenta a esta Cámara a responder


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una interpelación dirigida al presidente del Gobierno para hablar sobre declaraciones suyas supone una burla al sistema democrático y al funcionamiento supuestamente democrático de esta Cámara. Por ese motivo, también se ha planteado esta reforma, que propone una introducción en el Reglamento del Congreso de los Diputados consistente en un artículo 183 bis, por el que no solo los miembros del Gobierno puedan ser interpelados en esta Cámara, sino que se haga referencia explícita a que el presidente del Gobierno sea quien tenga que venir a la misma a dar cuenta de la citada interpelación.

Hay algunos grupos que me han planteado que quizás el contenido del artículo que proponemos podría ser más concreto y de algún modo regular de mejor manera cuáles son las condiciones en las que el presidente debería comparecer. Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, pero precisamente traemos a este Pleno para su toma en consideración esta propuesta de reforma con el objeto de que, si procede, hagamos el debate sobre la misma y ya veamos cuáles son las fórmulas más adecuadas para su aprobación.

Por otra parte, también planteamos que las mociones que sean consecuencia de interpelación urgente y que deban debatirse en la Cámara lo hagan en un plazo de veinticuatro horas y puedan servir para la reprobación del presidente del Gobierno o de cualquier miembro del Gobierno por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, esta cuestión no es nueva, no se debate ex novo en esta Cámara parlamentaria. Ya en 1981 el diputado en aquel entonces Jordi Solé Tura propuso la posibilidad de que se reprobara a miembros del Gobierno. No hace falta que les explique que hay una diferencia sustancial entre lo que es una reprobación y lo que es una moción de censura.

En consecuencia, hemos traído esta propuesta de reforma del Reglamento por estos motivos políticos, pero también lo hacemos al Pleno del Congreso de los Diputados por una serie de motivos formales. Estoy seguro de que hoy escucharemos alguna intervención en la que se va a hacer mención a una serie de cuestiones relativas a que este no es el foro adecuado para proceder al debate de esta propuesta, pero es que existe un problema. Si se constituye la ponencia para la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados y no vuelve a reunirse, el foro que tenemos para debatir las propuestas que los grupos formulamos es este foro. Además, es un contrasentido decir que este no es el foro adecuado porque, si no lo fuera, entonces ahora mismo con este debate estaríamos contraviniendo lo que establece el propio Reglamento del Congreso de los Diputados, que permite debates de estas características, con lo cual esa argumentación relativa a que no es el foro adecuado no puede prosperar. Si además se dice que el Grupo Parlamentario Socialista solamente hace este tipo de propuestas cuando se encuentra en la oposición, también quien haga esa afirmación se equivoca rotundamente, porque precisamente en la VIII Legislatura, cuando este grupo era el grupo mayoritario en la Cámara, se planteó una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados en la que se dijera de manera expresa que el presidente del Gobierno y no cualquiera de sus miembros podía ser objeto de interpelación también. ¿Por qué digo esto? No solo para dejar constancia en este debate de que ya lo habíamos planteado cuando gobernábamos, sino porque además hoy en día sobre esta cuestión existen divergencias en la propia Mesa del Congreso de los Diputados sobre su interpretación y hay formaciones que entienden que el propio Reglamento sí permite la comparecencia del presidente -y, en consecuencia, así pudo ser interpelado-, mientras que hay otras formaciones que entienden que no es así.

Señorías, la cuestión detonante de que este debate se lleve a cabo aquí es esa demora absolutamente inaceptable en la reunión o convocatoria de la ponencia encargada de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, porque todos los ciudadanos españoles que creen que esta Cámara ha perdido su legitimidad representativa, todas aquellas personas que nos lo dicen a título personal, todos aquellos medios de comunicación que se hacen eco de la pérdida de confianza de los ciudadanos en esta Cámara tienen derecho a saber que existen grupos parlamentarios que sí están por la labor de esa regeneración democrática y de debatir estas cuestiones, por mucho que el Grupo Popular lo impida al no convocar la citada ponencia para su reforma. Todos ustedes conocen, sin duda alguna, el aforismo que decía: Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Si el Grupo Popular no convoca la ponencia encargada de la reforma del Reglamento, nosotros traemos nuestras propuestas a esta Cámara y las debatimos aquí, en este foro, que es el foro de representación de todos los españoles.

En consecuencia, señorías, creo que hoy estamos ante una oportunidad magnífica para que todos y cada uno de los grupos expresemos cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra voluntad política para la reforma del citado texto. Lo digo porque, como he recordado al principio de mi intervención, fue ahora hace un año cuando todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, acordamos que había que llevar a cabo medidas para la reforma del Reglamento de la Cámara con el objeto de su


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regeneración democrática. Pues bien, hoy los ciudadanos van a poder comprobar por el contenido de las intervenciones de cada uno de los grupos quiénes son los que están a favor de la regeneración democrática y de la transparencia en el funcionamiento de esta Cámara y quiénes son los que utilizan ese Reglamento como un martillo para golpear las intervenciones o las iniciativas de la oposición cuando ejerce su labor constitucional de control al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Peré.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señoría del Grupo Socialista, antes de nada voy a hacer una puntualización. Es cierto que lo que hoy usted defiende aquí ya figuraba en las conclusiones de los trabajos llevados a cabo durante cerca de un año o año y medio durante la VIII Legislatura, pero usted no dice toda la verdad. Usted no dice que si hoy no tenemos un nuevo Reglamento es porque ustedes no quisieron, y no solamente no quisieron, sino que además -y, si no, pregúnteselo al señor López Garrido- un par de horas antes de firmar el acuerdo que nos iba a permitir dotarnos de un Reglamento que iba a convertir esta Cámara en un Parlamento moderno, no en este Parlamento de funcionamiento casi decimonónico, ustedes -por boca del señor López Garrido- dijeron que nada de nada porque, sin el Grupo Popular, no se atrevían a modificar el Reglamento, y ahora el Grupo Popular les castiga como es propio de ellos. El problema que es que ustedes no son solamente las víctimas, las víctimas somos todos nosotros; de hecho, la víctima es este Parlamento, que debería ser funcional, diligente, abierto a la ciudadanía, transparente, en donde el Ejecutivo, fuese del color que fuese, estuviera sujeto al control, etcétera. ¿Y qué tenemos? Tenemos un Parlamento con una legitimidad evidentemente nacida de las urnas, pero con un funcionamiento y un día a día que francamente es susceptible de mejora.

¿Esto por qué se lo digo a ustedes e incluso con una cierta amargura? ¿Dónde está su solidaridad cuando el Grupo Mixto ha sido castigado al ostracismo? ¿Dónde está la solidaridad de la izquierda? Porque del Partido Popular nosotros esperamos muy poco. Pero ¿dónde está su solidaridad cuando a nosotros se nos ha vetado en la Comisión de Secretos Oficiales? Ha habido un cierto paripé, hacer ver que estaban con los débiles, pero al final ustedes han legitimado la Comisión de Secretos Oficiales con su asistencia. ¿Quién se acuerda ahora de que el Grupo Mixto ha sido vetado en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Cuántos malos ratos han pasado ustedes pensando en las víctimas, diputados de Esquerra Republicana de Catalunya y de otros partidos que conforman el Grupo Mixto, que hemos sido vetados? Esto no ocurre en ningún Parlamento europeo. ¿Ustedes pierden el sueño político cuando saben que Esquerra Republicana de Catalunya ha sido vetada en la Comisión de Secretos Oficiales? No.

Ahora vienen con esta propuesta que, ciertamente, ¿cómo no vamos a votarla a favor si la estuvimos trabajando un año y medio, esta y otras decenas de propuestas? Les hablo con una cierta amargura, incluso intento que no sea rencor, porque ahora es evidente que ustedes no quisieron aprobar el Reglamento porque no estaba el Partido Popular. ¿Acaso ellos tienen alguna contemplación con ustedes? ¿Acaso ellos tienen alguna contemplación para con todos nosotros? ¡Si ni siquiera han activado la ponencia! Sinceramente, es un tanto lamentable. Además, ¿por qué no presentan un proyecto global? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que no aprobaron el Reglamento porque el Partido Popular les puso como condición que ustedes renunciaran a una mínima normalización del uso de las lenguas en esta Cámara? ¿Por qué no lo dicen? Suban ahora o díganlo después, y digan si miento. Ustedes prefirieron sacrificar un Reglamento que nos permitía alcanzar escenarios de máxima funcionalidad y diligencia en el trabajo parlamentario, prefirieron hipotecar este Reglamento futuro que estaba a punto de ser aprobado si la condición era tener que aprobar un uso normalizado de las lenguas euskara, galega y catalana en este Parlamento.

Repito, opacidad, castigo a las minorías, falta de capacidad de control, anquilosamiento de un Parlamento, y ahora estamos ante una propuesta que ciertamente vamos a valorar pero con amargura, porque todas las propuestas que llegan de Convergència i Unió, del Partido Nacionalista Vasco, del Bloque Nacionalista Galego son bien recibidas por nuestra parte porque, en definitiva, aun cuando son grupos parlamentarios numéricamente más importantes que el nuestro, es decir, que los republicanos -me refiero a las siglas políticas-, también son grupos parlamentarios que no son determinantes a la hora de aprobar un Reglamento. Aquí los únicos grupos parlamentarios determinantes para conformar una mayoría favorable a un Reglamento distinto son el Grupo Popular y el Grupo Socialista.


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Nos dijeron durante años que el Reglamento que estaba a punto de ser aprobado conformaba y posibilitaba mejoras para la oposición, y creían que el Grupo Popular votaría a favor de aquella propuesta de cambio de Reglamento atendiendo al hecho de que entonces el Partido Popular estaba en la oposición y, ciertamente, un nuevo Reglamento daba más capacidad de acción a la oposición. En cuanto al Partido Popular, en ese sentido son lo que son y como son lo que son y no se avergüenzan de venir de donde vienen, han manifestado que nunca, nunca aceptarían un Reglamento aun cuando les beneficiara si con ello tenían que aprobar el uso de las lenguas catalana, euskara y galega en este Parlamento. Si ellos son lo que son y no esconden lo que son, sino que tienen el orgullo de ser lo que son, ¿cómo es que ustedes cayeron en la trampa? Ustedes tienen el protagonismo político que tienen y el que han tenido durante muchos años, de manera que vamos a aprobar esta iniciativa que ustedes nos traen, aunque no es suya únicamente. Repito, se estuvo un año y medio trabajando y además yo sé que el Partido Socialista tenía la voluntad de modificar el Reglamento. Entonces, ¿de qué nos quejamos? De su continuo y permanente coitus interruptus (Risas); sí, sí, coitus interruptus. El problema es que no solamente lo pagan ustedes, lo pagamos todos, y por eso vemos a veces sus iniciativas un tanto oportunistas o poco creíbles. Es más, me pregunto: Si ahora gobernaran ustedes, ¿lo harían? No lo sé, sinceramente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

No es sino habitual en los parlamentos que el presidente del Gobierno conteste a las interpelaciones, sí lo es en el caso de esta Cámara. Se dice que deberá contestar el Gobierno y siempre es interpretado en la práctica y como costumbre parlamentaria que son los miembros del Gobierno los que lo hacen, pero en realidad nada impediría que el propio presidente pudiera responder a cuestiones que fueran, no digo que muy sectoriales -porque eso es lo que debería corresponder a los ministros-, pero sí a cuestiones genéricas del Gobierno de dirección, de entidad en los medios de comunicación, en la discusión política de ese momento. De hecho, hay otros parlamentos dentro del Estado en los que se hace, por ejemplo, en el Parlamento vasco el lehendakari contesta a interpelaciones. Por lo tanto, no nos parece que sea una fórmula que inicialmente deba ser descartada, otra cosa es la consecuencia que tenga que tener esta interpelación. Todos sabemos que dan lugar a mociones, pero sinceramente el apartado 4 que se añade al artículo 184 del Reglamento que se propone por parte del Grupo Socialista sí es al menos un tanto curioso porque, por una parte, parece ser que se incluiría la reprobación del presidente. Todos sabemos que la reprobación del presidente tiene unos mecanismos concretos, que son la moción de censura o la cuestión de confianza. La moción de censura en los parlamentos puede ser constructiva o puede no serlo, la dificultad en este Parlamento es que al ser constructiva evidentemente necesita de una mayoría absoluta para que el presidente del Gobierno sea reprobado. Pero al mismo tiempo, este sistema, como conocemos bien, desde la República de Weimar lo que da es una cierta estabilidad al mantenimiento de un Gobierno y, por lo tanto, a la legislatura. Por otra parte, se plantea que la reprobación del presidente sea por faltar a la verdad, ¿y por qué no por cualquier otra circunstancia? Por mala dirección del Gobierno o por haber incurrido en cualquier otro tipo de circunstancia que pudiera ser considerada inadecuada por parte del Parlamento. Pero no parece que este sea el sistema. En cualquier caso, nosotros estamos dispuestos a tomar en consideración la iniciativa y estudiar y poder definir más este segundo apartado. En todo caso, entendemos perfectamente que si no se ha aceptado hasta ahora por costumbre parlamentaria, hagamos que a través de vía reglamentaria el presidente pueda responder a las interpelaciones. No sé si hay que poner límites de temas, límites temporales, etcétera, pero en cualquier caso parece claro que sería adecuado que el presidente del Gobierno apareciera más ante este Parlamento a la hora de dar explicaciones.

No sé si el detonante, como ha dicho el representante socialista, es que no se discuta el Reglamento o si el detonante para presentar esta propuesta en estos momentos sea en realidad que el juez Ruz ha revelado una serie de indicios acerca de una contabilidad B y aprovechando que el Pisuerga hablemos también de esto. No sé si es una razón u otra, pero les voy a decir una cosa, tanto al representante socialista como a los representantes del Grupo Popular: ni se les ocurra, si se les ha ocurrido o si lo están haciendo ya, discutir la modificación del Reglamento entre los dos grupos políticos únicamente. (El señor Martín Peré hace gestos afirmativos). No me lo asevere tanto con la cabeza, primero pregunte en su grupo, igual se lleva alguna sorpresa. Ni se les ocurra negociar el Reglamento unilateralmente, porque este es un asunto de todos y existe la Comisión de Reglamento. Tenemos que estar todos los grupos


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desde el principio en la discusión, nada de cláusulas de adhesión para que luego nos tengamos que apuntar los pequeños. Sin más, si no ocurre esto, muchísimo mejor, pero no porque estemos de acuerdo con el texto concreto que se propone, pero sí como materia a discutir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

En nombre de mi grupo anuncio de antemano que vamos a votar favorablemente esta toma en consideración que plantea el Grupo Socialista. La vamos a votar favorablemente no solamente porque nos parezca estrictamente necesario, yo diría que urgente, reformar el Reglamento, aunque esta fórmula, la que ustedes nos plantean, sea una reforma muy parcial del Reglamento, efectivamente es una vía. El señor Tardà nos ha repasado cómo se constituyó la ponencia y no se ha reunido nunca. Por lo tanto, a lo mejor hay que traer iniciativas para ver si de esta manera somos capaces de movernos y empezamos a hablar de la reforma del Reglamento a fondo y en forma, de las dos maneras. Por tanto, la apoyamos desde el punto de vista de la oportunidad, hay que reformar el Reglamento, pero también la apoyamos desde el punto de vista del contenido. Decía ahora el señor Esteban que había otras muchas razones, otros muchos motivos, otras muchas cuestiones por las que se puede reprobar a los políticos, y por las que se puede reprobar a los ministros y al presidente del Gobierno. Me parecía entender en su intervención que decía concretamente: la mentira y ¿por qué no otras cosas? A nuestro grupo le parece que la mentira es lo peor, que hay otras muchas cosas que un político no debe hacer o que los políticos no debemos hacer, pero mentir es lo peor. Supongo que en eso estamos de acuerdo todos. Luego habrá quien planteará que no ha habido mentira, pero que mentir es lo peor, lo más reprobable, que el voto y la confianza tienen que ver con la verdad y con el ejercicio de la verdad, y que la mentira es la irresponsabilidad máxima y es lo más alejado de la política, en mayúsculas, en eso estaremos de acuerdo todos. Si hay que reprobar a alguien, puede haber otras muchas causas, pero la primera es la mentira. No se me ocurre otra causa peor. Por tanto también estamos desde nuestro grupo parlamentario de acuerdo con la propuesta en el contenido.

Ciertamente es parcial, hay otras muchas reformas en la misma línea que plantea el Grupo Socialista que nuestro grupo introduciría, y en el momento en que podamos hablar de la reforma del Reglamento todos los grupos introduciremos propuestas que además estoy casi segura de que en muchísimas coincidiremos todos, porque la experiencia te lleva a contemplar algunas reformas que son inapelables. Pero esta cuestión que hoy plantea el Grupo Socialista, que tiene que ver con el control de la política, con el control de la democracia, y con el ejercicio que el Parlamento tiene que hacer de control sobre el Gobierno, de iniciativa y de control, nosotros la hemos defendido, es verdad que en una proposición no de ley, y la introduciremos por vía de enmiendas. Nosotros creemos, por ejemplo, que hace falta introducir minorías cualificadas para acordar la comparecencia del presidente del Gobierno. Que además de la reprobación tenemos que dotarnos de un instrumento para que el presidente del Gobierno tenga que comparecer, si al menos un número cualificado, podemos poner 50 diputados o diputados de tres grupos parlamentarios, la fórmula que establezcamos, lo solicite con esa minoría cualificada que hemos establecido, y no solamente con la mayoría, que es la que determina en el momento presente que comparece o que no comparece, y tenga que comparecer.

Hay que reformar el sistema por el que se constituyen las comisiones de investigación, no solamente desde la perspectiva de quién quiere, quién puede impulsar la creación de la comisión, sino del funcionamiento de la comisión. Planteamos que el presidente de esa comisión debiera de ser persona ajena, independiente. Además la comisión debe de constituirse sin una mayoría cualificada, lo que se ha hecho en Asturias, por cierto, con las comisiones de investigación, hay cinco partidos políticos, pues hay uno de cada partido y no hay mayoría cualificada. Por tanto el dictamen de la comisión no está escrito porque haya una mayoría previa, se debate y se acuerda, pero no está escrita la conclusión de la comisión, y por tanto la comisión tiene muchísimo más sentido.

Creemos también que hay que establecer un sistema de reprobación del presidente, sí, que hay que establecer un sistema de reprobación, que es de reprobación política, que no es vinculante, porque para eso está la moción de censura, pero que tiene una consecuencia de reprobación política del presidente del Gobierno, que se plantea en los casos en que se determine que se puede establecer, para cuestiones cuya importancia se determine, y comparece el presidente y se le reprueba. Y si hay mayoría de


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reprobación, insisto, no tiene la consideración efectiva de disolución y de que tenga que dimitir, pero sí tiene la consideración, que parece bien importante, por cierto en estos tiempos más, de una censura política; no es la moción de censura, que tiene consecuencias, pero sí tiene una censura política.

Y, por último, sé que es más delicado, y tiene que ver con la primera reflexión que les he hecho en relación con la verdad. Yo creo que no decir la verdad en sede parlamentaria tiene que tener consecuencias, y tiene que tener consecuencias más allá de las consecuencias que pueda tener en las urnas, que por supuesto las debe de tener en las urnas, debe de tener consecuencias, y tenemos que pensar en consecuencias de un nuevo tipo delictivo. Sé que es muy complicado, y sé que el portavoz del Grupo Popular, si es que me contesta quien creo que va a responder y si no quien sea lo hará así, va a plantear la dificultad, porque sé que es complicado; pero me parece a mí que no todas las mentiras, no cualquier mentira, sino mentir en sede parlamentaria sobre cuestiones importantes que atenten -la consecuencia de mantener y de sostener esas mentiras- contra las propias instituciones del Estado tiene que tener posibilidad de reprobación. La vía de un nuevo tipo delictivo es una vía que se nos ocurre que es muy complicada, pero se nos ocurre también que debiéramos de explorar.

Por tanto, por estas cuestiones y por otras muchas, que cuando nos pongamos a hablar del asunto encontraremos que han de introducirse en el nuevo Reglamento, es por lo que desde mi grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, en cuyo nombre les hablo, apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, tenemos un debate que ya empieza a ser recurrente, y que tiene un elemento de forma y otro de fondo; los dos son importantes porque efectivamente en la forma no es presentable, no es admisible que se haya constituido una ponencia y todavía a día de hoy no se haya reunido ni una sola vez; que se constituya además presidida por el propio presidente del Congreso, con cierto boato, y que luego si te he visto no me acuerdo. Es grave en la forma también que la vicepresidenta del Gobierno mostrase su disponibilidad en una interpelación, mostrase su disposición a impulsar en lo posible esta apertura del Congreso, y que a partir de ahí el Partido Popular no haya sido capaz ni siquiera de presentar una propuesta, ni siquiera de convocarnos para poder hablar, para poder consensuar. Es también grave en la forma porque en realidad el Partido Popular se encuentra muy a gusto con el actual Reglamento, y se encuentra muy a gusto porque le ha venido como anillo al dedo para poder blindar a su presidente y que pueda escaparse de unos debates que cuando menos serían incómodos, a pesar de su mayoría absoluta.

Pero el fondo es mucho más grave. Es mucho más grave que en estos momentos, cuando se reclama de este Parlamento transparencia y su apertura a los ciudadanos, se dé la imagen de que aquí no pasa nada y se mira hacia otro lado. Por eso es el momento -ya tarde- de abrir el Reglamento para que no sea un reglamento claramente hecho al servicio de los dos grandes partidos, y dentro de eso al servicio del Gobierno. Esta institución tiene diversas funciones, pero una importante es la de controlar al Gobierno, máxime cuando existe mayoría absoluta, pues la mayoría absoluta permite que la legislación muchas veces sea un trámite cuando no se votan decretos-leyes que ni siquiera se pueden debatir en el Parlamento. La labor de control del Gobierno es pues la labor fundamental de esta legislatura, y si esa labor se amordaza, se ningunea o se margina, este Parlamento no deja de ser una puesta en escena con menos brillantez que otra cosa. Por tanto es necesario que se afronte ese cambio.

Lo que aquí se plantea es la posibilidad de que el presidente se someta al control parlamentario, y algo que no habría que explicar, que tendría que ser lógico, que tendría que ser natural el Grupo Popular se empeña una y otra vez en negarlo, y prefiere pasar -iba a decir vergüenza, pero evidentemente no es vergüenza- el mal rato de decir que no, de aguantar titulares de prensa o broncas parlamentarias y así conseguir que el señor Rajoy una y otra vez se vaya de rositas, y no aparezca por este Parlamento nada más que cuando él lo considera oportuno, y eso no es de recibo, señores del Grupo Popular. Por eso es necesario que de una vez por todas se regule la obligatoriedad de rendir cuentas del presidente ante esta Cámara cuando así lo consideren los diputados, que somos elegidos con los mismos derechos que el resto. La mayoría absoluta da la posibilidad de legislar, pero no de evadir el control, porque entonces ya estaríamos haciendo trampa a la democracia, algo que luego tenemos que escuchar en la calle cuando


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alguien dice: ustedes no nos representan. Votar cada cuatro años no es la única legitimidad; hay otra, la del ejercicio, y ustedes hoy no están a la altura a la que tenían que estar de esa otra legitimidad. Por eso es muy importante que se pueda debatir y modificar, aunque sea parcialmente, el Reglamento.

Nos gustaría que se hiciese una modificación más amplia, afrontar verdaderamente una modificación que permitiese que la Comisión de Peticiones no fuese un mero trámite o que las preguntas al presidente permitiesen mucha más amplitud, para que todos los grupos semanalmente pudiésemos preguntar. Nos gustaría también que los diputados a título personal pudiesen intervenir en los debates, y no solo lo hicieran los grupos. Nos gustaría un parlamento mucho más ágil, mucho más activo y mucho más abierto, pero en la medida en que ustedes se niegan a ese debate -es verdad lo que decía el ponente- nos obligan a hacer debates parciales. ¿Qué ocurre? Que en cada debate vamos a decir lo mismo; son debates recurrentes, pero no nos dejan otro camino. Mi grupo, que fue el impulsor de aquella moción, hoy se siente estafado y está decidido a plantear, aunque sea de forma testimonial, el abandono de la ponencia porque la misma no se reúne, y aquí tiene responsabilidades nuestro presidente, mal que le pese, más allá de su buena voluntad. Al señor presidente esta mañana le reclamábamos dos caminos: o disuelve la ponencia, con más pena que gloria, u obliga a que funcione. La responsabilidad que tiene ahora mismo el señor presidente es que es el presidente de la Comisión de Reglamento, por lo que están ustedes poniendo al pie de los caballos al propio presidente de esta Cámara.

Desde esa perspectiva es evidente que mi grupo va a votar favorablemente, y que va a seguir insistiendo en que este Parlamento necesita un cambio fundamental. Necesita adaptarse a lo que hoy la calle demanda, que es más democracia, más participación. Ustedes van a seguir empeñados en que el señor Rajoy pueda faltar a la verdad en esta Cámara y no pase nada. Ustedes tienen mayoría suficiente, pero las mayorías son tan efímeras como deciden los ciudadanos. Por tanto nuestro compromiso va a seguir siendo el de modificar el Reglamento en la medida en que sea posible cuando su mayoría desaparezca. Pero es que además ustedes no consiguen ni siquiera salvar la credibilidad del presidente, porque su presidente todavía tiene menos credibilidad que el señor que está en la cárcel. Su presidente tiene todavía menos crédito ante los españoles que ese señor que lo denuncia desde la cárcel. Ustedes contribuyen a eso; ustedes, que lo blindan, que creen que porque no se suba a esta tribuna a dar explicaciones lo están blindando, lo único que le evitan es pasar un mal rato, pero no lo blindan ante los ciudadanos y cada vez se ve más en evidencia. Porque quien no quiere comparecer es porque algo teme, el que no quiere venir aquí a dar explicaciones y someterse a un control en el que evidentemente ustedes tienen mayoría para que salga en positivo, es porque algo tiene que ocultar. A partir de ahí, repito, ustedes salen mucho peor de estos debates de lo que entran.

Para terminar quiero reiterar esa disposición a votar favorablemente ese compromiso a trabajar en la modificación del Reglamento, pero la paciencia tiene un límite, y es evidente que no vamos a seguir siendo convidados de piedra en una ponencia que realmente no existe. Porque además nos encontramos con la ironía de que el Gobierno hace pocos días nos ha convocado para plantearnos una propuesta de futuro, de cómo regenerar la democracia en este país de cara al futuro. ¿Y qué credibilidad tienen, si ustedes no son capaces de dar cuentas del presente, no ya del pasado, que sabemos que ustedes lo quieren enterrar, sino del presente? No tienen ninguna credibilidad. Si ustedes no quieren hacer de esta una Cámara viva, ¿cómo podemos creernos que ustedes quieran regenerar la vida política de este país? Por tanto con esta postura están también impidiendo que se avance en otros consensos. Repito que ustedes tienen la palabra, ustedes tienen los votos, y a partir de ahí también tienen la responsabilidad de decidir si esta Cámara se abre o si lo que vamos a vivir en los próximos días, las jornadas de puertas abiertas, no es ni más ni menos que un paripé porque en este Parlamento las puertas abiertas no tendrían que ser solamente la primera semana de diciembre, sino todo el año.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la iniciativa que hoy ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos provoca ciertas dudas y bastantes confusiones. Por una parte, desde nuestro punto de vista nos ha planteado una cuestión estrictamente de estrategia política, y en la cual podríamos hablar incluso -usted lo ha hecho explícito a lo largo de su discurso- de una persona con nombres y apellidos; la estrategia del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta cuestión tiene nombres y apellidos. Hasta cierto


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punto podríamos calificar que esta es una estrategia perversa, porque por una parte están hablando de una cuestión de estrategia política, y por otra utilizan una cuestión de índole técnico jurídica que tiene que ver con el funcionamiento interno de esta Cámara, así como con lo que es la mejora en la calidad democrática, la mejora en la transparencia de esta institución, y usted también se ha referido a ello. Por tanto ha mezclado varias cosas al mismo tiempo. Asimismo ha utilizado algún argumento que a nuestro grupo le provoca cierto malestar. ¿Por qué? Porque cuando han tenido oportunidad de reformar el Reglamento del Congreso, cuando ustedes han gobernado, ha sucedido lo que todos los que estamos aquí presentes sabemos: ni el Grupo Parlamentario Socialista ni el Grupo Parlamentario Popular se han puesto de acuerdo en una cuestión muy concreta, como es el uso de las distintas lenguas cooficiales en esta Cámara. No voy a insistir en ello porque varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tanto el portavoz de Esquerra Republicana como el del Grupo Vasco, han hecho mención a ello y se lo han recordado. Por tanto si todos repasamos un poco y hacemos memoria, ni el Grupo Socialista aquí proponente ni el Grupo Popular quedarían muy bien parados, porque hace dos legislaturas los trabajos estaban muy avanzados, como bien saben, y si ahora no disponemos de un nuevo Reglamento es precisamente porque ustedes fueron incapaces de llegar a un acuerdo, excluyendo a los demás grupos de esta Cámara. Esperemos que, una vez que se ha constituido nuevamente la ponencia para reformar el Reglamento, no nos encontremos en la misma situación, en un bloqueo de los trabajos, porque no consiguen ponerse de acuerdo, y como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, esperemos que aquí estemos todos en un posible acuerdo. Ahora mismo a esta portavoz no le consta que haya habido ningún gesto por parte del Gobierno ni por los representantes del Grupo Popular para abrir una negociación en esta cuestión, que por otra parte es urgente y necesaria.

Paso ya al fondo de la cuestión que ustedes plantean, es decir, introducir un cambio sustancial en la actual regulación de las interpelaciones, obligando necesariamente al presidente del Gobierno a contestar cuando los grupos parlamentarios de la oposición lo exijan, y que después, cuando se formule la correspondiente moción, si es porque el presidente ha faltado a la verdad, necesariamente se convoque el Pleno en un plazo de veinticuatro horas desde su presentación. Nosotros ya le hemos comentado anteriormente de forma personal que esta fórmula nos parece técnicamente muy mejorable. Creemos que hay otras propuestas que podrían mejorar lo que ustedes en el fondo pretenden, que es que el presidente dé explicaciones, que cuando haya un caso que así lo requiera sea más fácil que el presidente comparezca ante esta Cámara para dar explicaciones. Con la cuestión de fondo Convergència i Unió podría estar de acuerdo, y podría incluso consensuar una fórmula que fuera adecuada. Le adelanto que en el Parlament de Catalunya hay mucha mayor flexibilidad para este tipo de casos, por tanto creo que podríamos ir en la misma línea.

Ustedes están pidiendo una reforma y que se desencallen los trabajos para la reforma del Reglamento del Congreso y Convergència i Unió les da todo su apoyo, y por tanto en este punto en el que estamos debatiendo la toma en consideración de una propuesta que va en esta línea, le anuncio que vamos a apoyarla. Ahora bien, queremos que queden al margen toda una serie de cuestiones que antes hemos dicho, y que tienen nombre y apellido. No creemos que la fórmula sea a través de una reforma del Reglamento ad hoc, con nombre y apellido; no creemos que sea lo más adecuado. Por otra parte, no olvidemos la historia reciente, lo que ha sucedido con los trabajos muy avanzados que había de la reforma del Reglamento hace dos legislaturas. Creemos incluso, como decía al inicio de mi intervención, que es perverso que se vaya en esta línea -no es la primera iniciativa que se presenta por el Grupo Socialista en este sentido- cuando tuvieron ocasión de reformar el Reglamento y no se hizo. Por tanto pediríamos que no se insista presentando iniciativas cada semana para desbloquear la ponencia, porque tampoco es la fórmula adecuada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.

El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, tomo la palabra para explicar por qué el Grupo Parlamentario Popular va a votar negativamente a esta iniciativa. Es una iniciativa que a nuestro juicio pone de relieve una vez más que la oposición del Grupo Parlamentario Socialista no puede ser más paradójica, poco seria y contradictoria en este asunto -y eso que he escogido términos razonablemente cordiales- por varios motivos que voy a intentar ordenar.


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Primera paradoja. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, no hacen ustedes más que presentar propuestas de reforma del Reglamento del Congreso -llevamos tres suyas debatidas aquí, y quedan más en el listado de iniciativas pendientes-, y lo hacen aquí en el Pleno, prescindiendo del procedimiento habitual. Señor Martín Peré, la cuestión no es que no queramos que se debatan aquí; claro que hay que debatirlas aquí. La cuestión es que la historia de esta Casa dice que las reformas del Reglamento para que salgan adelante se hacen buscando el consenso, no buscando la bronca; y las iniciativas que ustedes están presentando, como les acaban de decir, no buscan el consenso precisamente. Luego insistiré sobre eso. (Aplausos). En relación a uno de los elementos centrales de su intervención déjeme que le diga que, frente a lo que usted ha querido insinuar aquí, no es que la ponencia no se reúna porque el Grupo Parlamentario Popular no quiera; naturalmente que no. Si ustedes quieren, la reunimos mañana. (El señor Martín Peré hace gestos afirmativos). Solo hace falta una condición: que le digamos el presidente de la Cámara que los grupos están dispuestos a buscar el consenso, y no a traer al Pleno iniciativas que lo que buscan es el enfrentamiento sobre la base de manipular el Reglamento, que es la norma que nos hace funcionar a todos. (Aplausos). Así que léame y escúcheme bien: no es que no debatamos esto en el Pleno, es que las propuestas de reforma del Reglamento hay que hacerlas para buscar que salgan adelante, no para buscar que no salgan adelante, que es lo que ustedes están manifiestamente haciendo. Eso se llama oportunismo y sacar tajada política desgastando al Gobierno a costa de las instituciones. Eso es exactamente lo que está pasando aquí.

Segunda paradoja. La exposición de motivos para cualquiera que se la lea es muy reveladora. La reforma del Reglamento del Congreso, señor Martín Peré, a ustedes no les importa absolutamente nada, les trae absolutamente sin cuidado. Ustedes desde el verano vienen dando vueltas a las interpelaciones al presidente del Gobierno no para mejorar la reforma del Reglamento, porque esto no se les había ocurrido en décadas. Ustedes vienen dándole vueltas a esto como una ocurrencia más para atizar al presidente del Gobierno por tierra, mar y aire, no para hacer mejor el funcionamiento de la democracia o del Reglamento de esta Cámara. (Aplausos). Hoy mismo usted ha hablado de eso, y no de una propuesta razonable de reforma del Reglamento sobre la que nos podamos sentar a trabajar. Ustedes una vez más han hecho oposición con el tema de siempre, con ese tema del que dicen ustedes que aquí no se habla, pero que es el único tema del que vienen ustedes a hablar; el tema que hace que, entre otras cosas, en vez de ocupar su tiempo hablando de la reforma del Reglamento, haya hablado del tema. Como viene a poner de manifiesto este asunto, es evidente que no tienen ustedes nada mejor que hacer o que decir y por eso hacen la oposición que hacen.

Déjeme que le diga además que en este caso concreto la forma en que se han desarrollado los acontecimientos es un poquito ridícula -y vuelvo a ser cordial-, porque en el verano -esto viene del verano-, en el mes de agosto ustedes presentaron una interpelación al presidente del Gobierno, y en septiembre lo volvieron a hacer. La Mesa de la Cámara les dijo lo que les tenía que decir: que en el Reglamento no existen las interpelaciones al presidente del Gobierno. Ustedes ya lo sabían, y aunque lo sabían, presentaron lo que presentaron para montar la mundial que montaron porque la Mesa aplicaba el Reglamento, que no permite lo que ustedes ya sabían que no permitía. Y como ustedes ya sabían que no lo permitía, al mismo tiempo el 19 de agosto presentaron la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que sería necesaria para que la Mesa les hubiese podido dar la razón, cosa que no podía hacer porque el Reglamento no lo permitía. Eso es deslealtad y eso es una vez más intentar sacar tajada política desgastando al Gobierno a costa de esta institución.

Tercera paradoja. Siguen ustedes tirando del Reglamento en su línea de proponer reformas del mismo como si a la democracia española le fuese la vida en esta reforma o en otras que han traído aquí, proponiendo exactamente -se lo han dicho todos los que han salido a esta tribuna- lo que han rechazado cuando ustedes tenían la mayoría en esta Cámara, cada vez que tenían la mayoría en esta Cámara. Además, ha dicho usted una cosa que no es verdad, permítame que le diga. Ha dicho usted: En la Legislatura VIII el Partido Socialista estaba dispuesto... Verá usted, en la Legislatura VIII -como por cierto le ha recordado el señor Tardà- los que propusieron la posibilidad de estudiar interpelaciones al presidente del Gobierno fue el Grupo Popular y los que lo impidieron fue el Grupo Socialista. Y por si alguna duda tenía el señor Tardà o tiene usted, el que lo ha reconocido -como dije en algún debate anterior en esta Cámara- es el señor Marín, que era presidente en ese momento del Congreso de los Diputados. Les recuerdo que en unas notables manifestaciones que ya traje a esta tribuna dijo: A mí me nombraron para hacer la reforma del Reglamento y luego me dijeron que de ninguna manera; es la primera vez en mi vida que alguien me dice que me nombra para hacer un trabajo para hacer que lo


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impida en vez de hacer el trabajo. Si usted lee esas declaraciones encontrará una cosa verdaderamente pintoresca, que es que una de las cosas que el señor Marín explica que quería haber hecho y no le dejó hacer su grupo parlamentario fue introducir las interpelaciones al presidente del Gobierno. Ahí es nada, ahí es nada. (Aplausos). En fin, enésima paradoja, señorías, por no estar aquí entreteniéndoles reiterando lo que ustedes ya saben.

En cuanto al contenido, se lo han dicho prácticamente todos los intervinientes. Este papel se cae solo porque, primero, proponen ustedes interpelaciones al presidente del Gobierno y lo proponen, como se les ha dicho, ilimitadamente. A partir de ahora esta casa no va a hacer otra cosa que interpelaciones al presidente del Gobierno. Siendo así, no se dejen engañar los representantes de los restantes grupos parlamentarios, porque cuando en esa legislatura que traía a colación el señor portavoz socialista se estuvieron estudiando fórmulas, lo primero que propuso el Partido Socialista era que las interpelaciones las hacía el grupo mayoritario y que, en el mejor de los casos, los grupos minoritarios hacían una a lo largo de toda la legislatura. Eso es lo que pasaría si ustedes siguen apoyando lo que plantea el Grupo Socialista, en el mejor de los casos. Además de eso, ustedes plantean que tras la interpelación haya una moción de reprobación. Nada nuevo bajo el sol en relación con los ministros -ya pasa en esta casa- y en cuanto al presidente del Gobierno déjenme que les diga dos o tres cosas. Llevan ustedes un mal año con la moción de censura. De los importantes disparates institucionales que a veces salen de su boca este es uno de los más significativos; primero se les ocurrió que podían presentar una moción de censura, pero no con la finalidad de censurar al presidente del Gobierno sino a ver si comparecía en el Congreso. Haberlo hecho y haber presentado un candidato alternativo a ver qué había pasado. Segundo. Ahora se les ocurre que lo que hay que hacer es reprobar al presidente del Gobierno vía moción consecuencia de interpelación, un sucedáneo manifiesto de la moción de censura; sucedáneo manifiesto de la moción de censura que cuando se dice aquí queremos una responsabilidad política diferente de la responsabilidad política, déjenme que yo conteste que ya tenemos la responsabilidad política del presidente del Gobierno, la hemos querido introducir en la Constitución y le hemos puesto no uno sino dos requisitos, por supuesto un candidato alternativo -moción constructiva que decía el señor Esteban- pero además, no lo olviden, mayoría absoluta. Y ustedes quieren sustituir eso por aquí venimos, reprobamos por la mayoría que sea al presidente del Gobierno -de candidato mejor no hablamos, cosa que entiendo por su parte- y en consecuencia sustituimos la moción de censura. Pues no. Y tercero, déjenme que lo recuerde también, porque se les han ocurrido más cosas. También en el verano se les ocurrió que si no era esto, pues copiábamos el sistema del impeachment norteamericano, que ya es la última de las frivolidades que se le puede ocurrir a uno, el colmo de la frivolidad.

Termino, señor presidente, con dos reflexiones finales. Primera, naturalmente que si hay disposición a buscar el acuerdo, hay que reunir ya la ponencia -el grupo parlamentario mayoritario es absolutamente partidario de eso- para hablar de todo lo que ustedes quieran, también de esto. A pesar de las deficiencias técnicas buscaremos fórmulas, si usted nos lo permite, un poquito mejores, y para hablar si ustedes quieren también de cómo se trata en esta casa la veracidad y la mentira, pero no -déjenme que lo diga- solo con las correcciones técnicas que proponía el señor Esteban, que no son menudas, sino con todas las correcciones necesarias. Porque si vamos a sentar precedentes de ámbito mundial sobre cómo se trata la veracidad en el ámbito parlamentario, tendremos que ser cuidadosos, y siendo cuidadosos, entre otras cosas, tenemos que decidir lo primero que esto no solo se le aplica a los comparecientes que traigamos a la Cámara, tendremos que empezar por plantearnos cómo se trata la veracidad de los miembros de esta Cámara. A partir de ahí, sean miembros, expresidentes, exvicepresidentes, exministros o lo que se quiera hablamos en la reforma del Reglamento de lo que haya que hablar, como es natural. Segunda y última reflexión. A ver si desde hoy sacamos algo positivo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en serio sobre una reforma profunda y bien pensada del Reglamento cuando ustedes quieran, si es que algún día quieren de verdad compartir con nosotros lo que voy a decir; si quieren compartir que hoy menos que nunca es concebible la democracia sin una institución parlamentaria moderna y respetada, porque los valores que este Parlamento representa -el pluralismo, el debate, la libertad de crítica, la dación de cuentas- son sencillamente inaplicables. Pero estarán conmigo, señorías, que si de verdad lo que se quiere es hacer eso, lo que tenemos que hacer es trabajar para fortalecer la institución parlamentaria y no como han hecho, señorías del Grupo Socialista, aquí esta tarde, utilizar la institución parlamentaria en beneficio de intereses particulares políticos de menor altura, que además no llevan a ninguna parte.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martín Peré pide la palabra).


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El señor PRESIDENTE: Señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: De acuerdo con el artículo...

El señor PRESIDENTE: Aquí no puede haber artículo, ya está todo hablado; si hay alguna alusión personal...

El señor MARTÍN PERÉ: Tampoco. No es por abrir el debate, es que, de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento, solicito la lectura del acuerdo de la Mesa de fecha 27 de agosto de 2013, por el que la misma acordaba que no había ningún tipo de objeciones en que hubiera interpelaciones al presidente del Gobierno. Lo digo porque el señor Astarloa ha dicho que mi grupo había mantenido lo contrario que el suyo. Solicito en todo caso que antes de que acabe el Pleno se proceda a la lectura del acuerdo citado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene todo el derecho a que se lea ese texto y se leerá, pero comprenderá que no lo hagamos ahora porque tenemos que buscarlo, pero esté convencido de que se leerá.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDADES SIN AFÁN DE LUCRO DEL TERCER SECTOR (FRETS). (Número de expediente 122/000118).

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre la creación del Fondo para la reestructuración de entidades sin afán de lucro del tercer sector. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para defender la toma en consideración de esta proposición de ley sobre la creación del Fondo para la reestructuración de entidades sin ánimo de lucro del tercer sector. Casualmente presentamos esta iniciativa horas antes de que en Barcelona, mañana, empiece el IV Congreso del tercer sector de Cataluña, que seguramente expresa el compromiso de Convergència i Unió con todo este conjunto de iniciativas ciudadanas que también están siendo afectadas duramente por la crisis económica que estamos viviendo, singularmente desde 2011 y 2012, cuando la aplicación de la política de austeridad ha empezado también a afectar a este tercer sector. Un tercer sector que está viviendo expedientes de regulación, que está viviendo cierre de proyectos, que está viviendo despidos de sus empleados, que está viviendo cierre de entidades. No queremos dibujar un panorama catastrófico, ni mucho menos -el tercer sector está demostrando resistencia y resiliencia-, pero hoy el tercer sector también está siendo afectado por las políticas que los gobiernos, que las administraciones están obligadas a implementar. Eso, además, se produce en un contexto de desaparición de las cajas de ahorros y de las obras sociales de las mismas, que durante muchos años habían sido un financiador tradicional de estas entidades -hoy prácticamente tan solo La Caixa, como gran entidad, continúa jugando un papel relevante en esta materia-, en un momento en el que, a pesar de que el número de socios de las entidades se mantiene estable, se produce una caída en las altas de nuevos socios. Los ciudadanos, afectados por la crisis, afectados por la situación económica, mantienen su compromiso con el tercer sector, pero el tercer sector no tiene capacidad de crecer en el número de socios.

Se trata de entidades afectadas también por la morosidad del sector público, por las deudas de las administraciones. De hecho, hasta hace muy poco tiempo -semanas- el Plan de pago a proveedores que el Gobierno del Estado ha movilizado para facilitar el pago de deudas de las administraciones locales y autonómicas hasta esta última edición no ha respondido a las entidades del tercer sector; tercer sector que igual que las pequeñas y medianas empresas tiene dificultades para acceder al crédito, para acceder a instrumentos de diferenciación y que además no tiene instrumentos específicos para poder acceder a capital, lo que hace que esas entidades financieras no desarrollen sensibilidades específicas respecto a estas entidades. Un mundo en el que, además. las entidades de cooperación al desarrollo y las entidades de medio ambiente han sido las más afectadas porque entre otras cosas el esfuerzo del sector público se ha centrado en las entidades que trabajan en la asistencia a las personas afectadas por la crisis. Este es


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un sector con una elevada dependencia del sector público, de las subvenciones, de los conciertos, de los convenios, con todo lo que implica de colaboración del sector público con la iniciativa ciudadana, pero también con todo lo que implica de negativo de dependencia de este sector respecto a los presupuestos públicos. En un contexto de una débil cultura de colaboración con el sector privado, la capacidad del tercer sector de articular estrategias con el sector privado en el caso del Estado español no está especialmente desarrollado; en un contexto de una ley de mecenazgo, de una ley de incentivos fiscales a las entidades sin ánimo de lucro poco ambiciosa, antigua, del año 2002, con incentivos fiscales claramente insuficientes y seguramente con una cultura sociopolítica que no da al papel del mecenazgo la importancia necesaria, como sucede hoy ya en la mayoría de los grandes Estados europeos. Un tercer sector con un peso importante en términos de PIB, en términos de personas empleadas, en términos de personas servidas por las entidades del tercer sector, en términos de la movilización del voluntariado. En definitiva, un tercer sector que explica, junto con el sistema público de pensiones y las prestaciones por desempleo, la resistencia que el conjunto de la sociedad está teniendo en esta crisis, la enorme cantidad de iniciativas ciudadanas que están respondiendo a la crisis ofreciendo tiempo, pasión, compromiso, recursos para acompañar a quienes más padecen este tercer sector.

En este contexto de un sector importante, de un sector que vive la crisis y que ha sido imprescindible, planteamos por parte de Convergència i Unió la toma en consideración de esta proposición de ley, desde la convicción, por otro lado, de que el tercer sector es imprescindible en la creación de capital social, en la creación de confianza. Son las sociedades con mayor tercer sector las que tienen mayor capital social, elemento imprescindible para la democracia y para el progreso económico y social. Estamos convencidos de que el tercer sector es un aliado en las políticas públicas y de que en el futuro deberá serlo más. En el desarrollo de nuestro Estado de bienestar en los próximos años el papel del tercer sector va a ser fundamental en términos de flexibilidad, en términos de proximidad y en la idea de que lo público no es estrictamente aquello que es gestionado desde las administraciones públicas y servido por funcionarios públicos sino que lo público tiene que ver con lo común, con lo que es de todos y en el que el papel de las entidades del tercer sector es fundamental. Entidades del tercer sector que, además, son capaces de construir solidaridades cálidas que permiten implicar más a las personas en relación con el conjunto de las necesidades de la sociedad y que hacen más factible aquello que seguramente en los últimos tiempos se ha debilitado, que es el sentido de la responsabilidad de unos respecto a los otros, o sea la fraternidad, esa gran aspiración de la Revolución francesa y de la que, aparte, vivimos nosotros.

Un sector, por otro lado, señorías, que necesita instrumentos para continuar cumpliendo su función. Existe una agenda que nos hubiese gustado que en esta legislatura el Gobierno desarrollase: una ley de mecenazgo que está pendiente; una modificación de la ley de contratos del sector público para favorecer, vía cláusulas sociales, la capacidad de compra del tercer sector; un mejor tratamiento del IVA en la contratación pública para permitir que el tercer sector pueda competir en las contrataciones públicas; una buena ley de subvenciones que no dificulte el día a día de buena parte de nuestro tercer sector y singularmente las asociaciones pequeñas y medianas; o la puesta en marcha de mecanismos específicos de financiación por parte del Gobierno para facilitar que ese tercer sector, que no puede acceder al sistema de la financiación general, pueda encontrar fórmulas para acceder a capital. Hay una agenda de desarrollo de políticas públicas en apoyo del tercer sector que en esta legislatura, hasta el momento, no ha llegado, o si lo ha hecho ha sido con muy poca intensidad.

Es en esta agenda donde Convergència i Unió plantea la creación de un fondo orientado a facilitar recursos económicos para que las entidades del tercer sector puedan recorrer el camino de esta crisis y ser capaces de acceder al capital y a los recursos a los que hoy no pueden acceder para reconvertir sus actividades o para poner en marcha unas nuevas. Un fondo que se inspira en otros fondos que se han desarrollado en otros Estados de la Unión Europea precisamente al hilo de esta crisis y que sitúa también la idea de que los recursos que facilita el fondo a las entidades del tercer sector son recursos orientados básicamente a la propia reconversión del mismo, a la capacidad del tercer sector de coger músculo, de ser capaces de mejorar sus capacidades. No estamos planteando, señorías, simplemente una línea de subvenciones para que aquellas entidades que tienen dificultades puedan recibir dinero. No estamos planteando estrictamente eso, estamos planteando un fondo que permita a aquellas entidades que puedan acceder al mismo ser capaces de hacer el esfuerzo de mejora, de musculación, de reorganización, de alianza con otras organizaciones y de fusiones. Poco o mucho el tercer sector hoy ya está sometido a un proceso de reconversión y la falta de apoyo público hace que este proceso de reconversión del tercer sector se esté produciendo seguramente en las peores circunstancias. Sabemos que en los próximos


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tiempos -desde el plano de las responsabilidades de las administraciones locales y de las administraciones autonómicas no puede haber ninguna duda- el tercer sector va a continuar sufriendo las consecuencias de la política de recortes y por tanto va a haber entidades que van a tener que cerrar programas, hacer expedientes de regulación de empleo y quizá tendrán que cerrar sus puertas. Necesitamos recursos que eviten esas situaciones y que permitan que esas entidades puedan crecer, ganar volumen y tener capacidad de mayor prestación de sus servicios, de sus prestaciones.

Proponemos que inicialmente el fondo esté dotado con 100 millones de euros. Nos parece una cifra modesta respecto a las necesidades del sector, pero, ante la previsible respuesta de los diputados de la mayoría de que la situación presupuestaria hace imposible movilizar recursos, hemos planteado una cifra realmente modesta: 100 millones. Y digo modesta porque otros sectores -no quiero ser demagógico, señorías-, ante situaciones de reconversión como la que estamos planteando, han vivido una movilización de recursos públicos infinitos. Podríamos citar, por ejemplo, el esfuerzo que hemos dedicado para reconvertir el sector de las cajas, con una factura infinita que le va a costar al conjunto de los ciudadanos. Convergència i Unió plantea, para reconvertir, para ayudar en este tránsito al tercer sector, una cifra realmente modesta de 100 millones de euros. Además, contemplamos, en la medida en que esta debe ser una política a desarrollar durante un cierto tiempo, que un conjunto de recursos ociosos que definimos en esta ley -bienes vacantes o abandonados, que carecen de dueño conocido y que se atribuyen al Estado, recursos ociosos bloqueados en cuentas o depósitos, indemnizaciones de seguros no reclamados, sucesiones abintestato al Estado, deuda perpetua, consignaciones judiciales abandonadas o decomisadas, otros bienes vacantes que acaben otorgándose a la Administración general- sirviesen a partir de 2015 para proveer los recursos del fondo. Para esta iniciativa nos inspiramos en una propuesta que el Cermi hace ya más de un año trasladó, que el Gobierno no ha recogido y que nos parece que es una buena medida para dar una utilidad social a esos recursos que hoy no se están utilizando. Finalmente, planteamos que ese fondo, nutrido con estos recursos de los Presupuestos Generales del Estado el año que viene a través de estos recursos en los próximos ejercicios, sea gestionado por parte de las comunidades autónomas, fundamentalmente porque son las que tienen la responsabilidad en las políticas en las que el tercer sector está implicado, singularmente en servicios sociales y asistencia social en su concepción más amplia, medio ambiente, etcétera, y que, por tanto, fuese una política compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Insisto, señorías, un instrumento que permitiese a este sector recorrer este tiempo de crisis con mayores capacidades económicas para evitar la desaparición de tejido asociativo o de más tejido asociativo del que ha desaparecido hasta el momento y que al mismo tiempo ganase en capacidades, en fuerzas y en músculo.

Finalmente, nuestra proposición de ley recoge también una propuesta que algunas entidades catalanas vinculadas al Addsocials han planteado, como es el hecho de que en los recursos de capital riesgo de la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, se incorpore la posibilidad de que esta empresa financie operaciones vinculadas al tercer sector. Hay una emergencia de nuevas iniciativas sociales ciudadanas que quieren participar en este tipo de financiación, muy vinculadas a la lógica del emprendimiento social y que también en esta proposición de ley situamos como una cuestión a resolver. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Termino, señor presidente. Se trata de ofrecer al tercer sector un instrumento que sea útil y lo formulamos a través de una proposición de ley, hecho que permitiría a los grupos que pudiesen estar en desacuerdo en aspectos concretos de nuestra iniciativa, en el caso de que la misma se tomase en consideración, a través del correspondiente debate parlamentario, mejorar, discutir o enmendar la propuesta que hoy les plantea Convergència i Unió. Nos gustaría contar con su apoyo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Todos sabemos que los recortes ejecutados al amparo de la cantinela de la reducción del déficit los ha soportado el Estado del bienestar y muy en particular los servicios públicos: sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sociales, vivienda protegida y una larga lista de servicios y transferencias públicas. Parte de estos servicios se prestan por el llamado tercer sector, cumpliendo, insisto, una labor pública. Mientras tanto, el actual Gobierno del Partido Popular y el anterior, han destinado cantidades ingentes de recursos para salvar al sector financiero. El actual Gobierno publicita que el sector


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financiero ya está salvado, que ya no hay riesgo, entonces ahora es el momento adecuado para garantizar la cohesión social, movilizando los recursos económicos necesarios para salvar al tercer sector.

Convergència i Unió propone hoy un mecanismo de financiación interesante que valdría la pena tener en cuenta para su tramitación y mejora con las aportaciones de todos los grupos. En nuestra opinión, debería ir acompañado de mejoras en los mecanismos de financiación para garantizar el funcionamiento ordinario de las entidades, que viven en permanente incertidumbre en cuanto a la continuidad de sus proyectos e incluso de su propia existencia, situación que en el caso valenciano es especialmente acuciante. Son medidas que cabrían en enmiendas si se aprobara su tramitación, todo ello si en esta casa realmente hubiera diálogo y si el Parlamento fuera el foro de debate que se espera que sea en una democracia moderna y no, como ahora, un fondo documental de monólogos, que es en lo que la mayaría absoluta del Partido Popular lo ha convertido.

Desde 2012 la situación de tercer sector social en el Estado español es de una gravedad insoportable. Los impagos y retrasos de las diferentes administraciones, tanto la autonómica como a veces la local, están conduciendo al cierre de múltiples instituciones que han estado cumpliendo con una obligación que compete, no lo olvidemos, a la Administración pública en un Estado del bienestar como es el nuestro, según dicta la Constitución. Se ha producido recortes en los presupuestos a todos los niveles, cancelaciones de subvenciones y programas, dificultades de acceso al crédito y su encarecimiento, necesarios para financiar programas que se ejecutan antes del cobro de fondos públicos. Al mismo tiempo, la demanda se ha incrementado, teniendo como resultado despidos y reducciones de plantillas, así como la continua desaparición de entidades o cierre de sedes. Su famosa reducción del déficit público se ejecuta a costa de los más débiles, de los más necesitados, descomponiendo el Estado del bienestar. Finalizo. Nosotros no compartimos ni su cantinela ni sus métodos, pero sobre todo no compartimos su objetivo: desmantelar el Estado del bienestar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan dos frases.

Cualquier propuesta de apoyo financiero al tercer sector nos resulta interesante, por tanto, apoyaremos la propuesta de Convergència, aunque sea modesta, sobre todo si la comparamos con los recursos que a veces se destinan a defensa o al pago de intereses de los bancos.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Empiezo diciendo que desde el Bloque Nacionalista Galego también consideramos obvia la necesidad de intervención y asistencia para evitar la debacle del tercer sector, pero nosotros creemos que la restructuración ha de hacerse bajo parámetros diferentes a los que han regido su reciente crecimiento. Me explico. Esa restructuración tiene que llevarse a cabo evitando que la potenciación del tercer sector, particularmente el desarrollo a través del voluntariado, se emplee como instrumento para delegar las responsabilidades públicas del Estado en la ciudadanía dentro de una estrategia de mayor retroceso y adelgazamiento de los servicios públicos del bienestar. Para el BNG es prioritario reforzar servicios propios de administraciones y organismos públicos, por lo que la reestructuración del tercer sector ha de llevarse a cabo bajo una idea de complementariedad y cooperación, nunca bajo un criterio sustitutivo como se empezó a ensayar en los años previos a la crisis económica.

A lo largo de muchos años el tercer sector en el Estado español se ha ido caracterizando como un elemento clave en la provisión de servicios ligados al bienestar. No tengo tiempo ahora para analizar las causas de ello, pero sin duda también se vio favorecido porque en determinados momentos se apostó por transferir recursos públicos a entidades sin ánimo de lucro antes que reforzar servicios públicos propios. No es ahora el momento de debatir sobre modelos del pasado, pero sí es necesario tenerlos en cuenta para analizar y realizar propuestas de futuro. Durante el tiempo en que se reforzó el tercer sector también se acentuó la combinación de otros elementos provisores de servicios públicos, principalmente el mercado y la familia, dentro de una estrategia de situar en la órbita de las personas, de los individuos la decisión de la cobertura de necesidades sociales y no en los organismos y entidades públicas.


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En estos momentos esa tendencia ha originado no solo una grave desasistencia de muchas personas usuarias de servicios básicos, sino también una honda crisis en entidades carentes de ánimo de lucro, que durante años se dedicaron a colaborar en la extensión de dichos servicios y que ahora se encuentran en un escenario de drástica reducción de los presupuestos de las administraciones en las partidas destinadas a apoyar y a pagar por la labor que realizan las entidades del tercer sector. El sentido de la reestructuración del tercer sector que se recoge en la exposición de motivos de la proposición de ley difiere por lo tanto del que nosotros entendemos que ha de dársele. En la proposición de ley se insiste en reiterar como respuesta ante las necesidades sociales y las situaciones de vulnerabilidad el auxilio del tercer sector. Evidentemente, los servicios y dispositivos que prestan entidades del tercer sector han de ser aprovechadas, pero también los fondos que se destinen a apoyar su mantenimiento han de dirigirse a orientar su papel en otro modelo diferente de organización de los servicios públicos de bienestar, de modo que no sustituyan al sector público a la hora de prestar servicios básicos, sino que organicen redes que puedan ser soporte de prestaciones complementarias distintas de las obligatorias que el sector público, en un Estado avanzado del bienestar, debería prestar por sí mismo, y esto es muy importante, con carácter universal a todos los ciudadanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

Como estamos en el trámite de toma en consideración, apoyaremos la iniciativa, pues compartimos la preocupación de asistir a las entidades sin ánimo de lucro. En todo caso, aspiramos a poder aproximar posturas en el trámite parlamentario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, lamentamos que esta buena iniciativa de Convergència i Unió, por la cual felicitamos al diputado Campuzano, hoy no vaya a prosperar. De hecho, no nos sorprende, porque había dos iniciativas, esta es una, la otra fue la Ley de Emprendedores que presentó el Gobierno español y que se aprobó, que también ofrecía la posibilidad de dar un gran impulso a la economía social. Fíjense, si en pocos meses, con una ley de emprendedores que se pretendía moderna y de acuerdo con los tiempos de recesión que corren, hubiéramos puesto el esmoquin, el frac a la economía social, y ahora, con esta proposición de ley, también se posibilitara dar un paso de gigante para con las entidades sin ánimo de lucro que conforman el tercer sector, estaríamos en un escenario muy distinto del que estamos, pues ni la Ley de Emprendedores acogió la economía social ni esta proposición de ley va a merecer prosperar. Creo que es muy lamentable porque esta iniciativa tiene un objeto, también una metodología de financiación, unos destinatarios claros de estos fondos e incluso un modelo de gestión que nos parecen francamente muy interesantes, al menos para ser aprobada en su trámite a fin y efecto de que pudiéramos mejorarla.

En el contexto de crisis, de desguace del Estado del bienestar, de incremento de la exclusión social, las grandes bolsas de pobreza que ya se nos han cronificado son una amenaza a nuestra cohesión social. Ya tenemos media sociedad que ve pasar el tren cada vez a mayor velocidad y, precisamente por la debilitación del Estado del bienestar y de las estructuras públicas, estas personas ni siquiera pueden aspirar a que alguien les ayude a alcanzar este tren que circula, repito, cada vez a mayor velocidad, de manera que no atender a las entidades del tercer sector, que son la vertiente más sólida de la sociedad civil, es una gravísima irresponsabilidad. No entiendo que el Partido Popular no sea capaz de aprobar esta iniciativa parlamentaria en la fase de trámite, de dar luz verde a este texto para que este Parlamento pudiera trabajarlo y dar luz a una ley que sería muy bien recibida por todas las entidades dedicadas al tercer sector.

Quiero recordarles que tenemos problemas aparentemente nimios, por cuanto alcanzan presupuestos irrisorios, me refiero al 0,7 del IRPF para finalidades sociales que lleva enquistado en este Parlamento años y años y no hemos sido capaces de resolverlo. Mientras tanto, las entidades del tercer sector malviven y algunas de ellas incluso tienen que cerrar las puertas. No entiendo la irresponsabilidad del Partido Popular. Parece que son insensibles a su ADN, ese ADN socialcristiano que teóricamente, de


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boquilla, llena todo su corpus ideológico, pero en la realidad creo que no tienen demasiadas entrañas. Me parece que no pasan ni la ITV de su cristianismo, del cual hacen tanta gala hipócritamente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señora presidenta.

A nadie se le oculta que a nivel estatal se ha producido un descalabro de las entidades del tercer sector que se ocupan de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión, como consecuencia de los recortes en las subvenciones públicas, pero también y sobre todo por la falta de cumplimiento de acuerdos adoptados por las administraciones en relación con la prestación de servicios en este ámbito. Si desgraciadamente se consolidara este descalabro y como consecuencia de él desapareciera o se debilitara el tercer sector, se produciría un grave quebranto en la cohesión de la sociedad española muy difícil, yo diría imposible, de restablecer. Por ello es necesario resolver el problema de manera inmediata, a grandes males, grandes soluciones, y para ello Convergència i Unió propone por un lado la creación de un fondo de 100 millones de euros para el próximo año, que trataría de mitigar el impacto negativo sufrido por las entidades del tercer sector, y por otro estima necesario que anualmente se consigne en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad que podría provenir de recursos ociosos bloqueados en cuentas o depósitos, indemnizaciones de seguros no reclamados, sucesión ab intestato a favor del Estado, etcétera, con el fin de garantizar su sostenibilidad, tal y como ha expresado el señor Campuzano. Dicho importe sería repartido por una comisión formada por el Estado y las comunidades autónomas.

Ante este planteamiento y anticipándoles nuestro apoyo a la iniciativa, quisiéramos hacer algunas consideraciones, señor Campuzano. Dudo que esta iniciativa salga adelante, pero permítame que haga de Pepito Grillo. Es obvio que la situación descrita en la iniciativa de CiU respecto a las entidades del tercer sector en España se ajusta a los datos objetivos que manejamos hoy en día en esta materia. No obstante, y en nombre del Grupo Vasco, quiero dejar constancia de que esta no es la situación de Euskadi. Es innegable que hay estrecheces, pero ni de lejos nos encontramos ante una situación de alarma como la que se está produciendo en algunos lugares del Estado. De hecho, no se han producido recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia ni se están produciendo retrasos en el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras por parte de las administraciones públicas vascas. Por otra parte, quiero recordar -avisando por si acaso- que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias exclusivas en materia de asistencia social y un régimen de financiación diferencial, por lo que stricto sensu no estaría concernida -entiendo- directamente por la presente proposición de ley.

Dicho lo anterior, desde la responsabilidad, debemos posicionarnos contundentemente ante esta cuestión. Parece obvio que, si hay incumplimientos en los compromisos de las administraciones del resto del Estado o de algunas de ellas respecto de su responsabilidad en el mantenimiento de los servicios, es absolutamente necesario revisarlos y componerlos, arreglarlos. De otro modo, se daría por buena una actuación indebida de la Administración y, lo que es peor, no se estaría a salvo de que en años sucesivos ocurriera lo mismo. Por eso esta cuestión hay que abordarla con garantías y por ello y para ello paso a plantearles algunas cautelas.

Primera reflexión. Queremos entender que el fondo que se propone constituir con 100 millones de euros es suficiente. Antes el señor Campuzano ha manifestado que era estimativo. En este sentido, quiero decirle que, si no fuera así, sinceramente creemos -me voy a poner en el peor de los casos- que podría convertirse en una trampa mortal si el montante debido fuera superior a esa cantidad, porque entonces cabría la tentación, en primer lugar, de dar por zanjada una actuación, como decía, indebida de la Administración, como lo es no cumplir con las obligaciones contraídas, y, en segundo lugar, de cerrar la puerta a cualquier reclamación una vez agotada la dotación del fondo. Seguramente, señorías, a algunos y a algunas de ustedes pueda parecerles exagerada esta reflexión, pero, habida cuenta de cómo se las gasta el ministerio competente y, por qué no decirlo, el Gobierno en general, conviene estar atentos.

Por su parte, creemos también conveniente señalar que el modo de proveer anualmente esos 100 millones de euros nos parece adecuado para la resolución del problema en términos de transitoriedad, pero insuficiente como mecanismo de financiación estable que avale la viabilidad en el tiempo del sector, sector que por otra parte, como ya he señalado, es vital para garantizar la cohesión social. De no ser así, esto nos devolvería a otras épocas, afortunadamente ya pasadas, donde los servicios sociales se financiaban con sobras de otros departamentos. Se perdería en nuestra opinión el sitio, el estatus que el


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tercer sector debe tener, estatus que además creemos que es preciso seguir reivindicando y sobre todo consolidando, más allá de las soluciones urgentes necesarias pero en todo caso puntuales. Es preciso explorar nuevas vías. El diputado Campuzano -el señor Tardà ha comentado algunas- se ha referido a algunas de ellas: ley de mecenazgo, modificación de la Ley de contratos de las administraciones públicas, el tratamiento del IVA, la ley de subvenciones, en fin, iniciativas variadas que traten de consolidar, de hacer sostenible en el tiempo y de conferir un estatus propio al tercer sector. Finalmente, quiero hacer otra advertencia. Creemos que la creación de una comisión mixta Gobierno central y comunidades autónomas, que per se es buena, no ofrece ninguna garantía de reparto justo, aunque quizá sí equitativo, no lo voy a negar. Convendría por ello que se concretaran con mayor definición los mecanismos de reparto de ese fondo de financiación.

No voy a extenderme más. Quiero recalcar la necesidad de trabajar en la consolidación del estatus y para concluir reitero que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, pero con una recomendación final -siento tener una tarde tan oscura- y es la necesidad de estar atentos para evitar que, agarrándose a una iniciativa de este carácter, alguien tenga la tentación de coger el rábano por las hojas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Empezaré mostrando mi agradecimiento a Convergència i Unió por poder tratar aquí un tema que a nosotros nos parece necesario. Estamos de acuerdo en que las organizaciones del tercer sector, que además en ocasiones realizan una encomiable labor que en realidad corresponde al Gobierno, viven, como muchos otros sectores de la sociedad actualmente, una problemática que tiene que ver con la estrechez presupuestaria que va asociada a la crisis y con un problema fundamental de impagos que está poniendo a muchas de esas estructuras en una situación muy delicada. Sin embargo, hay varias cuestiones que tienen que ver con la propuesta que nos trae hoy aquí Convergència i Unió que nos preocupan, porque para nosotros forman parte de una manera de entender la política que en nuestra opinión también es responsable de esas dificultades por las que pasa el sector. Voy a intentar explicarme.

En primer lugar, hay algunas de estas organizaciones no gubernamentales o de estas entidades sin ánimo de lucro que debieran pasar a llamarse organizaciones gubernamentales, porque casi en su totalidad dependen de la financiación pública. Ese es un primer problema que para nosotros es importante comentar, porque no creemos que esa sea la correcta manera de hacer las cosas. ¿Deben esas organizaciones no gubernamentales en teoría depender prácticamente al cien por cien del Gobierno o de otras administraciones públicas? ¿No deberían tener otra fuente de financiación que tenga que ver con sus propios socios, con una ley de mecenazgo que esperamos que algún día, en algún futurible y de una manera sólida y merecida, presente el Gobierno o el Partido Popular? ¿No deberían además esas organizaciones estar a salvo de los vaivenes políticos, porque ese es otro problema con el que se encuentran a menudo? Realmente eso también es cierto. Hace poco salía un estudio sobre cómo las organizaciones no gubernamentales estaban siempre apoyadas por unos o por otros partidos. Las diferencias que había entre la financiación de las diez primeras mientras gobernaba el Partido Popular y las diez primeras que estaban financiadas por el Gobierno del Partido Socialista eran brutales, eran absolutamente distintas. Eso también es un problema del que nos gustaría hablar -si eso es posible- el día que se traiga aquí esta proposición que hacen ustedes. Esto me lleva a una a consideración que per se debiera ser la fundamental. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de financiar una organización como estas de las que estamos hablando hoy aquí? ¿No debiera ser su efectividad? Porque parece que de eso no se habla, no parece que sea así, y de nuevo creemos que los políticos vuelven a ocupar un espacio que no debieran ocupar, un espacio que debieran ocupar los técnicos, como en muchas otras ocasiones, los que saben del asunto y los que pueden explicarnos de qué forma se utilizan los recursos y si son realmente efectivos o no.

Señor Campuzano, esto es un prefacio como posicionamiento general, porque sí estamos de acuerdo en que el problema que nos traen hoy aquí es preocupante. El tercer sector se ve abocado a una crisis por esa merma de ingresos, por los impagos -decía- sobre todo de las administraciones y es obvio que hay que hacer algo, pero ya digo que parte de las soluciones que proponen ustedes desde Convergència


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i Unió vuelven a tropezar con los mismos problemas que nos han traído hasta aquí; por eso nos gustaría debatirlo con ustedes y proponer cuáles serían, según nosotros, las soluciones. Además déjeme decirle que el método que ustedes utilizan para ver cómo sería repartido ese dinero nos parece un poquito chabacano, permítaseme la expresión, podría utilizar otra, como completamente partidista. ¿Por qué por número de entidades? No lo termino de entender. Esto me recuerda un poco a esas comunidades autónomas que a la hora de pedir una distinta financiación del Estado o unas distintas intervenciones del dinero público, según dependa, según les convenga, piden que esa financiación o ese cálculo tenga que ver con la población, con la superficie de la comunidad autónoma, etcétera. Nosotros pensamos que debiera haber unos criterios un poquito más serios.

Además creemos que, tal y como ustedes presentan la proposición -permítanme de nuevo la expresión-, se vuelve a reforzar otro problema que existe en el sector, que es el clientelismo. Volvemos a asistir a esos razonamientos que se nos dan muchas veces desde los partidos nacionalistas en cuanto a que no se metan en nuestras competencias, dennos más competencias, pero también dennos más dinero y no nos digan absolutamente nada de cómo debemos gastarlo.

A mí este tema me preocupa especialmente porque, señor Campuzano, no es lo mismo saber que mi dinero va a ir destinado a una organización que se ocupa de atajar el problema de la falta de agua en un país africano o de las vacunas que reciben unos niños en Centroamérica que a una organización como Òmnium Cultural o a una organización que se dedique a promocionar las selecciones deportivas catalanas. No es lo mismo. Como español me gustaría poder decir algo acerca de a cuáles de esas organizaciones se van a destinar mis recursos y a cuáles no. Creo que debe haber un criterio. Ni de lejos es lo mismo.

Ya hemos dicho en algunas comisiones cuando hablábamos del tercer sector, pero también cuando hablábamos de industria general, cuando hablábamos de cultura, cuando hablábamos de arte, que la mejor manera -en vez de promover el clientelismo, en vez de promover la subvención- que tiene el Estado de ayudar a todos estos sectores es crear unas condiciones claras bajo las cuales ellos puedan funcionar; crear una seguridad jurídica, una seguridad política que los mantenga a salvo de esos vaivenes políticos en los que parece que muchas veces lo que importa, más allá de cómo destinan los recursos y qué consiguen con ellos, sea el color político de aquellas cosas que defienden o incluso, y esto es mucho peor, cuál es la afiliación de algunos de sus representantes, con quién están familiarizados o qué lazos de sangre tienen con algunos afiliados de los partidos políticos que tienen que decidir cuántos recursos van a destinar a esas organizaciones.

Me parece que es importante recordar que hay una serie de fundaciones que se dedican a medir esto. Es posible medir esto. Yo puedo averiguar cómo se destina el dinero de una organización no gubernamental, por ejemplo; qué parte del dinero se queda en el camino y va realmente a aquel pozo africano y qué parte no. Eso sí que es un criterio en el que yo creo que deberíamos abundar para tomar o no decisiones respecto a si esa organización merece o no una financiación. Hoy me acordaba de aquella empresa, creo que era catalana, por cierto, que se llamaba Lynce y que se creó para medir exactamente el número de manifestantes, y esta empresa catalana ha tenido que cerrar porque a nadie le interesa el número exacto de manifestantes. No consiguió ningún contacto, ninguna Administración está interesada en conocer la realidad. Todas quieren seguir dando un número que a ellos, por lo que sea, les viene bien. Uno tiene la sensación de que con esto ocurre lo mismo. Debemos ser capaces de poner aquí las condiciones para poder averiguar cómo se destina cada euro que llevamos a todas estas organizaciones. Hay gente que se ocupa de hacerlo y que lo puede hacer muy bien.

¿Queremos trabajar realmente para que estas organizaciones sean eficientes y hagan bien su trabajo, a salvo, además, de vaivenes políticos, a salvo del clientelismo que estamos llevando a cabo en muchas otras opciones? A nosotros nos parece que sí, que debemos intentarlo, pero no es eso lo que creemos que se está haciendo ni en esta propuesta ni por cómo se están haciendo las cosas en nuestro país. Pero es de agradecer que ustedes traigan aquí la posibilidad de que nosotros enmendemos, aportemos nuestras ideas y que entre todos ayudemos a solucionar un problema que realmente es grave y que, repito, afecta a unas organizaciones muy importantes, que al fin y al cabo están haciendo un trabajo que debiera estar haciendo el Estado.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Ortiz.


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La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Hoy Convergència i Unió nos presenta una proposición de ley que, perdónenme, creo que está llena de cinismo. Nos explican los problemas que tiene hoy el tercer sector y los riesgos -ya los estamos viendo- de pérdida de entidades y de personas, lo que usted llama el capital social, debido a las políticas de recortes, y esto es lo que pone también en la exposición de motivos y lo que ha dicho usted cuando ha intervenido. Es cierto, señor Campuzano, claro, pues los recortes tienen un enorme impacto social sobre la ciudadanía y sobre las asociaciones y el tercer sector. Pero ustedes, que junto al Partido Popular han abanderado precisamente los recortes públicos, que decían que eran necesarios para la recuperación económica, lo de hacer más con menos, ahora dicen que tienen riesgos. Se lo llevamos diciendo muchos meses, incluso años. Sí, señores, es más que eso y no es una cuestión de que tengan riesgo para las entidades. Las entidades hace tiempo que vienen notando esos riesgos. Es una cuestión mucho más grave, que va mucho más allá. No es una cuestión técnica que vamos a resolver ahora con un fondo en concreto.

Efectivamente, hace tiempo que venimos diciendo que la austeridad mata. Mata los derechos sociales, mata la recuperación económica, mata la economía, los servicios públicos, todo eso, y también el tejido social. Vienen a decir que el problema lo tienen algunas entidades y como esas entidades son muy útiles, porque son más flexibles frente al sector público, entonces entramos en un riesgo. Señores, señor Campuzano, las políticas neoliberales destruyen empleo público, 400.000 puestos de trabajo se han recortado, por poco flexible que era, y también destruye al tercer sector. ¿No se dan cuenta de que una cosa va con la otra? El Estado del bienestar y las políticas sociales ambiciosas, junto con la redistribución de la riqueza, es lo que crea el dinamismo de administraciones públicas y también del tercer sector. El tercer sector sin Estado del bienestar no es nada y no va a sobrevivir por muchos instrumentos concretos que creemos.

Los efectos en el tercer sector son muchos y usted tiene toda la razón cuando los ha ido describiendo -conocemos también la realidad- y especialmente en algunas entidades son dramáticos. La reducción de sus ingresos, de la que hablan, viene sobre todo por los recortes, en un momento en que las necesidades de inversión social son también crecientes. Un ejemplo de las cifras lo vemos en el anuario de 2013 del tercer sector social de Cataluña. Después de un largo periodo de crecimiento -dice este anuario-, el tercer sector social ha tenido que afrontar una limitación de recursos que le ha llevado a niveles presupuestarios de 2007. Se han perdido 18.000 puestos de trabajo -usted hablaba de ello-, mientras el número de personas destinatarias ha crecido en 430.000 desde entonces, con 18.000 puestos de trabajo menos. ¿Y usted dice que es un problema de falta de musculatura? No, señor. Es un problema de que con menos no se puede hacer más, y lo están haciendo. No es por falta de musculatura de las entidades, ya se están adaptando, pero no seamos cínicos. No es cuestión de sus habilidades. Es cuestión de que las administraciones no cumplen. Con este crecimiento las personas destinatarias han llegado a 2.130.000 en Cataluña y eso consolida la transversalidad del tercer sector en muchos ámbitos. Es evidente si observamos que cada vez más dependen de recursos privados. Ustedes dicen que esto es bueno, que son menos dependientes, pero nosotros no lo compartimos, porque al final gran parte de las entidades del tercer sector gestionan servicios sociales básicos, es decir derechos sociales fundamentales. Por lo tanto, el criterio del beneficio en sí, como criterio de reestructuración de las entidades, a nuestro entender no es el modelo a seguir. No es un modelo del beneficio, sino de rentabilidad de la inversión social. En el anuario vemos también cómo la evolución económica del tercer sector se caracteriza por un crecimiento progresivo hasta 2011, cuando empezaron los recortes -usted lo decía- y también con un cambio de Gobierno. No es un problema de mala gestión, es un problema de insensibilidad de los Gobiernos. Los presupuestos de la Generalitat de 2014, si tanto le preocupan, son un nuevo hachazo a esa situación. La realidad es que hay 2.763 millones menos en inversión social respecto a 2010. Ese es el principal problema que denuncia el tercer sector social en Cataluña.

Nuestro grupo coincide con el diagnóstico que usted hace, señor Campuzano, coincide en la importancia de conocer hasta dónde nos puede llevar este cambio, pero hablar en abstracto de que las cosas suceden, cuando no se hacen responsables -y no ha hecho ninguna autocrítica-, sinceramente nos parece un poco insultante. Tienen problemas serios y desde Iniciativa, desde Izquierda Unida y desde CHA queremos apoyar al tercer sector, pero, ¿saben?, los problemas son otros, no es ese el fondo. No es un problema técnico; es un problema de recortes y de políticas liberales. Un ejemplo concreto. La deuda de la Generalitat de Catalunya con las organizaciones del tercer sector asciende a 435 millones. El 24 % de ellas tenían que renovar líneas de crédito en 2012, pero no lo han podido hacer. El 90 % de las


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organizaciones han tenido que retrasar nóminas a sus trabajadores y el 51 % han hecho ajustes. Un ejemplo muy concreto. Los 70 millones que ustedes dejaron de pagar en la Generalitat en 2012 les han costado un millón y medio solo en coste financiero. Esos son los problemas que tiene el tercer sector. Cierto es que hay ahogo también a nivel del Estado, eso se lo reconocemos y sabe que siempre hemos ido de la mano defendiendo esas cuestiones en Madrid. Hemos denunciado el recorte de las transferencias a la Generalitat en las cuestiones sociales, con el tema del IVA y del IRPF. En todo eso estaremos ahí, pero lo que no nos parece que sea justo ni que tenga un mínimo rigor es que ustedes vengan a hacer de bombero pirómano, y además vienen sin extintor, vienen con un cubo de agua a apagar un incendio. Eso no nos parece que sea de recibo, porque ese fondo no va a resolver los problemas de base que tiene el tercer sector social. Como les decía, ya sabemos que no son ustedes en solitario -claro que no-, porque el Estado ha recortado todo lo que ha recortado. Pero ustedes sí que son los que también decidieron que el discurso tenía que ser recorte y recorte como condición a la recuperación. Son los que denunciaban las inversiones sociales del govern d'esquerres, decían que eso era despilfarro, cuando sabían perfectamente, porque todavía lo repiten ahora, que el problema venía de la caída de ingresos; sabían que ese era en gran parte el problema.

También son ustedes los que decidieron suprimir el impuesto sobre sucesiones cuya recaptación perdida triplica este fondo que ustedes proponen para todo el Estado. Y lo que hemos perdido era solo para Cataluña. Ustedes han abanderado la austeridad apoyando también la Ley de Estabilidad. Y el tercer sector tiene un problema y se llama políticas de austeridad y políticas neoliberales que no creen ni en la equidad ni en la solidaridad, esa es precisamente su naturaleza. Por eso nos indigna un poco que no haya venido aquí a hacer un mínimo de autocrítica y que tampoco se aborden los fundamentos de las políticas de cambio que necesita el tercer sector.

Sobre el Fondo de reestructuración, no vamos a apoyar la propuesta que nos presenta, nos vamos a abstener en esta proposición de ley porque como proposición de ley requeriría un trámite parlamentario y sería una oportunidad para debatir del tercer sector social, para buscar instrumentos entre todos e ir al origen de los problemas. Pero lo que ustedes plantean -ya entrando en el contenido- es un fondo de 100 millones a repartir entre comunidades autónomas para facilitar procesos de reconversión del tercer sector afectados por la crisis. Ese no es el enfoque, porque la crisis no es como la plaga bíblica; los recortes tienen unas decisiones políticas y unas prioridades que hay detrás. Pero también hay otra cuestión, el tercer sector no son los bancos, no son bancos que han hecho mal su trabajo, que han arriesgado excesivamente, que han conseguido muchísimos beneficios y ahora los rescatamos entre todos. No, no, las entidades del tercer sector han hecho su trabajo bien y quien no lo ha hecho, quien no está pagando y no está cumpliendo con esos contratos son las administraciones. Lo que nos da la sensación, porque tampoco es muy claro en ese sentido, es que ese fondo de reestructuración es un instrumento para imponer un modelo concreto de cuál es la entidad que funciona y cuál es la que no. Un poco el discurso que hace el Partido Popular en cooperación internacional, es decir, aquí van a sobrevivir las grandes o el modelo que a mí me interesa. Y no es así, la riqueza del tercer sector social precisamente recae en la pluralidad del tejido social, en que tenemos entidades grandes y entidades locales a nivel comunitario muy pequeñas pero que intervienen desde la proximidad. Y todas, todas, tienen una función social importantísima. Esa riqueza es la que hay que preservar. Si buscamos un fondo común, con unos requisitos para que todo el mundo vaya hacia un modelo, sinceramente, estaremos avanzando hacia un modelo que ustedes a lo mejor quieren pero que nosotros no compartimos para nada. Nosotros creemos, en definitiva, que este fondo no soluciona ni el problema a corto plazo de liquidez provocado por los impagos ni tampoco el problema a largo plazo de creación de nuevos instrumentos. Nosotros nos abstendremos para poder tramitar y buscar instrumentos; instrumentos que a nuestro entender deberían pasar...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí, sí, ya termino.

Podemos valorar lo de la propuesta de Enisa, pero hablemos de las cosas que importan, de cómo cumplimos y priorizamos precisamente a las entidades sociales, cómo hablamos de la territorialización del IRPF o las cuestiones de lVA o cómo damos avales para que accedan a créditos. Busquemos el fondo de las cosas y asumamos los errores, porque si no tampoco buscaremos soluciones.

Gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Socialista, señora Esteve.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la proposición de ley de Convergència i Unió. Le anticipo -y me lo quito de encima, señor Campuzano- que mi grupo va a votar a favor de su toma en consideración, pero no porque suscribamos en su totalidad el texto sino porque creemos que es necesario, es bueno el debate democrático y buscar respuestas a los problemas que tenemos planteados. Y este es uno, efectivamente.

No obstante, coincidimos con ustedes en la valoración que hacen del papel del tercer sector social, ya que es fundamental por su proximidad a la realidad, por su capacidad para dar respuesta rápida a las necesidades. El trabajo de ayuda, apoyo y orientación no tiene precio, pero lo debe tener porque están en una situación absolutamente exigua. También desempeñan un papel fundamental en el territorio, con proyectos que tienen un efecto multiplicador e inclusivo, pero, eso sí, complementario al de los sistemas públicos. Sin un sistema público fuerte, no hay tejido social que lo resista. Nuestro modelo está en la complementariedad clara del tercer sector social con los derechos sociales, con un sistema que garantice los derechos de los ciudadanos.

En consecuencia, siguiendo con el hilo, es imprescindible que los poderes públicos impulsemos políticas para la creación y el fortalecimiento del tejido social, también por su contribución -y creo que lo han dicho los anteriores ponentes- a la creación de riqueza. Si hablamos de economía social y no estrictamente del tercer sector, aproximadamente un 10 % del PIB proviene de la economía social y una buena parte del tercer sector. Por tanto, cuidado porque no es broma y esto hay que protegerlo, no solo por el papel que ejercen de estructura de intermediación, sino por su capacidad de generar riqueza, por la optimización también del gasto social y porque hacen una tarea de prevención, de proximidad, de prestación y creación de puestos de trabajo porque muchos de ellos -como decía la señora Ortiz- se encuentran en una situación de precariedad o en situación de desempleo. Este momento terrible de crisis hace que el esfuerzo que realizan las entidades del sector público, sobre todos los ayuntamientos, sea titánico por el aumento desbordado de la demanda, de personas en situación de fragilidad. Y paradójicamente es en este momento, cuando más se necesita una estructura firme para dar respuesta, cuando más se reducen los recursos para hacerle frente. Esto no debería ser así; son los recortes, señor Campuzano, de uno y otro lado los que nos están llevando a una situación de dejación de las responsabilidades desde lo público, haciendo una dejación hacia el tercer sector, hacia la sociedad que no puede dar respuesta.

Efectivamente la crisis nos afecta a todos -y me parece que en su exposición de motivos lo dice- en mayor o menor medida. Claro, las entidades tienen menos contribución económica de personas y empresas, lo cual hace que disminuyan los recursos propios que generaban, además de la reducción brutal, como decía antes, de la ayuda pública. Si al retraso en los pagos le añadimos la imposibilidad de acceder al crédito bancario, esto lleva no solo a la asfixia sino que pone -y es lo que nos preocupa a nosotros- en peligro de desaparición a toda esta vez red permeable. Podemos perder un 40 % de entidades en toda España a la finalización de la crisis. Esto es un drama porque perdemos toda esta capilaridad. Como responsables políticos estaríamos locos si dejáramos que esto pasara.

Desde nuestro punto de vista, desde el Grupo Socialista, pensamos que hay dos cosas que se deben de hacer. La primera hay que hacerla con carácter inmediato, y ahí coincidimos con usted, no sé si con este fondo de reestructuración o con otro, pero habría que crear un fondo para las entidades sin afán de lucro parecido al FROB, que sirva para contener la situación existente y proteger a este sector al igual que estamos protegiendo al bancario y al empresarial. Yo diría que hay que hacerlo con mucho más motivo por esta función social que tiene de contención del conflicto social. Y la segunda, apostar por una ley integral de tercer sector; una ley que pueda incorporar aspectos como la solidez jurídica, que es fundamental, los objetivos, las formas de colaboración y financiación, además de contemplar los recursos que puedan provenir de la sociedad civil, aparte de los públicos, con formas de mecenazgo, donación u otra fórmula. Nuestra voluntad es avanzar en una ley del tercer sector. Lo hemos defendido aquí en sede parlamentaria con una proposición no de ley hace muy poco. Nos gustaría que el PP se posesionara en este sentido. Hace dos años me pareció entender que pensaban impulsar una ley del tercer sector, pero, hoy por hoy, es invisible.

En cuanto a su propuesta de promover formas de capital riesgo, señor Campuzano, no quiero dejar de comentarle algunos aspectos y voy a ir muy deprisa. Esta idea no nos gusta. Las empresas de capital


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riesgo tienen como lógica de inversión en sectores productivos, arriesgan su capital y esperan retornos económicos inmediatos a recuperar en un corto periodo de tiempo, tres, cuatro o cinco años. Por el contrario, las entidades sociales no son mercado en sentido estricto, algunas se acercan a los cuasi mercados, como dicen los ingleses; tienen márgenes minúsculos o no los tienen. Cualquier inversión en forma de capital riesgo, aunque sea social, tendría como objetivo el retorno económico para seguir invirtiendo en nuevas necesidades y proyectos. Francamente, a falta de estudiarlo con más profundidad, que por supuesto valdría la pena hacerlo, pensamos que existen mejores fórmulas para conseguir el mismo objetivo.

Lo mismo ocurre con su sugerencia de hacerlo a través de la empresa pública Enisa, no modifica la visión. La misión de Enisa es dar impulso a la creación, crecimiento y consolidación de pymes y emprendedores, con la participación directa del Estado durante un tiempo, pero con la filosofía empresarial de mercado y su lógica de obtención de beneficios. Por tanto, no es lo mismo; son modelos distintos. Proteger a las entidades sociales como un bien de la sociedad, señor Campuzano, forma parte del ideario de mi grupo, y creo que también del suyo y del resto de los grupos -no sé si todos-, pero el nuestro está decidido a preservar y fomentar su existencia y su crecimiento en un rol de complementariedad, insisto, no de sustitución, de ahí la necesidad de una ley. Esperamos que la toma en consideración de su propuesta facilite el debate democrático, porque lo cortés no quita lo valiente. El debate es imprescindible, del debate sale la creación y sale la respuesta y nos convertimos en más serios y la sociedad es también más fuerte, y es escaso en esta Cámara.

Para avanzar en el sentido último de su propuesta, queremos una sociedad autónoma, organizada y libre, y esto es bueno, porque una sociedad así es capaz de encontrar parte de las respuestas en su propio seno y esto contribuye a hacer más fuerte la sociedad. Pero, cuidadín, necesitamos que estas entidades prioritariamente se complementen con lo público y que su objetivo principal sea sobre todo el bienestar y la cohesión social.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Esteve.

Por el Grupo Popular, señora Méndez.

La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, esta proposición de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se registra en esta Cámara el día 7 de octubre. ¿Por qué digo esta fecha? Porque es importante, dado que muy poquitos días después, el día 16 de octubre, en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales se aprueba un texto transaccional a raíz de una PNL que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para proponer a esta Cámara un proyecto de ley general sobre el tercer sector. Esa proposición no de ley se enmienda tanto por el grupo proponente de Convergència i Unió como por nosotros y al final se aprueba un texto que dice lo siguiente: Se deberá instar al Gobierno de la nación para que, de acuerdo con los agentes sociales, las organizaciones del tercer sector y las fuerzas políticas, se realicen los trabajos para la elaboración y aprobación de una ley general del tercer sector que reconozca el papel del tercer sector de acción social como un actor clave en la defensa de los derechos sociales acorde con el marco competencial, que en esta materia corresponde al Estado.

Este sería un motivo más que suficiente para decirle al señor Campuzano que nuestro grupo no va a votar a favor de esta toma en consideración, de esta admisión a trámite, pero no es el único. Nos parece muchísimo más coherente, no diría elegante -en política se puede ser o no elegante, pero sí se tiene que ser riguroso-, y nos parece muchísimo más riguroso y coherente esperar a que se traiga ese texto y trabajar luego todos los grupos parlamentarios en el mismo. Además, sabemos y somos conscientes de que ya se está elaborando. Es decir, no solamente porque hayamos instado al Gobierno a que realice un texto o se trabaje en una ley para el tercer sector creemos que sea suficiente, sino que sabemos y somos conscientes de que se está trabajando y creo que también su señoría sabe que se está trabajando en la realización de una gran ley del tercer sector. Porque, además, no lo está haciendo el Gobierno en solitario, lo está haciendo con la plataforma del tercer sector en la Comisión para el diálogo civil que, como saben sus señorías, es una comisión que se crea por medio de una resolución de enero de este año. En esa Comisión para el diálogo civil están las entidades del tercer sector y existen una serie de funciones, entre las que se encuentra precisamente organizar todo tipo de debates de una manera permanente, flexible, con una interlocución entre el Gobierno y la plataforma del tercer sector para elaborar ese texto. Coincido, por tanto, con lo que ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Socialista, que un tema fundamental


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es esa ley, porque evidentemente no se puede instrumentar de una manera independiente un fondo o una financiación del tercer sector al margen de esa ley que además su señoría sabe que se va a traer a esta Cámara de forma inminente. La ministra Ana Mato ha manifestado la voluntad firme de hacerlo y además ha afirmado que la ley del tercer sector garantizará los apoyos presupuestarios del Estado a las entidades de acción social. Por lo tanto, en esa Comisión para el diálogo civil que se crea se cumplen unos objetivos compartidos entre el tercer sector y el Gobierno, como son la defensa de los derechos sociales y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones para evitar que determinados grupos de población más vulnerables queden excluidos socialmente. Como les he dicho, esta comisión también cumple uno de los objetivos que tiene el II Plan estratégico del tercer sector, que hace poquitos días se ha publicado, y es que precisamente las entidades del tercer sector tengan más incidencia en las decisiones políticas y precisamente este diálogo permanente hace que este objetivo se cumpla. Van a tener más participación, por lo tanto, van a ser más protagonistas de esas decisiones que con carácter político se realicen desde el Gobierno de la nación.

El tejido asociativo en España es muy rico y es heterogéneo, y las diferentes administraciones delegan y trabajan con estas organizaciones porque muchas veces les son imprescindibles para cumplir con su responsabilidad, que es garantizar los derechos sociales de todas las personas, sobre todo en épocas como estas. Son imprescindibles en las diferentes áreas -en discapacidad, en infancia, en exclusión, en pobreza, en integración- y así lo reconoce la Administración. Pero estas organizaciones, que llegan donde la Administración no lo hace, no son un brazo de la Administración, son organizaciones privadas que tienen su gestión privada, con autonomía propia cuyos principios son de solidaridad y de compromiso, y son organizaciones que -también se ha dicho aquí- crean riqueza no solamente en el ámbito social sino también en el ámbito puramente económico e incluso en el mercado laboral. Actualmente son casi medio millón las personas que están contratadas en estas entidades de carácter social.

Todos reconocemos su labor y de ahí la importancia de la defensa de sus reivindicaciones, no solamente de carácter político sino también de carácter financiero y presupuestario. ¿Pero cuál es realmente el problema de estas organizaciones, cuál es la reivindicación inminente? También se ha dicho por otros grupos parlamentarios, son las deudas que han contraído las diversas administraciones con estas entidades de carácter social. Ahora mismo, por un lado, tienen que redoblar sus esfuerzos y, por otro lado, les golpean día a día los impagos de muchas administraciones. Pues bien, este Gobierno ha tomado una serie de decisiones para poder pagarlas; en estos momentos las ONG están incluidas en el Plan de pago a proveedores con 686 millones de euros. Se recogen efectivamente en el primer tramo de la fase que empieza ahora y que va a terminar antes del 20 de diciembre; es decir, antes del 20 de diciembre las entidades de este sector que tengan facturas pendientes van a ver reconocidas y pagadas las deudas que se tenían con ellas. Señor Campuzano, me parece muy bien que ustedes traigan aquí estos discursos pero, a lo mejor, en lugar de tener duplicidades de embajadas antes habría que pagar a las ONG. ¿No le parece?

Es insostenible que las administraciones dejen de pagar a aquellos que les prestan servicios, pero lo es más cuando a quien se adeuda es a las organizaciones que se dedican a ayudar a los más vulnerables. Estas afirmaciones las hizo la ministra Ana Mato hace muy pocos meses cuando presentó junto con el presidente Rajoy este Plan de acción social en el que se le asignaban ni más ni menos que 3.000 millones de euros. Eran 1.000 millones de euros para transferencias a entidades que desarrollen proyectos de ayudas a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad; 687 millones de euros para las comunidades autónomas, 332 millones de otros para las entidades locales y en 1.986 millones de euros a los impagos de conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales. Pues bien, si a estos 3.000 millones les sumamos los 211 millones de las subvenciones del IRPF, son 3.211 millones que van destinados, por un lado, a ayudar a aquellas familias que están sufriendo los peores efectos de la crisis y, por otro lado, a aliviar la situación en la que se encuentran muchas organizaciones sociales por las deudas acumuladas.

Pues bien, usted pide, señor Campuzano, la creación de un nuevo fondo con un importe de 100 millones de euros. Este fondo no está contemplado evidentemente en el proyecto de presupuestos para 2014 y, en consecuencia, se produciría un incremento en nuevas dotaciones en estos presupuestos, lo que resulta incompatible con el objetivo marcado de estabilidad presupuestaria. A nosotros también nos gustaría tener más capacidad de gasto, señor Campuzano, pero lo que se gaste usted sabe que hay que pedirlo y ahora mismo estamos gastando en intereses de la deuda 37.000 millones de euros. Es imprescindible, por tanto, la lucha contra el déficit porque solamente así se puede hablar de recuperación


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económica y de creación de empleo, y usted sabe que la creación de empleo es la que va a sacar a personas de la pobreza, la que va evitar que caigan en situaciones de exclusión y, por otro lado, también van a reducirse los importes de la prestación por desempleo y se podría tener más dinero para, lógicamente, ser más ambiciosos en otros temas de carácter social. Lo que ahora mismo contempla el presupuesto de 2014 son las subvenciones del 0,7, que en 2013 han sido 211 millones, y también el Fondo español de garantía agraria, que es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, contempla 40 millones de euros destinados a un plan de ayuda alimentaria a los desfavorecidos. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

Finalmente, con respecto a lo que ya va incluido en la proposición de ley que usted plantea, me referiré a los recursos ociosos. Los recursos ociosos se están contemplando en el anteproyecto de reforma de la Ley de Arbitraje para modificar el artículo 956 del Código Civil y la Ley de patrimonio de las administraciones públicas, disponiendo que, una vez declarado al Estado heredero abintestato y realizada la liquidación de la herencia, las dos terceras partes de ese caudal relicto serán las que vayan a actividades de interés social. Por lo tanto, esto se sumará a las subvenciones del IRPF. No obstante, estas modificaciones o este tratamiento del régimen de los abintestatos se está recogiendo en ese anteproyecto de la ley de disposición voluntaria.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Señora Méndez, le ruego que concluya.

La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente, diciendo que hay algunos elementos de carácter técnico -ya lo han señalado también otros grupos parlamentarios- que no nos parecen adecuados por los objetivos que tienen estas empresas de responsabilidad social. Por lo tanto, creo que hemos fundamentado suficientemente que por motivos de oportunidad, de coherencia, de rigor y de seriedad es evidente que vamos a votar que no a la admisión a trámite de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Méndez.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EXTRA-BANCARIA. (Número de expediente 162/000705).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al tercer punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera con el objetivo de facilitar la intermediación financiera extrabancaria. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Garrido.

La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar esta proposición no de ley, que refleja nuestra preocupación por la financiación de las pymes en España. Desde el comienzo de la crisis las fuentes de financiación de estas empresas constituye una de las principales preocupaciones de cara a alcanzar la recuperación económica, ya que la falta de financiación constituye un límite sustancial a su crecimiento y, por lo tanto, a la generación de empleo. En España, durante la caótica fase expansiva de la economía, una de las características de las empresas ha sido su enorme dependencia del crédito bancario. Esto da como resultado que España sea uno de los países que mayor peso tiene de la financiación bancaria. Actualmente, el peso de financiación bancaria hacia las empresas está en un 80 %, frente al 50 % de Alemania o el 20 % de Estados Unidos, situación, por lo tanto, anómala en relación con los países que nos rodean.

Las causas podemos encontrarlas en varios factores. En primer lugar, años de tipos de interés extraordinariamente bajos que provocaron que la empresa se acostumbrara a financiarlo todo con deuda bancaria. También influye la propia estructura económica de nuestro país, con un peso muy fuerte de las pymes, fundamentalmente de las pequeñas empresas, que tienen reticencia a pagar los costes fijos que supondría acudir a la financiación alternativa, además, actualmente el proceso es caro. Por otro lado,


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existe un falso temor a la pérdida de control de la empresa si se acude a la financiación alternativa. Recientemente, la autoridad bancaria europea ha desarrollado un estudio sobre la problemática de la financiación de las pymes en el entorno del euro y concluye que las fuentes alternativas de financiación para la pequeña empresa son una tarea enormemente difícil, pero que, en cambio, los mercados de capitales son una alternativa viable para las medianas empresas. Ante la situación de crisis el Gobierno ha reforzado todos los instrumentos de financiación pública con medidas concretas: Fondo de financiación de pago a proveedores, líneas de mediación ICO, mientras que en el ámbito europeo el Banco Europeo de Inversiones ha reforzado la financiación de pymes y autónomos. Pero, señorías, la solución no es que los contribuyentes españoles financien a las pymes a través de instituciones públicas, sino que sean los inversores particulares los que financien a particulares porque creen en la viabilidad del proyecto que esté llevando a cabo una empresa. Fundamentalmente por estas razones, pero también por el compromiso con nuestros socios europeos, se están estableciendo condiciones y reformas tendentes a favorecer, a facilitar la financiación alternativa a la banca. Todo sigue un proceso, señorías.

Con la crisis financiera, el modelo español se ha mostrado peligroso e insostenible debido precisamente a esta dependencia, diría que desproporcionada, de la actividad empresarial respecto del sistema bancario. El primer y primordial paso ha sido el saneamiento y restructuración del sistema financiero para garantizar la seguridad de los depósitos. Esta reforma estructural, unida al resto de las llevadas a cabo, ha conformado un cambio de patrón que está basado en la mejora de la competitividad, de la capacidad de autofinanciación y un mayor peso de las exportaciones. La economía, señorías, va hacia un marco muy diferente al que tenía antes de la crisis, con una menor dependencia de la demanda interna, del crédito bancario y del sector de la construcción. Somos conscientes de que el fomento de las fuentes de financiación alternativas va a encontrarse con serias dificultades; la relación que mantiene un empresario con la entidad financiera va a ser distinta de la que mantenga con los mercados. La relación del empresario con el banco es directa e incluso se puede tener una información y un trato confidencial informal para hablar de la situación patrimonial. El salto a los mercados, sin embargo, consiste en informar y comunicarse con los inversores en general y, en particular, con los inversores institucionales en términos de igualdad y libre acceso a la información. Es clave para ello la transparencia como medio de dar confianza.

La legislación contable está homologándose sin duda a la de nuestros socios europeos, pero nuestras empresas, especialmente las pymes, aún están desarrollando una cultura de la relación con los mercados financieros. Para lograr que la intermediación financiera se convierta en una real alternativa es necesario recuperar la confianza perdida por los últimos acontecimientos. Este hecho, unido a las necesidades que va a generar la generalización de la financiación no bancaria, nos lleva a repensar tanto los sistemas de control contable de las empresas como su gobierno corporativo, así como los registros, que dan fe de las propiedades y deudas que tienen las empresas. También consideramos esencial exigir responsabilidades a los auditores sobre la entidad que los supervisa. Sin duda, inversores y empresarios van a ser los que configuren nuestros mercados de capitales, por lo que deben reunirse, deben ponerse de acuerdo sobre cuáles deben ser los niveles de transparencia para llegar a tener unos mercados financieros vibrantes y estables. Sin duda, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de Registros y de Notariado, el ICAC, empresas y agentes del sector financiero deben liderar el esfuerzo de mejora de la infraestructura que facilite esta desintermediación. Por eso, señorías, el momento actual, cuando se está recuperando de nuevo la confianza de los mercados, creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que es el adecuado para instar al Gobierno a que fomente la creación de un marco de utilización conveniente de fuentes de financiación no bancaria; con ello me estoy refiriendo a los business angels, capital riesgo, capital semilla, la potenciación -como dirá el Grupo Socialista después, pues así lo especifica en su enmienda- del mercado alternativo bursátil, del mercado alternativo de renta fija. La nueva ley financiera de seguro incidirá en la diversificación de fuentes de financiación para las pymes que facilitará el cambio futuro en su estructura de capital y financiación.

Termino, presidente, indicando que se han presentado dos enmiendas y estamos haciendo una transacción con la presentada por el Grupo Socialista; vamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo. Señorías, finalizo diciendo que el objetivo perseguido, que espero compartan, es que las pymes, auténtico motor de la economía de un país, consiga la financiación necesaria y adecuada con menos dependencia de la banca. La promoción de fuentes alternativas de financiación es otro de los movimientos clave dirigidos a la financiación de las pymes, pero nos va a permitir conseguir nuestro objetivo principal: la creación de empleo.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Garrido.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida y Alternativa, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado Joan Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidente.

(Comienza su intervención en catalán.-Aplausos). El Grupo Popular nos presenta hoy una curiosa proposición no de ley, curiosa porque pretende una cosa y luego nos plantea otra. Se nos propone generar un marco de diálogo, tendente a mejorar la calidad de la información contable de las empresas, así como mejorar la regulación y supervisión pública y una mayor exigencia de la actividad de las empresas auditoras. Es evidente que nadie puede estar en contra de esos dos objetivos. Los problemas surgen cuando ustedes explicitan bien claramente que este objetivo es absolutamente instrumental, que en el fondo no se trata de mejorar la transparencia de estas entidades, de estas empresas, sino mejorar y generar un marco legislativo que permita dar más garantías para que crezca el sector de la intermediación financiera extrabancaria. Es evidente que España tiene uno de los sectores de intermediación financiera extrabancaria menos desarrollados. Sin duda están superestudiadas sus razones, pero me temo que el problema en estos momentos no es ese; el problema hoy en relación con la financiación de las empresas es otro mucho más grave, y ustedes no pueden desviar la atención. El problema es que desgraciadamente, a pesar de haber destinado más del 5 % del PIB a ayudas a la salvación de las entidades financieras -43.000 millones ya se consideran perdidos, y los van a financiar los españoles con sus impuestos-, a pesar de ello el crédito no llega a las empresas; sobre todo -lo que es peor-, hoy ya es una evidencia, y así se constata y se asume, que las entidades financieras están utilizando los recursos públicos no para garantizar el crédito a las empresas sino para capitalizarse y, al mismo tiempo, en algunos casos incluso repartir dividendos.

Cada vez la situación de esas entidades financieras es más débil porque en el fondo no se cierra la hemorragia de la morosidad, que en estos momentos está llegando al 13 % ya, que está directamente vinculada a las políticas de ajustes tan injustos como suicidas. Escuchen, miembros del Grupo Popular, escuche el Gobierno: por mucho que se continúe dando ayudas públicas a las entidades financieras, si no se evita ese círculo vicioso de morosidad sin duda sus cuentas de resultados se van a ver afectadas, pero sobre todo lo que se va a ver afectada es la falta de financiación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Me temo que su propuesta quiera suponer simplemente un parche para resolver estas carencias, y lo hacen no para no garantizar el crédito a las empresas sino mucho me temo que para facilitar otra línea de negocio a fondos de inversión, entidades aseguradoras y fondos de pensiones. Para ello, sin duda, quieren garantizar la rentabilidad de esas inversiones, que esas inversiones se hagan en un marco de seguridad jurídica; es obvio. En eso podríamos estar todos de acuerdo, sin seguridad jurídica no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento económico; pero permítanme que les diga que esa idea de intentar resolver la financiación de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, buscando mecanismos de financiación extrabancaria topa con un problema. Hoy nuestro principal problema lo tienen las pymes, y ellas -mucho me temo- no están en condiciones de acceder a esos mecanismos extrabancarios, que son exigentes y muy probablemente no puedan cumplir los requisitos que se desprendan de las ideas que ustedes están planteando en estos momentos. Son ya muchas las empresas que en la actualidad están diciendo que tienen que cerrar por falta de esos mecanismos de financiación. Lo que debe hacer el Gobierno, sin duda, no es buscar sucedáneos ni placebos a la falta de funcionamiento del sistema financiero de este país. Debe exigir a las entidades financieras que cumplan su función social; teóricamente para eso se les insufló dinero público. Deben aprovecharse también esos recursos y la intervención del FROB, en este caso, para permitir la creación de un sector financiero público más sólido que posibilite luchar contra los riesgos de oligopolización que se están produciendo ya en nuestro país; y, por supuesto, deben utilizarse los mecanismos actuales de funcionamiento del ICO. Recuerden, señores del Grupo Popular, que hasta septiembre ha prestado un 21 % menos de recursos que en el mismo periodo del año anterior, 2012. En ese sentido no podemos discrepar de su propuesta, facilitar unos mejores mecanismos de contabilidad y unas mejores garantías en el funcionamiento de las actividades auditoras nos parece correcto, pero nos permitimos dudar de que su fin sea el adecuado. Estaremos a la espera de ver cuál es la enmienda transaccional. He visto que el Grupo Popular quiere transaccionarla con el Grupo Socialista. Supongo que las propuestas que les hemos planteado no por modestas deberían ser rechazables.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Coscubiela.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado don Pedro Muñoz.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular -permítame que se lo diga, señora portavoz del Grupo Popular-, que no es más que un brindis al sol por su parte: Lógicamente, nadie debería estar en contra de iniciar ese proceso de diálogo, pero ya tiene su aquel que nos reunamos en el Pleno un martes por la tarde para instar al Gobierno a aquello que el Gobierno les dice a ustedes que le digan aquí que tienen que instarle. Parece que es un contrasentido que dediquemos la tarde, que ocupemos nuestro tiempo en iniciativas de este tipo, brindis al sol, que no tienen mayor contenido que aquello que debería hacerse de la propia iniciativa del Gobierno, porque lo que hay es un problema relativo a la financiación extrabancaria especialmente de las pymes españolas.

El origen de esta situación viene de una fragmentación de los mercados financieros. Afecta mucho más a aquellos países que han sufrido crisis de deuda soberana, y desde luego nosotros entendemos que a nuestro país especialmente. Creemos que es necesaria esta regulación, es verdad -hay que hacerla, no hay que decir que se haga-, y hay unas razones que a ello nos llevan. En primer lugar, tenemos un sistema bancario español que continúa con un proceso de desapalancamiento; en segundo lugar, nos encontramos en una Unión Europea en la que los mercados están fragmentados. A ello se añade la regulación Basilea III. Hay países como España donde la situación es especialmente conflictiva por el mayor peso de la financiación bancaria en nuestras empresas con relación a otros países de la Unión. Incluso está el propio memorándum de entendimiento, que estableció en el apartado 27 que es necesario que España desarrolle estos mecanismos de financiación no bancaria. Nuestras pymes tienen un tamaño menor de promedio que otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, por lo tanto, requieren que su regulación sea especialmente cuidadosa. Tampoco nos encontramos con unos inversores institucionales que estén especialmente acostumbrados a tratar con este tipo de cuestiones, y desde luego pensamos que esta regulación, como digo, es fundamental.

Esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular no va a llevar más que a una enmienda que nosotros hemos planteado. Espero que esa transacción acabe fructificando al menos en alguno de los dos asuntos que nosotros planteamos y a los que me referiré, porque si no desde luego esto no va a ser más que una iniciativa vacua del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros hemos planteado una enmienda que tiene dos bloques, el primero de los cuales pretende que se adopten las medidas necesarias para desarrollar de manera decidida la intermediación financiera no bancaria a través de nuevos incentivos, al menos de carácter transitorio, que den un impulso inicial a mercados alternativos (mercado alternativo bursátil, mercado alternativo de renta fija, fondo de capital riesgo). En definitiva, ese es el primer punto de nuestra enmienda. Los otros tienen que ver con algo que para nosotros es fundamental, y a lo que se ha referido algún otro portavoz interviniente y también enmendante. Los otros puntos tienen que ver con la utilización del ICO como verdadero banco público de inversión. Si no hemos alcanzado un acuerdo, eso no tiene más causa que algunas otras iniciativas que se presentaron en la Comisión de Economía sobre este tema y que también fueron rechazadas por su grupo. Por tanto, ahí la discrepancia es frontal, pero esperemos que al menos en la primera parte alcancemos ese acuerdo. Les anunciamos que en relación con la segunda, con la fundamentación del ICO como banca pública que fomente la inversión, volveremos a hacer iniciativas que nos parecen absolutamente necesarias.

El problema de la economía española es, efectivamente, que el crédito no fluye. Ya con la primera medida de reestructuración del sistema financiero el ministro De Guindos compareció en el Parlamento y dijo que la reestructuración financiera solo tenía sentido -aparte de para el saneamiento del sector financiero- si con ello se conseguía que el crédito fluyese a las familias y a las empresas. Pues bien, no es el Grupo Socialista el que les dice que eso no se ha conseguido, sino que lo señala el último informe de la Comisión, del Banco Central, del Fondo Monetario, de la denostada troika. Los informes del Banco de España nos dicen que es necesario que el flujo de financiación se instaure a la vez que continúa el proceso de desapalancamiento de nuestro sector financiero. Por tanto, vamos a proponer y a llegar a esa transacción con el Grupo Parlamentario Popular para que al menos la primera parte de nuestra enmienda convierta esta iniciativa en algo que no sea simplemente, como digo, un brindis al sol, sino que tenga un mandato concreto al Gobierno para que regule aquello que nos parece que es importante: que las pymes,


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que las empresas puedan acudir a un sistema de financiación extrabancaria, porque en estos momentos está absolutamente cercenado. Desde luego, si solo lo dejamos con esa imploración para que se haga una iniciativa que tenga únicamente que ver con que se inicien los estudios, no vamos a conseguir nada.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Muñoz.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular trae una proposición no de ley sobre un tema muy importante, la disminución del crédito en España. Tal vez este enunciado sorprenda a sus señorías porque, escuchando el discurso del Gobierno, parecería que el crédito está fluyendo, pero nada más lejos de la realidad. No lo dice este partido, poniendo palos en la rueda de la recuperación, sino que toda una batería de datos oficiales, españoles e internacionales, van en esa dirección. Hemos conocido en los últimos días o semanas datos del Banco de España que nos indican que el crédito a familias y empresas se está contrayendo al 8 %, una tasa muy significativa. La morosidad está en el 12,6 %, el valor más alto de toda la serie, que empieza en el año 1962. No solo son organismos españoles. El Banco Central Europeo elabora una encuesta semestral de acceso a la financiación. En ella nos encontramos con que las pymes españolas están en la peor situación de Europa tras las griegas y que una de cada dos no logra el acceso a la financiación que considera necesaria, la mitad; el 23 % considera que la falta de financiación es su principal problema y el 58 % ha visto empeorar las condiciones de acceso al crédito recientemente, en forma de más altos tipos de interés, más comisiones o mayores garantías, a menudo la vivienda habitual del empresario. La troika, una de las pocas voces que ustedes escuchan, afirmaba hace poco que la falta de crédito lastra la recuperación y la OCDE señalaba qué parte de la falta de crédito a las empresas tiene que ver con que la financiación se dirige a la compra de deuda pública. Esto es interesante, porque nos indica que el problema de la financiación no es ajeno a las políticas del Gobierno. El déficit público, el incremento de la deuda, absorbe buena parte de esa financiación y ustedes hicieron una reestructuración bancaria en la que se exigía más capital respecto a los créditos; eso se puede lograr aumentando el capital o disminuyendo el crédito, que es lo que está sucediendo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Frente a este problema son múltiples las vías de solución, y nuestro grupo las ha propuesto en diferentes iniciativas (proposiciones no de ley y enmiendas a diferentes leyes); otros portavoces las han citado. El ICO ha disminuido sus créditos en lo que va de año en un 21 % respecto al año anterior; sus líneas no están funcionando y habría posibilidad de crear nuevas líneas de microfinanciación o de descuento de facturas. ¿Por qué no se hace? La banca nacionalizada no solo no está aumentando el crédito, es la que más está disminuyendo el crédito. ¿No hay posibilidad de que actúe al menos manteniendo los niveles, dado que está en manos públicas? Nada se hace al respecto. Es cierto que sería necesaria también una actuación a nivel europeo, del Banco Central Europeo con políticas similares a las del Banco de Inglaterra, estimulando la financiación mejorando las condiciones financieras de las entidades que diesen más crédito, pero hay políticas que están en manos domésticas y no se hace nada al respecto. También existe la posibilidad de aumentar la financiación no bancaria, en la que hay una falta de financiación, a través del capital riesgo.

En este contexto yo calificaría su proposición no de ley como el modelo de lavado de conciencia. Hay un problema grave; no se hace nada de lo importante que se podría hacer y se trae una iniciativa para mostrar interés sobre la cuestión, pero no con ánimo de resolverla sino de mostrar preocupación, de mostrar interés. En esta medida no hay nada de lo anterior, nada que tenga que ver con el ICO, nada que tenga que ver con la banca pública; solo nos traen una cosa muy etérea, lanzar un proceso de diálogo. Ni siquiera es una medida concreta; se trata de lanzar un proceso de diálogo, y con un objetivo, que al final las pymes cumplan nuevos requisitos contables, de forma que los inversores se fíen más de ellas y tengan más fácil acceso a esa financiación no bancaria. No creemos que esta sea una buena idea, porque estos nuevos requisitos van a suponer un mayor coste a estas pymes a la hora de cumplir con esos criterios; y en España hay un problema previo, que las grandes empresas tienen requisitos muy estrictos y los inversores no creen en su cumplimiento, después de lo que ha sucedido en las cajas o en Pescanova. Por cierto, esto tampoco es ajeno a las políticas del Gobierno; tiene que ver con la falta de independencia de los reguladores y supervisores (la CNMV, el Banco de España), y ustedes no solo no han mejorado esa independencia sino que la han empeorado (CNMC, autoridad fiscal, y esta tarde Consejo General del Poder Judicial).


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En conclusión, si ustedes quieren guardar las apariencias con su cupo de iniciativas, son muy libres, pero no confundan a la sociedad aparentando que con este lavado de conciencia se está solventando un problema que no se va a solucionar con lo que aquí nos traen. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo,

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señor presidente.

En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera con el objetivo de facilitar la intermediación financiera extrabancaria, quiero hacer dos consideraciones iniciales. En la primera, relacionada con la calidad de la información y la transparencia, creemos que el contenido de esta iniciativa se adecua a las necesidades de una mayor transparencia y una mejor regulación y supervisión, que ha puesto de manifiesto también la crisis financiera internacional. En la segunda, en relación con la financiación, quiero resaltar una vez más que la financiación o el acceso a la misma y al crédito es determinante en clave de crecimiento y de viabilidad, y cómo la restricción al crédito y la falta de financiación bancaria o extrabancaria han sido y continúan siendo un factor determinante de la crisis, además de un freno a la reactivación y al crecimiento, que especialmente afecta a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Por ello, señorías, toda medida que permita facilitar el acceso a la financiación, a través en este caso de mejoras en la calidad y claridad de la información contable y financiera, y suponga a su vez una mejora en términos de regulación y supervisión, es valorada positivamente, y lo será, por el grupo que represento, siempre actuando sobre la base de la eficiencia y de la simplificación, que es lo que determinará que más transparencia no se asocie a mayores costes sino a mayor dinamismo económico.

Entendemos que el sentido de esta proposición es impulsar, desde el debate y el consenso entre los diversos agentes del sistema financiero y contable, una mayor transparencia y una mejora de la calidad de la información contable y financiera, que permita facilitar la intermediación financiera extrabancaria; que permita que la transparencia, la información y la simplificación sean instrumentos también al servicio de la financiación de las empresas que contribuyan a su mejor gestión; que permitan evaluarlas mejor y hacer un mejor seguimiento, además de redundar en positivo en las funciones de control y supervisión de los distintos organismos competentes. Se trata de dar más transparencia, más claridad y más simplificación al servicio de la financiación de nuestra economía, de una mejor gestión, de las mejoras en la actividad de control y de supervisión, así como de más colaboración y más coordinación en los circuitos de información que redunden en más actividad económica y en más confianza entre los agentes. Compartimos estos objetivos y estos principios que recoge la proposición no de ley. Los apoyamos, aun cuando nos parece que deberán concretarse los instrumentos o el marco para avanzar en este diálogo entre los distintos agentes que indica la proposición de ley. También será importante para nuestro grupo que en este marco de diálogo intervengan las distintas administraciones autonómicas a través de sus órganos competentes. Se ha avanzado en materia de transparencia. La Ley de Auditoría de Cuentas de julio de 2011 y el Real Decreto Legislativo 1517/2011 son un ejemplo; constituyeron una reforma legal del sector muy relevante y muy profunda, permitiendo disponer de un nuevo marco más completo, más estable y con mayor seguridad jurídica. Los objetivos de esta proposición no de ley hacen referencia, como decía, a la información financiera y contable y a la financiación. En este sentido hemos recordado lo que se hizo en 2011, cómo se avanzó en 2011 a través de la Ley de Auditoría de Cuentas. Si bien en los dos últimos años de legislatura se ha avanzado en la mejora de la información, la transparencia y la simplificación, hemos de avanzar más en términos de financiación y de acceso al crédito, que son factores -repito- que han sido determinantes en la recaída de la actividad económica y en términos de reactivación y de recuperación. Hemos de abordar reformas estructurales orientadas a Europa. La reforma del sistema financiero ha tenido y debe permitir esta reactivación, esta mayor fluidez del crédito hacia las empresas, especialmente hacia las pymes y los autónomos.

Presidente, señorías, repito que hemos ido avanzando en la transparencia y en la mejora de la calidad de los circuitos de información, y he puesto algunos ejemplos. Hemos de insistir y avanzar más en términos de financiación. En este sentido, nos referimos a los instrumentos de financiación extrabancarios (al mercado alternativo bursátil, al capital riesgo, a los business angels). Todos ellos son instrumentos que deben ser impulsados y responder de manera efectiva y real a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y del conjunto del sector. Hemos de insistir en el conjunto de instrumentos al servicio de la financiación, en su impulso real, en su impulso efectivo. En este sentido el grupo parlamentario que


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represento ha impulsado desde hace tiempo, y continuará haciéndolo, una serie de iniciativas y propuestas que van en la dirección de que estos sean instrumentos reales al servicio de la reactivación económica y de las pequeñas y medianas empresas.

Termino, presidente. Señorías, nuestro sistema bancario está siendo correctamente reordenado, pero es necesario insistir en estos instrumentos de financiación extrabancaria. Es necesario también impulsar todas aquellas mejoras que en términos de información contable y financiera faciliten el crédito y la financiación hacia la economía, el tejido productivo, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos; mejoras como las que se ofrecenen esta proposición no de ley que sean asumibles y no generen costes para los obligados, que faciliten el acceso al crédito y a la financiación extrabancaria y que, a su vez, establezcan nuevos requisitos de transparencia, tal y como es necesario y como marcan también las directrices europeas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Señora Garrido, a efectos de saber si su grupo acepta alguna de las enmiendas.

La señora GARRIDO VALENZUELA: Sí, señor presidente.

Hemos hecho una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, aceptamos que esa transacción se incorpore.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD. (Número de expediente 162/000753).

El señor PRESIDENTE: Vamos con la última proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la violencia de género en la juventud.

Cuando termine el debate de esta proposición no de ley procederemos a las votaciones de las proposiciones de ley y a las proposiciones no de ley. A continuación, entraremos en el punto de la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio de la vida militar.

Para defender esta proposición no de ley sobre la violencia de género en la juventud, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramírez.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la violencia de género no distingue a las mujeres en función de su clase social, su nivel educativo o económico ni por otras circunstancias personales o sociales de la víctima; solo atiende a su condición de mujer. Por ello, la edad tampoco mantiene a salvo de la violencia de género a ninguna joven ni el machismo es ajeno a los menores; ambos están presentes en la adolescencia y la juventud. Todos los datos e indicadores en materia de violencia de género alertan del aumento que en los últimos años está experimentando esta lacra entre la juventud de nuestro país. Es un fenómeno que responde a las mismas causas que la provocan entre sectores de población de mayor edad, aun cuando su manifestación y circunstancias tengan características particulares y propias de las relaciones que se entablan a esas edades y de los medios y canales que son utilizados por los jóvenes para relacionarse, mayoritariamente las tecnologías de la información y la comunicación. Año tras año se incrementa el número de jóvenes entre las denunciantes y disminuye la edad media de las víctimas, aun cuando en gran parte de los casos ni siquiera se formula denuncia pues muchas de ellas no son conscientes de que son víctimas de la violencia machista. Esto dificulta la posibilidad de atender y de intervenir; no solo aumenta el riesgo, agrava la situación de maltrato o se daña el desarrollo personal de la víctima, sino que nos aleja del objetivo de acabar con el terrorismo machista. Señorías, combatir la violencia de género entre nuestros jóvenes adquiere una relevancia estratégica como sociedad, no solo para poner fin al sufrimiento de las víctimas hoy sino para aspirar a que no haya víctimas mañana. Para ello hay que atajar las causas, el origen y la raíz de este drama que no es otro que el machismo, que genera la desigualdad y que puede terminar generando violencia.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el Gobierno, además de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia de género, debe ponerse manos a la obra y abordar esta realidad que concierne al presente y al futuro de nuestra sociedad con un plan integral específico para jóvenes. Además de poner en marcha el servicio de atención psicológica a los adolescentes, como tiene


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la Junta de Andalucía en un programa pionero a nivel nacional, e intervenir con los agresores, lo que resulta perentorio es trabajar en sensibilización y prevención. No hay mejor ámbito para trabajar la prevención que el educativo, desde el infantil hasta el final de la enseñanza obligatoria e incluso más allá, incorporando la formación en valores de igualdad. Porque para prevenir contra la violencia de género hay que formar en igualdad, justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno que ha eliminado primero los contenidos y luego la asignatura completa de Educación para la Ciudadanía.

La información no basta, hay que formar; formar para desaprender los estereotipos, para dejar de reproducir los roles sexistas que perpetúan la desigualdad y la violencia. Hay que enseñar a nuestros jóvenes a conectar sexismo y violencia de género y hay que fortalecer la capacitación del profesorado, hay que actuar con los padres y madres y hay que poder intervenir en lo local, lo contrario también, por cierto, de una reforma local que despoja a los ayuntamientos de la posibilidad de actuar en materia de igualdad y contra la violencia de género en el ámbito más cercano, en el municipio. No se puede concebir que se quiera anular la capacidad de una administración pública para actuar en estos temas.

Además de todo esto, o mejor, para poder hacer todo esto, antes el Gobierno, el Partido Popular, tiene que hacer otra cosa y es convertir la lucha contra la violencia de género en una cuestión de Estado. Sí, señorías, de Estado. Lástima que aquí tampoco hayan aprendido de la herencia socialista. Al contrario, van ustedes -y he puesto ejemplos- a contramano. Pocos recortes pueden repugnar más que los aplicados en la lucha contra la violencia de género. Desde 2011 el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la violencia de género se ha reducido casi un tercio, un 28 % menos, 8,5 millones de euros menos. ¿Y de verdad van a subirse aquí a justificar estos recortes en nombre de la crisis? ¿En serio creen que les cabe en el relato de la austeridad semejante medida?

En materia de igualdad, al 47 % de recortes hay que sumar medidas legislativas, contrarreformas con vocación de durar en el tiempo que están laminando la autonomía de las mujeres y con ellas lanzando un mensaje inverso, cuando no perverso, a la sociedad dificultando su libre sexualidad y su autonomía para decidir cuándo y cómo ser madre con una reforma del Código Penal que pone los pelos de punta, que supone un grave retroceso pues dinamita una ley que tampoco les gustó nunca como la de igualdad, la de violencia de género. Insisto, violencia de género. (Aplausos). Legislación en ámbitos como el de la justicia, el educativo. ¿Cómo se pueden presentar enmiendas para que en esta PNL se incorporen contenidos formativos en igualdad y pasado mañana votar una ley que se carga definitivamente la formación en valores de nuestros jóvenes? ¿Cómo es posible? (Aplausos).

Este es el problema de fondo, señorías, que este Gobierno entre otras cosas está provocando una auténtica involución en materia de igualdad en nuestro país. Y esto tiene consecuencias graves porque subyace un mensaje de resignación a las mujeres, de cierta comprensión social de que la desigualdad es la inercia natural de las cosas o una fatalidad. ¿No es para hacer de esto una cuestión de Estado? Tenemos un presidente del Gobierno que en dos años no ha hablado de este tema. No digo ya que dé una rueda de prensa, que sabemos que es alérgico, pero una declaración institucional, aunque sea sin preguntas... ¡por Dios! En honor a la verdad hay que decir que ayer puso un tuit en materia de violencia de género.

El 7 de octubre asesinaron a una joven de 14 años en un municipio de Lleida; 14 años. Dos días después la prensa recogía: El departamento de Ana Mato, preocupado por el aumento de casos de violencia machista entre menores, ultima un estudio que radiografíe la situación. El 19 de noviembre se presentaron esos estudios sobre violencia de género y juventud, los dos encargados en 2011, es decir, herencia socialista. Alguno de ellos, por cierto, terminado y presentado públicamente meses antes, es decir, que ante la alarma social se anuncian estudios por un Gobierno que no tiene otra cosa que ofrecer. Y en torno al 25 de noviembre se presentan en un acto público. Vamos, que el Gobierno ha querido salvar la cara en torno a esta fecha, pero, como dirían en mi tierra, se les tenía que poner la cara colorada. Sí, porque son incontables los datos que vienen alertando del repunte en violencia de género a edades tempranas. Ustedes se amparan en estudios ya realizados en lugar de ofrecer medidas y planes de acción. Bienvenido sea el interés por la investigación. Sabemos que no la quieren especialmente y no digamos ya la investigación feminista y de género. Pero léanse al menos las partes de las conclusiones si no se quieren leer los estudios enteros; aprendan, actúen en consecuencia, denle utilidad al trabajo de los investigadores e investigadoras.

Todos ellos precisamente les advierten de que la eliminación de estos contenidos educativos en igualdad está provocando una menor sensibilidad entre los jóvenes hacia la igualdad y la violencia y que eso refuerza el sexismo, que es la antesala de la violencia de género. Así lo hacen otros tantos estudios


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que existen y todos los que se hagan irán en esa dirección, en la dirección de reforzar esa formación y no debilitarla. Por tanto -y concluyo-, estamos ante una tarea inaplazable de la que depende nuestro presente como sociedad y nuestro futuro. Eso requiere redoblar esfuerzos, no escatimar recursos, atención constante, no bajar la guardia y sensibilidad, sí, pero sobre todo compromiso, rigor y determinación porque son muchos los siglos de ventaja que lleva instalado el patriarcado y la dominación sobre la mujer, la cultura de la sumisión en nuestra sociedad. Así que, señorías del Partido Popular y del Gobierno, déjense de excusas y pónganse a trabajar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Para defender las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, se celebraba ayer, 25 de noviembre, el Día internacional contra la violencia de género; una violencia que tiene como telón de fondo unas relaciones de poder desiguales, en las que a las mujeres se les asigna un papel de sumisión. Pero las mujeres no somos seres sumisos, somos seres humanos con las mismas necesidades y derechos que nuestros iguales, los varones. Por eso es necesario luchar contra una lacra que atenta contra todas las mujeres, pero no solo porque hayan fallecido en los últimos diez años más de 700 mujeres y 7 menores -5 de ellos, por cierto, este año- asesinados por sus parejas o padres, sino porque no podemos perder de vista ni un solo momento a esas miles y miles de mujeres que viven en situación de maltrato: algunas, pocas, visibilizadas, la gran mayoría siendo invisibles; unas con golpes que dejan huella física, otras con golpes que no se ven, y muchas, infinidad de ellas, con la voluntad de ser, de existir, anulada. Cuando una mujer es maltratada, todas las mujeres, siéntanlo así o no, somos maltratadas.

Esta PNL trata de la violencia de género en la juventud, en cómo está instalada en un tramo de edad y cómo se percibe y vive por nuestros y nuestras jóvenes. Los propios datos presentados por el Gobierno recientemente son alarmantes. Entre los jóvenes ha aumentado la violencia machista en más de un 30 %, pero lo que es más grave o peor es que no se percibe como tal hasta que la situación llega al límite, a veces sin posibilidades de solución y con desenlaces dramáticos, como varias de las muertes acaecidas en este mismo año. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Señorías, no podemos permanecer impasibles y ante esta situación nos tenemos que preguntar si las muchas medidas que se han aprobado en los grandes debates que hemos tenido en los últimos años están siendo útiles realmente, o incluso nos tenemos que preguntar si esas medidas que se han aprobado están realmente implantadas y actuando fundamentalmente desde el sector de la educación, si efectivamente lo que se establece en relación con este asunto en la Ley contra la violencia de género está aplicándose realmente en el sistema educativo. Por eso, hemos planteado una enmienda a la iniciativa relacionada con que todo lo que se haga desde el Gobierno del Estado tiene que estar coordinado con las comunidades autónomas, porque estas son las que tienen la gestión del sistema educativo y porque además es necesario implementar otras medidas, como también se reconoce en esta PNL o en la transaccional que la proponente nos acaba de pasar, que desde nuestro punto de vista son fundamentales.

Déjenme decirles -y finalizo, señor presidente- una cuestión. Hace muy pocos días fue rechazada en la Comisión de Igualdad una proposición no de ley de nuestro grupo. La razón fundamental fue que el grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Popular, se negaba a asumir la necesidad de que el Gobierno incremente las partidas de financiación presupuestarias para luchar contra la lacra de la violencia de género. Lamentamos que el Gobierno y el Grupo Popular no estén por esa labor, porque es esencial, y los datos así lo indican, para incrementar de manera fundamental medidas en el sistema educativo y garantizar que la educación en igualdad sea una realidad. Señorías, vamos a votar a favor de esta PNL, como votaremos a favor de la transaccional con el resto de los grupos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández.

Señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

El aumento desmesurado de delitos por violencia de género en jóvenes evidencia un fracaso inaceptable y afecta al futuro de nuestra sociedad. En todos los estudios que analizan la situación siempre se llega a la misma conclusión: la clave está en la educación. Efectivamente, no podemos quedarnos quietos observando cómo nuestros hijos reproducen estereotipos machistas y cómo la violencia contra las mujeres, en lugar de ir extinguiéndose con las nuevas generaciones, se propaga y se reproduce. Los datos son alarmantes: 1.007 casos desde 2007.

Si expertos y políticos coinciden en la necesidad de abordar desde la educación temprana esta problemática erradicando comportamientos sexistas y garantizando mecanismos de detección y reacción por parte de tutores y docentes, carece de todo sentido que estas medidas no se implementen porque deben formar parte del currículo escolar y deben existir protocolos de reacción para docentes y tutores. Pero, yo me pregunto: ¿qué sentido tiene dejar la educación de nuestros hijos en manos de una Iglesia católica que a menudo proyecta una imagen de la mujer sumisa que merece el maltrato y cuyo papel en la vida es cuidar al hombre? ¿Somos conscientes del elevado número de alumnos que cursan estudios en centros educativos cuya enseñanza religiosa se aparta muchas veces de la enseñanza en igualdad? ¿Qué sentido tiene volver a dejar en manos de la jerarquía eclesiástica las decisiones curriculares, como ha hecho este Gobierno? ¿Qué sentido tiene eliminar una asignatura que educa en la igualdad, como es Educación para la Ciudadanía, y permitir centros concertados que discriminan por sexos?

Lo dice el papa Francisco, que ha asegurado que sufre cuando ve que en la Iglesia y en las organizaciones eclesiales el papel de las mujeres se reduce solo a la servidumbre, mientras sus jerarcas se apartan a menudo de esta preocupación papal. La editorial Nuevo Inicio, una iniciativa directa del Arzobispado de Granada, ha editado el famoso libro titulado Cásate y sé sumisa, en el que por 16 euros se enseña obediencia leal y generosa, se enseña sumisión. Asimismo, el arzobispo de Granada dejó esta perla inmunda: Si una mujer aborta da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo.

El epicentro de la batalla por la igualdad está en la educación y la Lomce elimina los principios coeducadores de convivencia y no discriminación de educación en valores humanos. En nuestras manos está invertir en un futuro en igualdad o seguir alarmados ante los comportamientos machistas cuando ya es demasiado tarde, y los recortes de un 24 % de los Presupuestos Generales del Estado destinados a políticas de igualdad evidentemente no ayudan. Desde Compromís-Equo manifestamos nuestro voto a favor, sobre todo si se aceptan las enmiendas del Grupo Mixto.

Acabo diciendo que doy por defendida la otra enmienda del Grupo Mixto, la presentada por el señor Tardà, de Esquerra Republicana.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos y todas sabemos que la violencia de género mata cada año a cientos de mujeres, no solo aquí sino en todo el mundo, y hacemos declaraciones institucionales y demostramos nuestro malestar ante este tema, pero esto sigue ocurriendo, las mujeres siguen siendo asesinadas y las denuncias aumentan, sobre todo en la población más joven. Señorías, esto indica que algo estamos haciendo mal. En pleno siglo XXI, ahora que decimos que las mujeres somos más libres, que tenemos acceso a casi todo lo que queremos, hay miles de mujeres sufriendo en silencio y parece que las generaciones que nos siguen no traen este problema resuelto en sus genes. Algo hemos hecho mal, algo hay que solucionar.

Si alguna vez la sociedad supera esta lacra, lo hará gracias a la educación; una educación en igualdad de valores ayudaría a que las nuevas generaciones vivan las diferencias de una manera mucho más natural. Todos nacemos machos o hembras, pero es la sociedad la que nos hace hombres y mujeres y está en nuestras manos ser hombres y mujeres más iguales. Hay algo que no debemos olvidar; cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que el 50 % de la sociedad lleva siglos pisando al otro 50 %, y no olvidemos que es violencia de género que nuestras parejas nos peguen, pero también es violencia de género que nos obliguen a vivir esclavas de la talla 36 o que haya empresas que paguen menos a las mujeres, es violencia de género que ciertos señores quieran decidir sobre nuestro derecho reproductivo, y es violencia de género, por ejemplo, que recortemos y recortemos en contra de la libertad de las mujeres.


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Señorías, apoyaremos esta proposición porque creemos que la educación es la clave para que las cosas cambien, la educación necesita una reforma, pero una reforma hacia delante y no hacia atrás, como la que nos presenta el señor Wert. Hay que educar en la diversidad y en las diferencias del sexo y de la sexualidad, y enseñar que no es normal que nos peguen, que no tengan en cuenta nuestras opiniones o que nos hagan creer que no valemos nada. Hay que enseñar a las mujeres a valorarse y a los hombres a valorarlas, y si no hay una educación en igualdad dentro de veinte o treinta años vendrá una nueva generación y seguirá debatiendo lo mismo y en los mismos términos. Señorías, ya hemos tardado demasiado en buscar una solución a este problema.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la violencia machista sigue azotando de manera inaceptable nuestra sociedad y todo ello a pesar de los avances legislativos llevados a cabo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Por ello, y centrándonos en el desarrollo de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, de 2004, se hace imprescindible evaluar de manera sincera y crítica los aspectos de la ley que no se han desarrollado de manera completa o aquellos que la propia ley ni tan siquiera contemplaba, además de reconocer la falta de recursos económicos para desarrollarla en su conjunto. Tendremos que partir de que la ley no se ha dotado de mecanismos que aborden todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres. Es algo que desde Izquierda Unida, La Izquierda Plural ya reivindicamos y dijimos en su momento. Así, la norma trata de combatir de manera integral y transversal la violencia de género directa, sin contemplar la violencia estructural que sufren las mujeres. Creemos que debería incluir también la violencia económica o la violencia cultural que se ejerce de manera sutil y que supone un reto que desde los poderes públicos no se puede obviar si de verdad se quiere acabar desde la raíz con un problema de dimensiones ya insoportables.

El pasado día 24 otra mujer fue asesinada en Torrelaguna, y desde aquí y en nombre de La Izquierda Plural queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa. Cada mujer asesinada a manos de su maltratador es, señorías, un fracaso social y una vergüenza para cualquier sociedad que se quiera llamar democrática y avanzada. Ya son 45 mujeres las asesinadas en lo que va de año. Pero la violencia de género con resultado de muerte no deja de ser la punta del iceberg. Es la cara más cruel y dramática de lo que supone la violencia machista en todas sus dimensiones y, por tanto, creemos que mediante un pacto de Estado, que hemos reivindicado desde el principio, debemos implicar a todos los agentes sociales, culturales e institucionales, a los poderes públicos y a las administraciones, dotándose de todos los medios y la financiación necesaria, además de la firme determinación de erradicar esta lacra de manera definitiva y en todos sus aspectos.

Los últimos estudios y datos que hemos conocido sobre la violencia de género en jóvenes adolescentes tienen que servir de revulsivo para entender que algo está fallando, corresponsabilizando a toda la sociedad, pero desde luego responsabilizándonos desde los poderes públicos para erradicar esta lacra. La Ley integral contra la violencia de género debe ser revisada y dotada de los medios suficientes para que se potencien las medidas a adoptar a corto y medio plazo, pero también se tienen que desarrollar los aspectos preventivos, educativos y culturales que permitan la actuación en la lucha contra la violencia de género a largo plazo. A este respecto llama poderosamente la atención que las jóvenes víctimas de violencia no sean capaces de reconocer la situación en la que se encuentran y vivan la relación con el maltratador de manera confusa, sin saber detectar la situación de violencia en la que se encuentran inmersas. Por ello, creemos que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene que ser apoyada. No obstante, hemos incorporado una serie de enmiendas con el afán de contribuir a aportar soluciones de una manera integral y transversal. Compartimos el principio de que el mejor espacio para la educación en igualdad y contra la violencia de género debe ser el de las aulas y que estos valores de igualdad entre hombres y mujeres deben ser incorporados de manera efectiva en todas las etapas educativas, según dicta la Ley integral contra la violencia de género, y así hemos presentado una enmienda de adición al punto 1 de su proposición no de ley.

En el punto 2 sumamos a la formación adecuada y necesaria del profesorado la que debe dirigirse de manera específica a los padres y madres en el ámbito educativo, dotándoles de las herramientas metodológicas y los medios económicos necesarios para su actuación ante la violencia de género. Pero,


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partiendo de la base de que el ámbito educativo y familiar son fundamentales para la atención, prevención y asistencia integral a las víctimas menores, no podemos obviar el poderoso papel que juegan los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales y la televisión en el imaginario y en el desarrollo social y cultural de los y las jóvenes y las adolescentes, y por eso hemos planteado una enmienda que compromete al Gobierno para que tome de manera contundente y efectiva las medidas que atajen la proliferación de estereotipos sexistas y de dominación machista. La extraordinaria capacidad de influencia de los medios de comunicación de masas exige no solo la autorregulación y compromiso firme por parte de estos -que por supuesto lo necesitan para reducir y eliminar aquellos estereotipos sexistas y otros elementos que actúan como coadyuvantes en la reproducción de roles machistas-, sino también -así lo creemos desde La Izquierda Plural- un control externo público, que se haga desde las instituciones. Creemos que es imprescindible que se actúe decididamente ante aquellas conductas más laxas y permisivas con difusión de este tipo de contenidos que fomentan y perpetúan la discriminación por razones de género. Por ello creemos conveniente la creación de un comité evaluador que vigile el cumplimiento de estas normas y que en caso de constatar su violación sea ejecutivo y, por tanto, tenga la capacidad para instar y obligar a retirar este tipo de contenidos.

Por último, he de decir que el Grupo Parlamentario Socialista nos ha presentado una transacción que aun sin recoger íntegramente todas nuestras enmiendas, nosotros vamos a aceptar con el fin de contribuir a un acuerdo con el resto de grupos por la importancia que creemos merece esta proposición no de ley.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Ciuró tiene la palabra.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, entre los y las jóvenes de este país el machismo no es cosa del pasado -porque no podemos dar su existencia por erradicada- como tampoco vemos que aparezcan superados los estereotipos de género. Roles que deberían estar erradicados, como digo, persisten y se reproducen aun entre los y las jóvenes. Así resulta de los últimos estudios como, por ejemplo, el realizado por investigaciones de la Complutense de Madrid a instancias de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que ponen de manifiesto que la igualdad entre hombres y mujeres no es una batalla ganada tampoco entre las generaciones más jóvenes y que el máximo exponente de la desigualdad, que es la violencia de género entre los chicos y las chicas, persiste. Así, resulta escalofriante que un 8,4 % de las jóvenes aún crea que conviene no denunciar a tu pareja por el bien de tus hijos, que el 9,3 % considere que un hombre que parece agresivo es más atractivo y que un 11,7 % considere que está bien que los hombres salgan con muchas chicas pero no al revés.

Desde Convergència i Unió podríamos compartir -y de hecho compartimos la generalidad con el Grupo Socialista proponente de esta proposición- que la labor de las escuelas puede ser un instrumento esencial para la formación y la concienciación entre nuestros jóvenes de que la igualdad es libertad y que la libertad es democracia. Sin embargo, no compartiríamos el modo en que se pretenden transmitir estos valores ni consideramos que recuperar en cualquier caso la asignatura de Educación para la Ciudadanía fuese la fórmula de éxito ni tan siquiera una fórmula de éxito. Pero con la misma intensidad defendemos que se precisan más cambios estructurales para que la igualdad y la equidad entre las personas de ambos sexos sea una realidad.

De una primera lectura podría resultar que el grupo proponente plantease recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y matiza en el texto que no, que es recoger el espíritu y tratar los temas de violencia como allí se recogían. Nosotros entendemos que de recuperar la Educación para la Ciudadanía se conseguiría únicamente intentar de nuevo suplir mediante las asignaturas los déficits de la acción del Gobierno en materia de igualdad. Gobiernos estatales de uno y otro signo han considerado la política de igualdad como una mera asignatura de su acción de Gobierno en lugar de considerar esta materia estructural en su curriculum de Gobierno. La equidad de género y la igualdad de oportunidades no han sido vistas como auténticas estrategias de Estado al servicio de la preservación de los derechos fundamentales que entrañan en favor de una mayor competitividad y generación de riqueza y para apuntalar las bases del Estado de bienestar en beneficio de toda la ciudadanía. ¿De qué nos sirve -pregunto- recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía intramuros de las escuelas si extramuros, si fuera, a nuestros estudiantes les seguimos transmitiendo roles estereotipados a través de anuncios publicitarios en los media o seguimos tolerando la publicidad a través de medios públicos y privados de anuncios de prostitución? (El señor


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presidente ocupa la Presidencia). ¿De qué sirve, por ejemplo, recuperar la asignatura referida si nuestros jóvenes siguen asistiendo al hecho de que cuando son madres sus carreras profesionales se ven aparcadas en beneficio de la atención a los hijos, y que el fenómeno de la paternidad pocas responsabilidades de cuidado genera en el otro progenitor, por causa de unos permisos por nacimiento y adopción completamente desiguales? ¿De qué sirve, de nuevo, recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía si cuando salen a la calle ven lo que yo esta mañana: un autobús anunciando una feria llamada Bebés y mamás? (Rumores). ¿No sería mejor plantear una estrategia global en beneficio de la igualdad y la equidad donde a corto plazo ninguna norma supusiera en su aplicación...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Ciuró. Por favor, ruego silencio para que se oiga a la señora Ciuró. Continúe.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Como decía, remodelar y plantear estrategias globales en beneficio de la igualdad y la equidad a corto plazo para que ninguna norma supusiera en su aplicación una discriminación para las mujeres, chicas o niñas. ¿No sería mejor, y este es el sentido de nuestra primera enmienda, acompañar esta labor estructural, entre muchas otras actuaciones, de una formación de los profesionales docentes y de todo el personal que forma la comunidad educativa, de apoyos pedagógicos prácticos, de claves para identificar, prevenir y atender eventuales casos de relaciones abusivas entre los menores? De hecho, plantear acciones de apoyo a todo el personal docente y la comunidad educativa es el sentido de nuestra enmienda primera, en la línea de las actuaciones que el Gobierno de Cataluña ya ha iniciado en esta materia y a favor de las cuales solicitamos también que se apoyen presupuestariamente estos esfuerzos, porque ganamos todos. Esta que planteamos la reconocemos como una acción concreta, puntual y específica. Otro sentido de nuestra enmienda sería abordar la cuestión de que pocas políticas se hacen en beneficio de la igualdad cuando, como sucede por ejemplo actualmente con el reciente barrido en la ley de racionalización de la Administración local de todas las competencias que en materia de igualdad tienen los ayuntamientos, por una mal enfocada política economicista o con la no implementación de parte de ambos Gobiernos de las cuatro semanas del permiso de paternidad previsto en la Ley de Igualdad de 2007. En definitiva, con nuestra enmienda primera pretendemos que las políticas dirigidas a nuestros jóvenes en materia de igualdad estén desprovistas de tinte ideológico, y que su mantenimiento en el tiempo durase, y no solo en función de lo que dura un gobierno.

La segunda enmienda que proponemos, para ir terminando, sería de adición en el último punto, y va dirigida a que se tenga en cuenta una realidad que no es otra que reconocer que las relaciones con miembros del otro sexo cada vez con mayor frecuencia se inician y se alimentan a través de las redes sociales, por lo que las tecnologías de la información y la comunicación son elementos que han venido para quedarse en nuestra sociedad, y su uso, además de enormes ventajas, está evidenciando nuevas formas de control y de manipulación. Este aspecto no venía contemplado en la proposición presentada y lo consideramos de enorme importancia, dado el extenso e intenso uso de estas formas de relación entre los y las jóvenes. Las redes sociales permiten controlar en tiempo real si la persona está o no conectada en un determinado momento o saber cuál fue su última hora de conexión; permiten el envío de fotografías o conversaciones enteras cuya difusión puede comprometer a sus protagonistas. Algunas chicas cuentan que sus novios les leen los mensajes del móvil o el correo para saber con quién mantienen contacto, y algunas incluso apuntan que su pareja les ha pedido una videollamada para saber dónde y con quién están, o que les envíen un localizador como prueba de amor, dicen. En definitiva, si bien es cierto que los beneficios y los reales riesgos de las tecnologías de la información y comunicación lo son para todas las personas usuarias, no es menos cierto que deberíamos ocuparnos de la incidencia que un mal uso de las mismas tiene en la población más joven. Quiero recordar que una foto inapropiada, un comentario inapropiado, pueden incluso condicionar las posibilidades profesionales y públicas de esa persona el día de mañana.

Para terminar quiero decirles, señorías, que vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley, puesto que han sido aceptadas buena parte de nuestras enmiendas, se han transaccionado en cuanto a sus contenidos esenciales, y además en beneficio del consenso que entendemos que deberían generar estas cuestiones en la Cámara tendrá el apoyo de Convergència i Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular y para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora Lago.


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La señora LAGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, a lo largo de su vida siete de cada diez mujeres en el mundo sufrirán algún tipo de violencia física o sexual. En España desde el 1 de enero de 2003 hasta noviembre de 2013 ha habido más de setecientas víctimas mortales. Aprovecho la oportunidad que me brinda esta intervención para enviar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, un mensaje de esperanza a todas aquellas mujeres que siguen sufriendo, y para recordarles que en esta lucha tan dura no están solas. (Aplausos).

Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos la preocupación planteada en esta proposición no de ley por el Grupo Socialista, la incidencia de la violencia de género en la juventud, tanto es así que aprovechamos para decirles que nos alegramos de este gran paso que acaban de dar reconociendo a los menores, sí, menores, como víctimas de violencia de género, ya que, como seguro recordarán, mientras sostenían el Gobierno del país se negaron a modificar la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, a sabiendas de que dejaba fuera una parte importantísima de las víctimas, los jóvenes, los menores. Teniendo en cuenta las características del tema que nos ocupa desde mi grupo parlamentario analizamos esta proposición no de ley con el espíritu de intentar llegar a un acuerdo, puesto que consideramos que la violencia de género es un tema crucial, en el que es preciso trabajar dejando a un lado diferencias de criterio, de carácter partidista, y mostrarnos todos unidos en su total rechazo y el absoluto apoyo a las víctimas.

Empezaremos diciéndoles que compartimos con ustedes que la educación tiene un papel muy importante a la hora de proporcionar herramientas que nos ayuden a erradicar la violencia de género en edades tempranas. En la exposición de motivos de su proposición no de ley dicen, textualmente, que todos los datos e indicadores en materia de violencia de género alertan del aumento que en los últimos años está experimentando entre la juventud de nuestro país esta lacra. Señora Rodríguez, estará de acuerdo entonces en que si en los últimos años los datos son cada vez peores, los objetivos marcados con la asignatura de Educación para la Ciudadanía no se alcanzaron, y por lo tanto cuando algo no funciona hay que mejorarlo, si es posible, y si no cambiarlo. (Aplausos). También y con todo el respeto querría decirle que me parece algo incoherente que su grupo se muestre primero absolutamente contrario a la propuesta de la ley educativa en esta materia, criticándola, y no proponiendo alternativas a sus contenidos, y después presenten una proposición no de ley para que el Gobierno ponga en marcha lo que ya está recogido en la propuesta legislativa actual. Por ello creo necesario recordarles que en el proyecto educativo queda constancia de la necesidad de educar en valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y las medidas educativas para prevención de la violencia de género, y así se demuestra al hacerse referencia explícita en varias disposiciones del mencionado proyecto. Me permito también recordarle que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentra trabajando en el plan de convivencia y derechos humanos, destacando especialmente las medidas que se refieren al derecho a la educación y los principios de igualdad y no discriminación, con el objetivo de formar a personas autónomas, críticas y con pensamiento propio, favoreciendo una sociedad más justa. Es evidente que es imprescindible conocer en profundidad para poder prevenir y erradicar. Por ello el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acaba de presentar la pasada semana dos estudios que reflejan la realidad que estamos viviendo, dos estudios de los que se extraen conclusiones como que para nuestros jóvenes las nuevas tecnologías tienen mucha importancia en sus relaciones, y por ello se observa un aumento en el tiempo que dedican a Internet para comunicarse, sin percibir el riesgo que plantean algunas conductas a través de Internet o el móvil. Ante esta realidad el Gobierno plantea una gran batería de acciones que van incluidas en su estrategia nacional contra la violencia de género que acabamos de presentar, la nueva campaña de Hay salida, el teléfono de atención 016 y su potenciación on line, así como la aplicación de móviles libres.

Todo lo expuesto hasta aquí indica con meridiana claridad lo próximos que estamos en cuanto a la definición del problema, sus causas y sus posibles soluciones. Estamos de acuerdo en que es absolutamente imprescindible reforzar la colaboración con las administraciones autonómicas y locales, y muy particularmente continuar avanzando y redoblando esfuerzos en materia de prevención y de intervención en el ámbito escolar, en colaboración con los consejos escolares y con la totalidad del profesorado y de las familias. También querría resaltar que la redacción del proyecto de ley de mejora educativa, pese a lo que usted dice, señora Rodríguez, garantiza en el currículo de las enseñanzas que se contemple el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género. Asimismo uno de los objetivos fundamentales de la estrategia nacional es precisamente alcanzar el objetivo del público más joven a través de la campaña Hay salida.


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Señores, finalizo ya recordándoles que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que todos los esfuerzos son pocos mientras exista una sola víctima de violencia de género, y quiero recordarles que en esta dura lucha necesita de cada uno de nosotros y nosotras para combatirla desde nuestras respectivas responsabilidades, como responsables políticos o simples ciudadanos. Por las mujeres víctimas, por sus hijos e hijas debemos hoy, que acabamos de conmemorar el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, hacer un esfuerzo para eliminar también toda cuestión partidista y llegar a un acuerdo, un acuerdo que permita visualizar el grado de implicación de todos los grupos parlamentarios en la eliminación de la violencia de género y en el apoyo a las víctimas. Por eso mi grupo parlamentario tiende la mano para llegar a un acuerdo en relación con esta proposición no de ley, a la que hemos presentado una enmienda que esperamos que cuente con el apoyo del grupo proponente. Ellas, las mujeres, sus hijos e hijas lo apreciarán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lago.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene al palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta una proposición no de ley sobre la violencia de género en la juventud. Evidentemente la importancia de la materia y la urgencia en solucionar las consecuencias de la misma es indudable, más aún cuando nos referimos a un núcleo de población delicado y fundamental. Por una parte, porque la juventud es el futuro, y el futuro estará marcado por lo que hoy aprendan, por lo que hoy reciban, y por lo que hoy conciban, es decir, por lo que vean en el presente. Y por otra, de la misma manera porque es un núcleo poblacional muy vulnerable, y si son mujeres y jóvenes todavía más, con las posibles consecuencias que ello pueda tener, problemas psicológicos, secuelas... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Agirretxea. ¡Por favor, no se puede oír al orador! Continúe.

El señor AGIRRETEXEA URRESTI: Esto de hablar el último casi hace que no se pueda oír ni uno mismo, pero bueno.

Decía que es la parte más vulnerable de la sociedad, y en el futuro, si esas personas, si esas mujeres han sido víctimas de violencia en su juventud, son casi, casi irreversibles muchas de las secuelas que puedan tener por lo que hayan recibido. Y en el caso del agresor lo mismo, porque en el momento en que no se eduque en su juventud en los valores fundamentales de convivencia, de derechos humanos, etcétera, no sabemos lo que después en su madurez pueda ejercer. Por tanto es el momento de educar en valores y la escuela es un ámbito fundamental para ello. Debemos educar para la prevención de la violencia contra las mujeres, sin duda alguna, para evitar la discriminación por orientación sexual, que es otra forma de violencia que se puede ejercer en los centros escolares en la juventud, y evidentemente para evitar el ejercicio de la violencia como consecuencia de esa discriminación que citaba. La violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres y contra toda persona que no responde a las expectativas sociales de lo que supone ser hombre o ser mujer, eso se ha dicho como violencia de género. Es la manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Un importante porcentaje de víctimas de la violencia de género y de agresores son muy jóvenes. Durante el año 2012 el 34 % de las mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja eran menores de treinta años. Si se trata de agresiones contra la libertad sexual las cifras indican claramente que cuanto más jóvenes las mujeres están más expuestas a sufrir este tipo de agresiones, ya que las menores de treinta años constituyen el 66 % del total de víctimas que han hecho pública la violencia vivida. Y respecto a los agresores en 2012 el 26 % de los denunciados por violencia de género ejercida contra su pareja o expareja eran menores de treinta años. Por tanto en el marco preventivo ha de tenerse en cuenta el sexismo como factor explicativo de los conflictos y del maltrato entre iguales en las aulas, porque estamos hablando de violencia de género que incluso se está produciendo en aulas, en gente muy joven. Existen microviolencias, existen modelos de relación y atracción, y en el marco de la detección precoz para la atención eficaz existen algunas situaciones y colectivos en los que esta detección precoz es aún más urgente, sobre todo en hijas e hijos de mujeres que han sido víctimas de violencia de


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género, en niñas que están en riesgo de mutilación genital en casos muy concretos, y en niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Dicho todo esto -me queda poco tiempo- quiero señalar que entendemos necesaria la propuesta que nos viene del Grupo Parlamentario Socialista, pero por desgracia también tenemos que ver que algunos ya la estamos ejerciendo. En el caso de Euskadi estamos ejerciendo todas las medidas que se plantean, por ejemplo tenemos un Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos decía que el Gobierno está trabajando para presentar una cosa así. Si tenemos que esperar a que el Gobierno lo haga, vamos buenos. Por lo tanto algunos ya lo estamos llevando a cabo y lo estamos ejerciendo en colaboración con Emakunde y con Eudel, que es la asociación de municipios vascos. ¿Qué dice básicamente este plan? Hay que buscar un modelo de coeducación donde los valores que se transmitan sean los valores fundamentales para que esos jóvenes a partir de la escuela puedan ejercer una vida en la que el maltrato, la discriminación, etcétera, desaparezcan de sus comportamientos vitales. Entendemos que la escuela es una base fundamental para el proyecto vital que puedan tener no solamente esas personas, sino también la sociedad que después salga de lo que esas personas puedan contribuir.

Para acabar -porque veo que se me está acabando el tiempo- quiero decir que en algunas comunidades como en Euskadi ya estamos llevando a cabo esto. Consideramos que entre otras cosas hay que parar esta lacra, y para ello tenemos programas como Isildu, el programa Nahiko, el programa Beldur Barik, que quiere decir sin miedo, y el programa Gizonduz, que pretende una iniciativa pionera para que los hombres contribuyamos a la igualdad en toda la sociedad y seamos partícipes en la misma. Apoyaremos esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque entre otras cosas recoge las enmiendas que otros han presentado, en las que la participación de las comunidades autónomas es fundamental, por lo menos la contribución que algunas están haciendo es básica. Por tanto, ya que se recogen en la misma apoyaremos esta iniciativa necesaria y fundamental. Ayer fue el Día internacional contra la violencia de género, y mientras estamos debatiendo esto solamente en mi comunidad hoy mismo ya ha habido tres agresiones sexuales; una desgracia a la que todos debemos hacer frente, y sobre todo educando a los jóvenes, que son el futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde nuestro punto de vista esta iniciativa socialista parte de un consenso instaurado en la sociedad, y por lo tanto si existe este consenso en la sociedad no debería ser difícil alcanzar un consenso político. Ese consenso se basa en la idea de que si para erradicar la violencia machista a cualquier edad hay que hacer sin duda un trabajo de carácter penal y punitivo, no es menos cierto que también hay que hacer un trabajo de carácter educativo. (Rumores). Sobre la base de esta idea mi grupo está de acuerdo en la iniciativa que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, si bien es verdad que cuando conozcamos en sus términos concretos la transacción que aún se está negociando manifestaremos el sentido de nuestro voto. Estamos de acuerdo en un principio tan básico como este, y creo que también estaríamos de acuerdo en que la dominación ancestral que refrenda la violencia de género y justifica la violencia contra las mujeres necesita muchas generaciones para conseguir ser cambiada; por eso mismo pensamos que es necesario incidir en la educación, como plantea esta iniciativa. (Rumores). La educación, por decirlo con las palabras que aplicaba Richard Dawkins a la teoría de la evolución de Darwin, respecto al ateísmo, significa una mejora de conciencia; la educación en igualdad es una necesidad democrática, es una liberación para muchas mujeres, y particularmente para las mujeres maltratadas que padecen este tipo de violencia, pero sobre todo es una mejora de conciencia respecto a sí mismas, respecto a lo que pueden esperar de la sociedad...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. ¡Por favor, guarden silencio! Continúe, señoría.

La señora LOZANO DOMINGO: Digo que es una mejora de conciencia respecto a lo que las mujeres maltratadas pueden esperar de la sociedad, de la vida, de los hombres, de sus relaciones de pareja. Una educación en igualdad cambiaría radicalmente esa percepción sobre lo que las mujeres pueden esperar. Pero también creemos que cambiaría la percepción de los hombres, igualmente atrapados en roles de


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género que en ocasiones perjudican su vida y les obligan a repetir patrones. Particularmente en el asunto de la violencia de género está bastante demostrado que cuando uno se ha criado en un hogar en el que se ha dado este tipo de violencia contra en este caso la madre de la familia tiene muchas más probabilidades de repetirlo en el futuro. Por eso es muy importante incidir en esa edad de la infancia y de la adolescencia en que los hábitos y la personalidad se están formando. Es esta sin ninguna duda la mejor edad para cambiar esos hábitos, porque hay patrones de carácter que se desarrollan a esa edad y que acarreamos el resto de nuestras vidas, como mapas con los que nos desenvolvemos en el mundo. Indudablemente se puede cambiar a cualquier edad, pero esta es una de las mejores edades en las que se pueden plantear cambios radicales en la educación, como los que se necesitan respecto a este asunto.

Sin embargo, a pesar de este consenso general, creemos que hay algunos errores en la manera en que se ha planteado este asunto por parte de la señora Rodríguez en esta tribuna. Creemos que es un error de enfoque trocear la igualdad. Desde el punto de vista de mi grupo la igualdad es un principio general que no se puede trocear. Respecto a la valoración que hace del empeoramiento de todos los parámetros que miden la violencia de género en la edad adolescente creo que sería necesario preguntarse, para aquilatar exactamente el fenómeno y para saber exactamente lo que está ocurriendo, no solo todo lo que ha hecho mal el Gobierno, que sin duda es mucho y nada más lejos de mí que querer defender a este Gobierno, sino cómo el aumento de la desigualdad general provoca un aumento de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. (Rumores). Porque en el fondo la desigualdad entre los hombres y las mujeres es un conjunto dentro del fenómeno de la desigualdad general, y cuando aumenta la desigualdad social y cuando aumenta la desigualdad territorial apenas puede sorprendernos que aumente la desigualdad general, la desigualdad entre hombres y mujeres -perdón; es difícil concentrarse con este ruido-. (Rumores). Decía que todas las desigualdades aumentan de forma pareja sin que necesariamente sea culpa del Gobierno no aplicar estos programas de igualdad de género. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, hablen en otros sitios. Aquí guarden silencio.

La señora LOZANO DOMINGO: Ya voy a terminar, presidente, porque hay muchas conversaciones particulares muy interesantes que no quiero seguir interrumpiendo.

Digo, por último, que quien piense que la violencia machista desaparecerá solamente con el paso del tiempo está equivocado. Desde luego tiene que pasar el tiempo, tienen que pasar probablemente muchas generaciones para que se consiga erradicar este fenómeno, pero tiene que pasar ese tiempo llevando a cabo las políticas públicas adecuadas. Es una inercia demasiado poderosa para que se pueda romper por sí sola. Los datos nos indican que cuando no se acometen las políticas adecuadas respecto a esta materia no solo no se avanza, sino que se retrocede, y los datos que revela el estudio del Ministerio de Igualdad que ha sido presentado estos días así lo revelan.

Han sido muchos los datos que se han invocado en esta tribuna por parte de todas las oradoras, y no me voy a detener en ellos porque sería incidir en lo mismo, pero es necesario tener en cuenta a la hora de valorar este empeoramiento que las relaciones afectivas y sexuales entre los jóvenes cada vez comienzan antes, pero sobre todo creo que a lo que estos datos nos obligan es a sentirnos interpelados por el fenómeno de la violencia de género, a sentirnos interpelados de cómo afecta a los jóvenes y a los adolescentes, y a ponernos a trabajar con urgencia para tratar de atajar este fenómeno cuanto antes mejor.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Señora Rodríguez, ¿qué me dice usted de las enmiendas presentadas?

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor presidente, hasta el momento se han incorporado a la enmienda transaccional todos los grupos, a excepción del PP. Quiero agradecerles a ellos su apoyo y a los que, no presentando enmiendas, aun también se han sumado. Le pediría cinco minutos más, si es posible, y si no lamentaríamos que el Partido Popular no considere que el esfuerzo del acuerdo merece la pena.

El señor PRESIDENTE: Cinco minutos desde luego va a tener. (Aplausos).

En el debate de la primera proposición del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martín Peré que ha presentado la iniciativa ha pedido a esta Presidencia que se proceda a la lectura de un texto que nos ha facilitado, y que ruego al secretario primero que lea.


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El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día 27 de agosto de 2013 ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.

Interpelación urgente al Gobierno sobre las responsabilidades políticas derivadas de las falsedades vertidas por el presidente en sede parlamentaria en relación con el escándalo de financiación ilegal del Partido Popular.

Acuerdo. Inadmitir a trámite por no adecuarse al objeto propio de las interpelaciones en los términos del artículo 181 del Reglamento del Congreso de los Diputados, dado que no versa sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, comunicándolo al autor de la iniciativa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2013.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.

Vamos a dar unos minutos y procederemos a votar. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELATIVA A LAS INTERPELACIONES DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (Número de expediente 410/000006).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar, proposición de ley del Grupo Socialista de reforma del Reglamento del Congreso relativa a las interpelaciones dirigidas al presidente del Gobierno. Se han emitido cinco votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 5 votos telemáticos, 324; a favor, 144, más 2 votos telemáticos, 146; en contra, 174, más 3 votos telemáticos, 177; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDADES SIN AFÁN DE LUCRO DEL TERCER SECTOR (FRETS). (Número de expediente 122/000118).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre creación del fondo para la reestructuración de entidades sin afán de lucro del tercer sector. Se han emitido cinco votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324, más 5 votos telemáticos, 329; a favor, 138, más 2 votos telemáticos, 140; en contra, 174, más 3 votos telemáticos, 177; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EXTRA-BANCARIA. (Número de expediente 162/000705).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, sobre medidas para la mejora de la calidad de la información contable y financiera, con el objetivo de facilitar la intermediación financiera


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extra-bancaria. Hay una enmienda transaccional con el Grupo Socialista. ¿Algún grupo se opone? (Pausa). Pues esa enmienda transaccional es la que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 310; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD. (Número de expediente 162/000753).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre la violencia de género en la juventud. Hay una enmienda transaccional que conocen los grupos. ¿Algún grupo se opone a que se vote? (Pausa). Pues esa enmienda transaccional es la que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 244/000001).

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR:

- ELECCIÓN DE CINCO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR. (Número de expediente 276/000014).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a proceder a la elección de los vocales de Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Observatorio de la Vida Militar en un mismo acto, por lo que los grupos parlamentarios que deseen intervenir en relación con alguna de las candidaturas, o de todas ellas, dispondrán de un único turno de cinco minutos de menor a mayor. Sin embargo, antes de esa intervención voy a leer cómo se van a desarrollar las votaciones. Para las votaciones, que serán secretas y por papeletas, sus señorías dispondrán de tres urnas: una primera para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, titulares y suplentes del turno judicial; una segunda para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, titulares y suplentes del turno de juristas, y una tercera para los miembros del Observatorio de la Vida Militar.

Seguidamente, el señor secretario dará lectura a las candidaturas remitidas por el Consejo General del Poder Judicial para proceder a la designación de los vocales del turno judicial, así como a las candidaturas respecto de las que la Comisión Consultiva de Nombramientos ha emitido su criterio favorable para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas y para la elección de los miembros del Observatorio de la Vida Militar.

Señor secretario.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Las candidaturas remitidas por el Consejo General del Poder Judicial para proceder a la designación de vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales son las siguientes: don Salvador Alba Mesa, doña Roser Bach Fabregó, don José Manuel Balerdi Múgica, don José Antonio Ballestero Pascual, don Pedro José Barceló Obrador, doña María del Mar Cabrejas Guijarro, don Pedro Castellano Rausell, doña María Victoria Cinto Lapuente, don Carlos Domínguez Domínguez, don Ignacio Duce Sánchez de Moya, doña María Esther Erice Martínez, don Ignacio Espinosa Casares, don Manuel Espinosa Labella, don Manuel María Estrella Ruiz, don Juan Manuel Fernández Martínez, don Rafael Fernández Valverde, don José Ángel Folguera Crespo, doña Celima Gallego Alonso, doña María Luz García Paredes, don Ignacio Ubaldo González Vega, doña María del Pilar González Vicente, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, doña María del Mar Hernández Rodríguez, don Joaquín Huelin Martínez de Velasco, don Fernando Lacaba Sánchez, doña Carmen Llombart Pérez, don José Manuel López García de la Serrana, doña Clara Martínez de Careaga García,


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don Juan Martínez Moya, don Francisco Gerardo Martínez Tristán, don José de la Mata Amaya, don José Manuel Maza Martín, don Cesáreo Miguel Monsalve Argandoña, don Juan Ángel Moreno García, don Rafael Mozo Muelas, don José Luis Núñez Corral, don Wenceslao Francisco Olea Godoy, doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, don José Carlos Orga Larrés, don José María Páez Martínez-Virel, don Juan Carlos Peinado García, doña María Isabel Perelló Domenech, doña María del Rocío Pérez-Puig González, don Ricardo Vicente Puyol Sánchez, don Casiano Rojas Pozo, don Fernando Luis Ruiz Piñeiro, don José María Segura Grau, don Pablo Surroca Casas, doña María Tardón Olmos, doña María Félix Tena Aragón, doña María Pilar Teso Gamella, don Juan Antonio Toro Peña, don Alfonso José Villagómez Cebrián, don David Villagrá Álvarez.

La Comisión Consultiva de Nombramientos, en su sesión de 22 de noviembre de 2013, ha emitido criterio favorable respecto de los siguientes candidatos para su designación como vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Titulares: doña Nuria Díaz Abad, don Álvaro Cuesta Martínez, doña María Concepción Sáez Rodríguez, don Enrique Lucas Murillo de la Cueva. Suplentes: doña María Pilar Jiménez Bados, doña Silvia Barona Vilar, don Luis Martín Contreras.

Del mismo modo, la Comisión Consultiva de Nombramientos, en su sesión de 6 de noviembre de 2013, ha emitido criterio favorable respecto de los siguientes candidatos para su elección como miembros del Observatorio de la Vida Militar: don Virgilio Sañudo Alonso de Celis, don Víctor Torre de Silva y López de Letona, don Ramón Companys Sanfeliu, don Mariano Casado Sierra y doña Paloma Biglino Campos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.

Ahora vienen las normas, que son un poco complejas. Respecto a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en relación con la designación para el nombramiento de los seis vocales y tres suplentes entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, cada diputado podrá escribir en la papeleta hasta seis nombres para su elección como titulares y hasta tres nombres para su elección como suplentes de entre los citados, indicando la condición, titulares o suplentes, para la que se realiza su propuesta. Cuando en la papeleta aparezca un número igual o inferior a seis, sin especificar la condición para la que realiza la propuesta, se entenderá referida a titulares. Sin embargo, si el número es superior a seis y no consta tal especificación, la papeleta se declarará nula.

En relación con la elección para el nombramiento de los cuatro vocales y tres suplentes entre abogados y otros juristas, cada diputado podrá escribir en la papeleta hasta cuatro nombres para su elección como titulares y hasta tres nombres para su elección como suplentes de entre los citados, y en la misma condición respecto de la que la Comisión Consultiva de Nombramientos ha manifestado su criterio de idoneidad. Cuando en la papeleta aparezca un número igual o inferior a cuatro sin especificar la condición para la que se realiza la propuesta, se entenderá referida a titulares. Sin embargo, si el número es superior a cuatro y no consta tal especificación, la papeleta será declarada nula. Del mismo modo, no será válida la papeleta en la que figure el voto a favor de uno de los candidatos citados en una condición distinta de la trasladada por la Comisión Consultiva de Nombramientos. En ambos turnos, judicial y de juristas, será declarada nula la papeleta en la que figure un nombre distinto de los incluidos en la relación correspondiente para cada una de las elecciones señaladas. Todos los candidatos, para resultar elegidos, habrán de obtener un mínimo de tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara, es decir, 210. En el caso de los suplentes, el número de votos obtenidos por cada uno de ellos determinará el orden de su proclamación. Sus señorías dispondrán de papeletas en las que bajo el rótulo titular y seis suplentes podrán escribir su propuesta. No obstante, si no especificasen tal condición, se considerará válida siempre que en los términos indicados el número sea igual o inferior a seis y cuatro, respectivamente. Se considerará voto en blanco aquella papeleta en la que no figure nombre alguno.

En relación con la elección de los miembros del Observatorio de la Vida Militar, cada diputado podrá escribir en la papeleta hasta cinco nombres de entre los candidatos que han sido declarados idóneos por la Comisión Consultiva de Nombramientos. Será declarada nula la papeleta en la que figure un nombre distinto de los citados candidatos. Resultarán elegidos aquellos candidatos que obtengan el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.

Ahora vamos a pasar, como he anunciado anteriormente, a las intervenciones de los grupos. Pueden hablar de cualquiera de las elecciones, pero el tiempo es de cinco minutos. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.


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El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra aunque sea con brevedad, lo cual ya es costumbre en el Grupo Mixto, para dar testimonio de nuestra opinión como grupo político y nuestra posición también política en estas elecciones, centrando fundamentalmente mi intervención en lo referente al Consejo General del Poder Judicial.

Foro va a votar no, es decir en blanco, al reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por ser, en nuestra opinión, un grave atentado al entramado propio de la división de poderes y en coherencia con nuestro programa electoral. Proponíamos en el mismo la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que sean los jueces y magistrados los que designen a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, habida cuenta de la separación que debe existir entre el Poder Judicial y el resto de poderes, pero también de acuerdo con lo que dice el programa electoral del Partido Popular y lo manifestado machaconamente en los últimos años -yo diría que decenio- sobre este tema. Aquí está la auténtica madre del cordero. En ese programa, el capítulo titulado Regeneración política e institucional, decía literalmente: Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces, magistrados de todas las categorías. En enero de 2012 el ministro Gallardón, aquí presente, anunciaba cambiar el sistema electoral de los vocales por la elección directa por parte de los propios jueces, abandonada en el año 2001. El objetivo era literalmente despolitizar la justicia. ¡Faltaría más, señor ministro! Como en la famosa película Lo que el viento se llevó. A estas alturas lo novedoso sería que el Partido Popular hubiera cumplido alguna de sus numerosas promesas electorales, pero alguien debería explicar ahora por qué es bueno pactar con los principales partidos de la oposición el reparto de cuotas para gobernar la justicia. Obviamente, a una parte de los partidos, sin más trámite, se les ha dicho adiós y desde luego al Grupo Mixto con su pluralidad de ocho formaciones. En todo caso, a Foro ni se le pidió opinión ni por supuesto el voto. No cuenten por lo tanto con mi voto las fuerzas societarias en este enjuague.

La realidad es que asistimos a lo que llamamos en Asturias muy gráficamente un gran amagüestu, un combayar entre el ejemplar PSOE, siempre vigilante de sus tradiciones; la insobornable y ética andante de La Izquierda Plural y los siempre maltratados partidos nacionalistas. El conseguidor máximo es el Partido Popular, que con su mayoría absoluta adultera su historia y programa electoral concelebrando la prisión, que no la muerte, de Montesquieu, anunciada por un reputado diputado de esta Cámara hace ya muchos años. Una prisión que permite disponer del cofre para pagar favores y ascensos a notables personajes con el fin de continuar con las buenas y asentadas costumbres porque ya está el país suficientemente regenerado, entendemos. Por supuesto, no ponemos en duda la cualificación y la capacidad de quienes han sido elegidos y de quienes a nivel individual están metidos en estas elecciones, pero parece algo raro casar eso con la independencia que exige el consejo, en el que alguno de sus miembros precisamente ha sido diputado en esta Cámara durante varias legislaturas. Seguro -pienso yo con bastante buen criterio- que la independencia requerida se va a producir después del nombramiento, es decir, como un efecto del resplandor áurico sobrevenido. Muchas gracias, en todo caso, por la lección de anatomía de la justicia en vivo que Foro y yo acabamos de escuchar, ver y recibir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

No es esto, señorías, lo que quiso el legislador constituyente, no es esto lo que nos manda nuestra Constitución; es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar -lo digo con rotundidad y desde el principio- por acabar con esta politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Este es un sistema no solamente perverso en origen, en su elección -a mi juicio, insisto-, vulnerando la voluntad del legislador constituyente, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Fin de la cita. 25 de enero del año 2012. Persona que pronuncia estas palabras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sí, señorías, lo que hoy vamos a perpetrar es un atraco a la democracia y un asalto a la Constitución. Sí, señorías, tenía razón el ministro Gallardón cuando explicó eso en su comparecencia en enero del año 2012. Este acuerdo, este atraco que vamos a perpetrar, vulnera el espíritu de la Constitución. Además,


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vulnera la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986 en su considerando número 13, en el que establece que esa ley de 1985 era constitucional en el aspecto de dónde habría que elegir a los vocales del consejo, pero podría ser inconstitucional por el uso que se hiciera y por la forma de elegirlos. Vulnera la sentencia -lo sabe bien el ministro que me escucha, y no solamente el ministro, sino también el resto de señorías- la forma en la que se está haciendo porque el Constitucional dice que los votos que nos dan los ciudadanos a los partidos políticos no significan que tengamos que tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial, son votos que nos dan derecho a tener diputados, representantes en esta Cámara y senadores, pero no vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Establezco, por tanto, que no solamente es injusto y es una vulneración de la Constitución sino que es inconstitucional, según esa sentencia del año 1986. Este grupo parlamentario recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional, porque no tenemos los suficientes diputados para recurrir directamente al mismo, y le pedirá a la Defensora del Pueblo que recurra la inconstitucionalidad de este acto en el que se cierra el círculo de este atraco a la justicia.

Señorías, esto es la cuadra (Enseña un documento), el Consejo General del Poder Judicial, el cuadro y la cuadra. Todos tienen nombre y todos tienen color. Tienen un nombre, pero tienen espónsor todos y cada uno de ellos; el espónsor es el partido político porque para hacer carrera, para que hoy se introduzcan sus nombres en esta urna, han necesitado un espónsor. Para hacer carrera, nunca mejor dicho, lo saben todos ellos, necesitan espónsor, tienen una camiseta y aquí está el nombre de esa camiseta. Todo el mundo sabe que si a uno lo esponsoriza, por ejemplo, Nike, por citar una marca, no corre con la camiseta de Adidas porque sabe quién le paga la carrera, a quién se lo debe, quién es su espónsor. Esto es lo que hemos hecho, al parecer, sin escándalo porque esto lo hemos visto hoy publicado y afecta a los veinte.

Señorías, como decía, hoy se cierra el círculo. Primero, aforamiento universal a todos los cargos electos. Después, se esponsoriza a los vocales que nombrarán a los jueces que quizá terminen juzgándolos. Por si eso no fuera suficiente siempre queda el recurso utilizado ayer por la secretaría general del Partido Popular de pedir amparo al fiscal, cosa curiosa. Cualquier ciudadano, cuando es denunciado ante un juez, busca el mejor abogado de la defensa, pero la secretaria general del Partido Popular, entendiendo esta cuestión de la esponsorización, se busca como abogado de la defensa al fiscal, qué cosa más normal, al fiscal. Y si finalmente ese tercer grado tampoco funciona, siempre nos queda el indulto, siempre hay un Gobierno para indultar y para hacerlo además de esta manera general sin admitir ningún criterio de reforma sobre cómo se utiliza el indulto.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, termino, presidente.

Me parece un escándalo, un atraco, una inmoralidad, y mientras estas cosas se produzcan en España es imposible que se pueda decir que hay democracia con mayúsculas y además es imposible que en este país terminemos con la corrupción política.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, quiero aprovechar esta intervención para poner en valor que nuestro grupo defiende un modelo de Consejo General del Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones y que la justicia sea un logro efectivo en la convivencia de las ciudadanas y ciudadanos y en la relación de estos con las demás instituciones del Estado. Defendemos un Consejo General del Poder Judicial que sea elegido por el Parlamento, por ser el depositario de la soberanía popular, y no elegido por los propios jueces, que entenderíamos que garantizaría menos todavía la independencia y sería corporativista. Creemos que esta institución es la que debe garantizar la independencia en el ejercicio de sus funciones, y esa es la obligación de esta institución, de este Parlamento, establecer en los reglamentos las reglas para que se pueda garantizar esa independencia en el ejercicio de sus funciones.

El Grupo de La Izquierda Plural va a seguir defendiendo un modelo alternativo de Consejo General del Poder Judicial del que actualmente está en vigor. Defendemos un Consejo General del Poder Judicial abierto a la sociedad civil, donde puedan participar en las propuestas de candidaturas también las


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universidades, los colectivos sociales, sindicatos u otras instituciones o plataformas ciudadanas; un Consejo General del Poder Judicial que rinda cuentas ante el Parlamento y que comparezca cuando así se solicite, es decir, un Consejo General del Poder Judicial que garantice el servicio público de la justicia.

Como pensamos que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido en las Cortes Generales, en las que reside la soberanía popular, creemos que este también debe reflejar el pluralismo de la sociedad, que es el pluralismo de esta Cámara. Por eso hemos considerado como positivo que puedan entrar voces críticas en el Consejo General del Poder Judicial, pero también tenemos que decir desde esta tribuna que seguimos pensando que se tenían que haber hecho las cosas de una forma diferente, con más transparencia. Por eso no podemos estar en el acuerdo total. Por eso votaremos la candidatura de juristas, pero votaremos en blanco la candidatura de vocales pertenecientes a la carrera judicial, porque, repito, ustedes tendrían que entender de una vez que hay que seguir haciendo las cosas de otra manera y que no puede haber convidados de piedra en este Parlamento.

En un minuto voy a referirme al Observatorio de la Vida Militar para decir que hoy es una esperanza en medio de tantas desilusiones como se llevan los ciudadanos de uniforme, que ven como siguen siendo ciudadanos de segunda en cuestiones relativas al reconocimiento de sus derechos cívicos. Vamos a poner toda nuestra voluntad, así lo manifestamos, en que esto sea así, que esta esperanza tome cuerpo para que pueda servir para poner en evidencia la necesidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean discriminados en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, ponerlo en evidencia para que no quede solamente a título de información, sino para que se cubran estas deficiencias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà. (Denegación). Renuncia. Muchas gracias, señor Xuclà, se lo digo de corazón. (Risas).

Por el Grupo Socialista, va a haber dos intervenciones, pero comparten el tiempo. En primer lugar, el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista quiere dejar en evidencia expresa que lo que hemos hecho es cumplir con una obligación constitucional y actuar con responsabilidad. Es nuestra obligación renovar el órgano constitucional que es el Consejo General del Poder Judicial. No siempre ha sido así. Nosotros hemos actuado con responsabilidad, la que se nos demanda por la propia Constitución.

En segundo lugar, un respeto para todos los que van a ser democráticamente elegidos. El Partido Socialista siempre ha defendido el sistema de elección parlamentaria. ¿Por qué? Porque el artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, todos, también el Poder Judicial, no la independencia judicial, que no se entiende muy bien todavía por algunos. La independencia es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Este es un órgano político, sin funciones jurisdiccionales, y lo elige la soberanía popular, que es lo que más se adecúa al mandato constitucional, y no cinco mil jueces, con todo lo importantes que sean, por supuesto que sí, pero aquí lo elegimos entre cuarenta y tantos millones de españoles, con consenso y con pluralidad.

Finalmente, señorías, quiero dejar claro respecto a alguna crítica -yo creo que de buena fe pero mal entendida- de algunos medios que incluso se preguntan cómo el Partido Socialista, que ha recurrido al Tribunal Constitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es muy sencillo, lo acordamos por obligación, por responsabilidad y además, que no toca ahora explicar, porque en el recurso al Tribunal Constitucional no está el elemento esencial que hoy nos trae aquí, que es el sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso no está recurrido, luego la coherencia es absoluta.

Tengo que dejar paso a mi compañero, que si no los minutos se agotan. Pido la comprensión, el apoyo y el respeto, porque esa independencia es para velar por la función jurisdiccional el Consejo General del Poder Judicial, no en sí mismo, que no tiene funciones jurisdiccionales y que es un órgano político y de gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.

Señor López Garrido.


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El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, señorías, muy brevemente, defenderé la candidatura que se presenta hoy, apoyada por cuatro grupos parlamentarios, sobre el Observatorio de la Vida Militar. Para resumir, en esta que tiene que ser resumidísima intervención, lo que es el Observatorio de la Vida Militar, nada mejor que ir a la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas del año 2011, cuya disposición final undécima dice: El Observatorio de la Vida Militar efectuará un análisis y evaluación sobre: -la primera de las funciones- El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta es la primera y capital función del Observatorio de la Vida Militar. Las Fuerzas Armadas no son una institución -no deben serlo- cerrada, opaca, hermética, sino que tiene que estar abierta a las formas de vida de los ciudadanos y ciudadanas españolas. En realidad, los militares son ciudadanos y ciudadanas de uniforme, con los mismos derechos por tanto que tienen los ciudadanos, los mismos, con las adaptaciones o delimitaciones que establece la Constitución.

Cuando hay una negociación política entre varios grupos y se tiene que llegar a un acuerdo -incluso la propia ley exige que sean tres los grupos que lo propongan, en este caso son cuatro- siempre hay objetivos políticos que no se consiguen del todo, por definición, pero nosotros hubiéramos deseado que entre los miembros de este Observatorio de la Vida Militar hubiera más mujeres, hubiera presencia de más mujeres. (Aplausos). Esa es una posición que hemos mantenido y en las propuestas que hemos hecho desde el Grupo Socialista ha figurado siempre la paridad y el equilibrio entre hombres y mujeres que debe existir en todos los órganos que los poderes públicos aprueban, este también. Así que nosotros esperamos que este sea el comienzo de un camino hacia el debido equilibrio entre hombres y mujeres, para lo cual no hay obstáculos, simplemente hace falta tener voluntad política para hacerlo.

Naturalmente, esto no disminuye en absoluto la idoneidad y la solvencia de las personas que integran esta candidatura y que la demostraron en la audiencia que tuvimos en esta Cámara en la Comisión de Nombramientos, personas con orígenes muy distintos, afortunadamente, con biografías diferentes, provenientes de la universidad, del mundo del derecho, del propio Ejército, de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, personas distintas, todas ellas acreditaron su solvencia y su idoneidad para afrontar estas funciones tan importantes que les da la ley. No cabe duda de que estamos ante un salto cualitativo -termino, señor presidente- en las Fuerzas Armadas, en su modernización. Nunca había habido un órgano así en la historia de la democracia, que desde fuera de las Fuerzas Armadas va a evaluar las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas, y por eso esperamos que haya un apoyo ampliamente mayoritario de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.

Señorías, corresponde a esta Cámara la elección de diez de los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular, junto a otros cuatro grupos parlamentarios, hemos presentado una candidatura plural, integrada por jueces y magistrados, abogados y juristas, en los que concurren indudables características de prestigio y excelencia, una candidatura que se hace acreedora de la confianza de los grupos que representamos para que sus miembros se incorporen como vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Son candidatos que sin duda podrán cumplir con solvencia su compromiso para hacer que el Consejo General del Poder Judicial sea el mejor órgano de gobierno posible de ese poder independiente del Estado democrático que es el Poder Judicial, sin vinculación a ninguna decisión política y sujetos nada más que al cumplimiento de la ley y sus obligaciones.

Culminamos, pues, en el día de hoy un proceso que conviene recordar se ha acomodado en todo momento a los requisitos que constitucional, legal y reglamentariamente están previstos, un proceso cuya tramitación se ha caracterizado por un ejercicio común de responsabilidad en la elección de los candidatos para cumplir así con nuestra obligación de conformar el mejor Consejo General del Poder Judicial. Y precisamente por ello mi grupo no puede aceptar las graves descalificaciones vertidas desde Unión Progreso y Democracia tanto sobre los vocales propuestos como sobre su proceso de designación, con la única finalidad de trasladar a la opinión pública una visión interesada y distorsionada sobre la independencia del futuro Consejo General del Poder Judicial, así como también sobre la constitucionalidad de su procedimiento de designación.

Señorías, la candidatura a la que damos nuestro respaldo y nuestra confianza tanto el Grupo Parlamentario Popular como -insisto- otros cuatro grupos parlamentarios, y esperamos que también el


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resto de la Cámara, cuenta con el apoyo de una mayoría muy cualificada, una mayoría que, gracias precisamente a la designación parlamentaria, también es expresión y representación de la soberanía popular, y ello permitirá sin duda garantizar de manera sobrada, además de su independencia, el pluralismo social y político que debe presidirlo.

Respecto a la elección de los componentes del Observatorio de la Vida Militar, al que me voy a referir brevemente, son tres las cuestiones que quisiera destacar. En primer lugar, nadie desconoce que la vida militar es un camino jalonado por el esfuerzo, la renuncia y el sacrificio. En este sentido, el observatorio era una deuda de la sociedad española para con nuestros militares, pues viene a cerrar el círculo de aquellas instituciones que deben velar por sus condiciones de vida familiar, laboral y profesional.

En segundo lugar, quiero poner de manifiesto la extraordinaria importancia de la elección que hoy realizará la Cámara. Más allá de la trascendencia que para nuestras Fuerzas Armadas tiene la puesta en marcha de la institución, no podemos olvidar la importante responsabilidad que recaerá sobre quienes hoy resulten elegidos. Ellos son, junto con los designados por el Senado, quienes pondrán en funcionamiento un organismo nuevo y dependiente del Parlamento. De las decisiones que tomen va a depender en gran medida el papel que en el futuro pueda jugar el Observatorio de la Vida Militar.

Por último, también en este caso la elección de los candidatos ha sido fruto de un notable consenso. La ley obligaba a que fueran al menos tres los grupos proponentes; sin embargo, cuatro son las formaciones políticas que han suscrito la propuesta. Quiero por tanto subrayar el amplio abanico ideológico que representan el Partido Popular, el Partido Socialista, La Izquierda Plural y Convergència i Unió. Para terminar no me resta nada más que invitar a sus señorías a dar su respaldo y confianza a la candidatura propuesta por esta gran mayoría parlamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

Ahora los señores secretarios van a proceder a llamar a sus señorías por orden alfabético. Quiero decirles que en esta votación se han emitido 5 votos telemáticos que yo procederé a introducir en las urnas al comienzo de la votación.

Ruego al señor secretario que empiece.

Por los señores secretarios de la Cámara se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: ¿Queda algún diputado o diputada sin votar? (Pausa).

En consecuencia vamos a comenzar con el escrutinio del turno judicial.

Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar el resultado del escrutinio de la primera urna, que es la relativa a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de jueces y magistrados. Los votos emitidos han sido 327; ha habido 15 votos en blanco y 7 votos nulos. Los titulares, tal como estaban recogidos, han tenido don Rafael Fernández Valverde, 301; doña Carmen Llombart Pérez, 302; don Juan Martínez Moya, 302; don Francisco Gerardo Martínez Tristán, 303; doña Clara Martínez de Careaga García, 298; y don Rafael Mozo Muelas, 300. Todos ellos son declarados vocales titulares del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a suplentes, los votos han sido para don José Carlos Orga Larrés, que ha tenido 305, y es primer suplente; don Pedro Castellano Rausell, 275, segundo suplente; y doña Luz García Paredes, 240, tercer suplente. Ha tenido también un voto doña María Esther Erice Martínez y otro voto don Fernando Lacaba Sánchez.

Vamos a pasar ahora al escrutinio de la segunda urna. (Pausa).

Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación para la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas es el siguiente: votos emitidos, 325; en blanco, 5; nulos, 8. Votos a favor de doña Nuria Díaz Abad, 311; de don Álvaro Cuesta Martínez, 305; de doña María Concepción


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Sáez Rodríguez, 311; de don Enrique Lucas Murillo de la Cueva, 312. Todos ellos, pues, han sido elegidos como titulares. Doña María Pilar Jiménez Bados ha obtenido, como primer suplente, 310 votos; Doña Silvia Barona Vilar, como segundo suplente, 287 votos, y don Luis Martín Contreras, como tercer suplente, 248 votos.

Vamos a proceder ahora al escrutinio de la urna del Observatorio de la Vida Militar. (Pausa).

Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Creación ya, con la elección de los miembros, del Observatorio de la Vida Militar. El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 322; don Virgilio Sañudo Alonso de Celis, 305; don Víctor Torre de Silva y López de Letona, 305; don Ramón Companys Sanfeliu, 310; don Mariano Casado Sierra, 315; doña Paloma Biglino Campos, 313. Todos ellos quedan elegidos miembros del Observatorio de la Vida Militar. Los votos en blanco han sido cuatro y no ha habido votos nulos.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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