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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 112, de 21/05/2013
cve: DSCD-10-PL-112
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 112
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el martes,
21 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para incrementar la competencia efectiva en el sector de hidrocarburos líquidos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 114-1, de 22 de marzo de 2013. (Número de expediente 122/000097) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 89-1, de 27 de julio de 2012. (Número de expediente 122/000073) ... (Página13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del estatuto del directivo público profesional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 265, de 7 de mayo de 2013. (Número de expediente 162/000627) ... (Página25)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 251, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000591) ... (Página33)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 265, de 7 de mayo de 2013. (Número de expediente 173/000081) ... (Página42)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma educativa. (Número de expediente 173/000082) ... (Página49)

Modificación del orden del día ... (Página54)

Declaración institucional ... (Página58)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, para incrementar la competencia efectiva en el sector de hidrocarburos líquidos ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Ruiz Llamas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Flores Lanuza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista ... (Página13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página25)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del estatuto del directivo público profesional ... (Página25)


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Defiende la proposición no de ley el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Merino López.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Jordà i Roura y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jáuregui Atondo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses ... (Página42)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Guillén Izquierdo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Lanzuela Marina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Yuste Cabello.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma educativa ... (Página49)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Álvarez Sostres, Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plura; el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Buyolo García.

Modificación del orden del día ... (Página54)

La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de debatir en la sesión de mañana los puntos 7 y 8, relativos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes sobre la postura del Gobierno ante las respuestas sociales, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), y sobre la retirada del anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y la presentación de un nuevo texto, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Declaración institucional ... (Página58)

El señor presidente da lectura a una declaración institucional, suscrita por todos los grupos parlamentarios, por la que el Congreso de los Diputados expresa sus condolencias por el fallecimiento ayer de varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como el deseo de una pronta recuperación de los heridos en tan desgraciado suceso.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que solicita incrementar la competencia efectiva en el sector de hidrocarburos líquidos, se rechaza por 104 votos a favor; 175 en contra más 1 voto telemático, 176 y 40 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista, se rechaza por 141 votos a favor; 175 en contra más 1 voto telemático, 176 y 5 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impuso del estatuto del directivo público profesional, se aprueba por 181 votos a favor, 131 en contra y 7 abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos, se aprueba por 318 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses, se rechaza por 134 votos a favor, 174 en contra y 12 abstenciones.

Sometidos a votación separada los puntos 1 y 2 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma educativa, son rechazados.

Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA INCREMENTAR LA COMPETENCIA EFECTIVA EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. (Número de expediente 122/000097).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Primer punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Socialista para incrementar la competencia efectiva en el sector de hidrocarburos líquidos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero saludar a las asociaciones del sector que hoy nos acompañan desde la tribuna de invitados. Señorías, la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista tiene como objetivo principal establecer un marco adecuado, eficiente y competitivo del sector de los carburantes en el canal de las estaciones de servicio en España. Los recientes informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el mercado español de la distribución de gasolina y gasóleo a través del canal de las estaciones de servicio han alertado de forma reiterada de la falta de competencia efectiva y han señalado asimismo la existencia de barrera de entrada a nuevos operadores mayoristas, así como las enormes dificultades existentes para la implantación de nuevas instalaciones minoristas. Y también han reflejado la necesidad de tomar medidas en varios aspectos regulatorios sobre la central logística de hidrocarburos.

Señorías, los precios de los carburantes en España antes de impuestos se encuentran entre los más elevados de las principales economías europeas y la evolución de los márgenes comerciales -al alza en los últimos años- son propias de un mercado poco competitivo. El margen bruto de distribución, según informes que hemos ido viendo, ha crecido en los últimos tres años alrededor de un 20 % y a esta evolución de los márgenes no es ajeno el hecho diferenciador de que en España los operadores verticalmente integrados con actividades de refino presentan un alto grado de concentración empresarial. Estas características estructurales del mercado de los carburantes en España han permanecido inalterables así durante quince años.

Efectivamente, el sector español de carburantes y combustibles está altamente concentrado en torno a tres grandes operadoras: Repsol, Cepsa y BP, que además actúan prácticamente como un monopolio y, según datos del año 2012, tienen la siguiente cuota nacional por número de estaciones de servicio y volumen de ventas: Repsol, el 45 % de las ventas y el 39 % de las estaciones de servicio; Cepsa, un 16 %; BP, un 12 % -estas tres fueron herederas del monopolio de Campsa-; Disa, que compró la red de Shell, un 6 %; Galp, un 5 % y los operadores independientes están prácticamente en un 16 %. Con estos informes -que sabemos que han venido a colaborar durante el pasado mes de abril- la Comisión Nacional de la Energía vuelve a denunciar que con la bajada del precio del barril Brent casi un 6 % las petroleras todavía


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han aumentado más sus márgenes brutos desde el pasado mes de enero. Señorías, esto es sencillamente intolerable y abusivo en los momentos que está pasando nuestro país, con las dificultades que están teniendo los ciudadanos que están pagando entre tres y cinco céntimos más por litro que en el resto de países de nuestro entorno; más si cabe cuando los impuestos especiales que gravan los carburantes en nuestro país están en la banda baja de la Unión Europea. Paradojas, la liberalización del sector que se hizo en los años 1998, 1999 y 2000 -empezó en 1992, pero se reformó en el año 2000 cuando se vio que no funcionaba- nos hace pagar más caros los carburantes que cuando los precios no estaban regulados y el Gobierno entonces aplicaba unos precios máximos de acuerdo con las cotizaciones internacionales y los márgenes brutos de comercialización de los seis principales países de la Unión Europea.

Ante esta situación, el Grupo Socialista considera que las medidas que el Gobierno ha presentado en el Real Decreto-ley 4/2013 son claramente insuficientes ya que no van a la raíz del problema y no introducen mecanismos efectivos en el sector mayorista ya que, si bien es verdad que reduce a un 30 % la cuota de las petroleras, a continuación hace trampas al solitario y permite a las mismas que los contratos preexistentes se renueven, aunque con ello superen la cuota del 70 %; es decir, señorías, nos quedamos igual. Tampoco introduce medidas de calado en los órganos de control de tarifas de las centrales logísticas de hidrocarburos como se había apuntado desde determinados órganos reguladores. Respecto al sector minorista, señorías, nuestro grupo está a favor también de que los hipermercados, las gasolineras independientes, etcétera, puedan operar, pero alertamos de que el decreto del Gobierno en su formulación puede invadir competencias de otras administraciones. A nuestro entender, contraviene competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en materia de licencias de apertura y urbanísticas, lo cual va a generar de nuevo, como ya ocasionó el Decreto 6/2000, conflictividad y confusión porque las grandes superficies en España están enclavadas en entornos muy urbanos donde la oposición de vecinos o las normas urbanísticas o medioambientales no lo permiten.

La proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista quiere fomentar y reformar en profundidad los sectores mayoristas y minoristas, formulando también cambios regulatorios en la central logística de hidrocarburos. Es una propuesta dialogada también con todos los sectores afectados: asociaciones de mayoristas, de minoristas, transportistas, agricultores, grandes superficies y asociaciones de consumidores; consta de cuatro artículos con dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Antes de entrar en el tema de la regulación de CLH, quiero manifestar una cosa. Estoy convencido de que CLH, además de ser una gran empresa, dispone de una red eficiente y competitiva -quiero remarcarlo aquí-; los mayores precios que se pagan en nuestro país no son debidos a los costes logísticos, ya que el coste del transporte por litro es de 0,8 céntimos y, por tanto, en ese sentido funcionan bien. Nuestros cambios van más en la dirección de la regulación, la transparencia y el acceso. Las medidas que proponemos son: reducir la participación de los principales operadores en el capital de CLH a un máximo del 10 % -actualmente está en el 25 %- o del 6 % de los derechos de voto en la suma de participaciones directas o indirectas y que aquellos accionistas con capacidad de refino en España no puedan superar el 30 % -actualmente están en el 45 %-. Asimismo, queremos que el acceso a la red de transporte de la Compañía Logística de Hidrocarburos sea por estricto orden de solicitud, que las tarifas para el uso de CLH estén sujetas a autorización por parte de la Comisión Nacional de la Energía, no como pretende el Gobierno, que se le comuniquen, sino que el organismo regulador sea el que autorice esas tarifas. También determinará la Comisión Nacional de la Energía la metodología de las tarifas con bases objetivas, transparentes y no discriminatorias y hacemos una reducción significativa de las existencias de seguridad a que están obligados los mayoristas para que entren nuevos operadores en los casos en que las ventas sean inferiores a mil toneladas de petróleo.

Señorías, como dije, en la concentración de estas tres grandes petroleras hay una posición de dominio importante de esos operadores que condiciona la competencia, al disponer de una capilaridad en la red de estaciones de servicio de más del 80 % de la cuota de mercado, lo que dificulta la entrada de nuevos operadores. Quiero recordar que en su día ERG, Total, Shell, Agip, Exxon, todos ellos operadores que estuvieron en el mercado español, acabaron abandonando este mercado; es decir, en los últimos años esa concentración de las grandes operadoras se ha hecho mayor y no se incentivan perspectivas de futuro de nuestro mercado mayorista. Queremos -y esto es muy importante- que la reducción de la cuota de mercado de los mayoristas sea del 25 % en el sector de las estaciones de servicio para fomentar la competencia. Esto afectaría de forma muy importante a una de las grandes petroleras, lo que obligaría a desprenderse o a renegociar determinados contratos de independientes, lo que pondría más de un 20 % en la cuota de mercado. Además, proponemos, para seguridad jurídica de los nuevos inversores, que esta


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cuota de mercado se mantenga durante diez años. También proponemos las limitaciones a los contratos en exclusiva para facilitar la renovación. La duración máxima de los contratos sería de un año, en eso coincidimos con la propuesta del Gobierno. Algunos dicen que es muy poco tiempo. Señorías, es que no podemos esperar cinco o diez años; es que en estos momentos la necesidad de un mercado competitivo, eficiente, donde los consumidores españoles no paguen más por los carburantes es necesario acometerlo en el corto plazo, en el muy corto plazo, y que después se vayan renovando en los máximos que permita la legislación europea, que en este caso se prevé que sea tres años. Este supuesto también sería aplicable a los gestores o arrendatarios de las estaciones de servicio. Nosotros hemos introducido aquí, a petición del sector, en las enmiendas del decreto esta cuestión porque aquellas gasolineras que en la época del monopolio fueron vendidas a las grandes operadoras con una parte de precio y otra con un contrato de arrendamiento de negocio en ese caso fueron respetadas en un apartado separado.

También se contempla la modificación de la Ley 25/1988 de Carreteras. Queremos que exista competencia en las carreteras y autovías del Estado y para ello proponemos que sean modificadas de manera que en los pliegos de condiciones que se hagan no solo impere el tema del precio, sino que también la Comisión Nacional de la Energía en este caso haga un informe diciendo el grado de competencia que afecta a esas vías, para que los consumidores españoles no tengan que salirse de la vía y no paguen en épocas -como ustedes conocen- de vacaciones, Semana Santa, y demás precios abusivos en estas.

Proponemos también que haya en la disposición adicional primera una armonización metodológica de los precios de los consumidores en la Unión Europea. Saben ustedes que se dice que los precios no son homogéneos y a veces esto se utiliza para decir que la comparación que se hace con España no es igual que la de otros países. Nosotros pedimos que se avance en esta armonización y que el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Energía revisen los aspectos metodológicos empleados y esto se traslade en su caso a la Unión Europea para la elaboración de un procedimiento común para todos los Estados miembros. Asimismo, proponemos una disposición adicional segunda también para fomentar la transparencia, con el fin de reducir los costes de búsqueda y reforzar la capacidad de los consumidores para comparar entre estaciones de servicio, donde el Ministerio de Industria debería elaborar y publicar en su página web los ránquines de las estaciones de servicio más baratas en la última semana, en el último mes y en el último de año, así como en entornos locales.

En cuanto a las estaciones de servicio, el sector minorista en España, dice la Comisión Nacional de la Energía que en el sector, que consta de unas 10.000 gasolineras, de las cuales, como he dicho antes, sólo existen 1.800 instalaciones independientes y prácticamente los hipermercados tienen un 3 %, hay competencia, que el número de gasolineras que hay por 100.000 habitantes es suficiente, España tiene una media por cada 100.000 habitantes de 36 gasolineras, Francia tiene 19, Reino Unido 18 y Alemania 14. Lo que quiero decir con ello, señorías, es que para nosotros el problema de la competencia en España está en el primer escalón de origen del negocio, no por hacer más gasolineras vamos a tener mejores precios, al final tenemos que ir a beber a las mismas fuentes. Por tanto, se tiene que estudiar muy bien el mercado para ver exactamente que la implantación de muchos más puntos de venta no arruine u ocasione el cierre de pequeñas estaciones que ya en estos momentos sobreviven con dificultades. Les voy a dar unos datos que me parecen importantes. El número de gasolineras independientes en Madrid es de un 6 % y en Barcelona de un 20 %, mientras que en otras provincias está entre el 50 y el 60 %, y también en este sentido les digo que en el tema de los hipermercados, por ejemplo, en Madrid de 145 instalaciones solo 3 tienen gasolinera y Barcelona tiene 12. Estamos detectando los sitios donde además hay volumen de ventas y donde es imposible poner nuevas instalaciones.

Señorías, quienes se dedican a la venta de carburantes deben tener márgenes razonables, pero lo que es abusivo y no admisible es que los españoles paguen un precio superior a la media europea en los carburantes cuando, como dije antes, los impuestos son de los más bajos.

Esta proposición es un buen instrumento para fomentar la competencia, abrir los mercados y, sobre todo, conseguir la finalidad que persigue, que es que los consumidores españoles, transportistas, agricultores, industrias y familias paguen un precio justo por los carburantes en un mercado realmente eficiente y competitivo. Por eso, señorías, pido a los grupos políticos que estén de acuerdo con estos objetivos y que exista más eficiencia, más competencia y menos oligopolio, que voten a favor de los intereses generales y que voten a favor de los ciudadanos, es decir, de los consumidores y de los usuarios.


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Quería agradecer también a Inmaculada Rodríguez-Piñero y a Jaime Díaz el trabajo que hemos hecho conjuntamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas.

Ningún grupo ha presentado enmiendas de totalidad u oposición. Por tanto, vamos a pasar a fijación de posiciones.

En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista nos trae hoy para debatir y votar una proposición de ley con el fin de incrementar la competencia efectiva como se señala en el sector de los hidrocarburos líquidos.

Sin entrar en detalle en los contenidos, cabe señalar que esta proposición de ley, a nuestro juicio, no tiene sentido una vez que se está tramitando el proyecto de ley que se deriva del Real Decreto-ley 4/2013. De hecho, el Grupo Socialista ha presentado ya una serie de enmiendas a ese proyecto de ley con el fin de lograr los cambios legislativos que plantea precisamente la proposición. Es, pues, un contrasentido que se tramite esta proposición a la par que el proyecto de ley proveniente del real decreto.

Abundando sobre este asunto, cabe señalar además que nuestro grupo parlamentario, al igual que el Grupo Socialista, ha presentado las enmiendas al proyecto de referencia. Debatiremos y votaremos las enmiendas cuando toque. Por ello, sin entender, insisto, el motivo del debate en este momento, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo también se va a abstener en esta proposición de ley porque, aunque nos parece que los objetivos son perfectamente legítimos y necesarios como aumentar la competitividad, etcétera, salvar la distancia que hay entre los relativamente bajos impuestos que tienen los hidrocarburos en España y los precios que son al final no tan lejanos de países que tienen impuestos mucho más altos, hay una serie de cosas que nos chirrían un poco. Por ejemplo, lo que ha hecho en su propuesta el Grupo Parlamentario Socialista es algo así como doblar las recomendaciones respecto a la composición del capital social de CLH que hacía la Comisión Nacional de la Competencia. Como no se nos ha explicado el porqué de esta duplicación y además nos parece un tema muy sensible que tiene muchos intereses por ahí que habría que hacer aflorar antes de tomar una decisión y agradeciendo la propuesta que han hecho, porque el objetivo nos parece muy legítimo, en este caso nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario también traslada nuestra sorpresa por la oportunidad del debate de esta proposición de ley. Aunque entendemos que hace meses que se planteó y que efectivamente existe esa alarma y esas advertencias reiteradas por parte de la posición de dominio y abuso de las petroleras y de las distribuidoras, las llamadas también de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión Nacional de la Competencia, de la propia Unión Europea, no discutimos que la situación requiere un debate a fondo y que las medidas que se han tomado no son suficientes, pero también nos sorprende la oportunidad, teniendo en cuenta que no hemos terminado el trámite como proyecto de ley del Real Decreto-ley 4/2013, que todos los grupos hemos planteado enmiendas y que de hecho gran parte de los contenidos de estos cuatro artículos que plantea esta proposición de ley también los ha planteado el Grupo Socialista en forma de enmiendas en el trámite.

Nuestro grupo parlamentario también ha planteado enmiendas, no las mismas porque no compartimos todas las medidas, pero en el debate de este proyecto de ley planteamos las cuestiones de transparencia, de metodología en el cálculo de precios, de información, de mantener los objetivos de biocarburantes, así como un informe previo a las licitaciones; es decir, un mayor control y una mayor regulación de un sector


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que está completamente descontrolado por esa posición de abuso y dominio. Compartimos que hay que tomar medidas, porque no se puede hacer un debate parcial, desenfocado y centrado solo en la cuestión de un mercado que no acaba de funcionar bien. Efectivamente, no acaba de funcionar bien, pero el problema energético de España es más serio, profundo y amplio, y el enfoque, si entramos en una reforma de la Ley de Hidrocarburos, debería ser más global y de mayor profundidad. La pregunta es: ¿es un mercado competitivo de por sí el de los hidrocarburos? ¿Podemos aspirar a que sea un mercado competitivo? Podemos aspirar a introducir un poco más de competencia en un sector, como decía, controlado en un 85 % por tres empresas, pero tenemos que plantear en qué situación nos encontramos: con una alta dependencia del exterior, con unas plantas refineras que no son nuevas por los altos costes fijos que eso supone, y por lo tanto con un límite de entrada efectivo, y por una demanda inelástica al precio. Ha caído la demanda por una cuestión de crisis, pero es una demanda inelástica al precio. A partir de aquí, elucubrar que introducir competencia va a acabar con esa situación, pues seguramente no. ¿Liberalizar es una solución? En cuanto a mejorar el escenario actual, podemos compartir algunas de las propuestas que hacen, pero seguramente esa no es la solución. La realidad de España es mucho más amplia si hablamos del sector de los hidrocarburos.

Hay una cuestión que es importante cuando hablan de competitividad de las empresas y cómo afecta esta situación a las mismas. La realidad es que España tiene una intensidad de consumo por PIB y por habitante mucho más alta que la media europea, y eso que ahora estamos en una situación de profunda recesión económica, pero tenemos una intensidad mucho más elevada. Hay una alta dependencia del exterior, una alta dependencia de la propia industria de los hidrocarburos, una movilidad muy basada en el transporte terrestre y sin alternativas a esa movilidad y también somos el segundo país del mundo que más paga por derechos de emisión, después de Japón, así como la vulnerabilidad de España al cambio climático. Cuando hablamos de hidrocarburos debemos tener todo esto en cuenta, no solo poner pequeños parches o tiritas a una cuestión que es mucho más amplia. En este contexto, tenemos que buscar alternativas a la movilidad, y en cambio estamos desmantelando también las renovables, y tenemos una baja fiscalidad, como usted mismo decía, sobre los hidrocarburos, porque tenemos el precio de venta al público por debajo de la media europea. Esa es la realidad, pero es por una fiscalidad muy baja, que tampoco nos está sirviendo para dar señales de que los hidrocarburos son un recurso que se está agotando y debemos hacer esa transición.

Estos son los retos fundamentales del país. La cuestión no es mantener durante un tiempo unos costes bajos, sino ver la situación a la que nos enfrentamos. Además de esto, es cierto que el mercado no funciona bien. Tenemos precios antes de impuestos más altos que la media europea, tenemos una sobrerretribución, un margen bruto muy superior a la media europea y pocas distribuidoras independientes, concentración en tres empresas, que controlan también indirectamente el almacenamiento y el transporte. Sinceramente, para nosotros la solución no pasa por facilitar más refinerías, por poner más estaciones o reducir las condiciones de seguridad, pero lo que ustedes plantean en esta proposición de ley -aparte de las cuotas de mercados, medida con la que podemos estar de acuerdo- no va a solucionar los problemas. En la última modificación de la Ley de Hidrocarburos en el año 2007 nosotros plantemos una enmienda a la totalidad con texto alternativo, donde las necesidades que poníamos encima de la mesa eran, en primer lugar, adecuar el suministro de hidrocarburos a las necesidades de los consumidores y, en segundo lugar, racionalizar, aumentar la eficacia y regular actividades de acuerdo a los objetivos energéticos. Liberalizar no facilita precisamente ponerse al servicio de los objetivos energéticos de todo el país, aumentar la competencia regulada y reducir el impacto ambiental. En cambio, lo que plantean en estos artículos es más estaciones de servicio, menos exigencias de seguridad, más facilidades para implantar nuevas estaciones, la cuota de mercado límite y más información y transparencia.

Nos vamos a abstener porque creemos que tenemos que acabar el debate del proyecto de ley que se está tramitando, porque eso facilitaría que se pudiera llegar a un acuerdo una vez visto que las medidas planteadas por el Gobierno no han funcionado. Pero también les emplazamos a que si hacemos una reforma de la Ley de Hidrocarburos vayamos más allá. Nuestro grupo será el primero en combatir los oligopolios; lo hemos dicho en el sector eléctrico y también lo decimos en el sector de los hidrocarburos. Seremos los primeros, pero en estas medidas hay algunas que compartimos claramente y otras que no. Ante la posición de dominio y la existencia de un escenario de fin de los hidrocarburos accesibles y baratos, entendemos que tenemos que reformar la ley en profundidad poniendo objetivos más amplios y estratégicos y no poniendo parches a la situación. Al ser un


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monopolio y por la forma intrínseca en que funciona el mercado, con pequeñas medidas liberalizadoras no vamos a poner solución a esta situación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, nos gustaría plantear cuatro consideraciones respecto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que hace referencia al incremento de la competencia efectiva en el sector de los hidrocarburos líquidos. En primer lugar, nos gustaría hacer constar que esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, si bien en algunos casos adopta forma de alternativa, es una profundización de todas aquellas medidas propuestas por el Gobierno en relación con el mercado mayorista y minorista de carburantes contenidas en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. Tal como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es un real decreto-ley que se va a debatir en la Comisión de Empleo y Seguridad Social próximamente; quizás hubiera sido más oportuno acabar ese debate para que después, en función de cómo hubiera quedado el proyecto de ley sobre el real decreto-ley que se va a debatir próximamente, pudiéramos ver cuál es la posición de partida.

En segundo lugar, nos gustaría evidenciar que la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es una concreción de las recomendaciones contenidas en el informe sobre la consulta efectuada por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa sobre el mercado de carburantes de automoción en España realizado por la Comisión Nacional de la Competencia y presentado en agosto del año 2012.

En tercer lugar, desde Convergència i Unió compartimos la necesidad de incrementar la eficiencia en el sector de los carburantes de automoción y de que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para fomentar la competencia en este sector y para hacer efectivo un nivel de precios más acorde con el resto de los países de la Unión Europea. En este sentido, como ha señalado la Comisión Nacional de la Competencia, somos conscientes de que existe una insuficiente competencia efectiva en este sector y que la distribución minorista de carburantes a través de las estaciones de servicio en España presenta de media uno de los precios más altos antes de impuestos entre las principales economías europeas, así como una evolución de los márgenes brutos de distribución en el corto y medio plazo que no es propia de un mercado competitivo.

La cuarta consideración es que, a pesar de lo que acabamos de plantear y a pesar de compartir la idea subyacente de la proposición de ley que -siguiendo algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia- pretende lograr un mercado más competitivo, hay especificidades del planteamiento propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista que desde Convergència i Unió no consideramos acertadas debido a que pueden tener un impacto negativo sobre el mercado generando más inestabilidad en el mismo.

Vamos a plantear al portavoz socialista don Román Ruiz algunos de los ejemplos con los que nosotros no estaríamos de acuerdo en caso de que esta proposición de ley fuera aceptada por la mayoría de los grupos de esta Cámara. El primer ejemplo es la modificación del artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En este caso el Grupo Parlamentario Socialista propone reducir la duración máxima de los contratos de exclusiva de suministro entre un operador y un propietario de una estación de servicio a un año, prorrogable a tres, y además impedir que en este tipo de contratos el operador pueda incidir en la aplicación de precios de venta al público a través de una recomendación de un precio máximo. Sin embargo, dicha modificación parece olvidar algunas cuestiones que a nuestro entender son básicas. En primer lugar, el artículo 5 del reglamento comunitario permite los contratos de exclusiva cuya duración no exceda de cinco años. La justificación de dicho plazo se encuentra en las ventajas que dichos acuerdos tienen para el desarrollo de estaciones de servicio, que permiten que los operadores inviertan o subvencionen a los propietarios de las estaciones de servicio bajo la perspectiva de una relación contractual de suministro relativamente estable. Dicha colaboración beneficia a los consumidores, según declara la norma comunitaria, y ustedes no lo contemplan en su iniciativa legislativa. En segundo lugar, el plazo establecido es muy corto, dado que impedirá que en el futuro las estaciones de servicio obtengan financiación de sus proveedores, pudiendo debilitar los incentivos a la inversión conjunta de operadores y estaciones de servicio, sin perjuicio de la red de estaciones de servicio de los


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propietarios. Desde nuestro punto de vista, ningún operador invertirá, subvencionará o financiará estaciones de servicio ajenas bajo la perspectiva de un solo año de contrato. Esta segunda consideración adquiere fuerza en el entorno actual ante la falta de crédito bancario.

El segundo ejemplo relevante desde nuestro punto de vista está relacionado con el plan mayorista. En este caso es la modificación más restrictiva del Gobierno en el Real Decreto 4/2013, de 22 de febrero, que se hace en la disposición transitoria quinta sobre los contratos en exclusiva de los operadores al por mayor. Según su versión actual, la modificación de la norma propuesta por el Grupo Socialista contiene una importante restricción para los operadores, ya que se reduce la cuota de mercado al 25 % a los operadores al por mayor de productos petrolíferos, que no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión directa o indirecta de la instalación, pero sobre todo no permite suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor en los términos establecidos por la norma. De esta manera, si un operador sujeto a la prohibición perdiera contratos por la no renovación de los contratos preexistentes, se vería obligado a bajar la cuota de mercado sin posibilidad de adoptar medidas competitivas para reemplazar los contratos perdidos u otros contratos adquiriendo la titularidad de nuevos puntos de venta, aunque no incrementara su cuota de mercado territorial. Por tanto, a nuestro entender son dos aspectos relevantes que no están incorporados en su iniciativa legislativa.

He hablado de dos ejemplos con los que no estábamos de acuerdo, pero hay otros aspectos que no están incorporados en su iniciativa parlamentaria, y son aquellos que hacen referencia a todas aquellas medidas orientadas al fomento de la competencia entre marcas, intermarcas, en el mercado de suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto y que estén contempladas en los informes de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia de octubre de 2012, en los cuales se evidencia que el fomento de la competencia intermarca es muy complicado, si no imposible, pero la competencia entre marcas sí resulta posible. De hecho, en relación con el fomento de la competencia entre marcas, los informes manifiestan que para la constitución de un nuevo operador al por mayor que participe en el mercado de aprovisionamientos se requiere contar con un volumen importante de ventas en el mercado minorista. Precisamente por ello se señala en los informes que de entrada los nuevos operadores al por mayor de carácter internacional han fracasado.

Estos son básicamente los aspectos relevantes que a nuestro grupo parlamentario le impiden votar favorablemente dicha iniciativa parlamentaria, por lo cual ya les adelanto, señorías, que nos vamos a abstener en su votación. Quiero manifestar que será importante analizar en el trámite legislativo todos aquellos aspectos relevantes que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado como enmiendas al real decreto-ley que se va tramitar posteriormente en Comisión, conoceremos el posicionamiento del Gobierno y de los diferentes grupos parlamentarios y así determinaremos si en el futuro podría ser interesante una iniciativa del calibre que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Flores.

El señor FLORES LANUZA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo que iniciar mi intervención mostrando mi sorpresa por el mantenimiento de esta proposición de ley. Hablo de sorpresa, la misma de todos los que me han precedido en el uso de la palabra, porque pese a que en la exposición de motivos se dice que parecen insuficientes las medidas que se toman en el Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, para resolver el problema de precios del sector de carburantes en España, al tramitarse actualmente como proyecto de ley y ajustarse el contenido de esta proposición a lo recogido en el citado proyecto, estarán de acuerdo conmigo en que la oportunidad legislativa era manifiesta para poder plantear las enmiendas oportunas en este sentido, como de hecho han formulado.

¿Por qué digo que se solapan y tienen los mismos objetivos? Porque el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, en su título V, sobre medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos, ya adopta medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista que permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada de nuevos operadores y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos. Es decir, que en el citado real decreto-ley y en su actual tramitación como proyecto de ley ya se recogen medidas en la misma línea, con los mismos fundamentos y con los mismos objetivos que las planteadas en la proposición de ley que hoy debatimos. En este sentido, el Real Decreto-


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ley 4/2013 y el proyecto de ley al que hago referencia, al igual que esta proposición planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, ya prevé la modificación de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, que establece el marco sectorial básico de suministros de hidrocarburos líquidos, y también del Real Decreto-ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

En lo que se refiere al mercado mayorista, cabe señalar que se toman medidas encaminadas a reducir los costes de distribución, a reforzar la supervisión y trasparencia de acceso a las instalaciones logísticas de almacenamiento para garantizar que los titulares de estas instalaciones permitan el acceso a terceros en condiciones no discriminatorias, transparentes y objetivas, que sin duda permitirán a la Administración pública seguir adecuadamente la actividad desarrollada por estas compañías y su incidencia en la competencia en el mercado, es decir, lo mismo que persigue precisamente esta proposición de ley modificando prácticamente los mismos artículos, el 41, el 43, un nuevo 43 bis y en este caso el 109.

De la misma forma, en lo que se refiere al mercado minorista del sector, este Real Decreto-ley 4/2013, al igual que la proposición de ley que hoy debatimos, propone medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites de apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores, como ustedes pretenden. En particular, se eliminan obstáculos y se agiliza el procedimiento para que los centros comerciales y zonas o polígonos industriales, parques comerciales y establecimientos de inspecciones técnicas de vehículos incorporen en sus equipamientos una estación de servicio, además de profundizar en los objetivos marcados en el Real Decreto-ley 6/2000, que también modifica en este mismo sentido esta proposición de ley.

Por otro lado, para reducir las barreras de entrada y fomentar la expansión de nuevos operadores, el Real Decreto 4/2013 también actúa sobre los contratos de suministros al por menor en exclusiva, al objeto de reducir las restricciones al cambio del suministrador derivadas de estos contratos. En particular, para las estaciones de servicio abanderadas de tipo DODO se limita la duración de los contratos de suministro en exclusiva a un año prorrogable hasta tres; se prohíben las recomendaciones de precio de venta al público y se publicará la fecha de vencimiento de los contratos, todo ello para incrementar la competencia intramarca. Asimismo se fomenta la entrada de nuevos operadores y, a modo de moratoria, se limita el crecimiento en el número de instalaciones del operador principal como vía para incrementar la competencia entre diferentes marcas. Ustedes, en esta proposición de ley que hoy debatimos, piden limitarlo al 25 % cuando este real decreto está contemplando una reducción al 30 %. Tengo que decir a sus señorías que el real decreto-ley también contempla la revisión de objetivos anuales de consumo y venta de biocarburantes para reducir los precios de venta y favorecer la estabilidad del sector sin que en ningún caso se comprometa el cumplimiento para alcanzar los objetivos comunitarios previstos en 2020.

En definitiva, este Real Decreto-ley 4/2013 contiene los mismos objetivos: incrementar la competencia tanto del sector mayorista como minorista de carburantes y, por supuesto, ha tenido en cuenta esos informes de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia a los que ha hecho referencia, como se pretende en esta proposición de ley. De hecho, por parte del Grupo Socialista se han incluido todas las propuestas de este proyecto de ley en las enmiendas que han presentado, un total de nueve.

No obstante lo dicho, me gustaría hacer algún tipo de objeción y de observación a las limitaciones que se plantean en esta proposición de ley. Sobre el accionariado e incompatibilidades de los miembros de órganos de gobierno de la Compañía Logística de Hidrocarburos, pensamos que podría tener un impacto en la percepción internacional de inversión en España por parte de los agentes internacionales. La proposición que presentan también establece un sistema de acceso a la red de la Compañía Logística de Hidrocarburos en estricto orden de solicitud. Han propuesto una autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía de las tarifas de acceso a la Compañía Logística de Hidrocarburos. Aquí tengo que decirles que la CNE no ha detectado ningún problema de acceso ni ha incoado ningún expediente sancionador. Pensamos que esta propuesta supondría convertir una actividad liberalizada que funciona de una manera óptima, como reconoce la CNE en sus informes de supervisión, en una actividad con ingresos regulados, retrocediendo a la fase anterior a la aprobación de la Ley 34/1998, que supuso la liberalización del sector. La proposición de ley también trata de existencias mínimas de seguridad con una discriminación positiva de los operadores pequeños. En este sentido el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya está habilitado por lo establecido en la Ley 34/1998. En cuanto a la modificación de carreteras a la que también ha hecho referencia, podría ser más operativo incluir a priori en los pliegos de licitación


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el trámite de que también haya un informe de la CNE, como ustedes pretenden. Así agilizaríamos; es un texto que se podría negociar. En cuanto a la armonización de la metodología de los precios de la Unión Europea y la publicación de los ránquines, en los términos planteados en esta proposición de ley, no parece lo más adecuado en una norma con rango de ley.

Para finalizar quisiera recordarles a sus señorías que precisamente con objeto de analizar e implementar las medidas necesarias para incrementar la competencia en este sector, se constituyó un grupo de trabajo interministerial entre la Secretaría de Estado de Economía, la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la Secretaría de Estado de Energía, que precisamente fueron las que solicitaron los informes a la CNC y a la CNE, y después de un análisis, les puedo asegurar que exhaustivo, impulsaron la adopción por parte del Gobierno de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, cuya convalidación se está tramitando como saben actualmente en el Parlamento.

Por todo lo expuesto, atendiendo a motivos de economía y oportunidad legislativa y en aras de evitar duplicidades y solapamientos normativos, entendemos que existen motivos suficientes y justificados para que nuestro grupo no apoye esta proposición de ley, aunque les animo a que defiendan sus enmiendas en el debate que se producirá con motivo del trámite del proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Flores.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA DECLARACIÓN DEL 18 DE JULIO COMO DÍA OFICIAL DE CONDENA DE LA DICTADURA FRANQUISTA. (Número de expediente 122/000073).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, la verdad es que pocas proposiciones de ley, pocas iniciativas habría que defender con tan pocas palabras como en el caso de esta, en que bastaría la simple lectura de su título para su defensa, porque es evidente que simplemente pedir que se declare un día de homenaje a las víctimas del franquismo ya viene a explicar claramente lo que aquí vamos hoy a defender. Quiero hacer la defensa partiendo de dos objetivos. Hay que explicar claramente que esta proposición de ley pretende, por una parte, culminar la necesaria reconciliación nacional de todas y de todos los españoles y las españolas y, por otra, permitirnos mirar hacia el futuro sin sentir la vergüenza de no haber hecho justicia con quienes sufrieron el peso de la Dictadura, con quienes realmente dieron su vida o lo mejor de sus años por que hoy estemos sentados aquí la mayor parte de nosotros.

Señorías, para mirar al futuro es necesario reconocer el pasado, es necesario dejar claro que en España se dio un golpe de Estado; un golpe de Estado que provocó una guerra civil, que dio paso a una dictadura cruel, en la que existieron víctimas, víctimas que necesitan que se haga justicia, que necesitan que se conozca la verdad y sobre todo que necesitan una reparación de los daños que les provocó la Dictadura. Por eso, para mirar al futuro con la tranquilidad de haber superado una página triste de nuestra historia, es necesario de una vez por todas culminar el proceso de condena del franquismo, culminar el proceso de reconocimiento y homenaje de quienes dieron lo mejor de su vida, como he dicho, para que hubiera en este país democracia.

En estos momentos de crisis, en estos momentos en los que millones de españoles sufren problemas, sufren dolor y desesperación, es justo mirar también y reconocer el dolor que han sufrido millones de españoles, que durante años no han podido -no pueden todavía- ni siquiera ver enterrados con dignidad a sus familiares. Señorías, todavía hoy más de 100.000 españoles y españolas siguen desaparecidos después de la Guerra Civil y son muchos más los que están enterrados en las cunetas, los que están enterrados en las fosas, sin haber ni siquiera haber obtenido ese mínimo derecho a un entierro y a un reconocimiento mínimamente digno, y todo ello para vergüenza de esta que llamamos democracia, que todavía mantiene al dictador enterrado en un gran monumento. Hay que exigir una vez más que se acabe esa vergüenza de ver cómo el dictador, el criminal, comparte lugar con las víctimas a las que él mismo


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asesinó. Esa injusticia que nos indigna no puede seguir repitiéndose en un país que se dice democrático. Por eso, esta iniciativa nos parece oportuna, nos parece necesaria y sobre todo nos parece justa.

Esta iniciativa pretende cerrar heridas, porque quienes dicen -les hemos escuchado- que lo mejor es no hablar del pasado, y lo hacen con el argumento de que eso significa abrir heridas, realmente lo que pretenden es mantener abiertas las heridas, porque las heridas se cierran cuando se reconocen y cuando realmente se hace justicia. Lo que se pretende cuando se dice que no miremos al pasado es que las heridas se mantengan abiertas y que las víctimas sigan siendo víctimas. Por tanto, para cerrar las heridas lo único posible es cerrarlas de verdad, valga la redundancia. Por eso, no vale el argumento de no mirar al pasado; al contrario, miremos y hagamos justicia.

También hace falta una reconciliación nacional, y lo dice quien hoy representa la fuerza política que en el año 1956, cuando había miles de compañeros, miles de camaradas en las cárceles, planteó esa necesaria reconciliación de las españolas y de los españoles. Reconciliación que no se puede hacer desde el peso del victimismo, sino que tiene que hacerse desde la justicia, desde la verdad y desde la reparación. Reconciliación que solamente es posible en la medida en que seamos capaces de hacer justicia con la historia y en la medida en que de una vez por todas evitemos que haya españoles divididos, unos porque se les ha hecho justicia y otros y otros porque todavía estén enterrados en las fosas y todavía no se les haya reconocido su verdadero papel de protagonistas de la democracia.

Esta iniciativa pretende realmente hacer un reconocimiento de las víctimas que no fueron perseguidas, que no fueron asesinadas por ser bandoleros o bandoleras, que no fueron perseguidas ni asesinadas por ser delincuentes; que lo fueron por sus ideas, que lo fueron por su defensa de la democracia; que eran los verdaderos patriotas, los que defendían este país y este Estado hasta con su sangre, mientras otros lo vendían o lo malvendían. Esta iniciativa no va contra nadie; al contrario, va a favor de todo el mundo. Quien se sitúe en contra lo hará bajo su responsabilidad, lo hará siendo consciente de que no está todavía en condiciones de reconocer esa necesidad de justicia, de verdad y de reparación. Es una proposición que va a favor de la paz, que va a favor de la necesaria paz de la justicia, no de la paz de los cementerios, no de la paz de los muertos: la paz de la verdad y de la justicia, que es la única paz posible. Esta es una iniciativa que también trata, y no es nuestra responsabilidad que haya coincidido en el tiempo, de mitigar la vergüenza que denunciamos de ver cómo se hacen homenajes a la División Azul sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza en este país.

Señorías, el 1 de noviembre de 2005, Naciones Unidas proclamaba ese día como conmemoración anual de las víctimas del holocausto. Era evidente que Naciones Unidas no pretendía reabrir las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Era evidente que Naciones Unidas no pretendía mirar hacía el pasado, sino que simplemente pretendía hacer justicia con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, con las víctimas del holocausto. Su presidente decía claramente que ese día tenía que servir todos los años para recordar una aberración, para recordar una injusticia con el objetivo de que no se repita, con el objetivo de que nadie pueda relegar al olvido a aquellos que sufrieron ese holocausto.

Pues bien, esto es simple y llanamente lo que pretendemos con nuestra propuesta, que no se olvide, que las jóvenes generaciones no caigan en el olvido de lo que en este país se sufrió. Con esta iniciativa pretendemos que se llegue hasta donde no se llegaba con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en este Parlamento en otro momento. Esta iniciativa viene a llenar un hueco que aquella ley podía tener, porque sigue siendo una realidad que en este país sigue pendiente el debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco. Lo hacemos sin ningún ánimo de venganza. Al contrario, repito, lo hacemos desde la fuerza política que proclamó la reconciliación nacional cuando tenía a su gente en la cárcel, desde la fuerza política que claramente tiende una mano a todas aquellas y a todos aquellos que quieren hacer justicia con el pasado, justicia con los verdaderos héroes de esta patria.

Es necesario hacer este debate con tranquilidad pero también con lealtad a nuestro propio pasado, porque hay que reconocer esa vulneración de los derechos humanos que fue cometida durante los cuarenta años que duró la Dictadura. Es verdad, y hay que reconocerlo, que tenemos dos planteamientos, por un lado que se reconozca que la Guerra Civil a que dio lugar el golpe de Estado no terminó el 1 de abril de 1939, porque Franco y sus seguidores la mantuvieron viva en sus acciones hasta el último día que pudieron mantenerla; que nunca quisieron ir a la reconciliación; que hasta el final de la Dictadura terminó matando a quienes se le oponían. También hay que reconocer que hubo personas, a las que saludamos, que desde la Dictadura, desde el bando de los vencedores dieron el salto y tendieron la mano a quienes planteaban desde los vencidos esa reconciliación. Hay personajes de la historia a los que hay que saludar


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y admirar porque fueron capaces de entender este mensaje y fueron capaces de ir al encuentro de los vencidos y configurar una mayoría de españoles y de españolas que hoy claramente rechaza la Dictadura y lo que significó.

La segunda idea es que estábamos ante un régimen totalitario, ante un régimen claramente contrario a la democracia en cualquiera de sus sentidos, un régimen que se basaba en la violencia y en la opresión para mantenerse de una forma cada vez más amarga y cruel para la inmensa mayoría del pueblo español. Por eso, nuestra proposición tiene tres apartados. En el primero pedimos que se declarare el 18 de julio de cada año como día oficial que condene la dictadura franquista, que fue cruel, que fue asesina, que fue inhumana. En el segundo, que esta declaración se haga en homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de todos aquellos y aquellas que más tarde padecieron la represión franquista. En el tercer punto pedimos que el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, promueva que se erijan monumentos a la memoria de las víctimas del régimen franquista en todas las capitales del Estado español. Es evidente que es una proposición de ley que se puede modificar. Aquí no estamos votando el texto literal. Por eso difícilmente se entendería que algún grupo o que algún diputado o diputada no votase a favor de admitir a trámite y luego mejorar esta proposición de ley. Lo que aquí se vota hoy es si entendemos que tiene que haber un homenaje a las víctimas del franquismo, eso es lo que aquí se vota y no otra cosa.

Quiero terminar saludando a quienes trabajan -y algunos de ellos nos acompañan desde la tribuna- para que no se pierda la memoria histórica, porque un pueblo que pierde su memoria histórica es un pueblo que no tiene dignidad, es un pueblo al que se le arrebata la dignidad. Por eso la memoria histórica es parte de la dignidad de este pueblo. También quiero saludar a quienes trabajaron por esta memoria en la propia dictadura franquista, a quienes todavía en la larga Dictadura fueron capaces de mantener vivo el recuerdo de quienes habían luchado y de quienes habían dado su vida por una democracia, quienes iban a los cementerios y a las fosas comunes y, de noche, ponían banderas republicanas o símbolos para que no se olvidase que allí había gente enterrada no por ser asesinos ni bandoleros, sino simplemente por ser demócratas, buenos españoles y gente amante de la dignidad y de la justicia.

También quiero rendir homenaje a las víctimas, a los millones de personas que, de forma anónima, dieron lo mejor de su vida contra el franquismo, que dieron lo mejor de su vida para que en este país pudiese haber más o menos democracia. Quiero rendir homenaje a todos aquellos que nunca pidieron venganza, a todos aquellos que nunca exigieron venganza contra sus verdugos, a los que veían tristemente todavía en lugares oficiales, ocupando altos lugares del Estado. Simplemente pedían justicia, simplemente piden justicia.

A uno le emociona saludar a Marcos Ana, como símbolo de toda esta gente, cuando dice que él nunca pediría venganza para sus carceleros, a los que él tenía que ver pasearse por Madrid, que nunca pediría venganza para sus verdugos, con los que se cruzaba por Madrid, sino que simplemente pedía justicia para todos aquellos y aquellas que habían compartido con él la cárcel y para todos aquellos a los que había visto morir en los fusilamientos. Por eso termino esta intervención pidiendo a todos los grupos, desde el orgullo de haber podido hoy aquí representar a millones de personas, verdaderos héroes anónimos de la democracia, que ningún grupo hoy vete esta iniciativa, que dejen simplemente que se pueda tramitar, que nadie hoy se ponga del lado de los vencedores, que todos fuimos vencidos porque en esa Guerra Civil no hubo vencedores. Hoy todos somos vencidos, y todas y todos tenemos que estar aquí del lado de los vencidos. Simplemente eso es lo que nuestro grupo pide, que hoy aquí se pueda salir con la cabeza alta rindiendo homenaje a las víctimas del franquismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Centella.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, ante esta propuesta que hoy nos presenta La Izquierda Plural y que acaba de defender el diputado señor Centella. Señorías, nuestra posición no puede ser otra más que favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Evidentemente nuestro grupo si por fortuna esta Cámara tuviera a bien reconocer esa tramitación de la proposición de ley presentaríamos enmiendas al articulado que se nos presenta. Pero nos parece fundamental que de una vez por todas se llegara a un acuerdo como el que se plantea en esta proposición de ley. Digo que presentaríamos alguna enmienda al articulado por algo que se dice


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en el artículo 2 y que tiene relación con la represión posterior a la Guerra Civil. Por una razón muy simple: como ustedes saben en Galicia no hubo guerra y la represión empezó el mismo día 19 de julio. Por eso nos parece que es importante tener en consideración este dato, porque eso clarifica mucho cuando a veces, para desviar la atención del fondo de la cuestión, se dice que la guerra saca siempre lo peor del ser humano y que en todos los bandos hubo sus cosas. Señorías, en Galicia no hubo esas cosas porque realmente solo hubo unos represores y unos reprendidos. Y además la represión no se hacía porque los casi 5.000 asesinados, bien por la vía sumarísima o por los paseos que hubo durante cuatro años, lo fueran por el hecho de ser delincuentes. No, señorías; estas personas fueron asesinadas por el hecho de que participaban de una vida pública, de una sociedad plural y articulada, y era justamente lo que los sublevados del 19 de julio en Galicia -que eran los del 18 de julio en casi todo el Estado- querían evitar. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Y esos asesinatos estaban relacionados con garantizar la perpetuidad de los que se sublevaban. Por eso es importante esa condena, aunque sea a estas alturas, señorías, porque no condenar hechos tan represivos y tan contrarios a la defensa de los derechos humanos es casi como participar de que esos hechos se puedan volver a producir. Nosotros creemos que las condenas periódicas como la que se plantea de constituir un día de condena de esa parte de la historia del Estado español es para que refresquemos la memoria y que las atrocidades de ese tiempo no vuelvan a ocurrir.

Nunca he entendido cómo ha habido siempre tanta facilidad o disposición por parte de todos los grupos a condenar todos los años determinadas atrocidades y genocidios que tuvieron lugar durante la II Guerra Mundial, en el nazismo. Nosotros participamos de esas condenas, claro que sí, pero no podemos entender que quien participa también -y prácticamente todos los grupos de esta Cámara así lo han hecho más de una vez- no condene estos otros genocidios en la práctica, ese interés de una parte -la sublevada, la que tiene el poder y los mecanismos para someter a un pueblo- en eliminar esa sociedad civil y articulada que existía en aquel momento. Algunos tuvimos la suerte de conocer por nuestros mayores lo que había antes de aquel día en relación con la libertad y la conciencia social de las personas, y cómo eso se vio truncado tantísimos años después, durante los más de treinta años que duró la Dictadura.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

Y quienes vivimos los veinte años últimos de la Dictadura franquista y después conocimos otra vida -que no es idílica, pero no es la misma- sabemos el valor de la libertad, y por eso nos parece importante lo que esta propuesta indica de acordar un día como condena de los crímenes del franquismo.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, los republicanos catalanes exigimos la dimisión de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, por haber organizado en un cuartel de la Guardia Civil un acto oficial en el que se homenajeó a la División Azul, es decir, a aquellas tropas que fueron a dar apoyo al nacionalsocialismo. Ustedes son la vergüenza del mundo democrático.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, vuelva a la cuestión. Ya ha hecho usted su declaración de intenciones; vuelva usted a la cuestión, por favor. (Rumores).

El señor TARDÀ I COMA: ¿Cómo se atreven a dar lecciones de ética si incluso la Ley de la Memoria, legislada treinta años después de haber muerto el dictador, no recibió el apoyo del Partido Popular, aun cuando era una ley que no reconocía jurídicamente a las víctimas como tales? Nada es casual. ¿Por qué tienen que pedir perdón si no lo pidió antes de ir al infierno el señor Fraga Iribarne? El señor Fraga Iribarne fue corresponsable de las muertes de Julián Grimau y de los trabajadores de Vitoria en el año 1976. No pidió perdón, ¿pero por qué tenía que pedir perdón si tampoco lo ha pedido el jefe del Estado por su complicidad con los asesinatos de Estado cuando era príncipe de España? No creo que sean conscientes de hasta qué punto su actitud debilita los valores democráticos de esta sociedad, y también los relativiza hasta el extremo -creo- de poner en jaque a la misma democracia. Ustedes han optado por la banalización de los crímenes contra la humanidad, y de ahí que su televisión pública, Telemadrid, incluso


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se atreva a asociar al presidente de mi país y al mismo compañero Alfred Bosch a sujetos proclives a la defensa del nacionalsocialismo. No me extraña que ustedes hagan esto porque, si el mismo señor Bono hizo desfilar a los divisionarios en un día de las Fuerzas Armadas, o incluso el señor Ibarra se atrevió a decir que el president Mas lo que pretendía era dinamitar el sistema democrático, igual que lo hizo Mussolini o Hitler, ¿qué podemos esperar de ustedes? De hecho, desgraciadamente, el Partido Popular y el Partido Socialista han blindado aquello que es conocido internacionalmente como el modelo español de impunidad, y mientras tanto 108.000 personas yacen en cunetas y fosas sin que en ningún momento se haya hecho nada para restablecer la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. En Alemania la señora delegada del Gobierno no solamente hubiera dimitido, sino que ahora estaría inculpada en un proceso judicial. Mientras tanto ustedes aquí no solamente no persiguen la apología del fascismo, sino que además ese fascismo está mimetizado desde la gobernación de este Estado. Así pues deberían avergonzarse, y de hecho creo que lo están, aun cuando públicamente intenten disimular; ciertamente algunos de ustedes ni siquiera se han atrevido nunca a condenar la Dictadura. Por tanto, ¿qué vamos a esperar de ustedes? Nada, miseria democrática y moral.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidenta, señorías, Amaiur apoya esta iniciativa ya que entre otras razones la Dictadura franquista fue especialmente cruel, tanto en el País Vasco como con los ciudadanos vascos. Es cierto que respecto al primer apartado hubiéramos preferido denominarlo día de la memoria de las víctimas del franquismo para centrarlo especialmente en los afectados, pero lo apoyaremos de igual forma, porque Amaiur como ha manifestado en varias ocasiones en esta tribuna apoya a todas las víctimas de la violencia, ya sean del franquismo, ya sean de ETA o ya sean del terrorismo de Estado. A pesar de ello el pasado mes de abril el portavoz del Grupo Popular nos dirigía una pregunta, un dilema: defínanse si están con las víctimas o con los asesinos. Con las víctimas, con todas; por eso hoy que hablamos de víctimas y de la memoria del franquismo permítanme que sea yo el que les pregunte a ustedes si están con las víctimas o con los asesinos. Y si les pregunto esto es porque la ONU ha amonestado en tres ocasiones al Reino de España por mantener la Ley de Amnistía de 1977, por no investigar el franquismo, y por descuidar a las víctimas. Esto no ha sido óbice para que se hayan producido hechos como los siguientes: el primero, la semana pasada mientras en Europa se celebraba el Día de Europa, el triunfo de la democracia frente a los totalitarismos, el Gobierno del PP presionaba para que la justicia argentina paralizase la investigación de los crímenes del franquismo, y ese mismo día nos enterábamos por la prensa europea de que el Partido Popular había vetado una exposición sobre las fosas comunes en el Parlamento Europeo. En segundo lugar, este mismo año el Ministerio de Justicia ha dado luz verde a varios procesos de sucesión de títulos nobiliarios inventados y concedidos por Franco a personajes como Queipo de Llano o Mola. En cualquier democracia europea sería inimaginable ver un ducado de Pétain o un señorío de Himmler, but Spain is diferent, isn't it?

Hace escasas fechas, por otro lado, les solicité información sobre el número de vestigios franquistas que habían sido retirados por la Administración, la respuesta fue cero; me contestaron que debido a su procedimiento y a su coste era complicado. En cambio estos procedimientos y estos costes no han supuesto ningún problema para reponer la escultura de un franquista en Oviedo, para homenajear y dar un diploma a la División Azul en Barcelona, para colocar el busto de un franquista en el Senado o conceder 280.000 euros para mejorar el Valle de los Caídos. En definitiva observamos cómo desde el Gobierno no solo no se cumple la Ley de Memoria Histórica, sino que además día a día se protege y se edulcorada la Dictadura. Por eso les preguntaba, según su dilema, si están ustedes con los familiares de los asesinados, con los desaparecidos, con los represaliados, en definitiva con las víctimas del franquismo, o si en cambio están ustedes a favor de Franco, de Fraga, de Queipo de Llano, de Rodolfo Martín Villa, de Utrera Molina, de Fernando Suárez o de la División Azul; con las víctimas o con los asesinos, es su dilema. En definitiva, señorías, Amaiur apoyará esta toma en consideración en homenaje a todas las víctimas del franquismo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Vasco tiene la palabra señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Centella, estoy de acuerdo con la totalidad del argumentario expuesto por usted -el que he comprendido- y con la filosofía subyacente en la proposición, en la iniciativa parlamentaria. No me parece pertinente realizar proyecciones al momento histórico actual, a la coyuntura actual de lo que usted preconiza; usted usaba la expresión celebración, y no me parece afortunada, quizá sea mejor recuerdo de las atrocidades de un golpe faccioso que provocó una guerra civil posteriormente, y que yo tengo que compartir inevitablemente desde una perspectiva de respeto al principio democrático, y si me permite desde una perspectiva personal.

Yo, por las dos vías de mi familia, tanto la personal como la de mi cónyuge, he sufrido los efectos de la represión franquista, represión que está provocada por una guerra, provocada por una sección facciosa del Ejército español en coalición con el Ejército italiano y con el Ejército alemán, y un subgrupo de tropas de distinta naturaleza que colaboraron con ellos. Mi suegro y mi abuelo fueron gudaris, pertenecieron al Ejército vasco, y no se rindieron a Franco ni al Ejército español, se rindieron al Ejército italiano en Santoña y en las playas de Laredo. Fueron abandonados y fueron traicionados por el Ejército italiano. Mi abuelo y mi suegro sufrieron la represión franquista posterior, uno salvó la vida porque se pudo desembarazar de los galones que le acreditaban como teniente del batallón Padura de gudaris y salvó su vida, porque estos eran fusilados sin juicios sumarísimos de ningún tipo, automáticamente, y sufrió la represión de seis años en batallones de trabajadores por haber tenido la desgracia o fortuna, nunca se sabe, de sufrir los requerimientos de una justicia sumaria, los consejos de guerra sumarísimos que duraron más de diez años después de la finalización de la Guerra Civil, provocando miles de muertos, unos sucedáneos de justicia sumaria militar que provocaron muertos por razones absolutamente arbitrarias y por razones de vinculación ideológica de determinadas organizaciones. Era el gran delito cometido por estas personas. Los que no pasaron por este sucedáneo de la justicia militar sumaria sufrieron los rigores de los batallones de trabajadores o el trabajo en batallones de trabajadores en régimen de genuina esclavitud. Volviendo a mi abuelo y a mi suegro, construyeron la mitad de las carreteras de la isla de Mallorca y otra buena parte del Valle de los Caídos. No sé hasta qué punto puedo empatizar con lo que está diciendo.

Mucha gente ha sufrido, mucha gente ha sido asesinada incluso sin pasar por estos sucedáneos de la justicia, los consejos sumarios militares, las condenas al trabajo forzado de los batallones de trabajadores por meras venganzas de carácter personal por personas que sencillamente se diferenciaban de ellos por razones ideológicas o más bastardas todavía. Estamos encontrando todavía semana tras semana fosas comunes donde aparecen muertos fruto de la Guerra Civil de difícil identificación, y por razones absolutamente bastardas en el sentido más etimológico de la expresión. Mi suegro fue objeto, en el batallón de los trabajadores donde sufrió condena, de ensayos clínicos y de pruebas de medicinas no ensayadas, en el mejor sentido -me imagino que no tan extremo- del doctor Mengele de la Alemania nazi. Un pueblo con una dimensión simbólica como Gernika fue objeto de una destrucción total por la aviación nazi, por la Luftwaffe, mediante una especie de prevención o de actuación de ensayo de lo que podía suponer la destrucción masiva de una población, sin discriminación de los combatientes y no combatientes, sin discriminación alguna en relación con la naturaleza, el género y la edad de los que iban a sufrir la destrucción masiva de su propio municipio en la moral de las tropas combatientes, cosa que luego fue objeto de múltiples ensayos en la Segunda Guerra Mundial; fue un precedente de lo que se ensayó a través de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le voy a comentar? Prácticas que en este momento constituirían crímenes contra la humanidad, que no han sido objeto de incoación de ningún procesamiento, prácticas de exterminio, prácticas de genocidio, prácticas de desplazamiento masivo de poblaciones enteras de unos lugares a otros. que en la actualidad hubieran sido objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional, están impunes y además se ha producido una transición política absolutamente impostada y basada en postulados de una especie de perdón también tan impostado como la propia dimensión de la transición política.

Estamos conviviendo con eso, pero no es solo eso, señor Centella, sino que durante cuarenta años hemos sufrido la celebración -aquí sí es pertinente el uso de la expresión- de fiestas en donde en todas las capitanías generales se celebraban desfiles militares en los que el régimen franquista hacía una exposición de fuerza preventiva, punitiva. Celebraban el acontecimiento que usted en este momento pretende evocar con un sentido diametralmente contrario, en un giro copernicano que a nosotros desde una perspectiva democrática nos parece absolutamente pertinente. No se pueden celebrar la comisión de crímenes de guerra, las prácticas de exterminio, las prácticas de genocidio, las prácticas de desplazamientos masivos de poblaciones, las prácticas de una justicia impostada, un sucedáneo de justicia que provocó miles de muertos hasta diez años después de la finalización de la Guerra Civil. Se puede evocar, se puede


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recordar, y se puede convertir en un elemento preventivo de aventuras de esta naturaleza que se pueden provocar en el futuro en un momento tan fluctuante en materia política, donde desafortunadamente vuelven a aflorar, y otra vez en Europa, organizaciones que preconizan estos mismos valores fascistas. En el seno de estos mismos valores fascistas que se están preconizando de nuevo por organizaciones neonazis en Europa, constituidas fundamentalmente por gente joven, seguramente nietos de los que iniciaron estas brutales guerras en Europa -la Segunda Guerra Mundial, antes la Primera Guerra Mundial-, nos encontramos con acontecimientos extraños y sorprendentes -espero que la señora presidenta no me llame a la cuestión- en donde todavía se realizan homenajes institucionales por una delegada del Gobierno en Cataluña a la División Azul. Esto por lo menos requiere explicaciones, y no solo explicaciones, sino depuración de responsabilidades políticas. La depuración de responsabilidades políticas en algo de esta dimensión nos lleva inequívocamente a solicitar, como ha hecho el señor Tardà también, la dimisión de quien realiza lo que en el Código Penal actualmente vigente en el Estado español se podría considerar apología de un delito de terrorismo o de genocidio, o de una exaltación de actuaciones de naturaleza criminal o de crímenes contra la humanidad.

No se ha hecho nada y esto nos preocupa. Como nos preocupa la impasibilidad, la tolerancia y la tranquilidad con que determinados acontecimientos se asumen, y desde esa perspectiva nosotros con más entusiasmo vamos a votar que sí a la proposición de ley que ustedes nos presentan. Sé que la refutación de esos argumentos usted, como nosotros, la puede intuir, y es que la transición política ha corrido un tupido velo sobre los acontecimientos y se basa en el perdón. ¿Perdón de quién? Nadie tiene legitimidad para perdonar cuando ha sufrido y todavía no ha sido reparado de las injusticias y de la represión sufrida. Nadie tiene legitimidad para perdonar a los que han cometido delitos de lesa humanidad, porque los delitos de lesa humanidad ni pueden ser perdonados ni prescriben nunca. Desde esa perspectiva, señor Centella, nunca es inoportuno el momento para presentar proposiciones de ley de esta naturaleza.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras, señora presidenta. Proposiciones de ley de esta naturaleza lo que proclaman es la validez del principio democrático sobre el principio antidemocrático, que es el principio del uso o de la razón de la fuerza contra el uso de la razón.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, ha finalizado su tiempo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nosotros somos hijos o nietos de los que sufrieron no solo un golpe faccioso de parte del Ejército español, sino de una coalición de parte del Ejército español con tropas italianas y tropas alemanas en una suerte de ensayo de lo que ya se preparaba en la Europa de aquella época. Desde esa perspectiva, señor Centella, permítame que le felicite... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, ha finalizado su tiempo. Ha quedado claro que la apoya. Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Lo primero que quiero anunciar es que nuestro grupo se va a abstener en esta proposición de ley por las razones que a continuación voy a exponer, y que tienen que ver sobre todo con lo que entendemos que son las competencias de un Parlamento democrático y lo que creemos que son competencias de la sociedad civil o cosas en las que un Parlamento democrático no debe aspirar a sustituir a la sociedad civil.

Me gustaría comenzar recordando que esta proposición de ley, por una parte, se funda -hemos de decirlo- en un ejercicio de la memoria, y por otra parte, en un ejercicio curioso y selectivo de la amnesia. Digo de la amnesia porque estamos volviendo a considerar algo que en gran parte ya abordó la Ley de Memoria Histórica en el año 2007. En aquella época nuestro partido no estaba en esta Cámara, y por lo tanto no pudimos manifestar nuestra opinión porque ni siquiera estábamos aquí, pero no deja de ser una ley que, aunque tiene algunos aspectos que no compartimos, introdujo algo digno de reconocimiento que fue la necesidad de resarcir a las víctimas de una dictadura absolutamente condenable como fue el franquismo. Pero curiosamente se presenta ahora esta proposición de ley haciendo un paréntesis. No existe la Ley de Memoria Histórica, y que yo sepa sigue vigente. Ustedes mismos plantearon en el


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momento del debate de esta ley una enmienda no de totalidad, pero casi, donde planteaban exactamente lo mismo. Al artículo 1.3 ustedes -me refiero al entonces Grupo Parlamentario de IU-ICV- planteaban esta misma proposición de que el 18 de julio fuera declarado día oficial de condena a la Dictadura franquista, etcétera.

¿Qué hay que decir de eso? En principio ya he dicho que esto no debería ser objeto de un debate más allá de lo que el sentido común pide. Es evidente que el franquismo fue una dictadura absolutamente condenable en todos los aspectos y que no hay nada prácticamente del franquismo que se pueda salvar, salvo su propia desaparición pactada. Dicho esto, que se nos traiga constantemente aquí -porque no es la primera vez ni la segunda ni la tercera que se plantea- una condena formal del aparato del Estado como tal a lo que el franquismo supuso no deja de ser sencillamente la introducción de una idea de qué es el Estado y de qué es la democracia que lamentablemente compartimos muy poco. La idea que subyace sobre todo en esta propuesta -he de decirlo- es que aquellos que no se alinean con la propuesta en sí son en el fondo sospechosos de franquismo. Es decir, si uno no está de acuerdo con que este Congreso de los Diputados solemnemente declare el 18 de julio de nuevo fiesta nacional -y la rehabilitamos con el mismo significado, aunque con un sentido distinto, puesto que sería una fiesta oficial, aunque fuera una fiesta de luto o un día de duelo- es porque uno no está en el fondo tan alejado de lo que el franquismo significó. Esto es tan condenable como la propia Dictadura franquista, porque no deja de ser la asunción por parte de los antifranquistas de los mecanismos mentales y de los trucos del propio franquismo para dejar claro que o se está conmigo en todo o se está absolutamente contra mí.

Dicho esto querría recordar una intervención -en este ejercicio de memoria al que se nos invita y que estamos dispuestos a hacer- completamente diferente. Es una intervención que tuvo lugar aquí mismo en esta Cámara en el año 1977; y luego diré de quién fue. Esta intervención decía lo siguiente: ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad; queremos cerrar una etapa y queremos abrir otra. Nosotros precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Como es conocido, esto lo dijo Marcelino Camacho en el debate de la Ley de Amnistía en el año 1977, ley que fue aprobada finalmente. Fue desde luego un momento de alta política, un momento en que alguien se plantea más allá de sus ideas particulares qué se debe hacer en un país que sale de una dictadura sangrienta y terrible para edificar una democracia. La solución que en aquel momento el Partido Comunista ofreció -que quizá no ha tenido un reconocimiento suficiente, pero completamente necesario- fue aquella política de reconciliación nacional que el Partido Comunista de España aprobó nada menos que en el año 1956.

Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre por qué ahora el Partido Comunista de España, Izquierda Unida o La Izquierda Plural en general ha cambiado de posición, es cosa suya, tienen todo el derecho del mundo, pero sí quiero decirles que hay razones de fondo y de sobra para no votar su proposición de que haya una fiesta nacional de duelo colectivo, que es lo que en el fondo proponen. Lo que decía el propio Marcelino Camacho era que salir de una guerra civil no es lo mismo que salir de un conflicto en el que ha habido una parte inerme, una serie de víctimas indefensas que han sido destruidas o machacadas por una dictadura, por un poder omnímodo o por un grupo terrorista. Las cosas son diferentes. Nosotros pensamos que un parlamento democrático puede llegar como mucho y con mucho cuidado a una ley contra el negacionismo de genocidios, de actos de terrorismo o de crímenes contra la humanidad que sean vistos como hechos objetivos documentados. Es el tipo de leyes que por ejemplo están vigentes en Alemania y otros países; es, por ejemplo, el tipo de ley que declara un delito negar que ha habido una persecución sistemática de grupos como los judíos, los gitanos, los homosexuales, etcétera y que han sido exterminados en nombre de un proyecto político. Eso efectivamente es rehabilitar al victimario y despreciar a la víctima; es rehabilitar ese proyecto político. Pero eso no tiene nada que ver con la valoración que desde otro punto de vista el régimen que cometió esos hechos en sí merezca, lo que importa es que sea un delito negar hechos objetivos, pero ustedes no proponen eso. Por cierto, aprovecho para decir que si ustedes traen a esta Cámara una ley de negacionismo o contra el negacionismo para todos aquellos que nieguen que el franquismo cometió delitos -cierto-, que ha habido grupos terroristas que eran antifranquistas que también los cometieron -cierto-, que también en el bando republicano hubo delitos contra la humanidad, nosotros estaremos completamente de acuerdo con ustedes y seguramente llegaremos a un acuerdo. Pero es que no proponen eso, lo que proponen es una especie de reactualización del clima de la guerra


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civil. Trazan una línea roja y dicen: los demócratas están conmigo, aquellos que pidan que el 18 de julio sea un día de duelo contra el franquismo, y el resto son sospechosos de franquismo. Eso es intolerable, y lo es porque en las democracias, que son los regímenes políticos de las sociedades abiertas, los parlamentos no se dedican a hacer la historia, no somos una academia de la historia ni un departamento de historia siquiera; lo que hay en una democracia son relatos históricos de distintos rivales que están constantemente acoplándose, constantemente negociando entre sí, o no, y que pueden llegar o no a consensos, pero en la democracia el principal consenso es el del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho al pensamiento crítico, no el derecho a que mi relato histórico se convierta en relato histórico oficial. Eso es propio de regímenes totalitarios, de hecho es propio del franquismo. ¿Por qué el franquismo instauró el 18 de julio, que ustedes pretenden rehabilitarlo extrañamente como fiesta nacional? Porque impuso un relato; impuso el relato franquista de que aquello fue la cruzada y la guerra de liberación contra el rojerío.

Ustedes ahora proponen que se condene al franquismo en ese mismo día. Cambia el sentido; ahora lo que se condena y a lo que se acosa es a la dictadura, pero el significado, que es que el Estado tiene el derecho, la prerrogativa de imponer a los ciudadanos un relato histórico, permanece, y no es eso, no estamos de acuerdo con eso, por ello vamos a abstenernos en esta proposición que hacen ustedes. No tiene nada que ver con la valoración del franquismo, sino con nuestra convicción de que en una sociedad democrática no es el Parlamento el que hace valoraciones históricas, éticas ni de ningún otro tipo; eso forma parte del debate político, pero del debate político de partidos, no del debate político de las instituciones, y eso no es algo que este Parlamento u otro tenga que dictar a la opinión pública. Esta es la cuestión fundamental. Tiene una gran importancia porque consideran ustedes que la única manera de que haya una democracia aceptable, como también dijo Marcelino Camacho y declaró muchas veces Santiago Carrillo, es que haya una asunción activa de la tolerancia. Fíjense ustedes lo que son las cosas; tolerancia no es estar de acuerdo con el que dice lo mismo que tú, eso es muy sencillo; tolerancia es estar dispuesto a aceptar que haya gente que dice cosas con las que no se está de acuerdo en absoluto, siempre y cuando no sean delito, siempre y cuando no sean un crimen contra la humanidad ni contra una persona en particular ni de ningún tipo. Si alguien nos dice que tiene una interpretación diferente de qué significo la guerra civil y el franquismo, podremos estar profundamente en contra de lo que dice e incluso absolutamente indignados, pero pretender que estaría incumpliendo una ley, que es lo que ustedes proponen, nos parece una soberana barbaridad y un retroceso democrático. Lo que nosotros les proponemos, aunque evidentemente no lo van a hacer, es que retiren esta proposición de ley y que por supuesto mantengan todas las críticas que les parezcan oportunas y necesarias al peso del franquismo hoy en día. Además, hay una paradoja; a mí francamente lo que ustedes proponen me parece contaminado de franquismo, siento ser así de claro. Imagínense que otro grupo de esta Cámara propone que se haga aquí un día de luto, de protesta o de condena del estalinismo. El estalinismo tuvo millones de muertos, fue un régimen genocida, un régimen que también provocó víctimas en España durante la propia guerra civil entre los que eran enemigos, según la Unión Soviética, de su proyecto, el comunista. ¿Por eso deberíamos o estaríamos autorizados a hacer una condena oficial del estalinismo? Pues yo creo que tampoco, porque hay relatos distintos, hay interpretaciones diferentes y hay valoraciones distintas de qué significó aquello y de qué manera se produjo.

Para ir acabando y no prolongarme mucho más, nosotros estamos mucho más de acuerdo con el espíritu de la intervención del señor Camacho en el año 1977, porque nos parece que eso es lo que abrió la puerta a la democracia en España. Antes, creo haber oído al señor Centella decir: esta llamada democracia. La mejor prueba de que es una democracia, aunque imperfecta y llena de defectos, es que usted venga aquí a decirnos que quizá no sea tan democracia como dice el nombre. Les invitamos a dejar este tipo de cosas y volver a aquel espíritu constructivo que es el de la democracia de toda la vida, que es que no se puede imponer una verdad oficial desde el poder del Estado al conjunto de la ciudadanía porque eso es convertir a los ciudadanos en súbditos y no en ciudadanos que piensan libremente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, he de manifestar mi estupefacción ante la intervención del portavoz de Unión Progreso y Democracia, pero no es a mí a quien corresponde contestarle, aunque quizá implícitamente lo haré a lo largo de mi intervención.


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Vaya por donde, hoy nos toca hablar de fascismo; del fascismo de verdad. Para variar esta bien. Hoy hablamos de lo que ha sido el franquismo, la versión española del fascismo de verdad, no el que se ha estado mencionando todas estas semanas y estos meses. No de los que dicen que la plataforma para la hipoteca son fascistas, son nazis; o lo es la inmersión lingüística en Cataluña; o lo es, como ha dicho otro portavoz, el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, ya no acusados de fascistas sino de lo peor que ha dado el fascismo: el nazismo. Por definición, el nazismo no es comparable con nada, es el mal en estado puro sobre la tierra. Ni Dante Alighieri con su pluma ni Pieter Brueghel con su pincel pudieron reflejar las imágenes que los nazis realizaron en la realidad. Eso fue el nazismo. Y hay aquí quien se permite la frivolidad de comparar una ley que no le gusta o una práctica que no considera adecuada con estas imágenes. Pero al menos hoy hablamos del fascismo de verdad, no de este fascismo banalizado, no de este fascismo que utiliza una delegada gubernamental que, luego, con toda la tranquilidad del mundo, da un diploma a un miembro de la Asociación para la memoria de la División Azul, a alguien que se ha visto en las fotografías que iba vestido con camisa azul, con boina roja y con una esvástica en el pecho, porque ustedes recuerdan que la División Azul juró fidelidad al führer y fue un grupo de voluntarios, con alguna excepción lamentable, que fue a luchar por los nazis. La banalización, señores, ha llegado a este punto, en el que un agente gubernamental ni tan solo reaccione, sino que con toda naturalidad dé un diploma cuando ve a alguien delante suyo, aunque no lo hubiera sabido de antes, que lleva una camisa azul, una boina roja y una esvástica en el pecho; que no reaccione. Quizá por eso, señorías, hoy es oportuna esta proposición de ley. Porque hoy hablamos del fascismo de verdad, del que aquí hubo.

Hemos de decir que la mayoría de los demócratas de nuestro entorno tienen un día de recuerdo; existe un día de la Hashoá, el día del holocausto; existe el día en que acabó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial; existe también en la actual Rusia el día que recuerda a los muertos de la Guerra Mundial. No tiene nada de sorprendente en nuestro entorno que exista una norma de este tipo; no es hacer de historiadores, señores, es reconocer la historia, que es muy distinto, si no se acaba dando un diploma a un señor que lleva una camisa azul y una esvástica. Eso es lo que se trata de evitar con esta proposición de ley.

Nosotros también sabemos que mucha gente que se llena la boca con la palabra democracia a veces es remisa a practicarla. Pues hoy que hablamos del fascismo no frivolizado sino del fascismo de verdad, hoy podremos ver los que frivolizan su voto o podremos ver los que son demócratas, los que condenan haciendo una ley como las que tiene nuestro entorno político, como la que tienen los alemanes, como la que tienen los italianos. Señores, en Italia levantar el brazo en el saludo romano -con excusas para los antiguos romanos- es un delito. Nuestro grupo propondrá una proposición de ley para modificar el Código Penal para que todas estas banalizaciones sean recogidas en los mismos términos que lo son en el Código Penal alemán o en el Código Penal italiano. De eso estamos hablando. Aquí no se está haciendo ningún invento, aquí se hace lo que se ha hecho en toda Europa y es el momento, quizá, de que veamos quién banaliza la democracia diciendo que esta proposición de ley también es totalitaria, quién no la banaliza, quién quiere tener un régimen parecido al de nuestro entorno europeo. Por eso podremos ver quiénes son -hoy que hablamos del fascismo de verdad- demócratas de verdad que luchan contra el fascismo de verdad y que no lo banalizan.

Presidenta, señorías, muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Socialista, señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, en la que se citan como antecedentes la Constitución española de 1978 y el acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002. Nos sorprende que no se haga referencia alguna a los trabajos realizados por la comisión interministerial para el estudio de la situación de la guerra civil y del franquismo creada por Real Decreto 1891/2004, de 10 de diciembre, por un Gobierno socialista. Nos sorprende también que no se nombre la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Una ley traída al Parlamento por un Gobierno socialista y que en su exposición de motivos recoge explícitamente lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso, que el 20 noviembre 2002 aprobó por unanimidad una proposición no de ley donde el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la


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violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y la repulsa de nuestra sociedad democrática. Una ley que asume esta declaración, así como la condena del franquismo contenida en el informe de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, firmada en París el 17 marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. Una ley que entró en vigor hace más de cinco años, cuyo punto de vista prioritario ha sido siempre las víctimas y cuyo grado de cumplimiento a lo largo de la pasada legislatura se puede calificar como muy alto.

Avalan estas afirmaciones la multitud de medidas que se han adoptado en desarrollo y aplicación de la misma: 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exiliados; más de 2.400 niños de la guerra han visto reconocida una prestación económica; se han realizado casi 6.000 exhumaciones en casi 300 fosas, en un trabajo que sigue abierto y que el Gobierno del Partido Popular no está dispuesto a continuar; el Ministerio de Justicia publicó un mapa de fosas al que se incorporaron 2.318 lugares con sus respectivas historias documentales; 833 proyectos de asociaciones vinculados a la memoria histórica han sido subvencionados con 25 millones de euros desde el año 2006; se han reconocido más de 1.300 declaraciones de reparación y reconocimiento personal expedidas por el Ministerio de Justicia por padecer persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; más de 1.100 familiares de víctimas de la guerra civil han visto mejoradas las prestaciones de pensiones y asistencia médico-farmacéutica; 382 personas se han beneficiado de la exención del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía; 104 personas han recibido indemnización por haber sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales, en aplicación de las leyes de vagos y maleantes o peligrosidad social; son casi 90 las personas a las que se les ha concedido indemnización por haber sufrido prisión tras la guerra; 50 indemnizaciones reconocidas a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa de la democracia en el tardo franquismo; 22 brigadistas internacionales que dieron o arriesgaron su vida para hacer frente al fascismo, a los que se ha concedido la nacionalidad española. Todo esto y más se ha hecho con arreglo a una ley que no es una vuelta al pasado, sino que es una demanda de justicia que tenemos sobre nuestra propia memoria, sobre nuestra realidad y que tiene como base la verdad. Es evidente que el Gobierno socialista trabajó en el desarrollo de esta ley hasta el final. En los últimos meses de legislatura se puso a disposición de los ciudadanos el portal de la memoria, se publicó el protocolo de exhumación de fosas y en el último Consejo de Ministros se aprobó un procedimiento para el acceso a archivos. Tampoco podemos olvidar el informe sobre el futuro del Valle de los Caídos, un buen trabajo, riguroso y ponderado, realizado por la comisión de expertos impulsada por el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

Señorías, esta ley ha dado un resultado extraordinariamente importante, pero no ha acabado con las deudas que tenemos con nuestra historia. Tenemos una tarea pendiente que no puede ser abruptamente interrumpida. Estos trabajos no deben paralizarse y el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario seguir trabajando en esta línea; en la línea marcada por la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, hay quienes piensan que no se debe hacer nada más, pues en marzo del año pasado el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la Oficina de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, organismo creado por el Gobierno socialista. Posteriormente llegó la eliminación de la partida presupuestaria para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, llevando a la paralización de los trabajos que se estaban realizando, algo que deja al descubierto la profunda carga ideológica del Gobierno en este tema. La diferencia es evidente. En el último presupuesto del Gobierno socialista se dedicaron a esta partida 6,25 millones de euros, mientras que al Gobierno actual le faltó tiempo para aplicar una bajada del 60 %, dejando la dotación en 2,5 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y en los de 2013 acabar de un plumazo con la misma y hacerla desaparecer dejándola a cero.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no ha cejado en el empeño de seguir adelante con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y el 23 de mayo de 2012 presentó una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional, en la que se realizan básicamente tres peticiones al Gobierno. Una, proseguir con la aplicación en todos sus puntos de la Ley de Memoria Histórica; dos, mantener el programa de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de memoria histórica; y tres, recuperar la Oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura que, como decía anteriormente, fue suprimida por el Consejo de Ministros el 2 de marzo del año 2012. Como pueden comprobar, la política y la línea de actuación del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia es clara y decidida, y la del Grupo Parlamentario


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Popular, también. Nosotros creemos que la Ley de Memoria Histórica contribuye a cerrar las heridas todavía abiertas y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en las personas de sus familiares las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o de la represión de la dictadura.

Señorías, yo soy aragonesa y Aragón fue sin duda una de las tierras más castigadas por la barbarie y la destrucción de la guerra civil. Por desgracia, es parte de nuestra historia y, como tal, no debemos ni podemos olvidarla, y al amparo de la Ley de Memoria Histórica se ha contribuido a la reconciliación.

Siempre me gusta recordar que fueron los vencidos en la guerra civil los que antes propusieron una reconciliación entre los ciudadanos españoles. El primero que lo hizo fue Manuel Azaña, cuando en el discurso que pronunció el 18 de julio de 1938 en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona reclamaba una patria común que diera paz, piedad y perdón a todos sus hijos. Fue el primero que habló en plena guerra en nombre de todas las víctimas. Al Grupo Parlamentario Popular le recordaría que el 4 de julio del año 2006 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condenó la dictadura franquista. En ella se decía que traer al presente nuestro pasado es un acto de voluntad que tiene que ver con el futuro que queremos construir. El Grupo Parlamentario Socialista quiere avanzar en el camino de la reconciliación con una ley, la Ley de Memoria Histórica, que no siendo perfecta es absolutamente necesaria. Por todo lo anterior, repito lo que dije al principio de mi intervención: el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sumelzo.

Por el Grupo Popular, señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señora presidenta.

Señor Centella, uno podría caer en la tentación de manifestar cierto estupor por el hecho de que sean precisamente ustedes los que promuevan una conmemoración del 18 de julio. Nosotros, qué quiere que le diga, somos más de las conmemoraciones del 6 de diciembre, y no es un juego de cifras, ni un juego de palabras, ni de fechas, es que cuando acaba el 18 de julio realmente es el 6 de diciembre; lo que termina con el 18 de julio es el 6 de diciembre de 1978. (Aplausos).

Permítame que le diga con toda cordialidad que parece como si ustedes no tuvieran capacidad de pensar políticamente más allá de la sombra o del fantasma del general Franco, quizá porque en el fondo crean que contra Franco vivían ustedes mejor. (Una señora diputada: Algunos). Yo no lo creo, aunque ustedes fueran -y eso no se lo va a quitar nadie- la oposición por excelencia al régimen. Pero muerto el general, permítanme que les diga que se han quedado ustedes prisioneros de él. El último triunfo del franquismo, señorías, es que sigamos pendientes del mismo ochenta años después del 18 de julio. Por eso yo les invito, parafraseando a Joaquín Costa, a echarle doble llave al sepulcro del general. Libérense ustedes del franquismo, emancípense ustedes de él. La historia de España cambió de rumbo hace ya mucho tiempo, hagan ustedes realidad política propia lo que en la calle es, desde hace mucho tiempo, una realidad social, porque si todo lo que se les ocurre a ustedes, con los problemas que tiene la sociedad española, es declarar el 18 de julio como día oficial, apaga y vámonos.

Permítame también que le diga otra cosa con todo respeto. El deber de memoria, señor Centella, o es universal y para todos o es un puro fariseísmo ideológico. Yo respeto tanto a las nuevas generaciones de españoles y respeto tanto el futuro de este país que no voy a hablar de la guerra, no voy a hablar de enfrentamientos, de venganzas ni de rencores. Señor Olabarría, yo también tengo familia en los dos bandos; tengo familia en el exilio y tengo familia en las fosas, por tanto, creo que esa no es la manera de aproximarse a este debate. Sí les voy a decir que cada ideología debe aguantar su propio legado y que el legado del comunismo no es como para querer dar lecciones a nadie en esta materia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). No voy a hablar de los 100 millones de muertos que ha dejado su ideología a lo largo de la historia universal, no lo voy a hacer; no lo voy a hacer porque un crimen ni absuelve ni redime otro crimen, un crimen comunista no absuelve ni redime un crimen del fascismo, pero tampoco al contrario. Lo único que yo les reclamo es cierta honestidad intelectual y cierta autoridad moral para plantear este asunto, porque ninguna de las experiencias políticas que el comunismo puso en marcha desde 1917 ha salido bien, ninguna, ni en términos de derechos humanos, ni en términos de desarrollo, ni en términos de bienestar. Repito, no voy a convertir este debate en un debate en torno al comunismo, pero gloriosa manera de luchar contra el fascismo mediante el exterminio de los trotskistas, de los anarquistas, de los socialistas y de todos los que se les han puesto por delante a lo largo de la historia universal. Lo que ustedes traen a esta Cámara muestra, en mi opinión, una cierta incapacidad de gobernar para el conjunto


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de los españoles, sobre todo para las nuevas generaciones, que tienen derecho a un horizonte más allá de la guerra y más allá de la dialéctica que surge de la guerra.

Permítame que le diga que ustedes no están a la altura de la sociedad española en esta materia. Para empezar, la proposición de ley que presentan ante esta Cámara es técnicamente muy mala -permítame que se lo diga-, la exposición de motivos no es propia de un texto legal, los tres artículos que contiene son manifiestamente mejorables. El segundo, directamente, no tiene carácter dispositivo; el primero se limita a declarar día oficial una fecha determinada, y el tercero se limita a pedirle al Gobierno que pida a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que levanten monumentos por la geografía nacional. Creo que el contenido no es propio de una ley y estoy seguro de que ustedes también saben que no lo es. ¿Y por qué lo presentan como proposición de ley? Por una pura argucia parlamentaria: para evitar toda posibilidad de consenso. Esto es una PNL que ustedes presentan como proposición de ley porque en el trámite que se está sustanciando en este momento no se pueden presentar transaccionales, simplemente votar a favor o en contra. Por lo tanto, es una vieja argucia para evitar de cualquier manera el consenso con el Grupo Popular.

En cuanto al contenido de la proposición de ley, le voy a remitir a la declaración institucional que se aprobó en la Comisión Constitucional el 20 de noviembre de 2002. Allí todos los grupos políticos lo condenamos todo, y a eso nos remitimos nosotros. La Cámara, por unanimidad, condenó la guerra, condenó el exilio, condenó la represión, condenó el régimen. Lo condenó todo en otro clima, en un clima de consenso, en un clima de honestidad para llegar a un acuerdo. Y luego, en 2007, se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que nosotros no apoyamos en su totalidad porque entendíamos que contenía elementos ideológicos que podían dividir a la sociedad y quebrar los acuerdos de la Transición. Precisamente en aras de esa concordia y de esa convivencia este partido, cuando llegó al Gobierno, resolvió no hurgar más en la herida, no derogar ni modificar la ley y mantenerla plenamente aplicable. Una decisión, por cierto, que algunos no han tenido la generosidad de valorar.

Escuchándoles además parece como si no se hubiera hecho nada o que nada de lo que se ha hecho hubiera servido para la restitución histórica, moral, económica, sentimental, fiscal e incluso asistencial de todas las víctimas. Pero, miren, al quitarle valor a toda esa labor colectiva le están ustedes quitando valor a la reconciliación, a la convivencia, a la Transición y a los fundamentos mismos del régimen constitucional de 1978. Señorías, reconozcamos y pongamos en valor que por fin con el régimen constitucional hubo una generación de españoles y una generación de políticos que supieron y tuvieron el coraje de hacer del patriotismo una empresa racional de libertad y de convivencia. Una generación que, en palabras de don Alfonso Guerra -y espero que mi cita no le incomode-, trabajaba más para los herederos que para ellos mismos. Sirvan estas palabras de gratitud y homenaje hacia esa generación.

Señorías, no podemos condenar a las siguientes generaciones de españoles al peso insoportable de la Guerra Civil. Tenemos que salir de esa dinámica, hay que salir de ahí. Hay que emanciparse de la guerra y de la dinámica surgida de la guerra porque esa emancipación forma parte del derecho de las nuevas generaciones de españoles para pensar y decidir políticamente con total libertad. Nosotros no aspiramos, como ustedes, a una memoria unánime y monolítica. Aspiramos a algo mucho más democrático, aspiramos a una memoria para poder convivir, a una memoria para unir y no para dividir, a una memoria generosa y asumible por todos los españoles, porque para todos ellos gobernamos y a todos ellos nos debemos. No cuenten con nosotros ni ahora ni nunca para dividir a esta sociedad, para radicalizar la vida política, para manipular el dolor o la memoria de cada cual y mucho menos para poner en riesgo los fundamentos de lo mejor que hemos hecho como sociedad en los últimos doscientos años, que es la transición política y el régimen constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DEL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL. (Número de expediente 162/000627).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al examen de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso del estatuto del directivo público profesional. Para su presentación, tiene la palabra el señor Merino.


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El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, tengo el honor de comparecer en nombre del Grupo Popular para defender la proposición no de ley relativa al estatuto de los directivos de la Administración. La Constitución Española establece el mandato para la elaboración del estatuto de los funcionarios públicos en su artículo 103.3. Este mandato queda definido como una de las competencias exclusivas del Estado que vienen determinadas a través del artículo 149 y en concreto, entre ellas, el punto 1.18.ª

En el transcurso de la VIII Legislatura, ya con un Gobierno del Partido Socialista, se presentaron y aprobaron dos iniciativas en materia de Función pública en las que ya se hace referencia al personal directivo, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. En el transcurso de esta VIII Legislatura, ya con ese Gobierno del Partido Socialista, se presentó la que sería la Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público al que me he referido, que estableció los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público y contenía diferentes aspectos normativos, sobre todo en aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las administraciones públicas. En su exposición de motivos la citada ley destacaba la figura del personal directivo, del que dice estar llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa al estar sometida su gestión profesional a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos. La disposición final tercera del mismo estatuto reforzó la total incompatibilidad del personal directivo, incluido el sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, para el desempeño de cualquier actividad privada.

En su artículo 13 el personal directivo profesional se define como aquel que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas definidas como tales en las normas específicas de cada Administración y establece los principios de mérito y capacidad que deben de regir para su designación, los procedimientos con los que se garanticen la publicidad y concurrencia, la evaluación a la que estarán sometidos con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia y las condiciones del empleo que no serán objeto de negociación colectiva. También hace referencia al carácter especial de alta dirección al que estará sometido todo aquel personal directivo que reúna la condición de personal laboral.

La ley fue aprobada sin el acuerdo del Grupo Parlamentario Popular, que presentó una enmienda de totalidad y ciento veinte enmiendas parciales. Entre ellas destaca la enmienda sobre el personal directivo profesional que venía regulado a través del artículo 13, que ya hemos comentado. Con esta enmienda el Grupo Parlamentario Popular no solo se planteaba un cambio en la denominación de personal directivo profesional contenido en el proyecto de ley por el de principios de la función directiva, sino que también pretendía evitar confusiones sobre la creación de nuevas categorías de personal, aclarar cuáles deben ser los órganos en los que se ejerza la función directiva, definir aquellas funciones directivas que deben ser realizadas por funcionarios públicos y permitir que determinados puestos directivos que requieran de una especialización o conocimientos técnicos puedan ser reservados para el personal laboral. La enmienda y el acuerdo ofrecido por el Grupo Popular fueron rechazados en ese momento por la mayoría absoluta.

Desde que hace más de seis años se aprobara el Estatuto básico del empleado público el Gobierno socialista y el grupo que lo sustentaba se olvidaron de que había que desarrollarlo. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, tenía aspectos tan importantes para desarrollar como las leyes reguladoras de la Función pública que prevé el artículo 6 para los ámbitos competenciales de las distintas administraciones públicas.

Señorías, el Gobierno socialista perdió casi cinco años sin hacer nada por desarrollar la ley ya mencionada. A pesar de que la propia ley, el Estatuto básico del empleado público, reconoce en su exposición de motivos al personal directivo un factor decisivo de modernización administrativa al estar sometida su gestión profesional a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de los resultados, es cierto, como destacaba el ministro señor Sevilla en la presentación del proyecto de ley ante el Congreso, en noviembre de 2006, que la norma abusa del "se podrá" y, por tanto, no se obliga a las diferentes administraciones públicas a desarrollar los estatutos de la Función pública. Pero era el propio ministro el que en su presentación insistía en que al regular la figura del personal directivo se abría la posibilidad de fortalecer algo que entendemos que hace falta para reforzar la eficiencia y profesionalidad de nuestras administraciones, cito expresamente.

La señora Salgado, en su primera comparecencia como ministra de Administraciones Públicas ante la Comisión, el 19 de junio de 2008, tampoco quiso quedarse atrás y, a la hora de referirse a las materias que pretendía abordar desde su departamento, se refirió al personal directivo como uno de los aspectos


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que se iban a considerar muy especialmente. La vicepresidenta del Gobierno, señora De la Vega, en abril de 2009, ante las protestas y manifestaciones de miles de funcionarios ante las dependencias de la Administración central por la inacción del Gobierno, también tuvo que anunciar el desarrollo del Estatuto del empleado público y de los directivos.

¿Qué fue de todos aquellos compromisos? ¿Qué fue de todas aquellas poderosas e inexplicables razones? ¿Por qué no se llevaron a cabo? ¿Por qué se perdieron seis años? Esa es una explicación, señorías, que yo no puedo realizar. Deben ser ustedes mismos los que reflexionen y se expliquen por qué no hicieron nada.

Nuestra obligación hoy día, la obligación de este grupo parlamentario, la obligación de este Gobierno, es desarrollar la Ley del Estatuto básico del empleado público, es legislar para que los directivos de las administraciones tengan un marco legal. Ni pretendemos aumentar el número de personal de la Administración ni pretendemos adoptar medidas que no se correspondan con la realidad que está viviendo este país, pero sí queremos hacer cumplir la ley, desarrollar esta ley que el Partido Socialista en sus siete años de gobierno no fue capaz de llevar a cabo. Esperamos y deseamos que esta proposición no de ley sea apoyada por los grupos de esta Cámara, confiamos en ello, no entenderíamos la justificación de un voto en contra.

Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tengo que decir que van muy en la línea de lo que el Gobierno quiere hacer. Por tanto, creo que se debe esperar al desarrollo y a la propuesta que haga el Gobierno donde evidentemente se van a ver incorporados todos aquellos aspectos constitucionales que anuncian en su enmienda. En cuanto a la del Grupo Socialista, evidentemente se va a llevar a cabo con la mayor celeridad posible, cosa que el Partido Socialista no hizo. Son enmiendas que vienen a reflejar el espíritu de esta proposición no de ley y yo les anuncio que no las vamos a aceptar. Compartiendo el espíritu de las presentadas por Unión Progreso y Democracia porque es el espíritu de la Constitución, espero y deseo que todas sus señorías apoyen esta proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.

A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. Para la defensa de las planteadas por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

En España, cada vez que se produce un cambio de Gobierno, tiene lugar un espectáculo al que nos hemos acostumbrado pero que debería llamarnos la atención, y este espectáculo se produce aunque el cambio de Gobierno se haga con el mismo partido, que en principio no requiere el cambio de políticas. Ese espectáculo consiste en que decenas, a menudo centenares de directores generales, secretarios generales con sus correspondientes subdirectores generales y subsecretarios, son de repente cesados y este cese no tiene nada que ver con la valía de estas personas o con los resultados que han obtenido. Se produce el cese porque otros distintos les nombraron, se produce el cese, por tanto, por una pérdida de confianza. Es este criterio el que esencialmente da lugar a los nuevos nombramientos; se nombra en su lugar a otras personas de confianza, a otras personas con el criterio básico que a menudo se basa en la lealtad por encima de otros criterios de profesionalidad o conocimientos, a pesar de que los puestos que van a cubrir requieren esos conocimientos. Este tipo de comportamientos parece evidente que deteriora la calidad de las administraciones públicas, del servicio público, y es necesario compatibilizar el liderazgo del nivel político, que nadie discute -me gustaría enfatizar esto, nadie está discutiendo que el liderazgo corresponda al nivel político-, pero ese liderazgo no implica arbitrariedad en absoluto, tiene que ser compatible con la estabilidad en la Administración pública y con su profesionalización.

En este sentido nos parece útil la proposición no de ley que trae a la Cámara el Partido Popular, aunque no deja de ser paradójico que la traiga un partido que ha abusado y sigue abusando de estos procedimientos hasta el día de hoy como el que más. En cualquier caso, es una iniciativa que puede ser útil. Lo que nos plantea es desarrollar lo que ya contemplaba, como ha dicho el señor Merino, el artículo 13 de la Ley 7/2007, desarrollar un estatuto del directivo público.

Nuestras objeciones a esta proposición no de ley tienen que ver con su generalidad, con su vaguedad. Lo único que se dice en ella es que se estudien los trámites necesarios para poner esto en marcha, ni siquiera que se inicien, sino que se estudien los trámites necesarios y sin ningún nivel de concreción.


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Unión Progreso y Democracia, sin embargo, tiene una proposición no de ley sobre este mismo tema registrada en la Comisión de Hacienda mucho más detallada, de trece páginas, y lo que hemos intentado en nuestra enmienda es dotar de contenido a esta proposición no de ley tan genérica del Partido Popular para que no quede en una mera declaración de intenciones, para que se marquen ya las líneas esenciales que debe incluir este estatuto del directivo público.

Resumiéndolas brevemente, en primer lugar, creemos que es necesaria en este tema una regulación estatal, pero que esta regulación estatal debe marcar el régimen básico común de todas las administraciones, porque el artículo 149 de la Constitución da al Estado competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de todas las administraciones. Por tanto, debería ser una regulación estatal que marque un régimen básico común también a las administraciones autonómicas y locales. Este régimen básico común debería aprovecharse para acabar con las enormes diferencias salariales que hay hoy entre administraciones, con la discriminación salarial tan enorme que hay entre administraciones, donde un mismo puesto tiene remuneraciones muy distintas y a menudo más altas en las administraciones con un ámbito de competencias territoriales más reducido. Sería importante fijar unas escalas en función de las responsabilidades de los puestos que terminasen con esas discriminaciones salariales entre administraciones.

Otro componente importante de este estatuto tendrían que ser los criterios de selección de estos funcionarios, marcar unos requisitos mínimos de formación y de experiencia que garanticen que son las personas más adecuadas las que ocupan estos puestos, requisitos mínimos para entrar. Una vez dentro sería muy importante la evaluación del rendimiento de estos directivos públicos mediante indicadores objetivos, en lo posible, que primen la excelencia y que incentiven la consecución de objetivos. Cuando se produzca la salida de estos directivos, otro rasgo importante sería que el cese sea un cese motivado, un cese razonado y no meramente arbitrario, como hoy en día.

Por último, habría que contemplar también cuestiones como la formación continuada de estos directivos, su movilidad entre administraciones o el régimen de incompatibilidades.

Como verán, son cuestiones básicas e importantes que creemos que dotarían de contenido y enriquecerían esta iniciativa. Si el señor Merino dice que está de acuerdo con ella, el procedimiento parlamentario correcto sería aceptar la enmienda, no rechazarla y dejar todo esto para un futuro indeterminado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular presenta aquí hoy una proposición no de ley para el impulso del estatuto del directivo público profesional e insta al Gobierno a estudiar los trámites necesarios para la aprobación del estatuto del directivo público de la Administración General del Estado. Asistimos perplejos a la formulación de esta petición al Gobierno queriendo entender que lo que le piden es que aprueben dicho estatuto, por ello hemos presentado una enmienda que clarifique la intención de esta proposición no de ley.

Como ya se ha dicho aquí, la figura del directivo público profesional fue creada por la Ley 7/2007, de 12 de abril, en su artículo 13. Desde su creación se han desarrollado distintos grupos de trabajo y varios borradores del instituto del directivo público profesional, pero todavía ninguno ha fructificado. El Partido Popular, en su deriva reformista o, mejor dicho, contrarreformista, se ha propuesto modificar todo el modelo social y en este caso también el modelo de la Administración pública. Todas estas contrarreformas tienen un denominador común que no es otro que el uso de la tijera para reducir los gastos y el de la pluma para firmar despidos. Optimizar el gasto público, evitar solapamientos y duplicidades y mejorar la gestión son expresiones a las que ya estamos acostumbrados y con las que, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo, pero finalmente todas esas expresiones no se traducen en nada más que en seguir ahogando las economías familiares, las de las pequeñas empresas y autónomos y las de las administraciones, sobre todo las de las administraciones locales, que están sirviendo como excusa perfecta para la privatización de los servicios públicos. Ustedes están planteando una reforma que nos llevará, como en tantos otros temas, a tiempos pretéritos. Y, por lo que intuimos del planteamiento de su proposición no de ley, en el ámbito de la dirección pública profesional también lo harán.


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Señorías, la figura del directivo público profesional se concibió para completar un espacio intermedio entre la dirección política y la estructura administrativa y pensando en perfiles profesionales dotados de las capacidades de gestión y con las habilidades y competencias transversales necesarias para cumplir con los objetivos de eficiencia, eficacia, gestión de personal, evaluación continua, etcétera. Coincidimos en que los funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración son técnicos con una alta cualificación y capacidad, pero sabemos también que el riguroso y exigente sistema de entrada en el cuerpo funcionarial ni garantiza ni acredita las capacidades de gestión ni las habilidades sociales necesarias para la dirección de equipos. Por tanto, este estatuto, que el Gobierno debería desarrollar lo antes posible, debería dejar fuera intereses corporativos de cuerpos funcionariales específicos. Debería evitar tanto la funcionarización de la política como la politización de la Función pública. Debería pensar y conceptualizar de forma global cuál es la Administración que queremos. Podemos optar por una que sea estática y muy funcionarizada o por una Administración más dinámica y flexible, que permita sistemas de entrada pero también de salida y que la hagan más adaptable a las circunstancias económicas y políticas. Tenemos claro que las opciones que se decidan tomar nos pueden llevar o bien a una Administración de mediados del siglo pasado, en la que las relaciones de poder y verticales sean las que imperen, o a una Administración del siglo XXI, con modelos de gestión horizontales y más adaptados a la realidad cambiante y a una nueva forma de dar respuesta a los ciudadanos y de gestionar los servicios públicos.

En nuestra enmienda -que tampoco le interesa al señor Merino- solicitamos al Gobierno la búsqueda del mayor consenso posible para la redacción de este estatuto y su aprobación en el menor tiempo posible, en el bien entendido de que por una vez hagan una reforma que mejore de verdad la Administración, con perspectiva, con visión, con un proyecto claro y no con parcheos a los que ustedes nos tienen acostumbrados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

De todos los aspectos del Estatuto básico del empleado público que requieren desarrollo mandatado por el propio texto legal este es el que ni tiene demanda de nadie ni va a resolver problemas en la Administración que hayan generado conflictividad ni es, en definitiva, necesario. Por cierto, el Estatuto básico del empleado público fue votado en contra por el Partido Popular y conviene recordar las exactas palabras de su portavoz, Padilla Carballada: "Que muchos progresos tecnológicos utilizados habitualmente por las empresas con éxito no puedan ser utilizados en la Administración pública, pues podrían distorsionar principios como los de igualdad, imparcialidad y legalidad, muy distintos a los de eficacia y lucro, verdaderos motores del mercado. A la hora de elaborar un proyecto de ley de esta naturaleza, señor ministro, señorías, hay que tener esto perfectamente claro". Eran sus palabras.

Entendemos que, bajo la pretensión de modernización, ustedes pueden abrir la puerta, como lo están haciendo en la sanidad o en la educación, a politizar más las estructuras de la Administración pública, multiplicando el coste del servicio público, externalizando personal, que queda sometido al criterio del político, comprado con dinero público y sin derechos ni obligaciones estatutarias ni de control alguno, ni de la oposición ni de los usuarios. Por eso les recuerdo hoy sus palabras y, como van a sacar adelante esta proposición no de ley con su mayoría, les instamos a que sean consecuentes con ella. Nosotros, Compromís-Equo, no queremos personal elegido al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. No queremos personal que se imponga sobre los funcionarios nombrados constitucionalmente bajo criterios objetivos y con garantía del puesto de trabajo y de su imparcialidad. No queremos personal que esté al margen del régimen disciplinario sin control legal alguno. No queremos personal que esté al margen de la negociación sindical en puestos sin transparencia y sin control alguno. No queremos personal que pueda percibir indemnizaciones por su cese cuando su nombramiento ha obedecido a una decisión arbitraria carente de control público y bajo criterios de amiguismo impropios de la Administración pública. La función directiva ha de ser desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados, y para ello existe la libre designación que requiere de una convocatoria pública y del cumplimiento de los requisitos para los puestos con funciones públicas. Con la libre designación se cumple con los principios constitucionales de acceso y provisión de puestos a la Administración pública. Con el personal directivo ustedes se pueden apartar de la profesionalización de la


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Función pública y existe una gran posibilidad de que se sumerjan en el clientelismo y en la gestión arbitraria, de que se aparten de la potenciación de la democratización de las administraciones públicas.

Si quieren desarrollar el Estatuto básico del empleado público, pueden empezar por solventar problemas del estatuto sobre los que sí que habría que legislar en positivo, por ejemplo, el problema de los trienios atrasados de los interinos. El hecho de que se estableciera que los cobraban desde la entrada en vigor del Estatuto básico del empleado público y no los trienios atrasados ha generado la apertura de un expediente sancionador por la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva europea 1999/70 y de varias sentencias del Tribunal Europeo con advertencia de sanción. Por tanto, les instamos a impulsar las medidas necesarias para el reconocimiento y abono de las cuantías correspondientes a los trienios devengados en concepto de antigüedad del personal que prestaba servicios en condición de interino desde julio de 2001.

Acabo. Les recuerdo nuevamente las palabras de su portavoz: "Muchos progresos tecnológicos utilizados habitualmente por las empresas no pueden ser utilizados en la Administración pública, pues podrían distorsionar los principios de igualdad, imparcialidad y legalidad".

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Merino, me llama poderosamente la atención la iniciativa que trae a colación a este Pleno, entre otras cosas porque su grupo parlamentario fue particular y beligerantemente renuente a la generación de esta figura cuya identidad jurídica ustedes comentaron en el debate de la Ley 7/2007 que no era fácilmente identificable. Yo compartí su opinión y sigo sin saber en qué consiste la figura denominada directivo público profesional en el seno de la Función pública. Nomenclatura o expresión más extravagante y ajena al derecho de la Función pública es imposible de encontrar ni buscándola a propósito. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha comentado que hay numerosos grupos de trabajo y de expertos estudiando cómo identificar y encarnar jurídicamente una figura de estas características tan ajenas a las leyes de la Función pública tal y como las hemos concebido tradicionalmente. Por eso, esta fe sobrevenida o esta reconversión pauliana en una figura tan extravagante como esta me sorprende en usted; pero ya que lo proponen, le voy a decir cuál es nuestra opinión. Nosotros nos vamos abstener por decoro y delicadeza, no por otra razón. Seguimos sin saber en qué consiste, cuáles son las funciones de un directivo público profesional de estas características. Sobre todo tras la aprobación de la reforma laboral, la que ustedes han traído a esta Cámara, la Ley 3000/2012, donde se prevén figuras tan atípicas como el contrato mercantil, existencia de contratos mercantiles en el seno de la Función pública, y la existencia de contratos de alta dirección, que es una figura propia del Derecho Laboral en el seno de la Función pública. Me gustaría preguntarle qué va a ocurrir el 7 de junio si no se prorrogan los convenios colectivos en el seno de la Función pública con estas figuras, con los contratos de alta dirección y contratos mercantiles. Con los contratos mercantiles nada en tanto en cuanto no es una figura de naturaleza laboral. Sobre los contratos de alta dirección, también están ajenos a los requerimientos, a algunos, de los convenios colectivos, pero si no se produjera la prórroga y no hubiera un convenio de ámbito superior -la extensión o la accesión a un convenio de ámbito superior sobre todo y particularmente en la Administración local, en las corporaciones locales no es previsible-, nos encontraríamos con una suerte de vacío jurídico o problema de inseguridad jurídica con respecto a las relaciones contractuales, las obligaciones y a todo lo que aquí se invoca con relación al directivo público profesional en materia de carrera profesional, de promoción, de movimiento tanto vertical como lateral, así como criterios de delimitación de la figura en el ámbito de las retribuciones, en el ámbito de los ceses, en el ámbito de las indemnizaciones.

Estamos hablando de algo en lo que no sé si ustedes creen o no creen. Tampoco tengo grandes dudas sobre la fe en la virtualidad de esta figura del Partido Socialista, que es el autor del proyecto normativo que creó esta benemérita institución, la del directivo público profesional, cuyas funciones la ley que regula el Estatuto básico del empleado público definió bien hasta el punto de que ustedes se han visto de alguna forma coaccionados o han tenido que buscar el apoyo, la ilustración de expertos, de comités que puedan estudiarlo. Estamos ante una figura extravagante, de difícil incardinación en el derecho o en el ordenamiento jurídico relativo a la Función pública, y a nosotros además nos acompaña una especie de prevención de naturaleza prácticamente fenotípica. Fuera cual fuera el partido gobernante en el Estado español que ostentara la mayoría, cuando se han regulado materias relativas a la Función pública, nos


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hemos encontrado con la siguiente perversión -me estoy refiriendo a la Ley de la Función Pública, la Ley 30/1984-: la sobredimensión del concepto de legislación básica del Estado. El Estado está habilitado constitucionalmente para establecer las bases de régimen jurídico de la Función pública, solo las bases. La competencia de naturaleza exclusiva corresponde a las comunidades autónomas respetando las bases del Estado. La Ley 30/1984 declara básicos todos los preceptos de la misma salvo uno; hasta ese punto de abyección se llegó en la determinación o en la mensura de la legislación básica del Estado o de la habilitación para regular leyes, normas básicas del Estado en materia de Función pública. Como esto nos ha generado una posición de desconfianza prácticamente congénita, nosotros no creemos ya en nada de lo que no se conoce porque pertenece a lo paranormal, como es esta figura que estamos aquí glosando que es el directivo público profesional.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.

A tenor de las intervenciones que hemos escuchado, ninguno de los que estamos aquí la conoce; no sabemos cuál es su función, no sabemos cuál es su virtualidad, no sabemos qué pueden aportar a la modernización de la Administración pública, pero en todas las normas relativas a la Administración pública se van a encontrar por lo menos con nuestra abstención, porque sabemos lo que ocurre en el ámbito de la perversión o prostitución de una competencia exclusiva autonómica mediante una sobredimensión de las leyes básicas, que es la habilitación competencial del Estado. Cuando una ley como la 30/1984 declara básicos todos sus preceptos salvo uno, sabemos de lo que estamos hablando; sabemos que una competencia exclusiva autonómica se convierte en una competencia inexistente de facto. Desde esa perspectiva, señor presidente, y solo por razones de delicadeza y -por qué no decírselo con toda honestidad- porque no comprendemos bien de lo que estamos hablando en este debate, vamos abstenernos en esta iniciativa legislativa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Con esta figura que nos proponen del directivo público que, por otra parte, nosotros no votamos en su momento, me viene a la mente aquello de cuando Gregorio Samsa se despertó aquella mañana de un sueño intranquilo, se vio sobre la cama convertido en un monstruo. Esta frase que es la primera frase de La Metamorfosis de Kafka, es, en mi opinión, una buena representación de la iniciativa parlamentaria que hoy nos vemos obligados a discutir. Digo que nos vemos obligados a discutir porque coincido con otros grupos parlamentarios en que no acabo de encontrar la razón para este monstruo. Trataré de explicar por qué me parece una iniciativa monstruosa o deforme. En primer lugar, es deforme en la forma, valga la redundancia. Es una iniciativa deforme porque hasta ahora conocíamos cómo funcionaba el Parlamento en materia legislativa, era prácticamente el Estado de decreto. También sabíamos que el Partido Popular había aportado al control parlamentario lo que podemos denominar el autocontrol, es decir, cuando el grupo parlamentario mayoritario se autocontrola emite un mandato o una orientación al Gobierno para que adopte determinada iniciativa. Esta iniciativa roza el rizo o riza el rizo, porque lo que propone al Gobierno -es textual- es que estudie la posibilidad de poner en marcha la figura del directivo público. Señores del Grupo Popular, pero si hay una ley la orientación normal es que el Gobierno haya estudiado ya, sobre todo siendo el Gobierno del Partido Popular que son todos muy estudiosos, el desarrollo del estatuto del directivo público. Pues no. Vienen a esta Cámara y nos dicen que desde esta Cámara aprobemos que el Gobierno estudie la posibilidad de poner en marcha un reglamento, me imagino, del directivo público, cosa que no es competencia de esta Cámara. Es la aportación desde luego muy sui géneris de una nueva forma de iniciativa parlamentaria, de orientación parlamentaria al Gobierno por parte del Partido Popular.

Vayamos al fondo de la cuestión. El Grupo Parlamentario Popular plantea la necesidad de poner en marcha el estatuto del directivo público que, como se ha dicho aquí, ellos no votaron y nosotros tampoco, seguramente por razones muy diferentes. Pero, señorías, en el argumento del Partido Popular para no votar este estatuto del directivo público nosotros encontramos razones en aquel momento para no votarlo. Decía en aquel momento el portavoz del Partido Popular que una cosa es la orientación de un directivo,


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que es la orientación de la eficacia, de la rentabilidad que viene de las nociones del sector privado, y otra cosa bien distinta es la orientación de un funcionario. Que un funcionario se supone que tiene otros criterios que informan su actuación. Es verdad que debe ser eficaz, pero debe ser equitativo. Ese funcionario debe garantizar la accesibilidad del servicio, debe garantizar también la universalidad que cubra a los ciudadanos, pues esos factores que diferencian una y otra cuestión se mezclan de manera interesada en esta iniciativa parlamentaria. Por eso esa contradicción en sus términos que es el directivo público. Señores del Partido Popular, estaba más de acuerdo con ustedes cuando rechazaron esta iniciativa del Gobierno, en aquel momento del Partido Socialista, que ahora cuando aprovechándose de esa iniciativa ustedes adoptan una propuesta de orientación al Gobierno. ¿De donde viene la causa de esta iniciativa?, ¿de desarrollar algo que no desarrolló el Gobierno socialista?, ¿es tan, digamos, leal el Partido Popular que considera que esa herencia -eso de la herencia recibida- es obligatoria para este Gobierno? Sin embargo, el Gobierno no ha hecho lo mismo con otras leyes. Con la Ley de Dependencia, con la Ley de Memoria Histórica, con la Ley de Salud Pública lo que ha hecho es suspender sus efectos, y tan tranquilos se han quedado.

¿Por qué desarrollan esto? Porque el Tribunal Constitucional les ha dado una colleja recientemente. La Ley de Grandes Ciudades les niega la posibilidad de que haya algo distinto entre el responsable político y el funcionario público. Eso se lo niega el Tribunal Constitucional y ustedes, están por la vía de una iniciativa parlamentaria, pretendiendo enmendarle la plana al Tribunal Constitucional. Señorías, nosotros no estamos de acuerdo. Hay un ámbito que es el del funcionario público, incluso un ámbito muy importante que es el del cuerpo superior, también la libre designación, pero hay un ámbito muy diferente que es el responsable político, el alto cargo y han de estar claramente diferenciados.

Señorías, termino. Esta crítica a la politización siempre termina en la hiperpolitización. Criticaron ustedes la politización del Consejo General del Poder Judicial y hemos transformado el bipartidismo imperfecto en el Gobierno de un solo partido. Eso es lo que pretenden ustedes hoy aquí con su iniciativa sobre la Función pública.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Páramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán no puede conceder el beneplácito al Gobierno del Estado para que, unilateralmente, proceda a elaborar una normativa sobre un tema que no solo afecta a la Administración General del Estado sino que atañe igualmente a las comunidades autónomas y al resto de administraciones públicas. Pongo sobre la mesa el artículo 136 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que, a pesar del cepillo del Constitucional, aún conserva como competencia exclusiva la capacidad de legislar sobre el régimen estatutario de los funcionarios de la administración pública catalana, tanto en lo que se refiere a ordenación como a organización. Lo lógico en el Estado de derecho, el Estado donde se respetaran las competencias estatutarias, sería votar afirmativamente a la proposición de ley que estamos debatiendo porque lo lógico sería confiar en que se respetara el perímetro de nuestras competencias. Sería lógico esperar que respetando el Estatut se limitaran a marcar los principios de ordenación general sobre la base de las competencias compartidas. Pero el Gobierno del Estado ha consumido la confianza que se le podía dar al legislar en temas que afectan a otras administraciones con las que comparte competencias. La confianza la viene dilapidando desde hace tiempo y, por poner un ejemplo, lo ha hecho y lo mantiene en el reparto de los objetivos de déficit, al igual que la está perdiendo a raudales en el tema de la reforma de la Administración local. ¿Cómo puede ser que proclame la anulación de la mayoría de las competencias de más del 90 % de los municipios sobre la base de que los costes por habitante correspondientes a la gestión de los municipios de menos de 5.000 habitantes son superiores a los de las grandes ciudades?, ¿en qué se basan? Los parámetros no son objetivables, no lo son hoy ni lo serán nunca. Las diferencias son consustanciales con los territorios y las necesidades absolutamente diversas. Su obsesión es la uniformización.

La reforma local persigue un objetivo ideológico: reforzar las diputaciones y las provincias. No atiende a ningún objetivo ni criterio de racionalización ni de sostenibilidad económicas. El Gobierno del Estado proyecta esta reforma al margen del resto de las administraciones públicas y el estatuto del directivo público profesional irá por el mismo camino, dando la espalda a municipios y comunidades autónomas. Hay muchos aspectos que deben desarrollarse alrededor del estatuto del directivo público profesional.


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Les podría enumerar unos cuantos de los que en Catalunya hemos incluido en el correspondiente debate como la regularización del directivo en todos los ámbitos de la Administración, la categorización profesional de los mismos, los criterios y la transparencia para la designación, la ética, el sistema de remuneración y otros. Pero, señorías, todos estos aspectos serán una cuestión baladí si de nuevo el Gobierno del Estado actúa a espaldas del resto de los actores políticos que estamos presentes en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Señor Merino, con respecto a las dos enmiendas presentadas ¿cuál es su posición?

El señor MERINO LÓPEZ: Sí, señor presidente, ya he anunciado que las rechazábamos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000591).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos. Tiene la palabra el señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, el mayor desastre laboral de nuestra historia ocurrió hace solo unos días en Bangladés. Una fábrica textil se hundió y murieron 1.400 personas, más de 2.000 están heridas con sus cráneos rotos, con sus tórax hundidos o con sus extremidades amputadas; muchos de ellos también morirán, señorías. Las tareas de desescombro no han terminado y el olor de la muerte persiste todavía; el dolor de la tragedia durará todavía muchos años y para muchos nunca habrá consuelo. ¿Por qué les hablo de esta tragedia? Porque justamente esta proposición no de ley pretende evitar que las grandes empresas multinacionales operen de esta manera en países pobres y subdesarrollados. Porque lo ocurrido en Daca no es ni una casualidad ni es la primera vez, ocurre porque Bangladés se ha convertido en el gran taller textil del mundo y todas las grandes compañías de ropa del planeta operan allí en condiciones infrahumanas. Señorías, 20 millones de trabajadores bengalíes trabajan en el textil los siete días de la semana, doce horas al día, por 30 dólares de salario al mes. ¿Por qué nos afecta esto, señorías?, ¿por qué algo tan lejano nos afecta o cuál es nuestra responsabilidad en eso? Pues sí, señores, nos afecta y tenemos responsabilidad. Nos afecta porque empresas españolas operan allí y queremos que nuestras empresas sean socialmente responsables en todo el mundo, porque la marca España no es tener a los empresarios españoles más ricos del mundo, sino a las empresas españolas socialmente más responsables. (Aplausos). Señorías, nos afecta porque compramos -ustedes y yo- la ropa producida por las mismas marcas del mundo en esas condiciones de esclavismo y de explotación inhumanas y está en nuestra mano premiar a las empresas que sean socialmente responsables o castigar a las empresas cuyo comportamiento sea irresponsable socialmente. Nos afecta como seres humanos que elevan su voz y su protesta contra esta indignidad humana.

¿Qué está pasando ahora en Bangladés? Que muchas empresas, sobre todo las americanas, se quieren ir del país y eso arruinará todavía más a ese país. Que se firman acuerdos con los sindicatos para que haya más vigilancia y más inspección en esas fábricas; pero atención, señorías, eso es bueno pero no suficiente porque no existe una administración inspectora en los países que no están desarrollados administrativamente. ¿Qué está ocurriendo y qué es lo que tiene que ocurrir? Que las empresas multinacionales que operan en Bangladés y que operaban en esa fábrica tienen que asumir la responsabilidad directa de indemnizar y de compensar a las familias de los muertos y de los heridos. Dicen que no son sus trabajadores y tienen razón, pero tienen responsabilidad en una subcontratación esclavista que no podemos permitir más, señorías. (Aplausos). Esta es la cuestión, por eso nos afecta, por eso tenemos responsabilidad.

Les diré una cosa. Hay dos compañías europeas que están negociando en este momento con el Gobierno bengalí las indemnizaciones a esas familias. Hay dos empresas americanas que no quieren asumir ese compromiso y hay dos empresas españolas que tampoco quieren asumirlo. No es el momento de decir nombres, pero subiré aquí a denunciarlas si no asumen esa responsabilidad. Subiré aquí a decirlo, porque tenemos responsabilidad con esa catástrofe. (Aplausos).

¿Qué pretende la PNL? Pretende establecer un sistema que evite que cuando las empresas operan en el exterior provoquen condiciones laborales como las que desgraciadamente se dan no solo en


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Bangladés sino en otros muchos países del mundo. Sepan ustedes, señorías, que los textileros operan en ochenta países en el mundo. Señorías, la PNL pretende, primero, incorporar las grandes compañías españolas a la cultura de la responsabilidad social en sus operaciones y subcontrataciones en todo el mundo. Hay una frase que lo dice bien: No me digas qué haces con tus beneficios, dime cómo los obtienes. Esta es la clave. No me hagas acción social para quedar bien después; no apoyes a no se qué ONG en Bangladés, asume la responsabilidad de lo que se ha producido allí. En segundo lugar, la PNL pretende instalar en España un instrumento jurídico potente, como el que acaba de crear Naciones Unidas, el llamado informe Ruggie, que pretende proteger, respetar y remediar. Establece una herramienta fantástica para que un suelo universal de derechos laborales dignos, de condiciones humanas de trabajo, sea respetado siempre, incluso en aquellos países que no tienen ninguna legislación protectora. Se trata de establecer un suelo mínimo de protección, que los convenios internacionales de derechos humanos o de OIT configuren y constituyan leyes mínimas en todo el mundo. Se trata de que las empresas de todo el mundo puedan ser responsabilizadas ante los tribunales de su propio país por la vulneración de ese suelo mínimo de derechos humanos en su comportamiento cuando operan en otros países del mundo.

Pues bien, quiero anunciarles, señorías, que afortunadamente cinco grupos de la Cámara, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y UPyD, hemos suscrito un acuerdo que establece nueve grandes principios que aportan esta cultura y este instrumento jurídico-político que supone el informe Ruggie a la política española. Uno al plan nacional de derechos humanos que tiene que elaborar el Gobierno español; otro a la política exterior del Gobierno español, a la marca España, al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social para que los agentes sociales y los empresarios españoles puedan llevar a la práctica en el consejo estatal esta política y esta aplicación, y por último inclusive a las empresas que operan en el exterior y que reciben ayudas públicas, para que cuando pidan ayudas al Fonprode, a la Cesce o al ICO, que ayuda a las empresas en su política de internacionalización, previamente tengan que hacer un plan de aplicación de estos principios jurídicos de Naciones Unidas.

Señorías, es muy importante lo que hemos planteado hoy aquí. No es perfecto, lo sé; no es un acuerdo perfecto porque bien vale el refrán para decir que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero es un buen acuerdo, señorías. Lo que importa es que esta Cámara diga hoy que se aplica esta cultura y este instrumento jurídico internacional a la política española y a las empresas españolas para que muchas de las personas que nos acompañan hoy aquí en las tribunas y que quieren este acuerdo -hay ONG: Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y otras muchas- puedan decir alto y claro que el Parlamento español ha tomado el acuerdo necesario para que lo de Bangladés no ocurra nunca más. No es lo mejor, pero es un camino que iniciamos, señorías, para ser mejores, para que esto no vuelva a ocurrir, porque está en nuestra mano, porque es nuestra responsabilidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.

Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muchas gracias, presidente.

Quiero decir que en nuestro grupo parlamentario celebramos que se haga este debate en el Pleno del Parlamento. Es importante que hablemos de derechos humanos, que hablemos de comportamientos empresariales, que hablemos de exigencia. Lo que lamentamos es que siempre lo hagamos como reacción y que finalmente lleguen estos temas cuando tenemos 1.400 muertos sobre la mesa, cuando llevamos décadas de estos comportamientos, de muchos muertos invisibles, de muchos explotados de los que no hablamos, de muchísimas prácticas de años y años durante los cuales Gobiernos de todos los colores en este país han mirado hacia otro lado, porque no convenía señalar, porque no convenía abandonar ese patriotismo empresarial que ha acompañado siempre al Gobierno de España. Ahora tenemos 1.400 muertos en Bangladés que son muy difíciles de silenciar o de hacer invisibles y que afectan directamente al corazón de empresas españolas, porque tienen sede, talleres y proveedores allí, y afecta también a la marca España y a las marcas que producen en Bangladés.

Nuestro grupo parlamentario ya presentó antes de lo sucedido, en el mes de marzo, una proposición no de ley en este sentido de incorporar los principios Ruggie. Planteaba la necesidad de utilizar este paraguas para avanzar en la exigencia, en el control y en la responsabilidad. Hoy la responsabilidad social empresarial como se concibe aquí, la responsabilidad social corporativa en nuestro país está anclada en el siglo pasado, en una responsabilidad basada en plantar un árbol mientras se deforesta el Amazonas o en hacer una


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escuelita mientras mantenemos condiciones de explotación laboral en muchos países. La crisis financiera global ha evidenciado que los Estados, las administraciones y las instituciones políticas han perdido peso e influencia, ha evidenciado la incapacidad de esa exigencia, y en cambio son las grandes corporaciones multinacionales las que han ganado peso, han ganado también capacidad de chantaje, y a eso tenemos que darle la vuelta desde los Parlamentos, desde Europa y desde las instituciones globales. Necesitamos nuevos instrumentos y necesitamos hacerlo con cierta honestidad, valentía y capacidad y voluntad de señalar a aquellos que no lo hacen bien, de no mirar hacia otro lado cuando sabemos que las empresas en nuestro país no están haciendo los deberes en este sentido. No podemos aceptar que vengan a una Comisión a decir que hay una empresa extractiva que como planta olivos y fija CO2 tenemos que mirar otro lado mientras esta empresa está deforestando el Amazonas. No podemos venir a escuchar cómo un banco nos dice que tiene proyectos de cooperación y que hacen escuelas en no sé qué país cuando sus principales fondos de inversión se basan en la especulación alimentaria que genera miles y miles de hambrunas en el sur. Eso es lo que no podemos hacer a nivel institucional y de las administraciones públicas, y eso es lo que se ha estado haciendo durante muchísimos años.

Hay que poner freno a esta manera de funcionar porque entendemos que hoy la acción exterior, incluso la marca España tienen que apostar por esa ética de las administraciones públicas, que es la que ha de liderar y ha de traspasar a la sociedad y a nuestras empresas en la forma de hacer. Tenemos muchísimo camino por hacer, porque hoy nuestras empresas, a las que el Gobierno siempre defiende al primer conflicto empresarial, tienen mucho por hacer porque, según el último ejemplo del Observatorio de la responsabilidad social corporativa cuando hablaba de nuestras empresas de IBEX, el 94 % de las empresas del IBEX tenían sede en paraísos fiscales, no tenían sede en nuestro país. ¿Qué responsabilidad social es esa, que responsabilidad social tienen nuestras empresas que establecen su fiscalidad en países donde hay pobreza, donde necesitarían una fiscalidad más amplia en vez de tener lealtad hacia el país que después les defiende ante cualquier conflicto en el exterior? También decía que solo el 10 % de las empresas del IBEX realizan evaluaciones sobre los riesgos y los impactos sobre los derechos humanos. Eso es lo que nos dice el observatorio.

¿Qué hemos planteado? Hemos planteado enmiendas, porque nosotros compartimos el discurso y la intervención que ha hecho el diputado, pero también necesitamos concreciones, y nuestras enmiendas van en ese sentido. Ante una disparidad tal, donde tenemos empresas que superan en mucho el PIB de muchísimos países, que superan en influencia y poder, necesitamos medidas vinculantes, regulación y promoción activa por parte de la Administración. Eso es lo que queríamos poner encima de la mesa, medidas concretas, y no puede ser que hoy -después de lo que ha pasado, ex post, después de un escenario que nos han encogido a todos- seamos incapaces de avanzar y dar un paso relevante en medidas concretas, que seamos incapaces de decidir que vamos a apostar por cambios en nuestra regulación y en nuestras leyes para avanzar en la extraterritorialidad y en la responsabilidad. No vamos a llegar a eso. De todas maneras, aunque no firmemos este texto porque no se han incluido ni nuestras medidas de vinculación ni de promoción activa ni tampoco presupuestaria, vamos a dar apoyo porque es un paso adelante de agarrarnos a un paraguas. Pero lo haremos con cautela y con toda la crítica que vaya por delante. Entendemos que la responsabilidad social no es el paradigma ni de la cooperación ni de cómo se tiene que avanzar en las políticas de desarrollo ni en sostenibilidad. No es nada de eso, pero es verdad que es una manera de que ese maquillaje...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Termino.

... que utilizan las empresas se convierta en algo de verdad, que haya algo detrás de ese maquillaje y que las administraciones y los Estados podamos exigir. Como mínimo damos un paso adelante en ese paraguas, en un traslado de unos principios Ruggie, una Comisión Europea que también exige dar pasos adelante y un país que está muy lejos de estar en los estándares europeos de exigencias a sus empresas. Esperemos que hoy demos un paso adelante y que no quede en un mero maquillaje para seguir defendiendo un sistema que hace aguas por todas partes, especialmente en vulneración de derechos humanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo quiere agradecerle al señor Jáuregui la iniciativa en sí misma, el hecho de haber planteado por primera vez -y con toda la dimensión política que implica un debate en el Pleno- la necesidad de que la política española incorpore los denominados principios de Ruggie, con toda la carga de fondo que tienen esos principios porque suponen una exigencia relevante para las empresas y para los Gobiernos. El contenido concreto de la propuesta que formula en su proposición no de ley, que es muy ambiciosa y exhaustiva porque pretende vincular aquellos instrumentos que el Gobierno ha anunciado en esta materia: el Plan general de derechos humanos, el Plan de derechos humanos y empresa y el Plan en materia de responsabilidad social de las empresas, pretende que a esas tres iniciativas gubernamentales se incorporen las cuestiones de los principios de Ruggie. Y finalmente, ha habido una voluntad de acuerdo que ha permitido que seguramente esta iniciativa no solo esté promocionada por los grupos que firmamos conjuntamente la enmienda transaccional, sino que seguramente tenga el apoyo unánime de la Cámara. El señor Jáuregui se ha esforzado en alcanzar ese acuerdo y mi grupo le felicita.

Esta no es una cuestión nueva ni mucho menos en la Cámara, la cuestión de la responsabilidad social de las empresas y singularmente de las empresas españolas que operan en el exterior. Ya con el señor Jáuregui hace unos cuantos años trabajamos intensamente algunos de los diputados de esta Cámara, también con el señor Azpiroz, en la elaboración de un informe sobre cómo el Estado español debía abordar tanto desde la perspectiva de la Administración General del Estado como desde el resto de las administraciones públicas y desde sectores sociales la puesta en marcha de las políticas de responsabilidad social de las empresas. Y hace muy pocas semanas en la Comisión de Empleo del Congreso se aprobó una proposición no de ley de Convergència i Unió que instaba al Gobierno, precisamente, a desarrollar esta estrategia española en materia de RSE, que por otro lado es un mandato de la Unión Europea y que debería haber concluido hace unas cuantas semanas. Por tanto, es una iniciativa que no está aislada, sino que forma parte de una discusión reiterada de la Cámara en esta materia. Es un debate que hoy se está convirtiendo -y no me parece mal- en un cierto juicio a las políticas de responsabilidad social que vienen desarrollando nuestras empresas, en el contexto de la crisis financiera que ha puesto en evidencia algunas de las irresponsabilidades, en este caso de nuestro sistema financiero, pero también en el trágico y lamentable accidente con estos cientos de muertos en Bangladés, donde se pone en evidencia -efectivamente, señorías- que a menudo entre aquello que se predica en esta materia y aquello que se practica existe aún un enorme trecho a recorrer. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Por tanto, si de verdad asumimos que el movimiento en favor de la responsabilidad social de las empresas, si lo que implican los principios de Ruggie tienen que ver con un comportamiento responsable, con un capitalismo que asuma sus responsabilidades, a las empresas que practican y que predican sobre la RSE hay que exigirles mucho más que aquello que les hemos exigido hasta ahora.

Es evidente que desde el año 2000 hasta ahora en el campo del desarrollo de la RSE hemos avanzado en una mayor transparencia a través de los informes de sostenibilidad, en una mayor capacidad de las empresas de dialogar con los stakeholders, pero lo cierto es que en algunas de las cuestiones de fondo, las más delicadas, las que afectan más duramente a la contradicción entre el discurso de la RSE y el propio objetivo de las empresas, no hemos avanzado de manera suficiente. Es más, si me permiten ir más allá de lo que ha implicado el accidente de Bangladés, hoy a quienes nos ha interesado la RSE se nos debe preguntar si la responsabilidad social de las empresas forma parte también de las respuestas que a la crisis que estamos viviendo deberían dar las empresas.

En cualquier caso, Convergència i Unió ha planteado dos enmiendas a esta proposición no de ley, una en la que reclamamos que en la próxima ley de la acción exterior se incorpore el principio de coherencia de políticas para permitir que en la acción exterior los principios de Ruggie estén presentes, y reclamamos también que el Gobierno español apoye la propuesta de directiva que la Comisión Europea está impulsando en materia de transparencia sobre la información no financiera. En la línea de lo que han regulado algunos países de nuestro entorno, singularmente en el caso de Dinamarca, existe el principio de cumplir o explicar con relación a si las empresas desarrollan o no políticas en este campo. Esas dos enmiendas se han aceptado...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ...mi grupo se lo agradece al señor Jáuregui y, por tanto, hoy votaremos, como no puede ser de otra manera, a favor de esta iniciativa y felicitamos al señor Jáuregui, como decíamos al principio, por la misma.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Popular para la defensa de sus enmiendas, señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy se ha hablado aquí de Bangladés pero yo quisiera decir que si hoy estamos hablando aquí de una tragedia en un proceso productivo en una fábrica textil, el inicio del reconocimiento de los derechos de la mujer que celebramos todos los años el 8 de marzo también empezó con una tragedia, con un incendio en una fábrica textil de Estados Unidos. Aquello cambió mucho el signo de las cosas y esperemos que lo que hoy estamos comentando aquí sobre Bangladés no se vuelva a producir porque seamos capaces en la comunidad internacional de ponerle coto a estas situaciones como se hizo antaño con aquel 8 de marzo de hace ya muchos años.

Señorías, muchas iniciativas se han visto en esta Cámara en relación con la responsabilidad social empresarial, creo que aquí se ha dicho también por parte del señor Campuzano, esto no es nuevo, hoy estamos centrándonos en lo que brillantemente ha dicho el señor Jáuregui, pero, desde luego, ha habido muchas ocasiones en las que hemos hablado de estos temas y que hemos ido impulsando poco a poco, en la Comisión de Exteriores y en la de Empleo ha habido algunos acuerdos que han sido adoptados por unanimidad de la Cámara.

La responsabilidad social empresarial, señorías, emerge cuando la actividad empresarial se convierte en una actividad trasnacional allá por los años noventa básicamente con la llamada globalización. Pues bien, señorías, desde allí hemos recorrido mucho, se ha impulsado mucho en este campo y desde luego el Gobierno sin duda está trabajando como se reconoce, por otra parte, en la proposición no de ley que aprobamos con el apoyo de los grupos. Quiero agradecer también al señor Jáuregui su trabajo de coordinación y el empeño en que buscáramos un consenso. Para nuestro grupo ha sido una satisfacción, como no puede ser de otra manera, apoyar esta iniciativa en los términos que hemos acordado; para nuestro grupo es muy importante y agradezco también la suma de UPyD, de Convergència, que también ha estado y del Partido Nacionalista Vasco.

Señorías, como estaba diciendo, el Gobierno ha actuado en estos tres campos que se reconocen en la propia PNL: en impulsar el II Plan nacional de derechos humanos, en el Plan nacional de responsabilidad social y empresarial y en el Plan de derechos humanos y empresas que recoge y que implementa ese II Plan de derechos humanos con los principios rectores del informe Ruggie que aquí se ha comentado en estos tres pilares: proteger, respetar y remediar.

Para terminar, señorías, porque no tengo mucho tiempo, me gustaría decir que además esta proposición no de ley recoge cuestiones muy importantes como es incorporar todos estos aspectos a la futura ley de acción exterior del Gobierno de España y también al fomento de la marca España que, sin duda, son elementos muy importantes. Además, se recoge también el informe que se llevará a la Comisión Constitucional de las iniciativas que las administraciones públicas españolas hayan adoptado en esta materia. En este campo también me referiré a la ley de transparencia que va a presentar el Gobierno y que sin duda beneficiará a todo lo que hoy se está diciendo aquí en el ámbito de la Administración pública. También se informará a las comisiones que se vean afectadas de la coherencia y la evaluación que hay entre los tres planes que acabo de decir en los que está trabajando el Gobierno y que se impulsan con este mandato de esta proposición no de ley.

Señorías, se dice siempre que nada será igual después de esta crisis. Yo, desde luego, soy una convencida y nuestro grupo también. Por tanto, creo que es un momento muy importante para trabajar y lograr un desarrollo económico sostenible e incluyente en el que empresas y Estado son claves para impulsar sinergias que sin duda van a lograr una más y mejor cohesión social por la que desde luego esta tarde desde nuestro grupo apostamos con esta iniciativa.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Pasamos a la fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Oramas.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el drama que recientemente se vivió en Bangladés puso una vez más en entredicho el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos del trabajo por parte de empresas de nuestro país y de otras naciones de la Unión Europea y de otros Estados occidentales. La precariedad persiste en muchos países castigados por el hambre, precariedad que afecta a las capas más pobres, incluyendo niños y niñas. El hundimiento del edificio en Savar causó más de 1.100 muertos y 2.500 heridos, cifras dramáticas que certifican por sí solas la precaria situación en que trabajan miles de personas en empresas que son subcontratadas por multinacionales internacionales, empresas que, como en anteriores ocasiones, se han apresurado a firmar un acuerdo para asumir por enésima vez la responsabilidad social que les corresponde y que nunca han cumplido a rajatabla.

Durante la primera década de este siglo, como nos recuerda Manuel Escudero en un reciente artículo, el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas fue imparable. Surgieron iniciativas como el Pacto mundial de Naciones Unidas y proliferaron las iniciativas regionales. Las entidades privadas comenzaron a mostrar sensibilidad al comportamiento responsable y casi todas las grandes empresas crearon departamentos dedicados a incrustarla en su estrategia corporativa. El escaso peso que tiene la responsabilidad social de las empresas en la agenda de los consejos de administración, tanto en España como en otros países, es una realidad. Es cierto que otras preocupaciones más inmediatas y urgentes, como la ausencia de alimentos, agua o energía, se encuentran entre las prioridades de la comunidad internacional. Sin embargo, existen otros problemas enquistados en los países más pobres como el que hoy debatimos en esta Cámara y cuya resolución o parte de ella se encuentra en el informe de Ruggie al que alude la PNL del Grupo Socialista.

Termino. España no puede renunciar a incluir en su normativa y en sus planes específicos las directrices que plantea Ruggie en sus principios rectores. Los ciudadanos y la sociedad en general esperan y exigen que las empresas desempeñen un papel destacado en el desarrollo y aumento de la calidad de vida de sus trabajadores, de sus comunidades y del país. Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, señora presidenta, la propuesta del Grupo Socialista podríamos decir que habla de responsabilidad social corporativa, pero en realidad trata sobre derechos humanos, sobre anteponer a las personas por encima de los balances de las empresas. Más allá de que hoy en día todo parece responder a las cuentas de resultados de las empresas, sean políticas privadas o bien sean públicas, estamos hablando de responsabilidad social y de buenas prácticas empresariales, pero permítanme que les diga que simplemente deberíamos hablar de que las empresas no cometan delitos, estén en el país que estén. El hecho de que exista una legislación menos dura en otros países no debería en ningún caso ser causa suficiente para que un empresario se aproveche del sufrimiento de los trabajadores. El ejemplo más claro y que nos viene a la cabeza es el hundimiento de un edificio en Bangladés donde había trabajadores fabricando ropa para empresas de esas que luego tanto les gusta a ustedes incluir en la marca España. Esto también tenemos que decirlo.

Según la última publicación de International Labor Rights Forum, desde 1990 centenares y centenares de personas han perdido la vida en las fábricas de ropa de Bangladés. Una cifra similar es la de las muertos en el derrumbe del edificio Rana Plaza en Savar, Dacca. Hace unos meses también se produjo un incendio en Tazreen, en el que murieron 112 personas y hubo más de un centenar de heridos. Estos son algunos ejemplos centrados en Bangladés, que es donde las empresas transnacionales llevan ahora la confección de su ropa. En todas las tragedias que les he citado había talleres que no respetaban las condiciones laborales oportunas y que producían para las empresas estadounidenses y europeas, incluyendo también evidentemente empresas españolas.

Asimismo -y voy acabando-, se considera oportuno que los gobiernos occidentales tomen medidas para que las empresas en su producción cumplan con los derechos humanos. Por ello, apoyaremos esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista y la transaccional que se ha pactado, porque, aunque el textil es seguramente el caso más escandaloso, no es el único ejemplo de condiciones infrahumanas de trabajo que se convierten en grandes beneficios para empresas de todos hoy conocidas.


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Para acabar, déjenme añadir también la necesidad de mejorar la responsabilidad social corporativa no solo de estas empresas transnacionales, sino de todas las empresas, porque cada vez debemos mirar más también a las empresas ubicadas aquí, en el Estado español, que debido a la crisis y a una legislación cada vez menos exigente miran más su resultados y dejan de lado a los trabajadores.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidenta, señorías, en primer lugar, desde Amaiur creemos que la propuesta que ha traído hoy el Grupo Socialista parte de un planteamiento erróneo, ya que, como se está demostrando, la responsabilidad social corporativa está siendo la excusa perfecta para que las empresas transnacionales queden liberadas de cualquier tipo de obligatoriedad respecto a la materia de derechos humanos, de derechos laborales y de derechos medioambientales. En el mundo global en el que vivimos observamos que los contratos de explotación, las normas de comercio, las inversiones bilaterales, regionales, multilaterales son imperativos, esto es, tenemos un ius mercatorum obligatorio y reglado, y enfrente tenemos una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y sin exigibilidad. Como ven, esto es la idea de asimetría y de aplicar un exponente más de la lógica neoliberal a las empresas transnacionales.

En segundo lugar, sobre las propuestas de John Ruggie y el marco normativo aprobado en 2011 y su adaptación para el ordenamiento jurídico español, creemos que es más de lo mismo. Aunque pueda parecer un paso más comprometido, sigue siendo voluntario y no genera nuevas obligaciones en el derecho internacional. Estoy de acuerdo con lo que se decía sobre la catástrofe ocurrida en Bangladés -que, como todos sabemos, no ha sido una catástrofe natural- y, como todos aquí, también creemos que no se puede volver a repetir; y para ello hace falta un marco normativo. Empresas españolas -como ya las han dicho antes, las voy a nombrar- como Mango o El Corte Inglés no solamente deben pagar indemnizaciones, sino que deberían ser juzgadas en Europa por gravísimos crímenes contra los derechos humanos. Por ello, y como ya defendimos en la Comisión Mixta para la Unión Europea, creemos que se debe fomentar la creación de un marco normativo europeo de control de las empresas transnacionales.

Es cierto que íbamos a votar a favor de ciertos puntos y en contra de otros, pero, como la transaccional se va a votar en su conjunto, nos abstendremos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Jáuregui, quiero felicitarle también por la pertinencia y oportunidad de la presentación de esta iniciativa. Si me permite la reflexión, señor Jáuregui, resulta un tanto dramático que estas iniciativas se presenten después de hechos tan luctuosos como lo sucedido en Bangladés con más de 1.500 muertos cuando este es un tema antiguo. Usted y yo hemos hecho -si me permite la expresión coloquial- numerosos bolos hablando de la responsabilidad social corporativa por todos los puntos del Estado español. Es un tema antiguo y desde el año 2000 se especula intelectual e institucionalmente. En el año 2006 se plantearon las conclusiones de una comisión de este propio Parlamento, existe el informe Ruggie, la Asamblea y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han pronunciado y la Ley de Economía Sostenible -una ley importante- en virtud de la transposición de una directiva incorporó algunos de los elementos del informe Ruggie y algunos elementos que configuran los derechos humanos que las empresas deben observar cuando son empresas de carácter transnacional o multinacional.

Pero, señor Jáuregui, con todo el respeto que le profeso, la reflexión que se puede hacer aquí resulta, en primer lugar, de carácter elíptico. Tenemos que invocar a las empresas a que asuman su responsabilidad social corporativa, pero no sería malo aprovechar la oportunidad para también realizar una invocación a los consumidores españoles, porque las empresas que trabajaban en Bangladés -que es el ejemplo al que usted se ha referido recurrentemente- son empresas de consumo masivo por parte de los ciudadanos del Estado español. Tienen un consumo absolutamente masivo por su calidad y fundamentalmente por sus precios. No solo eso, sino que le podría citar otros ejemplos de cómo pueden abaratar los precios y ser tan competitivas esas empresas. No solo están fabricando sus productos en países donde el dumping


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social y la deslocalización son prácticas absolutamente habituales, sino que algunas de estas empresas españolas -que algún portavoz que me ha precedido ha citado con nombres y apellidos- tienen a sus trabajadores en barcos en alta mar en aguas internacionales para trabajar sin los requerimientos de los convenios colectivos de aplicación. Los ejemplos y la casuística en materia de dumping social y de precarización de las relaciones laborales serían infinitos. Por tanto, la invocación a la responsabilidad social de las empresas -es una reflexión que yo le hago a título personal y con carácter amistoso- quizá no la deberíamos vincular a hechos dramáticos o sucesos luctuosos que provocan una gran dimensión mediática respecto a este problema, sino que deberíamos mantener cierta permanencia en la invocación respecto a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.

Usted ha retirado -y me sorprende- una reflexión respecto a la intervención del Poder Judicial o de la Administración de Justicia en el ámbito de la tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales. La Ley de Economía Sostenible en su artículo 39 ya incorpora al ordenamiento jurídico español algunos requerimientos que son derecho positivo -y que pueden ser invocados ante los tribunales de Justicia- vinculados a la sostenibilidad en materia medioambiental, a la sostenibilidad en materia de actividad local, a la igualdad entre hombres y mujeres, a las retribuciones razonables y suficientes para mantener la calidad de vida a que todos los ciudadanos tienen derecho, etcétera. Ya forman parte del derecho positivo del Estado español a través de las menciones del artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible. En todo caso, no hay derecho positivo suficiente. Me imagino que ahí estará la razón de la exclusión de este principio, de esta mención en la transacción que usted ha configurado con tanta brillantez: la exclusión de la Administración o de la actuación de la Administración de Justicia dimanará del hecho de que no hay derecho positivo suficiente para que los jueces y tribunales del Estado español puedan actuar mediante la aplicación. Me imagino que será esta la razón, pero un informe por parte del Consejo General del Poder Judicial o una invocación a una Administración de Justicia cada vez más beligerante en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas no hubiese venido mal.

Nos llama la atención la invocación de la marca España, pero desde la perspectiva de los requerimientos de esta iniciativa que usted presenta. La marca España debería estar cimentada sobre problemas que no dimanen de instrumentos internacionales, particularmente del informe Ruggie o de la Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino de la precarización que estamos incorporando en nuestras normas, también laborales, a nuestro mercado laboral, a las políticas económicas, donde se está empobreciendo crecientemente a la población del Estado español, se están incrementando los niveles de pobreza y de exclusión social, se está privando de elementos de cohesión a la sociedad española mediante una especie de desestructuración del Estado del bienestar que se ha ido configurando a lo largo de muchos años, de mucho trabajo y de muchas luchas por parte de los trabajadores fundamentalmente. La marca España debería basarse en criterios vinculados al ordenamiento jurídico español, muy regresivo en los últimos tiempos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, debe usted acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, señora presidenta.

Es una mención que usted hace, y si usted piensa que se puede realizar apología de la marca España con lo que está sucediendo en la política española y en las propuestas gubernamentales del Estado español en los últimos tiempos, lo hará bajo su responsabilidad. Yo le voy a apoyar en su totalidad, porque esta es una iniciativa de carácter transnacional, es una iniciativa vinculada a los derechos humanos y libertades públicas vinculadas a la actividad empresarial, que siempre ha sido un mundo opaco o hermético, resistente y renuente...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esa perspectiva, solo por la bondad y porque usted y yo nos entendemos en esta materia perfectamente, voy a votar favorablemente, incluso con entusiasmo, esta proposición que ha presentado y ha defendido con tanta brillantez.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, señor Jáuregui, quiero agradecerle no solamente la oportunidad de traer hoy aquí este debate, la propuesta que trae el Grupo Socialista, sino también la generosidad con la que usted nos ha propuesto poder unirnos a ella. Vamos a votarla favorablemente a priori, a pesar de que teníamos algunos peros y queríamos hablar sobre algunas de las cosas que nosotros habíamos presentado en esta Cámara en una propuesta hace ya algunos meses. De todas formas me gustaría utilizar un tiempo para contárselas a usted, para contarlas en esta Cámara. No me gusta el sentimentalismo y voy a intentar huir de ello porque no estamos aquí para eso -en algunos momentos se ha visto el tono que se ha usado aquí-, y tampoco me gusta esa sensación que tengo a veces cuando se habla de política social en esta Cámara o en algunas de las comisiones, ya que parece que hacemos simplemente declaraciones voluntaristas pero que luego no se ven reflejadas nunca en ningún lado, no tienen acompañamiento económico o no terminan cuajando. Esperemos que esto no ocurra con la propuesta que se ha transado finalmente aquí hoy.

Estoy también muy de acuerdo con algo que ha dicho el señor Olabarría en cuanto al llamamiento al consumidor. A veces uno tiene dudas de si tenemos herramientas suficientes como para influenciar en la forma en que se trabaja en aquellos países. Evidentemente, sí tenemos herramientas para intentar ayudar a obligar premiar -o como se quiera explicar- a aquellas empresas que sí tengan en cuenta esa responsabilidad social corporativa, pero desde luego creo que podemos tener una gran oportunidad de concienciar a los españoles. Por supuesto yo no tengo ningún miedo a usar la marca España, señor Olabarría, como se puede imaginar, ya que hemos hablado aquí a menudo sobre ello y hemos intentado animar a que se haga de forma más eficiente. Creemos que se puede potenciar mucho la idea de que los consumidores pueden ser responsables en cuanto a las consecuencias que puede tener consumir una marca u otra según esté teniendo una responsabilidad social corporativa o no. El concepto de la responsabilidad social corporativa engloba ámbitos muy distintos, es la integración por parte de todas esas empresas y organizaciones de las preocupaciones de sus grupos de interés, especialmente en lo relativo a derechos humanos, sociolaborales, medioambientales y transparencia y rendición de sus actividades.

Señorías, una organización que se limita a cumplir con las leyes de un país, no es una empresa responsable, es meramente una empresa legal. Nuestro grupo, como he dicho, ya presentó aquí una PNL que trataba de este tema y en ella alertábamos sobre todo de la escasa sinergia entre políticas públicas y la existencia de unas reglas y principios de referencia que no resultan lo suficientemente claros y que son en exceso generalistas y carecen de verdaderos sistemas de control y seguimiento. Hay un enorme conglomerado de normas, certificaciones y orientaciones que confunden y es necesario un estándar internacionalmente reconocido. Aquí es donde hay dificultad y aquí es donde realmente hay que avanzar. Hacen falta memorias de sostenibilidad con más información que cuenten el impacto en terceros países. No existen verdaderas auditorías éticas. Se confunde responsabilidad social corporativa con la filantropía y con la acción social. Hay un claro riesgo de instrumentalización cosmética. Hace falta una mayor recompensa a los mejores. Hace falta atender de una manera más eficiente a la implicación de la sociedad civil, a la competencia desleal. Hace falta analizar la relación entre competitividad y responsabilidad social corporativa e involucrar a las empresas de las economías emergentes. Por todo ello nosotros pedíamos desarrollar un marco normativo favorable, mecanismos de control, fomentar ese marco fiscal también favorable, creación de incentivos a través de etiquetado. Esto se comunica un poco con lo que decía el señor Olabarría: formación, concienciación, investigación del tema, desarrollar un plan nacional de responsabilidad social corporativa.

Nosotros votaremos a favor, ya he dicho, de la propuesta que nos ha traído aquí. Es más, la hemos firmado. Es cierto que a veces nos ha parecido que era un poco ambigua y que le faltaba concreción. No me voy a alargar más acerca de esto porque ya se me va acabando el tiempo. Nos sumamos a ese texto, pero nos gustaría repetir el llamamiento a los consumidores, el llamamiento aquí a las fuerzas parlamentarias para que intentemos ejercer una influencia en ellos y así podamos tener ayuda. Hay que ayudar también a los consumidores a que se fidelicen a esas empresas que tienen ese tipo de comportamiento, pero también nuestros Gobiernos deben y pueden premiarlos de alguna forma. Deben fomentar las herramientas suficientes para que las empresas que sí cumplen con esa responsabilidad social corporativa no sufran de alguna forma la competencia desleal de todas aquellas empresas que no lo hacen. De esa forma estaremos poniendo un granito de arena y ayudando a los trabajadores que viven en esos países donde


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se dan esas malas prácticas y también estaremos ayudando a las empresas de aquí que sí cumplen con esa responsabilidad.

Para acabar, nos sumamos al texto que se ha negociado aquí, esperamos seguir avanzando en ese importante camino y, eso sí, deseamos que no pase como sucede algunas veces, que todas estas declaraciones terminan convirtiéndose en una mera declaración de intenciones que no va a ninguna parte.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Nuestro grupo retira el texto original y se somete a votación el texto que hemos presentado transaccionado con el Grupo Popular, con Convergència, con UPyD, con PNV y con algunos miembros del Grupo Mixto que creo que han suscrito, a su vez, el mismo documento.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Gracias, señor Jáuregui.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO A LA HORA DE TRANSFORMAR EN AUTOVÍAS AQUELLAS CARRETERAS QUE DISCURREN DE MANERA PARALELA A AUTOPISTAS DE PEAJE, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA N-II Y N-232 EN SUS TRAMOS ARAGONESES. (Número de expediente 173/000081).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y la N-232 en sus tramos aragoneses. Para su defensa tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, muchas gracias.

Señorías, el pasado 24 de abril tuve la oportunidad de interpelar a la ministra de Fomento sobre dos obras que son fundamentales en Aragón, pero que también deben serlo para el conjunto del Estado, porque permitirían completar dos ejes viarios tan importantes como el que une las ciudades de Madrid y Barcelona y el que une el País Vasco con el País Valenciano. Me refiero a los desdoblamientos de la N-II y de la N-232 en sus tramos aragoneses, donde se concentran accidentes todos los meses. Llevamos ya 206 muertos en los últimos once años. Estadísticamente podemos hablar de un muerto cada diez días. Este fin de semana se ha producido el último accidente en la N-232, en Mallén, una colisión frontal de dos vehículos con el saldo de un muerto y dos heridos graves, y ayer mismo por la tarde tuvo lugar el último accidente en la N-II: una colisión de tres camiones y un turismo entre Alfajarín y Nuez de Ebro, con otros dos heridos graves. Esa es la realidad cotidiana que nos resistimos a aceptar. Desde luego esa es la realidad que nos trae aquí a exigirle al Gobierno que reaccione, que actúe sin dudas y sin contradicciones.

Durante la interpelación quise que la ministra esclareciera la posición de su Gobierno acerca de los desdoblamientos de carreteras que circulan en paralelo a autopistas, porque se habían producido en los años anteriores declaraciones contradictorias, tanto por parte del secretario de Estado de Infraestructuras como del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; declaraciones contradictorias que habían causado un profundo malestar en Aragón. Es cierto que la ministra no citó expresamente esas contradicciones, pero se reafirmó en los compromisos a favor de los desdoblamientos de la N-II y de la N-232 y descartó la liberación de peajes de la AP-2 y de la AP-68 como alternativa a los desdoblamientos. Por lo tanto, para que no hiciéramos nada que pudiera servir como excusa para acumular nuevos retrasos, desde nuestro grupo decidimos tomarle la palabra a la ministra y enfocar la moción exactamente en los términos en que lo hemos hecho. Nos gustaría desde luego que a partir de ahora ya no hubiera dudas, ya no hubiera contradicciones en el seno del Gobierno con respecto a esta cuestión.

Nuestro principal objetivo en esta moción es concitar el máximo apoyo parlamentario posible en torno a una fecha para el inicio de las obras, no digo para los estudios, no digo para la redacción de proyectos, digo para el inicio de las obras. Los aragoneses queremos ver máquinas trabajando cuanto antes, solo así vamos a creernos que de verdad los desdoblamientos van en serio. Y hablamos de una fecha


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suficientemente asequible que no debería ser rechazada por el Grupo Popular. Hablamos de que las obras comiencen antes de finalizar la legislatura. Es un margen suficientemente generoso para la ministra de Fomento, aunque en los dos primeros presupuestos del Gobierno Rajoy todo han sido excusas. Ha habido dilaciones conscientes y por eso nosotros queremos hechos, queremos ver máquinas trabajando antes de que acabe la legislatura y ojalá las obras puedan concluir antes de que acabe la legislatura, pero en todo caso que empiecen ya cuanto antes. Desde luego si el Grupo Popular no puede aceptar este plazo tan generoso, sinceramente, apaga y vámonos. Sería una muy mala noticia para los aragoneses la que se recibiría aquí si no hubiera un acuerdo en torno a ese plazo.

El cuerpo central de la moción pide acelerar la tramitación y consignar recursos presupuestarios suficientes para que antes de finalizar la presente legislatura comience la ejecución de los desdoblamientos de la N-II y de la N-232 entre Mallén y Figueruelas. Aquí incluimos una novedad. Somos conscientes de los problemas ambientales que se han generado en el tramo entre Alfajarín y Pina de Ebro y por eso, en coherencia con una respuesta que nos facilitó el ministerio, proponemos liberar permanente y completamente el peaje de la AP-2 entre esas dos localidades y acometer el desdoblamiento de la N-II solo a partir de Pina, es decir entre Pina de Ebro y Fraga. De forma complementaria y transitoria, mientras duren las obras y por razones de seguridad vial, reclamamos también la liberación completa del peaje de esas autopistas, la AP-2 Alfajarín-Fraga y la AP-68 Alagón-Tudela, mientras duren las obras. Finalmente, aunque en la moción va antes porque es algo inmediato, solicitamos que se implemente ya, de acuerdo con el Gobierno de Aragón, la liberación completa para camiones y vehículos pesados en los tramos de las autopistas AP-2 Alfajarín-Fraga y AP-68 Alagón-Tudela. Actualmente solo está bonificado en un 50 % y financiado solo por el Gobierno de Aragón para camiones en una pequeña parte del trazado, en concreto entre Alfajarín y Pina, pero ese parche no está funcionando. Según datos del propio ministerio, ni el 3 % de los camiones que llenan esa carretera sin desdoblar se han pasado a la utopista. Por tanto, hay que ampliar la bonificación para el itinerario completo y de forma inmediata. Es fundamental de cara a la seguridad vial hasta que estén finalizadas obviamente las obras de los desdoblamientos.

Concluyo ya. Por respeto a los usuarios de estos peligrosísimos tramos de carretera sin desdoblar, por respeto a las instituciones aragonesas que llevan tanto tiempo reclamando por unanimidad la ejecución de estos desdoblamientos y por la dignidad que merece la ciudadanía afectada, pido a todos los grupos parlamentarios el voto favorable a esta moción. Si alguno finalmente decidiera votar que no, sepa que tendrá que explicarlo, que tendrá que ir a Mallén, a Alfajarín y a todas las comarcas afectadas por este rosario de accidentes y de víctimas, y que lo explique si puede.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.

Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa, señor Guillén.

El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar permítanme que le agradezca al señor Yuste el esfuerzo que ha hecho para lograr una transacción en torno a su moción y a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que los usuarios de estas carreteras seguramente nos agradecerán ese esfuerzo. Pero ello no obsta para hacer alguna afirmación a la que el señor Yuste se refería cuando la señora ministra le contestó a la interpelación el día 24 de abril. Debo de confesarle que algunos asistimos atónitos a lo que la señora ministra dijo: Los políticos hemos de decir siempre la verdad. Desde aquí, desde esta tribuna y en mi boca oirá siempre la verdad de lo que se está haciendo. Y añadió: Tengo un compromiso con Aragón, como lo tengo, por cierto, con otros lugares de España. Pues bien, verdad y compromiso en la boca de la ministra se convierten en vana palabrería que no aguanta el mínimo análisis hecho con rigor. Ya lo dijo el poeta, se tiende a poner palabras allí donde faltan las ideas.

¿Cómo aquel día, señor Yuste, pudo decir la ministra que ella siempre dice la verdad cuando empezó su intervención con una gran falsedad sobre la que sustenta todo su argumento respecto a las infraestructuras en Aragón? Ni compareció la ministra en el Congreso de los Diputados el día 14 de marzo de 2012 como dijo, ni por lo tanto dijo en el Congreso lo que dice que dijo. La verdad es que entre su comparecencia en el Congreso, que fue el 9 de febrero -y no el 14 de marzo-, y lo que dijo en el Senado -eso sí, el día 14- hay una diferencia sustancial. Tenemos que encontrar el modo de que lo prioritario sea prioritario. Bonita butade. Así, lo prioritario para ella en Aragón es completar el itinerario Pamplona-Jaca-Huesca-Lleida, la autovía Daroca-Calatayud, la autovía Ávila-Cuenca-Teruel y la autovía Alcolea-Monreal. Eso es lo prioritario para la ministra y nada dice de los desdoblamientos de la N-II o de la N-232.


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En el Senado -ahí sí, señorías- el día de su comparecencia explicó qué infraestructuras contenía el Pitvi, con un horizonte hasta el año 2024, y ahí sí nos dijo que estaban contemplados esos dos desdoblamientos. Horizonte 2024, por lo tanto ninguna prioridad. Primera gran falsedad.

Segunda falsedad. No existe compromiso alguno del ministerio con los desdoblamientos de la N-II y de la N-232. La ejecución presupuestaria del año 2012 y las consignaciones del ejercicio del año 2013 así lo aseveran; consignaciones presupuestarias que ni el propio Partido Popular de Aragón acepta, señorías. Miren ustedes, el periódico de mayor tirada de Aragón hablaba de los presupuestos de 2013 y decía: El Gobierno de Rajoy aprueba el peor presupuesto para Aragón en veinte años. Pero no se quedan ahí. El consejero de Presidencia del Partido Popular manifestó: No vamos a defender lo indefendible y esto es indefendible. Partido Popular de Aragón, reacciones a los presupuestos del año 2013. La única certeza, señor Yuste, es que tanto el secretario de Estado como el propio presidente del Gobierno han manifestado en alguna ocasión que hay una decisión política que pasa por no hacer competencia desleal a las concesionarias de las autopistas.

Vamos a hablar de herencia o, si les parece mejor, señores del Grupo Popular, de lealtad institucional que se deben los distintos Gobiernos. ¿Cómo se encontró la señora ministra estas infraestructuras? Se encontró un estudio informativo de duplicación de la N-II entre Alfajarín y Fraga pendiente de impacto ambiental. Se encontró los proyectos casi acabados de la N-232 entre Figueruelas y Mallén y entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro y se encontró los primeros estudios informativos entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa. ¿Que eso es poco? Seguramente, pero es lo que le da la oportunidad al Partido Popular, si tiene de verdad compromiso político, de poder licitar estas obras de manera inmediata. ¿Cuándo? Ahí se demuestra ese compromiso, pero como no tiene ningún compromiso con Aragón, sencillamente se negó a dar fecha alguna.

Por cierto, los que le hicieron el power point a la señora ministra faltaron de nuevo a la verdad. Es cierto que fue un Gobierno del Partido Popular el que inauguró un tramo de 10 kilómetros entre Zaragoza y El Burgo, un desdoblamiento que no es desde el punto de vista técnico igual a un nuevo trazado de autovía, pero es rotundamente falso que el anterior Gobierno del Partido Socialista hiciese cero kilómetros en esa infraestructura: 10 kilómetros de la variante de Alcañiz, 7,5 kilómetros de la variante de Fuentes y 7 kilómetros de la variante de El Burgo son algo más que cero y son desde luego mucho más que los 10 kilómetros que hizo el Partido Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Guillén, tiene que finalizar.

El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Voy terminando.

¿Hasta dónde llega el compromiso del Partido Popular con Aragón? Tengo que reconocer que hasta ahora llega a dos rotondas provisionales que ha hecho el Gobierno entre Alfajarín y Nuez de Ebro.

Concluyo, señora presidenta. Por llamar al pan pan y al vino vino, primero, los presupuestos generales de 2013 han supuesto una caída del 37 % para Aragón, que en el ranquin de comunidades está en el puesto 10. Segundo, las licitaciones llevadas a cabo en Aragón en 2012 han caído entre el 85 % y el cien por cien. En Teruel, que es mi provincia, cero, señor Lanzuela, cero.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Guillén.

El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Termino.

De cada 100 euros que se invertían en 2008 con un Gobierno socialista ahora se invierten 37. Por tanto, ni verdad, ni compromiso, ni lealtad. Lo que podemos esperar del Gobierno popular es tan solo resignación.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillén.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto. Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Vaya por delante que compartimos con el compañero Yuste, de la CHA, su PNL sobre liberalizar los tramos de la AP-2 y de la AP-68, pero observamos con preocupación que la ministra de Fomento, ante la posible quiebra de las concesionarias de autopistas de Madrid, valora su rescate financiándolo con el alargamiento de otras concesiones, valencianas, catalanas, etcétera. En definitiva, la autopista AP-7, que discurre a lo largo de todo el territorio valenciano, se ha pagado de sobra. La última concesión fue


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prorrogada en 2006 por el Gobierno del señor Aznar por trece años más, hasta el año 2019. La concesión debería haber finalizado en 1998 y además es la autopista de peaje más cara del Estado español. Por eso nos preocupan las noticias que aparecen referentes a la señora ministra, porque me parece que las intenciones de la señora ministra no van en la dirección de liberalizar las autopistas sino justamente en la dirección contraria. Su idea ahora es financiar con el dinero de todos el rescate de las autopistas de peaje montadas con informes falsos de viabilidad en otros territorios, en lugar de perseguir a los culpables. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién dijo que eso era viable? Dado que la responsabilidad si no es viable recae en el Estado según el contrato firmado, este dato sí es importante. Por eso, a Compromís-Equo nos preocupa cuánto va a costar la creación del banco malo de las autopistas, cuánto nos van a costar las malas decisiones del Ministerio de Fomento, porque seguramente con ese banco malo pocas autopistas vamos a liberalizar.

Nos preocupan estas declaraciones de la ministra de alargar incluso hasta el año 2021 su concesión, porque hay ciudades como Oliva que llevan muchísimos años pidiendo una circunvalación, que se hubiera resuelto con la liberalización de esta autopista, porque se está condenando a muchos conductores a pasar por una travesía lenta, peligrosa y conflictiva, y a los ciudadanos a soportar un tráfico muy intenso. Además el Partido Popular apoyó en las Cortes Valencianas que no se prorrogue la concesión de la autopista AP-7. Por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a la propuesta defendida por el señor Yuste, porque la prioridad de Compromís va en la línea de rescatar las autopistas para que ofrezcan un buen servicio y sobre todo para que mejoren la seguridad de los conductores.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, la N-II, una de las carreteras radiales que une Madrid con la frontera francesa, en su paso por las comarcas gironinas está a día de hoy sin desdoblar y en un estado de extrema dejadez y precariedad. Solo en el año 2012 se han registrado más de 100 accidentes y 12 muertos. Bautizada esta carretera como el corredor de la muerte, es una carretera insegura y lenta. Con más de 25.000 vehículos diarios y, hasta hace cuatro días, con más de 1.000 camiones/día, continúa siendo en el año 2013 una vía con obras inacabadas y parches, una infraestructura que acumula promesas y plazos incompletos, atascos, accidentes y pérdidas de vidas humanas, aparte de los agravios económicos que supone el aplazamiento reiterado y sin fecha de su desdoblamiento.

Durante años ni socialistas ni populares han sido capaces de desdoblar esta carretera que curiosamente discurre paralela a la autopista AP-7. En el año 2006, el Ministerio de Fomento firmó un convenio con la empresa Abertis para la construcción del tercer carril de esta autopista. Con una inversión de más de 350 millones de euros, Abertis consiguió una línea de crédito con las entidades bancarias, principalmente con la Caixa de Pensions, accionista principal de Abertis, con un convenio que establece compensaciones económicas si los ingresos no son los previstos. A día de hoy, esta obra y este convenio se han convertido en un negocio millonario que supone a nuestro entender un impedimento para el desdoblamiento de la nacional. Permítanme que formule tres preguntas muy claras y muy sencillas. ¿Es pues este convenio la causa principal para no desdoblar la N-II? ¿Podemos afirmar que el negocio de los peajes impide desdoblar la N-II? ¿Es esta carretera, aparte de la carretera de la vergüenza, aparte de la carretera de la muerte, ahora ya la carretera también de la especulación?

Hace pocas semanas la Generalitat de Catalunya y el ministerio redactaron un convenio para que los más de 1.000 camiones que pasan por esa infraestructura dejen de pasar y pasen de manera bonificada por la autopista, por la AP-7. Señorías, a nuestro juicio esto es otro parche, un parche más en esta historia de despropósitos, porque, por más bonificaciones que haya, los transportistas tendrán que pagar peaje, y esto lo sufrirá la economía gironina y a la vez la economía catalana en general, y evidentemente solo beneficiará y dará negocio una vez más a Abertis.

Esquerra Republicana de Catalunya siempre ha defendido que la solución definitiva es el desdoblamiento de la N-II y que, mientras duren las obras, la autopista, la AP-7, sea gratuita. Para nosotros las conexiones internacionales son importantísimas, para Cataluña son vitales. Entendemos que también tienen que serlo para Francia y para España.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco, señora Sánchez Robles. (Denegación). Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.

Señor Yuste, he escuchado con mucha atención su intervención y, sin restar ni un ápice a la gravedad del asunto de los tramos de alta siniestralidad en Aragón y en otros puntos de España, francamente no termino de comprender cuál es el hecho diferencial del desdoblamiento vial aragonés y creo que es un error de planteamiento fundamental de este debate, como ocurre muchas otras veces en esta Cámara. Si estamos hablando -usted lo ha dicho- de que no es un problema local, sino que también afecta al Estado, puesto que afecta a una gran ruta como es la comunicación entre Madrid y Barcelona; si es una carretera del Estado que afecta a la red viaria del Estado, se deberá plantear el problema del desdoblamiento y de la alta siniestralidad en el conjunto de un debate nacional sobre los tramos de alta siniestralidad que hay en muchas otras partes de España. Si se trata de una carretera de ámbito autonómico, entonces este no es el lugar donde plantear el debate. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ubicación nos parece confuso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En cuanto al fondo del asunto, creemos que la moción plantea cuestiones que son contradictorias. ¿El desdoblamiento será necesario? Probablemente sea necesario, sería una cuestión que habría que estudiar. ¿Liberar el peaje es necesario? También es una cuestión que se puede estudiar. Lo que nos parece que no se puede es plantear las dos cosas al mismo tiempo, porque estaríamos creando una duplicidad, un despilfarro; el despilfarro de todos los años anteriores que es en gran medida el que ha llevado a la situación de quiebra que ahora paraliza proyectos como el que usted trae hoy a colación, paraliza que se pueda seguir adelante con ellos.

No solamente está este problema de ese desdoblamiento específico. Hay un problema mucho más grave provocado por los recortes, como la falta de inversión en mantenimiento de las autovías, y creemos que es necesario tener un debate -insistimos- de carácter nacional sobre todo este deterioro de la red viaria que se está produciendo en todo el país, y no localizarlo y que en cada Pleno semanal el asunto pintoresco del día sea de qué pueblo de la geografía española vamos a hablar como punto negro de las carreteras. Por este motivo y por esta confusión que nos parece que hay en el planteamiento de la moción, nos abstendremos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

(Continúa su intervención en aragonés, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: E como diziba un biello amigo, se puede amar Aragón en castellano, en aragonés y en catalán. As tres luengas fan parti d'a nuestra Istoria). Son, señor Yuste, palabras de su compañera, la diputada Nieves Ibeas, ante las Cortes de Aragón y son palabras que quiero agradecerle en nombre de toda la comunidad catalanoparlante, evidentemente, de parte de Aragón, del País Valencià, de Catalunya, de las Illes Balears, del Rosselló y de L'Alguer. Creo que la defensa que hizo no solamente de la fabla aragonesa que he utilizado en una breve expresión sino del catalán les honra a ustedes y quiero en nombre de mi partido y en nombre de Convergència Democràtica de la Franja agradecérselo a ustedes. Muchas gracias por lo que ustedes están haciendo en defensa de la fabla aragonesa y del catalán en Aragón. (Aplausos).

Vamos a hablar de carreteras, de autopistas. Le anuncio -se lo he dicho antes- que nosotros vamos a votar a favor de su iniciativa. Sé que ustedes van a aceptar una enmienda del Grupo Socialista. En cualquiera de los casos vamos a votar favorablemente no solo porque podemos compartir el cien por cien de sus soluciones -que ustedes conocen mucho mejor que nosotros y Convergència i Unió va a respetar lo que ustedes planteen; nos parece bien que ustedes plateen aquella solución para Aragón que crean mejor los aragoneses-, sino también porque hay algunas cuestiones que creo que son buenas para una reflexión de orden general y que seguramente muchos diputados y diputadas debemos compartir.

En primer lugar, hay una cuestión básica. Cuando le oía a usted me parecía oír a don Jordi Xuclà cuando reiteradamente en esta Cámara ha defendido lo mismo que usted defiende para Aragón para la provincia de Girona, para la N-II, para la misma carretera -lo decía también la señora Jordà-. La


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problemática es exactamente la misma: una vía de peaje, una vía libre, una problemática económica, unos camiones que no pasan por la vía de peaje porque evidentemente las cosas están como están, que pasan por una carretera que no es adecuada para el tráfico, y un elevado -elevadísimo- índice de mortalidad que afecta a ustedes y que afectaba -y de hecho esto se está mitigando ya en Girona desde que se han tomado medidas últimamente- a la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, en primer lugar, la seguridad, y desde este punto de vista tiene usted toda la razón, hay que dar inmediata solución a la problemática, garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos lo primero, y aquí va a tener usted todo el apoyo de Convergència i Unió.

A partir de aquí, ¿la modalidad de la solución? Hombre, nosotros siempre preferimos soluciones racionales, soluciones que sean sostenibles, que no supongan duplicar infraestructuras, que no supongan tener construidas dos vías paralelas una al lado de la otra, una de pago y otra no de pago, lo cual hace que los ciudadanos normales utilicen una y no otra, pero que en definitiva se produzca un mal uso de los recursos públicos, pero aquí ustedes sabrán la solución que conviene más a Aragón. Yo creo que la filosofía adecuada es: seguridad vial, buen uso de recursos públicos, y en función de estos dos criterios, ustedes sabrán aquello que mejor les conviene.

De todas maneras, aprovechando que estamos hablando de esta cuestión, tenemos todos los señores diputados y las señoras diputadas una gran responsabilidad cuando la ministra traiga a esta Cámara la discusión del Pitvi, cosa que espero que haga, y espero que haga por cierto como no hicieron sus antecesores, porque aquí no pudimos discutir el PEIT, nos lo tuvimos que tragar con patatas, tampoco pudimos discutir el PIT de Álvarez-Cascos, también nos lo tragamos con patatas; aquí lo único que se discutió de alguna manera fue el Plan director de infraestructuras del ministro Borrell, que durante un año fue debatido intensamente por expertos y por los diputados en la Cámara. Por tanto yo hago aquí un llamado -como dicen los hispanohablantes de Sudamérica- a todos los diputados y especialmente a la señora ministra para que podamos discutir de verdad el Pitvi, y entonces seguramente tendremos ocasión de ver cuáles son las mejores soluciones conceptuales que se deben aplicar con igualdad de derechos a todos los españoles, porque como usted sabe ni los aragoneses ni los catalanes tenemos los mismos derechos que muchos otros españoles desde el punto de vista de la movilidad. Ustedes tienen que pagar para circular por una vía correcta, nosotros también, y si queremos circular por una vía que esté en condiciones, las cosas van como van.

Por tanto yo creo que el Pitvi va a ser la ocasión para resolver estas cuestiones, pero de entrada sabe usted que cuenta con nuestro apoyo y, repito, nuestro agradecimiento a su fuerza política, también al Partido Socialista de Aragón, y especialmente transmítale a la diputada Nieves Ibeas este caluroso apoyo por parte de todos los catalanoparlantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Lanzuela.

El señor LANZUELA MARINA: Señor presidente, sean mis primeras palabras de recuerdo afectuoso hacia una senadora aragonesa, María Jesús Burró, que precisamente este fin de semana ha fallecido en una de nuestras carreteras aragonesas.

Señor Yuste, me sorprende que vuelva usted a plantear aquí de nuevo determinadas cuestiones que yo creí que se las había explicado excelentemente la ministra, desde esta tribuna y después incluso en privado. Vuelve usted a hablar de contradicciones entre altos cargos -también lo ha hecho el señor Guillén- que quedaron perfectamente aclaradas. Señor Yuste, usted y yo sabemos muy bien lo que ha pasado en Aragón en los últimos diecisiete años, y quién ha hecho las cosas más importantes; usted lo sabe y yo también, en algunas he tenido el honor de participar. Solo citaré dos de las grandes cosas -entre otras- que han pasado en los últimos diecisiete años y qué Gobiernos las hicieron, que eran del Partido Popular. En primer lugar, la A-23 hoy denominada autovía mudéjar, con la que gracias a lo que se hizo entonces, hoy a Valencia, a Teruel, a Zaragoza, a Huesca y más allá de Huesca van los pasajeros por autovía. Qué le voy a contar del AVE, de lo que había en el año 1996, nada, y cómo en un tiempo absolutamente récord llegó a Zaragoza, Lleida y Huesca, dos de nuestras tres capitales. Pero no vamos a hablar ahora del pasado, aunque es conveniente recordar lo que se ha hecho en Aragón, que han sido cosas muy importantes.

Usted ha presentado tres cuestiones, a las que mi adversario y sin embargo amigo, el señor Guillén, ha presentado cinco más. Hay ocho puntos, que darían para un par de conferencias, pero tenemos cinco


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minutos. El señor Guillén se sabe muy bien la historia, aunque la cuente a veces un poquito al revés. Él sabe de mi afecto, aunque en esta ocasión ha dicho cosas de la ministra absolutamente erróneas, por decírselo con la palabra más suave. La ministra desde luego goza de mi total respeto y afecto, y no tiene nada que ver lo que dijo aquí, lo que dijo en la Comisión de Fomento, aquí y en el Senado, con lo que usted ha resumido.

Dice usted que tenemos el peor presupuesto. Ese presupuesto se reformó precisamente para Aragón, y particularmente en el Ministerio de Fomento. Usted sabe muy bien lo que había en ese presupuesto y lo que se podía hacer. En cualquier caso en el año 2013 el presupuesto de Fomento para Aragón es un 18 % más alto que la media nacional. Me gustaría, y a usted también, que fuera mucho más, pero partíamos de unas condiciones que no nos eran nada favorables.

Vuelvo a la materia, señor Yuste, que es quien en definitiva presenta la moción. Con relación a la A-2 y a la A-68, la ministra se ha comprometido aquí y fuera de aquí a que sean dos proyectos del actual Gobierno. Ya le he despejado la duda, porque esto era lo más importante que usted preguntó el otro día. La ministra se ha comprometido con estos dos proyectos. Ahora me dirijo al señor Guillén recordándole, en primer lugar, que en la A-2 desde hace unos cuantos años no se había hecho apenas nada, solo pequeños intentos que luego quedaban en suspenso. Lo último que se hizo fue en 1998, usted lo recordará bien, señor Yuste, cuando se licitó la variante de Fraga y algunos -usted y yo entre otros- pujamos mucho, así como la conexión con la variante de Lleida. Lo hizo un Gobierno del Partido Popular y otro Gobierno del Partido Popular lo puso en servicio en un tiempo récord.

En cuanto a la A-68, señor Guillén, todos sabemos cómo se hizo Zaragoza-El Burgo. ¿Quién lo hizo? El Gobierno del señor Aznar. Cuando usted me cita las variantes de Alcañiz o Fuentes de Ebro no tiene nada que ver con adelantar desde El Burgo de Ebro en autovía, porque lo otro son dos variantes que no tienen nada que ver. Es más, la variante de Alcañiz no sirve para la futura autovía, la A-68, que no pasará por ahí, sino que hay que desviarla, porque ustedes hicieron un estudio informativo mal hecho, que ha estado lleno de protestas en el propio Alcañiz. En cuanto a la autovía, la ministra dijo la verdad, cero kilómetros en ocho años.

En cuanto a la duplicación de la N-II...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe usted ir acabando.

El señor LANZUELA MARINA: En relación con la autovía A-2, reitero el compromiso de la ministra, pero naturalmente hay que hacer todos los estudios previos, el proyecto y después las licitaciones. Si quieren, como no tengo tiempo ahora, después les puedo dar todo tipo de información, pero desde luego este Gobierno está comprometido con esos dos trayectos.

Se han hecho importantes bajadas en los peajes, la última hasta Tudela. Se comprometió a ello aquí la ministra y el pasado día 15 lo cumplió; es decir, pasaron días hasta que lo cumplió la ministra. La ministra ha puesto más de 5 millones de euros para rebajar peajes, que es una cantidad importante.

Por cerrar, en relación con la enmienda que hace el señor Guillén sobre lo que ha pasado en la A-21, pues, mire, de Jaca a Pamplona tenía actuaciones en nueve tramos y quedaban por invertir 348 millones, nada más y nada menos. De los nueve tramos, tres estaban con el proyecto aprobado, dos en servicio, cuatro en obras, pero sin una planificación de continuidad. En la A-23, entre Nueno y Jaca, tenía actuaciones en diez tramos; quedaban 415 millones de euros sin invertir, ocho de los tramos, los que estaban más al sur, en obras...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor LANZUELA MARINA: Señor Yuste, señor Guillén, cuando quieran presentar en lugar de ocho puntos uno o dos lo hablamos, vemos la posibilidad real de hacerlo y mi grupo estará de acuerdo en llegar a un consenso y desde luego en instar al Ministerio de Fomento, siempre que tenga esa posibilidad el ministerio de cumplirlo. Pero presentar aquí tres más luego, parafraseando a los hermanos Marx, cinco huevos duros más, es que eso no se puede ni siquiera debatir. En cualquier caso les reitero a ambos que, cuando quieran hablar de verdad, en serio, con plazos y posibilidades presupuestarias, mi grupo estará abierto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lanzuela.

Señor Yuste, ¿acepta usted la enmienda presentada?


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El señor YUSTE CABELLO: Yo creía que el lugar para alcanzar acuerdos era precisamente el Parlamento, y hubiera deseado una enmienda del señor Lanzuela para poder...

El señor PRESIDENTE: Esta intervención suya es simplemente para decir si acepta o no acepta la enmienda presentada.

El señor YUSTE CABELLO: Voy a alcanzar una transacción con la enmienda del Grupo Socialista, y me hubiera gustado haber tenido una enmienda también del...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA. (Número de expediente 173/000082).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre la reforma educativa.

Tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Estimadas diputadas y estimados diputados, el pasado viernes se perpetró el mayor atentado social a la democracia. En contra de toda la comunidad educativa presentaron su proyecto de ley de educación. A ustedes esta democracia les viene grande. Se sienten más cómodos aplicando el rodillo de su mayoría absoluta, y de paso, hacer las cosas como Dios manda. (Aplausos). Y mientras los ciudadanos que tengan paciencia; tienen que pasar su calvario y ser obedientes, y si son obedientes y sumisos serán recompensados como buenos cristianos.

El Gobierno ha presentado una nueva ley de educación con mentiras, premisas falsas, y sobre todo con una maléfica intención de romper la sociedad a golpe de catecismo. Para ustedes cualquier tiempo pasado fue mejor. Adiós a la equidad y a la igualdad, bienvenido nuevamente el nacionalcatolicismo. Con la excusa del fracaso escolar y la búsqueda de empleo para los jóvenes presentan una ley que nada tiene que ver con estas dos cuestiones, solo mentira tras mentira, falsedad sobre falsedad. Esta ley solo persigue beneficiar a la Conferencia Episcopal y a los amigos de Montoro, aquellos que piensan que cuando algo pasa a privado funciona mejor. Los niños y niñas que empiecen hoy con esta ley se educarán para el mundo laboral del año 2035. Exacto, estamos hablando de la educación de los adultos del año 2035. Pero si ustedes no son capaces de hacer previsiones económicas a un año, ¿quieren decirnos que saben cómo será el mundo del año 2035? ¿Pretenden venir aquí a decirnos que es lo mejor para la educación si no han sido capaces de identificar a un brillante investigador como Diego Martínez? Fíjense ustedes, le niegan una beca por falta de méritos y Europa le nombra mejor físico del año. ¡Vaya puntería la suya! (Aplausos).

Pero todo esto es más grave. Ustedes nos presentan una ley más retrógrada que la Ley General de Educación de 1970, la ley para ustedes del rojo Villar Palasí, como ya dijo mi compañero Guillermo Meijón. Es decir, sesenta y cinco años de retroceso. Esta es la vanguardia que nos venden ustedes, un remix de lo peor de la educación franquista justificada con falsas estadísticas y mentiras permanentes. Ustedes mienten, y voy a demostrarlo. Ustedes dicen que en treinta años de democracia la educación no ha avanzado, y lo dicen a pesar de que durante el mandato del ministro Maravall se crearon mil plazas escolares diarias para corregir el atraso educativo cultural que tenía este país. En 1992 uno de cada cuatro niños y niñas no estudiaba. Hoy lo hace el 93,5 %, es decir, más de nueve de cada diez están escolarizados y estudian. Mucho hemos avanzado, aunque, claro, quieran negar nuestra propia historia, nuestro propio esfuerzo por superar los atrasos como país. En cierta manera lo entiendo, porque ustedes son herederos de aquella etapa negra de España.

Sigamos. Nuestros jóvenes son la generación mejor formada de la historia, pero tienen que emigrar para buscar oportunidades de empleo. Ustedes dicen que esto es culpa del sistema educativo. El sistema educativo forma y el sistema productivo genera empleo. ¿Quién falla en esta ecuación si tenemos hoy la generación mejor formada de la historia y la tasa de paro juvenil más alta? Ya se lo contesto yo: su criminal reforma laboral que ha propiciado el despido de miles de jóvenes, y ustedes son cómplices materiales de esta sangría. (Aplausos).

Otra más. El fracaso escolar se ha convertido en el leitmotiv para cambiar la actual ley. Ustedes lo que hacen con esta ley es castigar a los alumnos que fracasan, ustedes luego les segregan así como se quitan


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las manzanas podridas del cesto. El abandono escolar es una realidad, pero decir que la actual ley ha propiciado este fracaso es una gran mentira. Antes de entrar en funcionamiento la actual Ley de Educación solo terminaba la ESO el 69,2 % de los alumnos. Hoy, seis años después, termina el 79,8 % de los alumnos, es decir, 7,5 puntos más de éxito escolar. ¿Y qué pasa con el alumno que no termina? Gracias a los programas de cualificación profesional inicial fueron 11.178 jóvenes los que consiguieron incorporarse de nuevo a la educación el pasado curso. Ahora vayan y explíquenles ustedes que ahora ya no van a poder hacerlo.

Además faltan a la verdad interesadamente. Resulta que con la misma Ley de Educación por cada joven que no termina la ESO en el País Vasco en el País Valenciano no terminan cuatro. Y digo yo, si es la misma ley, ¿no deberían tener los mismos resultados? Y pensando mal, ¿no será que en mi comunidad, el País Valencià, a los dirigentes del PP les importa poco o nada la educación pública? Seguramente será eso.

Vamos a por la enésima mentira: la inversión en educación. Para ustedes ¿qué es el gasto en educación? El resto de la gente decente y coherente habla de educación como inversión y ustedes no; ustedes machaconamente hablan de gasto. ¿Cómo pueden poner de ejemplo la educación en Finlandia con una inversión del 6,1 % del PIB durante muchos años, y luego decir que la mejor manera de llegar a estos niveles educativos es bajar nuestro presupuesto al 3,9 % del PIB? Es una locura. Haciendo un símil futbolístico para que lo entiendan mejor, es como decirle al Madrid y al Barcelona que rebajen su presupuesto porque así conseguirán mejores equipos a menor presupuesto y tendrán encima mejores resultados. ¡Por favor, no se burlen de los ciudadanos! Aunque, claro, si se burlan de Europa, ¿cómo no se van a burlar de nosotros? Europa dice que recorten la educación y ustedes 7.000 millones de euros menos. Luego mandan un memorándum a Europa y le dicen que van a ser chicos buenos y que van a recortar el gasto en educación hasta el 3,9 %. Ahora, la última ocurrencia del ministro Wert. Después del varapalo del Consejo de Estado en la financiación del sistema nos dice que la financiación la van a sacar de Europa. Ustedes recortan lo que les dice Europa y al mismo tiempo nos dice que Europa nos va a pagar nuestra reforma. Sus mentiras ya no se las creen ni ustedes mismos, aunque si hablamos de coherencia su Gobierno es un desastre.

El segundo Plan nacional de infancia y adolescencia que ha presentado la todavía ministra Ana Mato dice textualmente en su cuarto principio: El acceso a la educación de calidad en las primeras etapas de la vida es el mejor instrumento para combatir la pobreza y la exclusión social, así como su transmisión intergeneracional. Y Wert, como va de verso libre, decide no solo eliminar la educación de cero a tres años de manera drástica, sino que además se atreve a decir que no es una etapa educativa. ¡Vaya coherencia que tienen ustedes y su Gobierno! No sé si recomendarles que hablen con la ministra Mato, monten una fiesta, y entre confeti y confeti hablen entre ustedes y pónganse de acuerdo a ver dónde está la coherencia. (Aplausos). Aunque eso de hablar ustedes no lo tienen muy interiorizado. Lo de dialogar no va con ustedes; prefieren un trágala y su rodillo de mayoría absoluta. Eso sí, anuncian en la web del ministerio que han sido miles de ciudadanos los que han participado en las consultas previas. ¡Qué casualidad que entre los millones de ciudadanos y ciudadanas que han salido a la calle a protestar contra la Lonce no haya ninguno que haya participado! Pero será casualidad. Por cierto, su capacidad de síntesis es encomiable. Las aportaciones de las 30.000 personas que dicen que han participado se resumen en quince folios. ¿O va a ser que igual esto también es mentira?

Voy terminando, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que terminar, no ir terminando.

El señor BUYOLO GARCÍA: Yo sí he preguntado, he salido a la calle y he visitado centros educativos. El Grupo Parlamentario Socialista se ha reunido con la inmensa mayoría de colectivos educativos y sindicales de este país, y nos han dicho muchas cosas; para ustedes algunas impronunciables en esta sede parlamentaria. Los ciudadanos y las ciudadanas se preguntan si la religión es compatible con la biología o si en las iglesias se va a dar física y matemáticas, y así vamos a poder dar clases de apoyo. (Aplausos). Podríamos eliminar los barracones del País Valenciano y aprovechar las iglesias y las ermitas para poder dar clases de primaria. La comunidad educativa se pregunta muchas cosas: por la mala utilización de los conciertos educativos, por la falta de medidas de integración y apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y por lo retrógrado que es separar por sexos. También se preguntan por qué han aumentado las ratios.


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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señor presidente.

Hay muchas más preguntas y de esas preguntas su ley no habla. ¿Saben lo que ocurre? Que hay gente que ni gritándole escucha. Ustedes son el vivo ejemplo. Son cobardes parapetados en su temporal mayoría absoluta. (Rumores). Son inmunes a la realidad.

Nuestra posición es clara: no a su ley de educación y no a sus recortes indiscriminados de la educación pública de todos y todas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buyolo.

Ha habido varias enmiendas, y en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna con el fin de debatir sobre los términos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y consecuentemente explicar sus fundamentos. Voy a votar en contra de su moción, salvo que obviamente se modifique en sus términos. Se lo explicó, señor Buyolo. Lo primero que salta a la vista en su lectura es el título. Es una moción que lleva por título la reforma educativa. Pues bien, su desarrollo tiene como característica la globalidad del sistema escolar, pero en el primer punto piden la retirada del anteproyecto -hoy proyecto- por lo que supone de negativo para todo y en todo. Es un desatino hiperbólico en mi opinión. El punto segundo ya no tiene nada que ver con la reforma, ni siquiera con su cobertura financiera. Está centrado en los recortes en educación y en los recortes de las becas. En definitiva es una moción popurrí llena de papeles de amplio espectro, y en mi opinión de poco rigor. La auténtica verdad es otra. Hacen exactamente lo mismo que hicieron en los momentos previos en diciembre del año 2002: Exigimos al Gobierno que no toque nada de lo hecho en educación desde 1982. El señor Rubalcaba lo dijo el sábado pasado en Oviedo y lo dijo hace once años también. Es un auténtico revival en el que no falta tampoco el tema del concordato, porque en el fondo ahí está el problema. Se oponen a todo lo que la derecha o el centroderecha puedan hacer en educación, porque sus gurús y santones de la industria pedagógica y didáctica no soportan que nadie pueda cuestionar su exquisita primacía axiológica en el orden pedagógico, moral o administrativo, haciendo algo diferente, contrario o sencillamente evolucionando. Desde 1982 todas las leyes educativas han sido promovidas por sus equipos y sus concepciones ideológicas en el más amplio sentido del término; por eso me resulta gracioso cuando les escucho acusar a la reforma o proyecto del Gobierno de ideológica, ya que la educación siempre tiene un fondo ideológico inevitablemente. Por eso yo les he presentado una enmienda que trata solo de modificar, no de retirar el proyecto de ley. Hay que reflexionar sobre ámbitos de modificación de lo mejorable en el sistema escolar, porque el proyecto parte de una aceptación de las grandes líneas estructurales del sistema escolar; parte de su LOE, mantiene la LOE, modifica muchos aspectos de la misma, pero mantiene la estructura educativa. Por eso yo lo llamo una reformilla, una reformilla además no muy aceptable desde mi punto de vista. A mí no me gusta y en el trámite parlamentario trataré de que sea una reforma más ambiciosa, pero no me tiro al monte y les sugiero que no se tiren ustedes al eslogan de si tocan algo de lo mío, se rompe la baraja.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

El viernes nació un engendro con fecha de caducidad, un engendro que vivirá poco más de dos años, cuando ustedes pierdan esta mayoría absoluta injusta sustentada con la minoría del 44 % de los votos, un engendro que no es fruto del acuerdo, del consenso, del compromiso. Han alumbrado un monstruo fecundado con las presiones de los obispos, los empresarios y los centralistas, que nunca han dejado de intentar meter sus implacables manos en la educación, sobre todo en la pública. La aprobación de la Lomce significará un peligroso retroceso en la calidad de la educación, que atentará contra la cohesión social con propuestas como: define a la educación no como un derecho, sino como un factor productivo más, con enfoques mercantilistas de oferta y de demanda y con desprecio a las disciplinas artísticas; considera la educación infantil como una etapa asistencial y no educativa; recentraliza la política educativa con más contenidos por parte del Gobierno central, y limitando la capacidad para que cada territorio pueda


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hacer la definición más idónea de acuerdo con su realidad; atenta directamente contra la normalización de nuestra lengua y la tarea de cohesión social que viene significando el modelo de inmersión lingüística, un modelo reconocido internacionalmente por sus resultados, que corroboran que es un modelo de éxito que garantiza plenamente el conocimiento de las dos lenguas oficiales; consolida la segregación de alumnos por sexo, blindando por ley los conciertos con las escuelas que segregan; potencia la diferenciación entre centros educativos públicos y privados concertados, y vuelve a potenciar una doble red que alejará a muchos niños y jóvenes de la igualdad de oportunidades; plantea un modelo adoctrinador e ideológico potenciando las creencias religiosas; y finalmente esta ley ha generado un conflicto con la comunidad educativa por la intromisión flagrante en la tarea pedagógica de los profesionales, solo por motivos ideológicos y apartándose del diálogo y del consenso. Por ello lo mejor que podían hacer con su engendro de ley sería retirarlo y practicar de una vez por todas lo que venimos a hacer en este Parlamento: hablar, dialogar y consensuar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero anunciar que los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta moción que formulan en el día de hoy.

No es la primera vez que la denominación de una ley es opuesta a sus intenciones, porque denominar ley orgánica de mejora de la calidad educativa a este anteproyecto de ley es precisamente lo contrario de lo que esta ley hace, no tiene nada que ver con la calidad educativa. Hasta tal punto no tiene nada que ver que yo les diría que don Albert Einstein no hubiese nunca formulado su teoría de la relatividad especial con estos itinerarios que ustedes formulan aquí. Un nuevo ataque al sistema educativo público, inscrito en la ofensiva general contra los servicios públicos en la que parece estar empeñado este Gobierno. Esto es por razones ideológicas. Un ejemplo excelente es la inclusión de la religión como una asignatura en pie de igualdad con las demás. Además, lo hacen ustedes de forma antidemocrática, contra viento y marea. No es razonable que hayan conseguido poner en contra a la comunidad educativa, al resto de las formaciones políticas y a las comunidades autónomas. Esta es la forma de cómo no se deben hacer este tipo de cosas. Hacen ustedes referencia a la OCDE permanentemente. Precisamente las recomendaciones de la OCDE son contrarias a muchos de los elementos centrales de esta ley orgánica que ustedes han aprobado. La OCDE dice que hay que evitar los itinerarios prematuros, que esto produce exclusión. Dice que no puede plantearse el tema de las repeticiones de curso porque también es inútil y produce exclusión. Dice que las reválidas están vinculadas con las relaciones socioeconómicas y excluyen a la gente más débil del sistema. En definitiva, aquí no hay una mejora de la calidad educativa. Aquí lo que hay es la liquidación del derecho a la educación pública de los sectores más débiles de la población.

En cuanto a Canarias, tengo que darles algún dato. Siempre es de interés que ustedes conozcan nuestra realidad. Cuarenta y dos millones de euros menos en infraestructuras educativas. Poco tendrá que ver esto con la calidad. Fracaso y abandono escolar temprano en Canarias, 30 %; media del Estado, 28 %; objetivo de la Unión Europea, 15 %. No es posible estar de acuerdo con un anteproyecto de ley como este, en el que se ha perdido la oportunidad de establecer un consenso elemental con quien se lo estaba pidiendo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, a medida que avanza la tramitación parlamentaria del llamado proyecto de ley para la mejora de la calidad educativa crece igualmente el rechazo a las medidas propuestas por la llamada ley Wert. Ello fundamentalmente porque esta norma responde a un intento de centralización y uniformización de los sistemas educativos del Estado español, porque no respeta las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, en el caso de Euskadi de carácter exclusivo, y porque no tiene en cuenta suficientemente la realidad plurilingüe del Estado ni las realidades socioculturales y necesidades de las comunidades autónomas. Pero por si estos


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no fueran suficientes hay más porqués. También, porque no cuenta con la suficiente base, ni teórica ni científica, en la que sustentarse, y porque en el caso de Euskadi no supone ninguna mejora para el actual sistema educativo vasco. Por si fuera poco, carece del imprescindible consenso social y político para impulsar una reforma educativa de semejante calado. Sin duda, son suficientes razones de peso.

Es una pena, pero el tiempo con el que cuento es escaso por lo que, esbozadas a grandes rasgos las razones del rechazo generalizado de esta ley, me centraré específicamente en algo que preocupa a este grupo especialmente. Refirámonos, pues, al planteamiento que en materia lingüística contiene el proyecto. Hemos de reconocer que se observa un cambio en relación con anteriores borradores en lo relativo al tratamiento de las lenguas. No es un cambio a peor en la medida que parece abandonar la pretensión de relegar las demás lenguas oficiales a una posición subordinada respecto al castellano. En efecto, podría interpretarse que empieza a abrirse la puerta al respeto efectivo del modelo lingüístico del sistema educativo vasco que hemos venido reclamando desde este grupo. Habrá que atender a la evolución de los acontecimientos para observar cómo se resuelven incógnitas que permanecen sin dilucidarse suficientemente. Sin embargo, sea como fuere, subsiste el problema de fondo. De acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía la regulación de la oficialidad del euskera y del castellano corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que la regulación del tratamiento de las lenguas en el sistema educativo vasco es competencia exclusiva de las instituciones vascas. En consecuencia, cualquier pretensión regulatoria de este asunto por parte de las instituciones centrales del Estado supone una intromisión o invasión competencial ilegítima y limitadora del autogobierno vasco, una intromisión que va más allá del ordenamiento constitucional.

Más allá de las cuestiones del respeto al bloque de constitucionalidad, conviene tener presente que a la vista de los resultados académicos del sistema educativo vasco en materia de competencia lingüística en castellano, comparándolo con los resultados de los sistemas educativos del resto del Estado español, no hay nada que justifique una intromisión de esta naturaleza. Quiero decir que según todas las evaluaciones externas sobre la competencia lingüística en castellano del alumnado vasco en la educación no universitaria -informes PISA- que el Gobierno ha manejado para elaborar el proyecto de ley, los niveles medios acreditados en el sistema educativo vasco no son inferiores, incluso son superiores a los niveles medios alcanzados en sistemas educativos de comunidades que poseen solo el castellano como lengua oficial. De ello se deduce que el bilingüismo del sistema educativo vasco, y también del catalán, no obstaculiza -en su caso favorece- la competencia lingüística en castellano. Por tanto, las pretensiones regulatorias de la Lomce en materia lingüística no responden a razones estrictamente pedagógicas ni académicas, sino más bien ideológicas, que este grupo no puede compartir.

En efecto, las evaluaciones lingüísticas de todos los sistemas educativos del Estado español ponen de manifiesto que la insuficiente competencia lingüística en castellano que se aprecia en algunos de ellos en ningún caso es debida al uso de las demás lenguas como lenguas vehiculares de enseñanza, porque los resultados medios de nuestro sistema están por encima de la media de los sistemas del Estado. Por tanto, la Lomce en este caso pretende resolver un problema que no existe, que es tanto como decir que nos crea un problema donde no lo había. Sin embargo, no hace falta ser sagaz para darse cuenta de que no es precisamente la competencia lingüística inferior en las otras lenguas el déficit que la Lomce pretende subsanar. En este sentido les avanzo que no vamos a retroceder en el ejercicio de nuestras competencias plenas, fundamentalmente porque el caso vasco en materia de educación ha sido un caso de éxito, como esta misma tarde ha reconocido el propio ministro Wert en su comparecencia en el Senado. Hemos demostrado saber gestionar nuestras competencias con eficacia y con eficiencia o, lo que es lo mismo, con inteligencia. Por todo ello nuestro voto a la moción formulada por el Grupo Socialista y tratada esta tarde en esta Cámara será sí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Brevemente. En esta moción del Grupo Socialista hay dos puntos que nos parecen bastante diferentes y nos gustaría poder votarlos por separado si lo consideran. El segundo punto lo apoyamos por completo, el de la retirada de los recortes educativos y de los reales decretos-leyes en los que se fundamentan. En el primer punto, el de retirar el anteproyecto de ley orgánica, no coincidimos por completo y quiero explicar por qué. Nosotros también consideramos que el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros de la


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Lomce es muy decepcionante. Vamos a presentar, de hecho, una enmienda a la totalidad, pero nos parece muy decepcionante no por las razones que aquí se exponen -y que se exponen en otras mociones- de que no respeta las competencias autonómicas u otra serie de consideraciones que, insisto una vez más, no tienen nada que ver con la educación. Nosotros lo que queremos es que en esta Cámara se discuta de educación y que podamos hablar del fracaso escolar, del abandono escolar temprano, de por qué el nivel de conocimientos es insuficiente, de los malos o pobres resultados de PISA, de las diferencias de nivel académico entre las comunidades autónomas -un tema que curiosamente nunca se toca-, de cómo ha de ser la selección del profesorado, etcétera. Todo eso consideramos que es lo realmente importante. Si la Lomce da por lo menos la oportunidad de discutirlo, preferimos pasar por el trámite de una ley que no nos gusta nada, que por la resistencia numantina que no compartimos y no comprendemos; preferimos hablar de los problemas de la educación no de los problemas competenciales ni de la iglesia ni de las lenguas. Eso es lo que nosotros vamos a proponer.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Antes de continuar con las sucesivas intervenciones quiero advertir a los diputados que, dada la hora, esta será la última moción que debatiremos, de tal forma que cuando termine el debate de esta moción procederemos a las votaciones y las mociones tercera y cuarta se debatirán mañana después del último punto del miércoles y se votarán el jueves.

Tiene la palabra por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Lo primero que quiere hacer mi grupo es felicitar a los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid porque han logrado el aplazamiento de los pagos. Cuando se quiere, se puede.

Señorías, desde que se presentó la interpelación hasta el debate que hoy tenemos han ocurrido bastantes cosas. Primero, la huelga y las diferentes manifestaciones que se produjeron en todo el Estado con gran éxito; segundo, el aplazamiento de la aprobación de la ley por el Consejo de Ministro al considerar que después del dictamen del Consejo de Estado había que realizar algunos ajustes, esencialmente de carácter financiero parece ser, porque el dictamen no ha merecido ninguna otra consideración; finalmente, este viernes pasado el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a este mal ministro, a este mal Gobierno y a esta mala ley. ¿Qué han decidido todos ellos juntos? Llevarnos al Pleistoceno educativo e imponer retrocesos escandalosos en la educación pública, en el sector público, para favorecer a la iniciativa privada y dentro de la misma a los sectores más conservadores, aquellos que segregan por sexo.

Señorías, la Constitución dice que España es un Estado aconfesional, sin embargo, la religión -católica, por supuesto- puntúa en el ámbito académico condicionando la superación de curso. Lo que es una opción personal totalmente respetable no puede tener cabida en los centros educativos financiados con recursos públicos y, menos aún, contabilizar en las calificaciones. Si no estuviéramos hablando de una cuestión de tanta importancia, de un tema que condicionará el futuro de este país, movería a la risa recordar cuántas veces el Grupo Popular ha repetido que Educación para la Ciudadanía era una materia ideológica. Señorías del Partido Popular, ¿serían capaces de manifestar sin ruborizarse que impartir religión en los centros educativos no es ideológico? ¿No lo es? Pese a que para desgracia de este país vamos a tener la oportunidad de debatir sobre esta norma, no puedo obviar referirme a lo que manifiesta la inmensa mayoría de la ciudadanía; esa mayoría que se manifestó, esa a la que el señor ministro ha despreciado y que el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta. Una vez más el señor senso no ha sido bien recibido en esta casa. Tachan esta ley de mercantilista, segregadora, elitista y de norma fabricada en las cavernas de los sectores más retrógrados del país. Fíjense bien, señorías del Partido Popular, no dicen que sea una norma fabricada en la factoría política del Partido Popular, consideran que va más allá de la política conservadora del propio Partido Popular. Como bien decía, nos retroceden a épocas que creíamos superadas, a la época del franquismo puro y duro. (Aplausos). ¿Saben ustedes algo de la sabiduría popular? Que casi siempre tiene razón. Nosotros por supuesto compartimos lo que dice la sabiduría popular.

Señorías del Grupo Popular, es evidente que mi grupo va a presentar una enmienda a la totalidad de la Lomce y créanme que lo va a hacer para hacerles un favor, para que ustedes retiren esa ley, esa mala ley y para que de paso si pueden retiren también al ministro que ha intentado ponerla en práctica. Vamos a votar a favor de la moción que nos trae el Grupo Socialista, pero queremos hacer una puntualización.


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Hubiera sido mejor que además de solicitar la revisión y rectificación del real decreto, ustedes hubieran solicitado la retirada de todos aquellos recortes que afectan al sistema educativo.

No puedo terminar mi intervención sin hacer referencia en el tiempo que me queda a un par de cuestiones. Lo primero es mostrar la perplejidad que me causó el señor Wert al referirse al dictamen del Consejo de Estado. ¿Por qué me causó perplejidad? ¡Porque no se lo había leído! El señor ministro no se había leído el dictamen del Consejo de Estado, por imposible que pueda parecer. Lo segundo es la indignación que me produjo escuchar de un ministro de Educación lo siguiente, dirigiéndose al portavoz del Grupo Socialista: ¿De dónde se cree usted que se nutren, de qué extracción social cree usted que son la mayoría de los jóvenes que están en situación de abandono escolar temprano? No son de las clases altas y evidentemente tampoco de las clases medias altas -comillas, porque es textual y está recogido en el "Diario de Sesiones"-. ¿Le queda claro a usted, señor portavoz del Grupo Socialista? Son pobres. Los que fracasan son pobres y para el ministro los pobres nacen con talento rebajado ya de por sí; los otros nacen ya ricos y además con talento. Ignoro, señorías del Partido Popular, si el éxito mediático de su compañera con respecto al IDE llevó al ministro a querer emularlo, lo que sí sé es que ese comentario tendría que haber supuesto para el grupo, para el Gobierno, el cese inmediato de ese mal ministro, de este nefasto ministro. Ustedes no lo han hecho; nosotros desde aquí volvemos no ya a solicitarlo, sino que les exigimos su cese. Este país no se merece esta ley, pero se merece aún menos a este ministro. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervenimos para dar nuestro apoyo a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Esta moción es equivalente en los objetivos a la que defenderá mañana nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió para la retirada del proyecto de ley para la mejora de la calidad educativa. Creemos que en el ámbito legislativo pocas veces un título ha representado tan poco el contenido que alberga. En definitiva, señorías, el Gobierno no ha hecho ni caso del dictamen del Consejo de Estado, un extenso dictamen que analizamos, analizaremos y seguro acompañará al ministro durante la tramitación parlamentaria del proyecto.

Desilusión -sí, desilusión- cuando desde el Gobierno del Partido Popular quieren demostrar que la transparencia es uno de sus objetivos, pero un mecanismo legal y de Estado con un dictamen de expertos se deja a un lado. Sin duda, el mejor ejemplo para que la ciudadanía y la comunidad educativa den valor al proyecto. Cuando pedimos más y mejor democracia el Partido Popular no modifica sus intenciones, aun reconociendo el mismo dictamen que algunos de los cambios no tienen cobertura legal y que muchos no tienen motivación ni pedagógica ni didáctica. En definitiva, con el nuevo texto no renuncian a la homogeneización ni a la recentralización de los poderes. Desarrollan un nuevo concepto constitucional, pues eliminan el Estado plurinacional con una visión centralista, menospreciando las nacionalidades y las diversidades del territorio, que, como le dijimos al ministro, son parte de su riqueza cultural.

Pero hablemos de diálogo. Desde el ministerio se han cumplido los trámites de consulta, pero no se han incorporado las consideraciones importantes y básicas hechas por los colectivos, cosa que sí ha realizado el Consejo de Estado de forma extensa y elaborada en su dictamen. Desaprovechan una nueva oportunidad basándose en dicho dictamen de corregir algunos de los muchos aspectos que contiene el texto aprobado en el pasado Consejo de Ministros. Sin diálogo abierto, sin aplicar las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado nos traen un proyecto de ley inviable económicamente.

Señorías, que bajo el paraguas de las conclusiones reflejadas en el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación quieran esconder su política de recentralización y homogeneización, como nos conocemos, sabemos qué esconden en la caja -aunque no compartimos su modelo de Estado uniformador y de imposición, lo conocemos y lo sabemos reconocer-, pero, por favor, anunciar que se van a pagar los cambios sustanciales del sistema con fondos sociales europeos, entenderán que nada de nada, y repetimos lo mismo que le dijimos al ministro durante la interpelación. Además de recentralizar contenidos e imponer modelos educativos quieren hacerlo gestionando los recursos que corresponden a las comunidades autónomas para la ejecución de sus competencias.

No puedo dejar de hablar de la enorme veracidad de algunos de los nuevos cálculos que contiene la memoria económica, claro ejemplo de la calidad de los documentos y del rigor con el que se han elaborado,


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y lo puedo afirmar siguiendo las declaraciones del señor ministro, ahora que ya ha puesto cifra al invento provisional para imponer su modelo educativo a Cataluña. Él mismo, para justificar la cantidad de 5 millones de euros que el Estado destinaría a unas pocas familias, dijo que el cálculo estaba elaborado sin más. Un nuevo detalle de desprecio hacia el resto de territorios, denotando un ejemplo del carácter de superioridad que muestra para esconder la improvisación que rige su quehacer. Más le valdría al ministro trabajar para mejorar la educación, eliminando medidas como las que contiene el Real Decreto 14/2012, de racionalización del gasto educativo, como le propusimos. Estas decisiones sí afectan a la calidad de la educación, y más si se han tomado sin consenso con las administraciones con competencias en la materia. También podría defender ante el Consejo de Ministros el cambio en la interpretación de la exención del 21 % del IVA para las actividades escolares complementarias al horario escolar. Estos cambios de interpretación van a destruir puestos de trabajo, van a cerrar empresas e imponen a las familias más presión económica.

Señorías, desde nuestro grupo parlamentario reclamamos nuevamente un pacto de Estado para la educación. Cada vez es más urgente la necesidad de alcanzar la estabilidad y los objetivos para la Europa de 2020 en materia de educación y formación. Saben muy bien que algunas comunidades autónomas lo están haciendo, que es posible dentro del marco legal actual, cosa que pone en evidencia el objetivo real de la reforma estructural del modelo que quiere imponer el Partido Popular. ¿Los partidos políticos no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo dejando a un lado las imposiciones y mejorando aquello que es necesario? ¿Será el Gobierno del Partido Popular o parte del Partido Popular quien priorice su ideología por encima de la calidad de la educación y de la estabilidad de la comunidad educativa? En definitiva, ni un paso hasta el momento para mejorar la calidad, solo un proyecto de ley que tiene como principal objetivo cambiar el modelo educativo para homogeneizar, centralizar e imponer una ideología que nada tiene que ver con la calidad de la educación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo. (Rumores). Ruego, por favor, un poco de silencio para que podamos oír a los intervinientes.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha realizado en el día de hoy un canto al pesimismo y a la desesperanza, ha subido a esta tribuna a pedir que frenemos cualquier intento de mejora, cualquier atisbo de optimismo y cualquier esperanza de futuro. Ha subido usted también a provocar, señor Buyolo, pero antes de hacerlo quizá debiera haber repasado la historia de su partido, porque muchas de las medidas que usted hoy cuestiona son herencia suya, exclusivamente suya. Siento decirles, señorías, que este grupo niega categóricamente todas y cada una de las afirmaciones en las que ustedes fundamentan su solicitud de retirada de este proyecto de ley. Pretenden aventurar el Apocalipsis educativo interesados en demostrar que, detrás de su modelo, no hay alternativa posible, y la hay. Por cierto, ustedes saben que los problemas del sistema educativo español no son económicos; en los últimos diez años se ha duplicado el gasto público en educación y los resultados han empeorado. Gastamos un 21 % más que la media de la Unión Europea y los resultados de nuestros alumnos son peores. Usted califica, señor Buyolo, el interés en la educación en relación con la inversión. Por cierto, si usted hace esa medición, ¿cuánto le interesa la educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, señor Buyolo? ¿Cuánto le interesa, señora García, la inversión en educación y el apoyo a los profesores en Andalucía, cuando la consejera de esa comunidad ya ha anunciado un recorte por parte de su Gobierno, del que ustedes son coalición, de los funcionarios para la próxima Navidad? (Aplausos).

Señorías, no les vamos a negar la legitimidad de ejercer la oposición como ustedes consideren conveniente, pero sí les vamos a decir que no están en condiciones de pedir a los cerca de 11 millones de españoles que hace algunos meses apoyaron al Partido Popular que renuncien a lo que ha sido la ambición más poderosa que ha movido todas y cada una de las actuaciones de este partido, mejorar el sistema educativo español, porque no lo vamos a hacer. Pese a lo que ustedes pretenden hacer creer el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, la Lomce, no es fruto de la improvisación. Ni siquiera es fruto exclusivamente de los intensos contactos que a lo largo de los últimos meses ha mantenido el Gobierno y el Partido Popular en su conjunto. Es fruto de más de diez años de trabajo, desde que una vez dada una oportunidad a la Logse y comprobada la deriva a la que su modelo educativo conducía a la sociedad española el entonces Gobierno popular decidió reformar el sistema educativo. Primero, mediante el fortalecimiento de las humanidades, algo a lo que ustedes, señores del Grupo Socialista, se opusieron;


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después, mediante al aprobación de la Ley de Calidad de la Educación, que ustedes paralizaron un año después de su entrada en vigor. Más tarde planteando un texto alternativo a la Ley Orgánica de Educación actualmente vigente. Y finalmente presentando a toda la sociedad española una alternativa real al fallido pacto de Estado por la educación. Pacto que falló única y exclusivamente por hacer lo que ustedes están haciendo en este momento: no moverse ni un milímetro de su modelo educativo fracasado. Y todo, absolutamente todo, lo hemos hecho en pleno contacto con la comunidad educativa. Enriqueciéndonos con sus propuestas y reflexionando sobre sus discrepancias porque un proyecto de esta envergadura necesita de todos. Porque aunque ustedes dialogan solo cuando les interesa nosotros lo hacemos siempre. Pero a ustedes esto es lo que menos les importa. Saben que han sido parte del problema y no están capacitados para ser parte de la solución. Se niegan a reconocer la cruda realidad, y es que hemos perdido diez años en educación. Nuestros alumnos de quince años tienen un nivel de conocimientos inferior al del año 2000. Uno de cada cuatro alumnos abandona la enseñanza obligatoria sin título alguno o decide no proseguir los estudios postobligatorios, exactamente el doble de la media europea. Y son precisamente estos quienes representan más del 50 % del desempleo juvenil. ¿Qué hemos mejorado en educación? ¡Pero en qué mundo vive usted, señoría! ¿Quiere que esperemos otros treinta años para mejorar el sistema educativo? Somos el país europeo en el que la diferencia de calidad educativa entre la comunidades autónomas es mayor, diferencias que han llegado a ser de hasta de un curso académico. ¿Me quieren decir que hay de bueno en seguir prolongando la agonía de este sistema? ¿Cómo pueden ustedes hablar de igualdad de oportunidades y de excelencia cuando su ley ha sido incapaz de ayudar a quienes más lo necesitan y potenciar la capacidad de los alumnos brillantes?

Señorías, siguen buscando justificar lo injustificable, su posición, agarrándose a un clavo ardiendo que les permita no hacer el ridículo en su labor de oposición. Hoy no han hablado del Consejo de Estado, quizá porque el Consejo de Estado les presentó a ustedes la mayor enmienda a la totalidad. Aquella que les dijo en relación con la LOE que lo deseable habría sido mantener en vigor la Ley de Calidad. El Consejo de Estado avala esta ley, avala la estructura de esta ley, avala los programas de aprendizaje y rendimiento, avala la formación profesional frente a los programas de iniciación profesional, avala la existencia de evaluaciones, la utilización del castellano y las lenguas cooficiales y en ningún momento plantea la invasión de competencias.

Señorías, nosotros queremos hablar de educación. No tenemos tan claro que algunas de sus señorías quieran hacer lo mismo. Permítanme que les diga -y voy finalizando, señor presidente-, señores del Grupo Socialista, una fijación enfermiza con la religión. Quizá, señor Buyolo, a usted no le han explicado cuál es la realidad. La realidad es que ustedes cuestionan una asignatura que tiene exactamente el mismo tratamiento que tiene actualmente en la Ley Orgánica de Educación. (Un señor diputado: ¡Mentira!). Ustedes están cuestionando una asignatura que tiene el mismo desarrollo que sus decretos, señores del Grupo Socialista, el mismo. La enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que la de otras áreas de la educación. Real decreto del Partido Socialista. (Aplausos.-El señor Buyolo García hace gestos negativos). Expliquen por qué radicalizan el debate educativo. Por qué no denunciaron los acuerdos con la Santa Sede cuando pudieron, porque la señora Fernández de la Vega -¿se acuerdan de ella?- hizo exactamente lo contrario de lo que ustedes dicen: garantizar que los acuerdos con la Santa Sede no se iban a tocar. Y les voy a decir por qué, porque su puesta en escena no responde...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir terminando.

La señora MONEO DÍEZ: ...sino a ocultar la triste realidad: no saben cómo mejorar la educación en España. Señorías, la ley orgánica de mejora de la educación está en esta Cámara y todos tenemos una enorme responsabilidad. Nos gustaría contar con todos ustedes para lograr el gran objetivo que se ha marcado este partido, el Partido Popular, que es mejorar la calidad del sistema educativo. Esperamos de sus señorías la máxima responsabilidad para lograr el mayor de los acuerdos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Señor Buyolo, ¿cómo haremos la votación?

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias. Haremos la votación por separado y no aceptamos la enmienda del compañero del Foro.


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El señor PRESIDENTE: O sea, no acepta ninguna enmienda y votamos los dos puntos. Muchas gracias.

En unos minutos empezaremos las votaciones. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000012).

El señor PRESIDENTE: Los grupos parlamentarios me han hecho llegar una declaración, que procedo a leer.

El Congreso de los Diputados expresa a través de esta declaración institucional sus condolencias por el fallecimiento ayer, en la base militar de la Legión Álvarez de Sotomayor, en Viator, Almería, de los suboficiales del Ejército de Tierra brigada Antonio Navarro García, brigada Manuel Velasco Román y sargento José Francisco Prieto González, de larga trayectoria de servicio a España en el seno de las Fuerzas Armadas. Expresa también el deseo de una pronta recuperación del sargento y la cabo primera heridos en tan desgraciado suceso.

El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, de sus amigos y compañeros de la Brigada de Infantería Ligera Alfonso XIII y se suma al luto de las Fuerzas Armadas. Desea así reconocer el servicio que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas prestan a la paz, a la libertad y a la seguridad de España, servicio que implica sacrificios que, en ocasiones, suponen la entrega de sus vidas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA INCREMENTAR LA COMPETENCIA EFECTIVA EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. (Número de expediente 122/000097).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. En primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, para incrementar la competencia efectiva en el sector de hidrocarburos líquidos. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 1 voto telemático, 320; a favor, 104; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 40.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA DECLARACIÓN DEL 18 DE JULIO COMO DÍA OFICIAL DE CONDENA DE LA DICTADURA FRANQUISTA. (Número de expediente 122/000073).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la declaración del 18 de julio como día oficial de condena de la dictadura franquista. Hay un voto emitido telemáticamente. (La señora Blanco Terán: Por favor, que nadie se confunda, que vota en contra el Grupo Popular).

Pido silencio, por favor.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321, más 1 voto telemático, 322; a favor, 141; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DEL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL. (Número de expediente 162/000627).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso del estatuto del directivo público profesional. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 181; en contra, 131; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000591).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos. Hay una enmienda transaccional con varios grupos que conocen sus señorías y es la que vamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 318; en contra, 1; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO A LA HORA DE TRANSFORMAR EN AUTOVÍAS AQUELLAS CARRETERAS QUE DISCURREN DE MANERA PARALELA A AUTOPISTAS DE PEAJE, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA N-II Y N-232 EN SUS TRAMOS ARAGONESES. (Número de expediente 173/000081).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses. Hay una enmienda transaccional con la enmienda socialista. En esos términos se va a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 174; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA. (Número de expediente 173/000082).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma educativa. Se va a votar en sus términos, pero habrá dos votaciones. En primer lugar, punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 142; en contra, 175; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 144; en contra, 174; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.

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