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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 140, de 27/06/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 140
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles,
27 de junio de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista para presentar el proyecto de ley de implantación de los tribunales de Instancia. (Número de expediente 181/000136) ... (Página3)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Motivos de que la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuma en la Secretaría General de Modernización. (Número de expediente 181/000137) ... (Página4)


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- Motivos de la desaparición de la Dirección General de Modernización en el organigrama del Ministerio de Justicia. (Número de expediente 181/000138) ... (Página4)

De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones acerca de alguna iniciativa legislativa para la protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual. (Número de expediente 181/000139) ... (Página5)

De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones acerca de reformar la actual legislación en materia hipotecaria. (Número de expediente 181/000140) ... (Página5)

Del diputado don Luis Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la decisión tomada por el Ministerio de Justicia acerca de los órganos judiciales que se alojarán en el recién rehabilitado Palacio de Justicia de Burgos. (Número de expediente 181/000141) ... (Página6)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de si hurtar al Parlamento la elección de doce miembros del Consejo General del Poder Judicial aumenta la independencia judicial. (Número de expediente 181/000189) ... (Página6)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Motivos por los que se han adoptado medidas para disminuir los medios y la eficacia de la Fiscalía antifraude. (Número de expediente 181/000190) ... (Página7)

- Previsiones acerca de incrementar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción para seguir mejorando sus resultados. (Número de expediente 181/000191) ... (Página7)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de si la "cadena perpetua revisable" sintoniza con nuestros valores constitucionales. (Número de expediente 181/000192) ... (Página9)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las garantías para la prisión permanente revisable o la década bajo vigilancia. (Número de expediente 181/000354) ... (Página9)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de si el conjunto de contrarreformas anunciadas en materia de Justicia facilita el necesario consenso. (Número de expediente 181/000193) ... (Página11)

De la diputada doña Sofía Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista para iniciar la construcción del nuevo edificio de juzgados de Ibiza. (Número de expediente 181/000218) ... (Página13)

De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el alcance de la reforma del Código Penal que se plantea el Gobierno. (Número de expediente 181/000245) ... (Página14)

De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la explicación de lo que entiende el Gobierno por convocatoria de actos violentos. (Número de expediente 181/000246) ... (Página15)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de si la supresión del partido judicial de Carrión de los Condes es beneficioso para los ciudadanos y para la gestión del servicio público de la Justicia en la provincia de Palencia, así como previsiones acerca de llevar a cabo la supresión del mismo. (Número de expediente 181/000266) ... (Página16)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las razones para la drástica supresión de partidos judiciales en el informe del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 181/000356) ... (Página16)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno ante las denuncias en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre su presidente. (Número de expediente 181/000353) ... (Página19)


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Página

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el efecto que tendrá la supresión de la oficina para la memoria de las víctimas del franquismo. (Número de expediente 181/000355) ... (Página20)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas para evitar el efecto de las tasas judiciales sobre la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. (Número de expediente 181/000357) ... (Página21)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la reforma de la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000002) ... (Página23)

- Sobre la regulación de recurso de casación. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000230) ... (Página23)

- Sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas pendientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000290) ... (Página28)

- Por la que se insta al Gobierno a la designación de unos juzgados de control específico de los centros de internamiento de extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000405) ... (Página32)

- Sobre dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y reformas en el funcionamiento de la institución. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000645) ... (Página36)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

PREGUNTAS:

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY DE IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA. (Número de expediente 181/000136).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia de acuerdo con el orden del día que tienen sus señorías. En primer lugar, agradecemos la presencia del secretario de Estado de Justicia en esta Comisión, que viene a responder a las distintas preguntas que han sido formuladas por los distintos grupos parlamentario. Antes de comenzar, quiero recordarles a sus señorías que la Mesa tiene previsto que copiemos, por decirlo de alguna manera, el método o sistema que se utiliza en el Pleno de esta Cámara, es decir, que por cada pregunta serían cinco minutos, dos minutos y medio para el preguntante y dos minutos y medio para el compareciente, en este caso para el secretario de Estado, que se pueden utilizar en un turno o en dos turnos, si sus señorías lo consideran conveniente. La primera pregunta ha sido formulada por el diputado señor Villarrubia Mediavilla, en relación con la fecha prevista para presentar el proyecto de ley de implantación de los tribunales de instancia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Espero que no vaya computando este tiempo récord todavía en estos segundos para dar la bienvenida al secretario de Estado porque es la primera intervención en la que ha coincidido con este portavoz; don Fernando Román, gracias por estar aquí. También me gustaría hacerle una pequeña sugerencia al presidente. Hoy hay excesivo número de preguntas y los tiempos pueden ser rápidos como en el Pleno, pero en el control sucesivo será conveniente aquilatarlo un poco más.

En cuanto a la pregunta concreta, el propio ministro del área, señor Ruiz-Gallardón, anunció ante la Comisión en su comparecencia el 25 de enero una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suponía el cambio radical del modelo de organización de la justicia española, superando el modelo actualmente estructurado en torno a los órganos unipersonales, sin duda se refería a


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los tribunales de instancia, cuya configuración ya presentamos en el proyecto de ley del Gobierno anterior número 121144, que caducó al final de la IX Legislatura por el fin de la misma. El modelo propuesto en dicho proyecto de ley consistía en un solo tribunal en lugar de varios juzgados, configurado como el órgano de organización colegiada que agrupara en sus respectivas secciones especializadas a los jueces de los distintos juzgados existentes en un partido judicial; estos tribunales sustituirían de forma progresiva a los distintos juzgados de un mismo partido judicial. Se trata de una nueva organización para gestionar mejor los recursos humanos y materiales, racionalizar el trabajo y asignar efectivos en función de las necesidades concretas. Porque creemos en la utilidad del modelo queremos conocer si es posible el calendario de remisión a las Cortes del proyecto de ley, las líneas maestras del mismo.

Quiero apuntar solo -quizás ya en un único turno, voy abreviando- dos cuestiones fundamentales a nuestro juicio: la primera, la referida a la implantación de la nueva oficina judicial, dado que las plazas judiciales se desvincularán de los juzgados como tal y se vincularán a unidades de actuación. Por lo tanto, una parte del éxito de estos tribunales de instancia dependerá de un efectivo despliegue de la nueva oficina y de unos servicios comunes coordinados que permitan el trabajo armónico de esos tribunales de instancia y de sus miembros. En segundo lugar, la implantación de los tribunales de instancia debe ser un instrumento básico para racionalizar las actuales cargas del trabajo del juez. Y concluyo: ¿Va a mantener el Gobierno actual, el Ministerio de Justicia, ese esquema muy resumido que he hecho del proyecto de ley en el que ahora están trabajando o van a desaprovechar el trabajo ya desarrollado en la legislatura anterior, que concluyó con la presentación de un proyecto de ley inicialmente bastante consensuado?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Muchas gracias, señor Villarrubia, en esta primera ocasión que tengo de comparecer aquí siendo usted el representante del Grupo Socialista.

Quiero decirle que nosotros hemos anunciado -el ministro lo hizo en una primera ocasión, después hemos tenido ocasión otros representantes del ministerio- las líneas generales sobre las que va a ir orientada la reforma que pretendemos acometer en materia de Administración de Justicia, que va a ser una reforma muy profunda. Naturalmente -y empiezo por el final de su intervención- no solo reconocemos lo que de bueno se pueda haber hecho en anteriores etapas ministeriales, sino que lo que compartimos nos da exactamente lo mismo, nos da exactamente igual cuál es su origen, su procedencia, lo asumimos y lo impulsamos. En el tema de los tribunales de instancia existía una generalizada, no diré yo unánime sensación de apoyo a ese modelo pero sí muy generalizada, gozaba de bastante consenso, y a nosotros nos parece que es una muy buena fórmula para cerrar el tema de la oficina judicial, es decir, no quedarnos en la oficina judicial tal como se diseñó en 2003, sino completar de alguna manera esa racionalización de medios materiales, de recursos personales, de colegiación que proporciona mayor seguridad jurídica a los ciudadanos; si los jueces están funcionando colegiadamente se pueden evitar discrepancias que de otra manera pueden ser más frecuentes cuando se actúa de manera individual. En definitiva, compartimos en lo sustancial el modelo de tribunales de instancia que, como dice bien su señoría, no pudo llevarse a efecto, no pudo llevarse a la aprobación definitiva por falta de tiempo, de manera que en ese aspecto concretamos uno de los principios que inspiran nuestra reforma, que es buscar el mayor consenso posible. Por supuesto, lo que de bueno tenga la definición y la concreción en ese proyecto, que no vio la luz en la anterior etapa del Ministerio de Justicia, lo asumiremos. Sabe usted que el Consejo de Ministros encargó la realización de un primer borrador a dos comisiones, la comisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una comisión integrada por las mismas personas -expertos independientes de gran prestigio- para la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y, por otro lado, para la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, se formaron diversas comisiones que van a afectar al tronco medular de la Administración de Justicia. Esperamos que estas comisiones tengan terminados sus trabajos a mediados de septiembre. Será este el momento en el que dispongamos de un primer texto que será analizado por el ministerio; será sometido a aportaciones, críticas y sugerencias, es decir, lo abriremos a los distintos colectivos implicados en la Administración de Justicia; se someterá a los informes preceptivos -Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado-; y confiamos en que allá por el mes de febrero pueda entrar ya definitivamente en el Parlamento.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- MOTIVOS DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN JURÍDICA Y LA DE RELACIONES DE CONFESIONES RELIGIOSAS SE SUBSUMA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE MODERNIZACIÓN. (Número de expediente 181/000137).

- MOTIVOS DE LA DESAPARICIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN EN EL ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 181/000138).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la pregunta del diputado señor Villarrubia Mediavilla, en relación con


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los motivos de que la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuman en la Secretaría General de Modernización. Nos ha trasladado su señoría que pretende la contestación por escrito.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Sí. Aclaramos que esa y algunas otras, de acuerdo con el señor secretario de Estado y para acelerar un poco el excesivo orden del día de hoy, nos las contestará no tardando mucho por escrito. Ese es el compromiso. En ese caso, renunciamos al turno y se nos contestará por escrito.

El señor PRESIDENTE: Ocurre lo mismo con la pregunta 3.ª, sobre los motivos de la desaparición de la Dirección General de Modernización en el organigrama del Ministerio de Justicia.

DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES ACERCA DE ALGUNA INICIATIVA LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. (Número de expediente 181/000139).

El señor PRESIDENTE: Lo mismo ocurre con el punto 4.º, sobre las previsiones acerca de alguna iniciativa legislativa para la protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual. Emplazamos al señor secretario de Estado para que, a la mayor brevedad, como indicaba su señoría, proceda a remitir su contestación por escrito.

DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES ACERCA DE REFORMAR LA ACTUAL LEGISLACIÓN EN MATERIA HIPOTECARIA. (Número de expediente 181/000140).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, en relación con las previsiones acerca de reformar la actual legislación en materia hipotecaria. Su señoría tiene la palabra.

La señora RAMÓN UTRABO: Señor secretario de Estado, desde que ha comenzado la crisis ha habido más de 350.000 desahucios que se han ejecutado en España según el Consejo General del Poder Judicial, que suponen prácticamente el 10 % de todas las hipotecas que se hicieron en ese periodo. Estamos ante uno de los problemas más graves y más acuciantes por los que atraviesa la sociedad española. La aprobación de un código de buenas prácticas es la única respuesta del Gobierno y está siendo insuficiente porque solo es un acto de buena voluntad; un código que establece unos requisitos tales para sus beneficiarios que apenas el 4% de los afectados pueden acogerse a él.

Por otra parte, nada más llegar al Gobierno el Partido Popular toma otras decisiones como son la recuperación de las deducciones fiscales para la compra de vivienda, criticada hoy por el Fondo Monetario Internacional y por la propia Comisión Europea; la supresión de la renta básica de emancipación, que es un instrumento para la dinamización del mercado de alquiler; y la reducción de los presupuestos dedicados a alquiler y rehabilitación. También nos anuncia una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya tendremos ocasión de debatir y cuya medida estrella parece ser la de facilitar el desahucio. Para nuestro grupo sería deseable facilitar la permanencia del deudor en la vivienda una vez que se haya producido la ejecución por imposibilidad sobrevenida de pago y, en este caso, que se ofrezca por parte del acreedor un valor de arrendamiento proporcional y adecuado a la renta del deudor. Más allá de cómo se regule la situación de las personas en peor situación económica y más allá de los problemas de la dación en pago o de la valoración, existe la necesidad de que el Gobierno actúe regulando la insolvencia personal a futuro para evitar situaciones de endeudamiento, que es una acción de carácter fundamentalmente preventivo. Por ello, la pregunta que hacemos al Gobierno desde nuestro grupo es sobre las previsiones acerca de reformar la actual legislación en materia hipotecaria.

El señor PRESIDENTE: Para su respuesta, tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señoría, indudablemente participamos de la general preocupación por la angustiosa situación que muchas familias tienen en estos momentos de crisis económica profunda. Precisamente porque esa es la preocupación del Gobierno es por lo que salió adelante ese Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, sobre medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Como usted bien sabe, esa disposición legal contiene un conjunto de mecanismos que están dirigidos a reestructurar la deuda hipotecaria contraída por la adquisición de una vivienda habitual y el eje principal se centra en la aprobación de ese código de buenas prácticas al que se adhieren voluntariamente las entidades financieras. Ese código de buenas prácticas se va a concretar en tres fases o medidas que pueden beneficiar a las personas que se encuentran en esa situación angustiosa. La primera el la reestructuración de la deuda, facilitando que haya un periodo de carencia o se pueda rebajar el tipo de interés. En caso de que no fuera suficiente la primera, la segunda fase sería la de una posible quita. Y, finalmente, en caso de que tampoco diera resultado, se contempla la dación en pago, como usted conoce perfectamente.

Dice usted que no ha dado resultado. Ha entrado en vigor en el mes de marzo y parece un poco prematuro


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evaluar el resultado de esa medida que, en cualquier caso, supone una expresión de la preocupación del Gobierno y del Ministerio de Justicia por atender de manera absolutamente prioritaria a la situación angustiosa en la que se encuentran tantas familias de nuestro país. Piense usted que esto se aprobó tres meses después de entrar el nuevo Gobierno. Por otra parte, quiero decirle que también pretendemos dar cumplimiento a la disposición final décimo octava de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en la que se instaba a presentar un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria; y en eso estamos. Se ha creado una sección especial dentro de la Comisión de Codificación, que es un grupo de trabajo encargado de dar forma y de articular esa ley de la jurisdicción voluntaria para mitigar de alguna manera ese exceso de litigiosidad que pesa sobre el trabajo de jueces y tribunales. Vamos a dar entrada a registradores y notarios y todo eso va a tener incidencia en el ámbito de la legislación hipotecaria, que es a la que se refería su pregunta.

No quiero extenderme mucho más. Simplemente le digo que dentro de la preocupación que pueda existir en el Ministerio de Justicia en relación con las previsiones en materia hipotecaria, también le vamos a dar un tratamiento especial a los registros. Vamos a procurar actualizar y modernizar tecnológicamente los registros de manera que sea mucho más fácil la comunicación de los ciudadanos con los registros. Esto va a suponer que el sistema registral español tradicional en papel va a pasar a ser un registro electrónico, lo que va a producir un incremento de la seguridad jurídica. En definitiva, le quiero transmitir nuestra absoluta convicción de que toda esta situación que hace especialmente angustiosa la situación de muchas familias la vamos a afrontar desde diversos puntos de vista con el fin de incrementar la seguridad jurídica y favorecer que los ciudadanos puedan hacer frente a esta crisis.

El señor PRESIDENTE: Señora Ramón.

La señora RAMÓN UTRABO: Simplemente haré una puntualización. Deduzco de su intervención que no hay ninguna previsión expresa de modificación de la Ley Hipotecaria, aunque sí en el ámbito que le pueda afectar de la jurisdicción voluntaria.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Dentro de la jurisdicción voluntaria va a ser específicamente dirigido a ello y, luego, habrá otras medidas que lógicamente afectarán tangencial o colateralmente a la legislación hipotecaria.

DEL DIPUTADO DON LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA DECISIÓN TOMADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA ACERCA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES QUE SE ALOJARÁN EN EL RECIÉN REHABILITADO PALACIO DE JUSTICIA DE BURGOS. (Número de expediente 181/000141).

El señor PRESIDENTE: El punto 6.º del orden del día, que era la pregunta formulada por el diputado señor Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido retirado.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI HURTAR AL PARLAMENTO LA ELECCIÓN DE DOCE MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL AUMENTA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. (Número de expediente 181/000189).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, que es la pregunta formulada por el diputado señor Villarrubia Mediavilla en relación con la opinión del Gobierno acerca de si hurtar al Parlamento la elección de doce miembros del Consejo General del Poder Judicial aumenta la independencia judicial. El señor Villarrubia tiene la palabra.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Como comprenderá el señor secretario de Estado, este tema no va a despacharse con una mera pregunta en Comisión, pero valga de aperitivo lo que vamos a adelantar en el día de hoy, sin perjuicio de debates serios -aunque este también es serio- que habrá en el Pleno en un tema fundamental como este. Señor secretario de Estado, a nuestro juicio han empezado con muy mal pie la andadura de esta legislatura con este anuncio realizado por la vicepresidenta, la señora Sáenz de Santamaría, y el propio ministro. Con la excusa de un aumento de la independencia del Poder Judicial pretenden ocupar por la derecha judicial y de manera indefinida y permanente el Consejo General del Poder Judicial. Usted sabe, porque lo dice la Constitución en su artículo 1.2, que la soberanía popular reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado, también el Poder Judicial. Usted sabe que el Poder Judicial en la valoración de la independencia se refiere a los juzgados y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado -que no se pone en cuestión-, pero el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano político y ejecutivo de administración del Poder Judicial y cumple unas funciones constitucionales muy concretas que están recogidas en el artículo 122 de la Constitución: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Esto es un tema fundamental, porque si partimos de la base, no discutida -además hay una intervención muy interesante de su compañero no de escaño, sino de partido, que creo que no está hoy, don


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Arturo García-Tizón, una magnífica intervención al respecto-, las reglas del juego no se pueden cambiar unilateralmente por muchísimas razones; la justicia es una cuestión de Estado, si ustedes cambian las reglas del juego estarán rompiendo el consenso básico; si ustedes rompen el consenso básico no van a avanzar, no vamos a avanzar, es algo que aprendimos entre todos hace bastantes años, y la pequeña intervención de hoy es para decirles con afecto, pero entre comillas también advertirles con rotundidad, que si rompen el consenso estarán haciendo un grave daño, no al Partido Socialista, porque si esto lo hacen tendrá de vigencia veinticuatro horas después de que el Partido Socialista vuelva a gobernar este país, que ocurrirá antes o después, ya le adelanto que yo creo que más pronto que tarde. Pero no es bueno que en materias como esta, que es cuestión de Estado, en reglas de juego se salgan ustedes de aquello que tanto esfuerzo nos costó, y le adelanto ya, para que pensemos en el debate posterior, claro que podemos y debemos intentar mejorar el sistema de elección, pero siempre con el mayor origen y legitimidad democrática que reside en el Parlamento -abrevio y renunciaré a réplica para no pasarme mucho del tiempo-. La propuesta que haremos será, siempre dentro del mayor grado de legitimidad democrática y constitucional, ampliar y estudiar fórmulas que puedan hacer más plural el sistema de elección que el actual que tenemos pactado, pero siempre dentro de un nuevo pacto y siempre con el requisito previo de que sea mediante la soberanía popular y no con esta, permítame decirlo amistosamente, trampa de hablar de independencia. A quién le cuentan ustedes esto, cuando sería una parte solo de los 5.000 jueces quienes de manera indefinida tendrían el control del Poder Judicial, no la independencia del Poder Judicial, como ustedes bien saben.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Comenzaré, señor Villarrubia, por el final. Habla cariñosamente de trampa. Supongo que será la misma en la que cayó el representante del Grupo Socialista en el anteproyecto cuando se hablaba de elaborar la Constitución -tengo la cita textual del fundamento décimo tercero de la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, que en un principio abogaba por la elección de los 12 jueces por los propios jueces. Naturalmente que es legítimo cambiar de opinión y es legítimo sostener una opinión contraria. El propio Tribunal Constitucional -usted lo sabe igual que yo- precisamente respetó por vía interpretativa la constitucionalidad de la elección de los miembros del Poder Judicial de una manera o de otra, pero advirtió de los riegos de politización de los que tenía que quedar fuera precisamente el Poder Judicial, lo dijo rotundamente. Sin embargo, todos hemos constatado con el paso de los años que eso desgraciadamente no ha sido así. Y no seré yo el que eche la culpa sobre el Partido Socialista o sobre otro partido, creo que es el conjunto del sistema lo que ha fallado. Precisamente sobre esa constatación de la realidad es sobre lo que se asienta el compromiso electoral del partido en el Gobierno para poner en marcha una nueva forma de elección; nueva me refiero por temporalmente, cronológicamente hablando, no porque no estuviera en su momento encima de la mesa y, como digo, fuera asumida inicialmente incluso por el Partido Socialista, aunque después cambió su postura, con toda legitimidad. Por eso, le quiero decir que se busca, por supuesto, siempre el máximo consenso. En otra de las preguntas anteriores le explicaba que lo que de bueno haya podido hacer el Partido Socialista, que lo ha hecho sin duda en muchas ocasiones, lo asumiremos; en las reformas que estamos poniendo en marcha para transformar completamente la justicia en este país intentaremos lograr el máximo consenso con el Partido Socialista y con los demás, pero eso no significa que renunciemos a lo que entendemos que puede ser bueno para transformar la Administración de Justicia, ya digo, con absoluto respeto de otras opciones igualmente legítimas. Si ustedes entienden que a las veinticuatro horas de producirse ese eventual cambio de mayorías deciden poner en marcha eso, esa vuelta atrás, creo que asumirán el riesgo, nada hipotético sino bastante tangible, de volver a un sistema que nos ha demostrado a todos que acaba concretándose en que el consejo se transforma en una prolongación del Parlamento en cuanto a los defectos que no deben instalarse en el seno del Poder Judicial, como advirtió el propio Tribunal Constitucional. Por ello, entiendo que es legítima su postura, pero desde luego no la compartimos y no renunciamos a algo que creemos que puede ser un instrumento idóneo para garantizar la independencia del Poder Judicial.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- MOTIVOS POR LOS QUE SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS MEDIOS Y LA EFICACIA DE LA FISCALÍA ANTIFRAUDE. (Número de expediente 181/000190).

- PREVISIONES ACERCA DE INCREMENTAR LOS RECURSOS DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO SUS RESULTADOS. (Número de expediente 181/000191).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos 8.º y 9.º, que se van a agrupar, según se nos ha hecho llegar a la Mesa. El punto 8.º se refiere a los motivos por los que se han adoptado medidas para disminuir los medios y la eficacia de la Fiscalía antifraude. El punto 9.º hace referencia a las previsiones acerca de incrementar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción para seguir mejo


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rando sus resultados. El señor Villarubia Mediavilla tiene la palabra.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Esto tiene que ver bastante con la amnistía fiscal que saben que tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional y que yo creo, lógicamente sin prejuzgar nada desde el punto de vista político, con serios visos de que eso pueda prosperar. Señor secretario de Estado, el Gobierno destituyó en marzo al responsable de la investigación del caso Gürtel, Víctor de la Morena, y a los otros cinco jefes de equipo, todos ellos inspectores de Hacienda. La iniciativa de las destituciones se atribuye a Pilar Valiente, recién nombrada jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Durante el primer mandato del PP con Aznar fue directora general de la Inspección de la Agencia Tributaria, fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tuvo que dimitir por su actuación en el caso Gescartera. El actual Gobierno ha nombrado director de esta oficina a Santiago Menéndez, que fue director de la Recaudación durante la etapa anterior del Partido Popular, vemos que queda todo absolutamente en casa. Sobre la amnistía fiscal para los grandes defraudadores aprobada por su Gobierno que incentiva a quienes incumplen la legislación, hay que diferenciar esta medida de otras similares adoptadas con anterioridad, junto a medidas complementarias para recrudecer la lucha contra el dinero opaco. En los años 1984 y 1991 se llevaron a cabo dos intentos antes de poner en marcha el impulso de la lucha contra el fraude fiscal, cuando no existía en España una Agencia Tributaria ni un procedimiento ordinario que permitiese a los contribuyentes incumplidores ingresar la deuda tributaria una vez vencido el plazo de presentación de las declaraciones, con lo que se lanzaba un mensaje de última oportunidad para ponerse al día. El Gobierno no solo no pone en marcha la lucha contra el fraude sino que la relaja, incluso ha bajado sus objetivos a los inspectores en 2012 por debajo de 2011.

Rapidísimamente, con respecto a la pregunta acumulada, le diré que solicitamos, a ver qué nos dice, que incrementen los recursos de la Fiscalía Anticorrupción a la que su partido, lamentablemente, y lo digo con serenidad, parece que tiene alergia; la tuvo en la época de los Gobiernos de Aznar y parece que empieza a tenerla de nuevo ahora. Sabe que en las memorias de la Fiscalía General del Estado a lo largo de todos estos años se ha reconocido el tremendo esfuerzo y la potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, y ahí están los resultados, que lamentablemente estamos viendo por un lado, pero afortunadamente por otro: la constante ampliación de plantillas y medios está constatada, la conoce -en aras de la brevedad no la voy a desarrollar al menos en el día de hoy- la Instrucción 4/2006, de 12 de julio, regula la actuación de esta fiscalía y existe un sistema de controles dirigidos a asegurar la imparcialidad y la corrección jurídica de las decisiones que se toman. ¿Van a mantener esa cadencia de ampliación de plantillas y recursos destinados a fortalecer esa fiscalía tan necesaria siempre y que ha sido tan eficaz en el combate de los delitos de corrupción, en los que hay que apretar, señor secretario de Estado, como se venía haciendo, vengan de donde vengan y caiga quien caiga?

El señor PRESIDENTE: Para su respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señor Villarrubia, ha hecho una primera parte de la exposición centrada en diversas consideraciones subjetivas, por supuesto respetables, pero subjetivas -reitero-, que nada tenían que ver con la Fiscalía Anticorrupción, a la que iban referidas las dos preguntas, digamos que eran los dos reversos de la moneda. Había una primera pregunta, si yo no estoy equivocado, en la que se hablaba de la disminución de los medios y de la eficacia de la Fiscalía antifraude y, a continuación, la siguiente pregunta, sobre las previsiones acerca de incrementar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción para seguir mejorando sus resultados.

Le confieso mi sorpresa cuando leí el texto de las dos preguntas, porque no tenía noción de que nosotros hubiéramos adoptado ninguna medida de recorte relativa específicamente a la Fiscalía antifraude. Evidentemente, el presupuesto del Ministerio de Justicia ha sufrido un recorte general, como lo han sufrido los demás ministerios, seguro que en menor medida en nuestro caso que, si no recuerdo mal, era un 6,39 % del total, mientras que en otros ministerios era bastante más pronunciado. Pero en modo alguno nosotros nos hemos planteado en ningún momento recortar los medios que podemos a disposición, como es nuestra obligación, de la fiscalía y mucho menos de la Fiscalía antifraude o Anticorrupción. Tan es así, tal fue la sorpresa al leer el texto, que nos hemos puesto en contacto directo con la Fiscalía Anticorrupción por si de alguna manera, inadvertida para nosotros, habíamos provocado una reducción de esos efectivos o de esos medios personales o materiales que lógicamente por un error humano podía haberse producido. Hemos constatado que no ha sido así. La respuesta que nos han dado directamente es que no tenían ningún motivo de queja sobre el particular. Por lo tanto, en cuanto a la primera de las preguntas, creo que la puedo dar por contestada. No hay ninguna preocupación especial al respecto por parte de la fiscalía porque no se han sentido no ya ninguneados, sino reducidos en sus medios para seguir luchando.

En cuanto a si vamos a seguir mejorando. Por supuesto que sí. Vamos a intentar mejorar la eficiencia, la eficacia de la actuación de la Fiscalía antifraude, como lo estamos intentando respecto de toda la fiscalía en su conjunto, de los juzgados y tribunales de este país. Es cierto que la Fiscalía Anticorrupción ha visto duplicados sus efectivos desde que se creó en el año 1996: tenía una plantilla de 8 personas; en 2009 se duplicó, tiene 16 fiscales; se ha incrementado en un cien por cien en la etapa inmediata


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mente anterior a la nuestra. Nosotros procuraremos mantener en todo caso el nivel de eficiencia que se ha logrado, que evidentemente es un nivel de eficiencia bastante positivo a nuestro juicio, todo en esta vida es mejorable, pero desde luego es bastante aceptable o muy aceptable el nivel de eficiencia que se ha conseguido en la Fiscalía Anticorrupción. No tenemos ninguna intención de disminuir los medios que ponemos a su disposición. No tengo nada más que decir al respecto.

El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, de manera breve.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, seré breve de verdad.

Voy a puntualizar dos cosas, porque creo que se ha liado un poquillo el señor secretario de Estado. En la primera parte le he dicho hechos y datos con nombre y apellidos, no valoraciones subjetivas, y frente a profesionales se han puesto algunos amigos del Partido Popular y alguno o alguna de dudosa reputación al frente de estas importantes oficinas, luego no sé a qué viene esa extrañeza. Y en la segunda parte, la primera está constatada, el debilitamiento en los ocho años de Gobierno del Partido Popular de Aznar de la Fiscalía Anticorrupción fue un escándalo y parece ser que ahora han mermado los recursos, que es lo que le he preguntado. No sé por qué se extraña tanto si son hechos constatados y lamentablemente consumados, ojalá no se consumen más a partir de ahora.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, también de manera breve.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Le reitero, señor Villarrubia, que cuando usted habla de dudosa está implicando algo subjetivo. En todo caso, creo que no es la cuestión relativa a la fiscalía la que toca responder cuando me está hablando de otros hechos diferentes, que no son los relativos a la Fiscalía Anticorrupción. En ese aspecto, creo que la cuestión está clara. Y en cuanto a lo de que se han disminuido los recursos o las potencialidades de la Fiscalía Anticorrupción, le insisto, es que ni siquiera lo sienten así los propios fiscales anticorrupción.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI "LA CADENA PERPETUA REVISABLE" SINTONIZA CON NUESTROS VALORES CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 181/000192).

DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS GARANTÍAS PARA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE O LA DÉCADA BAJO VIGILANCIA. (Número de expediente 181/000354).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 10.º del orden del día, pregunta formulada por el diputado señor Villarrubia Mediavilla, que agrupamos con el punto 17.º del orden del día, que es la pregunta formulada por el diputado señor Llamazares Trigo. En consecuencia, se agrupan dos: la número 10.º, opinión del Gobierno acerca de si la cadena perpetua revisable sintoniza con nuestros valores constitucionales; y la número 17.º, garantías para la prisión permanente revisable o la década bajo vigilancia.

En primer lugar, para formular su pregunta, tiene la palabra el diputado señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor secretario de Estado, como sabe, y todas sus señorías lo saben, el Código Penal español prevé elevadas penas y sigue escrupulosamente el principio del cumplimiento efectivo, al menos desde la aprobación del Código Penal en la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, y las cárceles españolas las tenemos demasiado llenas. Usted sabe que con el índice de delincuencia de nuestro país, afortunadamente muy por debajo de la media europea, tenemos prácticamente el doble de reclusos, con el sufrimiento personal, familiar y social y el coste económico que ello conlleva. Por lo tanto, España no tiene un sistema penal blando, sino uno de los sistemas penales en Europa con mayor extensión en la duración de las penas.

Espero que corrijan su planteamiento, porque yo pensé que era solo un brindis de cara a la galería y una de las justificaciones que el señor Trillo tuvo para no apoyar la última gran reforma, muy consensuada, del Código Penal y había algunas discrepancias pactadas, esta era una de ellas, y la otra causa por la que no votaron ustedes a favor fue el grave endurecimiento contra los delitos de corrupción pública y privada, por si no lo sabían, ya se lo recuerdo yo, esto sí que es una valoración subjetiva pero que todos los ponentes conocen. Esta propuesta choca frontalmente una vez más, a nuestro juicio, con el lógico respeto a la discrepancia, con los principios constitucionales de rehabilitación y reinserción del penado y los principios recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Nos encontramos, a nuestro juicio al menos, ante un discurso más bien populista, más propio -lo digo con suavidad- de una derecha que pertenece al pasado muy lejano que a una derecho moderna, democrática, como la que yo considero que mayoritariamente representa su partido y, por lo tanto, confío en que, como mayoritariamente su partido representa una derecha conservadora pero democrática, algunas de las contrarreformas -a las que aludiremos más detenidamente en momentos posteriores- no consumen cuestiones estas de lo permanente que tanto gustaban en otra época, porque tenemos ya la duración de las penas más larga de toda Europa.


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Vamos a dejar de hacer populismo y de confundir a la gente y vamos a lo importante de la reforma de la Administración de Justicia que España sigue necesitando, que empezó a llevarse a cabo con mayor fuerza con la Ley de modernización y transformación de la Administración de Justicia, el plan que usted conoce, del que se llevó a cabo una parte y otra no, porque concluyó la legislatura, y a ver si vamos ocupándonos de eso, en lugar de hacer solo anuncios de este tipo que, como no cuestan dinero, parece que nos llenan el hueco de las lagunas graves que hasta ahora tiene su ministerio y su Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Para formular la parte correspondiente a la pregunta número 17.º del orden del día, el señor Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: En el mismo sentido que el señor Villarrubia, en relación con los anuncios del Ministerio de Justicia con respecto a posibles modificaciones del Código Penal, estamos entre preocupados y perplejos. En primer lugar, preocupados por la deriva, en la que solamente se ve la posibilidad de aumentar las penas, que ha sido la respuesta tradicional de diversas fuerzas políticas en el Gobierno a lo largo de los últimos años y que no parece que haya dado buen resultado. Aumentamos continuamente las penas, aumentamos el número o la tasa de penados -ya somos los líderes de la Europa occidental- y, sin embargo, da la impresión de que los objetivos fundamentales que tiene una sociedad democrática, que es fundamentalmente la reinserción, no avanza en el mismo sentido. Decía que estamos entre preocupados y perplejos, porque después de que ustedes anunciaran esa forma eufemística de cadena perpetua, que es la prisión permanente revisable -no nos preocupan los eufemismos, porque ya estamos acostumbrados-, inmediatamente después se descuelga el ministro hablando de que esa prisión permanente revisable es para determinados temas nada más. Es decir, lo acota a delitos de terrorismo provocando la reacción por parte de las familias que siempre están atentas a sus casos concretos que han sufrido delitos graves o gravísimos, como es el asesinato de algunos de sus hijos.

Pero todavía no habíamos agotado la capacidad de asombro, cuando al cabo de un tiempo se corrige de nuevo a sí mismo el ministro, en esta deriva del Ministerio de Justicia, que no se sabe muy bien si es un ministerio de Justicia o un ministerio de información y turismo, y el ministro dice que ya no es ni una cosa ni la otra, que es una década de control penitenciario. Yo creo que si lo primero suscita dudas desde el punto de vista constitucional de que no estemos ante penas degradantes, lo segundo, una década de control penitenciario, ya suscita todas las dudas con respecto, por ejemplo, a la seguridad jurídica; tienes una pena o la contraria, pero no puedes tener una pena con prolongación de pena -o esa es la impresión que nosotros tenemos-, y luego suscita todas las dudas con respecto a la reinserción. ¿Cómo se respeta el criterio de reinserción con este tipo de propuestas? Creemos que este no es el camino -lo hemos dicho en muchas ocasiones con el Gobierno del Partido Socialista y ahora con el Gobierno del Partido Popular-, continuar penalizando, aumentando las tasas de encarcelamiento en nuestro país para que finalmente no cumplamos el objetivo de la reinserción. Por el contrario, habría que ver las penas de otra forma, con otro tipo de penas y no solamente las penas de cárcel y, por otra parte, también habrá que desarrollar una buena experiencia, como puede ser la experiencia penitenciaria de los módulos de educación y terapéuticos, que nos parecen todo un éxito y que otros países están planteando su interés por nuestra experiencia. Creemos que es ahí donde debemos trabajar y no únicamente en el populismo penal.

Termino diciendo que se trata de mejorar el servicio público de la justicia y no se trata de hacer únicamente electoralismo con la justicia. Creemos que un ministerio tiene derecho a combinar las dos cosas, pero no puede ser que lo último sea el servicio público y lo primero sea el electoralismo.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta de ambas preguntas, tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Creo que los dos parlamentarios han coincidido en tildar de populista la actuación del Ministerio de Justicia en este punto, y quiero decirles que nada más lejos de la realidad ni de nuestra intención, de las dos cosas. Tenemos la idea muy clara de provocar una transformación profunda de nuestra Administración de Justicia, y no solo en el aspecto organizativo. También creemos que es necesario enfocar algunas cuestiones que están siendo objeto de estudio, como estas que ahora se plantean que son objeto de esta pregunta, en el tema de la prisión permanente revisable. Creemos que es perfectamente posible mejorar nuestro Código Penal, no necesariamente aumentando siempre las penas, otras veces proporcionándole una mayor sistematización, otras veces con condiciones de técnica legislativa; y hay otras cuestiones que, evidentemente, son más de fondo. Esta puede ser una de ellas, la de la prisión permanente revisable, pero rechazo tajantemente la acusación de populista. El hecho de que se limite el anuncio inicial a los delitos de terrorismo tiene la explicación de que, tratándose de una pena de esa naturaleza, como filosofía general se entiende que se trata de acotar esta pena, sin duda grave, a los casos más graves en que se produce un atentado contra el propio corazón del Estado, no contra bienes exclusivamente individuales. Esa es la razón de la inclusión en nuestro objeto de estudio para después traer a sede parlamentaria la prisión permanente revisable, algo que desde luego no es un descubrimiento nuestro ni un invento del Ministerio de Justicia actual.


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Hemos estudiado profundamente el derecho comparado y hay diversos países en Europa que tienen esta figura, llamándola prisión permanente revisable o llamándola de duración indeterminada. En todo caso, es importante tomar en consideración varias cuestiones. Por un lado, más allá de que la duración de la privación de libertad mínima, que da lugar a esa revisión posterior para ver si está en condiciones el penado de reinsertarse, hay que tener en cuenta que, a nuestro juicio, guarda plenos parámetros de constitucionalidad esta pena que se plantea. Pero no solo desde nuestra posición particular, del Ministerio de Justicia, de análisis de la cuestión llegamos a esa conclusión. A la misma conclusión ha llegado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando ha enjuiciado la constitucionalidad de esta pena desde el punto de vista de la dignidad de la persona y de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre eso.

Tampoco debemos olvidar que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ha sido ratificado por España en 2002, ha tenido ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado sobre este particular, y emitió un dictamen en el que hablaba de la constitucionalidad, siempre que haya la suficiente flexibilidad en orden a propiciar la reinserción, de manera que desde el momento en que se establece un mínimo de cumplimiento de la privación de libertad y después se garantice efectivamente la posibilidad de reinserción, entendemos -primero, por propia convicción y estudio; y, después, observando el panorama europeo- que ni habrá una pena inhumana ni degradante ni se vulnerarán los parámetros de la constitucionalidad. Desde esa perspectiva, naturalmente respetaremos que haya dos opiniones contrarias, pero es perfectamente legítimo que intentemos dar las soluciones mayores a los problemas de mayor gravedad, cuando especialmente son así sentidos como tales por la sociedad española. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señoría.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Quería hacer una precisión. No me ha aclarado mi perplejidad. En primer lugar, ¿estamos ante prisión permanente revisable? En segundo lugar, ¿estamos ante una prisión permanente revisable circunscrita a los delitos de terrorismo? Y, en tercer lugar, ¿estamos ante una década de control penitenciario? ¡Es que no sabemos muy bien a qué atenernos! Yo es lo que quería aclarar con el secretario de Estado.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Le contesto de manera más precisa, si es que acaso no me he explicado suficientemente.

Naturalmente, la cuestión está en estudio, y será próximamente objeto del anuncio correspondiente cuando termine ese resultado de la reflexión y del estudio. Pero le reitero lo que le he indicado anteriormente; habrá un periodo de cumplimiento íntegro de la pena. En otros países está entre siete y veintiséis años. Nosotros fijaremos ese periodo de duración mínima y, a continuación, se abrirá un periodo durante el cual será posible, teóricamente, la salida de prisión del penado, siempre sometido al control de los especialistas correspondientes, que serán quienes determinen precisamente la posibilidad de reinserción y la ausencia de peligrosidad, y naturalmente no solo por los técnicos especialistas correspondientes se valorará esta circunstancia, sino por el tribunal correspondiente.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL CONJUNTO DE CONTRARREFORMAS ANUNCIADAS EN MATERIA DE JUSTICIA FACILITA EL NECESARIO CONSENSO. (Número de expediente 181/000193).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 11.º del orden del día. Pregunta que formula el diputado, señor Villarrubia Mediavilla, en relación con la opinión del Gobierno acerca de si el conjunto de contrarreformas anunciadas en materia de justicia facilita el necesario consenso.

El señor Villarrubia tiene la palabra.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Le tengo que reconocer de entrada al señor secretario de Estado su buen tono, su talante y su defensa numantina incluso de aquello que es indefendible desde un punto de vista casi democrático, pero está en su papel y tiempo habrá de ver estas decisiones, que estoy convencido de que se van a llevar adelante muy poquitas de estas contrarreformas anunciadas. Le hablaba antes, en uno de los temas importantes, de la ruptura de un consenso de reglas del juego en el sistema de elección. Pero han ido anunciando muchas más, cada vez que el señor Gallardón se reúne con un colectivo o persona individual sale con una ocurrencia de reforma la mayoría de las veces del Código Penal, lo cual es -siendo suave- poco serio. El Código Penal es demasiado serio, no es un juguete; acabamos de hacer una gran reforma consensuada incluso con ustedes, salvo algún tema puntual, insisto. No se puede andar modificando a golpe de acontecimiento el Código Penal.

Anuncian la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo; siguen manteniendo el recurso de inconstitucionalidad en el matrimonio homosexual; introducen el copago en la Administración de Justicia; privatizan -los bautizos no- solo las bodas y los divorcios, cuando no hay menores. ¿Sabe usted lo que se tarda en hacer un divorcio de mutuo acuerdo cuando no hay menores? ¿Cinco minutos quizás? ¿De qué estamos hablando aquí? Ayer salen con otra cuestión, con dar los expedientes de


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nacionalidad también a los registradores. ¿De qué estamos hablando aquí, cuando están disminuyendo el número de expedientes en los últimos años? Estamos hablando de ideología pura, no del funcionamiento de la Administración de Justicia. Se ha mencionado el delito de resistencia pasiva, ¿pero saben de qué están hablando ustedes? Lo mismo sucede con la custodia de seguridad; la prisión permanente revisable, de la que hablábamos ahora; la multirreincidencia, esta mañana, que la acabamos de tratar hace meses con una solución consensuada. Les aprietan el zapato en algunas plazas de Barcelona y el Ayuntamiento, y otra vez al Código Penal. Y así hasta cerca de veinte auténticas contrarreformas.

Esto tiene una explicación inicial. Y es que con el presupuesto que ustedes han presentado, el acuerdo de no disponibilidad inicial y el presupuesto posterior de 1.574 millones de euros inferior al de 2009, resulta que lo que les queda no llega a 300 millones de euros para toda la justicia en España, incluidos gastos corrientes, inversión, transferencias, plan de transformación y modernización. Y no da ni para pipas. Ese es el problema que hay. Están llenando con declaraciones y con ideología bastante conservadora -por ser suave en el término- su propia incapacidad de seguir con ese ambicioso proceso de transformación de la justicia que al menos desde el año 2010 -ya en plena crisis económica estábamos llevando a cabo-. Están rompiendo -insisto- consensos básicos; están haciendo política -entre comillas y con letra pequeña- de un área en la que menos cabe hacer política con letra pequeña. Es una reflexión que dentro de su buen tono yo le traslado -ya se lo hemos trasladado a su jefe de filas- porque a la fecha que estamos todavía no se ha producido al principal partido de la oposición ni una sola llamada de teléfono, no ya consenso, ni siquiera diálogo previo para llegar al consenso en ninguna materia importante. Les indico con serenidad que van bastante mal por ese camino.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Ha dicho usted, señor Villarrubia, varias cosas. Voy a empezar por la expresión contrarreforma. No comprendo si cuando usted se refiere a contrarreforma se refiere a que vamos a reformar algo que ustedes hicieron, porque entiendo que contrarreforma es reformar algo que uno ha reformado previamente. Nosotros no es que estemos reformando lo que ya habíamos reformado, es que hemos presentado un proyecto de reformas para toda la legislatura que vamos a cumplir rigurosamente. ¿Que eso no coincida con las reformas que en la anterior etapa de Gobierno socialista se hicieron? Lo admito, pero no es una contrarreforma, a menos que se entienda en este último sentido.

Dice que el Ministerio de Justicia está actuando de manera poca seria en esta materia. Permítame que discrepe. Respeto su opinión, pero desde luego discrepo profundamente de ella. Creo que nosotros estamos actuando con planificación, con serenidad, con sosiego para estudiar las cosas que son absolutamente trascendentes para todos. Ya le he hablado anteriormente de esas comisiones para transformar radicalmente la organización judicial, la planta y demarcación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como usted sabe, se refiere al 70 % de los pleitos de este país, que son en materia penal. Pero todo esto estamos intentando hacerlo y seguiremos intentándolo cuando estos textos básicos centrales vean la luz buscando el mayor consenso y aceptando las sugerencias que sean buenas, como el ejemplo que le ponía anteriormente de los tribunales de instancia. Si es una buena idea y la ha tenido el Gobierno anterior, ¿por qué la vamos a desechar? No la vamos a desechar, la asumiremos en la medida en que corresponda. Si hay que hacer matizaciones, se hacen, pero no desecharemos ningún material, por ejemplo, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si había un texto que estaba elaborado, tomaremos de él lo que sea válido; lo que no nos parezca válido lo cambiaremos, pero intentando siempre buscar ese máximo consenso.

Me hablaba de expedientes de nacionalidad, dice que esa materia ha disminuido en los últimos años. ¿Sabe, señor Villarrubia, que hay 400.000 expedientes parados allí? Estamos intentando acometer un plan profundo de digitalización para ver si en un año damos solución a esos 400.000 expedientes que están parados porque están en papel y no habían sido tramitados anteriormente. Y con esto no quiero establecer ningún reproche al equipo anterior. Simplemente estoy constatando una realidad que, por lo que se ve, no es suficientemente conocida.

Me habla de la multirreincidencia, de que no hay necesidad de retocarla porque ya se tratado. Le voy a poner solo un ejemplo, me gustaría que usted se reuniera con el gremio de joyeros, que han venido a expresarnos su preocupación. (El señor Villarrubia Mediavilla: Me he reunido). Seguramente alcanzaría una conclusión diferente, no creen que esté resuelto el problema. Lo mismo sucede con tantas otras cosas que sin duda están ahí desde hace mucho tiempo y no han sido abordadas con la necesaria profundidad o no se les ha dado la solución adecuada, no por falta de buena intención, simplemente porque los resultados no han sido acertados.

En esa línea es en la que nosotros nos movemos. Cuando usted me habla de que se ha hecho un gran esfuerzo inversor en la legislatura anterior, nadie se lo va a discutir. Otra cosa es el rigor en la ejecución de ese presupuesto y de ese esfuerzo inversor. Le podría poner ejemplos, pero el poco tiempo no me lo permite, pero le podría hablar por ejemplo del expediente judicial electrónico, en el que se ha hecho una inversión importantísima con, a mi juicio, una insuficiente planificación, lo que ha llevado a que el esfuerzo inversor se haya consumido casi íntegramente en la Audiencia Nacional y no en toda, parcialmente ha servido para intentar ponerlo en marcha como experiencia piloto en la Audiencia


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Nacional y ni siquiera se ha conseguido. Y ahora tenemos que estar estabilizando a la Audiencia Nacional para, una vez que funcione, intentar proyectar sobre el resto del territorio el expediente judicial electrónico. Yo no le discutiré nunca las bondades del esfuerzo inversor, pero sí del control de la ejecución y el rigor a la hora de invertir mucho dinero. Creo que nuestra obligación es planificar y aprender de los errores de otros -como también, sin duda, los podremos cometer nosotros-, pero lo importante es no volver a repetir errores porque estamos jugando con dinero público y además en un momento de escasez absoluta, con lo cual no nos podemos permitir el lujo de cometer un solo error. De manera que discrepo profundamente de lo que usted dice, que estamos haciendo una serie de contrarreformas sin sentido. Creo que, por el contrario, son muy necesarias y que, al final, el tiempo nos acabará dando la razón.

DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA HERNANZ COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS DE IBIZA. (Número de expediente 181/000218).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 12.º del orden del día. Pregunta formulada por la diputada doña Sofía Hernanz Costa en relación con la fecha prevista para iniciar la construcción del nuevo edificio de juzgados de Ibiza. Para su formulación tiene la palabra la diputada señora Hernanz Costa.

La señora HERNANZ COSTA: Quiero agradecer la presencia del señor secretario de Estado. La pregunta que le planteo al Gobierno es efectivamente sobre las previsiones de construcción de la nueva sede judicial en la isla de Ibiza. Sé que hasta ahora los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a cuestiones muy generales o de afección general a la ciudadanía, y que esta es una cuestión muy local o muy territorial. Pero sí quiero poner de manifiesto que siendo una cuestión muy local es una cuestión muy importante para los ciudadanos de Ibiza y también para los ciudadanos de la vecina isla de Formentera, a los que también presta servicio esta sede judicial. Digo que es una cuestión muy importante porque el estado de la sede central de los juzgados de Ibiza es pésimo, es impropio, y carente de las mínimas condiciones, tanto para el personal que se ve obligado allí a desarrollar su jornada laboral, como para los ciudadanos de Ibiza y de Formentera. Me atrevería a decir que es uno de los peores edificios judiciales, si no el peor, de todo el país. Si el compareciente no ha tenido ocasión de conocerlo le invito a que lo haga y también a todos los miembros de esta Comisión parlamentaria, y así podrán comprobar que mi descripción lejos de ser exagerada queda muy corta contrastada con la lamentable realidad.

Debo hacer mención también a los antecedentes que nos llevan a formular esta pregunta porque digo que es lamentable el estado del edificio, pero también es lamentable el devenir de los acontecimientos que en la búsqueda de la solución a esta sede judicial de nuestro territorio han ocurrido. Esta búsqueda de la solución se remonta al año 2004, momento en que el Ayuntamiento de Ibiza realiza al Ministerio de Justicia una propuesta de participación en una operación de permuta de terrenos, por la cual se ponía a disposición de la Administración del Estado un terreno para la construcción de los juzgados, concretamente aquel en que se encontraba ubicado un antiguo colegio denominado La Graduada. A partir de ese momento nos encontramos con que la operación se retrasa una y otra vez por trabas que se interponen desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular, que pasan desde la impugnación judicial de una modificación necesaria del Plan general de ordenación urbana, hasta el intento de declaración de la vieja escuela como bien catalogado, tumbado también finalmente por los tribunales. Eso nos ha hecho perder mucho tiempo, siete años concretamente, en los cuales la situación ha seguido empeorando día a día. Pero finalmente, salvados todos los obstáculos y tras las complejas negociaciones y estudios de viabilidad de todo tipo, se llega a un acuerdo y se firma en el mes de marzo de 2011 un protocolo general entre al Ayuntamiento de Ibiza y los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda dando luz verde a esta permuta. Sin embargo tras las pasadas elecciones locales, autonómicas y las generales del pasado mes de noviembre, y con el cambio de color político de todas las instituciones implicadas en la operación pasan varios meses sin que se toque un solo papel.

En el mes de marzo de 2012 a preguntas formuladas por los senadores socialistas de las Islas Baleares el Gobierno responde por escrito que la operación de permuta sigue adelante, y que está parada únicamente a la espera de que el Ayuntamiento de Ibiza realice la tramitación. A todo esto -y para nuestra sorpresa- el pasado 7 de mayo se produce aquí en Madrid una reunión del ministro Gallardón con diversos responsables políticos ibicencos -todos del Partido Popular-, tras la cual el Partido Popular de Ibiza emite un comunicado en el que dice que por parte del Ministerio de Justicia se descarta la operación de permuta, se descarta el terreno de La Graduada y se ponen a trabajar de inmediato en la búsqueda de una nueva solución. Nosotros ya no entendemos nada, con posterioridad a este comunicado hay una nueva respuesta escrita del Gobierno a una pregunta realizada por un parlamentario del Grupo de La Izquierda Plural en la que reiteran que la permuta sigue adelante. Como no es posible que ocurra una cosa y la contraria simultáneamente, como la operación de permuta o está en marcha o está descartada, y como desde el Ayuntamiento de Ibiza nos dicen una cosa a los ciudadanos y desde el ministerio del Gobierno otra, es por lo que agradezco infinitamente al secretario de Estado que por fin pueda aportarnos luz sobre este asunto y nos


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explique concretamente en qué punto se encuentra la construcción de la nueva sede judicial de Ibiza.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Gracias, señoría, por su pregunta. Voy a intentar contestarle sin perjuicio de que si es necesaria alguna otra explicación complementaria se la pueda facilitar por escrito. Estaré a su disposición desde el ministerio para aclarar las dudas que pudieran surgir. Hasta donde sé la situación es en parte similar a lo que usted está diciendo. Usted conoce, primero, el recorte del 36 % en materia de presupuesto de obras que hemos tenido que adoptar, no solo por la situación actual de crisis, sino también porque estamos a la espera de ver cómo queda la remodelación tanto de la organización judicial como de la planta y demarcación territorial. Eso hace que seamos prudentes a la hora de acometer nuevas inversiones con carácter general. En concreto en Ibiza había cuatro sedes dispersas, eso es lo cierto, y efectivamente se produjo una permuta. Las noticias que tengo es que estaba pendiente de que, una vez aprobada la permuta, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizara la afectación del solar al Ministerio de Justicia. En dicho solar está prevista la construcción de un nuevo edificio que concentre los órganos judiciales que están actualmente dispersos, parte de ellos en arrendamiento más un espacio de reserva. En cuanto a las noticias concretas sobre plazos -que es lo que a su señoría le interesaba- incluía la contratación del proyecto en 2013 y el desarrollo de la primera fase de las obras entre 2014 y 2017, con un presupuesto previsto de 10,7 millones de euros. El edificio tendría una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados, ahí se incluirían los doce juzgados existentes más seis de reserva, y tendría un coste estimado total de 16 millones de euros. Todo ello lógicamente supeditado a la aprobación del programa definitivo, y por supuesto condicionado a las disponibilidades presupuestarias. Esa es la información que puedo ofrecerle en este momento.

DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ALCANCE DE LA REFORMA DEL CÓGIGO PENAL QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO. (Número de expediente 181/000245).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 13.º del orden del día, que es el alcance de la reforma del Código Penal que se plantea el Gobierno, pregunta que ha formulado la diputada doña Elvira Ramón Utrabo. Para su formulación tiene la palabra su señoría.

La señora RAMÓN UTRABO: Señor secretario, desde la primera comparecencia del ministro de Justicia estamos acostumbrados a diferentes anuncios de la reforma del Código Penal. Estos anuncios unas veces se hacen en sede parlamentaria y en otras ocasiones se hacen fuera de esta casa. Tengo que aprovechar también la ocasión para mostrar nuestra disconformidad con que estos anuncios se hagan fuera de esta Cámara por el propio respeto y la legitimidad que tenemos todas las diputadas y diputados, como representantes de la soberanía popular. Además estos anuncios también se hacen por diferentes ministros. Esta mañana mismo, como anunciaba mi compañero el señor Villarrubia, en el Pleno de la Cámara se han hecho anuncios por parte del ministro del Interior. Por ejemplo, anuncios como el delito vinculado a la gestión de recursos públicos en el que se quiere proponer una modificación del Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, u otros anuncios como el de la Ley de Seguridad Ciudadana en el que el Partido Popular en el Gobierno propone equiparar como actos de vandalismo las conductas sancionables a la kale borroka elevando las penas mínimas a dos años de cárcel, con objeto de que los jueces puedan decretar prisión provisional. También anuncian que se sancionará la falta de respeto a la autoridad, ocultar el rostro con capucha, pertenencia a banda, desórdenes públicos, atentados, daños, etcétera. La pregunta que queremos hacer ante el anuncio de todas estas reformas es si nos puede concretar el contenido, alcance y calendario de aprobación de todas estas reformas que se están anunciando.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): El alcance y contenido concreto evidentemente no se lo puedo trasladar porque está en estudio. Se han hecho una serie de anuncios por el propio ministro en esta sede inicialmente, en sede parlamentaria -tanto en el Congreso como en el Senado-; no le voy a discutir que alguno de esos anuncios se precisara quizá un poco más o a preguntas de algún periodista se haya podido contestar, pero creo que todos recordarán que a los quince días de tomar posesión el nuevo Gobierno vino a esta sede el ministro de Justicia para anunciar todo el plan de la legislatura. Evidentemente contestar en estos momentos con una precisión matemática y absoluta a cosas que están siendo objeto de estudio ahora mismo en nuestra sede del Ministerio de Justicia sería -lo comprenderán- no solo una temeridad por mi parte, sino que me encontraría imposibilitado para hacerlo, porque todavía no tenemos terminado completamente ese estudio. Sí le puedo decir que en breve tendremos terminado ese estudio y que en muy breve plazo el ministro hará el anuncio correspondiente sobre el alcance definitivo de esas reformas.

Ustedes saben que está ya tramitándose el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal; está en


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segunda vuelta del Consejo de Ministros para incorporar diversos instrumentos para la lucha contra el fraude, y para facilitar la persecución efectiva de los delitos que atentan contra el patrimonio de la Hacienda pública y de la Seguridad Social. Aquí se incluye un nuevo tipo agravado de delito fiscal con su correlativo en la regulación del delito contra la Seguridad Social. Pero además de esta reforma que ya está en marcha evidentemente hay otras en fase de estudio. Hemos hablado de alguna de ellas. Hemos hablado de la reiteración delictiva o de la multirreincidencia, hemos hablado de la prisión permanente revisable, y hemos hablado de regular de manera más precisa las medidas de seguridad. También tocaremos aspectos parciales de la parte especial del Código Penal, los delitos patrimoniales, los delitos contra el orden público, los delitos económicos para garantizar los derechos de consumidores e inversores, los delitos de incendio, y la revisión de la necesidad de mantener en la actual regulación las faltas en el Código Penal. Estamos evaluando la posibilidad de una despenalización de las faltas en el Código Penal. Por otra parte estamos también en la tarea de trasposición de directivas y decisiones marco en el ámbito por ejemplo de la incitación al odio contra minorías, que es una exigencia también, o como igualmente la de solventar el problema que plantea la actual regulación en materia de daños terroristas que tenemos que llevar a cabo ese desarrollo de la normativa europea.

No se trata de una reforma general. Como decía antes el señor Villarrubia, ha habido otras reformas y no se trata aquí de plantear una reforma absoluta del Código Penal. Se trata de acomodar la actual legislación o una mejor técnica legislativa o a soluciones más puntuales para supuestos que entendemos están necesitados de reforma, pero no pretendemos abordar una reforma absolutamente general. Intentamos con ello conseguir la corrección o bien de algunas carencias o bien de algunas disfuncionalidades que hemos apreciado en el Código Penal. En definitiva, lo que le puedo decir es que en breve se planteará el anuncio correspondiente de la reforma del Código Penal.

DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EXPLICACIÓN DE LO QUE ENTIENDE EL GOBIERNO POR CONVOCATORIA DE ACTOS VIOLENTOS. (Número de expediente 181/000246).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 14.º del orden del día. Es la pregunta formulada por la diputada doña Elvira Ramón Utrabo en relación con la explicación de lo que entiende el Gobierno por convocatoria de actos violentos.

Para su formulación tiene la palabra la diputada Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Señor secretario, precisamente profundizando en la pregunta anterior y ante la anunciada reforma del Código Penal y el anuncio también de incluir como delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria por cualquier medio, incluido internet, de actos que alteren gravemente el orden público y considerar como agravante la comisión de estas conductas con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, es por lo que se formula esta pregunta. También se pretende incluir en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos la resistencia activa o pasiva, e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos.

Igualmente se ha anunciado la inclusión entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan con interrupción o perturbación de cualquier servicio público. Al Grupo Socialista le gustaría preguntar y que nos precise, por un lado, si esta reforma está en marcha y cuál es la concepción de actos violentos que se llevaría como acto tipificable al Código Penal, la convocatoria de actos que alteren el orden público. ¿Qué estima que es esa convocatoria de actos públicos?

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Comienzo por reiterarle lo que acabo de manifestar en relación con la pregunta anterior. La precisión concreta y última de la respuesta que usted me demanda no se la puedo facilitar todavía. Sí le puedo aclarar que en relación con estas cuestiones que son materia de su pregunta, objeto de su preocupación, en modo alguno se trata de limitar el derecho de manifestación en el curso de la cual se produce ese tipo de actos violentos a los que usted se refería. Se trata de garantizar por el contrario el ejercicio de los derechos fundamentales de todos. No se trata de penalizar al que toma parte en una manifestación. En absoluto, se trata de garantizar sus derechos como los de quienes no desean tomar parte en esa manifestación. En definitiva se trata de combatir la acción de grupos violentos, de personas violentas que vemos con excesiva frecuencia ante determinados acontecimientos. Por ejemplo, recordemos los actos en Barcelona. Hay momentos en los que se producen concentraciones con motivo de reuniones de alto nivel, estamos demasiado acostumbrados, y en absoluto queremos acostumbrarnos, a contemplar cómo grupos de violentos perjudican los derechos de libre manifestación de los que quieren manifestarse legítimamente, discrepando del contenido de ese acto, como también de los que deciden libremente no participar en esas manifestaciones. Desde luego la reforma trata de contemplar que se establezca


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la oportuna sanción para esas personas que violentamente tratan de perjudicar los derechos fundamentales de los demás.

En cuanto a la convocatoria de actos violentos creo que aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque no se trata de sancionar sin más por la vía penal a aquellos que de alguna manera lanzan expresiones a través de medios de comunicación o incluso de internet que quizá no sean desde luego acertadas o no sean aceptables, pero que no tienen la carga de intencionalidad de convocar actos violentos. No pretendemos eso. Obviamente lo que se pretende es que quien incita de alguna manera a la producción de actos violentos tenga el reproche penal que le corresponde. En resumen, ni se trata de coartar los derechos de nadie, de manifestación y reunión, sino de protegerlos tanto de los que toman parte en las manifestaciones o reuniones como de los que no desean tomar parte, ni se trata de penalizar a los que lanzan expresiones más o menos desafortunadas, pero que carecen de contenido de incitación a la realización de actos violentos. Por supuesto se trata de dirigir todo el reproche penal que corresponda contra aquellas personas que emplean ese acometimiento, esa violencia contra personas o contra bienes con motivo de todos esos acontecimientos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Me alegro de que haya aclarado ese aspecto porque me gustaría hacer alguna precisión al respecto antes de que inicien esta reforma del Código Penal, y precisar que el problema de España es un problema económico y no de orden público, y muchas de esas conductas que se han anunciado para tipificar en el Código Penal ya vienen tipificadas en el propio Código Penal. Por tanto no se puede criminalizar algo que ya lo está, sino que lo que hay que hacer en todo caso es aplicar la ley en lugar de tomar decisiones unilaterales y legislar al amparo de hechos concretos. Así, relacionar hechos como las manifestaciones contra la reforma laboral, los hechos acaecidos en Valencia o el movimiento del 15M con actos de violencia callejera vinculados al terrorismo es una utilización muy interesada desde el punto de vista ideológico que no se sostiene desde una mínima racionalidad. También responder de manera indiscriminada con el Código Penal a cualquier conducta que exceda de la legalidad no cumple con la conveniencia y con la necesidad de que la pena sea la última ratio, y menos cuando se desarrollan en el ejercicio de los derechos fundamentales que en ocasiones ni siquiera infringen la legalidad si no son interpretadas desde un punto de vista ideológico.

La prisión preventiva solo está legitimada desde el punto de vista constitucional cuando la finalidad sea evitar la destrucción o alteración de fuentes de prueba, impedir la reiteración delictiva o que se evada la acción de la justicia. No se puede culpabilizar ni criminalizar a las fuerzas políticas de la oposición, a los sindicatos, al movimiento asociativo y especialmente a los jóvenes que ejercen de manera responsable y democrática el derecho de manifestación. Por ello comparto con usted el hecho de que una reforma anunciada en este sentido para nada tenga como objetivo limitar el derecho legítimo y la libertad a manifestarse o a expresar otro tipo de opiniones que puedan ser contrarias a las de otros.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Coincido con usted en que la respuesta penal tiene que ser siempre proporcionada a la gravedad de la infracción cometida, y la respuesta penal tendrá que reservarse, como bien dice usted, como última ratio, para aquellas infracciones más graves. Para las que no sean tan graves y no traspasen las fronteras del ilícito penal está la respuesta sancionadora administrativa. En este aspecto nosotros tenemos claro que cuando las conductas graves se produzcan con violencia, atentando contra los derechos fundamentales de los demás, estas tienen perfectamente cabida en el Código Penal, como usted bien dice. En unos casos habrá que retocar determinadas previsiones que ya existen y en otros casos habrá que buscar una respuesta adecuada si no existen, pero en definitiva siempre buscando la proporcionalidad entre la infracción y la respuesta penal.

DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES ES BENEFICIOSO PARA LOS CIUDADANOS Y PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA, ASÍ COMO PREVISIONES ACERCA DE LLEVAR A CABO LA SUPRESIÓN DEL MISMO. (Número de expediente 181/000266).

DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS RAZONES PARA LA DRÁSTICA SUPRESIÓN DE PARTIDOS JUDICIALES EN EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 181/000356).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 15.º del orden del día, que se agrupa también con el punto 19.º En primer lugar, la pregunta formulada por el diputado del Grupo Socialista, señor Villarrubia Mediavilla, sobre opinión del Gobierno acerca de si la supresión del partido judicial de Carrión de los Condes es beneficiosa para los ciudadanos y para la gestión del servicio público de la justicia en la provincia de Palencia, así


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como previsiones acerca de llevar a cabo la supresión del mismo. La agrupamos, como digo, con la pregunta número 19.º, formulada por el diputado señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre razones para la drástica supresión de partidos judiciales en el informe del Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, en primer lugar tiene la palabra el señor Villarrubia para la formulación de su pregunta.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor secretario de Estado, le voy a hacer una reflexión en esta pregunta sobre un tema que tiene su importancia. Doy por reproducida la pregunta en lo que se refiere al partido judicial de mi provincia, que en esa condición está hecha inicialmente esa pregunta, de Carrión de los Condes. Le voy a hacer la reflexión porque insisto en que me parece importante lo que ha ocurrido. Hay otra iniciativa parlamentaria al respecto y estamos hablando de lo que usted conoce; vamos a trasladarnos al tema general, que vale para la aplicación del caso concreto. El Consejo General del Poder Judicial, extralimitándose de sus competencias -no es la primera vez, ocurrió ya en la legislatura pasada-, emite un informe en el que propone la eliminación de más de la mitad de los partidos judiciales; y no es una mera propuesta indicativa, de ayuda, como luego -con el ruido que se montó- han pretendido indicar, sino que en ruedas de prensa, por zonas, por comunidades autónomas iban presentando este informe. Aquí estamos ante una cuestión de defensa del respeto de la calidad democrática. Curiosamente en este caso permítame que le diga que, aunque luego lo han reconducido, se equivocaron gravemente. ¿Por qué? Porque desde la propia oposición salimos no para confrontarnos con el consejo, sino para decirles que esa no era su función, que no les tocaba, que cuando el Gobierno hiciera su proyecto, cuando se llevara adelante la tramitación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ellos opinarían, pero que no se metieran en las funciones del Gobierno ni de las Cortes Generales ni de las comunidades autónomas. Pues bien, lejos de defender lo que ustedes tenían que haber defendido, solo desde la oposición se ha hecho, y el propio señor ministro, en tono muy suave ya, les mandó una carta felicitándoles por el acuerdo del 3 de mayo, pero no voy a hacer más leña del árbol caído. (La señora Escudero Bercial: ¿Qué árbol?) Sí, del árbol caído en este tema concreto.

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

Continúe, señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No hay ningún problema, no se crispe, y me obliga a contarlo. Resulta que no era un informe de tres o cuatro miembros progresistas, sino que era del Pleno, como bien conocía el ministro, y lo votaron 19 de los 21, para su aclaración. Pero no hagamos más leña del árbol caído, de ese error; ya pasó.

¿Qué ocurre? ¿Qué es lo importante? Que hay que defender lo que tenemos que defender: las instituciones, la propia función del Parlamento, la propia labor del Gobierno, y no intentar beneficiarse de que alguien desbroce de cara a la opinión pública un tema tan delicado como este. Les voy a expresar nuestra posición global, y ya lo aplican al caso concreto porque creo que es interesante que lo sepan. El Partido Socialista cree necesaria -y lo dijimos hace ya unos años- la actualización de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque estamos viviendo nuevos tiempos. De entrada y abiertamente decimos lo que no hizo el Gobierno -ahora ya parece que, como aprieta el zapato, lo van admitiendo un poco más-: no se puede aceptar con carácter general ese informe del consejo, bienintencionado, pero que no les corresponde; no se puede aceptar con carácter general porque solo con criterios economicistas de número de habitantes y de distancias han sacado unas conclusiones, y usted sabe -abrevio y es la última apreciación, señor presidente- que no es lo mismo Andalucía que Madrid, Valencia o Barcelona, porque otras muchas comunidades autónomas, como la mía por ejemplo, Castilla y León, tienen muy poca población y demasiado territorio. Por lo tanto los criterios no pueden ni deben ser los mismos.

Concluyo. Tendremos ocasión de continuar con este tema porque hay otra iniciativa. Estaremos en el momento adecuado por quien tiene la competencia y defendamos lo que tenemos que defender. Esa separación de poderes afecta también -a veces hay esas tentaciones- al propio Poder Judicial, no al que dicta sentencias, sino a ese órgano político de gobierno del Poder Judicial. En este caso se han equivocado; no pasa nada, deben reconocerlo. El Gobierno y el Parlamento deben defender lo que les corresponde también con carácter general.

El señor PRESIDENTE: Formula ahora la pregunta el diputado señor Llamazares, que es la que figura en el orden del día con el número 19.º, sobre razones para la drástica supresión de partidos judiciales en el informe del Consejo General del Poder Judicial. Tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta pregunta trae causa de un informe que pretende una reducción drástica de los partidos judiciales, pasando de los actuales 431 a la propuesta de 192. Es un informe que tiene dos problemas en mi opinión; se ha dicho aquí uno de ellos, y yo voy a intentar abordar el otro. En primer lugar, hay un problema de formas, y es que un órgano, fuera de sus competencias, realiza un informe que no le corresponde, entrando en las competencias del Ministerio de Justicia. No se extrañen ustedes que termine habiendo actitudes megalómanas en el Consejo General del Poder Judicial, porque esta vis expansiva que he rechazado en distintas ocasiones en esta Cámara del Consejo General del Poder Judicial la están abundando en el momento en que les atribuyen competencias que


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no tienen. En esta materia el consejo no tiene competencia; tienen la competencia el Gobierno y el Ministerio de Justicia porque se trata de una nueva demarcación judicial en definitiva.

Pasemos al contenido. El contenido es que la propuesta de reducción drástica -que esta sí es una contrarreforma, esta sí es una involución- nos retrotrae a un periodo anterior a la Ley de Demarcación 38/1988, con criterios de distribución muy parecidos a entonces, antes de esta ley. Además esta propuesta, que es involutiva desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a la justicia, de la proximidad de la justicia a los ciudadanos, ha provocado el rechazo -ustedes ya lo saben- de comunidades autónomas, de diputaciones provinciales, de ayuntamientos, porque en primer lugar significa un recorte, y porque en segundo lugar también es un recorte arbitrario. Le pongo el ejemplo de la comarca del Nalón, en Asturias, con dos juzgados en Laviana y en Langreo. Suprimen los dos y les mandan a Mieres, sin saber que esa proximidad territorial en el mapa es una lejanía desde el punto de vista de las infraestructuras. Les queda más cerca, por infraestructuras, Oviedo. Pero esa reformulación de los partidos judiciales es similar a la que había antes de 1988, porque el consejo, en vez de 50.000 habitantes, plantea un volumen de población de 100.000 habitantes, y respecto a los 15 kilómetros que había con anterioridad plantea una redacción incluso más regresiva, de 100 kilómetros. La verdad es que no me extraña que haya causado resquemor este documento. Parece que tiene más que ver con un interés de recorte de los partidos judiciales por parte del Ministerio de Justicia, sin mirar un valor superior que es el servicio público de la justicia, o bien tiene que ver con las presiones corporativas de determinados miembros del Poder Judicial que seguramente estarán más cómodos en las capitales de provincia, pero no responden con este tipo de estructura a la necesidad de que los ciudadanos tengan una buena justicia y les quede cerca. Por tanto, señor secretario de Estado, deben responder sobre esta materia porque ya hay muchas resoluciones en contrario pidiéndoles que se aclaren, diciendo cuál es el sentido de este informe, primero, si es quien debe hacerlo y, segundo, si nos tenemos que remontar a antes de la Ley de demarcación y planta de 1988, con algunas medidas que son totalmente arbitrarias y que afectan al servicio público de la justicia y también a la cercanía y la proximidad de los ciudadanos a la justicia. No entro en otros temas que también son importantes y que han creado gran inquietud porque la existencia de juzgados significa no solo un elemento económico en territorios despoblados con grandes dificultades, desde el punto de vista de la comunicación, es también un elemento cultural. Forma parte también de la identidad de esos territorios. Ahora les expropiamos de todo eso únicamente con el argumento de que es necesario racionalizar la justicia. No. Es necesario recortar la justicia. La racionalización es otra cosa.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta a ambas preguntas tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Permítame que conteste en primer lugar al señor Llamazares. Empiezo casi por el final. Me hubiera gustado que esta pregunta se la hicieran directamente al Consejo General del Poder Judicial que es el que ha adoptado la iniciativa.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Permítanle que venga a informar al Parlamento.

El señor PRESIDENTE: Señoría, el Gobierno no es el que permite o no que comparezca nadie en esta Comisión. Tiene la palabra el señor secretario de Estado y le pido respeto para sus palabras y sus respuestas.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Este informe que ha elaborado en materia de demarcación el Consejo General del Poder Judicial se elaboró a propuesta del Congreso de los Diputados porque le encargó al Consejo General del Poder Judicial un estudio sobre las distintas alternativas posibles para adecuar la planta judicial a la realidad sociodemográfica del país. No voy a entrar en más polémicas al respecto. Nosotros tomamos como referencia nada más, como un estudio más, ese informe que, por otra parte, le aclararé al señor Llamazares que se aprobó provisionalmente por el Consejo. Si usted efectúa la lectura del acuerdo que adoptaron, se dará cuenta de que en la última línea señala la aprobación definitiva para después de que se informe, a su vez, en el plazo de tres meses, por las salas de gobierno y otras instituciones, pero que se considera como un informe inicial y no definitivo del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que se comunicó por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial al ministro, y el ministro agradeció cortésmente el envío de la documentación por la carta a la que usted se refiere. Con eso dejamos claro cuál es el contenido de la carta. En cualquier caso, se trata de una iniciativa que la tomaremos en consideración en la medida en que es un elemento más para la reflexión, pero la competencia en materia de planta y demarcación judicial no le corresponde al Consejo, le corresponde promover la iniciativa legislativa al Gobierno, en este caso al Ministerio de Justicia. Precisamente por eso el Consejo de Ministros encargó a dos comisiones institucionales creadas al efecto la ley orgánica y también, conjuntamente, la ley de planta y demarcación territorial.

¿Qué es lo que ocurre? Que como les he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta tarde, esa comisión se encuentra con unos trabajos muy avanzados. Está trabajando a un buen ritmo. Se reúnen incluso dos y tres veces semanalmente para poder tener una respuesta con prontitud, que confiamos en que se alcance a mediados de septiembre, y que entonces dispongamos ya de un primer texto, tanto de la ley orgánica del Poder Judicial como


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de la ley de planta y demarcación. A partir de ahí, abriremos a la crítica, a las sugerencias, a la participación definitiva de todos los que de una u otra manera se vean implicados o afectados. Por supuesto que contaremos con la opinión absolutamente necesaria de las comunidades autónomas. Entendemos la preocupación que ha generado ese anuncio de ese resultado provisional del estudio que ha llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial. La reducción de 431 a 192 partidos judiciales, naturalmente que causa la natural preocupación en los distintos territorios, y no solo en sede parlamentaria sino también en sede de la comunidad autónoma e incluso en los alcaldes de los municipios. Yo mismo he recibido multitud de llamadas con esta preocupación, pero les digo lo mismo que les contesto a las personas que ostentan responsabilidades en una u otra administración y que se encuentran preocupadas: demos un poco de tiempo hasta terminar los trabajos de la comisión y después trataremos de abrir lo más posible a la opinión pública y a la participación de todos lo que deba ser, en definitiva, esa planta y demarcación. Lo que sí les puedo adelantar es que en modo alguno vamos a prescindir en una situación como la actual ni de edificios, ni de instalaciones, ni de cercanía y proximidad a los ciudadanos. No está la situación económica como para prescindir de lo que hay ahora mismo de instalaciones y de medios materiales, ni sería prudente ni lógico exigir a las comunidades autónomas que después del esfuerzo económico que han hecho, como lo ha hecho también el Ministerio de Justicia en el momento que ha correspondido, ahora les tengan que explicar a sus electores que no ha servido para nada. No sería lógico hacerlo y menos en una situación como la actual. En ese aspecto y con todo el respeto a las conclusiones de ese informe provisional del Consejo General del Poder Judicial, que nosotros tomaremos en la consideración debida, entendemos que hay que esperar a que nuestra iniciativa, la de nuestra obligación que es de iniciativa legislativa, se concrete, lo cual sucederá, como les he dicho anteriormente, calculamos que en el mes de febrero, cuando se haya cumplido todo el trámite de informes preceptivos y de los no preceptivos, pero convenientes y necesarios, para que sobre el tema formemos toda la opinión autorizada con toda la documentación y con todas las críticas y sugerencias de todos afectados.

DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS DENUNCIAS EN EL SENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE SU PRESIDENTE. (Número de expediente 181/000353).

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto 16.º del orden del día, pregunta que formula el diputado del Grupo Parlamentario de IU, La Izquierda Plural, señor Llamazares Trigo, en relación con la posición del Gobierno ante las denuncias en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre su presidente.

Tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Preguntaba mi grupo parlamentario sobre las denuncias en el seno del Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, sobre la posición del Gobierno en la materia. Ahora ya no es la posición sobre las denuncias, es la posición sobre la dimisión también del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial. Podríamos decir que ya no solo nos encontramos ante unas denuncias, ante la dimisión del presidente del máximo órgano judicial del Estado, sino ante algo más grave todavía. Nos encontramos ante la deslegitimación del Consejo General del Poder Judicial y en la imagen que tienen los ciudadanos del consejo, de la propia justicia, una deslegitimación clara y, por otra parte, un descrédito, que aquí es donde quiero que me responda el secretario de Estado, un descrédito del Gobierno y de la política. Estamos todos implicados en todo esto. Da la impresión de que ante una denuncia de mala utilización del dinero público para actividades privadas el Gobierno mira hacia otro lado y, finalmente, da la impresión de que todo esto sale adelante por una denuncia interna y por la presión de la opinión pública. Pero no hay un liderazgo político ni en relación con la transparencia del Consejo General del Poder Judicial ni en relación con la asunción de responsabilidades. Eso es grave y lo es porque implica al conjunto de las instituciones en un asunto, en principio de carácter personal, y porque implica a la política. Toca directamente a la política dejando la imagen de que la política ya no está al servicio del interés general, sino que está al servicio personal. Es un hecho muy grave. El Gobierno tiene algo que decir en la materia.

Voy a seguir el ítem de las informaciones del Gobierno para que me desmienta o no el señor secretario de Estado. Primero quiero referirme al debate sobree la memoria del Consejo General del Poder Judicial en esta Cámara y quiero hacerlo porque mi grupo parlamentario entonces, en la resolución número 21, proponía al Congreso de los Diputados que instase al Consejo General del Poder Judicial a que redujese sus cuantiosos gastos superfluos de representación -no estamos hablando de 500.000, que son los que comentan los medios de comunicación, estamos casi en 12 millones de euros, es un escándalo- y a dar ejemplo de austeridad en el presupuesto de sus órganos directivos. Esto se votó en contra en esta Cámara. Qué pena que tengan que alterarse los equilibrios para que se produzcan denuncias y no se hagan en su momento, cuando se sabe de esos problemas. Esos problemas nos llegaban con sordina y, de hecho, lo reflejamos en la resolución, pero había más gente en el debate de las resoluciones el 16 de febrero de 2010 que sabía mucho más que nosotros. Cuando se produce la denuncia interna en el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno actúa -dice- con respeto a la autonomía del Consejo General del Poder Judicial,


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pero luego no puede evitar salir al paso del cierre de la investigación por parte de la fiscalía y decir que esto significa que don Carlos Dívar sale fortalecido, sale fortalecida la institución, el presidente y el Estado de derecho; nada menos. Esa es la primera posición pública del Gobierno después de decir que no iba a decir nada porque se trataba de la autonomía del Consejo General del Poder Judicial. No contento con ello...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya concluyendo.

El señor LLAMAZARES TRIGO: No contento con ello, afirmo que el Gobierno traslada a la Mesa de la Cámara su veto a la comparecencia del Consejo General ante esta Cámara. Además haciéndolo en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, que permite el control parlamentario del Consejo General. Es un hecho muy grave. Por último sabemos que la vicepresidenta del Gobierno consulta con miembros del Consejo General del Poder Judicial para ver si es posible evitar en última instancia la dimisión del presidente.

Parece que el Gobierno ha respaldado hasta el final para evitar que se produjera la dimisión del presidente del consejo. Creo que ha hecho un flaco favor al Consejo General del Poder Judicial y un flaco favor a la política porque da la impresión de que cuando se presenta una denuncia de estas características cerramos filas para que no se nos vean las vergüenzas. Pues no, señor, la actitud no puede ser esa.

El señor PRESIDENTE: Para la contestación tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señor Llamazares, poco nuevo le voy a poder decir porque, como usted ha manifestado, el Gobierno ha expresado su opinión sobre el particular.

Al respecto lo que le tengo que decir es que el Gobierno y singularmente en este caso el Ministerio de Justicia respetamos absolutamente el principio de separación de poderes, es nuestra obligación, como es la de todo el mundo. Precisamente por eso hemos mantenido toda la prudencia y distancia necesarias. Estaba investigando la fiscalía, estaba tramitándose una primera denuncia y su posterior querella en el Tribunal Supremo, se ha pronunciado la fiscalía, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, no conocemos la existencia de ninguna irregularidad desde el punto de vista financiero que haya sido advertida por la intervención delegada en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial. Comprenderá que nos atenemos a esas resoluciones y a esas intervenciones.

Naturalmente, compartimos toda la preocupación por la situación de desestabilización institucional de uno de los órganos constitucionales principales de nuestro país. Habríamos perdido el sentido común si no estuviéramos preocupados por una situación ciertamente preocupante que está afectando a una de las principales instituciones de nuestro país. Naturalmente, deseamos que vuelva a la normalidad cuanto antes, que se recupere el crédito de esta institución ante los ciudadanos que, con toda esta situación que está atravesando el consejo, se ha deteriorado. Desde esa perspectiva, procuramos siempre fortalecer las instituciones, sobre todo las básicas en un Estado de derecho.

Más allá de eso no puede esperar usted que entre en el debate concreto y le dé una opinión personal. No solo este secretario de Estado, sino cualquier persona que tenga un sentido de Estado, de cómo está necesitado nuestro país de fortalecimiento institucional, deseará que cuanto antes se recupere la normalidad, el crédito y el prestigio de una institución básica para el Poder Judicial y básica para España en este instante.

DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL EFECTO QUE TENDRÁ LA SUPRESIÓN DE LA OFICINA PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. (Número de expediente 181/000355).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 18.º del orden del día, pregunta que formula el diputado del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, don Gaspar Llamazares Trigo, sobre el efecto que tendrá la supresión de la oficina para la memoria de las víctimas del franquismo. Para su formulación tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Seré breve porque en esta materia quiero, sobre todo, información más que hacer una valoración de la misma.

En nuestra opinión no ha sido acertada la decisión del Gobierno de suprimir la oficina para la memoria de las víctimas del franquismo. La interpretación de las asociaciones de víctimas se imaginarán que es de menosprecio por parte del Gobierno porque antes tenían un organismo concreto, con su nombre y apellidos, al que dirigirse y en estos momentos no lo tienen. Esa es la situación real. Quiero preguntarle al Gobierno, en primer lugar, qué significado político tiene la supresión de la oficina para la memoria de las víctimas del franquismo. En segundo lugar, quiero saber qué organismo va a desarrollar -si se van a desarrollar- las competencias que la Ley de Memoria Histórica -así se denominó- atribuía al Gobierno. ¿Quién va a desarrollar esas funciones? Quién se va a encargar de garantizar el apoyo a las exhumaciones, quién se va a encargar de los símbolos, quién va a garantizar las distintas medidas que están pendientes, como el reconocimiento a las víctimas del franquismo que puedan pedir sus familias. En estos momentos no lo saben y creo que el Gobierno debería aclararlo. Por último, en qué medida el Gobierno, con esta decisión, da un mensaje a las asociaciones de víc


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timas de compromiso o de voluntad de derogación o reforma de los contenidos de la ley. Me gustaría que el secretario de Estado aclarase todos estos aspectos porque están preocupando a las víctimas del franquismo que tienen, además, una preocupación añadida con los recortes presupuestarios y lo que significan para el desarrollo de sus actividades.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Este debate, como recordará el señor Llamazares, ya lo hemos tenido con ocasión de la explicación de los presupuestos por mi parte. Le reitero, señor Llamazares, lo que le dije cuando en esa ocasión empleó la expresión menosprecio. En absoluto -tal y como le dije rotundamente en la anterior ocasión- hay un menosprecio por parte del Gobierno a las víctimas del franquismo. Le expliqué entonces -y lo vuelvo a hacer con sumo gusto ahora- que se ha producido una reordenación puramente administrativa y lo que antes hacía esa oficina ahora ha pasado a ser desarrollado por la Unidad de derechos de gracia y otros derechos que está dentro del ámbito de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Las funciones se han asumido íntegramente, no ha desaparecido más que el nombre de la unidad que prestaba esas funciones. Es más, ya han transcurrido casi cinco años desde la entrada en vigor de aquella ley y, como usted sabrá, el desarrollo está prácticamente concluido y se han terminado de aplicar la mayoría de las medidas contempladas. A pesar de ello quedan todavía algunas pendientes, que son en las que estamos incidiendo ahora. Continuamos con la labor del mantenimiento ya actualización del mapa integrado de fosas, a partir de los datos que facilitan las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro; estamos finalizando la puesta a punto del sistema informático con los datos de los españoles fallecidos en campos de concentración nazis; hemos digitalizado las fichas y se ha depurado la base de datos, y ahora estamos trabajando en la puesta en producción de la aplicación informática para que esa información resulte accesible desde el propio portal del Ministerio de Justicia. Por otra parte, estamos impulsando la formalización de un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para trasladar los libros que contienen las fichas de fallecidos al Archivo de Salamanca.

Finalmente, usted me preguntaba por el compromiso del Gobierno. Creo que el compromiso del Gobierno se ha proyectado claramente en los Presupuestos Generales del Estado, ya que la partida presupuestaria correspondiente está incluida, como usted conoce y ya tuve ocasión de explicarle anteriormente cuando hablamos del tema presupuestario. Se ha recogido un crédito por importe de más de 2,5 millones de euros en el ámbito del Ministerio de la Presidencia. Por tanto, la conclusión absolutamente contundente es que hay un compromiso claro por parte del Gobierno y que no se deben ver otras intenciones que desde luego no son para nada compartidas por el mismo, como a las que usted se refería de ese posible menosprecio. Para nada tiene esa intención el Gobierno, lo que tiene es un compromiso claro terminar esa aplicación con todas esas medidas que estaban ya contempladas, que asumimos, que compartimos y que terminaremos por llevar adelante.

DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS PARA EVITAR EL EFECTO DE LAS TASAS JUDICIALES SOBRE LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA. (Número de expediente 181/000357).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la última pregunta que formula también el diputado del Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares Trigo, sobre medidas para evitar el efecto de las tasas judiciales sobre la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Para su formulación tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Parecía que ya habíamos visto todo de las tasas judiciales en el marco de los presupuestos para este año 2012, pero parece que la cosa no termina. Conocíamos esas tasas, que hemos criticado y que en nuestra opinión pueden traer efectos negativos sobre la garantía de la justicia a todos los ciudadanos y sobre todo a aquellos ciudadanos que estén en peor situación económica, pero ahora hemos conocido también la decisión del Gobierno de externalizar otras funciones dentro del Ministerio de Justicia. Ayer mismo conocimos el convenio con los registradores de la propiedad para el expediente de nacionalidad, así como el acuerdo con las notarías con relación a matrimonios y divorcios. Siempre se dice lo mismo, que la Administración está atascada y por tanto es necesario agilizar el funcionamiento de la Administración. La pregunta es: ¿Por qué no se mejora el funcionamiento de la Administración y se buscan mecanismos de externalización? Por un lado, se dice que no va a haber un coste que impida el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia y en este caso a otro tipo de prestaciones públicas y, sin embargo, vemos cómo en el caso de matrimonios y divorcios ya se barajan tasas importantes, al menos tasas con una cierta dimensión. Y luego, por otro lado, a pesar de que los registrados no van a cobrar nada, resulta que la aplicación informática puede costar en torno a un millón de euros o más en este primer año del convenio. En nuestra opinión el Gobierno debería aplicarse más a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia que no a buscar estos mecanismos espurios, en nuestra opinión, para solucionar problemas de estancamiento o de gestión; esa es nuestra opinión.

Con relación a las conclusiones que podemos sacar de estas medidas de tasas, que en algunos casos son


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claramente abusivas, ya que significa alcanzar un incremento del 167% de su cuantía actual, nuestra conclusión es que la generalización de la aplicación de estas tasas puede suponer un coste económico añadido para todos los ciudadanos que recaben la tutela judicial. Es verdad que hay un determinado colectivo de ciudadanos que por determinado nivel de renta no va a sufrir este tipo de tasas, pero hay que reconocer asimismo que hay un importante volumen de ciudadanos que tienen una renta media o baja que no se van a ver beneficiados de estas exenciones. En segundo lugar, el desorbitado incremento de la cuantía para nosotros puede tener un efecto disuasorio, sobre todo en asuntos de escasa cuantía y es en nuestra opinión una leve justificación el argumento que utiliza el ministro de que se conseguirá una reducción de la litigiosidad. En nuestra opinión no se dará esa reducción de la litigiosidad y si se produce será con una merma de lo que consideramos más importante, que es el acceso democrático a la justicia como servicio público. En tercer lugar, esta reforma en nuestra opinión no incrementará la eficacia ni la racionalización de la Administración de Justicia y, por el contrario, como he dicho antes, deteriorará la justicia como servicio público que ya es bastante cuestionada por parte de los ciudadanos. En este sentido, deberíamos aplicarnos en una dirección totalmente opuesta. Por último, es necesario en nuestra opinión establecer una exención subjetiva en el devengo de las tasas para funcionarios públicos respecto de los litigios que promuevan en defensa de los derechos estatutarios.

Esas son nuestras opiniones, que ya conoce sobre esta materia y quería transmitírselas con esta pregunta parlamentaria, toda vez que parece como he dicho antes que no termina el tema de las tasas sino que puede prolongarse en un futuro tanto en temas de matrimonio y divorcio como también con respecto a la nacionalidad.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señor Llamazares, usted ha tenido ocasión de conocer con motivo de la presentación del proyecto de legislatura que anunció el ministro de Justicia y las diversas manifestaciones que después se han hecho en torno a esa presentación, tanto por el señor ministro como por mí mismo, que de lo que tratamos aquí es de aportar distintas soluciones para erradicar definitivamente el problema de colapso tradicional de nuestra Administración de Justicia. Estamos intentando poner en vigor medidas de soluciones alternativas, soluciones extrajudiciales de conflictos. Estamos intentando que no todo lo que tradicionalmente ha tenido que resolver un juez, o en lo que ha tenido que intervenir un juez, se siga produciendo cuando no es necesario, es decir, cuando no haya en juego derechos fundamentales, cuando no sea necesario por la entidad, por la naturaleza del asunto que intervenga un juez, sino que puede intervenir otro funcionario público cualificado o de determinados profesionales que están magníficamente preparados y que pueden dar respuesta a los ciudadanos, no existe un obstáculo de principio para que se pueda acudir a esa solución. Eso no significa ni privatizar ni significa cargar sobre los ciudadanos de manera abusiva el coste de unos servicios, en absoluto, se trata de buscar soluciones razonables para problemas que son endémicos de nuestra Administración de Justicia.

Me ha preguntado usted qué medidas vamos a poner en marcha para evitar esa desigualdad que se genera con las tasas. Sin duda recordará que ya hablamos de esto también en otra comparecencia en el sentido de explicar que lo que pudiera percibirse por la cuenta de consignaciones iría a la modernización de nuestra Administración de Justicia y los ingresos procedentes de las tasas irían a sufragar la justicia gratuita, que como sabe es un verdadero problema en cuanto a su dimensión. No hay una buena solución en este momento ni legislativa ni material. Las comunidades autónomas y el propio Estado están asumiendo unos costes muy cuantiosos en materia de justicia gratuita y era necesario afrontarlo. Se va a solucionar este problema de la justicia gratuita vía tasas. ¿Con esto qué estamos haciendo? Pues naturalmente que estamos procurando la igualdad de los ciudadanos, esa igualdad mínima para que todo el mundo tenga mínimamente garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva es lo que estamos pretendiendo. Lo que vamos a hacer es impedir que las personas que carecen material y verdaderamente de recursos no puedan acceder al juzgado. Ahora bien, es cierto que cuando se obtiene la primera respuesta se está satisfaciendo ya el derecho a la tutela judicial efectiva. La segunda o ulteriores instancias que pudiera haber ya no forman parte del núcleo duro de la tutela judicial efectiva, de tal modo que encarecer la segunda instancia a efectos de tasas tiene toda la lógica del mundo porque a quien beneficia principalmente es a ese ciudadano que no se ha quedado satisfecho con la primera respuesta que es la que verdaderamente satisface el derecho a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, convendrá que la puesta en marcha de este sistema de tasas es beneficiosa precisamente para garantizar la igualdad de los ciudadanos. Por otra parte, usted demandaba que a esa exención de tasas que tienen los trabajadores en el ámbito de la primera instancia social se añadiera también el de los funcionarios públicos en materia estatutaria propia de tales funcionarios. Supongo que quedará usted satisfecho con la respuesta, porque ese es precisamente el ofrecimiento que nosotros hemos hecho a los propios funcionarios recientemente. Era una demanda tradicional de los funcionarios y nos parece absolutamente razonable que no queden marginados de ese beneficio de exención del que sí va a gozar el resto de los trabajadores. Por tanto, se trata de dar una respuesta razonable, que, además, es equiparar unos con otros.

En definitiva, se pueden mantener diversas posturas sobre lo beneficioso o no que, resulte el sistema de tasas,


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pero lo que es incuestionable es que a través de ese sistema de tasas vamos a procurar una absoluta igualación del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto al nivel mínimo. Nadie que verdaderamente no tenga los ingresos suficientes para poder acceder a nuestro sistema de justicia va a quedar privado de él, precisamente lo vamos a garantizar a través de esa imposición de tasas.

El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero agradecer al señor secretario de Estado del Ministerio de Justicia su comparecencia, la amabilidad, el tono, la forma con la que ha contestado las veinte preguntas que estaban pendientes de despachar o ser debatidas en esta Comisión. También quiero agradecer al señor secretario de Estado el esfuerzo que ha hecho e invitarle permanentemente a que comparezca en esta Comisión cada vez que él lo considere oportuno o a requerimiento de los miembros de esta Comisión para cualquier iniciativa parlamentaria que se formule. Quiero, y creo que es de justicia -nunca mejor dicho-, que conste en acta el agradecimiento de todos los miembros de esta Comisión por el esfuerzo que en la tarde de hoy ha realizado el señor secretario de Estado contestando a la totalidad de las preguntas que estaban pendientes de tramitación y debate, en su caso, en esta Comisión. (El señor Villarrubia Mediavilla pide la palabra).

Señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Solo quiero adherirme a las palabras que ha mencionado y agradecer al secretario de Estado su tono, y el contenido en la jornada de hoy en esta Comisión.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA REFORMA DE LA ELECCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000002).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 21.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la reforma de la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes, que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y que posteriormente fue retirada.

- SOBRE LA REGULACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000230).

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos al punto 22.º del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la regulación de recurso de casación, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. No se han presentado enmiendas, por lo que intervendrá, en primer lugar, el grupo autor de la iniciativa para su presentación y, seguidamente, el resto de grupos para fijar posición. Más allá de la flexibilidad o no que tenga esta Presidencia, el tiempo que se ha acordado para este tipo de iniciativas, como saben sus señorías, es de cinco minutos por cada uno de los intervinientes.

En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría. (El señor vicepresidente, Alonso Suárez, ocupa la Presidencia).

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esperaremos un rato a que se marchen.

El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): ¿Quiere empezar el señor Olabarría o prefiere esperar?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Lo que el señor presidente en funciones considere. (Risas). Quizás en esta situación de confusión en la que nos encontramos convenga esperar un poquitín, no tengo ningún inconveniente.

El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Un par de minutos, no hay problema.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, si usted lo desea, podemos hacer un debate de naturaleza bilateral usted y yo sobre esta materia (Risas), no tengo ningún inconveniente por mi parte.

El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Ya sé que le emociona el recurso de casación, señor Olabarría, pero vamos a esperar a ver si entran todos los diputados, que deben estar despidiendo al señor secretario de Estado. (Pausa).

Adelante, señor Olabarría, porque yo creo que están todos los intervinientes en esta iniciativa. Cuando quiera.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Efectivamente, parece que son ausencias sin retorno, parafraseando el título de aquella famosa película de Kubrick. Vamos a empezar a debatir una cuestión que no por recurrente, en opinión de nuestro grupo parlamentario, tiene menos legitimidad y, sobre todo, menos fundamento.

Si me permite una reflexión de naturaleza política, que raya más en la psicología clínica que en la argumentación jurídica, le diré que yo he visto hasta este momento, y en virtud de las reflexiones y respuestas del secretario de Estado de Justicia, una cierta autocomplacencia del grupo mayoritario en esta Cámara en su mayoría absoluta. Usted y yo, señor presidente, llevamos muchos años y tenemos muchos trienios en este oficio,


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y todos sabemos que esta complacencia en las mayorías absolutas son siempre el preámbulo de un dolor posterior. No quiero ser un augur pesimista o fatalista, pero es que ha pasado siempre, y sé que es lo que va a pasar con esta proposición no de ley, al margen de esta capacidad argumentativa que este humilde portavoz pueda manifestar en este momento.

Se trata -qué le voy a comentar a usted que no sepa, señor presidente- de configurar el recurso de casación, que es una asignatura pendiente desde hace casi siglos, de forma correcta. Primero, desde la perspectiva de la dignificación de las competencias casacionales del Tribunal Supremo, y también, por qué no decirlo, desde una perspectiva pragmática de dar al Tribunal Supremo la dimensión de trabajo que puede razonablemente digerir para evitar elementos de pendencia desproporcionados en algunos ámbitos o en algunos órdenes de la jurisdicción, como puede ser la jurisdicción contencioso-administrativa, y ahora por mor de los requerimientos de la crisis económica la jurisdicción social, por no hablar de la jurisdicción penal, que padece crónicamente una situación de grave pendencia. ¿Cómo se podría resolver en nuestra opinión este problema? Atendiendo a los requerimientos de la propia Constitución española y también a los requerimientos del sentido común o de la racionalidad.

Tendríamos que pensar en la existencia de dos tipos de recursos de orden casacional, uno ordinario, donde se diluciden las cuestiones atinentes a lo que jurídica y técnicamente -y usted me entiende perfectamente, señor presidente- se denomina ius constitutionis, sería el recurso extraordinario para la unificación de doctrina. Se trataría, en definitiva, de ese mecanismo que se atribuye al Tribunal Supremo de evitar el desmembramiento del ordenamiento jurídico estatal mediante reflexiones o mediante la configuración de jurisprudencias que puedan provocar dificultades de interpretación o incluso fórmulas jurídicas para la resolución de conflictos sustancialmente diferentes en virtud de la jurisprudencia de naturaleza menor; no de naturaleza menor, sino que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas no sería una jurisprudencia propiamente de entidad menor o de jurisprudencia menor, pero sí sería una jurisprudencia proclive a dispersar la interpretación de la norma estatal y reconocer, por ende -y ese sería el corolario positivo de esta proposición no de ley-, a las salas de los tribunales superiores de las comunidades autónomas de la competencia donde se dilucide lo que técnicamente se denomina ius litigatoris.

¿Qué entiende la doctrina científica o qué entiende el derecho por ius litigatoris? Son todas aquellas cuestiones que deben ser resueltas en el ámbito casacional, en primer lugar, las que hagan referencia a lo que es indiscutible en relación con las competencias de las salas de los tribunales superiores de Justicia autonómicos, las atinentes al derecho civil propio o al derecho civil foral, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o al derecho civil propio de aquellas comunidades que lo posean. En segundo lugar, la casación en las cuestiones atinentes al derecho autonómico, es decir, el emanado de los parlamentos autonómicos de estas comunidades autónomas y, por qué no decirlo también, de la casación en aquellas cuestiones atinentes al derecho estatal en tanto en cuanto este sea susceptible, por su dimensión territorializable, de ser resuelto por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas en sus distintas salas. Lo contrario nos lleva a una situación de cierta dificultad, de cierto colapso en la capacidad resolutiva en el ámbito casacional del Tribunal Supremo, tal como está concebido el recurso de casación en estos momentos, que no es razonable desde la perspectiva de las situaciones de pendencia y de retraso en la resolución de los asuntos, pero que tampoco es razonable ante la perspectiva de la dignidad que a un órgano como el Tribunal Supremo se le debe reconocer.

Nosotros hemos debatido estas cuestiones de forma muy recurrente. Esta es la sexta vez que presentamos una proposición de esta naturaleza y lo hemos hecho con gobiernos de distinto signo y con distintos ministros; hemos visto más receptividad en unos y menos en otros, y cuando me refiero a otros estoy afirmando tan poca receptividad como que ese concepto de otros que estoy utilizando en este momento incluso carece de diputados prácticamente, salvo dos honradas excepciones, en esta Cámara y me imagino que uno de los dos tendrá la amabilidad de responderme a las cuestiones que estoy planteando, que no son cuestiones baladíes ni irrelevantes, sobre todo conociendo que una de las leyes que se van a acometer, en virtud del calendario legislativo manifestado por el ministro de Justicia, es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Señor presidente, no me gustaría que sintiera estas reflexiones que voy a hacer como algo embarazoso, pero sé que usted está de acuerdo personalmente conmigo en las reflexiones que he hecho, lo cual no significa nada, es una reflexión de naturaleza manifiestamente neutra, porque faltando bastantes efectivos en las bancadas del Partido Popular no faltan menos en las bancadas del Partido Socialista. No sé si este tema no interesa o sí interesa pero de forma muy focalizada en algunas personas que pretenden -y con esto acabo, señor presidente- lo que yo pretendo: que la Administración de Justicia del Estado español empiece a funcionar bien, en la jerarquía, en el vértice; por algún sitio hay que empezar, y ya que por la base no terminamos de dar con niguna solución razonable nunca y nunca la vamos a dar -soy particularmente escéptico o fatalista en esta materia-, vamos a ver si en el vértice podemos llegar a un acuerdo sobre una cuestión tan importante como esta.

Desde esta perspectiva -es la sexta vez que presentamos esta proposición-, vamos a ver si -acabo, señor presidente- esta vez corre mejor suerte que las anteriores. Estuvimos a punto de conseguirlo...


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El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Señor Olabarría, termine.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una cosa que le va a gustar, y con esto acabo. (Risas). Estuvimos a punto de conseguirlo con un ministro de su partido político, con el señor López Aguilar, en este momento tenemos pocas esperanzas.

El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Es un tema complejo. Estoy de acuerdo con usted en algunas cosas y en desacuerdo en otras, pero, en cualquier caso, tengo mi propio criterio y, aunque conozco su carácter expansivo, parlamentariamente hablando, no debería utilizarlo para hablar en mi nombre. (Risas).

Por el Grupo Catalán, señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa del Grupo Vasco. El señor Olabarría lo ha sustentado como una posible solución a los supuestos de hecho que están pendientes de resolución ante el Tribunal Supremo. Ciertamente es así, pero además de los supuestos de hecho nosotros lo defendemos también por un tema de fuero, por un tema de derecho. Mi grupo parlamentario ha presentado en numerosas ocasiones iniciativas con un contenido parecido, yo diría que casi calcado. La última de ellas fue en la pasada legislatura y no se pudo ver porque caducó al finalizar la misma, pero es un clásico también recurrente en los planteamientos de mi grupo parlamentario la solicitud de que los tribunales superiores de Justicia se constituyan como una última instancia judicial en los procesos iniciados en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Nosotros lo hacemos no solo en concordancia con lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía, sino que lo hacemos también por un principio general más amplio que es la necesidad de adecuación del Poder Judicial a un modelo de Estado autonómico que la propia Constitución reconoce.

Todos los poderes del Estado se han adecuado a un modelo constitucional de reparto competencial autonómico, menos el Poder Judicial, que todavía no lo ha hecho. Seguramente parte de las críticas que hay sobre el funcionamiento de la justicia y sobre el Poder Judicial radican también en que el mismo tiene una concepción decimonónica y muy alejada de lo que los otros servicios de atención a la ciudadanía proporcionan a través del reparto competencial y el modelo de Estado que nos hemos dado. Nuestra pretensión no es nada extravagante y se ampara en lo dispuesto por la propia Constitución española, y quiero citar al respecto lo que se establece en el artículo 152.1 de la Constitución, en el segundo párrafo, donde, al comentar los estatutos aprobados por el procedimiento del 151, se dice que un tribunal superior de justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

Nosotros, Convergència i Unió, defendemos una casación no solo para nuestro derecho civil propio especial, sino también para aquellos recursos mixtos referentes al derecho civil propio o al derecho civil autonómico propio, junto con el derecho estatal, e incluso la casación en lo que es el ámbito del derecho estatal. Y esta interpretación ha sido recogida en algunas sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia 114/1994. Por tanto, no hay una objeción constitucional, es un problema de voluntad política. El señor Olabarría se ha referido ya a ello, y yo me sumo a sus palabras porque creo que han sido suficientemente expresivas y elocuentes.

Convergència i Unió no niega la unidad del Poder Judicial, lo único que solicita es que esta se adapte a la estructura autonómica del Estado y, por tanto, en coherencia con lo que nosotros hemos solicitado siempre, como he dicho al principio, vamos a apoyar en todos sus términos y en su propia argumentación lo que ha defendido con brillantez -por otra parte, como siempre- nuestro compañero Emilio Olabarría, portavoz del Grupo Vasco.

El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Suárez): Señor Echávarri, por el Grupo Socialista, cuando quiera.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Dice el señor Olabarría que no hay prácticamente nadie de este grupo y estamos prácticamente todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Le aseguro que al Partido Popular le interesa mucho su propuesta y, de hecho, no se preocupe porque, cuando haya que votar, vendrán todos a votar que no en muestra del interés por su propuesta. Téngalo absolutamente claro.

El Grupo Socialista comparte el objetivo de esta proposición no de ley y apoya que se realicen las reformas encaminadas a que se reserve al Tribunal Supremo para unificación de doctrina. Y esta no es una postura nueva, sino que ha sido la mantenida por este grupo a lo largo de las dos últimas legislaturas, como bien sabrá el proponente. Ya en el año 2004, dentro de los compromisos del programa electoral del Partido Socialista para los comicios de aquel año, en aplicación precisamente del artículo 152 de la Constitución, ya nombrado, y de los estatutos de autonomía, que tiene establecido que los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas culminan la organización judicial en su ámbito territorial, entendíamos que había llegado el momento de hacer efectiva esa previsión constitucional promoviendo la configuración de los tribunales superiores de Justicia como culminación de la estructura judicial en cada comunidad, ante los que se agotarían y ejecutarían todas las instancias procesales, desarrollando la función casacional en toda la rama del derecho autonómico, además de la competencia para conocer de la petición de ejecución de sentencias extranjeras, reservando al Tribunal Supremo la unificación de doctrina.


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En cumplimiento de este compromiso, el Gobierno socialista que salió de dichos comicios presentó en la VIII Legislatura, el 26 de diciembre de 2005, a las Cortes el proyecto de ley orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal, proyecto que caducó al final de dicha VIII Legislatura al naufragar por falta del acuerdo necesario entre los grupos, especialmente del Grupo Popular, hoy ausente aquí, que con una cerril oposición sintomática de aquellos que no se encuentran a gusto en el Estado de las autonomías manifestó preferencia por un sistema y visión centralista del Estado.

Los objetivos de la reforma eran muy claros. No eran otros, por ejemplo, que acentuar la incidencia que sobre el Poder Judicial tiene la organización territorial del Estado y garantizar la igualdad y seguridad jurídica en aplicación de la ley, ampliando las competencias de las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia a todo el derecho civil propio de la comunidad autónoma, con independencia de la sede del órgano judicial que por razón del domicilio haya conocido la instancia, siendo también competente para conocer de la revisión contra sentencias dictadas por órganos judiciales sitos en la respectiva comunidad autónoma o generalizar la segunda instancia penal, alcanzando también a aquellos que tienen foro especial. En definitiva, se configuraba que los tribunales superiores de Justicia fueran la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, quedando el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, ejerciendo como garante de la igualdad y de la seguridad jurídica en la aplicación del ordenamiento estatal, cumpliendo de esta forma su función unificadora.

Esta propuesta, además, es reivindicación histórica del propio Tribunal Supremo desde hace más de una década, en que ha venido instando de forma reiterada la reforma de normas procesales sobre los asuntos atribuidos a su conocimiento que permita agilizar, como ha puesto de manifiesto el señor Olabarría, la respuesta del tribunal a las demandas de los ciudadanos, al tiempo de ejercer dignamente la alta función que constitucionalmente tiene encomendada. Además, debe tenerse en cuenta que las consecuencias del modelo territorial de descentralización política previsto en la Constitución se proyectan sobre la organización judicial de la mano, precisamente, de los tribunales superiores de Justicia al introducir en la organización de la comunidad autónoma un órgano judicial que ostenta el grado máximo en el que culmina la organización judicial y en el que se agotarán las sucesivas instancias judiciales, conforme establece -lo he reiterado varias veces- el artículo 152.1. de la Constitución española.

Conviene, por tanto, tener presente que un Estado compuesto, como el nuestro, en el que coexiste una pluralidad de tratamientos jurídicos, debe asentarse sobre el principio de diversidad en relación con las normas emanadas de las comunidades autónomas y en el de unidad e igualdad en la aplicación de las normas emanadas del Estado. Esta aspiración ha sido ya compartida y expresada en esta Cámara en la resolución Justicia y Estado autonómico del Congreso de los Diputados tras el debate sobre el estado de la nación del año 2005 -debate que este año nos hurtan- emitida a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la que textualmente se recogían, entre otras cuestiones, la reforma del sistema de recursos para reforzar las competencias de los tribunales superiores de Justicia para convertirlos en tribunales de última instancia en el ámbito del derecho propio de cada comunidad autónoma y la adaptación del modelo de oficina judicial al modelo territorial diseñado en la Constitución, posibilitando una mayor intervención de las comunidades autónomas, completando la asunción de competencias y transfiriendo mayores recursos.

La función que define a nuestro Tribunal Supremo es la de preservar la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a la disparidad de criterios interpretativos. A este cometido sirve el denominado recurso de casación para la unificación de doctrina. Ahora bien, el interés casacional subyacente, es decir, la igualdad en la aplicación de la ley, no siempre queda cubierto mediante este remedio procesal, tal y como hoy lo conocemos. Debemos, por tanto, encontrar fórmulas técnicas que conjuguen la casación para la unificación de doctrina, a la que se refieren también las últimas reformas de estatutos de autonomía, con la obligación constitucional del Supremo de atender a ese específico interés casacional, por lo que, como ya he adelantado o he inducido al principio de mi intervención, el voto de mi grupo no puede ser más que favorable a esa proposición no de ley, que espero que salga adelante.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Antes de entrar en el fondo de la proposición no de ley, es importante ver cómo se configura en el sistema español el recurso de casación, porque es nuestro sistema, porque es nuestro ordenamiento jurídico. El recurso de casación que se confiere al Tribunal Supremo tiene como finalidad controlar la correcta aplicación judicial de las leyes, pero también controlar posibles y eventuales infracciones de la forma. En ese caso, el propio tribunal puede resolver sin tener que devolver el proceso al tribunal que cometió el defecto. Obviamente, dependiendo de la jurisdicción, será competente la sala correspondiente. Como todos ustedes saben, señorías, el recurso de casación es un recurso extraordinario y devolutivo, por lo que se pide al Tribunal Supremo en ciertos casos -lo conocen- y a los tribunales superiores de Justicia que anulen o que


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casen determinado tipo de resoluciones de tribunales inferiores por motivos legalmente tasados.

Centrándonos en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, lo que se pretende es que se reserve al Tribunal Supremo la unificación de la doctrina como única función casacional, única y exclusivamente. Por tanto, lo que se pretende es recortar las funciones que tiene encomendadas el Tribunal Supremo, una de las dos funciones que tiene el recurso de casación, la que se realiza en interés de la ley. Como se deduce de lo que he dicho anteriormente, eliminar la posibilidad de que el Tribunal Supremo entre a resolver sobre el fondo desvirtúa totalmente el sentido del recurso de casación tal y como tradicionalmente se ha regulado en España. Si bien es cierto que el recurso de casación surgió para la unificación de la doctrina, también lo hizo para resolver en justicia en caso de quebrantamiento de forma de la ley. Por eso eliminar uno de los dos transformaría este instrumento procesal en algo distinto, que no tendría sentido hoy dentro del ordenamiento jurídico español y ya no estaríamos ante un recurso de casación, sino ante otra cosa distinta. Además, despojar al Tribunal Supremo del conocimiento de los recursos de casación ordinarios y limitar su función a la resolución de los recursos de casación para la unificación de doctrina impediría en muchas ocasiones una necesaria interpretación uniforme de la ley en todo el territorio nacional, que sería contraria a las exigencias del principio de seguridad jurídica e igualdad que se derivan de nuestro texto constitucional.

Señorías, no estamos negando el colapso al que alude la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, que conduce a una demora -es cierto- en la resolución de los recursos, pero creemos que este no es motivo suficiente para llevar a cabo una desnaturalización de este recurso de tal tamaño. Sobre esto la memoria del propio Tribunal Supremo del año 2010 pone de manifiesto que, aunque el número de ingresos ha crecido respecto a otros años, continúa el notable ritmo de reducción del tiempo medio de respuesta para los recursos de casación en las diferentes salas, pero además este grupo considera que el argumento del atasco no es suficiente, ya que al final acabaría resolviendo otro tribunal y, tal y como están de saturadas todas las instancias de los diferentes órdenes jurisdiccionales, solo acabaría trasladando el problema de una instancia a otra.

Otra apreciación que hay que hacer a la proposición no de ley es el carácter generalista con el que se trata el recurso de casación, que incluye a todos los órdenes jurisdiccionales. A este respecto hay que recordar que el recurso de casación ordinario y el recurso de casación para la unificación de doctrina tienen un ámbito propio bien delimitado en nuestro ordenamiento que debe vincularse al orden jurídico concreto, bien sea civil, penal o contencioso. Por tanto, las reformas que en su caso se quisieran proponer respecto de la regulación del recurso de casación deberían adaptarse teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada sector del ordenamiento jurídico.

Por último, aludiendo a otra parte de la argumentación de la proposición no de ley dada por el Grupo Parlamentario Vasco y por CiU, hay que tener en cuenta que en muchos casos ya se ha atribuido el conocimiento del recurso de casación a los tribunales superiores de Justicia o se ha limitado el acceso al recurso de casación. Por ejemplo, en materia civil, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el conocimiento del recurso de casación corresponde a la Sala primera del Tribunal Supremo; sin embargo, cuando se trate de resoluciones de los tribunales civiles con sede en una comunidad autónoma y siempre que el recurso se funde exclusivamente o junto a otros motivos en infracción de las normas del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad y por supuesto cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta atribución, corresponderá conocer del recurso de casación a las salas Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia e igualmente en el mismo ámbito con respecto al ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo. Por ello el Grupo Parlamentario Popular sobre la base de lo anterior manifiesta el voto en contra de esta proposición no de ley. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, no sé si se puede utilizar un pequeño turno por haber sido contradicho en alguna de las argumentaciones.

El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra, brevemente, le ruego.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me refiero a la portavoz del Grupo Popular, cuya argumentación me parece sofisticada y jurídicamente correcta en términos generales, pero no aceptable por mi grupo parlamentario. No sería esto lo relevante, que no sea aceptable o no sea asumible por mi grupo parlamentario. Yo he pertenecido, como sabe su señoría, como vocal, al Consejo General del Poder Judicial, circunstancia de la cual uno no sabe en estos momentos si jactarse o no. Al margen de estas circunstancias de coyuntura, tuvimos la oportunidad durante el mandato al que yo pertenecí de elaborar dos libros blancos sobre la reforma de la justicia, los dos firmados a la sazón por el presidente del Tribunal Supremo, que lo era del Consejo General del Poder Judicial, en este momento magistrado del Tribunal Constitucional, Javier Delgado. Lo que yo he defendido con mi proposición no de ley es exactamente lo que consta en estos dos libros blancos sobre la reforma de la justicia a requerimiento por unanimidad de las cinco salas de los magistrados del Tribunal Supremo, ello sin perjuicio de las relevantes opiniones de la portavoz del Partido Popular, cuyo nombre desconozco, pero ahora mismo me enteraré...


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El señor PRESIDENTE: Doña Beatriz Escudero.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le quiero comentar que hay elementos o referencias de autoridad que quizá, y con toda honestidad y modestia se lo digo, debería usted considerar.

El señor PRESIDENTE: Señora Escudero, ¿quiere intervenir?

La señora ESCUDERO BERZAL: Reconozco, señor Olabarría, su autoridad jurídica y parlamentaria, se la reconozco y la respeto. No quiere decir que tenga que compartir su opinión.

- SOBRE ILEGALIZACIÓN DE RETRIBUCIONES DE CONCESIONARIOS PRIVADOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN Y DE ENTES PÚBLICOS DE RADIOTELEVISIÓN A DELINCUENTES CON DEUDAS ECONÓMICAS PENDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000290).

El señor PRESIDENTE: Ahora sí hemos finalizado el debate de esta proposición no de ley.

Pasamos al punto 23.º del orden del día, que es la proposición no de ley sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de radiotelevisión y de entes públicos de radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas pendientes, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, por lo que intervendrá en primer lugar el grupo autor de la iniciativa para su presentación, y seguidamente los grupos enmendantes, y por último el resto de grupos para fijar posición. Esta proposición no de ley se tramita en los términos de las formulaciones presentadas con los números de registro 6.392 y 7.850, por las que se subsanan los errores advertidos en el punto primero y en la exposición de motivos respectivamente.

En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la diputada señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señorías, hay programas que hieren, que pisotean la ética miserablemente cuando permiten que un delincuente acuda a un plató y sea premiado con una recompensa económica millonaria por relatar los entresijos de su delito en prime time. La voracidad con la que se busca arañar puntos en la audiencia televisiva ha traspasado en varias ocasiones la delgada línea roja de la ética periodística, y ahora nos corresponde en el Congreso de los Diputados poner fin a una práctica despreciable de la que se han beneficiado personajes como Julián Muñoz, Luis Roldán o la madre del Cuco. Hoy se debate aquí, en la Comisión de Justicia del Congreso, una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión.

Es la segunda vez que lo intento. En la pasada legislatura la disolución anticipada de las Cortes impidió que fuese debatida por el plenario de la Cámara baja. No pretendo con esta iniciativa limitar la libertad de expresión ni que estas personas no puedan expresarse en un plató de televisión. El objetivo es que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia no puedan enriquecerse ilícitamente en un medio de comunicación. El único resquicio legal que han encontrado los juristas que me han ayudado en la redacción de esta iniciativa es que el Gobierno inicie los cambios normativos precisos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas, y que esta prohibición alcance también a sus familiares o allegados. La limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada si se desea respetar el derecho constitucional de todas las personas a la libertad de expresión y de información, pero sí cabe aplicarse a aquellas que mantengan deudas con las administraciones o con las víctimas fruto de la sentencia condenatoria. De otra forma se produciría un doble agravio a la sociedad: la no devolución de lo indebidamente apropiado y el premio económico por la notoriedad de su delito.

No siempre los órganos judiciales pueden requisar los fondos pagados por este tipo de apariciones televisivas, y en ningún caso logran hacerlo cuando las percepciones las cobran familiares o allegados. Es perverso e inadmisible que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a un programa a hablar de ello, mientras las víctimas se ven obligadas a ser testigos de un espectáculo público y remunerado a costa de su dolor y sufrimiento. No se puede permitir que se continúe premiando con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que se hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas o indemnizaciones impuestas. Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esta forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudadas, mantienen ocultos los recursos obtenidos con su delito. Es un contrasentido.

Yo quiero decirles que el primer objetivo de esta proposición no de ley se ha cumplido, y es que se debata en el Congreso un tema que afecta a la sensibilidad de todos los ciudadanos. Es perverso que ser delincuente sea rentable, sobre todo cuando muchas veces son sentencias


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cortas. No se puede primar ni socialmente que esto esté admitido, y tenemos que luchar por esos valores.

El Partido Popular ha presentado una enmienda que no acepto, pero voy a aceptar una transaccional en la cual se rebaja lo que yo pretendía, que era la ilegalización. Creo que sigue habiendo un resquicio legal y que se debería seguir estudiando. Sin embargo me parece muy importante que hoy aquí no se quede solo en una proposición no de ley presentada y que no salga. Creo que es muy importante que todas las fuerzas políticas que están en el Congreso rechacen de forma unánime estas prácticas de algunos medios de comunicación. En segundo lugar, que se inste a estos medios de comunicación para que busquen una forma de autorregularse que impida estos pagos a los delincuentes. Por eso he presentado una transaccional donde se recoge una aportación de Convergència i Unió y la aportación que hace el Partido Popular de no ir a la modificación de la Ley Audiovisual, sino la autorregulación, porque creo que es importante mandar este mensaje a la sociedad desde el Congreso de los Diputados.

El Partido Socialista me ha anunciado que está barajando la abstención. Yo quiero agradecer al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a Convergència y Unió, al PNV, al Grupo Mixto y al resto de los grupos parlamentarios que hubieran apoyado mi proposición no de ley original. Ahora me dice el Partido Socialista que cree que es una rebaja. Yo entiendo que es una rebaja, pero creo que es mucho más importante que salir con el rechazo, y le pido que reconsidere su abstención. Creo que es bueno mandar hoy un mensaje a la sociedad de que no podemos permitir estas prácticas. Insto al Partido Popular a que más adelante busque la fórmula jurídica dentro de la Ley Audiovisual, que la han visto juristas de reconocido prestigio, pero que hoy salgamos con un mensaje claro a la sociedad. No todo en este país son crisis, también hay valores. Por eso he hecho esa concesión, para intentar que saliera de aquí un rechazo formal a estas prácticas, y para instar a los medios de comunicación a que mediante la autorregulación se impidan esas prácticas.

El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de las enmiendas, en primer lugar defenderá la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Nuestro grupo parlamentario comparte totalmente el espíritu de esta iniciativa. Consideramos que los pagos por cadenas de televisión a personas condenadas o imputadas, o incluso a sus familiares, por determinados delitos que han sacudido especialmente a la opinión pública por su gravedad o bien por su especial crueldad no tendrían que producirse. Son situaciones que sin duda moralmente son inaceptables y manifestamos nuestro más profundo rechazo, pero además ocasionan un dolor añadido a las víctimas y a sus familiares, que tienen que soportar un espectáculo público que a nuestro entender podría evitarse. Pero centrándonos exclusivamente en los pagos que algunas cadenas hacen a estos personajes -de hecho es el objeto de esta iniciativa-, nuestro grupo parlamentario hace suya la frase de un periodista, Pablo Herreros, que ha sido especialmente activo a la hora de denunciar estas situaciones y lo ha difundido a través de su blog. La frase es la siguiente: Que hablen, sí; que ganen dinero a costa de ello, no. Creemos que esto recoge muy claramente el objeto de la iniciativa defendida por Coalición Canaria.

Los antecedentes de la proposición no de ley describen también perfectamente la situación y distintos episodios que han sucedido recientemente. No nos extenderemos tampoco más en ello, solamente quiero expresar nuestro más profundo rechazo y sensibilidad con la cuestión. No obstante hemos presentado una enmienda que pretende mantener el espíritu de la proposición no de ley, pero quiere mejorarla técnicamente y resolver algunas de las dudas que nos planteaba el texto original. Así, por ejemplo, hemos introducido que cualquier reforma que se pretenda abordar -caso de la Ley Audiovisual- tenga en cuenta las competencias que en algunos casos ostentan las comunidades autónomas en materia audiovisual, como es el caso de Cataluña.

Por otra parte también tenemos dudas de cuál tiene que ser la fórmula jurídica o el mecanismo más adecuado para abordar la cuestión, porque desde nuestro punto de vista estaría justificada la incidencia en lo referente a los medios públicos. Aunque este tema de hecho no ha sido un problema en este ámbito ya está recogido en cierta manera, por ejemplo, en Radiotelevisión Española, en el manual de estilo de la corporación en su capítulo 5, en los apartados referentes a colaboradores y juicios paralelos, por ejemplo. No obstante en el ámbito de las cadenas privadas es donde se han planteado algunos de esos casos conflictivos. Ahí es donde nos merece más dudas la posible fórmula para resolver la situación. Por ello hemos presentado esta enmienda que pretende, como decíamos, en primer lugar instar al Gobierno a estudiar cómo abordar la posible reforma que permita armonizar también la libertad de expresión con el que no se permita a alguien el lucro derivado de un delito, y a la vez que todo ello no suponga una injerencia en el ámbito decisorio de las empresas.

En definitiva, como decíamos, compartimos el fondo y el espíritu de la propuesta pero no acabábamos de encajar la forma mediante la cual se podía resolver la cuestión de fondo. Por ello agradecemos también la sensibilidad del grupo proponente a la hora de buscar un acuerdo, y como bien ha anunciado la portavoz de Coalición Canaria nosotros votaremos favorablemente porque con la enmienda transaccional se recoge totalmente el espíritu de lo que pretendíamos con nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado señor Lagares tiene la palabra.


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El señor LAGARES FLORES: Creo que todos estamos de acuerdo en que preferiríamos que no se produjesen contenidos audiovisuales como los reseñados en la PNL, pero al mismo tiempo entendemos que cambiar la ley para evitarlo, en los términos propuestos, podría introducir mecanismos de control de los medios de comunicación contrarios a la libertad de expresión o a la presunción de inocencia en alguno de los casos. En este sentido no parece que las razones morales que indudablemente -y mucho- justifican la iniciativa sean equiparables a estos principios constitucionales. Efectivamente no existe en el ordenamiento jurídico español ninguna norma que prevea los hechos descritos en la PNL. Ni en las regulaciones penales ni tampoco en la Ley de Televisiones Públicas del año 2006 o en la Ley de Comunicación Audiovisual del año 2010. En ninguna de ellas se contempla ningún precepto referido a la percepción de cantidades económicas por la participación en dichos espacios audiovisuales, tanto de personas condenadas como de familiares y de allegados. Es evidente que la participación de delincuentes o de familiares que se jactan de sus crímenes -y además agravada en el caso de ser retribuida- por sí misma constituye un hecho escandaloso y totalmente inaceptable para la práctica totalidad de la sociedad. Por ello el Grupo Popular considera que debe ser en el ámbito de la autorregulación de las empresas que explotan los medios de comunicación donde deben ubicarse este tipo de contenidos, por constituir, entendemos nosotros, un problema ético más que legal. Por lo demás la medida propuesta tampoco garantizaba el pago de las indemnizaciones impuestas en concepto de responsabilidad civil derivadas de aquello, pues se limita a impedir la percepción de contraprestaciones de los condenados.

Dadas las dificultades que se han expuesto había que plantear una alternativa acorde con el espíritu de la PNL, y favorable sobre todo a la defensa de los derechos de los perjudicados cuyas indemnizaciones no hubieran sido satisfechas. Por ello propusimos la enmienda de texto alternativo en la que, en lugar de instar al Gobierno a cambiar la ley, se manifestase la posición favorable de la Cámara a que los medios encuentren mecanismos de autorregulación que eviten lo que en esta propuesta se quiere evitar. Ya se ha dicho aquí que al final se ha conseguido una enmienda transaccional que creo que comparte plenamente la inicial nuestra y también la inicial de Convergència i Unió, y que también satisface como no puede ser de otra forma la iniciativa de Coalición Canaria. Creo además, y estoy de acuerdo con la proponente, que esto puede ser un primer paso, pero un paso importante ante lo que toda la sociedad española consideramos hechos absolutamente deleznables.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En relación con los contenidos de determinados medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, creo que se debía articular un debate monográfico que trascienda manifiestamente las competencias de esta Comisión. Es un problema que en mi modesta opinión y en la de mi grupo parlamentario ya raya en un problema de Estado. Sin perjuicio de esto, y sin perjuicio de superar los componentes estéticos, los gustos o el contenido esencial del artículo 20 de la Constitución -cuya jurisprudencia el señor presidente sabe que es bien curvilínea y deletérea-, tengo que decirle que el único inconveniente que yo veía a la aceptación de la proposición no de ley presentada por la señora Oramas es que si estas personas no acudían a platós televisivos se iba a producir inevitablemente un mal: que los juzgados que están instruyendo estas causas no podían proceder a la recuperación mediante el embargo de las cantidades que iban a cobrar en estos platós televisivos. Esta era una circunstancia que a mí me preocupaba en tanto en cuanto son personas corruptas que han robado mucho dinero, y al acudir a estas televisiones las cantidades que obtienen como retribución, a través del embargo, revierten a la sociedad. Es una reflexión irónica, porque los embargos de lo que cobran en los programas televisivos no van a cubrir seguramente la naturaleza de los delitos de naturaleza económica que se producen.

En todo caso quiero alabar la valentía de la señora Oramas y sobre todo la pertinencia y la lucidez con la que ha planteado su iniciativa, y por qué no la flexibilidad intelectual de los demás grupos que han aceptado que se pueda consensuar una transacción sobre algo que preocupa y mucho a la sociedad o a parte de ella, constituida por padres y madres que tienen hijos pequeños. Muchas veces en horarios fuera de los permitidos por las leyes que regulan la actuación de las televisiones o los programas televisivos se ven en la tesitura de observar algo manifiestamente inconveniente para un niño pequeño, además del olvido que se hace sistemáticamente, señor presidente, de la condición de servicio público esencial que caracteriza a las televisiones privadas. Las televisiones privadas no son privadas absolutamente; se lo dice una persona que fue portavoz en la regulación de la Ley de Televisión Privada. Las televisiones privadas están sujetas a la tutela de la Administración pública en relación también con sus contenidos, a pesar de una persistente proclamación de sus estrellas mediáticas sistemáticamente relacionadas o vinculadas a inocular en la ciudadanía un sentimiento de signo contrario. Pero no; La ley establece lo que establece: son un servicio público esencial de la comunidad autónoma y tienen de privadas la configuración de su propiedad, la estructura accionarial de quienes son propietarios de la misma, pero no tienen una libertad absoluta, ni siquiera relativa, porque está tutelada en relación con la configuración de sus contenidos. Y esto se ha olvidado desafortunadamente, señor presidente, y alguien lo tiene que recordar.


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¿Por qué no se recuerda? Le voy a dar mi opinión sincera -es una opinión letal para poder algún día obtener algún tipo de espacio o de suerte en algún programa de las televisiones privadas-, y es porque nadie tiene el coraje de recordar lo que el ordenamiento jurídico regulatorio de las televisiones privadas establece: que son un servicio público en donde no se puede decir cualquier cosa, y que tiene que corresponderse con un servicio público esencial, con las características y requerimientos jurídicos normativos que un servicio especial conlleva siempre. Los que tuvimos la suerte o la desgracia -ahora mismo no me atrevería a hacer una aseveración de esta naturaleza- de participar en el debate que posibilitó la existencia de televisiones privadas lo hemos olvidado. Le agradezco sobre todo a la señora Oramas, señor presidente, que nos permita recordar -y esto es algo colateral al contenido incluso de su proposición no de ley- cuáles son las características y la naturaleza jurídica de las televisiones privadas, es decir, una naturaleza jurídica y una configuración manifiestamente contradictoria con lo que configura o se manifiesta a través de los contenidos televisivos de las mismas.

Señor presidente, es una patología, y desde esta perspectiva patológica le planteo esta cuestión, con todo lo que esto supone de dificultad. Yo sé qué periodistas han intentado, no sin un grave quebranto de sus expectativas profesionales, trabajar por la dignificación de los contenidos televisivos en el ámbito privado de los medios audiovisuales. Este es un juego peligroso, lo reconozco, pero comparto la opinión y comparto su coraje, y además lo manifiesto públicamente, porque no tengo ningún interés en convertirme al final de mi vida profesional en tertuliano de ningún medio de comunicación de estas características ni en un profesional de los talk show. No hay mayor patología que el propio talk show como concepto.

El señor PRESIDENTE: Por UPyD no van a intervenir. Grupo de La Izquierda Plural. Señor Llamazares, tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente, señor presidente, para decir que votaremos favorablemente esta iniciativa, que nos parece que responde a una sensibilidad social, y para manifestar que el acuerdo que parece que se va a consensuar no es la propuesta inicial, pero es un signo, una señal y una posición por parte del Parlamento que nos parece importante. También anuncio que votaré favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: El Grupo Socialista comparte con Coalición Canaria la preocupación que generan los programas de televisión en los que participan personas encausadas y sus familiares o allegados, que a veces no tienen escrúpulos en explotar una causa penal en beneficio propio, aportando información a veces nueva y a veces contradictoria con la que consta en las actuaciones judiciales, y que en muchos casos además confunde a la ciudadanía porque se presentan como víctimas o incluso vierten informaciones que infligen un nuevo daño a las víctimas, atentan a la dignidad de las verdaderas víctimas del delito y a su intimidad personal y familiar, lucrándose por participar en programas que a su vez alcanzan cotas de máxima audiencia. El hecho grave que debería poder evitarse no es únicamente que estas personas cobren por su participación en este tipo de programas, sino la participación misma de estas personas o sus allegados y familiares. Consideramos que han de aplicarse las leyes que pueden y deben atajar estas conductas y evitar así los daños derivados de las mismas.

La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos de las víctimas está prevista ya en nuestro ordenamiento, por cuanto la última reforma articulada a través de la reforma del Código Penal en el año 2010 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así lo contempla. Esta ley, en su artículo 7.8, considera intromisión ilegítima la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. Es verdad que solo habla del condenado en sentencia penal firme. Igualmente este texto normativo, la ley orgánica, modificada por esta última reforma del Código Penal, en su artículo 4 establece que en los supuestos de intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas de un delito al que se refiere el apartado 8 del artículo 7, estará legitimado para ejercer las acciones de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido. También estipula que estará legitimado en todo caso el ministerio fiscal.

Me gustaría también resaltar que el artículo 9 de este texto normativo, también modificado en la última reforma del Código Penal, recoge que la tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate, y en particular las necesarias, entre otras, de la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido por la intromisión ilegítima en su derecho. Igualmente el apartado 3 de este artículo 9 establece que la existencia de perjuicios se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.

Quisiera también hacer referencia a la regulación que se contempla en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 57 recoge las infracciones que se considerarán muy graves. Entre estas infracciones que se considerarán muy graves


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establece la emisión de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana o utilicen la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. En la graduación de este tipo de sanciones dice que la cuantía de la sanción que se imponga dentro de los límites indicados se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios, y entre estos criterios para la graduación de la sanción contempla la inclusión de la conducta sancionada en un código de autorregulación que obligue al infractor como conducta prohibida.

Me gustaría decir, dado que la propia graduación de la sanción está contemplada como un indicador y que esté recogida en el código de autorregulación del medio audiovisual, que estamos totalmente de acuerdo en que las televisiones tengan que autorregular este tipo de conductas. Pero como ya adelantaba inicialmente la portavoz de Coalición Canaria, y rechazando este tipo de conducta -por ello se iniciaron en la anterior legislatura modificaciones tan importantes del Código Penal que afectan a la comisión de este tipo de actuaciones-, queremos manifestar nuestro rechazo absoluto a este tipo de actuaciones, que en el caso de la proposición no de ley que presenta Coalición Canaria lo que hace es ampliar la tipificación, que está inicialmente contemplada solo para el autor del delito que tenga ya una sentencia firme, a los familiares y allegados. Por ello, como adelantaba la portavoz de Coalición Canaria, nuestro grupo se va a abstener en esta enmienda de carácter transaccional, porque consideramos que se ha desvirtuado enormemente lo que se contemplaba en la propuesta inicial presentada por Coalición Canaria. Ese es el motivo por el que se rebaja el hecho de instar al Gobierno a legislar o a iniciar las modificaciones legislativas pertinentes a una simple declaración de esta Cámara con la que, por otra parte, nuestro grupo está totalmente de acuerdo; pero huelga hacer referencia a ese rechazo de la Cámara puesto que, insisto, ya se iniciaron modificaciones contundentes de la legislación actual encaminada a penalizar este tipo de actuaciones.

Este fenómeno nos preocupa y por eso, insisto, se modificó la actual Ley de protección del derecho al honor, y siendo conscientes desde este grupo y considerando necesaria cualquier medida, incluida la autorregulación que refuerce y asegure el impedimento de estas actuaciones, manifestamos nuestra disposición a abstenernos en esta enmienda de carácter transaccional.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de ley recuerdo a sus señorías que se ha presentado una enmienda transaccional y que en el momento en el que procedamos a su votación se hará en los términos de la enmienda transaccional a la que se han referido distintos portavoces.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA DESIGNACIÓN DE UNOS JUZGADOS DE CONTROL ESPECÍFICO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000405).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 24.º del orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la designación de unos juzgados de control específico en los centros de internamiento de extranjeros, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una de ellas por el grupo autor, y por ello intervendrá en primer lugar el grupo autor de la proposición no de ley para su presentación y también a su vez para la defensa de la enmienda; seguidamente lo hará el grupo enmendante y en último lugar el resto de los grupos fijarán posiciones. En consecuencia, en primer lugar, para la defensa de la iniciativa y de la enmienda, tiene la palabra la portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Como ustedes recordarán, meses atrás -de hecho, antes del comienzo de la legislatura-, se pusieron de manifiesto por algunas instituciones como el Defensor del Pueblo, defensores del Pueblo de ámbito autonómico, Fiscalía General del Estado y también y muy especialmente por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de extranjeros, situaciones en los centros de internamiento de extranjeros que supusieron preocupación social suscitada por las condiciones de vida de las personas extranjeras internadas en dichos centros. Por ello, mi grupo parlamentario al inicio de la legislatura propuso iniciativas reclamando los instrumentos que la propia Ley de Extranjería consideraba necesarios para asegurar el orden y la correcta convivencia entre extranjeros y asegurar también el cumplimiento de sus derechos y deberes. ¿Cuáles eran estos instrumentos que, como digo, marcaba la Ley de Extranjería? El primero era un desarrollo reglamentario del régimen de centros de internamiento y el otro era la especialización del órgano judicial que debe ejercer el control de la instancia.

Por lo que respecta al primer punto, el desarrollo reglamentario, a instancia de mi grupo parlamentario de Convergència i Unió se aprobó una iniciativa en la Comisión de Interior y se ha de decir que actualmente se está procediendo al desarrollo reglamentario por parte del Gobierno y se está en comunicación con todos los grupos parlamentarios. Por lo que se refiere al segundo instrumento, el control judicial especializado, se sustenta en que el apartado 6 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Extranjería prevé que el juez de instrucción es el competente para autorizar y dejar sin efecto el internamiento, para el control de la estancia de los extranjeros en los centros de internamiento y para el conocimiento de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Dice la propia ley que se debe designar un concreto juzgado para este control en aquellos partidos judiciales en los que existan varios.


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Pues bien, en el momento de presentar nuestra iniciativa, si bien la previsión legal se había cumplido de manera parcial puesto que se habían designado juzgados de control en Madrid y Barcelona, no se habían designado juzgados de control en los otros sitios donde existen centros de internamiento. Señorías, el texto literal de nuestra iniciativa caducó, porque fue presentar la iniciativa a primeros de marzo y a finales de marzo se aprobó por el Consejo General del Poder Judicial la designación del listado de juzgados de control jurisdiccional de todos estos derechos previstos en la Ley de Inmigración. Por tanto, como había caducado la literalidad de nuestra iniciativa, hemos hecho una autoenmienda que paso a defender a continuación.

En primer lugar, en el punto 1 valoramos positivamente que el Congreso valore positivamente que se haya procedido a designar un juzgado concreto en aquellos partidos judiciales donde hay varios juzgados de instrucción, a fin de que ejerzan la función de control específico en los centros de internamiento de extranjeros. Pero hemos ido más allá, porque este es el primer paso. En la sesión de 23 de marzo del Consejo General del Poder Judicial de este año 2012, en la que se procede a designar los juzgados, se aprueban también unas propuestas de acuerdo sobre los juzgados de instrucción con funciones de control de los centros de internamiento de extranjeros. Son unas propuestas largas, y lo que hacemos en nuestro punto número 2 es proponer también que el Congreso valore positivamente estos acuerdos del pleno del Consejo General del Poder Judicial de marzo de 2012 sobre juzgados de instrucción con funciones de control. Especialmente queremos poner en valor la de crear un foro específico de jueces y magistrados para la comunicación entre los jueces con funciones de control de los mencionados centros de internamiento de extranjeros, en donde los distintos juzgados de control puedan acceder a las resoluciones de los demás para crear un corpus de actuación y que de alguna manera todos los juzgados estén en comunicación para poder poner en común sus resoluciones y también sus experiencias.

En un momento de descrédito de algunas instituciones, en el que singularmente parece quererse desestabilizar la del Consejo General del Poder Judicial, es propio de esta Cámara -nos parece apropiado también- valorar positivamente estos dos acuerdos a los que se ha llegado con respecto a una iniciativa demandada socialmente en relación con los centros de internamiento de extranjeros. Una de las propuestas -esta es la última parte de nuestra autoenmienda- es que el propio consejo sugiere promover la reforma del artículo 62 quinquies.3 de la Ley orgánica 4/2000, porque cuando se promulgó esta ley no existían los juzgados de control y el texto literal de esta ley dice que el director del centro, cuando adopta medidas de contención de los allí internados, deberá comunicar lo antes posible a la autoridad judicial la adopción y cese de los medios de contención física personal. Pero, ¿a qué autoridad judicial? La ley vigente dice que a la autoridad judicial que autorizó el internamiento, con lo cual, si no se procede a modificar esto, nos encontraremos dos autoridades judiciales, la que autoriza el internamiento y la designada para el control. El propio Consejo General del Poder Judicial pide en estas propuestas de acuerdo que se inste a resolver esta situación, y esto es lo que hacemos en el punto 3 de nuestra proposición no de ley, que dice que: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reforma del artículo 62 quinquies.3 de la Ley de Extranjría, para que la competencia para el mantenimiento o la revocación de medidas de contención personal sobre los internos recaiga sobre los jueces con funciones de control de los centros de internamiento. Como digo, todo ello a tenor de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Creemos que con esto se cierran las peticiones realizadas por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, lo cual supondrá una mejora de todas las situaciones en orden a la transparencia y al control de las situaciones que se pueden dar en los centros de internamiento de extranjeros. Acabo, señor presidente, diciendo únicamente que la experiencia personal en su momento de la diputada que les habla, cuando tenía responsabilidades en la Comisión de Interior, en sus visitas a los centros de internamiento, concretamente de Barcelona, para hacer honor a la verdad ha de manifestar que, hasta lo que pudo conocer, el comportamiento que allí se tenía era bueno tanto por parte de la policía como por parte del director del centro, médicos, psicólogos, en el momento en que los había, etcétera, algo que también es justo poner de manifiesto.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra el señor Muñoz.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Intervengo para indicar que nuestro grupo comparte la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, si bien haremos algunas puntualizaciones puesto que, como se ha manifestado por la Presidencia, somos enmendantes de la iniciativa. Parece que pudiera haber un contrasentido que paso explicar, si bien se ha superado por la autoenmienda que el Grupo de Convergència i Unió ha planteado.

Nosotros habíamos presentado una enmienda, puesto que en la versión original de la iniciativa de Convergència i Unió se instaba al Gobierno y nuestro grupo entendía que no cabía instar al Gobierno puesto que no era de su competencia. En el fondo, en la versión original lo que se venía a establecer es que aquello que ya se ha hecho en el mes de marzo, el 22 de marzo, por parte del consejo, que es la atribución de las competencias a algunos de los juzgados de instrucción donde existen o se radican los CIE, convenía que esa iniciativa se tomase por quien la ha tomado, que es el Consejo General del Poder Judicial en virtud de lo establecido en su propia ley orgánica, que permite la atribución a algunos de los


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juzgados de materias específicas en relación con la actuación en determinados partidos judiciales. Por eso presentamos esta enmienda; a ello ha sobrevenido una autoenmienda del Grupo de Convergència i Unió, en la cual, a la vista del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de marzo de 2012, parece que tenía lógica trasladar esa iniciativa en los términos en que se hace. Por ello, nosotros retiramos la enmienda que presentamos, dado que creemos que está perfectamente subsumido en aquello que se hace ahora, sometiéndose a continuación a votación. Sin embargo, advertimos que pudiese haber un error puramente técnico, puesto que en el texto aparece 22 de mayo, y no se bien qué acordó el consejo el 22 de mayo, pero, por si acaso, mejor decir el 22 de marzo, no sea que el 22 de mayo acordasen algo que no nos convendría aquí aprobar.

Dicho esto, sí quisiera indicarles que el origen podríamos encontrarlo en que la ley orgánica del año 2002, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España, ha tenido diversas modificaciones en las que es verdad que ha podido quedar arrastrada la modificación que se realizó en el año 2003, que es donde se indica el artículo que ahora se pretende modificar porque no se armonizó en relación con la modificación que se hace en el año 2009; modificación, tengo que decir aquí, sustancial, muy positiva y que dio una muy buena factura y hechuras a la ley orgánica del año 2000. Por lo tanto, creemos conveniente adoptar esta iniciativa y vamos a votarla favorablemente, si bien queremos indicar que alguna reserva podríamos tener en cuanto a -también es verdad que en el año 2009 se modificó un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder dar cabida a esta competencia- que no lo tenemos a veces claro, y mucho menos después de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña, donde vino a reconocer esa cierta singularidad en materia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecida en el artículo 122.1, cuando dice que hay una peculiaridad en la Constitución, que encarga a una ley orgánica singular, la del Poder Judicial, diversas materias, entre ellas el 122.1 habla del funcionamiento. Por tanto, no sabemos si al final no sería conveniente que hubiera alguna modificación de algún otro precepto, pero desde luego, el que sí que creemos que se tiene que modificar es el que se establece en el apartado c) del texto que se somete a votación por parte de Convergència i Unió, y por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno para fijar posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición no de ley, fundamentalmente por los argumentos expuestos brillantemente por la señora Pigem, no estando yo en este momento en condiciones de mejorarlos. Desde esa perspectiva, tiene razón. Estos CIE tienen que ser objeto de algún tipo de tutela jurisdiccional. Hemos conocido acontecimientos muy recientes que justifican, e incluso acrecientan, la pertinencia de esta medida, y tenía razón la señora Pigem, cuando de un análisis no armónico de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las competencias atribuidas al juzgado que ordenó el ingreso y al juzgado que en este momento va a proceder, o cuando se apruebe esta proposición, procedería al control de las circunstancias atinentes a la estancia, que no a la privación de libertad, que es el elemento relevante en los CIE de un extranjero. Mediante esta autoenmienda al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e invocando además la competencia de especialización de juzgados que corresponden -donde haya más de un juzgado de instrucción-, como ella bien ha comentado, al Consejo General del Poder Judicial, esta especialización parece particularmente pertinente.

Solo una ligerísima reserva mental le afecta a mi grupo parlamentario. Yo no sé hasta que punto en el Estado español no estamos sobrados, señor presidente, de juzgados de instrucción y exonerar de otro tipo de funciones jurisdiccionales a un juzgado de instrucción para dedicarse a una cuestión tan relevante como esta, puede provocar un deslizamiento de la carga de trabajo a los demás, y yo le agradecería a la señor Pigem que lo meditase. Podríamos incluso pensar en la existencia de unos juzgados mixtos, con funciones atinentes al control de los internados en los CIE, y funciones jurisdiccionales ordinarias en relación con los juzgados de instrucción. Quiero recordar en este momento que en el ámbito jurisdiccional la litigiosidad penal afecta al 70% del total de los litigios. No es una cuestión en este momento baladí la que estoy proponiendo, en tanto en cuanto la carga de trabajo de los juzgados de instrucción es altísima. Pero, como la señora Pigem ha reflexionado con mucha pertinencia, y evidentemente la protección de las personas que están en esta situación un tanto ambigua, anfibológica, si me permite la expresión, de la jurisprudencia constitucional de los internados en estos centros, requiere control jurisdiccional específico a tenor de los acontecimientos últimos que estamos viviendo, nosotros estamos en condiciones de aceptar la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió porque incluso hasta en esto son buenos, hasta en su autoenmienda.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de La Izquierda Plural el diputado señor Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente. Votaremos a favor de esta iniciativa. Nos parece un avance en la situación de los CIE, aunque, como saben ustedes, nuestra posición sobre los CIE es crítica, pero en todo caso se garantizan mucho mejor los derechos de las personas internadas.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: En este turno de fijación de posiciones debo comenzar expresando, en primer lugar, la sorpresa que produce el procedimiento utilizado. Ya lo ha comentado la señora Pigem, pero creo que es necesario resaltar cómo la autoenmienda lo que viene a plantear al debate de esta Comisión es realmente un asunto diferente al objeto inicial, que fue el objetivo de la proposición no de ley presentada y que deberíamos estar debatiendo en este momento y que no se hace porque, también lo ha comentado la portavoz de Convergència i Unió, el objetivo se consigue en el plazo de tiempo que va desde que se presenta la proposición no de ley hasta el momento de este debate. Es importante resaltar que el objetivo estaba conseguido, es decir, que la designación concreta de los juzgados de instrucción, que serían los responsables de esa función de control y tutela jurisdiccional de los derechos y garantías de las personas internadas en esos centros, ya se ha conseguido. Por tanto, felicitémonos por ese cumplimiento que creo que hay que enmarcar -y por ahí prosigo en esta breve reflexión- en esa labor que el Ministerio del Interior ha acometido desde el primer momento en que asume las responsabilidades de ese departamento y que ya el ministro del Interior, en su comparencia ante la Comisión de Interior, explicitó claramente. El objetivo era resolver una situación conflictiva que estaba generando críticas desde muy distintos sectores: desde los ámbitos de ONG dedicadas a esta labor, otras organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera y que había causado acontecimientos trágicos que todos tuvimos ocasión de lamentar. El ministro se comprometió a abordar esa tarea de una forma decidida y creo que es necesario en este momento resaltarlo. Este paso adelante en cuanto a la designación de esos juzgados especializados en esta nueva función creada a raíz de la reforma de 2009 de la Ley de Extranjería, de control de estos centros, ya ha sido conseguido. Creo que también es el momento de controlar y resaltar que estamos en el momento adecuado, por otra parte, para seguir dando pasos adelante. Me estoy refiriendo a ese reglamento de funcionamiento y régimen interior de estos centros de estancia controlada de extranjeros, siendo así la nueva denominación que impulsa el Ministerio del Interior. Este anteproyecto de real decreto de este reglamento ha sido ya comunicado a los distintos grupos políticos y en este momento estamos en el plazo de tiempo que entre todos ellos se han dado para presentar sugerencias -diría yo que quizás la terminología apropiada no es alegación, es sugerencias- al contenido de este reglamento, contenido que por otra parte también hace referencia en un título específico a los derechos y garantías y al control de las mismas por parte tanto de las autoridades que tienen encomendada la gestión de los centros como, por otra parte, la tutela jurisdiccional, que se ve reforzada con la regulación que establece ese anteproyecto de real decreto.

Estoy de acuerdo con alguna de las posiciones que han manifestado casi todos los portavoces en esta tarde. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista en que las sucesivas reformas que han venido aprobándose en la regulación de la Ley de Extranjería, la reforma de 2003, y la posterior reforma de 2009, han podido ir arrastrando cierta discordancia terminológica o incluso de asignación de funciones en la tutela jurisdiccional y creo que habrá que acometerlas. Mucho de eso se contiene en la autoenmienda que ahora presenta Convergència i Unió, que en su tercer apartado no es otra cosa que volcar en ese punto ese acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que a su vez se hace eco de las recomendaciones que ese nuevo foro de magistrados o jueces que están encargados de las funciones de control de los CIES se había creado con anterioridad. Quiero decir que eneste último punto de los tres apartados de los que consta la autoenmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió, solamente figura uno de los puntos de esas recomendaciones que se aprueban en ese Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aunque son muchos más, lo tengo aquí delante y son 16 puntos, y todos ellos vienen a mejorar la regulación completa e integral que se hace de los derechos y garantías de los internados en estos centros de estancia temporal o estancia controlada que se llama ahora de extranjeros. Por eso la postura del Grupo Parlamentario Popular va a ser diferente en este último punto que en los dos anteriores. Estamos de acuerdo en valorar positivamente, es evidente, la designación de los juzgados de control concretos en aquellos partidos judiciales donde haya varios, al objeto de ejercer la función de control específico de los centros de internamiento de extranjeros. No podía ser de otra manera.

Estamos de acuerdo también en valorar positivamente ese otro acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre el foro específico de jueces y magistrados, creemos que es un paso adelante importante que nos ayudará a todos a mejorar, a concretar mucho más este importante tema, pero creemos que el último punto en el cual se insta al Gobierno a reformar concretamente la Ley de Extranjería en este artículo 62 quinques.3 dejaría vacío de contenido el papel que el propio Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en el Pleno en cuanto a impulsar la reforma y por tanto comunicarle al Ministerio del Interior lo que considere conveniente.

Por otra parte, y ahí enlazo con ese comentario favorable que he hecho sobre la intervención del portavoz socialista, quizá sea necesario reflexionar sobre el conjunto del articulado de la Ley de Extranjería al objeto de no obviar, no olvidar, no dejar de lado, algunas de las otras faltas de concordancia entre las sucesivas reformas y el desarrollo reglamentario que se ha producido a posteriori para que al fin estén de acuerdo con el espíritu de la ley, que es impulsar esos juzgados de control sobre los derechos y garantías que tienen las personas que han sido internadas en esos centros de estancia controlada de extranjeros. Por eso, presidente, voy a pedir el voto


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separado de los apartados a) y b) con respecto al apartado c) al objeto de que se pueda especificar claramente cuál es la postura del Grupo Popular en esta proposición no de ley.

- SOBRE DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y REFORMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000645).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de ley, pasamos al debate del último punto del orden del día, que es el número 25.º, que es la proposición no de ley sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial y las reformas en el funcionamiento de la institución, presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural. Esta proposición no de ley se tramita en los términos de la reformulación presentada con el número de registro 17620, por lo que se modifica la iniciativa original, especialmente el título de la iniciativa en su punto primero, sin perjuicio de que está en tramitación en estos momentos según me hace saber la letrada de la Comisión una posible enmienda transaccional. En todo caso, inicialmente, para la defensa de la iniciativa por parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el diputado señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario, el Grupo de La Izquierda Plural, ha querido trasladar a esta Comisión una posición del Parlamento con respecto al escándalo producido en el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros no logramos un control parlamentario y el escándalo se ha culminado con una dinámica interna dentro del propio Consejo General del Poder Judicial y también con lo que podemos denominar un escándalo en la opinión pública. Creemos que algún papel debe tener el Congreso de los Diputados, que tiene una participación directa en el nombramiento de los miembros -no de todos los miembros, pero aunque sea de forma escabinada- del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido nos hemos quedado con una sensación amarga porla marginación del Congreso de los Diputados con respecto a una situación como la que hemos vivido. En todo caso, la intención de mi grupo hoy no es volver la mirada atrás, sino la intención de mi grupo parlamentario es, sobre todo, abordar los problemas de fondo. Hay quien puede pensar que estamos ante un problema ético personal, ante una colusión público-privada por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Nosotros creemos que es verdad, hay un problema de carácter ético y afecta a un miembro del Consejo General del Poder Judicial... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Pero creemos que además hay datos en el funcionamiento del consejo que deberíamos replantearnos desde el Parlamento.

Varias de las organizaciones judiciales han hecho algunas reflexiones que en mi opinión son adecuadas. En primer lugar, han reflexionado con respecto a un procedimiento en materia de dietas que podemos decir que no es regular en el conjunto de la Administración pública. Hubo un momento en el que se adoptó una decisión por la cual estas dietas para determinadas actividades no se justifican. En el fondo ahí hay un problema, un problema que finalmente ha terminado, como dice una asociación de jueces -lo dice explícitamente-, en un régimen de secretismo, relajación presupuestaria y ausencia del mínimo control interventor. Es un hecho, en mi opinión, grave y desde el Congreso de los Diputados deberíamos orientar al menos su superación, toda vez que también en el propio Consejo General del Poder Judicial se ha hecho una reflexión de las mismas características: la necesidad de que haya mayor transparencia y la necesidad de que haya mayor austeridad por parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en su funcionamiento, manteniendo todas las características de su funcionamiento. Este es el segundo punto de nuestra proposición.

Por otro lado, también es necesario abrir una reflexión sobre el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros habíamos centrado esa reflexión en la dedicación de sus miembros, una dedicación de 20 miembros que a nosotros nos parecía excesiva para las funciones del consejo. Sin embargo, nos han convencido otros grupos parlamentarios de que dejáramos este tema más abierto y que no solamente hablásemos de dedicación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sino que hiciésemos una reflexión más amplia sobre la composición, sobre el funcionamiento, sobre las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Creo que eso es adecuado. Señorías, el Consejo General del Poder Judicial tiene, por ejemplo -y ahora también ha iniciado su presencia en los medios de comunicación- una Comisión de relaciones internacionales, señorías; no sé hasta qué punto esto es compatible con las funciones del propio Ministerio de Justicia. Tiene, por ejemplo, y lo hemos visto en el día de hoy, una Comisión de estudios que realiza estudios sin que los mismos se produzcan como consecuencia de una iniciativa legislativa del Gobierno, también ese tema creo que merece un debate. Y merece un debate, por ejemplo, un órgano que tiene 20 personas con dedicación completa y casi 500 funcionarios, casi 500 funcionarios. Señorías, a eso hay que sumar los 500.000 euros de gastos protocolarios, como se ha conocido públicamente, y los 11 millones de euros de otros temas denominados indemnizaciones por razón de servicio, que es tal como los denominan, porque no quiero extralimitarme en relación con esta cuestión. En


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un órgano que tiene 500 funcionarios, 20 personas con dedicación completa y aproximadamente 12 millones de euros de gastos previstos para 2012 entre gastos protocolarios e indemnizaciones por razón de servicio merece ser reconsiderado su funcionamiento, su composición y sus funciones.

Comenté en mi intervención inicial que había una vis expansiva que me preocupaba. Si hay un órgano con una vis expansiva y también una tendencia megalómana, podemos acabar como hemos acabado. Espero que eso no vuelva a ocurrir en el Consejo General del Poder Judicial. No echo la vista atrás, pero creo que estos aspectos deben incorporarse al texto final. Hemos llegado a un acuerdo en el texto final, que es verdad que diluye la propuesta inicial, pero me parece un acuerdo que tiene clave de futuro y no clave de pasado.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto. (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a intentar ser breve y particularmente prudente sobre las reflexiones, por otra parte, pertinentes del señor Llamazares por razones que no es menester glosar en este momento.

Señor presidente, comparto que este es un debate complejo que quizá no deba dilucidarse en esta Comisión y bajo el formato de una proposición no de ley. Esta es una cuestión de Estado, es un problema de Estado que afecta al órgano de gobierno de un poder del Estado. Si el ministro presenta como ha prometido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya tendremos la oportunidad de debatir con prolijidad y con detenimiento cuestiones que trascienden in extenso el contenido del argumentario del señor Llamazares que yo puedo compartir.

Algunas cosas sí me gustaría matizarle al señor Llamazares, con todo respeto y humildad. La comisión de estudios tiene competencias tasadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los propios reglamentos que configuran el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Puede realizar estudios -y los debe hacer porque son informes preceptivos obligatorios- sobre determinadas materias que afectan a las leyes procesales, a las leyes penales y a todas las leyes que afectan a la Administración de Justicia. Es una obligación que tiene que acometer el Consejo General del Poder Judicial. Y puede realizar para consumo interno y desde una perspectiva más doméstica aquellos estudios que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de los órganos judiciales. Desde esta perspectiva, no hay nada que objetar a los objetivos de la comisión de estudios. Que los informes de la comisión de estudios se correspondan más o menos con las perspectivas ideológicas que todos profesamos en esta Comisión es una cuestión colateral. Su obligación es informar de forma neutral, suponiendo que quepa atribuir este calificativo a un órgano de estas características.

Pero es que hay otras comisiones. Existe una comisión de nombramientos, señor presidente, a través de una comisión de calificación que evalúa los méritos de las personas que van a ser nombradas en virtud de las potestades de nombramiento discrecional para ciertos cargos jurisdiccionales. ¿Que no se hacen bien las cosas en este ámbito? No necesito que nadie me lo explique, señor presidente. ¿Que se opera mediante un sistema que podíamos calificar de cuotas -y quiero ser particularmente prudente-? No estoy en condiciones de negarlo; y con esto probablemente ya he dicho más de lo que debería decir. ¿Que la comisión disciplinaria -porque el ejercicio de las potestades disciplinarias sobre la correcta actuación de todos los jueces y magistrados del Estado español se acomete a través de una comisión disciplinaria y del pleno- actúa con criterios en ocasiones maniqueos? No seré yo quien lo vaya a negar, señor presidente. Le voy a poner un ejemplo que puede resultar anecdótico, pero que es muy revelador. Yo estuve en un consejo en donde se suspendió durante un año a un juez por hacer unas inocuas e irrelevantes declaraciones al diario ABC, que había que leer con lupa y descubrir la página donde estaban, mientras en absoluto se sancionó a jueces que hacían declaraciones en medios de comunicación de gran dimensión a diario y permanentemente; hasta el punto de que algunos de estos jueces o magistrados que hacían estas declaraciones se sentían terriblemente perturbados en su psique -según nos comentaban- si algún día no veían su nombre en los medios de comunicación. No estoy en condiciones de negar esta circunstancia, señor presidente, pero este no es un problema que se pueda dilucidar con tanta facilidad mediante el formato que presenta el señor Llamazares. Con todo el respeto, señor Llamazares, este es un problema muy complejo como para debatir y liquidarlo con una formulación que no voy a calificar de simplista, sino sencillamente de insuficiente. Es un problema de Estado, y un problema de Estado se debate como se debaten los problemas de Estado, mediante el debate cuando menos de una ley orgánica o de una reforma constitucional. Desde esa perspectiva, y por razones de naturaleza jurídico formal, señor presidente, yo sencillamente me voy a abstener en relación con la proposición no de ley en cuestión.

El señor PRESIDENTE: A continuación, le corresponde el turno al Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Esta proposición no de ley, como es sabido, incide directamente en una institución fundamental de nuestro Estado de derecho como es el Consejo General del Poder Judicial. Y como se pone de manifiesto en los antecedentes y también en la exposición del proponente, su causa de ser, su origen, han sido lo lamentables hechos que recientemente han


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afectado a la institución. De hecho, a lo largo de las intervenciones de los demás proponentes ha salido esta cuestión. Ahora bien, desde Convergència i Unió consideramos que el comportamiento individual de uno de los miembros del consejo, que efectivamente esto puede incidir en el descrédito de la institución, no tiene que servirnos de único referente a la hora de abordar posibles reformas en el Consejo General del Poder Judicial. Consideramos que, si se pretende abordar una reforma en cuanto a la organización y estructura de una institución de esta importancia, merece que se haga en el marco de un debate prudente, pausado y con el máximo consenso posible. Por lo tanto, celebramos que se haya reconducido tanto el tono como el objeto del debate, porque, como muy bien ha dicho el proponente aquí, lo importante es el futuro. No tenemos que estar anclados en los hechos que han sucedido recientemente y lo importante es que lo podamos abordar con la máxima prudencia y serenidad -insisto- que requiere una institución fundamental de nuestro Estado de derecho.

En la formulación inicial de la iniciativa se hacía referencia a una posible reducción de su composición. Como bien saben, estamos hablando de 20 vocales más el presidente, y se hablaba también de flexibilizar el régimen de incompatibilidades. También el proponente, señor Llamazares, ha hecho referencia a ello, ha hecho referencia al régimen de incompatibilidades y a la posibilidad de que si se aborda una reforma este régimen se flexibilice. Desde Convergència i Unió -insisto- estamos abiertos a hablar de cualquier reforma que afecte a la institución, pero entendemos que en cuanto al régimen de incompatibilidades que en estos momentos ciertamente es muy estricto tiene una razón de ser fundamental, por cuanto una mañana un vocal que forma parte del Consejo General del Poder Judicial puede tener un juicio cualquiera en un juzgado de nuestras demarcaciones y por la tarde tener que decidir alguna cuestión respecto a un procedimiento disciplinario que afecte a un magistrado concreto con el cual haya estado en el juicio de la mañana. Por tanto, ese régimen de incompatibilidades tan estricto tiene una razón de ser fácilmente entendible. Cuando vimos la propuesta inicial de La Izquierda Plural, esta era una de las cuestiones, en las que teníamos muchas reservas.

De todas maneras, desde Convergència i Unió estamos abiertos al diálogo y celebramos que finalmente se haya llegado a un acuerdo transaccional y que se haya reenfocado -totalmente diría yo- la propuesta inicial y que estemos hablando ahora en estos momentos de abrir una reflexión acerca de la composición, funcionamiento, estructura y funciones del consejo con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales. Esto es lo que deseamos todos los miembros de esta Comisión y sería lo deseable también para los justiciables, que en definitiva es lo importante para nuestro Estado de derecho.

El señor PRESIDENTE: Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: En este turno de fijación de posiciones adelanto que la posición del Grupo Parlamentario Socialista es la de votar a favor de la iniciativa formulada inicialmente por el Grupo de La Izquierda Plural y que ha sido enmendada a lo largo de esta sesión. Sin duda, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación que se recoge en el párrafo primero acerca del normal funcionamiento de las instituciones democráticas, máxime si hablamos de una institución que representa a uno de los poderes del Estado. También compartimos la necesaria reflexión que ha de iniciarse en relación con la imagen que ha sido transmitida a los ciudadanos en las últimas semanas. Pero el Grupo Parlamentario Socialista, que está dispuesto a trabajar proactivamente en esa reflexión y en las reformas que sean necesarias, se cree en la necesidad de establecer una serie de elementos, una serie de líneas rojas que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una reforma de una ley tan esencial como es la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, esas condiciones inexcusables para el Grupo Parlamentario Socialista son, en primer lugar, que cualquier reforma se haga con el más amplio consenso posible. Esta es una posición que forma parte del ADN en materia de justicia del Grupo Parlamentario Socialista. No hay que olvidar que ya en 2001 fue el grupo que incitó a la firma de un pacto de Estado por la justicia y que siempre sostuvo a partir de ese momento... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: ...el necesario consenso en estas reformas. Y hay una segunda condición, y es que en esa reforma que pudiera plantearse de la Ley Orgánica del Poder Judicial se profundice en la legitimidad democrática del órgano de gobierno de los jueces, no se vaya hacia atrás. Ello porque uno de los anuncios que ha hecho el Gobierno de la nación a la Cámara es la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, la proposición no de ley inicial del Grupo de La Izquierda Plural planteaba en su último punto una reflexión en torno a la composición, al número de miembros y al estatus de ese miembro. Se notará que la enmienda transaccional que hemos acordado recoge todos y cada uno de los ámbitos en los que cabe una reflexión sobre el consejo: la composición, el funcionamiento, los órganos y las funciones. El único extremo en el que estamos de acuerdo que no es necesaria ninguna reflexión, y por lo tanto no es necesaria ninguna reforma, es en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no


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se ha incluido en la enmienda que hemos acordado con La Izquierda Plural.

Señorías, existen dos sistemas de organización de la justicia en el mundo en el que vivimos, el sistema americano, en el que gran parte de los jueces son elegidos por los ciudadanos o por sus representantes, y el continental, el nuestro, donde eso no ocurre. No hay duda de que en un sistema como el americano la elección por parte de los jueces de su órgano de gobierno profundizaría en la legitimidad democrática del sistema, pero en un sistema continental como el nuestro la elección por parte de los jueces de su órgano de gobierno supondría un paso atrás en la legitimidad democrática del mismo. En definitiva, volveríamos a un sistema que está muy cerca del sistema de elección en los gremios de la Francia prerrevolucionaria, porque no hay que olvidar que los jueces aparecen constitucionalmente configurados como funcionarios que gestionan un servicio público. Por tanto, son sin duda importantes dentro de su diseño constitucional, pero no tienen la legitimidad democrática que tiene el Parlamento a la hora de elegir a su órgano de gobierno. Por tanto, sostenemos que es necesaria una reflexión sobre todos esos ámbitos recogidos en la enmienda, pero nunca sobre el sistema de elección.

En definitiva, señorías, en las últimas semanas el Consejo General del Poder Judicial ha perdido una parte importante, de cara a los ciudadanos, de su legitimidad en ejercicio. No hagamos nada para que también pierdan legitimidad de origen aquellos que han de gobernar a los jueces en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular su portavoz en esta Comisión, el señor Castillo, tiene la palabra.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, dentro de las reformas proyectadas por el Gobierno a fin de que nuestra justicia mejore en celeridad y eficiencia destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta línea de actuación, se aprobó por el Consejo de Ministros el día 2 de marzo de 2012 la creación de la comisión institucional a la que se le ha encomendado la labor de realizar las propuestas normativas que servirán de base para la elaboración del nuevo texto legal. La comisión se encuentra en el momento actual en fase de trabajo, pudiendo disponer, como avanzó el ministro en su comparecencia ante el Senado el 5 de marzo de 2012, de un primer borrador de texto en octubre de 2012. Es en ese momento cuando comenzará la fase de consultas e informes de los distintos órganos e instituciones que habrán de analizarlo antes de su presentación ante el Parlamento. Siendo así, cuando la comisión finalice su cometido, será el momento oportuno para insistir en aquellas propuestas que, como sucede en este caso, se hayan presentado en materias que se puedan ver afectadas por la elaboración de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial.

No obstante, hay que poner de manifiesto que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Gobierno comparten la necesidad de que en dicho texto se incluyan cuantas medidas mejoren la transparencia y austeridad del Consejo General del Poder Judicial, pues resulta necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en la gestión y uso de los recursos públicos que el Estado pone a disposición del órgano de gobierno de los jueces, elevando los niveles de ejemplaridad en su rendición de cuentas, mediante la aplicación rigurosa de controles de legalidad tanto internos como externos. Así lo ha entendido también el Consejo General del Poder Judicial y, en este sentido, el Grupo Popular se congratula de que el consejo se haya comprometido a someter a debate en su pleno de mañana jueves un plan de austeridad y transparencia que, sin menoscabo de sus funciones y manteniendo el cumplimiento de los objetivos que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial marcan al consejo, profundice en los criterios de eficiencia y economía que nuestra Constitución exige para el gasto público. En todo caso, como les digo, es una cuestión que está siendo objeto de estudio, por lo que, sin perjuicio de que vayamos a votar a favor de esta enmienda transaccional a esta proposición no de ley, adecuada en su contenido en el marco de la tramitación parlamentaria del nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en este contexto de reformas encaminadas a que nuestra Administración de Justicia mejore en eficacia será donde se deberán abordar más específicamente las modificaciones o cambios referidos al funcionamiento del consejo que permitan evitar aquellas disfunciones que han podido enturbiar la imagen del Poder Judicial, partiendo, como es natural, del mandato constitucional y de la interpretación realizada al respecto por su máximo intérprete. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de ley y de los distintos puntos del orden del día, corresponde que sometamos a votación las cuatro proposiciones no de ley que han sido objeto de debate.

En primer lugar, votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada y que se ha hecho llegar a la Mesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 13.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Se vota también en los términos de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a esta Presidencia.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Para finalizar, votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial y las reformas en el funcionamiento de la institución. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada también y que se ha hecho llegar a esta Presidencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, agradeciendo la atención de sus señorías, se levanta la sesión.

Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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