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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 137, de 17/09/2013
cve: DSCD-10-PL-137
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 137
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 128
celebrada el martes,
17 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 36-1, de 5 de enero de 2012. (Modificación de título en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 36-2, de 25 de enero de 2013) (Número de expediente 122/000026) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reformas urgentes para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 124-1, de 31 de mayo de 2013. (Número de expediente 122/000107) ... (Página20)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos de que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 271, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 162/000646) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 3 de enero de 2012. (Número de expediente 162/000042) ... (Página39)

Modificación del orden del día ... (Página45)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), con el objeto de que el Gobierno clarifique su postura en relación a la anunciada reforma de las pensiones. (Número de expediente 173/000100) ... (Página45)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Jáuregui Atondo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Martínez Gorriarán y Gómez de la Serna y Villacieros.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reformas urgentes para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario ... (Página20)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sixto Iglesias en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proposiciones no de Ley ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos de que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley el señor Pàramo i Ponsetí, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo, Oramas González-Moro, Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Pàramo i Ponsetí.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley y la autoenmienda el señor Yuste Cabello en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Puyuelo del Val, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Yuste Cabello.

Modificación del orden del día ... (Página45)

La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de debatir en la sesión de mañana el punto 6, relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a las medidas que piensa adoptar para corregir la sobrefinanciación que disfrutan el País Vasco y Navarra por su peculiar sistema de financiación, y votarlo en la sesión del jueves.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), con el objeto de que el Gobierno clarifique su postura en relación a la anunciada reforma de las pensiones ... (Página45)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cuadra Lasarte.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora López y Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática, se rechaza por 16 votos a favor, 194 en contra y 106 abstenciones más 2 votos telemáticos, 108.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reformas urgentes para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario, se rechaza por 121 votos a favor más 2 votos telemáticos, 123; 177 en contra y 23 abstenciones.

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 305 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 143 votos a favor, 171 en contra y 1 abstención.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), con el objeto de que el Gobierno clarifique su postura en relación a la anunciada reforma de las pensiones, se rechaza el punto a) por 10 votos a favor, 178 en contra y 133 abstenciones.

Se rechaza el punto b) por 114 votos a favor, 177 en contra y 30 abstenciones.

Se rechaza el punto c) por 30 votos a favor, 279 en contra y 11 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 122/000026).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se abre la sesión.

Vamos a entrar en el primer punto del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Me propongo defender la toma en consideración de una proposición de ley que se titula "Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción". Recientemente, hemos tenido la ocasión de discutir en esta Cámara sobre una ley de transparencia que ha sido aprobada y en nuestras intervenciones hemos insistido bastante en la importante relación que existe entre transparencia y corrupción. Nosotros pensamos que la ley de transparencia aunque signifique un avance indudable en algunos aspectos, sigue siendo una ley insuficiente. Por eso ya antes, en diciembre de 2011, registramos esta proposición de ley con la intención de defenderla y curiosamente vamos a decir que el tiempo nos ha dado la razón. La ley de transparencia significa un avance en algunas cosas, pero deja muchos huecos singularmente para los fenómenos de corrupción y despilfarro, que es a los que me voy a referir a continuación.

Me parece que una buena manera de iniciar esta breve reflexión es remitirnos a lo que sucedió en esta misma Cámara en el debate de investidura del señor Rajoy, como presidente del Gobierno, y el intercambio que hubo sobre la cuestión de la corrupción entre nuestra portavoz, Rosa Díez, que fue quien intervino, como es natural, y el aspirante a presidente del Gobierno. En su larga intervención, en la que trató una gran variedad de temas, Rosa Díez dijo la siguiente frase, que leo: "Nuestro compromiso democrático nos exige que persigamos la corrupción política, la mayor lacra en nuestra democracia". Como pueden ver, es una frase breve, clara, evidente, que sin embargo mereció del señor aspirante a presidente del Gobierno la siguiente respuesta: "Ha hablado usted también de corrupción política. No hay nada más despreciable que la corrupción política, pero sí quisiera decirle una cosa: yo no puedo aceptar de ninguna de las maneras que aquí haya una corrupción política generalizada; no lo puedo aceptar de ninguna de las maneras". Sigue hablando y añade: "Insisto, no acepto de ninguna de las maneras que se diga que hay una corrupción generalizada en la política. Insisto, no acepto de ninguna de las maneras que se diga que hay una corrupción generalizada en la política y que se permiten juzgar sin que nadie diga nada, pero yo en absoluto voy a aceptar ese tipo de afirmaciones porque no son verdad. (Aplausos)." Bueno, no deja de tener un aspecto evangélico interesante que a una única alusión a la corrupción, el señor Rajoy negara tres veces a continuación la relevancia de este fenómeno en la política española. La cuestión es que desde entonces ha quedado pendiente una discusión sobre si en España existe efectivamente algo parecido a una corrupción generalizada, tal como decía el señor Rajoy, cosa que por cierto no dijo Rosa Díez, un curioso lapsus freudiano, o si realmente no es otra cosa, como se suele alegar, que una serie de fenómenos puramente individuales que tienen que ver con la moralidad y con cosas así, en fin, decisiones puramente personales, como digo, que de ninguna manera tienen nada que ver con nuestro sistema político.

Voy a dar algunos indicios, unos indicadores de si realmente en España se puede o no se puede, o si se debe o no se debe por lo tanto, hablar de que hay un problema de corrupción. Según el informe de la Fiscalía General del Estado -a la que luego me referiré en otro contexto-, entre 2007 y 2012, en estos cinco años ha habido 1.511 causas por corrupción en trámite judicial. Además, esas 1.511 causas no se reparten equitativamente, desde el año 2007 no paran de subir, es decir, hay un ascenso permanente y continuado de causas por corrupción iniciadas por la Fiscalía del Estado. Solo en el año 2010 el Cuerpo Nacional de Policía informó de que había hecho 750 investigaciones con más de 1.000 personas implicadas y 3.000 millones de euros incautados por corrupción. La cifra es interesante porque además llama la atención sobre algo que se suele ignorar, que es la dimensión económica de la corrupción. Es más, hay otro estudio que les recomiendo que se titula Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística


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en España, de tres profesores de la Universidad de La Laguna, Luis María Jerez, Víctor Martín y Ramón Pérez, que dice lo siguiente: Entre el año 2000 y 2010, 676 municipios en España, es decir, el 8,3 por ciento de los municipios, en los que viven nada menos que el 56,1 por ciento de la población española, tuvieron alguna o varias causas de corrupción. En este ranquin de la corrupción urbanística -que es una de sus manifestaciones más conocidas y recurrentes- el récord lo tuvo la Comunidad Autónoma de Murcia donde el 57,8 % de sus municipios han tenido causas por corrupción, Canarias el 39,8 %, Baleares el 35,8 % y así sigue la lista descendiendo. En el año 2010 también España estaba en el índice de percepción de corrupción que publica la Unión Europea en el puesto quince de veintisiete Estados. En esa lista de veintisiete Estados hay países donde es conocida que la corrupción no es que sea ya generalizada, sistémica o institucionalizada, sino que sencillamente es endémica o pandémica, países como Bulgaria o Rumania. De manera que estamos muy poco por encima en el índice de percepción de la corrupción de estos países. Alguien puede alegar que la percepción es un fenómeno subjetivo, pero fíjense que en las encuestas oficiales que publica el CIS la corrupción y el fraude han pasado a ser en los últimos años uno de los tres principales problemas que según los ciudadanos hay en España. Según la encuesta de octubre de 2011 solo el 5 % de los consultados pensaban que la corrupción era un grave problema; en julio de 2013, es decir, algo más de dos años después, esa cifra había ascendido al 37,4 % de los encuestados. En conclusión, los únicos que por lo visto no se han enterado de que en España hay una preocupación generalizada por la corrupción y que es un fenómeno sistémico, es decir, que está claramente instalado, por ejemplo, en la política municipal y en determinados aspectos de nuestra vida política y de la toma de decisiones, son algunos grupos parlamentarios de esta Cámara, lo cual no deja de ser -y yo les recomiendo que se lo hagan mirar- un alejamiento preocupante de las preocupaciones de la sociedad. Ya sé que alguno dirá -esto también es previsible y recurrente, como la corrupción, y no deja de ser una forma de corrupción intelectual- que mi grupo hace de esto causa por oportunismo. Miren, nosotros ya presentamos esta iniciativa, como digo, en diciembre de 2011. Además, en el año 2012 -el año pasado- presentamos una interpelación, con la consiguiente moción, para eliminar imputados de las listas y cargos públicos, etcétera, que fue aprobada por 303 votos a favor, con algunas modificaciones en forma de enmiendas, en esta misma Cámara. Dado que, como suele pasar con las mociones aprobadas, no tuvo ningún efecto sobre el Gobierno, la volvimos a presentar este año; esta vez con siete puntos que se votaron por separado. Fueron aprobados tres puntos y rechazados cuatro, pero seguimos igual: el Gobierno no ha presentado ningún tipo de iniciativa para eliminar de las listas electorales y hacer que cesen en sus cargos públicos aquellas personas que estén ya en juicio oral por causas de delitos contra las administraciones públicas, que es lo que en España entendemos por corrupción, y eso que en nuestra generosidad -en el fondo en nuestra tolerancia respecto a los fenómenos de corrupción- ni la financiación ilegal de partidos ni el enriquecimiento ilícito de un cargo público siguen sin constituir tipos penales, es decir, no son delitos contra la corrupción.

¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es muy sencillo: el sistema jurídico español tiene una cantidad impresionante de lagunas legales por las cuales se escapa el esfuerzo, que no decimos que no exista, o la voluntad moral, que desde luego no voy a poner en duda, de luchar contra las conductas corruptas. Por tanto, en España ser corrupto es muy fácil; es tan fácil que en España -lo digo porque también ha salido esto alguna vez en algún debate y algún portavoz nos lo ha negado a mí y a la señora Díez- se han creado partidos políticos para delinquir -así de claro-, que deberían haber sido disueltos, y hablo de delitos contra la Administración pública, no hablo de otro tipo de delitos políticos. Es así porque tenemos un sistema que permite, que hace fácil, que tolera por ejemplo la corrupción urbanística en la contratación pública y otra serie de fenómenos. De manera que de los tres únicos delitos que tenemos en la actualidad considerados como contra las administraciones públicas, que desde luego deberían ser cuando menos ampliados con enriquecimiento ilícito de partidos, perdón, financiación ilegal de partidos -aunque sea lo mismo- y enriquecimiento ilícito de cargos públicos, como digo, lo que tenemos es un sistema legal que no persigue de la manera contundente que el caso requiere las conductas corruptas. Por tanto, la habitual -que me imagino que hoy se repetirá, lamento tener que preverlo, pero estoy seguro de que no me voy a equivocar- remisión de los problemas de la corrupción al campo de la ética, al campo de las buenas intenciones y de las declaraciones, no solamente es ya insuficiente, sino que con los datos que he dado y otros muchos que se podrían aportar si hubiera tiempo, son otra cosa, son en realidad conductas políticas que encubren la corrupción y que además tienen como objeto, en nuestra opinión, sacarlo del debate político. Esto es un grave error, porque si en España algo está erosionando la confianza en la política y en las instituciones es, entre otras cosas, esta; incluso la pésima opinión que la


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opinión pública tiene de los partidos políticos y de la clase política, que sin duda tiene su fundamento, está gravemente empeorada por este fenómeno periférico o satélite que es el de la corrupción. Los partidos políticos, con algunas excepciones que no hace falta que mencione, no se dedican a la corrupción como fin político para su intervención en la vida pública, pero sin embargo la gente ha acabado entendiendo que sí, que los partidos políticos son asociaciones de personas privadas que se ponen de acuerdo para poder trincar, como se dice popularmente.

Hay que hacer algo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros les proponemos la toma en consideración de esta proposición de ley, que, por tanto, puede ser enmendado, corregido y pactado hasta los límites, que no tienen que ser otros que los objetivos de la propia ley, que es una acción legal. Y les digo legal, no moral; la moral se da por hecho y además la moral no es objeto de la política o no debería serlo, ni de declaraciones vacuas que solo llevan al ridículo, sino de iniciativas legales con resultados y consecuencias políticas. Es verdad que tenemos un problema con eso, porque además de que nosotros creemos que hacen falta leyes hay otros dos problemas que son los que agravan la dificultad de la lucha contra la corrupción en España, el primero de los cuales es la falta de independencia de la justicia. Estos mismos días nos hemos enterado -y no nos hemos sorprendido, incluso nos hemos regocijado- de que los indivisibles abismos de incomunicación política que separan al Grupo Popular del Socialista desaparecen cuando se trata de hablar del Consejo General del Poder Judicial. Esto es colonización de la justicia y esto es un problema de la lucha contra la corrupción. El otro problema es la dependencia de la fiscalía de las órdenes del Gobierno. Pero hay otro más: la práctica del indulto. Les voy a dar un dato, entre 1996 y 2012 en España han sido indultadas por los sucesivos Gobiernos de todos los colores 241 personas por delitos contra las administraciones públicas, es decir, 241 personas condenadas por los jueces por corrupción han sido indultadas, por supuesto sin ninguna explicación de la pertinencia o conveniencia de estos indultos. La cosa en realidad se está agravando y me gustaría llamar su atención sobre este fenómeno, porque podrían ustedes pensar quizás legítimamente que nosotros exageramos con el problema de la corrupción y que esto se está corrigiendo y que no reconocemos los avances. Pero es que no hay ningún avance, es que no solamente los datos cantan, no solamente los informes de la Policía Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de otras instituciones y observadores independientes, que son muy interesantes, están hablando de que en estos años las causas por corrupción aumentan, no disminuyen -pese al estallido de la burbuja inmobiliaria y a otras explicaciones de tipo instrumental que se dan-, es que además estamos notando, con mucha preocupación, que la fiscalía se está utilizando contra aquellas personas que cometen la impertinencia de pedir que se abran investigaciones por corrupción; es decir, que hay un uso intimidatorio de la fiscalía, del que es responsable político el Gobierno puesto que es de quien depende finalmente la fiscalía, para que por ejemplo la Fiscalía Anticorrupción intervenga en el caso de los ERE en Andalucía para tratar de corregir a la juez que instruye el caso. Hay otros casos -que no voy a citar ahora pero que si es necesario por supuesto que los citaremos con gran detalle- en que fiscales de determinadas localidades se dedican a pedir la imputación de ciudadanos y de cargos públicos que han hecho declaraciones públicas y que han hablado de casos de corrupción. Esta clase de cosas son las que hacen que la corrupción, lejos de desaparecer, se incremente, y esta clase de cosas son las que hacen que cuando la opinión pública está cada vez más alarmada por la corrupción se realimente su alarma con este feedback negativo que le lanzan las instituciones de que usted no sabe de lo que habla y cuidado con lo que dice, porque si habla más de lo debido tenemos fiscales que se pueden encargar de usted.

Es evidente que tenemos que corregir lagunas legales, que es lo que son y para eso estamos aquí. Ya sé que aquí -luego tendremos ocasión de volver a hablar de este asunto en otra moción que me toca defender a mí- hay una especie de teoría de la resignación política que no deja de llamar la atención. Al parecer estamos aquí para mantener el statu quo y para impedir que las cosas cambien, en vez de para hacer que cambien en función de proyectos políticos que podemos negociar entre nosotros porque están dentro de la democracia. Pero es que hay que cambiar cosas, como les decía antes: el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos; la financiación ilegal de las formaciones políticas; el aforamiento de los cargos públicos, que estos mismos días estamos viendo cómo se convierte en un burladero de la justicia, del juez natural; la concesión de indultos no razonada y discrecional por parte del Gobierno. Todas estas son cosas que hay que cambiar para hacer que la lucha contra la corrupción sea más eficaz y sobre todo, que es lo importante y depende de eso su eficacia, más ejemplar.

El régimen de incompatibilidades tiene que ser mejorado. Por ejemplo, un fenómeno que se trató de pasada, por desgracia, en el debate de la ley de transparencia y que en España es un fenómeno muy


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extendido, el fenómeno de la puerta giratoria, the revolving door, es decir, pasar directamente, burlando la ley de incompatibilidades -que esto también tiene muchas brechas-, de responsabilidades políticas sectoriales a empresas de ese sector. Esta es una práctica corrupta, ya sabemos que no es ilegal, pero es una práctica que alimenta un tipo de ventajismo económico empresarial y un tipo de dependencia política de esas decisiones que van contra la democracia.

El despilfarro. Es un fenómeno que está muy ligado a la corrupción. Muchos despilfarros son incluso populares porque la sociedad los ha solicitado, pero es que para eso está la clase política también como gestores que somos, para explicar que determinados gastos no solamente no son económicamente aconsejables, sino que además crean nidos de corrupción. Por ejemplo, los gastos en urbanismo, en grandes infraestructuras y en eventos de masas, por citar tres campos de actividad económica privilegiados todos estos años que han estado absolutamente ligados al despilfarro y en muchos casos también a la corrupción, porque son fenómenos, como digo, con vasos comunicantes.

La opacidad de la gestión pública. En la ley de transparencia ya explicamos que hay cosas que nos parece que están bien -porque evidentemente lo están- pero que es insuficiente. Por ejemplo, es insuficiente que no haya un regulador independiente que supervise la realización, la ejecución y la observancia de la ley de transparencia. Un comité dependiente del Gobierno es lo mismo que una fiscalía dependiente del Gobierno o que una Comisión Nacional del Mercado de Valores dependiente del Gobierno. Con esto no vamos a ninguna parte, y que ustedes se la repartan con la oposición mayoritaria no mejora las cosas, al revés, las empeora, porque bloquea la posibilidad de observación, de investigación y de actuación independiente.

Para acabar con esta cuestión o para preacabar, el problema además -y es muy grave en el caso de la crisis en España- es que la corrupción afecta muy negativamente a la economía, porque afecta a la competencia, a la competitividad, a la innovación y a la igualdad de oportunidades. La corrupción va contra todo esto, y no es casual, es causal -espero que noten el matiz: no casual, sino causal- que aquellos países donde hay más corrupción son los que peor lo han pasado en la crisis económica, y que aquellas comunidades autónomas donde hay más casos y denuncias de corrupción son las que están más atrasadas también en indicadores económicos y tienen más paro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez Gorriarán, tiene que terminar.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Voy terminando.

Para acabar, hemos planteado una proposición de ley que, como les digo, está abierta a su toma en consideración, a discutirla, a debatirla y a negociarla, pero es una proposición de medidas muy concretas. Las básicas son doce: reforma de la Loreg para hacer inelegibles a los juzgados por corrupción; reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la suspensión cautelar de empleo o cargo de los que han sido condenados, acusados o enjuiciados por corrupción; reforma de la Ley de Contratos Públicos para dificultar la corrupción, etcétera. Como no quiero abusar de la paciencia de la presidenta y todos ustedes tienen la proposición y la pueden ver perfectamente, a lo que les invitamos es a que voten a favor de su toma en consideración y evidentemente después podremos discutir y votar en su caso todo aquello que parezca que es razonable y que mejora nuestra propuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

La corrupción es ahora mismo el cenagal donde se ahoga nuestra democracia y algunos dirigentes del Partido Popular, en lugar de atajarla, intentan disimular, distraer, mirar a otro lado; pero mientras no se acometa con decisión, mientras no se estirpe de raíz este mal, mientras no caiga el brazo de la justicia sobre los corruptos, mientras exista esa sensación de impunidad -y me remito a las palabras del señor Gorriarán con los datos de los indultos que a mi modo de entender son absolutamente escandalosos-, mientras no se haga todo esto, los ciudadanos no volverán a confiar en sus representantes, en nosotros.

A Compromís-Equo nos gusta el título de la proposición de ley, nos gusta la exposición de motivos, pero al leer el contenido legislativo, que es al fin y al cabo lo relevante, nos encontramos con que detrás de los enunciados hay posiblemente -y creemos que se puede mejorar- pocas propuestas. Entendemos que la proposición de ley se queda un poco corta. En un país con altos índices de corrupción y opacidad,


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despachar una propuesta legislativa sobre la lucha contra la corrupción en solo dieciocho artículos se nos antoja insuficiente; sumado esto al hecho de que sabemos que el Partido Popular la va a votar en contra es por lo que proponemos a todos los diputados, y también a los diputados del Partido Popular, que por higiene democrática, a todos los diputados que compartimos la inquietud, que queremos esa necesaria transparencia, que queremos adoptar medidas de lucha contundente contra la corrupción política, deberíamos crear un grupo de trabajo y hacer una propuesta conjunta de mayor calado con múltiples medidas para acabar con la corrupción política y alcanzar la transparencia bajo el compromiso firme de que allá donde gobiernen nuestros partidos apliquemos dichas medidas alcanzadas en consenso de todos los demócratas de esta Cámara, y no como pasa ahora, que solo exigimos al otro que sí se apliquen esas medidas y muchas veces no nos las aplicamos a nosotros mismos. Sería una buena manera de demostrar a los ciudadanos que todos los políticos no somos iguales, que algunos no venimos aquí solo a protestar o a sacar nuestras camisetas o a apretar los botones, sino que venimos a intentar aportar y construir una sociedad mejor en la que el ciudadano sea el protagonista.

Mediante la fijación de posición en esta Cámara, construida básicamente como una suma de monólogos, no se genera el debate necesario para afrontar el problema de la corrupción desde su origen y mucho menos con los pocos minutos de los que disponemos los diputados. Por tanto, entendemos que sería interesante discutir sobre cómo dar respuesta legal cuando un partido gana las elecciones a base de financiación ilegal, imponiendo un Gobierno cuya voluntad está secuestrada por intereses de las empresas que les han financiado y les mantienen, como decimos los valencianos, la paraeta. Cuando un ciclista se ha dopado, le quitan el premio, y nosotros abogamos por una convocatoria electoral forzada ante la financiación ilegal del partido que apoya al Gobierno, porque está claro que ganaron las elecciones haciendo trampas.

Para ir terminando, entendemos que hay muchas propuestas, pero harían falta propuestas relativas a la justicia, cuya falta de medios, retrasos y politización requieren respuesta legislativa. Sobre la financiación de los partidos, el caso Bárcenas es la evidencia...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que finalizar.

El señor BALDOVÍ RODA: Estoy acabando ya.

Es la evidencia de la necesidad de reforzar una ley pactada para cambiar algo para que todo siguiera igual. Hay muchos ámbitos y son muchos los temas. Por tanto, entendemos que sería interesante que se tomaran a bien nuestra propuesta de constituir un grupo de trabajo en el que nos escuchemos entre nosotros con espíritu dialogante, constructivo y especialmente democrático. Escuchemos a las plataformas ciudadanas, que...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo. Tres frases.

Mientras todo esto lo discutimos, por supuesto que Compromís-Equo vamos a votar a favor de esta propuesta, porque, como dicen en mi tierra, tota pedra fa paret, toda piedra hace pared, y en este caso entendemos que esta piedra puede hacer pared.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Señorías, señora presidenta, precisamente hoy, hablando de corrupción política y de necesidad de regeneración democrática, permítanme que me remita a lo que está sucediendo ahora mismo en las Islas Baleares. El Partido Popular se ha enfrentado a la comunidad educativa imponiendo sin diálogo un decreto de lenguas engañoso, usando el anzuelo del trilingüismo (El señor Gómez de la Serna y Villacieros: Mentira) para machacar al sistema escolar, la lengua catalana y la comunidad educativa. Quiero recalcar, ahora que estamos discutiendo esta proposición de ley contra la corrupción política y por la regeneración democrática, que no parece, por lo que están haciendo, que a ustedes les importe demasiado el tema del consenso social o de la participación o el tema mismo del sistema educativo escolar y del trilingüismo. Parece que solo les interese para destruir...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, le ruego vuelva a la cuestión, que es una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre corrupción política. No estamos hablando del Parlamento de Baleares ni sobre Baleares. Vuelva a la cuestión o le tendré que retirar la palabra.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, presidenta.

Yo creo que es muy pertinente. Usted dice que no. Le agradezco el comentario. Voy a intentar ceñirme al tema de la corrupción política y la regeneración democrática. La impresión es que ustedes no quieren ampliar ni normalizar el inglés. (El señor diputado continúa en inglés).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, no se está usted examinando de inglés. Tiene usted un acento perfecto, pero no se trata de esto. Se trata de una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre reformas legislativas que, según el grupo proponente, acabarían o colaborarían a que se finalizara con la corrupción. Por favor, deje usted el inglés, deje usted las Islas Baleares o tendré que pedirle que abandone la tribuna.

El señor BOSCH I PASCUAL: Se lo agradezco. Si me permite, voy a proseguir con la proposición de ley sobre regeneración democrática y medidas contra la corrupción política.

Hay una cosa que no entiendo, señora presidenta. ¿Los niños sí y los diputados no? ¿Por qué en Baleares sí y aquí, en el Congreso de Madrid...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, lo siento mucho.

El señor BOSCH I PASCUAL: Es algo que no entiendo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, lo siento mucho, abandone la tribuna.

El Señor BOSCH I PASCUAL: Creo que son tres avisos. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Diga usted si apoya o no la propuesta y no intente buscar enfrentamientos de forma innecesaria.

El señor BOSCH I PASCUAL: Nosotros apoyamos la regeneración democrática y es por eso mismo que no entendemos por qué eso que se les obliga a los alumnos nosotros no lo podemos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, lo siento, no tiene usted la palabra. Le ruego abandone la tribuna. Usted tiene que estar en la cuestión, y no debata conmigo. Se lo he dicho más de tres veces y me hubiera encantado, señor Bosch, que se hubiera usted atenido a la cuestión, pero usted ha intentado ir por otro sitio, lo siento en el alma, porque lo que más me gustaría es saber lo que piensa su partido sobre la propuesta del Grupo de Unión Progreso de Democracia; usted no lo ha hecho, lo siento.

Señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene usted la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que es difícil reubicarse en un debate después de los incidentes o episodios, no llegan a la categoría de incidentes, sobre todo lamentando el fluido inglés que el señor Bosch ha demostrado poder utilizar en esta Cámara, pero vamos a utilizar la lengua castellana, señora presidenta, para referirnos al fondo de la cuestión, porque es una proposición de ley relevante e importante.

Señor Gorriarán, ustedes han intentado presentar aquí las tablas de la ley contra la corrupción, no voy a valorar las intenciones de su grupo ni la extemporaneidad ni el tacticismo que a veces algunos pensamos que ustedes emplean utilizando estados emocionales en el inconsciente colectivo para presentar sus iniciativas; no vamos a entrar en juicios de intenciones. Tablas de la ley, primero, porque parece que ustedes tienen una cierta pretensión de exhaustividad en relación con todos los problemas que normativamente afectan a la corrupción; usted y yo ya lo hemos discutido. Este no es un problema, el de la corrupción, particularmente normativo, es una problema de moralidad pública, de probidad pública. Tablas de la ley porque ustedes han presentado diez propuestas de reforma legislativa y usted no se ha referido a ninguna de las diez, ha hecho una glosa sobre la corrupción como patología social, como patología democrática, ha indicado la intensidad de la refutación que su grupo parlamentario practica en


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su contestación contra la corrupción, que me gustaría creer que es compartida por todos los grupos de esta Cámara, y le puedo asegurar que es compartida por el grupo que yo represento, que tiene la legitimidad de que con ciento dieciocho años de existencia no ha sufrido nunca condena ninguno de sus militantes ni ninguno de sus representantes institucionales por un problema de corrupción, pero no ha explicado lo que ustedes pretenden reformar. Es más, no lo ha explicado, entre otras cosas, porque la ley de transparencia les ha traspasado, se han encontrado con una disposición adicional sexta a la que usted astutamente no se ha referido, que exige al Gobierno la presentación de una ley de transparencia en el plazo de seis meses en esta proposición de ley orgánica que ustedes presentan. La ley de transparencia está a punto en este momento de iniciar su debate en el Senado. La ley de transparencia no solo desde una perspectiva de extemporaneidad de la iniciativa que usted ha presentado les ha traspasado, les ha adelantado; la ley de transparencia es mejor que la iniciativa que ustedes presentan.

Yo podría compartir parte del diagnóstico en relación con la corrupción que usted ha expuesto con pertinencia, señor Gorriarán. Efectivamente, nosotros ocupamos en la Unión Europea el puesto diecisiete en la percepción de corrupción por parte de los ciudadanos de los veinticinco países de la Unión Europea -veintisiete ya-. Uno de cada tres votantes del Partido Popular, usted no lo ha dicho, pero se lo digo yo, uno de cada tres votantes piensa que su partido no está haciendo lo suficiente para luchar contra la corrupción, colaborando efectiva y eficazmente con la justicia. Los cuarenta y seis jueces decanos del Estado español han llegado a firmar algo que a mí me parece discutible, pero ellos lo han hecho y son jueces decanos, no son personas irrelevantes, que la corrupción es sistémica en el Estado español. El volumen o las cifras son verdaderamente acreditativas e ilustrativas de la dimensión cuantitativa e incluso cualitativa del fenómeno. Mil quinientas once investigaciones por tramas de corrupción, mil personas imputadas o implicadas, 3.000 millones de euros incautados. Estamos ante una patología cuantitativa y cualitativamente muy seria. La Convención de la ONU, ratificada desde 2006 por el Estado español, a la que ustedes se refieren también en la exposición de motivos de la proposición de ley, establece que la corrupción política es el procedimiento más insidioso para acabar con la credibilidad democrática de un Estado y para crear alternativamente posiciones políticas nihilistas, fascistas, extraparlamentarias, etcétera. Yo puedo compartir ese diagnóstico, pero, señor Gorriarán, y se lo voy a decir con toda honestidad, en cuanto a las propuestas de reforma normativa que ha presentado -los diez mandamientos de las tablas de la ley- ninguna es aprovechable. Algunas porque están desbordadas por la ley de transparencia, otras porque son inadecuadas y algunas porque son sencillamente aberrantes.

En materia de justicia, usted ha utilizado el argumentario en relación a la justicia y a la politización de la justicia precisamente cuando la justicia está recuperando su credibilidad ante los ciudadanos. Son jueces los que han presentado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo en materia de desahucios y han ganado y han obligado a reformar, insuficientemente todavía, la legislación española en materia de desahucios y de lanzamientos en los procedimientos de desahucios. Son jueces los que están causalizando una reforma laboral que descausaliza el despido en el ámbito social de la jurisdicción, señor Gorriarán. Son jueces los que están intentando regenerar políticamente la actuación bancaria indecente en materia de preferentes y otras situaciones provocadas por las entidades financieras de este país. Son jueces, en definitiva, señor Gorriarán, los que están regenerando parcialmente la situación, no sin dificultades, y no me refiero a los órganos judiciales que constituyen el vértice jerárquico de la Administración de Justicia, sino especialmente a las generaciones y cohortes de jueces más jóvenes que son los que están haciendo todo eso y están recuperando credibilidad ante la ciudadanía, más credibilidad que los representantes políticos. Por tanto, señor Gorriarán, esta invocación a la politización de la justicia yo no diría que no sea pertinente en relación al Tribunal Constitucional -por cierto, respecto al cual no le he oído pronunciarse- y a la calidad y a la profesionalidad de su presidente y al sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, puede haber elementos de politización de esas características, o al sistema de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero no se refiera a la justicia ni tampoco realice una preterición o una refutación de los jueces que están asociados a asociaciones judiciales, porque estos son el 50 % del total de jueces existentes en el Estado español. Y lo que ustedes insinúan mediante las imputaciones de politización que afectan a las asociaciones judiciales es que el 50 % de los jueces del Estado español prevarican sistemáticamente. El 50 % de los jueces están legítimamente asociados, legalmente asociados, y el otro 50 %, no. No convierta en puros al 50 % no asociado y en impuros, perversos y prevaricadores sistemáticamente a los asociados.

Desde una perspectiva competencial, esto ya no nos sorprende en ustedes porque forma parte del fenotipo del partido político que usted representa, pero desde una perspectiva competencial es que no se


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han molestado en respetar ni una sola de las competencias previstas en el bloque de constitucionalidad, hasta el punto de que llegan a la perversión de declarar básico el contenido íntegro de la ley, ley que consideran orgánica y básica en todo, en su totalidad, incluso en lo que afecta a títulos competenciales que constituyen competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Sé que a usted esto no le preocupa, el que existan comunidades autónomas que ostenten competencias exclusivas sobre las cuales puedan legislar a usted le preocupa muy poco, como demuestran recurrentemente y demostrarán seguramente a última hora de la tarde también, pero a nosotros sí nos preocupa y es un requerimiento de legalidad, es un requerimiento de legalidad constitucional, es un requerimiento de legalidad estatutaria, es un requerimiento del bloque de constitucionalidad.

En relación a la transparencia, ¿qué quiere que le diga? Si es que ya está aprobada la ley de transparencia con mucha más calidad y con un ámbito subjetivo muy superior al que ustedes preconizan aquí; se ubica más en el ámbito de la ley de transparencia de lo que ustedes establecen en su propuesta, pero mucho más en el ámbito jurídico-público y en el ámbito jurídico-privado. En el jurídico público, todas las instituciones públicas, todos los organismos constitucionales, todas las administraciones, las entidades gestoras de la Seguridad Social; y en el ámbito privado, los partidos políticos, los sindicatos, las mutuas de accidentes de trabajo y todas las organizaciones que se financian en el 40 % de sus presupuestos con presupuestos públicos, donde cabe incluir a la Iglesia católica también. ¿Qué lecciones, en materia de transparencia -salvo vinculadas a la extemporaneidad de la norma-, nos podrían dar a los que hemos participado en la configuración de la ley de transparencia?

En relación con los partidos, usted, que es un filósofo seguidor, apologeta y entusiasta de la Escuela de Frankfurt, realiza una estigmatización de los partidos basada en las mismas reflexiones que hemos podido leer en Habermas y Adorno, por ejemplo. Los partidos políticos son particularmente perversos. Seguramente el suyo también. Cuando hablan Habermas y Adorno de esa perversión de los partidos políticos es porque, después de convertirse en instrumentos de defensa de determinada ideología, absorben dicha ideología, la hacen desaparecer, las ideologías se uniformizan y lo único que defienden los partidos políticos es la consecución del poder. Me gustaría saber si esto es lo que usted acepta. Esto lo ha escrito Habermas, lo ha escrito Adorno, es uno de los perfiles ideológicos de la Escuela de Frankfurt a la cual usted -y algún compañero suyo de cátedra y de universidad- es particularmente afecto.

En cuanto a las administraciones públicas, existen vulneraciones competenciales en materia del Estatuto de los funcionarios públicos, de los sistemas de autoorganización, de los sistemas de configuración de los procedimientos administrativos de las comunidades autónomas, de los sistemas estadísticos de las comunidades autónomas, de los sistemas de contratación, de los sistemas de designación de personal de confianza o de libre designación de las comunidades autónomas. ¡Ustedes ignoran las competencias autonómicas que respeta incluso el Estatuto del empleado público! Y cuando le digo incluso, le estoy diciendo que incluso el Estatuto del empleado público, que es particularmente lesivo a las competencias autonómicas. Pero como en materia autonómica ustedes carecen de sensibilidad alguna, a usted no le importa en absoluto ir más allá del Estatuto del empleado público a la hora de establecer cuestiones tan curiosas como establecer sistemas de ternas para nombrar directivos, o a la hora de establecer otro tipo de nombramientos, como el de directivos públicos, limitar su mandato a cinco años. ¿Por qué cinco años? ¡Es que no lo ha explicado! ¡No ha explicado nada realmente de lo que ustedes proponen! Si es bueno, ¿por qué no puede estar más de cinco años un directivo público realizando y desarrollando sus funciones?

¡Qué no decirle del Tribunal de Cuentas! En cuanto al Tribunal de Cuentas ustedes proponen que se provea a la designación de los componentes del Tribunal de Cuentas por un sistema que denominan, mediante una manifestación particularmente metajurídica, un sistema similar al acceso a la función jurisdiccional. ¿Me puede explicar qué quiere decir un sistema similar al acceso a la función jurisdiccional? ¿Es que los futuros miembros del Tribunal de Cuentas van a tener que ser licenciados en Derecho, van a tener que aprobar una oposición de más de mil temas, van a tener que estar dos años formándose en la Escuela Judicial y acceder al Tribunal de Cuentas como destino de entrada, como primer destino de entrada? ¿Es esto lo que ustedes están preconizando?

Y podríamos seguir diciendo muchas cosas más. Financiación ilegal; pero cuando hablan de financiación ilegal, que tendría que ser el tronco de la cuestión que a ustedes les preocupa en materia de corrupción política de las administraciones públicas, luego solo se refieren a la Administración local, precisamente la más saneada, la que puede acreditar un déficit cero en términos medios, la que puede dedicar remanentes de tesorería a la creación de empleo y a otras funciones importantes. ¿Pero por qué se fijan tanto en la Administración local? ¿Intentan proyectar esa idea subliminal que a veces se intenta


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proyectar desde las instituciones de que en los ayuntamientos, en el ámbito municipal, la corrupción ha asentado sus reales, prácticamente? Pues no es verdad. Es más, en el ámbito municipal es donde personas con menos remuneración, con más responsabilidad, con más proximidad a los ciudadanos están desarrollando importantes funciones no solo de gestión de los asuntos propios e impropios sino de regeneración democrática.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya, señora presidenta.

Señor Martínez Gorriarán, les ha pillado a contrapié esta proposición. Primero, porque la ley de transparencia está ya aprobada en el Congreso y se está debatiendo en el Senado. Ustedes estaban pensando en una ley de transparencia inexistente todavía y se querían adelantar. Ustedes están practicando un verdadero practicismo o tacticismo político, utilizando las pulsiones sociales de desafecto de la opinión pública en relación a sus representantes institucionales en el sentido más abyecto, más perverso -si me permite la expresión- que se puede utilizar. Ustedes juegan a esto y les va bien. Me alegro de que se ría.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, retire usted la palabra abyecto, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Veo que les va bien. Pues que les siga yendo bien. Otros vamos a jugar a otra cosa.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría. Doy por entendido que ha retirado usted la palabra abyecto.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Cómo dice?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): La palabra abyecto.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Abyecto? ¿Por qué?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Las intenciones de un grupo político no tienen por qué ser abyectas. (El señor Olabarría Muñoz pronuncia palabras que no se perciben). Lo retira. Muchísimas gracias.

Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.

El Grupo de La Izquierda Plural, señor Gorriarán, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática. Lo vamos a hacer porque creemos que es una ley necesaria, a pesar de que no compartimos el cien por cien del redactado que ustedes proponen, pero evidentemente si la ley se tomase en consideración estaríamos a tiempo de modificar ese redactado. No compartimos, por ejemplo, el concepto de ley de austeridad que ustedes proponen en el texto porque precisamente hoy la austeridad, el austericidio, las privatizaciones, la especulación financiera es el principal foco de corrupción en nuestro país y, por tanto, sería una contradicción proponer en una ley contra la corrupción alguno de los elementos que principalmente la motivan. Tampoco compartimos los conceptos de invasión competencial que la proposición de ley presenta, ni siquiera aquellas invasiones respecto a la normativa que regula el Estatuto del empleado público en nuestro país.

Pero, dichos algunos ejemplos de cosas que no compartimos, es cierto que este país necesita una ley de estas características. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de comportamientos que no podemos seguir tolerando, no ya porque la opinión pública manifieste su profunda preocupación por estos temas sino porque en gran parte también la vida política de este país gira alrededor de determinadas circunstancias que en un país civilizado y democrático no deberían darse. Por ejemplo, todos los conceptos de movimiento y de puerta giratoria en nuestro país entre lo público y lo privado; entre los corruptos y los corruptores en ese intercambio de papeles de corrupto y corruptor. Tenemos ejemplos al máximo nivel en nuestro país. Por ejemplo, expresidentes del Gobierno que se han sentado a la derecha y a la izquierda de este hemiciclo


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pasan con sus informaciones y con sus contactos a la empresa privada a cumplir fielmente los servicios, algo inadmisible. O importantes dirigentes empresariales, después de una pésima gestión y de haber generado bancarrotas sonadas o haber gestionado burbujas especulativas, pasan a convertirse en ministros del Gobierno y darnos lecciones de economía. Esto sí es corrupción, señor Gorriarán, eso es corrupción con letras mayúsculas. O que el principal partido que da apoyo al Gobierno de este país degrade cada día la marca España, nuestra marca exterior, porque está plenamente rodeado de indicios de corrupción por todas partes. O que un Gobierno premie el fraude fiscal con una amnistía a los defraudadores. Eso es corrupción también y por tanto debería ser legalmente regulado. O la fallida ley de transparencia, una oportunidad perdida que tuvimos y que vamos a dejar pasar si el Senado no lo remedia; ya lo decíamos, una ley de transparencia que promulga la transparencia para el que cultiva la opacidad.

Acabo con algunos ejemplos finales: la situación del Tribunal de Cuentas en nuestro país hay que abordarla, el control del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos o las donaciones opacas que se realizan a determinadas fundaciones y a determinadas formaciones políticas. Por tanto, sí, démonos la oportunidad de discutir una ley contra la corrupción política y por la regeneración democrática, porque seguro, sin duda, los ciudadanos y las ciudadanas nos lo van a agradecer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió comparte la finalidad global de la proposición de ley que hoy nos presenta Unión Progreso y Democracia, esa finalidad global de luchar contra la corrupción, de contribuir a la regeneración democrática, objetivos que compartimos. Otra cosa distinta es de qué forma esos objetivos se pretenden articular a través de un texto normativo que, de tomarse en consideración hoy, llegaría a ser una futura ley orgánica, y la forma en que los objetivos y finalidades se transforman en artículos concretos nos da como resultado una fórmula inconstitucional. Tantas veces hemos oído a grupos defendiendo la Constitución y el articulado que se nos presenta hoy es inconstitucional, no pasaría la prueba de la constitucionalidad porque atenta directamente al bloque de la constitucionalidad -formado por Constitución y estatutos de autonomía- porque sencillamente esta proposición de ley ignora la distribución de competencias que se articula en la Constitución y en los estatutos de autonomía aprobados, la ignora de una manera rotunda, anula lo que es una competencia exclusiva sin matices de las comunidades autónomas, que todas ellas han asumido, que es la de autoorganización de sus propias instituciones, que una comunidad autónoma pueda realmente prefigurar cómo es su función directiva, cómo son sus cargos eventuales, qué periodo tienen de mandato, qué incompatibilidades tienen o no. Esa facultad de autoorganización, que en todo caso deberán prefigurar los parlamentos autonómicos respectivos, ustedes a través de esta propuesta la ignoran.

Se ignora también un calendario que hemos acordado y que votamos varios grupos de la Cámara, incluso el grupo proponente, cuando se aprobó en este Pleno una resolución en la que fijábamos una hoja de ruta de reformas normativas en el ámbito de la regeneración democrática, reformas que son necesarias y que ya hemos empezado a implementar. Quiero recordar que la pasada semana aprobó este Pleno el proyecto de ley de transparencia, que ahora ha entrado en el Senado, por tanto hemos empezado ya, pero quiero recordar también que organismos consultivos y el Gobierno tienen ya el encargo de proponer a esta Cámara un conjunto de reformas que entre todos pactamos que queríamos realizar, entre ellas cómo reforzamos el papel del Tribunal de Cuentas, sin menospreciar la reforma ya acordada en esta legislatura que le da mayores competencias a la hora de regular la financiación de los partidos y de las fundaciones ligadas a los partidos políticos; la reforma ya aprobada en esta legislatura le da mayores competencias al Tribunal de Cuentas pero quiere estudiarse una reforma con mayor intensidad.

También de qué forma reformamos el Reglamento de esta Cámara para introducir mayor calidad democrática, entre otras medidas que ya avanzo que no son de suficiente calidad democrática. Es cierto que en este hemiciclo hay una mayoría absoluta fruto de unas elecciones, pero que esa mayoría tenga incluso el derecho en una Junta de Portavoces, porque así lo permite el actual Reglamento, de poder decidir por mayoría absoluta si un determinado aspecto puede llegar a discutirse en este Pleno nos parece de una calidad democrática de baja intensidad y queremos esa regeneración que pide la proposición de ley con una reforma del Reglamento. Esperamos que pronto se convoque esa ponencia porque hay aspectos que deben mejorarse de manera clara.


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Como también debemos mejorar aspectos relativos al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin menospreciar los claros avances que en este ámbito se produjeron en legislaturas anteriores; sin menospreciar que el Código Penal actual y vigente es un código que no pasa de largo en el tema de la corrupción y que, si lo comparáramos con países de nuestro entorno, es un Código Penal que nadie podría decir que no es exigente en este ámbito aunque debemos perfilar determinados conceptos. Como deberemos de perfilarlos con la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con términos como los de imputado. Yo le reconozco al grupo proponente que tiene el acierto de diferenciar, no es la mera imputación, sino cuando a ese imputado ya se le ha abierto a través de un auto juicio oral y ese auto ya no es ni recurrible porque es firme. Se ha avanzado porque en muchísimas ocasiones el término imputado es sinónimo ante la opinión pública y ante los medios de comunicación de persona condenada o persona que ha realizado un hecho delictivo y no es así. En muchas ocasiones la imputación se realiza para que esa persona actúe con mayor protección, asistida por letrado, ante esa declaración que se le pide en un determinado juicio que se ha abierto. Por tanto, seamos capaces de perfilar mejor los términos.

Hay tarea pendiente por realizar; muchísima, pero hay un calendario que hemos acordado en esta Cámara aprobando una resolución. Y hay aspectos -se decía también- de reforma de la Ley Electoral, de qué manera somos capaces de abrir las listas electorales, de qué manera somos capaces de mejorar la representación de los diputados en relación a los votos realmente obtenidos por cada formación política. Todo ello redunda en ese fortalecimiento de las reglas democráticas que Convergència i Unió considera necesario, que debe discutirse, que debe acordarse desde ese máximo consenso que también se proclamaba por parte del diputado Baldoví y de otros diputados, en el sentido de decir, vayamos a hacerlo, no con el tacticismo de apuntarme yo como grupo una especie de ley omnicomprensiva que pretenda dar respuesta a todo cuando en la letra pequeña nos alejamos del propio texto constitucional y de los estatutos aprobados, sino que busquemos norma a norma de qué manera podemos mejorar esos grandes retos que tenemos ante un fenómeno que es execrable y que denunciamos, y que la opinión pública también redunda en ayudarnos a impulsar medidas que frenen esos casos de corrupción y sobre todo, lo más importante, que actúe como prevención a los mismos. En este sentido, desde Convergència i Unió consideramos que todas las normativas que se impulsen -se ha intentado ya en esta Cámara- en lo que es la transparencia son un buen ejemplo para prevenir. Aquello que es transparente, aquello que puede conocerse es un antídoto para evitar que determinadas actuaciones lleguen a realizarse, precisamente por ese principio de la transparencia que las normas deben y pueden implementar.

Por tanto, camino por recorrer nos queda muchísimo. Esperamos los informes del Centro de Estudios Constitucionales que esta Cámara le ha pedido y que el Gobierno le ha pedido. Esperamos también que esos informes nos marquen una hoja de ruta, necesaria en este ámbito. Valoramos que se realicen propuestas legislativas, pero nos gustaría que fueran propuestas legislativas desde el consenso de todos, que incluso pudiéramos lograr en esta legislatura la unanimidad de todos en esa hoja de ruta para dar respuesta a lo que la sociedad nos pide, a lo que los ciudadanos nos exigen y sobre todo al imperativo moral y ético que todos debemos aplicarnos, desde este Poder Legislativo hasta los Poderes Ejecutivos de ámbito estatal, autonómico o local. Todos ellos deben interpretar ese imperativo ético como la hoja de ruta de sus Gobiernos y de cada uno de los Parlamentos. Si no es así, no estaremos dando respuesta a aquello que la sociedad nos pide.

Termino ya. Regeneración democrática, lucha contra la corrupción, transparencia, también regulación de lo que se denominan registros de intereses, lobbies..., cuanta más publicidad, cuánto más control se tenga, mejor para saber en cada momento qué intereses se atienden cuando legítimamente un grupo quiere, ante una modificación gubernamental o legislativa, hacer valer sus puntos de vista, pero sin olvidar que los que toman las decisiones han de atender todos los puntos de vista, pero siempre al interés general. Por tanto, conocer esos registros de intereses también contribuiría a esa necesaria lucha contra lo que es opacidad o falta de transparencia. Nos quedan muchas actuaciones, muchas reformas, aunque -se ha dicho antes por el señor Olabarría- las reformas normativas no son una varita mágica y, aunque aprobemos una ley con un buen título, no con eso ya hemos cumplido esa labor, sino que es ese imperativo ético del día a día de cada uno de los servidores públicos el que debe ser el exponente de lo que debemos impulsar entre todos para que esa respuesta que la ciudadanía nos pide sea efectiva por parte de cada responsable público.

Señora presidenta, señorías, muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, creo que todos coincidimos, señor Martínez Gorriarán, y todos los grupos lo estamos expresando así, en que vivimos probablemente uno de los momentos más delicados, más graves, de crisis política en nuestro país. Es una crisis que está en gran parte agravada por el fenómeno de la corrupción, como ustedes han señalado, que provoca creciente descrédito institucional, creciente desconfianza en los partidos políticos y, desgraciadamente, también en nosotros mismos. Me gustaría empezar por decirles, señorías, que no debiéramos analizar este fenómeno tan importante de forma alejada de la crisis social. En gran parte lo que está ocurriendo es consecuencia de que el país está viviendo uno de los momentos más delicados desde el punto de vista del crecimiento de la desigualdad, de la generación de pobreza, muy importante en muchísimos espacios sociales, con espacios donde las pensiones mínimas conducen a multitud de hogares con problemas de sobrevivencia prácticamente cada día, con problemas de paro de larga duración, con problemas en la vivienda, en los desahucios. Permítame, señora presidenta, que en ese contexto les señale la condolencia que mi grupo quiere expresar -y estoy seguro que todos ustedes, señorías- por esa noticia que hemos tenido de una señora que se ha suicidado hoy en Madrid como consecuencia de la pérdida de su vivienda al haber sido rescindido su contrato, no sé si por desahucio o por rescisión contractual. Lo cierto es que ella ha perdido su vivienda y se ha suicidado. Se llamaba Amparo, pero nadie se lo dio; se llamaba Amparo, pero no lo tuvo. No es un juego de palabras, señorías, es el destello sobrecogedor de una crisis social, es el fogonazo de la pobreza en España, que también hay que insertar en este clima de desconfianza de la política sobre el que estamos hablando.

La proposición de ley, señorías, probablemente nos lleva a una de las acciones que el Poder Legislativo tiene que abordar, que es un conjunto de reformas de nuestro entramado para hacer leyes más severas, más concretas, para hacer leyes mejores con el fin de evitar esta conducta humana, no solo de la política, que está perturbando seriamente, como les decía, nuestro crédito institucional. Nosotros compartimos ese inicio de la acción, compartimos la motivación de su grupo, pero déjenme que les exprese que su proposición de ley tiene, en mi opinión, dos problemas graves. Uno, que ha sido superada por la realidad en muchos aspectos; se ha citado ya la aprobación de la ley de transparencia, siendo esta uno de los objetivos principales de la proposición de ley, pero incluso la técnica legislativa que utiliza, tratando de corregir y reformar un conjunto de leyes básicas, orgánicas, de leyes importantes a través de un solo proyecto de ley, no me parece la fórmula más correcta. No es adecuado que una sola ley, una especie de cajón de sastre, reforme leyes tan heterogéneas como las que aquí se plantean. Se incluye además en mi opinión una especie de mandato al Gobierno en varias de las disposiciones de la ley para desarrollos legislativos en plazos muy variados, lo cual no permite ofrecer un paquete integral, un paquete armonizado de reformas legales en torno a esta materia. Hay una combinación de proposiciones no de ley encubiertas en la proposición de ley mandatando al Gobierno para que haga desarrollos legislativos, que a saber cómo vendrían. Esta no es la fórmula, sinceramente, señores de UPyD, se lo quiero decir con todo afecto. En nuestra opinión esta proposición de ley no debiera de ser el instrumento para abordar un problema tan importante. Incluso hay propuestas -también se ha señalado por parte de algunas de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra- que son redundantes. Por ejemplo, la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas ya existe. Usted la quiere llevar al Senado, pero presenta la creación de una nueva organización administrativa cuando todo el espíritu de la proposición de ley es reducir el entramado administrativo. Un nuevo plan de austeridad, también lo ha dicho el representante de Izquierda Unida. Mi pregunta es: ¿Más austeridad, más todavía?

Cuando se habla de regeneración política tenemos que intentar ser consecuentes y sensatos porque estamos viviendo un tiempo de ocurrencias. Hay muchas ocurrencias, todo el mundo escribe cosas, venga a plantearse propuestas que a veces son completamente contradictorias y absurdas con su propio propósito. Ayer escribía un artículo en El País, probablemente el politólogo más sabio de nuestro Estado, José María Maravall, precisamente diciendo que hay muchas proposiciones para la regeneración democrática que son completamente contradictorias con el propósito. Hay un párrafo que no me resisto a leerles porque decía así: "No pienso que existan remedios institucionales mágicos -también se ha dicho aquí- a las carencias de nuestra vida política, pero no acepto resignación y fatalismo. Creo que la solución podrá venir de una mayor participación política en una sociedad largo tiempo desmovilizada; de ciudadanos que defiendan activamente aquello en lo que crean, fuera o dentro de los partidos; de que


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medios de comunicación y jueces desempeñen adecuadamente su papel de control; de que los ciudadanos mantengan toda la desconfianza política pero sin ceguera alguna: descalificaciones genéricas de la política y de los políticos socavan la democracia. Nunca he comprendido -acaba su párrafo- por qué uno es felicitado por no volver a la política en vez de ser criticado." Qué razón tenía.

Este es un tiempo de ocurrencias y mi reflexión, señorías, para acabar es la siguiente. El clima de percepción ciudadana sobre la corrupción política es probablemente uno de los peores que hemos tenido en nuestra historia; hemos cruzado -como se dice ahora- las líneas rojas, todas las líneas rojas; afecta -y gravemente- a la democracia y a la credibilidad de nuestras instituciones. En segundo lugar, todos queremos reaccionar. De hecho se han presentado en esta Cámara multitud de proposiciones. Esta es una de ella, pero permítanme que les exprese, por ejemplo, que nuestro grupo también ha presentado cuatro proposiciones de ley hace unos pocos días para reformar el Código Penal, el Tribunal de Cuentas o la Ley de los Partidos Políticos. Hay un montón de proposiciones. Señorías, pero qué es lo hemos hecho -esta es una reflexión que me hago en primera persona del plural- hasta la fecha. Por ejemplo, les recuerdo que en el debate sobre el estado de la Nación se aprobó una resolución por un conjunto de grupos muy mayoritario que reclamaban al Gobierno una serie de acciones: proposiciones de ley, proposiciones no de ley, proyectos de ley, mociones. La pregunta es: ¿Qué hemos hecho hasta hoy? La gente nos mira y dice: ¿Pero qué pasa? ¿Es que el tema de la corrupción no reclamaría haber tomado ya decisiones? Es cierto que está la ley de transparencia, pero no hay nada más. Además esta ley no es la más eficaz para solucionar el problema que estamos comentando porque hay que cambiar el Código Penal, prescripciones, la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Partidos Políticos; hay que cambiar diez o doce cosas muy importantes. La pregunta es cómo lo hacemos y cuándo.

El señor Baldoví ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo. Yo no sé si es un grupo de trabajo o una subcomisión parlamentaria, lo que creo es que esto tiene que hacerse ya, y entre todos. Tiene que hacerse ya y entre todos, o si ustedes quieren, entre todos y ya. No creo que quepan proposiciones de ley de un grupo político que trate de abanderar el discurso o la iniciativa; no creo que sea un problema de darle el título al que tenga la mejor ocurrencia. No, esto es algo que tenemos que hacer entre todos, y tampoco puede hacerlo el Gobierno con iniciativas por razones obvias que me ahorraré en esta materia en particular. Tenemos que hacerlo entre todos. No sé si la solución es una subcomisión parlamentaria -ojalá; así lo hemos propuesto nosotros-, lo que creo que es importante es que esta Cámara, que el sistema parlamentario le diga al país que hemos acordado un conjunto de reformas legales entre todos -entre todos los que podamos, entre todos los que queramos acordar-, como proposiciones de ley suscritas por todos los grupos que se aprueben con urgencia en la Cámara y que representen el consenso de la Cámara ante el problema tan importante de credibilidad de nuestro sistema democrático y de nuestras instituciones. Esa es la propuesta y simplemente les digo -ustedes han recibido una carta del secretario general del PSOE proponiéndoles este método- que seamos generosos. Yo no quiero protagonismos de nadie, no quiero que nadie pueda atribuirse -ni el Gobierno ni ningún partido- que tiene la mejor fórmula, la más severa, la más extrema, la mejor. No, no la hay. La mejor es entre todos y la mejor es ya. Esto puede hacerse, y nuestra propuesta, señorías, es que acordemos ese método, que lo hagamos por consenso, y les aseguro que el PSOE, en nombre de quien les hablo, se dejará la piel en ese intento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jáuregui.

Por el Grupo Popular, señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Martínez Gorriarán, querría hacer alguna consideración antes de entrar en el contenido del texto normativo que se ha remitido a la Cámara. La primera es que en mi opinión aquí no hemos venido a hablar de si hay o no hay corrupción en España. Naturalmente que la hay, todos lo sabemos; no nos descubre usted el Mediterráneo cuando dedica el 80 % de su intervención a glosar los fenómenos de corrupción en España, el desapego de los ciudadanos respecto de las instituciones, etcétera. Aquí estamos para otra cosa, estamos para ver si la proposición de ley que ustedes han remitido sirve o no para algo a estos efectos.

A lo largo de su intervención ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de los indultos, del aforamiento, de la Ley Electoral, de la fiscalía, de las incompatibilidades, del despilfarro, pero prácticamente no ha dicho una sola palabra del contenido de la proposición, y yo quisiera hacer dos consideraciones previas respecto de la proposición que han remitido. La primera es que es un texto antiguo, claramente superado


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y en mi opinión obsoleto. Ustedes la presentaron hace casi dos años -más de año y medio- y desde entonces los grupos parlamentarios, el Congreso, el Senado, el propio Gobierno, todos, hemos trabajado mucho en este campo, y merecíamos algo más que este texto que UPyD ha presentado. Por tanto, la primera consideración es que su proposición está obsoleta, está desfasada y en mi opinión es extemporánea. Además es un texto desordenado -ya lo era en su día; ustedes lo presentaron como un texto de urgencia-, variopinto, confuso; es una especie de batiburrillo -permítame la expresión- de iniciativas poco meditadas y poco trabajadas, por eso mi grupo -ya se lo adelanto- va a votar en contra.

La segunda consideración previa a entrar en el contenido del proyecto que le querría hacer, es que su trayectoria en esta materia en esta Cámara no es como para creer demasiado en la sinceridad de sus propuestas. Ustedes votaron en contra de la ley de transparencia, que es mucho más exigente y mucho más avanzada que lo que han presentado ahora. Ustedes votaron en contra de la incompatibilidad de las cesantías para los altos cargos con cualquier otro tipo de retribución. Ustedes votaron en contra de las indemnizaciones al cese de los cargos directivos del sistema financiero respecto de las entidades bancarias intervenidas o auxiliadas por el Estado. Ustedes no votaron la reforma del Código Penal en materia de transparencia y de lucha contra el fraude fiscal; ustedes pidieron un pacto de Estado en esta materia, pero se han desmarcando prácticamente de todas las iniciativas que les han presentado. Y ahora, casi dos años después, sacan del cajón una proposición -perdónenme la metáfora- llena de polvo, sin modificación, sin actualización, sin reflexión adicional alguna.

Vayamos al texto, señor Martínez Gorriarán. La exposición de motivos está llena de tópicos, en mi opinión, pero no me resisto a comentar uno: cuando dicen que las administraciones con mayor número de empleados públicos nombrados por un cargo político o un partido político son más proclives a corromperse. ¿Esto de dónde lo han sacado ustedes? ¿Dónde lo han encontrado? Esto no tiene precedentes, en ninguna memoria, en ninguna exposición de motivos de ninguna ley de transparencia o de lucha contra la corrupción en derecho comparado se hace una afirmación de este tipo. Esto es una presunción de culpabilidad de los cargos políticos. ¿De dónde han sacado esto? Supongo que esta presunción les afectará también a ustedes y afectará también, por ejemplo, a su jefa de filas cuando fue consejera del Gobierno vasco, porque fue nombrada por un partido político y nombró un equipo político de su propio partido. Hay muchas y muy buenas maneras, en mi opinión, de defender el hecho -soy partidario, se lo adelanto- de que el personal de confianza sea más lo más reducido posible, pero esta especie de presunción de corrupción es absolutamente inaceptable.

En segundo lugar, en el artículo 2 definen ustedes lo que entienden por corrupción. Supongo que es una definición en términos sociológicos o políticos pero no jurídicos, porque si se tratara de una definición de carácter jurídico estaríamos en la tipificación de un delito y por lo tanto se requeriría ley orgánica, pero ustedes han mandado aquí una ley ordinaria. La misma consideración se le puede hacer cuando ustedes hablan por ejemplo del derecho de acceso. El derecho de acceso es un derecho contemplado en el artículo 105 de la Constitución española pero no es un derecho fundamental, y ustedes pretenden la modificación de la Constitución vía ley ordinaria. Saben ustedes perfectamente que los derechos fundamentales están entre los artículos 14 y 29 de nuestro texto constitucional, y saben perfectamente que el Tribunal Constitucional ha declarado siempre, invariablemente, que el derecho de acceso no es un derecho fundamental. Sin embargo, ustedes pretenden transformarlo en derecho fundamental vía ley ordinaria. Dedican ustedes el artículo 5 a medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, y prácticamente lo centran todo en la regulación de los contratos menores. ¿De verdad creen ustedes que la corrupción en la contratación administrativa está en los contratos de menos de 18.000 euros? ¿De verdad creen que esa es la reforma que le hace falta a la contratación administrativa? ¿Creen que con bajar la cuantía de 18.000 a 15.000 euros se van a arreglar los problemas de corrupción en la contratación administrativa?

Proponen también la publicidad de todos los contratos, eso sí, sin tomarse la molestia de suprimir antes los contratos negociados sin publicidad que están contemplados por la normativa comunitaria. Más tarde proponen ustedes que un mismo licitador no pueda resultar adjudicatario de contratos menores cuando la cuantía de todos ellos sume 50.000 euros. ¿Y qué hacemos con el principio comunitario de libre concurrencia, señorías? Ustedes han traído aquí una serie de ocurrencias -como han dicho no sé si el señor Olabarría o el señor Jáuregui- redactadas de urgencia para una ocasión de hace casi dos años, y vuelven a desempolvarlas y a traerlas a la Cámara. En el artículo 8 hablan ustedes de profesionalización y despolitización del empleo público. El empleo público en España es altamente profesional, insisto, altamente profesional. Son dos presunciones las que ustedes hacen en la ley, la primera una presunción


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de corruptibilidad del cargo político, y la segunda una presunción de falta de profesionalidad del cargo de libre designación, que se nombra entre funcionarios de carrera. No entiendo cómo se puede venir a esta Cámara a hacer ese tipo de presunciones, que son absolutamente insostenibles en un Estado democrático. Me parece francamente chocante. Piden ustedes que el Estado fije el máximo de personal eventual que pueda determinar otra Administración. Pero es que el Estado no tiene competencias, se lo ha dicho el señor Jané. El Estado constitucionalmente no puede invadir la competencia de autoorganización de las comunidades autónomas. Piden ustedes también la creación de un registro de la contratación. Es que ya existe ese registro de la contratación, está en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Piden un registro de subvenciones. Todas se publican en el BOE y además existe un registro informático, una base de datos de subvenciones, que está regulado por el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones. Piden ustedes la inclusión de la financiación de partidos en la página web del propio partido, pero esto estaba en la ley de transparencia y ustedes han votado en contra. Por cierto, en cuanto a financiación, le recuerdo que su grupo defendió en la Diputación Permanente que cuando un partido hubiera incumplido en algún punto la Ley de Financiación se asumieran responsabilidades políticas. Tienen ustedes ahí una gran oportunidad porque el Tribunal de Cuentas, en su informe de 2008, señala que no aparecen identificados algunos de los donantes del partido. (El señor Martínez Gorriarán hace signos negativos). Eso es exactamente lo que dice. Eso es un incumplimiento, eso es una irregularidad, llámenlo ustedes como quieran, pero eso aparece en el informe del Tribunal de Cuentas de 2008. Por cierto, esta crítica política ha hecho que ustedes presenten demandas contra compañeros de mi grupo parlamentario, de manera que cuando ustedes dicen que hay que mantener separada la política de la justicia incurren en una judicialización de la política para evitar la crítica de los demás grupos de este Parlamento.

Dedican ustedes el artículo 10 a la exigencia de publicidad de los presupuestos y de la contabilidad de las empresas públicas. Eso ya está en gran medida en la Ley General Presupuestaria, ya se publica en el Boletín Oficial del Estado, ya está publicado en las páginas web del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya está en la página web de la IGAE -lo que hay que hacer es mirarlas-, y sobre todo eso ya está en la ley de transparencia, a la que ustedes han votado que no. Lo mismo ocurre con la obligación de transparencia que ustedes proponen en el artículo 16 para las retribuciones de altos cargos -está en la ley de transparencia y ustedes han votado en contra-, o con la transparencia de la contratación pública -está en la ley de transparencia y ustedes han votado en contra- o con la transparencia que afecta a sindicatos y a organizaciones empresariales -está en la ley de transparencia y ustedes han votado en contra-. Por cierto, se les olvida en su texto citar también a los partidos políticos y quizás esa es la razón por la que ustedes han no han querido acompañarnos en la ley de transparencia.

Termino ya, señora presidenta. Estos temas de corrupción hay que tomárselos más en serio y hay que trabajárselos con más rigor. Por eso el Gobierno va a presentar un plan nacional de regeneración democrática -aludió a él el presidente del Gobierno en su comparecencia de 1 de agosto y aludió a él la vicepresidenta del Gobierno en el último Consejo de Ministros-, un plan nacional de regeneración democrática que sí es un plan serio y que se va a plasmar en seis grandes instrumentos legislativos que le resumo a continuación. En primer lugar, vamos a impulsar la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Esta ley va a reformar también tanto la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas como la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, se le va a dotar de más medios, se va a mejorar el procedimiento sancionador, se van a establecer fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Oficina de Conflictos de Intereses y las entidades bancarias para controlar y llevar a cabo la correcta fiscalización de las donaciones a los partidos políticos. Se va a proceder también a la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos introduciendo normas de contratación específicas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gómez de la Serna, vaya terminando.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino.

...para los partidos políticos, la figura del responsable en la gestión económica o la responsabilidad subsidiaria de los representantes legales del partido; se va a regular el Estatuto del cargo público mediante ley reguladora del ejercicio de las funciones políticas; se va a reformar la Ley Orgánica del Código Penal -por ejemplo, ampliando el tipo y el endurecimiento de la pena del tráfico de influencias o introduciendo el tipo de la financiación ilegal de los partidos-; se va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal; se va


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a reformar la Ley de Contratos del Sector Público y se va a modificar la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Les invito a que participen en la tramitación de estas reformas, a que lo hagan en serio, que lo hagan con rigor; a que nos ayuden a mejorar el panorama legal español para combatir la corrupción y a que retiren la iniciativa que hoy han presentado; primero, porque es superficial; segundo, porque es extemporánea y, tercero, porque solo tiene una finalidad, que es el efectismo mediático y está basada en una metodología, que es el facilismo político.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna. (El señor Martínez Gorriarán pide la palabra).

Señor Martínez Gorriarán, ¿qué desea?

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señora presidenta, quería contestar a una alusión, que me parece injuriosa, que ha hecho el señor diputado sobre la base del artículo 71.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Adelante, tiene un minuto.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias.

Señoría, es inútil que intenten poner el ventilador. Eso que dice usted del Tribunal de Cuentas no solamente es inexacto, es calumnioso. Lo que hace el Tribunal de Cuentas en el informe, que está entero para que usted lo lea en nuestra página web, es felicitarnos, y lo que dice es que hay 28.000 euros en una cuenta a la que no tenemos acceso, a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Hacienda pública, para que los ingresos de unas personas que no se identificaron en el banco al hacer el ingreso estén a disposición de la Hacienda pública. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Eso no es crítica política, es una calumnia, y por si acaso alguien tiene una duda que lo sepan todos ustedes: el que acuse a mi partido de financiación ilegal acabará con una querella.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Supongo que no será una amenaza. (Rumores).

Señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Señor Martínez Gorriarán, es exactamente lo que he dicho, que el Tribunal de Cuentas dice que no están identificados determinados donantes en la contabilidad de su partido. Es exactamente lo que dice el Tribunal de Cuentas y es lo que yo les he dicho. Lo que pasa es que hay veces que jugar al papel de inquisidor es complicado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMAS URGENTES PARA MEJORAR LA PROGRESIVIDAD Y SUFICIENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO. (Número de expediente 122/000107).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, de reformas urgentes para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Sixto. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, los distintos Gobiernos que se han sucedido en España han provocado con intensidad, desde mediados de los años noventa, reformas estructurales en el sistema tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los impuestos. Además no ha existido una verdadera voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal. Las estimaciones sobre economía sumergida, que rondan entre el 20 % y el 25 % del PIB, así lo demuestran. Nuestro sistema tributario ha sufrido una fuerte transformación, tanto en lo relativo a su progresividad como a su potencial recaudatorio. Los años de crecimiento a crédito y de la burbuja inmobiliaria ocultaron esta realidad, pero la crisis y la recesión pasan ahora factura.


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En los cinco largos años que ya lleva esta crisis se ha retrocedido tanto en suficiencia de recursos -esto es bastante evidente- como en equidad en la distribución de la carga fiscal. En la gestión de la crisis la opción ideológica ha sido centrar los esfuerzos en la reducción del gasto público pero, claro está, el esfuerzo de reducción del déficit exigido por la troika en plena recesión es tal que actuar sobre el gasto no es suficiente. Así, el Gobierno del Partido Popular ha ido introduciendo medidas tributarias con la intención de corregir el déficit público, consciente de que la evolución de los ingresos públicos requiere la adopción de medidas para reforzar la recaudación. Algunas de estas medidas son puntualmente positivas, si bien poco ambiciosas, y casi todas de carácter temporal, pero en todo caso quedan empañadas con la del mayor potencial recaudatorio: la elevación de los tipos impositivos en general y la reducción del impuesto sobre el valor añadido, que es una medida absolutamente regresiva porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos. Además afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo. Cuando el Gobierno quiere recaudar más, lo hace de la forma más regresiva posible y, cuando anuncia su voluntad de luchar contra el fraude, lo hace implantando una amnistía que, además de ser un fracaso en términos de recaudación, como ha quedado demostrado, contribuye a deteriorar aún más la conciencia fiscal de la ciudadanía, haciendo que pagar impuestos sea sinónimo de ser casi un inocente político.

Nosotros, por el contrario, creemos que el necesario aumento de la recaudación ha de conseguirse con criterios de equidad y progresividad. Por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal es prioritaria -de hecho, en nuestra proposición de ley se incluyen medidas específicas para reforzar esa lucha contra el fraude fiscal-, pero aquí vamos a hablar básicamente de reformas de la estructura tributaria. Son precisas medidas tributarias que gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, que tienen una propensión marginal a consumir menos y, por tanto, el gasto interno en forma de demanda no se verá tan afectado, contribuyendo así positivamente a la recuperación de nuestra economía y a reducir de forma sensata el déficit público. Cuando se habla de bajar impuestos -el Gobierno lo intentará cuando pueda con los impuestos directos; así se ha anunciado, a pesar de que la evolución del déficit público, gravemente incrementado en los últimos trimestres, hace prever que esa anunciada bajada de impuestos no se pueda llevar a cabo, sino todo lo contrario-, se dice que es para ayudar a reactivar la economía. No obstante, puestos a estimular el crecimiento, debería hacerse por el lado del gasto, para impulsar la demanda -es una receta básica en economía que ha dado sus frutos muchas veces a lo largo de la historia-. La propensión al consumo es mayor en los beneficiados por el incremento del gasto público que la que se produce en los favorecidos por la reducción de impuestos, por mucho que vengan las confederaciones de organizaciones empresariales a plantear la necesidad de esa reducción de impuestos.

Para mi grupo parlamentario el problema de la economía española no es el gasto público, sino que son los ingresos. Es verdad que la crisis económica tiene consecuencias negativas sobre las bases imponibles de todos los impuestos, porque caen la actividad, las ventas, el consumo, el empleo, los salarios y también los beneficios empresariales. Hemos perdido recaudación, pero también hemos perdido equidad. Aportan más los impuestos indirectos y cae dramáticamente la tributación directa sobre los beneficios empresariales. Hay que dedicar una atención especial al impuesto de sociedades. Un porcentaje muy elevado de la caída de los ingresos tributarios se explica por la caída en la recaudación de este tributo. El resultado contable de las empresas cae, pero la base imponible del impuesto de sociedades cae mucho más por las diferencias entre el beneficio contable y el fiscal. Además, existe una amplia gama de deducciones fiscales que reducen aún más la carga fiscal de las empresas. Así, el tipo real está muy alejado del nominal, el 30 % para grandes empresas y el 25 para las pequeñas y las medianas. El tipo efectivo medio sobre la base imponible en 2011 era del 19,4 %, y el tipo efectivo medio sobre beneficios en 2011 era el 11,6. Para las grandes empresas es todavía menor su nivel de contribución; cuanto más grandes son las empresas menos impuestos pagan. Los grupos consolidados tributan en tipo efectivo sobre el resultado contable al 5 %; las empresas no consolidadas lo hacen al 15,3 %.

En el IRPF las rentas salariales declaradas como media superan cada vez en mayor cuantía a las rentas por actividades económicas. Según los datos estadísticos, los empresarios, personas físicas y profesionales, declaran muchas veces ser mileuristas y cobran menos que sus propios trabajadores. Además, si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, los contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. Aquí influye poderosamente la segregación de las rentas del capital de la tarifa general. Por eso, la subida de la tarifa apenas tiene un impacto recaudatorio. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, de todos es conocido que se eliminó hace años en la etapa de Gobierno socialista, en la etapa de gobierno anterior. Al final de la misma se trató de recuperar parcialmente y de forma


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temporal buscando una contribución simbólica de los ricos. Este impuesto nunca se cebó en las clases medias, la excusa para eliminarlo era falsa. El 80 % de la recaudación lo aportaba el 20 % de los contribuyentes, cuya riqueza superaba los 750.000 euros. Era uno de los impuestos que gravaba la riqueza y que nosotros planteamos que tiene que recuperarse de una forma más sustancial. Respecto al IVA, si comparamos la recaudación con el consumo privado, esta relación en España es la segunda menor para el conjunto de países de la Unión Europea; solo empeora en Grecia, y el fraude es básicamente la explicación de este fenómeno.

Con nuestra proposición de ley mi grupo parlamentario plantea una serie de modificaciones: en primer lugar, sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pretendemos mejorar su progresividad, es el leitmotiv fundamental de esta proposición de ley, y elevar su potencial recaudatorio. Se propone reformar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva; se reserva este método a aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final. Se integra en la tarifa general del tributo a los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años. Se elimina la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta y también de realizar dicha compensación en ejercicios posteriores. Se suprime la posibilidad de compensar las pérdidas patrimoniales de juego hasta el límite de las ganancias. Se limita la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones, 3.000 euros anuales. Para nosotros esta es una cuestión capital, puesto que entendemos que la política del Gobierno está incentivando esto, con el anunciado recorte de las pensiones valorado en 33.000 millones de euros, si no me falla la memoria, en algo menos de lo que se declara como pérdidas del dinero que se le ha prestado a la banca. Con toda esta dinámica lo que esta tratando este Gobierno es de otorgar un trozo del pastel a la banca, incentivando los planes privados de pensiones que, desde nuestro punto de vista, tienen muchísimo más peligro de caer en bancarrota que las pensiones públicas.

Se propone en este proyecto de ley derogar el régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español. Es significativo cómo este gravamen al tipo del 24 %, que se incluyó hace bastantes años ya en nuestra legislación para favorecer, en teoría, la venida a España de directivos de grandes multinacionales para que asentaran aquí sus reales, no ha dado los frutos deseados. Al revés, es ahora aprovechada, por ejemplo, por los clubs de fútbol para acabar contratando con unos emolumentos astronómicos a unos jugadores que acaban tributando a un tipo muy inferior al que tributan otros trabajadores que trabajan algo más que estos mismos jugadores de fútbol.

Se mantiene de forma indefinida el gravamen complementario a la cuota interna estatal que estableció de forma temporal el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. No todas las medidas implementadas a este respecto han sido negativas, y esta particularmente, desde nuestro punto de vista, debe ser alargada en el tiempo.

Respecto al impuesto sobre sociedades, limitamos la compensación de bases imponibles negativas a los períodos impositivos no prescritos. Se establece un tipo del 35 % para las bases imponibles que superen el millón de euros, ya que las empresas de cierta dimensión que obtienen beneficios por encima de esta cantidad pueden realizar sobradamente un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público en estos momentos que es tan necesario. Se evita que las empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal y que en muchas ocasiones es incluso menor que el tipo efectivo medio de las empresas de menor dimensión. Lo que pretendemos y defendemos es que el tipo efectivo no pueda ser inferior al 25 %. Además, planteamos otra serie de medidas que para nosotros son fundamentales. Encargamos al Gobierno que traiga a esta Cámara en un plazo razonable el proyecto de ley para la creación de un impuesto sobre bienes suntuarios aplicable tanto a los productos y a los servicios considerados de lujo. También planteamos que venga a esta Cámara un proyecto de ley, y así se insta al Gobierno, para la creación del impuesto sobre las transacciones financieras, algo que se ha comentado muchas veces en las cumbres europeas, que algunos países lo han defendido, pero que, en última instancia, está pendiente de hacerse, y estaría bien que nuestro país fuese puntero a este respecto. También planteamos que se traiga a esta Cámara un proyecto de ley para crear un impuesto sobre la riqueza que sustituya al impuesto sobre el patrimonio y lo dote de una estabilidad que haga que quien más tiene más contribuya a las finanzas públicas.

Planteamos suprimir la elevación de los tipos impositivo general y reducido del impuesto sobre el valor añadido, introducida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, es decir, revertir la subida del IVA que aprobó el Gobierno del señor Rajoy el pasado año. Planteamos modificar la Ley 35/2003, de 4 de


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noviembre, de instituciones de inversión colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable, las conocidas Sicav, de patrimonios familiares que, cumpliendo los actuales requisitos, crean una institución de inversión colectiva, cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión privada. Estas entidades se han convertido en un instrumento fundamental para evitar la cotización a la Hacienda pública, como debería hacerse por parte de esos patrimonios que están disimulados en esas sociedades compuestas por un patrimonio familiar dado y otras noventa y nueve personas de paja que componen los cien inversores a los que obliga la ley. Para nosotros es fundamental corregir esto, puesto que muchas grandes fortunas de este país están utilizando precisamente este procedimiento de las Sicav para hacer un fraude masivo a la Hacienda pública.

Planteamos introducir un tipo de gravamen del 0,2 % en el impuesto sobre los depósitos en las entidades financieras de crédito y la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargo sobre el mismo. El Gobierno dejó el recargo de este impuesto en el 0 % impidiendo que se recaudase y, además, coartando la capacidad de las comunidades autónomas de obtener una importantísima fuente de financiación para su terrible situación financiera, más de unos que de otros. Por ejemplo, en el País Valenciano la situación es absolutamente terrible, pero el Gobierno ha impedido que este impuesto sirva para enjugar esa situación. Nosotros planteamos que se cree un tipo del 0,2 %.

También planteamos otras medidas concretas sobre coordinación entre administraciones en el marco de la lucha contra el fraude fiscal. Planteamos medidas de refuerzo a la inspección fiscal y de unificación de recursos humanos y de implementación de mejoras en los recursos humanos dedicados a la inspección fiscal. También planteamos que el Gobierno de España debe ser puntero en la requisitoria de información sobre las actividades económicas de súbditos españoles y de empresas originariamente españolas en los paraísos fiscales, otro de los frentes abiertos importantes para el fraude fiscal en nuestro país. Como decimos, todas estas medidas alternativas pueden recaudar más, pero de una forma más justa y equitativa. Ese es nuestro objetivo fundamental, que la forma de recaudar sea más justa y equitativa. Pretendemos que el potencial recaudatorio haya de ser complementado con una lucha decidida contra el fraude fiscal, lo que permitiría revisar la subida del IVA, como ya he dicho, financiar las políticas de gasto público imprescindibles para superar la recesión y contribuir, decididamente, a reducir de forma razonable un déficit público, que no debe ser enjugado única y exclusivamente, como pretende el Gobierno del señor Rajoy, a base de reducir los gastos públicos.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Sixto.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, que va a dividir el turno en tres oradores, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Constitución española, artículo 31, principio de capacidad económica y no confiscatorio. Esto, que parece tan evidente, no lo es. Los diferentes gobiernos que han regido los designios de este país en los últimos años han ido construyendo un sistema impositivo, a nuestro entender injusto, apartándose de la progresividad exigida por la Constitución y creando, cada vez más, una sociedad de desiguales. En Europa somos, ahora mismo, uno de los países más desiguales; el más desigual de la eurozona y el Estado español continúa siendo de los menos redistributivos en la Unión Europea.

Las sucesivas reformas han ido incrementando la carga impositiva de las rentas del trabajo y beneficiando la acumulación de riqueza. Un ejemplo es la subida del IVA, que ha hundido sectores de la economía española y que carga con el mismo peso a personas con renta diferente. Los impuestos indirectos, como el IVA, que unos y otros han subido, han asfixiado a sectores de la economía española y a la gente que ya iba bastante apurada. Además, incumplen el criterio constitucional de progresividad. Pagar parte del coste de los medicamentos, por ejemplo, con márgenes de renta anual entre 18.000 y 100.000 euros es un impuesto oculto no progresivo. Y quitar progresividad a los impuestos no es bajarlos, es hacerlos más injustos y generar una sociedad de pobres y ricos. El mensaje que ustedes mandaron a los ciudadanos con su inmoral e injusta amnistía fiscal también forma parte de esta demagogia altamente peligrosa y de su modelo del Estado sin el Estado. Mientras los distintos Gobiernos jueguen a la demagogia y al populismo con los impuestos y mantengan su miedo a incrementar la carga impositiva de las rentas más altas, se seguirá fomentando un país de desiguales por el que el Partido Popular está trabajando


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especialmente a golpe de real decreto, quitando servicios sanitarios, recortando en dependencia y dejando a los estudiantes sin becas, por poner solo tres ejemplos flagrantes. Ustedes están construyendo un país injusto bajo la coartada de las crisis y para Compromís-Equo la conquista del Estado de bienestar es irrenunciable y es lo que la mayoría de ciudadanos quiere. Esa mayoría de ciudadanos -que a veces es más sensata que algunos de sus gobernantes- dice que prefiere pagar más para mantener los servicios públicos. Anunciamos, pues, nuestro voto a favor de esta proposición de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con esta proposición de ley que acaba de defender el señor Sixto. Evidentemente, como ya ustedes conocerán por debates que se han dado en otras ocasiones, es una posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque coincidimos con muchos de los argumentos que ha esgrimido aquí el señor diputado. Esta coincidencia es lógico que exista porque partimos del conocimiento de la estructura del sistema fiscal del Estado español, que se caracteriza por realizar un reparto injusto -como se ha dicho- y desigual de la carga tributaria, donde la contribución impositiva recae sobre los impuestos indirectos al consumo y las rentas del trabajo frente a las del capital. Señorías, esto sucede en un escenario donde estas últimas tienen en estos momentos un peso cada vez mayor en el producto interior bruto. El resultado es un sistema con un bajo nivel de presión fiscal sobre determinadas rentas y un reparto poco equitativo de la carga fiscal que impide el desarrollo de un sistema de bienestar y de los recursos necesarios para poder adoptar medidas de estímulo en la economía dirigida a un crecimiento sostenible a largo plazo. Por eso, las medidas que se exponen en la proposición de ley, al margen de que podamos en su momento presentar enmiendas, nos parecen muy acertadas precisamente para garantizar esa progresividad y, por tanto, la equidad de un sistema que consideramos necesario y que en este momento no existe.

Se ha hecho referencia por parte del señor Sixto a la situación del fraude fiscal; una situación que evidentemente agrava lo anterior. Teniendo en cuenta datos que son total y absolutamente acertados porque son oficiales pero que están dados por el Sindicato de Técnicos de Hacienda, el fraude fiscal en el Estado español se sitúa en 59.515 millones de euros, de los cuales el 71 % corresponde a la evasión fiscal y fraude de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas; un fraude fiscal que se sitúa en un 23 % del PIB frente al 13 % de la media europea. Señorías -se ha dicho en más ocasiones seguramente-, si hubiera por parte del Gobierno una decisión de actuar de manera clara contra el fraude fiscal y se consiguiera con esa actuación reducirlo a esa media de la Unión Europea, se tendrían unos ingresos adicionales de más de 25.000 millones anuales. Por eso nos parece también importante esa incorporación, esa lucha contra el fraude fiscal en una propuesta como la que hoy hace el Grupo de La Izquierda Plural y que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el sistema tributario vigente hoy en el Estado español es un sistema -dejen que lo diga así- absolutamente perverso, un sistema donde quienes más pagan son las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas. Es evidente que tributan mucho más las rentas del trabajo y del ahorro que las rentas del capital. Esta injusta realidad, porque no se puede llamar de otra manera que injusta, sumada a la crisis económica ha castigado de forma muy particular a las clases medias, de manera que las desigualdades sociales amenazan, y lo hacen cada día más, cada día con más fuerza, la cohesión social. En los momentos de bonanza económica, eso pasó, por si no se acuerdan, el bipartidismo de este país, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español trabajaron y lo hicieron siempre para beneficiar a las rentas altas, y lo hicieron también reduciendo de manera alarmante la progresividad del sistema fiscal.

Señorías del Partido Popular, en poco menos de dos años, ustedes han aplicado una amnistía fiscal que no ha servido para nada más que para incentivar aún más el fraude y -dejen que lo diga de otra


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manera- para no procurar el retorno de los grandes capitales, que eso también es muy importante. Han aprobado también medidas impositivas, como el IRPF o el IVA, que castigan otra vez y preferiblemente a las clases medias y populares sin incidir, como ya se ha dicho, en las grandes empresas amigas y en las grandes fortunas. Durante todos estos meses, señorías, tampoco han sabido incentivar el crecimiento económico ni gravar las transacciones financieras; sin embargo, siguen aún empeñados en construir AVE, que serán deficitarios sí o sí, siguen aún empeñados y contando las excelencias del demencial corredor central, que es el máximo exponente de improductividad, se empeñan en seguir perdiendo calidad en los servicios, se empeñan también en seguir erosionando el Estado del bienestar, incumpliendo leyes y acuerdos de financiación. En definitiva, con una frase que lo resume bien, el fraude fiscal, por si no lo saben, es el veneno del sistema impositivo, es imprescindible, pues -y vamos a dar todo nuestro apoyo a esta proposición-, reformar la fiscalidad para que esta sea justa, sea progresiva y sea a la vez también verde, que pague quien más tiene y que pague quien más contamina.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente, desde el escaño, quiero señalar que, tal y como suele ocurrir en aquellos debates en los que se trata sobre temas de fiscalidad, cuya competencia está en manos de las diputaciones forales y de las juntas generales, nuestro grupo se suele abstener. Esta vez no va a ser una excepción, y así lo vamos a hacer.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, comparte con el grupo proponente la necesidad de una amplia y pronta reforma fiscal en nuestro país, porque el sistema fiscal que hoy tenemos no ha sido alterado en sus rasgos básicos desde hace aproximadamente tres décadas. Esta reforma fiscal está completamente pendiente tras las primeras actuaciones durante estos dos años del Gobierno del Partido Popular, porque el Gobierno lo que ha hecho es, acuciado por urgencias recaudatorias, subir los tipos de un sistema ya existente, normalmente en aquellos componentes más regresivos, como el IVA o las rentas del trabajo, pero le ha faltado un modelo final al que tender, un componente esencial de cualquier reforma fiscal. Esto no es sorprendente, por otro lado, porque recordemos que se presentó a las elecciones con la propuesta de bajar los impuestos, y todavía no tiene un modelo final alternativo como consecuencia de ese programa electoral incumplido. Por tanto, sí a la reforma fiscal, reforma fiscal que sigue pendiente.

Cuestión muy distinta es que esa reforma fiscal tenga que realizarse según las líneas que nos plantea La Izquierda Plural en su proposición de ley. Antes de entrar en detalles, por resumir brevemente nuestra discrepancia, hay una discrepancia en el diagnóstico. Antes de proponer medidas para curar al enfermo, tendremos que estar de acuerdo en cuál es su enfermedad. Nosotros discrepamos con el diagnóstico de La Izquierda Plural porque brevemente nos viene a decir que no hay un problema de gasto público en España, en absoluto, el gasto está totalmente justificado y lo que hay es una falta de ingresos y, en consecuencia, hay que proponer una subida generalizada -bastante generalizada- de impuestos. Ese es el diagnóstico del grupo proponente.

El nuestro es distinto. Nosotros creemos, como saben sus señorías, que sí hay un problema de gasto público superfluo en España, que se ha corregido levemente, pero que sigue esencialmente ahí. Hubo una burbuja administrativa al calor de la burbuja inmobiliaria y esa burbuja se ha desinflado levemente, pero no ha estallado como la burbuja inmobiliaria. Por tanto, es necesario el recorte selectivo del gasto. En nuestra opinión, sigue pendiente. Y también estamos en contra de una subida generalizada de impuestos. Creemos que hay grupos en España que incluso pagan más de lo que les corresponde. Tenemos un IRPF con tipos nórdicos, en algunas comunidades sumando la parte estatal y autonómica se pagan tipos del 52 % en el IRPF. La subida del IVA triplicó este en algunos productos esenciales. Creemos que hay margen para reducir esos impuestos; eso sí, para que eso sea posible hay que recortar el gasto superfluo, hay que luchar contra el fraude -efectivamente, se dejan de recaudar hasta seis puntos del PIB


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cada año- y hay que hacer una reforma fiscal que traslade la carga desde los que pagan demasiado hacia los que pagan demasiado poco: las rentas del capital y la riqueza. Por tanto, el diagnóstico es bastante diferente, como ven. Hay un problema de gasto y no solo de ingresos, y no es la solución una subida generalizada de impuestos.

Dicho esto, como no puede ser de otra manera, hay algunos puntos en los que coincidimos con La Izquierda Plural. No todo son discrepancias, hay puntos de intersección. Como he comentado antes, hay un problema de lucha contra el fraude que ellos señalan y nosotros compartimos, hacen falta más medios materiales, hacen falta más recursos humanos para luchar contra el fraude. Compartimos también su crítica de la amnistía fiscal, lo más contrario a la lucha contra el fraude. Hay una necesidad, que ellos plantean también y compartimos, de ampliar las bases imponibles, de estudiar las deducciones, los gastos fiscales que hay en nuestro país, que no todos están justificados. Hay una necesidad también de reformar el sistema de estimación objetiva en nuestro país. Esta es una propuesta muy importante que merecería un debate en profundidad en la Cámara. El sistema de estimación objetiva se puso en marcha cuando no había los medios informáticos que hay hoy en día y habría que reformarlo, como mínimo reduciendo las magnitudes que permiten acceder a él. Y compartimos también su crítica al régimen fiscal de las Sicav, incluso iríamos más allá, ellos plantean que haya un tope en el porcentaje de participación para que no sean patrimonios familiares -lo compartimos-, pero en nuestra opinión también hace falta que tributen en un régimen de transparencia para que no puedan diferir la tributación, sino que se les imputen los beneficios anualmente.

Hay algunos puntos efectivamente que compartimos, pero son muchas más las discrepancias que tenemos con las propuestas que aquí se nos traen. Por resumir las principales, La Izquierda Plural ignora la dimensión territorial de nuestro sistema fiscal pese a que vivimos en un país tan descentralizado. Incluso propone fragmentar territorialmente la Agencia Tributaria, algo a lo que nos oponemos radicalmente. La Agencia Tributaria es una institución muy eficiente, poco costosa y fragmentarla solo aumentaría el gasto público y solo facilitaría el fraude fiscal. La Izquierda Plural critica la falta de imposición sobre la riqueza, pero olvida que dos de los principales impuestos que gravan la riqueza, que son el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones, están en manos autonómicas. Habrá que tener en cuenta esa realidad. En opinión de mi grupo, mientras sea así, sería necesario armonizar esos impuestos, como mínimo que haya unos requisitos mínimos de tributación que tengan que cumplir todas las comunidades. El tema territorial se soslaya como si no viviésemos en un país descentralizado.

La segunda discrepancia tiene que ver con que no estamos de acuerdo con una subida generalizada de impuestos, no estamos de acuerdo con mantener indefinidamente la subida temporal, el gravamen temporal en el IRPF ni tampoco con subir el tipo del impuesto sobre sociedades, porque el problema no es que los tipos nominales sean bajos, los tipos nominales son relativamente altos en el contexto europeo. El problema es que el tipo efectivo es bajo porque hay excesivas deducciones que hay que corregir. Tampoco compartimos el impuesto sobre la riqueza que nos plantean, que es básicamente un impuesto sobre el patrimonio endurecido. Nos parece mucho más adecuada la propuesta de integrar el impuesto sobre el patrimonio en el impuesto sobre la renta, imputando un rendimiento teórico mínimo a la riqueza, según el modelo holandés, algo que acabaría con todo el sistema de sociedades interpuestas que hay hoy en día en nuestro país.

En el ámbito financiero también tenemos importantes discrepancias. Nosotros favorecemos el impuesto sobre las transacciones financieras, pero siempre hemos dicho que para que sea viable tiene que establecerse a nivel internacional, como mínimo a nivel europeo; no tiene sentido intentar establecerlo, como aquí se plantea, en un solo país. Nos hemos opuesto en el pasado, y lo seguimos haciendo, a lo que ustedes llaman impuesto sobre la banca, que no es un impuesto sobre la banca, sino que es un impuesto que se trasladaría a los depositantes. Nuestra oposición se incrementa si además se propone, como se hace aquí, que haya un recargo autonómico, fragmentando el mercado único financiero.

Como se ve, nuestras discrepancias con el grupo proponente son mucho más numerosas que nuestras concordancias. Esto es algo que a estas alturas no nos debería sorprender porque, como ha sucedido en el pasado, cuando hablamos de temas impositivos, detrás de La Izquierda Plural y de Unión Progreso y Democracia subyacen filosofías económicas muy divergentes. La Izquierda Plural muestra siempre una extrema desconfianza hacia el funcionamiento del mercado, legítimamente, pero lo hace, y nosotros creemos que cierto grado de desconfianza está justificado, -cómo no pensar esto después de la última crisis financiera-, pero no tanto. El mercado a veces falla y hay que intervenir para corregir esos fallos, pero cuando funciona bien hay que dejarlo funcionar. O diciendo el mismo mensaje de otra manera,


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cuando La Izquierda Plural estudia el sistema fiscal parece que solo le interesa el problema de la redistribución de la renta. A nosotros también nos preocupa la redistribución de la renta, pero creemos que no podemos ignorar los temas de eficiencia, de competitividad y de crecimiento porque para redistribuir es importante tener qué redistribuir. Como decía, nuestras discrepancias son mucho mayores que nuestras coincidencias y nuestro voto será contrario a la proposición de ley que nos trae La Izquierda Plural.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, como en toda proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios, en este debate debemos revisar la oportunidad de la norma y el contenido que se propone. Debemos afirmar que la proposición de ley comparte en estos momentos la necesidad de modificar nuestro sistema tributario para avanzar en la progresividad y en la simplificación de las figuras tributarias. Como todos conocemos, el Gobierno ha constituido una comisión de expertos para la reforma tributaria que, entre otros supuestos, quiere incidir en medidas singulares para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario. De hecho, creo que la proposición de ley que nos presenta hoy La Izquierda Plural comparte algunos puntos del hacer del Gobierno, porque en la exposición de motivos manifiesta -y leo literalmente-: Cierto es que el Gobierno actual ha desarrollado medidas tributarias con la intención de corregir el déficit público. Algunas de ellas son positivas.

Las medidas que nos propone la iniciativa son de incremento de la presión fiscal. Señorías, como hemos repetido muchas veces en esta tribuna, mi grupo no comparte la política fiscal que está llevando a cabo el Gobierno de incremento de la presión fiscal porque creemos que la política fiscal no puede exprimirse imponiendo más gravámenes de manera generalizada al consumo, a la inversión, al ahorro o a la producción. Es preciso que la política fiscal también tenga por objetivo la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Creemos y defendemos la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento mecanismos orientados a impulsar la actividad económica y la economía productiva, y el marco fiscal -no nos cansaremos de decirlo- es un instrumento que debe utilizarse para ello. Es uno de los instrumentos en manos del Gobierno del Estado que no se está utilizando directamente para reactivar la economía. Con el aumento indiscriminado de impuestos, como el que estamos viviendo en esta legislatura, difícilmente recuperaremos la confianza para que exista inversión y se puedan crear puestos de trabajo.

Al título de la proposición de ley de La Izquierda Plural, que reza: medidas para reforzar la recaudación, pero orientadas con criterios de equidad y progresividad, yo añadiría que el sistema tributario debe además fomentar y apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta línea es la que no encontramos en la proposición de ley que nos proponen, como línea informadora de las reformas que nos proponen en materia del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades, entre otros; línea que no es incompatible sino complementaria con la necesidad de avanzar en la equidad y la progresividad del sistema.

Otra línea que no encontramos en la iniciativa planteada en relación con la lucha contra el fraude fiscal es la simplificación del marco fiscal, por hablar de otros vectores, como ponía de manifiesto muy recientemente un estudio de la Fundación de Estudios Financieros y que compartimos plenamente. Esto no quita que haya aspectos de la proposición de ley que compartamos como, por ejemplo, la supresión del incremento de los tipos impositivos, general y reducido, del impuesto sobre el valor añadido, introducido por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. De forma reiterada todos los grupos parlamentarios de la oposición hemos manifestado nuestra no conformidad con la subida indiscriminada del impuesto; iniciativas por parte de mi grupo como también de otros grupos parlamentarios no han faltado en los últimos meses en esta Cámara. Por ello no podemos más que coincidir en este punto de la iniciativa.

Pero hay otros aspectos que desde nuestra perspectiva no podemos compartir, que consideramos que no son oportunos en estos momentos porque comportan un incremento de la presión fiscal, como decía antes. Me refiero, por ejemplo, a la modificación de la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 35/2006, introducida por el Real Decreto-ley 20/2011, que implementaba el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establecida con carácter temporal en el real decreto-ley que la proposición de ley pretende que pase a ser indefinida. Señorías, la conversión de este gravamen de aplicación indefinida supondría, en algunos casos y para determinadas


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rentas, la aplicación de un tipo marginal superior al 50 % -está suponiendo más del 50 %, el 56 % en el caso de Cataluña- y además -esto quiero dejarlo muy claro-, sin efectos en la financiación de las comunidades autónomas. Quiero recordar en este punto que el Gobierno a lo largo de la legislatura ha incrementado impuestos y las comunidades autónomas no han participado de este incremento de impuestos, algunos de los cuales los tienen cedidos. La proposición de ley de La Izquierda Plural tampoco tiene en cuenta este aspecto.

Otro aspecto que no compartimos de la proposición de ley es que contiene medidas que perjudican el ahorro. El ejemplo se encuentra en la modificación del apartado 1 del artículo 52 de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que pretende limitar la reducción por aportaciones a planes de pensiones. Como mínimo, debería ponderarse la oportunidad de un mayor ingreso por esta medida, con la finalidad con la que nació esa reducción, que recuerdo que no era otra que favorecer la complementariedad de las pensiones públicas con la protección social voluntaria y que quiero recordar es una de las recomendaciones concretadas en el Pacto de Toledo.

No quiero dejar de hacer un breve comentario con relación a otras medidas que se contemplan en la proposición de ley, por ejemplo, con relación al impuesto sobre sociedades. De nuevo este punto es el más claro ejemplo de lo que me refería al inicio de mi intervención, porque son medidas que no persiguen que la fiscalidad sea motor, sea una palanca del impulso del crecimiento económico y de la creación de empleo. O por ejemplo, la modificación del tipo impositivo del impuesto sobre depósitos en las entidades financieras, previendo que las comunidades autónomas puedan establecer un recargo sobre el tipo estatal, cuando diversas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, ya han establecido el impuesto. Su medida creo que imposibilitaría el impuesto autonómico ya aprobado por diversos parlamentos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

En resumen, señorías, es una propuesta que propone cambios legislativos en materia tributaria, oportuna en el tiempo para discutir la necesidad de una reforma del sistema fiscal, pero al mismo tiempo con puntos poco oportunos en relación con la realidad económica que vivimos; tiempo con un incremento de la presión fiscal global, tiempo que requiere considerar la fiscalidad como uno de los instrumentos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la toma en consideración de la iniciativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.

Por el Grupo Socialista, señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.

La proposición de ley que ha expuesto La Izquierda Plural en esta tribuna presenta medidas que coinciden en gran parte con propuestas que viene defendiendo el Grupo Socialista a lo largo de muchas iniciativas en esta Cámara. Están plasmadas, además, en un documento llamado "Los retos de la política fiscal", que sería bueno que se leyeran por esta parte de la bancada (Señalando al Grupo Parlamentario Popular), que permite de forma más amplia que esta propuesta impulsar un modelo que reparta la carga fiscal de forma más justa y, sobre todo, que permita financiar el Estado del bienestar, que es el que está sufriendo las consecuencias y los grandes costes de esta crisis. Además, permitiría crear estímulos a la economía y por tanto a la creación de empleo, que es lo que creemos que le falta, entre otras cosas, a esta propuesta, si bien he entendido que se trata de una propuesta fiscal.

Veo que esta, en general, es la propuesta de la izquierda, para que luego digan que la izquierda y la derecha ya son lo mismo. No, no son lo mismo. Nuestra propuesta, la propuesta de la izquierda, es hacer una política fiscal más progresiva y más justa. La derecha que apoya al Gobierno y el Gobierno se han pasado mucho tiempo contándonos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hasta han hecho sentirse culpables a muchos ciudadanos, que gracias a la respuesta que le están dando la derecha española y la derecha europea a la crisis han visto frustradas sus expectativas de disfrutar de un Estado del bienestar que además están pagando con sus impuestos. Pero yo me pregunto: ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? ¿Las familias que pidieron una hipoteca para comprar una casa que además pagaban con sus sueldos porque estaban trabajando, trabajo que ahora han perdido, o los que se paseaban y se siguen paseando en aviones privados? ¿Quién ha vivido por encima de las posibilidades de nuestro país, la familia que se iba de vacaciones a un apartamento a la playa o quien se paseaba y se sigue paseando en grandes yates por las costas durante todo el verano?


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La derecha ha culpabilizado a las clases medias y se lo están haciendo pagar quitándoles derechos básicos -dependencia, becas, profesores, bajando sueldos, medicinas, médicos- y ahora les sacarán del bolsillo a los pensionistas nada menos que 33.000 millones de euros en pocos años. Ya sabemos quién pagará, por ejemplo, los intereses de la deuda, de esa deuda galopante a la que nos está llevando el Partido Popular. Con el único fin de cumplir el objetivo de déficit -eso sí, recortando gastos siempre- están cambiando el modelo de nuestro país y están destrozando el Estado del bienestar. Siempre hemos defendido desde el Grupo Socialista que el problema de nuestro déficit no es un problema de gasto -gastamos por debajo de la media de la Unión Europea-, nuestro problema es de ingresos, porque también nuestra presión fiscal está por debajo de la de la Unión Europea, y estamos comprobando -no sé por qué el Gobierno no se da cuenta- que tampoco este año, por más recortes que ha vuelto a hacer, va a conseguir alcanzar el objetivo de déficit. Ya en julio la parte de la Administración General del Estado, la que gestiona directamente el Gobierno central, se ha saltado el objetivo que tenía para diciembre, y no un poquito, no; en julio ya estaba en el 4,55, cuando el objetivo para diciembre era del 3,8. Por tanto, creemos que hay que solucionar el problema del déficit -claro-, pero que hay que tocar los ingresos.

Como decía, nuestra presión fiscal está por debajo de la media de la Unión Europea, pero, ¿por qué? No porque los trabajadores paguen menos, no, sino porque las grandes sociedades, las grandes fortunas no tributan como les corresponde. Quien más tiene en nuestro país solo aporta un 10 % de los ingresos, pero es que además el 70 % del fraude fiscal corresponde a las grandes corporaciones. ¿Están intentando luchar intensamente contra esto, que nos solucionaría muchos problemas? Pues no, están reduciendo los recursos de la Agencia Tributaria. Pero es más, la mayoría de esos recursos que tiene los dedica no a los grandes contribuyentes sino a los asalariados. Lo que está ocurriendo en nuestro país es ya insoportable. Los ciudadanos ven que mientras protegen a esas empresas que pueden permitirse hacer grandes donaciones de forma ilegal para que crezcan las cuentas en Suiza y fluyan los sueldos en B, se está machacando a las clases trabajadoras, que en muchos casos ya no pueden pagar su hipoteca y ni siquiera en otros pueden pagar la cena. Con ello el consumo interno se sigue desplomando y nuestra economía no despegará, ese 0,1 % que están vendiendo será o no será.

Me temo que esta toma en consideración será rechazada por la parte del arco parlamentario de derechas que apoya al Gobierno, esa parte que tiene esa mayoría absoluta tan aplastante, legítimamente ganada, pero que la ganaron con un programa fraudulento porque están haciendo exactamente lo contrario de lo que les contaron a los ciudadanos. Nosotros sí apoyaremos esta proposición porque aunque serían discutibles algunas medidas, nos llevan a un modelo más justo de fiscalidad porque proponen elevar la tributación efectiva del impuesto de sociedades para las grandes empresas. Podemos decir que el Partido Popular ha hecho algo, ha hecho una tímida subida de la tributación mínima pero temporalmente. Mientras tanto ha subido el IVA, el impuesto más insolidario que existe, ese sí de forma permanente, y nosotros desde luego estamos de acuerdo con que esa subida se derogue y lo hemos puesto de manifiesto incluso en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Proponemos que el impuesto sobre las rentas de capital se iguale con el IRPF, y lo echamos de menos en la propuesta, pero si nos dieran pie a debatir un proyecto de ley, podríamos mejorarla entre todos. Proponemos revisar también el número de accionistas y el porcentaje de participación de los accionistas en las Sicav. Lo he defendido yo misma en esta tribuna. Hay que dar una vuelta de tuerca más -como proponen- a la Ley Beckham, porque no cumple el objetivo para el que se creó. Hay que permitir el impuesto sobre los depósitos bancarios que iniciaron algunas autonomías, que el Gobierno frenó poniéndoles un 0 % de impuesto. Fue absolutamente vergonzoso y tuvo que rectificar.

Estamos de acuerdo y votaremos a favor porque rechaza la vergonzosa amnistía fiscal que ha permitido legalizar a precio de saldo los capitales defraudados sin saber ni siquiera de dónde vienen. Votaremos a favor porque apuesta por intensificar la lucha contra el fraude fiscal, porque con lo que están haciendo estamos animando a defraudar. Necesitamos un sistema fiscal más justo, por eso votaremos a favor. Le pedimos al grupo que sustenta al Gobierno que se lo plantee, que no dé la espalda a tantos ciudadanos, a esa gran mayoría de ciudadanos que lo están pasando mal por beneficiar a unos cuantos. Le pedimos que den la oportunidad de que debatamos aquí y lleguemos a un acuerdo entre todos sobre el modelo fiscal que nos permita vivir con dignidad a todos y salir de la crisis con justicia social.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.

Por el Grupo Popular, señora Romero Rodríguez.


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La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo para expresar el posicionamiento en contra de esta proposición de ley que va a mantener el Grupo Popular. Una proposición de ley que acaban de decir que definía a la izquierda y no sé..., yo sé que la ha presentado La Izquierda Plural. Hay alguna que se hace llamar izquierda pero que necesita que la apuntalen y que dice ahora que es su propuesta cuando quitó el impuesto de patrimonio, y cuando el impuesto de sociedades caía en picado en una recaudación de un 65 % no era su propuesta. Por lo visto ahora sí que lo es, señora Vázquez. (Aplausos).

La proposición de ley que debatimos contiene muchas reformas y medidas que afectan a muchos tributos. Intentaré exponer lo máximo que pueda en el tiempo del que dispongo. La primera modificación consiste en la reducción de las cuantías en la aplicación del método de estimación objetiva. Quiero recordar que la Ley 7/2012 ha modificado el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, rebajando los límites excluyentes para las actividades de transportes y para las sometidas a la retención del 1 % en la Ley del IRPF para actividades que presten sus servicios entre profesionales. La modificación propuesta realiza una modificación absoluta y, de facto, total del régimen, proponiendo unos límites que, en nuestra opinión, son muy reducidos y no benefician en nada a autónomos y pymes, que son los verdaderos creadores de empleo en este país.

La segunda consiste en la posibilidad de renunciar a la aplicación de dicho método al final del ejercicio en caso de pérdidas. Esta es una opción que ya existe, por lo que entendemos que es para el ejercicio presente, para el ejercicio en vigor. Y le decimos que es técnicamente inviable porque al existir obligaciones formales contables y de valoración distinta no sería posible un control, con una mínima estabilidad y continuidad, de la contabilidad de dichas entidades. Señorías, ¿ven con recelo el método de estimación objetiva? Es un método que no es un regalo a los contribuyentes. Se puso para recaudar eficientemente en sectores y empresas de difícil fiscalización directa.

La tercera modificación pretende que no se computen como pérdidas patrimoniales las debidas a las pérdidas en el juego, lo que supondría la consideración como pérdida patrimonial el efecto del IRPF de cualquier pérdida obtenida en el juego sin límites.

La cuarta tiene por objeto la integración en la base imponible general, y no en la del ahorro, de los rendimientos del capital mobiliario, lo que produciría con carácter general, como bien ha explicado, un aumento en los tipos de gravamen, pero en lo que no se han parado a detallar es en que no solo en las mayores rentas sino también en las bajas, porque la ley grava rendimientos de operaciones ordinarias, tales como intereses de cuentas corrientes, de cuentas bancarias, rendimientos procedentes de contratos de seguros de vida o invalidez. A partir del ejercicio 2013, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos adquiridos con una antelación inferior a un año se integran, en todo caso, en la base imponible general y no en la del ahorro, para restringir la especulación. Señores del Partido Socialista, eso lo pusieron los Gobiernos del Partido Popular; ustedes, que estaban en este sector, no pusieron nada de eso y permitieron la especulación. Yo no sé si esta era de verdad su propuesta. En cuanto a la pretensión de que solo quede excluida la aplicación de dicho plazo en la transmisión de la vivienda habitual en circunstancias que exijan el cambio de domicilio, está limitando la necesidad de desinversión de la vivienda, que puede venir por motivos familiares y no especulativos.

En la quinta modificación se elimina la posibilidad de compensar anualmente el saldo neto negativo correspondiente a ganancias o pérdidas patrimoniales. Nuevamente, la Ley 16/2012, de un Gobierno del Partido Popular, redujo ese porcentaje del 25 % al 10 %. Los señores que gobernaban antes, de la izquierda, lo tenían en el 25 %.

La sexta modificación consiste en rebajar los importes máximos conjuntos para reducciones previstas en el artículo 51 de la Ley del IRPF. Y, como ha dicho el señor Picó, esto tiene que ir junto con la normativa que regula los planes y fondos de pensiones; no puede ir cada normativa por un lado.

La séptima pretende la supresión del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados. Señor Sixto, yo no soy muy aficionada al fútbol, pero creo que los galácticos no ganan menos de 600.000 euros al año, que es a lo que se ha referido y lo que se aplica desde enero de 2010.

La octava supondría establecer con carácter indefinido el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para el sostenimiento de las finanzas públicas establecido para los ejercicios 2012 y 2013. Y hablan de incremento de la presión fiscal; nosotros lo hemos tomado con carácter transitorio y excepcional al igual que la del IVA, y en los mismos términos me refiero a ella.

La proposición de ley también plantea que, como excepción al tipo general de gravamen del 30 %, este se eleve al 35 % para bases imponibles a partir del millón de euros. Señorías, a partir de determinados


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umbrales de tributación, esta forma una parte fundamental en la decisión de establecer un puesto de trabajo en España, un establecimiento, o de deslocalizarlo. Creemos que es más importante perder en recaudación y ganar en creación y mantenimiento del empleo. El Real Decreto 12/2012 ya introdujo limitaciones en los incentivos fiscales. Estas limitaciones han producido un importante acercamiento entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades. En cuanto al impuesto sobre bienes suntuarios y sobre la riqueza, habría que valorar a qué se refieren con ambos términos para evitar la doble imposición, tanto en IVA como en IRPF como en el impuesto de patrimonio, para saber dónde pretende gravar a qué hecho imponible para no caer en un supuesto imposible de tributar por doble imposición. En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras, les aseguro que es un tema en el que trabaja el Gobierno en el seno de la Unión Europea y en el que está por unanimidad de los Veintisiete, pero saben que es muy difícil. Si no, nosotros estaremos en el ámbito de un proceso de cooperación. Hay unos plazos, a ellos nos atendremos, y se prevé dicha medida en el seno de la Unión Europea para 2014.

Con respecto a las disposiciones que afectan al impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, me resulta curioso que ustedes lo defiendan aquí para que lo imponga el Estado cuando en Andalucía tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida querían un impuesto propio de las comunidades autónomas. ¿Qué quieren, uno estatal, uno autonómico o no saben, no contestan? Para nosotros se trata de asegurar un tratamiento fiscal armonizado y estamos hablando de libertad de bienes y servicios y del Tratado constitutivo de la Unión Europea, en la que desde luego el Gobierno del Partido Popular está muy cómodo.

En cuando a la lucha contra el fraude, les recuerdo que el Gobierno ha introducido por primera vez en España la obligación de declarar bienes y rentas situados en el extranjero, lo que ha hecho aflorar ya 87.300 millones de euros de bases imponibles, casi el 9 % del PIB. Existe desde 2007 una normativa que coordina la relación y la información entre administraciones interterritoriales. España también trabaja en el seno de la Unión Europea en el Plan de acción 2012 y está estableciendo convenios de cooperación internacional al respecto. En definitiva, el Gobierno ha actuado con vigor sobre los ingresos fiscales, también en el sentido pedido en esta proposición, ya que en 2012 el incremento de la recaudación por lo pagado por grandes empresas supera al incremento de lo recaudado por IRPF e IVA. Asimismo el 80 % del incremento del IRPF lo paga el 20 % de los contribuyentes con rentas más altas. En la pasada sesión plenaria, el ministro de Hacienda ya avanzaba que la evolución del impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2013 superaría la previsión de los Presupuestos Generales del Estado en 2.500 millones de euros. Con el anterior Gobierno, caía en un 65 %.

Desde esta tribuna he pretendido explicar las razones del rechazo a la propuesta con el mayor detenimiento que me ha sido posible, pero, eso sí, sin cuestionar la lógica ni la legitimidad de su presentación. Sin embargo, cuando el Gobierno presentó una batería de medidas fiscales la semana pasada, ante estas medidas el Grupo de La Izquierda Plural cuestionó su presentación. Protestaban por los cambios constantes sobre las mismas materias, como era el caso de la fiscalidad. Pues aquí traen modificaciones puntuales y parciales que, en caso de aceptarlas e incluirlas, harían esas modificaciones puntuales. ¿Cuando lo hace La Izquierda Plural está bien y cuando lo hace el Gobierno, no? No entiendo esa legitimidad democrática que se arrogan ustedes. Cualquiera que tenga una mínima noción de derecho fiscal sabe que esta es una herramienta de política económica y que la economía de un país, de una región o de una ciudad no es una foto fija, sino que habrá que ajustar los ingresos a la realidad económica.

Asimismo, en aquel Pleno nos pedía La Izquierda Plural que pongamos a la gente por encima de los bancos, que escuchemos a nuestro pueblo en lugar de someternos a la troika. Hoy hablaba uno de sus compañeros de austericidio. Pues el Grupo Popular y el Gobierno ponen a las personas por encima de todo. Señores de La Izquierda Plural, aunque se choquen cien veces con el mismo muro y ese muro se haya derribado hace mucho tiempo, no quieren enterarse. Es muy fácil ponerse la camiseta de Robin Hood, es muy sencillo y muy populista irse con el carrito del supermercado o hacer ocupaciones pacíficas de fincas; es muy fácil. Más complicado es defender la contención del déficit público, la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero el Grupo Popular y el Gobierno han tomado ese camino, porque la fiesta del déficit, la del gasto público, el acudir a los mercados financieros con déficit, solamente nos ha llevado a una cosa a los españoles: al peor impuesto, al más regresivo, a la socialización y redistribución de la ruina del Estado, y en eso este Gobierno no está. España ha dejado de tener colgado el cartel de aquí no se fía en todas las puertas y ha pasado a ser un país fiable. Espero que todos los miembros de esta Cámara estén en lo que piden los españoles de todos nosotros cuando nos votaron: que luchemos decididamente por la riqueza y el empleo para permitir unos servicios públicos de calidad.


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Para eso está el Grupo Popular; para los eslóganes, el márquetin político y el Robin Hood, desde luego con nosotros no cuenten.

Muchas gracias. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A LOS EFECTOS DE QUE LAS ENTIDADES LOCALES CON SUPERÁVIT PUEDAN DESTINAR SUS REMANENTES POSITIVOS A INVERSIÓN O A PLANES DE EMPLEO LOCAL. (Número de expediente 162/000646).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los efectos de que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Pàramo. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señora presidenta, señorías, presentamos esta proposición no de ley con la finalidad de que el Gobierno aplique las medidas necesarias para que las entidades locales con superávit consolidado en los últimos años puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local, es decir, permitir que los ayuntamientos y las administraciones locales con remanente positivo puedan operar con normalidad a beneficio de sus ciudadanos y de toda la sociedad.

El pasado mes de abril este grupo parlamentario presentó en sede de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas la presente proposición no de ley, que fue entendida por la mayoría de los grupos parlamentarios, pero con una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, y a pesar de ello fue rechazada por el Gobierno al dar a entender que ya estaba previsto en la mencionada disposición de la ley de presupuestos, que hasta el momento no se ha puesto en práctica. Voy a referirme a las palabras pronunciadas en su día por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no como un reproche, sino como un estímulo a cumplir los compromisos. Dijo así: Señorías, la iniciativa del Grupo Catalán es seguramente oportuna, pero tengo que decir al señor diputado que es al mismo tiempo innecesaria. Es una proposición oportuna -palabras suyas- porque es un asunto de gran actualidad y del máximo interés para miles de ayuntamientos que están esperando poder invertir el superávit presupuestario. Pero, como digo, es también innecesaria porque, señorías, instar al Gobierno a que haga lo que ya está haciendo, creo que no parece que esté justificado ni que sea, insisto, necesario. El Grupo Catalán de Convergència i Unió, como otros grupos de la Cámara, recogió en enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado una propuesta realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el superávit presupuestario de las entidades locales. En este sentido -continúan las palabras del portavoz del Grupo Popular-, la Ley de Presupuestos para 2013 incorporó una enmienda del Grupo Popular en el Senado convertida en la disposición adicional septuagésima cuarta, que establecía efectivamente que durante el año 2013 el Gobierno, previo acuerdo con las asociaciones de entidades locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales. Pues bien, eso es lo que está haciendo ya el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Consejo Nacional de Administración Local el pasado 16 de abril acordó, a propuesta del Gobierno, que los ayuntamientos saneados, financieramente sostenibles, con superávit puedan invertir en sus municipios, tal y como anunció el ministro de Hacienda en el Pleno del día 17 de abril. Por tanto, el mandato contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se está cumpliendo. Pasados casi cuatro meses de aquel día y nueve meses del ejercicio corriente de 2013, el compromiso para la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no se ha cumplido. Hoy, señorías, esta modificación aún no ha entrado a trámite en las Cortes. En fecha 28 de junio de 2013 el Consejo de Ministros recibió el informe por parte del Ministerio de Hacienda sobre la Ley del control de deuda comercial en el sector público, en la que efectivamente se modifica el artículo 32 de la ley y a la vez se introduce en dicha ley una nueva disposición adicional, la sexta, respecto a cómo aplicar este artículo 32 a las corporaciones locales. El 4 de julio el Ministerio de Hacienda saca una nota informativa. Posteriormente


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se emite una circular, la 12/2013, en la que la Federación Española de Municipios transmitió disponer de capacidad para destinar el remante a inversión, y esta no se aplica. Señorías, por enésima vez les refiero la motivación que mueve al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a presentar esta proposición no de ley. Si se analiza la rendición de cuentas de las administraciones locales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se hace evidente que la inmensa mayoría de los ayuntamientos y el resto de instituciones de ámbito local arrojan remanentes positivos, lo que demuestra la sostenibilidad de su estructura económica. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se aprobó con urgencia, y en la prisa de su tramitación se otorgó una misma normativa a las entidades locales saneadas que a las altamente endeudadas.

Son muchos los ejemplos que podrían citarse. Vista la tramitación, la propuesta inicial que hacíamos al Gobierno instaba a impulsar la modificación, como se ha dicho, sobre todo la financiación de políticas locales, de creación de empleo y planes de empleo para personas desempleadas, reposición de las plazas vacantes en la plantilla justificando su necesidad y cumplimiento de los pactos laborales en lo que respecta a los salarios. Habría sido muy positivo que la proposición no de ley se aprobara en estos términos, pero damos por bueno, en pro de su máxima aceptación, modificar el texto, para que quede como voy a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible se impulse el establecimiento de reglas para la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el fin de permitir que los entes locales que dispongan de superávit presupuestario, en términos SEC y del remanente positivo de tesorería y a la vez no superen los límites de endeudamiento establecidos legalmente, puedan destinar menor importe entre el superávit o el remanente a inversiones, sin que dé lugar a déficit al cierre del ejercicio, previa cancelación de las obligaciones que tengan pendientes de reconocer en los presupuestos. El importe que vaya a ser destinado a inversión podrá ejecutarse a lo largo del siguiente cuatrienio. Esta es una afirmación que retiramos para buscar el consenso anunciado, sin que quede sujeta su aplicación o la amortización de capital en función de la planificación financiera.

Dos mensajes finales; el primero, aclaratorio. El principio de buenas prácticas de la gestión municipal nos exige que si hay superávit y el Gobierno no admite que este pueda ser destinado a la inversión, esta no debe de hacerse en el mismo ejercicio, sino que debe servir para financiar las inversiones previstas en los presupuestos municipales para el cuatrienio. El segundo mensaje político es afirmar que una rápida y adecuada regulación de la inversión de los superávits puede resultar un excelente instrumento de impulso de la economía desde el ámbito local.

Dicho esto, se han presentado enmiendas que contienen propuestas muy positivas pero, por razón de conseguir el máximo de lo que queremos, damos por buena esta proposición tal como la presentamos, y que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible se impulse el establecimiento de reglas para la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el fin de permitir que los entes locales que dispongan de superávit presupuestario, en términos SEC y del remanente positivo de tesorería y a la vez no superen los límites de endeudamiento establecidos legalmente, puedan destinar menor importe entre el superávit o el remanente a inversiones, sin que dé lugar a déficit al cierre del ejercicio, previa cancelación de las obligaciones que tengan pendientes de reconocer los presupuestos, reiterando la necesidad de aclarar donde sea la no obligación de que estas inversiones autorizadas no sean obligatoriamente realizables dentro del ejercicio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Pàramo.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Empezaré por dar el visto bueno de Geroa Bai a la propuesta que hoy nos hace Convergència i Unió. En cualquier caso, la primera de las reflexiones que hacíamos cobra fuerza con esta autoenmienda que nos presenta el grupo proponente, y que nos hace pensar que cuenta lógicamente con el apoyo del grupo que sostiene en estos momentos al Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular, habida cuenta de las cautelas que impone en esa autoenmienda final. Nosotros empezábamos por una reflexión muy evidente, y es que cualquier modificación legislativa con la mayoría absoluta del Grupo Popular nos deja una cierta preocupación por la interpretación que pueda hacer del enunciado el mismo grupo, saltándose -permítanme la expresión-


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a la torera en un momento dado -cabe esa posibilidad- el espíritu del proponente. Por eso, me gustaría insistir mucho en la literalidad de los cuatro puntos que hoy nos trae Convergència i Unió, a la hora de modificar el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En ese sentido compartimos la mayor; esa tabla rasa impuesta al conjunto de la Administración ha castigado especialmente a la Administración local, a los ayuntamientos, más concretamente a aquellos que lo habían hecho bien. Coincidimos también con el proponente en que los ayuntamientos deben ser agentes activos en la respuesta a la crisis, y con este techo de cemento presupuestario -si me lo permiten- que la Ley de Estabilidad Presupuestaria propone lo hace bien difícil.

Por último -con esto termino, presidente-, entendemos que la propuesta de Convergència i Unió permitiría a los entes locales atender con una cierta holgura el área de bienestar social; área que sin el consenso de la Administración municipal -como se está demostrando- se resiste de manera definitiva. Por lo tanto, votaremos a favor entendiendo siempre que votamos el espíritu de la literalidad de la propuesta.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Barkos.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

En el año 1992 yo era viceconsejera de Administración pública del Gobierno de Canarias -hace más de veinte años- y sacamos un fondo de cooperación municipal para sanear los ayuntamientos canarios. Tuvimos claro desde el primer momento que no se podía tratar igual a los cumplidores que a los no cumplidores. En ese sentido vamos a apoyar la propuesta de Convergència i Unió, pero no me parece lógica. Me parece lógico que un ayuntamiento que cumpla, un ayuntamiento que tenga remanente, tenga libre disposición de los fondos para poder aplicarlos no solo en temas de empleo y de inversión sino en los de mantenimiento. Por ejemplo, el mantenimiento de la mayoría de las infraestructuras públicas de las ciudades -se lo dice una persona que ha sido alcaldesa- con la crisis económica ha bajado, es intensiva en mano de obra; no veo por qué hay que meterse en inversiones nuevas cuando, a lo mejor, lo que hace falta es el mantenimiento de las que tienen. Determinados servicios de prestaciones sociales, que también son intensivos, han supuesto despidos importantes con la crisis económica y con la reducción; estamos hablando de atención domiciliaria, de teleasistencia y de servicios sociales. En ese sentido, aunque soy partidaria -como digo- de que un ayuntamiento cumpla -sobre todo cuando hoy nos hemos enterado de que el único que tiene que vigilar el presupuesto, hasta la fecha, es el propio Estado, porque es él quien está a punto de desviarse de los compromisos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria-, le diría al Estado que en vez de vigilar tanto a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas se dedique a vigilar sus cuentas.

Se mantienen las enmiendas de Unión del Pueblo Navarro, de don Carlos Salvador.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, en primer lugar lamentamos la muerte de Amparo, una mujer de 45 años que solo tenía una deuda de 900 euros, amenazada de desahucio por el Ayuntamiento de Madrid que, para trágica ironía -si se puede decir así-, es el más endeudado de todo el Estado con 7.500 millones de euros. Dicho esto entramos ya en materia.

La Administración General del Estado es la que tiene mayor nivel de deuda de todas las administraciones, sin embargo, a pesar de todo esto, el centralismo español presiona a las administraciones locales y autonómicas para que sean ellas precisamente quienes más esfuerzo realicen para reducir la deuda, sin tener en cuenta que las reducciones presupuestarias de estas son recortes directos en políticas sociales. Mientras ustedes aumentan el déficit y la deuda con total impunidad para incrementar el gasto, entre otras cosas, armamentístico o para consolidar los beneficios de las compañías eléctricas, esperan que sean las comunidades y las corporaciones locales quienes paguen precisamente sus excesos, recortando evidentemente en sanidad y en educación. Tanto es así que ustedes -dejen que lo diga así-, desde una hipócrita tiranía que esconde a la vez su alemana sumisión, amenazan con suspender los órganos democráticos de aquellas administraciones que no cumplan. Su sangrante inquisición fiscalizadora les


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lleva a castigar incluso a los propios ayuntamientos que cumplen con los objetivos de déficit. ¿Ustedes ven normal que a un ayuntamiento que cierra el ejercicio presupuestario con superávit y no supera el techo de déficit no se le permita destinar el dinero de sus ciudadanos para hacer inversión o para financiar sencillamente planes de empleo local? ¿Ustedes ven esto normal? ¿Saben, señorías del Grupo Popular, cuántos ayuntamientos -en Cataluña, por poner un ejemplo- han formulado unos presupuestos equilibrados y no han necesitado solicitar a ustedes ni tan siquiera un crédito? Son infinidad las corporaciones locales que han cerrado sus ejercicios presupuestarios con remanentes positivos o ayuntamientos que tienen un nivel de endeudamiento muy por debajo de los límites que ustedes en su día fijaron.

Dicho esto, y para acabar, ustedes, señorías del PP que tienen infinidad de concejales y de alcaldes gestionando municipios tendrían que saber mejor que nadie que la mayoría de veces la reactivación económica local de los pueblos y ciudades viene de la mano justamente de los ayuntamientos. Así pues, rectifiquen y permitan de una vez por todas que los ayuntamientos puedan gestionar y hacer el trabajo que les toca realizar -teóricamente- a ellos. Ustedes, señorías, hagan por favor el suyo.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Jordà.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

A Unión Progreso y Democracia la propuesta de modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria le parece acertada. De hecho, como han señalado otros intervinientes, es algo ya previsto, algo que ya está mandatado en la disposición adicional septuagésimo cuarta de los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 32 establece un principio general razonable para ayuntamientos muy endeudados, que los superávits que generen los utilicen para reducir su endeudamiento neto. El problema es que establece este principio general sin excepciones, de forma que un ayuntamiento que tenga superávit, que tenga remanente de tesorería y que no esté endeudado se ve obligado también a utilizar así el superávit pese a que no lo necesita. Por tanto, la propuesta de CiU de que en estos casos los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para realizar inversiones que estimulen la economía o para planes de empleo nos parece razonable. Sin embargo, presentamos una enmienda en el sentido de que hay que tener en cuenta que las inversiones que hacemos hoy generan gasto corriente en el futuro. Sería fundamental que esas inversiones fuesen financieramente sostenibles, generaran el mínimo de gasto corriente en el futuro. También querríamos comentar que los planes de empleo son muy sanos, pero en este país se ha llamado plan de empleo a cualquier cosa. Deberían pasar ciertos controles de calidad y no hacer planes de empleo como los que se hicieron en el pasado, por ejemplo el PlanE de triste memoria.

Junto a estos dos usos -inversión, planes de empleo- Convergència i Unió planteaba otro par de usos, que no ha propuesto en el pasado en Comisión cuando ha llevado iniciativas de este estilo, que estos ayuntamientos pudiesen aumentar su personal o subir sus salarios. Aunque esto se formula de forma muy edulcorada, esencialmente se está diciendo eso. En nuestra enmienda también señalábamos que hay una restricción para todas las administraciones públicas, se restringe el comportamiento del empleo y de los salarios. Nosotros, como saben, hemos sido críticos de esa restricción, pero una vez que existe pensamos que debe ser cumplida por todos o levantada para todos. No tiene sentido que haya agravios comparativos y aumentar todavía más la dispersión salarial que hay en las entidades locales españolas, que hace que personas que realizan los mismos cometidos tengan salarios tan diferentes, como señalábamos en nuestra enmienda. Sin embargo, estas enmiendas han quedado un poco desactualizadas con el texto que ha leído el interviniente, que entendemos que es una enmienda transaccional y a nuestro grupo le resulta aceptable.

Ya que estamos hablando de entidades locales, no quiero bajar de la tribuna sin realizar un par de comentarios relacionados con la cuestión. Uno es que entre esos ayuntamientos con superávit y bajo endeudamiento, efectivamente, no se encontrará el Ayuntamiento de Madrid, porque supimos la semana pasada, con datos oficiales, que su deuda total asciende a 7.400 millones de euros, un 17 % de la deuda total de todos los ayuntamientos de España; sin embargo, eso no ha impedido a su ayuntamiento, pese a la oposición de Unión Progreso y Democracia, lanzarse a una descabellada aventura olímpica que ha terminado de la forma y con los gastos innecesarios que sabemos. El segundo comentario tiene que ver con que, al margen de estos temas puntuales que hoy nos ocupan, hay temas mucho más de fondo en los ayuntamientos españoles, que mi grupo no se cansa de recordar, y que tienen que ver con el enorme


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número de ayuntamientos que hay en nuestro país, más de 8.000, 8.117, de lo cuales ni más ni menos el 84 % tienen menos de 5.000 habitantes -hay una enorme dispersión, como ven- y más de un millar tienen menos de 100 habitantes. Por tanto, están muy bien estas medidas puntuales, pero ¿para cuándo el proceso de fusión de ayuntamientos que nuestro país requiere?

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Anchuelo.

Por parte del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la diputada Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

En primer lugar quería agradecer la oportunidad que nos da Convergència i Unió para hablar en esta tribuna de una problemática que tienen hoy los ayuntamientos, una problemática real, la de los municipios que están ahogados por la austeridad y los recortes, pero también por el centralismo; lo hemos hablado muchas veces, pero en ocasiones hablamos de comunidades autónomas y pocas veces hablamos de los municipios, aunque es una realidad que está ahí. Los municipios están sometidos a este dogma de la estabilidad presupuestaria desde el Estado, desde arriba. Es un dogma ciego a las necesidades de la gente, ciego a la realidad de los municipios y ciego también a las consecuencias económicas. Precisamente hoy tenemos este debate, cuando en esta Cámara acaba de entrar otro proyecto de ley, el de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que se suma a ese corsé, a ese dogma de la estabilidad presupuestaria, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y en Cataluña se suma a la Ley de Estabilidad catalana, así como a la Ley de Gobiernos Locales, y todas beben exactamente de la misma filosofía: recortar, recortar y desmantelar la Administración pública. Son nuevas sogas al cuello, sogas económicas y también políticas, porque van evidentemente a ahogar la capacidad política de los ayuntamientos de intervenir, de dar la mano y atender a las necesidades de la gente mediante los servicios públicos. Ustedes plantean una proposición no de ley, por eso. Bien, van a resolver una cuestión concreta -lo hace mucho-, una excepción a aquello que ustedes han votado, que han defendido, los que más; vamos a poner alguna excepción, vamos a resolver algunos problemas, y los resolvería, no decimos que no, es verdad.

Esta proposición no de ley resolvería algunos problemas, pero no va al fondo de la cuestión porque la propia exposición de motivos abraza completamente este austericidio al que antes nos referíamos cuando hablábamos de fiscalidad. Abrazan perfectamente esta necesidad -ustedes lo dicen así-; se deben reconsiderar todos los gastos públicos -eso lo dicen en la exposición de motivos- en todos los niveles. Ustedes creen efectivamente que se debe reconsiderar todo en época de crisis: desde las becas comedor a la cuestión de intervenir en los problemas de la malnutrición infantil o en las ayudas al alquiler. Sucede precisamente en momentos en que aumenta la pobreza. ¿Debemos realmente considerar eso? Ese es el problema de una proposición no de ley como esta: que no va al fondo de los problemas. ¿Creen ustedes realmente que las administraciones públicas se tienen que echar atrás cuando hoy se multiplica la gente que necesita precisamente a la Administración? ¿Verdad que no? ¿Verdad que necesitamos precisamente ayudar a la gente a poder pagar la vivienda? Hemos visto el caso dramático de esta señora que hoy ha sido desahuciada por el Ayuntamiento de Madrid porque no le ha querido renovar el alquiler. Precisamente por eso es en ese momento cuando la ciudadanía necesita más de las administraciones. Lo que aquí se propugna -como en toda la filosofía de la proposición no de ley- es que hay que recortar. Nosotros cuestionamos esa filosofía de esa reforma del artículo 135 de la Constitución, en el que priorizamos el pago a los acreedores por encima de las necesidades.

Nosotros hemos presentado enmiendas. En primer lugar hemos planteado esa reforma profunda de la Ley de estabilidad y poniendo las políticas al servicio de la salida de la crisis; ese es el objetivo. Es alucinante que todavía, seis años después de aplicar este tipo de medidas y después de seis años de crisis -los recortes demuestran que nos devuelven a nuevas recesiones en un círculo vicioso en el que cuanto más recortamos más cae también la capacidad adquisitiva, más caen el consumo y los ingresos porque evidentemente se recauda menos-, sigamos en esta espiral, y eso es lo que debemos cortar. Hay que poner las políticas y los presupuestos al servicio de las necesidades. Por lo tanto no hablamos de superávit sino de necesidades de las personas. Ustedes hablan aquí de inversión; claro, inversión, pero nosotros hablamos de inversión social, que es el déficit más importante que hoy tiene este país. Nosotros no vamos a jugar a la vieja política de que para salir de la crisis hay que gastar, ya sea en Juegos Olímpicos en Madrid -aunque sea el ayuntamiento más endeudado- o lo que Barcelona aplique para


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los Juegos Olímpicos de Invierno. Ese no es el modelo porque hoy las necesidades han cambiado y lo que crea empleo es dar servicios públicos a la gente. Desde La Izquierda Plural hemos planteado enmiendas que mejoran el texto, aunque es verdad que están lejos de esa filosofía.

Querría acabar con una reflexión. O salimos de esta espiral, que no es volver al muro del que antes hablaba la diputada Romero... Cómo se atreven ustedes a decir que la socialización de las pérdidas del Estado es lo que proponemos, si lo que ustedes están haciendo, con más de 166.000 millones de euros de rescate bancario que ya se ha avalado y 36.000 millones perdidos, es socializando las pérdidas a base de recortes, las pérdidas del sector bancario; son ustedes los que están defendiendo esa perversión. Lo que planteamos es cambiar las profundidades, no hacer parches sino resolver la cuestión de fondo que es mucho más profunda que poner parches a los ayuntamientos que van bien, porque es también ayudar a los que tienen dificultades, sobre todo a la gente que vive en ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Ortiz.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Joan Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la necesidad de modificar de forma urgente el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; modificarlo, como se ha dicho reiteradamente desde esta tribuna, con el objetivo de que las corporaciones locales con remanente positivo puedan destinar también sus recursos a políticas de estímulo al crecimiento económico y -eso era lo que pedíamos en nuestra enmienda- a garantizar la cohesión social. Nuestro grupo registró precisamente una proposición no de ley en el mismo sentido el 21 de marzo pasado. En cualquier caso, permítanme señalar al grupo proponente que con su voto favorable a la Ley 2/2012 ayudaron a poner en manos de este Gobierno -que ya lo hubiese hecho directamente con su mayoría absoluta- el instrumento que están utilizando en buena medida para iniciar y progresar en el desmantelamiento del Estado del bienestar. Sin ir más lejos, yo también quiero citar el proyecto de ley que se está tramitando, denominado de racionalización y sostenibilidad de la Administración local; curioso título cuando en realidad lo que pretende es desmantelar el Gobierno local en los términos en que lo reconocemos y convertirlo sencillamente en una pura Administración tutelada por el Gobierno central, con un claro perjuicio para los ciudadanos que viven en cada uno de los pueblos y ciudades. Todo esto lo hacen para conseguir su tan comentado objetivo único -que, por cierto, se está incumpliendo-, que es el control del déficit público. Hemos conocido que en julio está ya en el 5,25 % del producto interior bruto, y no precisamente por mala gestión de comunidades autónomas o de entidades locales, mientras no se plantean el cambio de patrón de crecimiento sino todo lo contrario. Además, contemplamos atónitos datos como que 578.000 niños han perdido las ayudas a libros de texto o bien tenemos conocimiento del hachazo que pretenden dar a las pensiones, de más de 33.000 millones de euros. Lo cierto es que los que conocemos el Gobierno local valoramos adecuadamente el papel fundamental que ha venido desempeñando, tanto en la provisión de servicios básicos y de calidad al conjunto de los ciudadanos como por ser el canal de participación más importante de los ciudadanos en los asuntos que les atañen. No en vano es el nivel de Gobierno más valorado.

Es incompresible que la actual regulación, prevista en el artículo 32, impida que los excedentes consecuencia de una buena gestión, de una gestión eficiente de los recursos públicos, no se puedan destinar a las finalidades que hemos enunciado y que a los ciudadanos que han pagado sus impuestos se les prive de recibir servicios a los que tienen derecho. Por ese mismo motivo avalamos en su momento también la enmienda que se introdujo en la ley de presupuestos y que mandataba al Gobierno a regular, a desarrollar, ese artículo 32. Hoy, por lo que parece y por la transacción que ha hecho el grupo proponente, han vuelto a acordar lo mismo, patada a seguir y veremos lo que dice el Gobierno en un futuro, cuando proceda. Nosotros esperamos que sea bien pronto, muy pronto, para poder manifestarnos claramente en función de la regulación que nos planteen.

En cualquier caso, señorías, termino diciendo que no seremos un obstáculo para que se remuevan precisamente esas dificultades que se han puesto a los ayuntamientos de forma indiscriminada tanto si gestionan bien como si gestionan mal sus recursos. Lo que deseamos, tanto en esta proposición no de ley como en la ley que tenemos en tramitación, es que los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales dispongan de los recursos y los instrumentos necesarios para continuar cumpliendo con su misión, que es


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la base de nuestro Estado de derecho, y que han contribuido para que ese Estado se desarrolle, y se evite que estén planeando constantemente amenazas a su labor. Señoras y señores, esperamos y deseamos ver en qué se concreta finalmente todo esto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Rangel.

Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra diputada Rosa María Romero.

La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en este debate fruto de la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió quiero recordarles, en nombre del Grupo Popular, que cuando estábamos tramitando la Ley de Presupuestos de 2013 ya se incorporó -se decía aquí en este debate- una enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que pedía que con el acuerdo previo con las asociaciones de entidades locales más representativas y con el informe de la Comisión Nacional de la Administración Local se llevara a cabo la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de que ese remanente positivo que puedan tener los ayuntamientos o superávits se dedique a reinvertirlo en definitiva en los municipios. La aprobación de esa enmienda ha significado sin ninguna duda el compromiso firme del Gobierno del Partido Popular para llevar adelante esta cuestión; cuestión que ya ha sido vista por la Comisión Nacional de Administración Local a propuesta del Gobierno, que también aquí en el Pleno de la Cámara anunció el propio ministro de Hacienda. Por tanto, será una medida que el Gobierno llevará adelante porque se ha comprometido a ello, y todos podemos creer en la palabra del Gobierno porque está cumpliendo fielmente cada uno de sus compromisos. En veintiún meses se ha aprobado el mayor y más importante paquete de medidas de apoyo al mundo local que nunca habíamos conocido porque -por qué no decirlo- los ayuntamientos fueron los grandes olvidados en la etapa del Gobierno socialista de Zapatero. En estos tiempos hemos visto cómo se han puesto medidas en marcha muy importantes para el mundo local, como el anticipo del 50 % de la liquidación de 2010; la ampliación de sesenta a ciento veinte mensualidades del plazo para el reintegro de las liquidaciones negativas de los presupuestos de los años 2008 y 2009; el Plan de pago a proveedores que es tan importante. Desde luego, yo quiero levantar la voz hoy aquí de lo que ha significado este Plan de pago a proveedores como apoyo al mundo local y como apoyo a tantos empresarios, la mayoría pequeños, que lo necesitaban para poder cumplir con sus obligaciones y ha sido una inyección muy importante, y, por supuesto, también el último Plan de pago a proveedores que en este momento está tramitándose y que vuelve a ser una nueva inyección al estímulo de la economía de este país. Por tanto, en materia de apoyo a los ayuntamientos hay que decir que este Gobierno está cumpliendo íntegramente.

Ahora con este debate aquí y escuchando al Grupo Socialista llamaba la atención que hablara de la falta de apoyo con el nuevo proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local -que, por cierto, es un proyecto importantísimo para darle eficiencia a nuestra Administración local, para que haya una clara delimitación competencial que evite duplicidades administrativas, porque eso va a repercutir, sin ninguna duda, no solo en una mejor gestión de los ayuntamientos sino también en un mejor servicio para los ciudadanos, que en definitiva es lo que nos debe preocupar a todos- cuando resulta que en la etapa de su Gobierno por más que anunciaron que iban a hacer una modificación de la Ley de Régimen Local nunca llegó; por más que anunciaron que iba a haber una nueva ley de apoyo a los Gobiernos locales, nunca llegó; por más que dijeron que iba a haber una nueva financiación local, nunca llegó. Por tanto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, en esta materia, lecciones ninguna. Me puedo avalar en los hechos y en los datos. (Aplausos).

El Grupo Popular presenta una enmienda transaccional en aras a buscar el consenso y el acuerdo con el grupo proponente. He escuchado aquí en las palabras del señor Pàramo la buena disposición de su grupo para que podamos llegar a ese acuerdo, recogiendo el texto que ha presentado el Grupo Popular. Nosotros queremos dejar claro de nuevo aquí esta tarde que los ayuntamientos en un breve plazo van a poder contar ya con una nueva herramienta, que es la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aquellos ayuntamientos que han hecho bien su trabajo, que han hecho bien su gestión y que son ejemplo en este momento de la buena gestión de la Administración local, porque tienen superávit o porque tienen remanente positivo de tesorería, y que a la vez no superan los límites de endeudamiento, pueden destinar el menor importe de entre ellos -de entre el superávit o el remante- a inversiones sin que dé lugar a déficit lógicamente al cierre del ejercicio, previa cancelación de las obligaciones que tengan


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pendientes de reconocer en los presupuestos. Eso es lo que recoge el Grupo Popular en esta enmienda y creo que es muy importante que el Grupo de CiU haya aceptado esta enmienda transaccional porque este acuerdo seguro que va a significar una inyección y un apoyo más para los ayuntamientos, el mensaje de que puedan estar tranquilos porque el Parlamento también está trabajando y por supuesto el Gobierno, que cumplirá con el hecho de traer en breve plazo esa modificación tan importante para las ciudades y los municipios de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Romero.

Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió bajo la forma de proposición no de ley no es nueva, pero tiene todo el sentido del mundo. Es muy difícil entender que aquellos ayuntamientos o corporaciones locales de cuya gestión económica se deriven resultados positivos, es decir, que tengan ahorros o que tengan remanentes, no los puedan destinar a mejorar las inversiones o a financiar políticas que generen empleo, y este es precisamente el objeto de la iniciativa. Los buenos gestores, los que consiguen un superávit presupuestario, no han de pagar las facturas de los ineficientes o de los malos gestores que gastan por encima de las posibilidades que se derivan de los recursos que obtienen. En este sentido creo que la enmienda del Grupo Popular también va en esta dirección y para eso desde el Grupo Vasco creemos que es preciso modificar la Ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, con el fin de dar cabida legal a lo que el Grupo de Convergència i Unió plantea, por lo que votaremos favorablemente la iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Finalizado el debate de esta proposición no de ley, y a afectos de constancia, señor Pàramo, ¿acepta o no alguna de las enmiendas presentadas?

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Pàramo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA REAPERTURA DE LA LÍNEA FERROVIARIA INTERNACIONAL DE CANFRANC. (Número de expediente 162/000042).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc.

Para la presentación de esta proposición y la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Yuste. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, debatimos hoy la primera iniciativa parlamentaria que registré en esta Cámara el día precisamente de la investidura del señor Rajoy en el arranque de la legislatura. Tiene, pues, una importante carga simbólica para mí, para la Chunta Aragonesista y la izquierda de Aragón, pero también la tiene sin duda para el pueblo aragonés.

Desde que se inauguró la estación internacional de Canfranc el 18 de julio de 1928 la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau ha sido para Aragón un símbolo de progreso y de conexión con la modernidad que suponía Europa, pero desde que el 27 de marzo de 1970 se interrumpiera el tráfico internacional por un accidente en el puente de L'Estanguet, se ha convertido en una de las asignaturas pendientes, y no solo para Aragón. La línea internacional de Canfranc es cierto que vertebra Aragón de norte a sur, pero también es verdad que beneficiaría igualmente a las comunidades autónomas del centro peninsular y del sur, incluso a la Comunidad Valenciana, que tendría fundamentalmente para sus mercancías una línea directa con Francia y con el corazón de Europa, y podría estar en marcha en un horizonte muy cercano. No tiene por lo tanto nada que ver con los grandes corredores transfronterizos, ni con el central ni con el mediterráneo, ni con el atlántico; no tiene nada que ver ni por presupuesto, ni por


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plazo de ejecución ni por funcionalidad; nada que ver, y quiero dejarlo claro desde el principio. Tras cuarenta y tres años de desidia y abandono algunas novedades se han producido en los últimos años, algunas que nos llenan de esperanza y otras de preocupación. Cuando empezó la legislatura, hace casi dos años, el ritmo de ejecución de los tramos franceses, Oloron-Bedous y Bedous-Canfranc, nos hacía pensar que podríamos tener abierto el Canfranc en 2015, si el Gobierno español y el Gobierno de Aragón hacían su parte, por supuesto. Pero no ha sido así, en los dos primeros presupuestos del Gobierno Rajoy la ejecución de partidas relacionadas con el Canfranc ha sido mínima, en 2012 la modernización del tramo Huesca-Canfranc se ha ejecutado en un 7,7 % y la reapertura del túnel en un 5,9 %. ¿Va a ser esta una legislatura perdida? Me temo que sí.

Durante el debate de investidura en diciembre de 2011, el presidente Rajoy me respondió textualmente: vamos a trabajar por el Canfranc. En junio de 2012 el secretario general de Infraestructuras concretó un poco más en la Comisión de Fomento y citó el grupo de trabajo cuatripartito formado por los Gobiernos de España, Francia, Aragón y Aquitania como la pieza clave para que el Canfranc fuera una realidad lo antes posible, dijo. Lamentablemente, durante los casi dos años de Gobierno Rajoy ese grupo cuatripartito no se ha reunido ni una sola vez, repito, ni una sola vez. El subsecretario del Ministerio de Fomento nos dijo el 5 de abril a una delegación de representantes políticos y sociales de Aragón que en breve se produciría una reunión de ese cuatripartito. Nos lo dijo el 5 de abril y todavía no se ha reunido. Dicen que hablan por teléfono, que tienen contactos, pero la verdad es que no se han reunido. Otra mala noticia reciente ha sido que la Comisión Europea ha denegado al Gobierno de Aragón la financiación de los nuevos estudios para la reapertura del Canfranc y, lo que es aún peor, se justificaba en la baja calidad del proyecto presentado. Espero que nadie esté haciendo los deberes mal a conciencia para retrasar un proyecto que es estratégico para Aragón y para otras comunidades autónomas y espero también que la falta de financiación europea no impida que los Gobiernos de España y de Aragón hagan su parte en este trabajo. El único movimiento relevante ha sido el protocolo que el pasado 15 de marzo firmaron los Gobiernos de Aragón y de Aquitania, en el que se establece un calendario de actuaciones que llevaría a la reapertura de la línea Pau-Canfranc-Zaragoza en 2020. Esa misma fecha es la que obtuvo la unanimidad de las Cortes de Aragón el pasado 26 de junio, por eso al actualizar la proposición no de ley que debatimos hoy a través de una autoenmienda hemos escogido ese nuevo horizonte: antes de 2020, como decía literalmente la proposición no de ley aprobada en el Parlamento aragonés. Nuestra iniciativa por tanto considera que el Canfranc puede y debe abordarse ya, y emplazamos a los Gobiernos español y francés a trabajar coordinadamente y a consignar en los presupuestos del Estado a partir del próximo año la dotación suficiente para modernizar el tramo Huesca-Canfranc y el túnel para poder poner en marcha el servicio antes de 2020.

Para Chunta Aragonesista y para la izquierda de Aragón lo importante es que la reapertura del Canfranc deje de ser un símbolo de progreso para Aragón y se convierta en una realidad lo antes posible, en concreto antes de 2020. Por consiguiente, estoy decepcionado con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Quiero que el Gobierno se comprometa en una fecha concreta para que el Canfranero vuelva a atravesar los Pirineos, pero el Partido Popular se limita a decir que la cumbre hispano-francesa de otoño apoyará los estudios para la reapertura. ¿Es que no lo hicieron ya en la cumbre de octubre de 2012? ¿No podemos dar ni un paso adelante más? Por favor, basta ya de tomar el pelo a los aragoneses. Por otra parte, me preocupaba también la enmienda del Grupo Socialista, no por la fecha, en la que coincidíamos, sino porque introducía una mención a las inversiones prioritarias de la Red transeuropea de transportes, y yo creo que eso llama a la confusión. Estamos hablando del Canfranc no de los grandes corredores. Por lo tanto, no mezclemos esas cuestiones. En todo caso, hemos alcanzado -adelanto ya- una transacción entre la autoenmienda de La Izquierda Plural y la enmienda del Grupo Socialista que ojalá pueda concitar la unanimidad de la Cámara como hace trece años ocurrió la última vez que se debatió en el Congreso sobre la reapertura del Canfranc gracias a la intervención y a la iniciativa de mi compañero José Antonio Labordeta.

Muchas gracias a todos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.

Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor Morlán.

El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, para mí es una satisfacción estar de nuevo en esta tribuna después de varios años de ausencia, y es una satisfacción hacerlo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre una proposición no de ley que ha planteado Chunta Aragonesista. Antes de entrar en el detalle de la misma, me gustaría


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hacer un pequeño comentario. Efectivamente, es una proposición no de ley que hace referencia a una comunicación transpirenaica que, como ya ha dicho el representante de Chunta, tiene mucha historia desde su apertura y desde su interrupción y que es perfectamente compatible con cualquier otro corredor. No se puede comparar con la preocupación y con la atención que desde el Grupo Socialista prestamos a los corredores que forman parte de la red básica transeuropea y, por ello, creo que deberíamos centrarnos, a la hora de evaluar cuál es la actitud de esta Cámara respecto a esta iniciativa, en lo que es esta conexión ferroviaria del Canfranc y en lo que supone, que no tiene nada que ver con los grandes corredores transpirenaicos que están en desarrollo o en planificación.

Estamos hablando de una iniciativa que pretende que en un plazo de siete años como máximo esté en servicio un túnel y una vía, fundamentalmente en el Estado francés, que puede prestar un servicio de transporte de viajeros y de mercancías. Es una línea en ancho convencional -no es alta velocidad, no se plantea que sea alta velocidad- en la cual el Gobierno anterior desde 2004 hasta 2011 ya llevó a cabo una inversión de casi 100 millones de euros. Se hizo la variante ferroviaria de Huesca; se mejoró, se modernizó entre Huesca y Jaca, y queda pendiente modernizar entre Jaca y Canfranc y adecuar el túnel, un túnel que si ustedes vieran, señorías, está perfectamente utilizable, solamente falta poner las vías y la catenaria, y eso se tiene que conseguir mediante un acuerdo con el Gobierno francés. De ahí que la existencia de este grupo cuatripartito que figura en la enmienda sea un elemento importante para que en él confluyan todas las decisiones y todos los estudios que son necesarios para que el Gobierno francés acelere algo más sus inversiones, porque efectivamente desde Oloron hasta Bedous lo tiene previsto, pero desde Bedous hasta la boca norte del túnel todavía hay serías dudas. Por ello, este esfuerzo que se solicita que haga el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma aragonesa, para que, con el Gobierno de Francia y Aquitania, se pongan a trabajar en el desarrollo de proyectos, de actuaciones que tienen que ver con la apertura de esta línea, no es en absoluto baldío, sino que va en la dirección que en pasillos todos decimos que es buena pero que a la hora de la verdad, cuando se asumen compromisos, no es tan buena, porque no se plasma en inversiones ni en decisiones políticas que acompañan a la necesidad de reapertura de esta línea.

Nosotros dejamos hecho un estudio informativo de duplicación de la conexión entre Huesca y Sabiñánigo porque entendíamos que el trazado actual no mejora el funcionamiento del ferrocarril. Ese estudio ha sido anulado por el Partido Popular y nos vamos a encontrar con que si en 2020 el túnel se reabre, que es lo que todos deseamos, por esa vía va a ser muy difícil transitar el tráfico de mercancías y el de viajeros. Los trenes están yendo a 30 por hora; sabemos que la modernización de una línea es lenta, pero entendemos que, si se adoptan las decisiones presupuestarias que se plantean en la enmienda de transacción que hemos alcanzado con Chunta Aragonesista, podremos solventar este tipo de problemas. Por ello, muestro mi satisfacción y la de mi grupo por haber alcanzado este acuerdo. Espero que se resuelvan las dudas o interrogantes que haya sobre la viabilidad de esta línea y sobre la existencia de esta conexión transfronteriza y espero que esta Cámara apueste por que esta conexión, que indudablemente vertebra la provincia de Huesca y Aragón y afecta a otras comunidades autónomas, se pueda ejecutar y pueda acabar siendo un elemento de penetración hasta el resto de Europa a través del túnel de Canfranc.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Morlán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Puyuelo.

La señora PUYUELO DEL VAL: Gracias, señora presidenta.

Telegrama: 27 de marzo de 1970. Comunico, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses a la estación de Canfranc, que a las 11 horas en el kilómetro 280.650, entre las estaciones de Bedus y Urdos de la línea Canfranc-Pau, se produjo el hundimiento de un puente arrastrando al río a un tren de mercancías compuesto por dos máquinas eléctricas y diez vagones cargados destino Canfranc. Queda suspendido el tráfico de mercancías por la indicada frontera. El servicio de viajeros se efectúa con autobuses entre Bedus y Canfranc. Esta interceptación prevén tendrá un mes de duración. Firmado: Escolano. Director quinta zona.

Más de cuarenta y tres años. Yo apenas tenía cuatro. No tengo el recuerdo de la suspensión, pero sí de la reivindicación constante de la sociedad aragonesa clamando por la reapertura de la línea internacional. Hoy subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en un asunto de capital importancia para la tierra a la que pertenezco por nacimiento y por sentimiento. He nacido y crecido en Jaca, ciudad fundamental


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para entender Aragón y para comprender la vocación europea de esta tierra, situada a 30 kilómetros de la frontera con Francia.

Señor Yuste, la recurrencia de su formación en este asunto y su perseverancia nos dan idea del interés que tiene para ustedes el Canfranc. Como jacetana lo aplaudo, pero la premura con la que presentaron la proposición ha provocado que tanto la exposición de motivos como el petitum de la misma hayan quedado superados por el tiempo y por los acontecimientos, lo que le obliga a autoenmendarse, demostrando que son a menudo las circunstancias las que marcan los tiempos. Ojalá todo siempre dependiera de nuestra voluntad. Señor Yuste, usted ha preguntado al secretario general de Infraestructuras en sede parlamentaria, ha interpelado a la ministra de Fomento en el Pleno, y las respuestas han ido siempre en la misma dirección: la línea de Canfranc es una de las actuaciones prioritarias que está llevando a cabo el ministerio. Se está trabajando en dicha actuación. Se apoya esta línea como eje singular para la conexión ferroviaria con Francia en tanto se define la nueva travesía central de los Pirineos. Hay una voluntad firme y un compromiso por parte del Ejecutivo aragonés y del Gobierno de España con los aragoneses. Se están dando pasos. Para ustedes probablemente no sean suficientes o incluso los adecuados, pero nosotros creemos que son los necesarios. Con el Partido Popular el Canfranc ha tenido sus mejores impulsos en las cumbres de Perpignan y Santander. Además, el Partido Popular demostró cuál era el papel que asignaba a esta línea cuando la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Loyola de Palacio, la incluyó primero en el Libro Blanco del transporte y después como punta de lanza de la futura central del Pirineo, el famoso eje 16. Y en el terreno práctico el PP modernizó integralmente la línea entre Zaragoza y Huesca, electrificándola y dotándola de ancho europeo; dejó licitada la variante de Huesca y dejó también licitados la redacción de los proyectos del resto de los tramos. Quizás deberíamos preguntarle al señor Morlán, que se ha subido recientemente a esta tribuna, altoaragonés y socialista de pro, miembro de esta Cámara y secretario de Estado de Planificación en los Gobiernos de Zapatero y con los que ustedes gobiernan en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuál era la posición de su grupo y de su partido a lo largo de los años. En 1994 el ministro Borrell declaraba la línea inviable; Mercè Sala la descatalogó, transformándola en línea C, sin inversiones nuevas. En la cumbre de Zaragoza de 2004 se la calificó como de interés regional; la modernización integral planificada por el Gobierno de Aznar se quedó en reparaciones puntuales y parcheos como el lavado de cara del tamo Caldearenas-Jaca, utilizando material de segunda mano traído de Cataluña. Eso sí, ahora enmiendan, transaccionan y exigen una fecha concreta para la reapertura.

El apoyo de este Gobierno a la reapertura de la línea internacional de Canfranc se puso de manifiesto en la última cumbre hispano-francesa celebrada en París el pasado 10 de octubre. En ella España y Francia reiteraban su voluntad de desarrollar con la región de Aquitania y la Comunidad Autónoma de Aragón el programa de estudios relativo al proyecto de reapertura de la línea férrea, respetando, eso sí, sus directrices nacionales en materia de infraestructuras de transporte. Como se indica en dicha declaración, la colaboración con el Gobierno de Aragón y la región de Aquitania es fundamental en este proyecto. Por esta razón, este Gobierno considera necesario seguir trabajando en la reapertura del túnel en el seno del grupo de trabajo cuatripartito. Desde el año pasado, y en colaboración con el Gobierno de Aragón, se ha manifestado en la parte francesa el deseo de mantener una nueva reunión de este grupo de trabajo para, entre otros, analizar el estudio de seguridad de la reapertura del túnel. En este tiempo se ha ido proporcionando a Francia la documentación relativa a dicho estudio, condición que Francia estimaba necesaria para la celebración de esa nueva reunión. La ministra de Fomento ha remitido el pasado 29 de julio una carta a su homólogo francés solicitándole concretar una fecha para su celebración. Asimismo, la región de Aquitania y la Comunidad Autónoma de Aragón han firmado el pasado 15 de mayo un protocolo de colaboración para trabajar en la recuperación de los tráficos de la línea. Todo este trabajo se desarrolla a la vez que se sigue manteniendo el apoyo a los estudios de la nueva travesía central del Pirineo.

Fue en 1853 cuando se presentó el proyecto del Canfranc por Juan Bruil. Las obras comenzaron en 1882, y la línea se inauguró, con la presencia de Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa, en 1928, setenta y cinco años después. Esto da idea de lo que nos ha costado a los aragoneses conseguir algunas cosas, pero demuestra nuestra tenacidad y constancia para defender y trabajar en lo que creemos beneficia no solo a nuestra tierra, sino al conjunto de España. Nuestro grupo es consciente de ello y sabe que la reapertura del Canfranc no es una reivindicación romántica de un pueblo que vive en la añoranza de los tiempos pasados, es un reto de presente, que ayudará a construir un futuro de oportunidades para los habitantes de una tierra tan hermosa como dura. Queremos seguir viviendo con nuestros hijos en un lugar que ha sido, y debe seguir siendo, una puerta abierta a Europa. Hoy lo que le proponemos, señor


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Yuste, es que confíe en nuestro Gobierno y en su trabajo. El ministerio tiene la firme voluntad de dar los pasos precisos para que la reapertura de la línea internacional sea una realidad, su pájaro en mano. Usted nos pide un firme compromiso y fechas, sabiendo, como sabe, que no depende solo de nosotros. Le pedimos que acepte el texto de nuestra enmienda. Los estudios son la base de los proyectos serios; las fechas a menudo titulares que se quedan en papel mojado. Si no es así, lo siento, votaremos en contra de su propuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Puyuelo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, he de reconocer que he tenido que releer la proposición no de ley que formula la Chunta Aragonesista en un intento de discernir la voluntad intrínseca que la inspira y de conocer el alcance real del contenido de su petición a efectos de marcar la posición del Grupo Vasco. Sinceramente, tengo que decirles que hasta que no he escuchado la intervención del diputado Yuste no lo tenía nada claro, y menos después de analizar las enmiendas formuladas por los grupos Socialista y Popular. Reflexionaba. ¿No estarán hablando del posible eje 16 de la Red Transeuropea de Transporte? En este sentido, les recuerdo que la rama atlántica del proyecto prioritario número 3 de la Unión Europea está como está. Salvo el tramo de la Y vasca que está ejecutando el Gobierno vasco por encomienda del Gobierno español, que avanza a buen ritmo y cumpliendo plazos, el resto de la línea está prácticamente parada cuando no sin contar en muchos de sus tramos ni siquiera con proyectos de ejecución. Pero volviendo a la proposición original, dudábamos y nos preguntábamos: ¿hablamos de red convencional? ¿De alta velocidad? ¿De ambas? ¿De potenciar e impulsar la conexión con Europa a través de lo que se ha venido a denominar corredor central? Afortunadamente, como le decía, señor Yuste, su intervención ha despejado algunas de mis dudas y, aunque he de señalar que la redacción de su iniciativa adolece de uno de los males endémicos que tradicionalmente han aquejado al despliegue de la red ferroviaria en el Estado español y muy especialmente a la alta velocidad, que es la falta de claridad, también por ello debo recordar cuál es la posición de mi grupo, reiterada en numerosas ocasiones en esta Cámara, y me voy a referir a toda la red ferroviaria.

Entendemos que es absolutamente necesario que el Gobierno español defina los criterios de jerarquización y priorización para la ejecución y puesta en marcha de la nueva red ferroviaria española en cualquiera de sus tramos, tanto para el transporte de personas como de mercancías, con especial referencia al despliegue de la alta velocidad, que en nuestro caso es algo muy relevante, y por supuesto con respeto pleno también a los criterios de prioridad expresados por la Unión Europea. En este sentido, reivindicamos y queremos transparencia. Es también absolutamente preciso que el ministerio, y aquí entra su iniciativa, elabore un mapa que aporte una visión integral e integrada de esa futura red ferroviaria española, un mapa que además sea el resultado de un trabajo serio de planificación, que ponga negro sobre blanco los parámetros objetivos que se van a aplicar, que permitan el despliegue de las infraestructuras ferroviarias pero con método, definiendo prioridades y horizontes temporales, tal y como solicitaba usted en su proposición, de forma ordenada y jerarquizada, que cumpla además con esos compromisos adquiridos por España con Europa y que permita finalizar y poner en explotación a la mayor brevedad posible los compromisos adquiridos, también los corredores ferroviarios ya incluidos dentro de las redes transeuropeas prioritarias. Como ven, hemos hablado claro. Más claro, agua. Por todo lo anterior y porque creemos que el futuro viaja en tren, y en tanto esto no se produjera, aun entendiendo legítimas las aspiraciones del pueblo aragonés habíamos decidido abstenernos en su proposición. Sin embargo, tras escuchar la intervención del diputado de la Chunta Aragonesista, el señor Yuste, compartiendo el espíritu que la inspira, hemos cambiado nuestro voto y va a ser favorable.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señora presidenta, brevemente, para fijar posición.

Vamos a votar a favor de esta propuesta con la enmienda transaccional que han pactado La Izquierda Plural y el Partido Socialista porque estamos de acuerdo en que la línea ferroviaria de Canfranc, una línea que tiene, como aquí se ha comentado, una larga y complicada historia, es un proyecto que con una inversión que nos parece razonable puede prestar un gran servicio al país. Por cierto, digo al país en general que es el que lo va a pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no a una comunidad autónoma en concreto. A veces, aquí, cuando se habla de grandes inversiones parece que estamos hablando de tranvías de cercanías o de autobuses entre barrios, y no tiene nada que ver. Estamos hablando de una conexión europea importante, y además por otra razón que quiero añadir. Hay noticias inquietantes en el sentido de que Francia ha anunciado que hasta el año 2030 no piensa hacer nuevas inversiones en líneas de alta velocidad, lo cual significa que las que está haciendo España pueden quedar hasta esa fecha, si no hay un cambio de decisión política en Francia, sin conexión. Nos podría acabar ocurriendo como en esos dibujos animados en que se hacen dos líneas de tren y resulta que los raíles no coinciden y se quedan al aire, y el tren no sirve para nada. En cambio, hay otra, que es la de Canfranc, que parece que Francia sí está dispuesta a abordar su cierre rápido. Por eso, por una cuestión de sentido común, de una inversión que nos parece acertada y porque además parece que el tiempo está dejando bastante claro que, si bien algunas inversiones en AVE son razonables, la generalización es una idea absurda y en lo que habría que invertir por su rentabilidad social y económica es en ferrocarril de recorridos medios y este sería uno de los casos, vamos a apoyar esta PNL.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley, la hubiera apoyado ya en el texto inicial, pero nos parece muy razonable la transaccional con el Partido Socialista y, por tanto, nuestro grupo la va a apoyar.

Permítanme que para justificar este voto positivo, que quisiéramos que sea considerado como un voto absolutamente solidario de nuestro grupo con los intereses de los aragoneses, les relate una pequeña historia. Ustedes saben que, como casi siempre, los enlaces internacionales que se hicieron entre España y Francia desde mediados del siglo XIX fueron dos, el de Irún y el de Portbou. Pero todo el mundo se dio cuenta de que los Pirineos eran una cordillera muy larga y que a lo largo de toda esta cordillera estaba, por ejemplo, Aragón, al sur, o la demarcación de Lleida, o las comarcas del norte de Girona, y que tenía una cierta lógica que, más allá de las dos conexiones internacionales, existieran también otras conexiones transfronterizas. Durante muchos años se habló en estas Cortes -se gastó mucha, mucha saliva- sobre los ferrocarriles transpirenaicos o transfronterizos. Finalmente, el rey Alfonso XIII, que hizo alguna cosa buena -yo creo que el rey Alfonso XIII fue discutible en muchos aspectos pero tenía las ideas claras en materia de ferrocarriles-, por ejemplo, quería cambiar el ancho de vía. Y precisamente el día que inauguró -ha hecho referencia la diputada popular- la línea, junto con el presidente de la República Francesa, el rey anunció que iba a firmar un decreto a través del cual otra de las líneas transpirenaicas, la de Barcelona-Puigcerdà, se iba a construir en ancho internacional. En Canfranc se hizo este anuncio que fue de una gran transcendencia, yo creo que para todos. Luego, por desgracia, aquello no continuó. Pasaron muchas cosas en la historia y no continuó, y el ancho internacional no llegaría hasta un siglo después. Sin embargo, esta voluntad de conectividad que comparten los aragoneses, que comparte la gente de las comarcas del Pirineo de Girona y de Lleida, es algo que tenemos en común. De los tres transpirenaicos dos se llegaron a construir, el de Puigcerdà y el de Canfranc -por desgracia, el de Canfranc lleva años sin servicio-, y el tercero sólo llegó hasta Pobla de Segur, donde nació el ministro Borrell, y ni siquiera el bueno de Borrell fue capaz de acabarlo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros, que hemos luchado desde Cataluña para la supervivencia de la línea de Puigcerdà, también en difíciles circunstancias, queremos expresar en estos momentos nuestra solidaridad absoluta con la demanda que formula usted, señor Yuste, y que espero que sea acogida por la Cámara. Además, nos parece muy razonable lo que usted plantea. En estos momentos en los que, por desgracia, no se pueden acometer grandes inversiones o solo las podemos acometer con cuentagotas, una inversión razonable como es la que posibilitaría la modernización y apertura de este paso sería muy positiva para Aragón, para todos los Pirineos y evidentemente también para el sur de Francia. Tenemos muchísimos motivos para dar apoyo a esta


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proposición no de ley. Lo hacemos con pleno convencimiento, con satisfacción y de verdad, señor Yuste, señoras y señores diputados, me gustaría muchísimo que algún día pudiéramos asistir a la reapertura de Canfranc, y si es en 2015 ya lo celebramos con sumo placer.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.

Señor Yuste, ¿en referencia a las enmiendas?

El señor YUSTE CABELLO: Sí, señora presidenta.

Con respecto a las enmiendas, efectivamente, no puedo aceptar la enmienda del Grupo Popular. Espero, señora Puyuelo, que su Gobierno no sea tan malo como los anteriores y pueda resolver esto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Y con respecto a la enmienda del Grupo Socialista hemos alcanzado una transacción que ya ha sido entregada a la Mesa y que paso a leer: El Pleno del Congreso de los Diputados considera necesario acometer la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc y solicita al Gobierno: a) Intensificar y agilizar el desarrollo de los programas de trabajo iniciados por el grupo de trabajo cuatripartito (Gobiernos de España y Francia y Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Aragón y Regional de Aquitania) para la reapertura de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, con el objetivo de fijar un horizonte temporal concreto para la finalización de los trabajos sobre seguridad y adecuación de los túneles viario y ferroviario, llevar a cabo una evaluación socioeconómica del proyecto, asegurar una evaluación ambiental adecuada, incorporar el objetivo de modernizar la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, especialmente en los tramos entre Huesca y Canfranc, y garantizar que este proyecto será una realidad antes del año 2020; b) Como expresión de este compromiso, consignar las partidas correspondientes debidamente dotadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y años sucesivos con el objeto de cumplir con la indicada fecha. Este es el texto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), CON EL OBJETO DE QUE EL GOBIERNO CLARIFIQUE SU POSTURA EN RELACIÓN CON LA ANUNCIADA REFORMA DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000100).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación. Debo decir a la Cámara que hoy martes vamos a ver la primera. La segunda moción se verá mañana miércoles cuando acabe el Pleno de control y se votará, lógicamente, el jueves.

La moción del señor Cuadra tiene como objetivo que el Gobierno clarifique su postura en relación con la anunciada reforma de las pensiones. Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, María Ángeles Ruiz Zubiarte, 670 euros al mes de pensión; José María Elizalde Goñi, 980 euros; Carlos Díez de Cerio Muruzábal, 1.050 euros; Begoña López Zubieta, 725 euros. Son datos reales; todos ellos son pensionistas, no son sabios ni expertos, saben que sus pensiones en cualquier caso no les llegan a final de mes. Por otro lado tenemos a Ángel Corcóstegui, directivo del Banco Santander, jubilado con 108 millones de indemnización por jubilación; Alfredo Sáenz, del mismo banco, 88 millones; Francisco Luzón, del mismo banco, 56 millones; José Ignacio Goirigolzarri, del BBVA, 52 millones. Cuando el Gobierno habla de sostenibilidad de las pensiones, ¿a cuáles se refiere? ¿A las multimillonarias de los banqueros o a las escasas, justas e injustas de los pensionistas? Amaiur piensa que es mejor hablar más que de pensiones de pensionistas, porque las pensiones a fin de cuentas son números, son datos, son proyecciones estadísticas que se pueden manipular. Los pensionistas son personas de carne y hueso, tienen cara, tienen ojos, se les puede mirar, tienen familias y son bastante más difíciles de manipular o tergiversar.

Las actuales pensiones, ya lo dijimos la semana pasada, son además bastante bajas, un 20 % inferiores al promedio de las existentes en la Unión Europea; millones de personas tienen pensiones que


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son de 600, 700, 800 euros, sin más, y en el caso de las mujeres estas descienden un 40 %. Además, hablar de pensiones de viudedad es hablar de pobreza, y en muchos casos de pobreza extrema. Por eso, en Amaiur consideramos que las pensiones no solo es necesario mantenerlas, sino además mejorarlas, porque estamos hablando, en definitiva, de derechos sociales; no estamos hablando de beneficencia, ni de caridad, ni de limosnas, estamos hablando de derechos sociales y en esa medida queremos hablar de pensiones justas, de pensiones dignas y de pensiones suficientes, para que no haya pensionistas, como los hay a cientos, a miles, haciendo cola en las filas de los comedores sociales, para que no haya parejas de ancianos, como en Granada, que se suicidan dejando una nota diciendo que no quieren ser una carga para sus hijos, para que no haya pensionistas en la calle, sin casa donde vivir a pesar de haberse pasado toda la vida trabajando, y sobre todo para que esto no coincida, no exista a la par que esas pensiones supermillonarias que he mencionado de 50, 60, 80, 100 millones de indemnización. Porque es en esta situación de injusticia social generalizada en la que hay que situar el reciente suicidio aquí en Madrid, en Carabanchel, de una mujer a la que se la había pasado ya la orden de desahucio y que, al recibirla, ha optado por acabar con su vida.

El Gobierno dice que con su reforma las pensiones nunca van a ser congeladas ni van a bajar, porque siempre van a subir un 0,25 %. Es una forma tramposa de sacar las cuentas. Porque si el déficit de la Seguridad Social va a estar ahí durante varios años debido al tremendo paro que existe y al mismo tiempo el índice del coste de la vida va a ser superior a ese 0,25 %, lo que tenemos enfrente es que todos los años vamos a ver un recorte de un 1 %, de un 2 %, de un 3 %, y en los próximos cuatro o cinco años las pensiones perderán un 10 % del poder adquisitivo. Por tanto, ¿cómo puede afirmar el Gobierno que las pensiones no van a bajar? ¿Se piensa el Gobierno que los 9 millones de pensionistas -y yo me incluyo- no sabemos contar con los deditos para sacar las cuentas? ¿Con quién se piensa que está hablando, a quién se dirige? ¿Dónde ha hecho el Gobierno este máster en tocomochos y timos de la estampita para decir esto?

El Gobierno ha afirmado hoy que con su reforma se ahorrarán 33.000 millones de euros. Pero ahorrar es meter la mano en bolsillo propio y dejar en hucha propia también dinero que es de uno mismo. Aquí no se está haciendo nada de esto, no se está ahorrando nada, porque se está metiendo la mano en bolsillo ajeno para dejarlo también en hucha ajena, en la hucha de la banca, que está siendo rescatada y en la cual se están metiendo decenas de miles de millones de euros; en la hucha de la banca, la primera prioridad presupuestaria para pagarle intereses y devoluciones. Esto es lo que está ocurriendo. Esto no es un ahorro, esto es un timo, esto es un timo de la estampita, y el Gobierno está prostituyendo no solo los servicios sociales sino también el lenguaje.

El déficit de la Seguridad Social debe solucionarse por unas vías completamente diferentes a las que plantea el Gobierno, no bajando las pensiones, sino subiendo los ingresos de la Seguridad Social, y esto debe hacerse a costa, sobre todo y por encima de todo, a costa de quienes en décadas anteriores se han forrado, que ha sido la patronal, que han sido las altas rentas existentes en el país, y esto es lo que ahora debe corregirse y enderezarse. En este sentido va la propuesta de Amaiur. Tiene tres partes diferenciadas. En primer lugar, se trata de subir los ingresos de la Seguridad Social y hacerlo por medio del incremento de las cotizaciones empresariales, hacerlo por medio de que el salario mínimo interprofesional pase a ser de 1.100 euros, de que los salarios se actualicen conforme al índice del coste de la vida. Así se conseguirá que las fuentes propias de la Seguridad Social se incrementen substancialmente. La segunda parte hace referencia a la mejora de los ingresos generales del Estado por vía de impuestos. De todos es sabido que la presión fiscal existente en el Estado español es bastante más baja que los promedios europeos, seis puntos y pico por debajo, y de lo que se trata es de hacer una profunda reforma fiscal que ajuste lo anterior y sobre todo que con criterios progresistas cargue la mano sobre las rentas más altas, en el impuesto sobre sociedades. El tercer punto de nuestra moción tiene que ver con algo que estamos padeciendo día a día. Se está imponiendo -y con esta reforma también se pretende hacerlo- sobre las mayorías políticas de los partidos políticos existentes en nuestro pueblo, las mayorías sociales y las mayorías sindicales medidas que nosotros estamos rechazando, que nosotros y nosotras calificamos como reaccionarias, y esto tiene que acabarse. Por eso reivindicamos un marco propio y soberano para levantar nuestro propio sistema de pensiones asentado en criterios de justicia social y de solidaridad y para atender a nuestras propias mayorías políticas, sociales y sindicales.

Termino. La votación que planteamos a petición de algunos grupos es diferenciar los tres puntos a), b) y c) haciendo votaciones separadas. Y debo señalar que la enmienda planteada por el Grupo Vasco la hemos integrado dentro del punto c). La pasaremos a la Mesa para que así se tenga en consideración.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Para su defensa, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

Señor Cuadra, me imagino que le habrá indicado la presidenta que el sistema de incorporación de enmiendas, tal como está concebido reglamentariamente, no es el que usted ha indicado. Para transar una enmienda con otro grupo parlamentario tiene que contar, señor Cuadra, con la conformidad de este grupo parlamentario y con la firma de la transacción basada en el presupuesto de la conformidad con el grupo parlamentario. Para el procedimiento de transar, tal como está previsto reglamentariamente, primero hace falta recabar la conformidad del grupo parlamentario con el que se transa y, en segundo lugar, recabar las firmas de los dos grupos a efectos de que el texto objeto de consenso pueda ser debatido y pueda ser votado conjuntamente en pro de la transacción ya operada, perfeccionada reglamentariamente. Y usted lo que ha hecho es incorporar nuestra enmienda -la que presentamos al punto c) de su moción-, entre paréntesis y en cursiva, al texto literal de su propia letra c), de su propia propuesta en la moción, y eso no es una transacción propiamente, eso es una absorción, una absorción reglamentariamente ilegítima, si me permite la expresión, en tanto en cuanto no la hemos negociado ni la hemos firmado tampoco. Ustedes, en definitiva, mantienen su texto. Mantienen el texto que reza o que preconiza proceder a la transferencia inmediata a Euskal Herria de todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social y exigencia de la necesidad de contar con un marco propio y soberano en estas materias (Seguridad Social, pensiones) que responda a nuestra propia realidad social y laboral.

Señor Cuadra, el sentido de nuestra enmienda es el siguiente. En esta Cámara el testimonialismo, cuando no tiene posibilidades de concretarse en una victoria parlamentaria, provoca frustración. Provoca frustración, se lo decimos con conocimiento de causa. Mire, por esta causa nosotros llevamos luchando desde el año 1979, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y llevamos luchando por esta causa con particular intensidad desde el año 1989, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional, que usted conoce perfectamente, consagró un concepto de caja única que luego fue pervertido en la reinterpretación del legislador y en la reinterpretación de los dos partidos políticos mayoritarios. Ya nos parece casi testimonialismo la enmienda que nosotros presentamos, nos parece casi una utopía forzar al Gobierno del Estado a transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio -y le estoy reproduciendo el tenor literal de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía-, como para que nos parezca razonable, señor Cuadra, aceptar lo que usted propone en relación con transferir a Euskal Herria, desde una perspectiva del ejercicio de la soberanía de Euskal Herria -concepto, por lo tanto, que también deberíamos precisar- en términos absolutos y acogiendo las realidades sindicales y sociales de este país. Desde esa perspectiva, no puede usted considerar que nuestra enmienda está aceptada; está incorporada en virtud de un paréntesis y en cursiva, evidentemente, pero no ha sido objeto de negociación ni ha sido objeto de suscripción de su argumento, del argumento de su letra c), por nuestro grupo parlamentario. Por tanto, nosotros mantenemos nuestra enmienda, señor Cuadra, usted verá si la acepta o no. Pedimos sencillamente el cumplimiento de la disposición transitoria quinta prevista en el Estatuto de Autonomía de Gernika, que prevé la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por el Gobierno vasco, por las instituciones vascas, en régimen de convenio, que en términos materiales o en términos jurídicos significa algo similar al régimen de concierto.

En cuanto a lo demás, señor Cuadra, qué decirle. Respecto de las letras a) y b), los otros dos bloques de esta moción, nosotros estamos particularmente en contra; estamos de forma muy intensa, muy relevante en contra de lo que usted aquí nos propone, al margen de que ha pasado como sobre el aire en relación con el anteproyecto de ley de sostenibilidad y los dos factores de sostenibilidad que este proyecto de ley incorpora; no ha hecho ningún comentario. Y lo que nos propone en la letra a) es el incremento de las cotizaciones sociales como fórmula para mejorar el sistema de pensiones del Estado español. No es la mejor forma, es la peor, es contraproducente. Las bases de cotización del Estado español son las segundas más altas de la Unión Europea, señor Cuadra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Incrementar las cotizaciones supone hacer perder capacidad competitiva a nuestras empresas y, por lo tanto, generar más desempleo, generar más desafiliados y menos cotizantes a la Seguridad Social, así como precarizar más el futuro del sistema público de


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pensiones. Lo mismo cabe decir del incremento de la presión tributaria en el ámbito del impuesto de sociedades, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas y este impuesto, inexistente todavía, sobre las grandes fortunas. Tampoco el incremento de la presión tributaria se nos antoja la mejor fórmula para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

La letra c), ya la he glosado, señora presidenta. No hay una transacción en el sentido reglamentario de la palabra y, por lo tanto, no podemos aceptar lo que usted ha propuesto indicando que incorpora nuestra enmienda. No, no incorpora nuestra enmienda, la introduce en una suerte de paréntesis que no desnaturaliza la suya. No ha habido transacción, no ha habido pacto, no ha habido suscripción firmada por los dos grupos parlamentarios y, por lo tanto, en estos términos no se la podemos aceptar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta.

Señor Cuadra, en el ámbito del testimonialismo, en el ámbito del discurso, usted y yo seguramente nos podríamos poner de acuerdo; en esta Cámara es muy difícil ponerse de acuerdo porque, se lo repito otra vez, el testimonialismo conduce a la frustración cuando no prospera y a la melancolía.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Señor Cuadra, deduzco que, no habiendo aceptado el Grupo del PNV la incorporación de su enmienda, ahora sí se pueden votar los tres puntos de forma separada.

El señor CUADRA LASARTE: Efectivamente, señora presidenta. Lo que plantearía sería votar el texto literal, tal cual ha sido presentado, punto por punto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Con independencia de la opinión que se tenga sobre el aspecto concreto de la moción presentada, es evidente que llega en el momento oportuno. El Gobierno acaba de presentar un anteproyecto de ley que incumple todos los compromisos electorales del Partido Popular y del Gobierno del señor Rajoy. Lo hace con una propuesta que solo puede calificarse de tramposa en sus argumentos porque mezcla factores demográficos que tienen en el horizonte de los años 2027 y 2032 su punto de llegada, con la caída de ingresos puntuales provocada por la crisis económica. Es también una propuesta tramposa porque pretende hacer creer a la ciudadanía que el problema actual de la Seguridad Social es un exceso de gastos, cuando sin duda es de insuficiencia de ingresos. Quiero recordarles, señorías del Partido Popular, que España dedica el 10,2 % del PIB a pensiones, mientras la media comunitaria en estos momentos está situada en el 13,5 %. Además uno de los argumentos no solo es tramposo sino que es profundamente peligroso, al intentar confrontar a los jóvenes, a los cuales se les dice que la garantía de sus pensiones depende de la reducción de expectativas de derechos de sus padres o de la pérdida de poder adquisitivo de sus abuelos y eso sin duda es muy peligroso socialmente. Asistimos a un pensionazo de 33.000 millones de euros, lo que el Gobierno anuncia que dejará de pagar en los próximos nueve años como consecuencia de su medida. Por cierto, 33.000 millones de euros es prácticamente la cantidad que el propio Gobierno comienza a reconocer que no va a recuperar del rescate de la banca, que son unos 36.000 millones de euros.

Ante este pensionazo existen alternativas, muchas de ellas fueron planteadas por las organizaciones sindicales y los técnicos comparecientes en la Comisión del Pacto de Toledo. A corto plazo y para hacer frente a la caída de la recaudación provocada por la crisis, es necesario acompañar el uso del Fondo de reserva con medidas para mejorar los ingresos contributivos por la vía de un aumento, no de las cotizaciones pero sí de las bases máximas de cotización, o de la inclusión de conceptos cotizables que hoy están incomprensiblemente excluidos, como algunos pagos de salario en especie. Asimismo debería estudiarse la posibilidad de incorporar el establecimiento transitorio de una contribución social generalizada que grave no solo el trabajo sino todos los factores productivos. A medio y a largo plazo se han sugerido en la Comisión del Pacto de Toledo alternativas para aumentar los ingresos, especialmente los de origen fiscal que puedan permitir a España aumentar el gasto en pensiones en el horizonte de la media comunitaria, que en veinte años se va a situar cercana al 14,5 % del PIB. Este aumento de la aportación


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fiscal podría, debería venir parejo de una reordenación de algunas prestaciones de naturaleza contributiva como las derivadas de muerte y supervivencia, es decir, las prestaciones de viudedad y orfandad que ahora se financian exclusivamente con cotizaciones sociales.

Señorías del Partido Popular, señoras y señores diputados, existen alternativas al pensionazo, existen propuestas que están encima de la mesa, pero desgraciadamente una vez más el Gobierno ha optado por aquellas propuestas más lesivas para trabajadores y pensionistas, dejando intactos los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad. Quiero recordarles, señorías, para anticipar ya algunas cuestiones que si se hubiera aplicado la propuesta que ahora presenta el Gobierno en los años 2011 y 2012, la pérdida de poder adquisitivo hubiera sido de 5,3 puntos; una pérdida de poder adquisitivo de 5,3 puntos en dos años que solo se recuperaría después de transcurridos veintiún años ininterrumpidos de bonanza económica y superávit de las cuentas de la Seguridad Social. Es eso lo que hoy está encima de la mesa y es lo que hace necesario abordar el debate que hoy nos ha presentado la moción de Amaiur. Es oportuno destacar que el Gobierno en este caso nos plantea sustituir una fórmula cierta y transparente que está reconocida como un derecho por la ley, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y que en contra de lo que se dice no es inflacionaria, por una fórmula incierta, opaca, que abre paso a la arbitrariedad de nuevo del Gobierno de turno y que provoca una caída brutal del poder adquisitivo de compra de las pensiones que puede llegar a ser de hasta el 28 %. En esa reflexión coincidimos con el objetivo de la propuesta de Amaiur y también con alguna de sus propuestas, pero no con todas. Esperamos a ver el resultado de este debate para decidir nuestro voto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señor Cuadra, debemos agradecerle que haya planteado la interpelación y la moción, porque eso nos permite a los portavoces pronunciarnos no solo sobre el contenido de su iniciativa, sino también sobre el debate que el Gobierno ha abierto con la nueva propuesta de reforma de las pensiones. He de decirle tan solo que quizás si el contenido de su moción se hubiese ceñido estrictamente al título de la interpelación ello habría obtenido en la Cámara no un triunfo, porque el Grupo Popular habría rechazado su moción, pero sí un acuerdo de la mayoría de los grupos de la oposición sobre el contenido de esa reforma y de la necesidad de que el Gobierno reconsiderase las propuestas que formula. El contenido de la moción que nos propone, más allá del debate que le ha planteado el señor Olabarría con relación a las cuestiones competenciales de la Comunidad vasca y de Navarra, como mínimo no puede ser compartido en todos sus aspectos y, en cualquier caso, cuestiones fundamentales en la discusión sobre el futuro del sistema público de pensiones o sobre la orientación de la política económica están, desde nuestra perspectiva, ausentes en su moción. Insisto en que ahí hemos perdido la oportunidad, quizás por primera vez, de haber expresado una posición conjunta de la oposición frente a la propuesta del Gobierno.

En este sentido, simplemente me gustaría insistirles a los diputados de la mayoría en dos consideraciones. Una es que en el ámbito del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones exige acuerdos en el ámbito de lo social y en el de lo político; y la otra es sobre una reforma que hoy está aplicándose, que está en marcha, que es una reforma intensa, y respecto de la que las señorías de la mayoría deberían pensarse introducir una nueva vuelta de tuerca. Es muy difícil que sobre una reforma sustancial que se introdujo en 2011, y que en estos momentos empieza aplicarse, se pretenda introducir mayor contención en el gasto público de pensiones y que se mezclen los problemas en el corto plazo vinculados a la destrucción del empleo con los problemas a medio y largo plazo vinculados a la evolución de nuestra demografía.

De entrada, he de decirles que respecto al planteamiento del Gobierno Convergència i Unió discrepa de la orientación de fondo, pero al mismo tiempo les recuerdo que en el marco del Pacto de Toledo el acuerdo social y político es imprescindible. He de recordarles que sobre la reforma hoy en marcha existió un acuerdo en 2011 que permitió la aprobación de aquella reforma, y no es demasiado razonable pensar que la nueva reforma que modifica aquel acuerdo social pueda construirse sin el concurso de los agentes sociales. En este sentido, los calendarios que el Gobierno ha anunciado en esta materia presentando un anteproyecto de ley que no cuenta con el acuerdo de los agentes sociales ni del Pacto de Toledo, no es la mejor manera de empezar la discusión con relación a una posible nueva reforma del sistema de pensiones. Ahí, si me permiten los diputados de la mayoría, aconsejaría prudencia y no forzar los plazos, porque si


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de lo que estamos discutiendo es de elementos que sean estructurales en la articulación del sistema público de pensiones, cualquier reforma que no provenga de un acuerdo sólido en la Cámara, y que no provenga de un acuerdo sólido en el campo del diálogo social va a durar lo que dure su mayoría, y señorías, como este tipo de cuestiones, es limitada en el tiempo. Para que las reformas sean sostenibles y eficaces, para que de verdad tengan el efecto que se les busca necesitan ser reformas acordadas en el ámbito del diálogo social y en el ámbito del Pacto de Toledo. (Rumores). Y me temo mucho que con la propuesta que ustedes nos han trasladado sea muy difícil que se pueda alcanzar un acuerdo en esos dos terrenos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Socialista, señora López i Chamosa. (Continúan los rumores).

Por favor, ruego bajen el grado y la intensidad de sus conversaciones.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, la moción que debatimos hoy aquí es de agradecer porque nos permite nuevamente abordar la política del Gobierno con respecto a la reforma de nuestro sistema público de pensiones. Sin lugar a dudas, la reforma del sistema público de pensiones es un debate actual que va a marcar este periodo de sesiones porque es la médula de nuestro sistema de protección social, y en un momento como este el sistema público de pensiones está permitiendo a las familias afrontar la crisis. Son las pensiones las que están permitiendo que haya cohesión social y las que hacen que disfrutemos, en un momento tan complicado como este, de la paz social. Claro que sin hablar de otras reformas y de otros pilares del Estado del bienestar que hemos hecho porque, señores del Gobierno, lo de la Ley de Dependencia ha pasado a ser un recuerdo. Primero, ustedes hicieron una reforma laboral y a esa reforma laboral le han dado una vuelta de tuerca en el decreto de la semana pasada. Luego, aumentaron el IRPF. Después, impusieron el copago en los medicamentos y en la farmacia, algo que afecta fundamentalmente a los jubilados. Le sumaron la subida del IVA, es decir, una política económica que está devaluando y está empobreciendo constantemente a la población de este país. Además ahora nos demuestran con sus medidas que ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han decidido cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de los pensionistas. (Aplausos). El año pasado ustedes se dirigieron fundamentalmente hacia los trabajadores y los desempleados, con la devaluación salarial provocada por el Gobierno cuando renunció al pacto de rentas que los agentes sociales habían firmado en 2011, y ahora quieren sumar la devaluación de las pensiones. Según la encuesta trimestral del INE los salarios han bajado el 0,6 el segundo trimestre de este año pero como están subiendo las horas de trabajo, que cada día aumentan más, la rebaja de los costes salariales en el segundo trimestre es del 2,4, y eso significa señorías también menores ingresos al sistema público de pensiones. Todo lo hacen recaer sobre los ingresos de la Seguridad Social.

En el año 2012 hurtaron a los pensionistas el derecho adquirido a su revalorización, suspendieron la revalorización de este año, y en marzo recortaron la jubilación anticipada sin consenso ni acuerdo con los agentes sociales. Después nos dicen que hay que hablar de sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad del sistema está garantizada por la Ley 27/2011 y lo que ustedes pretenden, así lo reconocen en la memoria económica, es hurtar -llámenle como quieran- o ahorrar 33.000 millones que deberían ir a los bolsillos de los pensionistas y que ustedes quieren que se queden en la Seguridad Social. Casualmente un día le perdonan 37.000 millones a la banca y el mismo día anuncian que van a recortar 33.000 millones a los pensionistas. Luego mienten (Aplausos), mienten cuando dicen que no recortan las pensiones, recortan 33.000 millones, y mienten cuando dicen que en el futuro no podrá haber otra norma.

Les anuncio que, cuando los socialistas volvamos a gobernar, la Ley 27 volverá a funcionar en todos y cada uno de sus artículos, y no permitiremos que los pensionistas pierdan ningún poder adquisitivo. (Aplausos).

Yendo a la moción que nos ha traído hoy aquí, le quiero decir al Grupo de Amaiur que compartimos la exposición de motivos, compartimos algunas de las medidas, pero hay una línea roja para nosotros, que es la transferencia, la rotura de la caja única de la Seguridad Social. Si votamos punto por punto, eso nos permitirá demostrar dónde estamos a favor y dónde estamos en contra.

Señores del PP, no pasará este robo a los pensionistas. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.

Por el Grupo Popular, señor García Pérez.


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El señor GARCÍA PÉREZ: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Mixto nos presenta hoy una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en relación con las medidas previstas por este referentes a la reforma del sistema de pensiones, donde insta al Gobierno a tomar una serie de decisiones para incrementar los ingresos públicos, tanto de la Seguridad Social como tributarios, así como para proceder a la transferencia inmediata a la Comunidad Autónoma del País Vasco de todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social.

En primer lugar, por lo que se refiere al ámbito de las competencias, como se expone en la exposición de motivos, la sostenibilidad del sistema depende principalmente de los ingresos, siendo el empleo la verdadera garantía de que esos ingresos aumenten y garanticen plenamente la sostenibilidad del sistema de pensiones. En este sentido, el Gobierno desde el primer momento ha tomado decisiones importantes en el ámbito de los ingresos, como ha sido la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, separando lo contributivo de lo no contributivo, para evitar que las cotizaciones sociales paguen las prestaciones no contributivas y todas las prestaciones del sistema que forman parte de lo que tiene que ser presupuesto general del Estado. La separación de las fuentes de financiación, medida exigida por las recomendaciones del Pacto de Toledo, es la primera garantía de ingresos para el sistema de Seguridad Social. Por ello, en dos años se ha incrementado en 63 puntos esa financiación del Estado a complementos a mínimos, que en 2013 será casi de 7.900 millones de euros.

No obstante, aun siendo esta medida la más importante, el Gobierno ha tomado otras medidas en la misma dirección para reforzar y contribuir a aumentar los ingresos del sistema de la Seguridad Social, pieza clave en el mantenimiento y en el propio futuro del mismo, entre las que cabe citar las siguientes disposiciones normativas fundamentales: la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que refuerce desde la Seguridad Social la contratación a tiempo parcial como instrumento al servicio de la creación de empleo; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, por el cual se refuerzan los ingresos del sistema, mejorando los esquemas de incorporación de recursos; la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social; la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, a través de las novedades introducidas en las disposiciones finales quinta y séptima. Asimismo, han de mencionarse las medidas de estímulo de los ingresos desde la perspectiva de un sistema más coherente y equitativo contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.

Sin embargo, el Gobierno no solo ha tomado medidas de carácter normativo en relación con la modernización de nuestro sistema, sino que también ha adoptado una serie de medidas que tienen por objetivo la agilización de la tramitación procedimental en materia de recaudación, como son el análisis de los procesos recaudatorios para reducir su tiempo de tramitación y la modificación del régimen de recargo por ingreso de las cuotas fuera de plazo. Con respecto al incremento de los ingresos tributarios, bajo criterio de progresividad, se puede afirmar que en 2012 la carga fiscal se ha distribuido de una forma más equitativa, haciendo recaer el mayor esfuerzo en los contribuyentes con mayor capacidad económica y, en particular, en las grandes empresas. Esto lo demuestra el hecho de que el incremento absoluto de ingresos por sociedades es superior a los de IRPF e IVA juntos. En renta, el 80 % del coste del gravamen en el IRPF lo soporta el 20 % de contribuyentes con mayores rentas. En lo que respecta a las modificaciones del impuesto sobre sociedades, se han adoptado, en primer lugar, una serie de medidas temporales que tienen por objetivo aumentar el tipo efectivo del mismo sin modificar el tipo de gravamen formal a través de la introducción de límites o la supresión de determinados beneficios fiscales. También puede señalarse que en los últimos meses se están tramitando las normas necesarias para tratar de conseguir un incremento de los ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre sociedades, esfuerzo recaudatorio que se recaba fundamentalmente de las grandes empresas, poseedoras de la capacidad contributiva necesaria para coadyuvar al sostenimiento de las finanzas públicas a través de la figura del mencionado tributo. Este es el caso del proyecto de ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización o del proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas de fiscalidad medioambientales, y se adoptan otras medidas tributarias y financieras que actualmente están en tramitación en el Congreso.

Por lo que respecta a la propuesta de creación de un impuesto sobre la riqueza, en sustitución del actual impuesto sobre el patrimonio, es innecesaria puesto que no varía el objeto imponible, que es el patrimonio de las personas físicas, limitándose básicamente a instar una mayor progresividad del tributo y a que recaiga sobre las grandes fortunas. En lo que atañe a la lucha contra el fraude fiscal, destaca el


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esfuerzo realizado a través de la ley para intensificación de las actuaciones en la prevención de lucha contra el fraude, modificaciones en el Código Penal o el Plan anual de control tributario y aduanero por el cual se establecen las prioridades en las actuaciones de prevención y control para asegurar la correcta aplicación del sistema tributario aduanero, y en especial en los ámbitos donde la incidencia del fraude es más elevada.

Por lo que respecta a la propuesta sobre la transferencia inmediata a la Comunidad Autónoma del País Vasco de todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social, cabe indicar que la gestión económico-financiera del sistema de la Seguridad Social es una competencia estatal que únicamente se puede desarrollar de manera unificada, puesto que ni las prestaciones ni la recaudación se pueden circunscribir a ningún territorio. La legislación de la Seguridad Social es única y universal y no caben diferencias territoriales ni en la parte de prestaciones ni en lo referente a la financiación del sistema. El principio de caja única es fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema a corto, a medio y a largo plazo y también para garantizar prestaciones homogéneas reconocidas al amparo de la legislación común.

Ante todo hoy, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos mandar un mensaje de tranquilidad y seguridad a todos los pensionistas. Todas las reformas que este Gobierno está emprendiendo en materia de pensiones están encaminadas a garantizar, conservar y consolidar el sistema público de pensiones y su condición de sistema de reparto. Vamos a garantizar la salud financiera de un sistema que tiene que ser autofinanciable y sostenible en el futuro. El Gobierno considera muy importante que los mayores de hoy cobren una pensión justa, pero también que los del mañana tengan una prestación como la que tuvieron sus abuelos. Todas las reformas en materia de pensiones que está llevando a cabo este Gobierno van a garantizar que las pensiones no verán reducido el valor nominal de las cuantías a percibir incluso en períodos de recesión económica. El sistema asegurará que las pensiones nunca serán objeto de congelación, puesto que garantizará un suelo de crecimiento anual asegurado. Además se establece un entorno de transparencia y conocimiento de la salud financiera del sistema por parte de la sociedad, permitiendo responder de manera anticipada y eficiente a los retos demográficos. El sistema se sostendrá por sí mismo y se reforzará ante las tensiones demográficas y condiciones cambiantes.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado, tiene que finalizar.

El señor GARCÍA PÉREZ: Voy finalizando, presidenta.

Garantiza con su equilibrio los objetivos de asegurar unas pensiones estables, equitativas, adecuadas y sostenibles. Con todas estas reformas el Gobierno cumple con un mandato legal para mantener y afianzar una institución que funciona y ofrece tranquilidad a millones de hogares en España.

Por todo lo anteriormente expuesto, votaremos negativamente a la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor García Pérez.

En cinco minutos se inicia la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 122/000026).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Iniciamos las votaciones. En primer lugar, las correspondientes a las proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática. Se han emitido dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 2 votos telemáticos, 318; a favor, 16; en contra, 194; abstenciones, 106, más 2 votos telemáticos, 108.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMAS URGENTES PARA MEJORAR LA PROGRESIVIDAD Y SUFICIENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO. (Número de expediente 122/000107).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, de reformas urgentes para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario. Se han emitido también dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321, más 2 votos telemáticos, 323; a favor, 121, más 2 votos telemáticos, 123; en contra, 177; abstenciones, 23.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A LOS EFECTOS QUE LAS ENTIDADES LOCALES CON SUPERÁVIT PUEDAN DESTINAR SUS REMANENTES POSITIVOS A INVERSIÓN O A PLANES DE EMPLEO LOCAL. (Número de expediente 162/000646).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las votaciones referidas a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los efectos que las entidades locales con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión o a planes de empleo local. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que ha sido aceptada. Por lo tanto, se votará en estos términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321: a favor, 305; en contra, 1; abstenciones, 15.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA REAPERTURA DE LA LÍNEA FERROVIARIA INTERNACIONAL DE CANFRANC. (Número de expediente 162/000042).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc. Hay una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Alguien se opone? (Pausa).

Votamos la proposición con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 143; en contra, 171; abstenciones, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), CON EL OBJETO DE QUE EL GOBIERNO CLARIFIQUE SU POSTURA EN RELACIÓN CON LA ANUNCIADA REFORMA DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000100).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Votación de las mociones consecuencia de interpelación. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Cuadra, con el objeto de que el Gobierno clarifique su postura en relación con la anunciada reforma de las pensiones. Al no haber sido aceptado por el Grupo Vasco, PNV, la incorporación de la enmienda, se votarán los tres puntos separadamente. En primer lugar, votamos el punto a) de la moción.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 10; en contra, 178; abstenciones, 133.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Votamos el punto b).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 114; en contra, 177; abstenciones, 30.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Votamos el punto c).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 30; en contra, 279; abstenciones, 11.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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