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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 59, de 21/03/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de marzo de 2012

Núm. 59


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para desarrollar y cumplir con el Titulo V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ... (Página7)

Comisión de Justicia

161/000405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la designación de unos juzgados de control específico de los centros de internamiento de extranjeros. ... (Página8)

Comisión de Interior

161/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ... (Página9)

161/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la huella genética ... (Página10)

161/000410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución ... (Página10)

161/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a incrementar los efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Málaga ... (Página12)

161/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cese del acoso a las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos en su labor de observación y documentación de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales ... (Página13)


Página 2




Comisión de Economía y Competitividad

161/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de la seguridad social a favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i ... (Página13)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modernización del estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado ... (Página14)

161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción de las cargas administrativas en las Administraciones Públicas ... (Página15)

161/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinado a otros fines de interés social ... (Página16)

161/000396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la cesión del edificio de la antigua sede del Banco de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz ... (Página16)

161/000397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre modificación del modelo de control interno del gasto público ... (Página17)

Comisión de Fomento

161/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el cierre de la compañía aérea Spanair ... (Página19)

161/000399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para acelerar el inicio de las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç de Calders por el interior a su paso por Sant Feliu de Llobregat ... (Página19)

161/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las prestaciones de la línea ferroviaria R8 de la red de Cercanías de Barcelona ... (Página20)

161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la inversión de la recaudación de multas de tráfico en la Comunitat Valenciana en la red viaria valenciana ... (Página21)

161/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en el corredor ferroviario Mediterráneo del ramal: Lorca-Baza-Guadix ... (Página21)

161/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de servicio público obligatorio de los vuelos desde la Península a Eivissa y Menorca y entre islas ... (Página22)

Comisión de Educación y Deporte

161/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al programa Campus de Excelencia Internacional ... (Página23)

161/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos de consecución de la calidad en las Universidades españolas ... (Página24)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la promoción del Año Internacional de las Cooperativas y medidas de fomento a las mismas ... (Página25)


Página 3




161/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la dotación económica del fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes ... (Página26)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la actividad industrial ... (Página27)

161/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad ... (Página28)

161/000407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radiactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia ... (Página29)

161/000408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre energías renovables en Castilla y León ... (Página29)

161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la actual crisis sismo-volcánica ... (Página30)

161/000411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el apoyo a las energías renovables ... (Página32)

161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la continuidad de la actividad minera en aquellas explotaciones carboneras que precisen del actual régimen de ayudas, más allá del 2018 ... (Página33)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la aprobación urgente de un Decreto para paliar los efectos de la sequía en Aragón ... (Página34)

161/000414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos ... (Página34)

161/000418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre traslado de la factoría ENCE-Lourizán en Pontevedra ... (Página35)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo ... (Página36)

Comisión de Cultura

161/000422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación del Museo de Arte Ibérico Nacional en Elche (Alicante) ... (Página37)

161/000426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento monumental y artístico de la Portalada románica de Santa María de Ripoll y el apoyo a su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO ... (Página38)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud ... (Página39)


Página 4




Preguntas para respuesta oral

Comisión de Justicia

181/000136 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre fecha prevista para presentar el proyecto de ley de implantación de los Tribunales de Instancia ... (Página40)

181/000137 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre motivos de que la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuma en la Secretaría General de Modernización ... (Página40)

181/000138 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre motivos de la desaparición de la Dirección General de Modernización en el organigrama del Ministerio de Justicia ... (Página40)

181/000139 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones acerca de alguna iniciativa legislativa para la protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual ... (Página40)

181/000140 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones acerca de reformar la actual legislación en materia hipotecaria ... (Página40)

181/000141 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre decisión tomada por el Ministerio de Justicia acerca de los órganos judiciales que se alojarán en el recién rehabilitado Palacio de Justicia de Burgos ... (Página40)

Comisión de Interior

181/000145 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de la finalización de la cárcel de Archidona a finales de 2012 ... (Página41)

181/000146 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre nuevas comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil que se prevé crear en la provincia de Málaga ... (Página41)

181/000147 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca del inicio de las obras de un nuevo centro de internamiento para extranjeros en Málaga ... (Página41)

181/000148 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de recortar la plantilla de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Málaga ... (Página41)

181/000166 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz González (GS), sobre detenidos a los que se le ha tomado declaración por policías encapuchados que presentaron petición de "habeas corpus" ... (Página41)

181/000167 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz González (GS), sobre motivos por los que el Director Adjunto Operativo ha abierto una investigación acerca de la toma de declaración por policías con la cara encapuchada a personas en calidad de detenidos cuando no existe ninguna restricción legal al respecto ... (Página41)

181/000168 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz González (GS), sobre razones por las que miembros del Cuerpo Nacional de Policía toman declaración encapuchados a personas detenidas ... (Página42)

Comisión de Defensa

181/000156 Pregunta formulada por la Diputada doña Arantza Tapia Otaegi (GV-EAJ-PNV), sobre tipos de ayudas que se van a ofrecer a la industria armamentística para su internacionalización ... (Página42)


Página 5




Comisión de Economía y Competitividad

181/000164 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD), sobre medidas para hacer frente al índice de pobreza al que se enfrenta nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a los ciudadanos con situaciones similares que vivan en distintas comunidades autónomas ... (Página42)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000165 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si con menos inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude ... (Página42)

Comisión de Fomento

181/000150 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsión acerca de la llegada del AVE a Ronda (Málaga) ... (Página42)

181/000151 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones en materia ferroviaria que contempla el Gobierno impulsar, a corto o medio plazo, en la provincia de Málaga ... (Página42)

181/000152 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre nuevas obras de carreteras que contempla el Gobierno impulsar, a corto y medio plazo, en la provincia de Málaga ... (Página43)

181/000153 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de financiar parte de las obras previstas por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) encima del soterramiento de San Pedro de Alcántara ... (Página43)

181/000154 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones del Gobierno, a corto y medio plazo, en relación con la iluminación de carreteras nacionales en la provincia de Málaga ... (Página43)

Comisión de Educación y Deporte

181/000158 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para agilizar los trámites a la hora de conceder la renta universitaria ... (Página43)

181/000169 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre previsiones acerca de renovar el plan ADO tras los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres ... (Página43)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000143 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre previsiones acerca de destinar los fondos mineros del "Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012" previstos para poder continuar con el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo ... (Página43)

181/000144 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de suspender los permisos concedidos a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y a la compañía de Hidrocarburos CNWL Oil para realizar prospecciones petrolíferas en el litoral de Málaga ... (Página44)

181/000149 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones dentro del Plan Qualifica para la provincia de Málaga ... (Página44)

181/000159 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para incrementar la conectividad aérea con países emergentes ... (Página44)

181/000160 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para luchar contra el fraude en los alquileres de apartamentos en destinos turísticos ... (Página44)


Página 6




181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre previsión de promover la aprobación de una normativa estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad turística ... (Página44)

181/000162 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre incidencia de la privatización de AENA en el sector turístico ... (Página45)

181/000163 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y entidades locales para promocionar España como destino turístico ... (Página45)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000142 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre consideración como elegibles a efectos de Pago Único en la nueva PAC de las hectáreas que se dedican en exclusividad a la actividad cinegética ... (Página45)

181/000157 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre existencia de algún plan para impulsar la energía de biomasa en las zonas rurales ... (Página45)

Comisión de Cultura

181/000155 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones del Gobierno en relación con la apertura del Museo de Málaga ubicado en el Palacio de la Aduana ... (Página45)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000024 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5061/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears ... (Página46)

233/000014 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5277/2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación con el artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ... (Página46)

233/000015 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 6548/2001, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por posible vulneración de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE ... (Página47)

233/000016 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2651/2005, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación con el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de Coordinación de Policías Locales ... (Página48)

233/000017 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5742/2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española ... (Página49)


Página 7




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar y cumplir con el título V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobada por este Parlamento en su capítulo III define las competencias de la Generalitat de Catalunya en su acción exterior. Dicho capítulo reza literalmente:

"Capítulo III. Acción exterior de la Generalitat.

Artículo 193. Disposiciones generales.

1. La Generalitat debe impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores.

2. La Generalitat tiene capacidad para llevar a cabo acciones con proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias, bien de forma directa o a través de los órganos de la Administración General del Estado.

Artículo 194. Oficinas en el exterior.

La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede establecer oficinas en el exterior.

Artículo 195. Acuerdos de colaboración.

La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. A tal fin, los órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la Generalitat.

Artículo 196. Tratados y convenios internacionales.

1. El Gobierno del Estado informará previamente a la Generalitat de los actos de celebración de aquellos tratados que afecten directa y singularmente a las competencias de Cataluña. La Generalitat y el Parlamento podrán dirigir al Gobierno las observaciones que estimen pertinentes.

2. Cuando se trate de tratados que afecten directa y singularmente a Cataluña, la Generalitat podrá solicitar del Gobierno que integre en las delegaciones negociadoras a representantes de la Generalitat.

3. La Generalitat podrá solicitar del Gobierno la celebración de tratados internacionales en materias de su competencia.

4. La Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para ejecutar las obligaciones derivadas de los tratados y los convenios internacionales ratificados por España o que vinculen al Estado en el ámbito de sus competencias.

Artículo 197. Cooperación transfronteriza, interregional y al desarrollo.

1. La Generalitat debe promover la cooperación con las regiones europeas con las que comparte intereses económicos, sociales, ambientales y culturales, y debe establecer las relaciones que correspondan.

2. La Generalitat debe promover la cooperación con otros territorios, en los términos que establece el apartado 1.

3. La Generalitat debe promover programas de cooperación al desarrollo.


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Artículo 198. Participación en organismos internacionales.

La Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes en materias de interés relevante para Cataluña, especialmente la UNESCO y otros organismos de carácter cultural, en la forma que establezca la normativa correspondiente.

Artículo 199. Coordinación de las acciones exteriores.

La Generalitat debe impulsar y coordinar, en el ámbito de sus competencias, las acciones exteriores de los entes locales y de los organismos y otros entes públicos de Cataluña, sin perjuicio de la autonomía que tengan.

Artículo 200. Proyección internacional de las organizaciones de Cataluña.

La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos."

En virtud de ello y en cumplimiento de una Ley Orgánica del Estado aprobada por este Parlamento en la anterior Legislatura, se considera oportuno que el Gobierno español colabore en el desarrollo y aplicación de la misma.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reconoce la necesidad de impulsar, desarrollar y cumplir la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobada por este Parlamento y en virtud de su capítulo V insta al Gobierno español, en el ámbito de su responsabilidad y competencia, a:

1. Establecer la representación de la Generalitat de Catalunya en todas aquellas organizaciones y foros internacionales que traten temas de interés específico o de competencia exclusiva de Catalunya.

2. Establecer mediante ley la participación de representantes de la Generalitat de Catalunya en la Delegación Permanente del Estado español ante la UNESCO y otros organismos de carácter cultural.

3. Realizar las modificaciones legislativas oportunas para regular la participación de la Generalitat de Catalunya en las negociaciones de tratados internacionales que afecten sus competencias.

4. Respetar y reforzar la competencia de la Generalitat de Catalunya para aplicar y ejecutar el derecho de la Unión Europea, así como las obligaciones derivadas de los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado español o que lo vinculen, en el ámbito de sus competencias

5. Apoyar, mediante los órganos de representación del Estado en el exterior y cuando el Gobierno catalán así lo requiera, las iniciativas de la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de acuerdos en el exterior que pretenden la promoción de los intereses de Catalunya en el ámbito de sus competencias.

6. Publicitar las Oficinas de la Generalitat de Catalunya en el exterior en aquellos medios donde se documente la presencia institucional del Estado en el exterior así como en las propias embajadas y consulados pertinentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Justicia

161/000405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se insta al Gobierno a la designación de unos juzgados de control específico de los centros de internamiento de extranjeros.

Antecedentes

Los Centros de Internamiento de Extranjeros han desarrollado un papel fundamental en los últimos años para garantizar el adecuado control de los extranjeros detenidos a los efectos de coordinar la práctica de las denegaciones de entrada en el territorio, las devoluciones o las expulsiones y todo ello en cumplimiento de su finalidad preventiva y cautelar salvaguardando en todo momento los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico.

El apartado 6 del artículo 62 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que "(...) el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento


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será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente".

Esta nueva figura ha sido valorada muy positivamente por las organizaciones que trabajan directamente con personas internadas en los CIE, ya que ha de realizar una función imprescindible de velar por el respeto de los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación de la Administración durante la ejecución del internamiento.

Al tratarse el internamiento de extranjeros de una materia muy específica y no excesivamente conocida, el adecuado ejercicio de la competencia de control jurisdiccional requiere una cierta especialización en el régimen jurídico y realidad de los centros de internamiento.

Recientemente se han venido produciendo diversas incidencias relacionadas con el funcionamiento de los Centros de internamiento, en los cuales se dan graves carencias y se producen arbitrariedades, en buena parte por la falta de normas claras.

Dado que los Centros de Internamiento de Extranjeros no son centros penitenciarios y en aras de garantizar la plena protección de los derechos de los "internos", se requiere que se adopten medidas de control específico como la designación de Juzgados específicos.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que lleve a cabo las actuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62.6 de la Ley de Extranjería, respecto a la designación de un Juzgado concreto en aquellos partidos judiciales donde existan varios Juzgados de Instrucción, y asimismo designe más de un Juzgado cuando las características del centro así lo aconsejen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Interior

161/000394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La crisis financiera mundial, que derivó en una crisis económica que castiga desde hace ya casi cuatro años especialmente a Europa, no ha cargado el peso de la misma por igual, sino que sus efectos han recaído especialmente sobre una mayoría de ciudadanos que nada tuvieron que ver en su generación.

A la vez se acuerdan medidas que afectan de manera directa a los derechos y políticas sociales, como una drástica reducción del gasto en educación, sanidad y otros servicios públicos esenciales, recortándose los derechos de los trabajadores y haciéndose subidas de impuestos que discriminan las rentas del trabajo a la vez que benefician a las rentas de capital.

Los ciudadanos, alarmados por la política del Gobierno que atenta contra pilares básicos de nuestro estado de bienestar, ven como la crisis está siendo aprovechada como una excusa para realizar un gran cambio del modelo de cohesión social, perpetrando profundos recortes que conllevan un aumento de la desigualdad social, el recorte sistemático de derechos y la reducción o el constreñimiento de los derechos de ciudadanía. Frente a ello, los ciudadanos ejercen pacíficamente el derecho de reunión y manifestación, derechos fundamentales que han se salvaguardarse por el Gobierno.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente en defensa de sus derechos.

- No eludir su parte de responsabilidad por el descontento social que está en el origen de las protestas y manifestaciones.

- No culpabilizar a las fuerzas políticas de la oposición, a los sindicatos, al movimiento asociativo y, especialmente, a los jóvenes, que ejercen de forma responsable y democrática el derecho de manifestación,


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de las situaciones de tensión social que derivan de una crisis económica que no se resuelve con medidas que ahonden en las desigualdades.

- Evitar, mediante el diálogo, la prudencia y si fuera necesario con un uso proporcional de la fuerza, que las manifestaciones legítimas acaben siendo utilizadas por elementos radicales para producir disturbios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre la huella genética, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El ADN se presenta actualmente como una "huella genética" que permite estudiar tejidos orgánicos o cualquier célula humana y encontrar en el núcleo de la misma el patrón genético que caracteriza a cada individuo.

En el terreno de la identificación policial, su aplicación constituye un sistema incluso más certero, en ciertos casos, que la huella digital, para llegar a la identificación individual. Estadísticamente, la probabilidad de que haya dos huellas iguales es de 1/6.300.000.000.

Confirmada su solvencia científica, la aplicación al campo forense-policial supone el camino más apropiado para el esclarecimiento o identificación en determinados delitos graves, especialmente en delitos sexuales y homicidios.

Desde el punto de vista del tratamiento de la reseña, es difícilmente comprensible la diferencia entre la reseña decadactilar -que no precisa la presencia de letrado- y la reseña de ADN de los detenidos o imputados, para la cual la citada sentencia exige la asistencia de abogado.

Según las estadísticas de la unidad central de análisis científicos, los asuntos esclarecidos por ADN a nivel nacional por agresiones sexuales ascienden a 317, por homicidios a 325 y por terrorismo a 16 casos. Del mismo modo, la huella genética ha permitido identificar a 160 autores de lesiones, pudiendo demostrar su implicación en los hechos a través de restos de la víctima en prendas del autor de la lesión. Igualmente se ha logrado la identificación de 136 autores de robos con violencia o intimidación y un total de 779 en robos con fuerza. También cabe destacar el esclarecimiento de un total de 226 hechos de agresiones sexuales.

El incremento de la eficacia policial a través del procedimiento de recogida de reseña genética está totalmente demostrado en nuestro país desde el punto de vista de los resultados y la estadística. Este método de investigación evita la comisión de delitos y facilita la identificación de los autores con mayores garantías que la huella dactilar, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Ministerio del Interior a realizar las reformas necesarias para la incorporación de estos métodos a la investigación científico-policial con las debidas garantías jurídicas, por medio de la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las reformas normativas necesarias para que:

1. Las condiciones exigidas para el procedimiento de recogida de la "huella genética" en la ficha policial de los detenidos sean similares a las de la huella digital.

2. Las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil realicen, en todos los casos, la identificación genética de los detenidos por los seis tipos de delitos que se contemplan en la ley Orgánica 10/2007 relacionados con el mantenimiento de la seguridad física de las personas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Tras la aprobación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978, agentes de la Guardia Civil se organizaron para reclamar mejoras profesionales y de reconocimiento


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de derechos constitucionales. El primer fruto de ese movimiento fue una manifestación de policías y guardias civiles en Madrid para reclamar el derecho a la Seguridad Social. Este hecho desencadenó la primera gran represión interna en la Benemérita: doscientos guardias civiles fueron encarcelados en diversos acuartelamientos del cuerpo y, cincuenta de ellos, expulsados. El resto fue distribuido por las comandancias del País Vasco. Muy al contrario de lo que se esperaba la dispersión de estos elementos inconformes consiguió formar núcleos de protesta y lucha clandestina.

Su lucha, sin embargo, no obtuvo ningún éxito legislativo. Ni con la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y Organización Militar en 1980 ni, tres años más tarde, con la Ley Orgánica de Defensa. Por el contrario, su aprobación incentivó el movimiento clandestino en el Cuerpo logrando alcanzar repercusión nacional, Incluso, en los medios de comunicación en defensa de sus reivindicaciones.

El período comprendido entre 1986 y 1992 fueron los años de mayor auge del movimiento reivindicativo en la Guardia Civil aunque es, a partir de 1988, cuando se inicia un cambio radical desde el Ministerio de Interior que opta por las detenciones de los máximos dirigentes de dicho movimiento, la formulación de cargos por el delito de sedición en los Juzgados Militares y su posterior ingreso en las distintas prisiones militares.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional da el primer varapalo a dicha política el 16 de noviembre de 1989 en una sentencia que resuelve el recurso de amparo interpuesto por el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda, cabeza visible del SUGC, en la que establece que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas y, por tanto, sus agentes no deben de tener los límites constitucionales de los militares. Esta decisión judicial creó un precedente para el resto de los sumarios. Tras varios años, todos los procedimientos abiertos concluyeron en un auto de sobreseimiento o de absolución para los implicados. Sin embargo, la Dirección de la Guardia Civil no se conformó e inició la apertura de expedientes disciplinarios contra los encausados acusándoles de falta muy grave por "realizar acciones gravemente contrarias a la disciplina militar que no constituyan delito".

Durante los años de existencia del SUGC, fueron varias las fórmulas de sus componentes por buscar una vía legal y alternativa que les diera un respaldo legal para encauzar sus aspiraciones y reivindicaciones dentro de la legalidad. Para ello, intentaron la legalización de asociaciones de todo tipo como la Asociación Democrática de Guardias Civiles, ADGC, auspiciada por el Cabo Rosa, la Sociedad Unionista de Guardias Civiles, SUGC, auspiciada por guardias civiles de la Comunidad Valenciana encabezados por el Sargento José Morata Gargallo y la Asociación Deportiva y Cultural de la Guardia Civil, ADCGC, auspiciada por el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda y los Guardias Civiles Joaquín Parra Cerezo y José Piñeiro González. Ninguna logró el reconocimiento ni su inscripción en el registro correspondiente, pese a que todas tenían como fines motivos culturales, deportivos o religiosos.

Finalmente, en 1994 el Sargento Primero José Morata, entre otros, aprovecharon la coyuntura ocasionada por el "Caso Roldán" y consiguieron legalizar la Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán, COPROPER, sin la oposición del entonces Ministro de Interior, Juan Alberto Belloch. En esas mismas fechas, la Audiencia Nacional dictó sentencia reconociendo el derecho de la asociación 6.J. de guardias civiles a ser inscrita en el Registro correspondiente. A finales de año, las asociaciones se fusionaron en una sola que recibió el nombre de Coproper-6J, hoy extendida por todo el territorio nacional bajo el nombre de Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC.

La lucha de los agentes recibió en noviembre de 2006 el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó al Gobierno Español por la aplicación del Real Decreto de las Fuerzas Armadas por ser ilegal. El órgano judicial establecía que el citado régimen carecía del principio de legalidad y seguridad jurídica, y en base a esa sentencia el Gobierno debía "de oficio" volver sobre sus propios actos y anular todos los actos ilegales llevados a cabo con un régimen disciplinario ilegal. Un régimen, explicaba literalmente, que conculcaba la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, tras cuya aprobación se produjo la desvinculación plena de la Guardia Civil con el Código Penal Militar y la desaparición de las sanciones de arresto y privación de libertad, por mandato de la propia sentencia del TEDH de noviembre del año 2006.

Así se ha llegado al año 2007, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica Reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil con el objetivo de dotar a este Cuerpo de un Estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros. Entre las novedades más importantes destaca la introducción del "derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros".

El paso de los años ha demostrado que las reivindicaciones realizadas en su día por los movimientos sindicales clandestinos y, posteriormente, por las asociaciones de guardias civiles eran justas y, que el poder político, tras varios años, las ha acometido por considerarlas necesarias para la modernización y puesta al día de este colectivo.

En la IX legislatura, el 30 de septiembre de 2009, se aprobó en el Congreso de los Diputados por unanimidad una Proposición no de Ley en el mismo sentido que velaba por la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación. El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español no llevó a cabo las modificaciones


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al respecto y terminó incumpliendo el mandato de la cámara.

Por eso, en este momento de cambios tan importante y de ajuste del colectivo de la Guardia Civil a la realidad constitucional, tantos años negada, creemos que debe procederse a la rehabilitación de los guardias civiles injustamente represaliados por solicitar de forma pacífica el reconocimiento de los derechos constitucionales para su colectivo, que hoy, con muchos años de retraso, finalmente se les reconoce. Además, se reclama su regreso con todos los derechos a la carrera de la que fueron injustamente separados. Es el caso del Sargento Primero don José Morata Gargallo, el Cabo Primero don Manuel Rosa Recuerda, el Guardia Segundo don Manuel Linde Falero y el Guardia Segundo don José Carlos Piñeiro González.

Para terminar, conviene recordar que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son directamente ejecutivas pero imponen la obligación a los Estados de acatar su doctrina por los medios que consideren más adecuados para tal objetivo y que según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de declaración de incumplimiento el Estado queda obligado a suprimir con efectos retroactivos las consecuencias de la infracción.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revisar de manera inmediata e individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas.

2. Que se adopten las medidas para cumplir el acuerdo del Parlamento resarciendo en todo caso a los perjudicados que hayan sufrido la consecuencia de los actos y decisiones adoptados en su día sobre la base del régimen disciplinario posteriormente declarado ilegal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.

161/000416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En el acto de celebración del Día de la Policía de 2011, el subdelegado del Gobierno, señalaba que los delitos en los últimos años han bajado entre un 3 y un 5%, tanto los relativos a las personas, como los que atañen al patrimonio. Dichos datos se sustentaban en las propias estadísticas del Ministerio del interior y quedaban confirmados por los recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado en la apertura del año judicial.

Por lo tanto, queda evidenciado de modo cierto y objetivo que la provincia de Málaga es cada vez más segura y que, en paralelo, se ha conseguido lograr más eficacia en el trabajo policial, con un mayor número de delitos esclarecidos y más detenidos.

Este Grupo Socialista considera fundamental en este sentido el acentuado aumento de la plantilla de agentes en Málaga. De hecho, en 2004, el nuevo Gobierno se encontró entonces con que en la provincia prestaban servicio tan sólo 1.952 agentes, lo que implicaba un gran déficit de efectivos. En cambio, ocho años más tarde, la plantilla es de 3.169 efectivos. En definitiva, el incremento ha sido de 1.217 policías, lo que, en términos porcentuales, arroja un saldo positivo de 63 puntos.

De la misma forma, también se ha incrementado el número de efectivos de la Guardia Civil: En la provincia de Málaga, actualmente, hay 2.210 agentes, lo que comporta un aumento desde 2004 del 18,6% o, dicho de otro modo, de 330 agentes más.

Consideramos que los resultados positivos que se han dado en la Costa del Sol contra la delincuencia suponen un empuje y contribución decisiva al progreso económico y social, ya que el turismo, sobre todo el internacional, que es la principal fuente de actividad económica de la provincia, es muy sensible a la seguridad.

Sin duda hay que seguir avanzando en el proceso de modernización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para hacer frente a las nuevas amenazas en seguridad, con un mayor peso de la ciencia y la tecnología en el trabajo policial, que son las bases de una policía para el siglo XXI. Es una exigencia derivada de esta época de globalización y de la progresiva complejidad del ordenamiento jurídico, así como del avance de nuevas formas de delincuencia.

En este marco se deben intensificar, como objetivos prioritarios, la lucha contra los delitos que más alarma social crean, como son los robos en viviendas, con fuerza, violencia o intimidación y los hurtos en establecimientos, así como los delitos que más rechazo social producen, como son los de violencia de género, por malos tratos a las mujeres, los abusos y agresiones a menores y los delitos de pornografía infantil.

Además, se debe continuar con el trabajo preventivo y de coordinación con la Junta de Andalucía y con la comunidad educativa, con la aplicación de los dos planes puestos en marcha por el Ministerio del Interior en los últimos años: el Plan Director para la Convivencia y


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Mejora de la Seguridad Escolar y el Plan de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y su entorno.

En este sentido y en pro de continuar mejorando la seguridad ciudadana en la provincia de Málaga, tanto en las zonas urbanas como en las rurales cabe reclamar que se continúen incrementando a corto y medio plazo las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar a corto y medio plazo los efectivos de Policía Nacional en la provincia de Málaga.

2. Incrementar a corto y medio plazo los efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Málaga."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000425

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cese del acoso a las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos en su labor de observación y documentación de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales, para su debate en la Comisión de Interior.

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) son grupos de vecinos y vecinas que desde hace más de dos años de manera colectiva y organizada realizan una labor de observación y documentación de vulneraciones de Derechos Humanos en los controles de identidad racistas, objeto de numerosas denuncias de asociaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos sociales.

El objetivo de su acción es visibilizar y denunciar el control social ejercido por la policía, en concreto aquellos controles de identidad racistas y clasistas contra las personas migrantes.

Estos colectivos han denunciado que la propia Policía Nacional, sistemáticamente, les solicita identificación y les expulsa del lugar, impidiendo realizar su actividad de observación y documentación e incoándose en numerosas ocasiones expedientes sancionadores por infracción contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por una supuesta obstaculización pasiva de la labor policial.

Más recientemente, con la finalidad de impedir la actividad de observación y documentación de vulneraciones de derechos humanos, se han iniciado acciones penales contra brigadistas en el ejercicio de la defensa de DD.HH.

La actuación policial parece que tiene como objetivo disuadir a los activistas de derechos humanos, amedrentar y castigar a quienes dan una respuesta social a los controles de identidad racistas que hacen uso del ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, entre ellos, derecho de reunión, manifestación, libertad de expresión e información contra acciones policiales que suponen precisamente lo contrario, una vulneración de derechos fundamentales.

La difusión de opiniones individuales o colectivas (mediante reuniones o manifestaciones) es base esencial del pluralismo y la participación política, por eso no caben actuaciones que limiten su ejercicio de manera proporcionada y en casos excepcionales.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que cesen inmediatamente los controles policiales basados en rasgos étnicos o raciales en todas las ciudades del Estado español, puesto que son situaciones que violan los derechos fundamentales de todas las personas, van en contra de los derechos que garantiza la Constitución española y fomentan la xenofobia entre la población.

- Que cese inmediatamente la presión policial y la persecución de defensores y defensoras de los Derechos Humanos durante sus acciones de observación y documentación de situaciones que vulneren derechos fundamentales, como los controles policiales basados en rasgos étnicos o raciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000406

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència


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i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Competitividad, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de la seguridad social a favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i.

Antecedentes

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (en adelante I+D+i) son un elemento clave en la transformación del actual modelo productivo y determinante en la competitividad futura de nuestro sistema económico. En los últimos años Convergència i Unió consciente de la importancia de las actividades de I+D+i ha promovido una serie de estímulos fiscales, a fin de fomentar e incrementar la inversión del tejido productivo en estas actividades. Desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos que apostar en I+D+i significa apostar por la generación del conocimiento, por el aumento del valor añadido y competitividad, así como apostar por un crecimiento económico más sostenible.

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos dos tipologías de incentivos fiscales destinados a potenciar las actividades de I+D+i, en lo que se refiere a la actividad investigadora, los cuales son incompatibles y excluyentes el uno del otro. El primero corresponde a las bonificaciones del personal investigador, reguladas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio; este incentivo fiscal se implantó con la finalidad de fomentar la contratación de personal especializado para el desarrollo de proyectos de I+D+i por parte de las empresas.

El segundo, es el conjunto de deducciones por I+D+i, reguladas en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Las empresas deben optar exclusivamente por uno de los incentivos, sin que quepa la posibilidad alguna de aplicar el otro. No obstante, en 2009 esta normativa que parecía clara e inamovible fue matizada por la Administración Tributaria, a través de la Consulta Vinculante 0247-09. Esta consulta abrió la posibilidad a las empresas e instituciones que realicen este tipo de actividades de poder optar por la bonificación para aquel personal que no esté incluido en las deducciones, y a la inversa. Es decir, en el caso de que haya investigadores que trabajan en exclusiva en un determinado proyecto, puede optarse por la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para dichos proyectos, mientras que respecto a otros proyectos distintos a los anteriores en los que otros investigadores diferentes prestan sus servicios, estos últimos podrán acogerse a la deducción fiscal. El informe interpretativo relativo al artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, de la Dirección General de Tributos, con fecha de febrero de 2011, ratificó la compatibilidad de ambos incentivos.

En este marco y al objeto de reforzar la posición favorable de la administración tributaria permitiendo la compatibilidad en la aplicación de ambos incentivos y con el fin de estimular las actividades de investigación, desarrollo e innovación, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio, con el fin de permitir la compatibilidad de la bonificación del personal investigador con las deducciones por actividades por I+D+i, reguladas en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000390

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modernización del estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El artículo 103.3 de la Constitución establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 7.ª, que atribuye al Estado las competencias sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las


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Administraciones Públicas y en materia de las relaciones laborales del empleado público, el 9 de abril del año 2007, el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobaba definitivamente la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sus disposiciones son de aplicación, con carácter general, al conjunto de las Administraciones Públicas, a los Organismos, Agencias y Entidades dependientes de estas, y a las Universidades Públicas. Sin embargo, en desarrollo del Estatuto, la Ley mandata a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas para la aprobación de las Leyes Reguladoras de la Función Pública en sus respectivos ámbitos competenciales.

El Gobierno de la Nación, a pesar del tiempo transcurrido desde que fuera aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, no ha promovido la Ley de la Función Pública que sería de aplicación en la Administración General del Estado; y por tanto, muchos de los aspectos en él contenidos, no producirán efectos hasta que la ley sea aprobada y entre en vigor.

Para el desarrollo de una política de recursos humanos moderna, asentada sobre el interés general, el servicio a los ciudadanos y la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que demanda la sociedad, es imprescindible estructurar, entre otros aspectos, una función pública imparcial y de calidad, con un marco normativo que garantice los principios constitucionales de mérito y capacidad para el acceso, que potencie la profesionalidad y la especialización, facilite la formación y la movilidad de los empleados públicos entre las diferentes administraciones públicas, y desarrolle una función directiva imprescindible en cualquier organización eficiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en desarrollo del contenido del Estatuto Básico del Empleado Público, promueva la Ley de modernización del Estatuto del Personal Funcionario en la Administración General del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reducción de las cargas administrativas en las Administraciones Públicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La reducción de las cargas administrativas y la adopción de medidas en beneficio de la comunidad empresarial, y en particular para las pymes y los consumidores, es una vieja aspiración de la Comisión Europea que ya en noviembre de 2006 propuso un "Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea". El Consejo Europeo celebrado en la primavera de 2007 hizo suya esta propuesta y adoptó el compromiso de reducir un 25 por ciento de las cargas administrativas en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados miembros en el horizonte del año 2012.

No cabe duda, tal como ponía de relieve el Consejo, que la reducción de las cargas administrativas supone una medida importante para impulsar la economía, especialmente a través de su impacto en las Pymes; y por tanto, al tiempo que destacaba la necesidad de reducirlas de manera significativa, invitaba a los Estados miembros a establecer "sus propios objetivos nacionales" en los respectivos ámbitos competenciales, antes del año 2008.

En España este Plan se materializaba después de la creación de un grupo de trabajo, en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas, en que participaban las diferentes administraciones, organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio, elevando el 25 por ciento impuesto por la Comisión Europea hasta el 30 por ciento para el año 2012, al entender que esta reducción, "llevaría asociado un crecimiento económico adicional". El Plan también contemplaba que a partir de enero del año 2009 las normas que se sometieran a la consideración del Consejo de Ministros deberían de llevar incorporado en su tramitación "un informe que valore el impacto de su aprobación en lo que se refiere a las cargas administrativas".

No cabe duda que la identificación de las cargas administrativas, la colaboración de las diferentes administraciones públicas y el empleo de las nuevas tecnologías, ha permitido avanzar en los planes de reducción; pero no lo es menos, que los ciudadanos y empresas las siguen percibiendo como una molestia y una pérdida de tiempo, y están teniendo un impacto económico negativo en la economía española.

En la actual coyuntura económica se hace imprescindible, que en las diferentes administraciones públicas, la eliminación de todos aquellos trámites burocráticos que suponga una carga innecesaria para los ciudadanos y empresas, con el fin de dinamizar el tejido empresarial, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Simplificar los procedimientos administrativos, reducir los plazos y suprimir trámites y documentos innecesarios, simplificar el sistema de licencias administrativas


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o hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no presentar documentación que ya obre en poder de la administración o ésta pueda obtener por otras vías que ya consten en su poder, son algunas de las medidas necesarias para conseguir una relación eficaz entre las administraciones y los ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que en el ámbito de sus competencias adopte, o en su caso, impulse en el conjunto de las Administraciones Públicas, todas las medidas necesarias encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia en los servicios públicos, reduciendo cargas administrativas, especialmente para las empresas, y eliminando burocracia innecesaria, que pueda suponer un obstáculo al objetivo principal de crecimiento económico y creación de empleo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinado a otros fines de interés social para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011 estima el recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya en relación a las Bases Reguladoras que rigen en la concesión de subvenciones a ONGs con cargo a la asignación tributaria del IRPF, reconociendo la capacidad autonómica sobre la gestión de la recaudación que los contribuyentes destinan de manera expresa a las organizaciones sociales a través de su IRPF.

En este sentido, el traspaso del 0,7% del IRPF resulta inaplazable no solo en términos del debido respeto a la sentencia del Tribunal Supremo, sino también desde el punto de vista de respeto competencial, transparencia y justicia en la distribución de fondos a nivel territorial.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya otorga a la Generalitat de Catalunya, en su artículo 166 competencias exclusivas en servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias. Asimismo en el artículo 114.2 también otorga competencias exclusivas en relación a la especificación de los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión.

Hasta ahora Catalunya ha sido la comunidad autónoma más perjudicada por falta de vinculación entre recaudación (52 millones de euros en 2011) y asignación (29 millones de euros en 2011) Por ello, es de justicia proceder a la territorialización de estos fondos, pues no es lógico que la CC.AA. más solidaria (un 57% de los contribuyentes catalanes marcan la casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales, 10 puntos por encima del resto del Estado) reciba 23 millones de euros menos de los que la ciudadanía catalana había aportado en su declaración de renta para esta finalidad.

Catalunya cuenta con más de 4.000 organizaciones sociales, en 2010 se beneficiaron del IRPF 1.000 proyectos de 405 entidades. Con el traspaso del 0,7% del IRPF se permitirá una mayor proximidad, transparencia y equidad en el reparto de estos fondos más imprescindibles todavía ante el grave incremento de las necesidades sociales.

La Sentencia del Tribunal Supremo también representa una excelente noticia para las organizaciones de carácter medioambiental, que a pesar que desde el año 2007 se reconocen como beneficiarias de la casilla del 0,7% se les exigía "actividad acreditada en más de una comunidad autónoma" para poder recibir fondos. A modo de ejemplo, este requisito deja fuera a las 51 fundaciones de temática ambiental inscritas en el Censo de Fundaciones del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, activas y con programas que encajan en la convocatoria.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder en el presente ejercicio al traspaso a las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinado a otros fines de interés social en lo referente a la convocatoria, gestión y recaudación de estos fondos.

2. Implementar una campaña informativa en el marco de la próxima declaración del IRPF para concienciar a la ciudadanía de marcar la casilla solidaria a favor de otros fines de interés social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente


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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cesión del edificio de la antigua sede del Banco de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Las políticas urbanísticas deben incorporar de forma transversal la idea de sostenibilidad desde una perspectiva integral, apostando por la rehabilitación y reutilización de los edificios en lugar de su demolición. Los proyectos de regeneración basados exclusivamente en la demolición, una práctica en muchos casos insostenible, deberían reservarse como último recurso para edificios con patologías arquitectónicas sin solución viable, potenciando como alternativa la rehabilitación y reutilización de espacios o edificios deteriorados, en desuso o infrautilizados.

En Vitoria-Gasteiz existen hoy en día varios edificios significativos en desuso o infrautilizados que se pueden recuperar mediante fórmulas de rehabilitación y regeneración urbana. En concreto, hay un edificio propiedad de la Administración del Estado totalmente en desuso que por sus características y ubicación deviene estratégico para el municipio. Se trata del edificio de la antigua sede del Banco de España situado en la calle Olagibel, 1.

Por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, regula la cesión gratuita de bienes y derechos. La citada ley establece que "Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública". Tal y como contempla la citada ley, "La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien".

Por todo lo anterior, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la cesión gratuita del edificio que albergaba la antigua sede del Banco de España, actualmente en desuso -sito en la calle Olagibel, 1- al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en aras a dotarlo de un equipamiento cultural, en congruencia con la decisión adoptada por unanimidad por el citado Ayuntamiento, con fecha de 28 de octubre de 2011."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000397

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre modificación del modelo de control interno del gasto público, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

El actual modelo de control del gasto público gira en torno a dos fases separadas. Por un lado, el control "externo" que ejerce el Tribunal de Cuentas, y por otro, el control "interno" ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El primero de ellos es un control esencial en toda sociedad moderna, pero carece de agilidad, pues sus dictámenes e informes se aprueban muy alejados del ejercicio fiscalizado, lo que permite que las ineficacias y deficiencias de gestión detectadas perduren demasiado tiempo hasta ser corregidas.

La IGAE es un órgano de control interno que se integra en la propia Administración. Su creación se remonta a 1873-1878 y continúa existiendo dada la necesidad de revisión interna del proceso de generación de ingresos y realización de gastos en el sector público, aunque originariamente se atendiera sólo a criterios de legalidad y actualmente se incluyan criterios de economía y eficiencia.

Si bien los procedimientos de control han evolucionado con los tiempos, de forma que se ha pasado de un control previo exhaustivo (fiscalización previa) a uno posterior mediante técnicas de muestreo con el objetivo de facilitar una gestión administrativa ágil (auditoría y control financiero), lo cierto es que el proceso no ha ido acompañado de la necesaria modernización de su estructura y funcionamiento, que se corresponden más con la de un órgano administrativo del siglo XIX que con la de una administración moderna, por lo que se hacen necesarias propuestas de mejora y modernización que permitan adaptarla a las técnicas y prácticas del siglo XXI.

La fiscalización previa se limita actualmente a verificar la competencia del órgano, la existencia de crédito y poco más, por lo que resulta un control escasamente eficaz.

El segundo anacronismo, relativo a la organización, es la atribución de funciones ya que en la actualidad, al igual que en el siglo XIX cuando el órgano de control fue creado, muchas competencias se atribuyen expresamente al Interventor General y a sus Interventores Delegados, en lugar de atribuirse al órgano y ser ejercidas por los titulares que las ocupan.

El sistema, como se basa en la atribución de funciones al Interventor General y su ejercicio desconcentrado a través de los Interventores Delegados (sea en Ministerios, organismos territoriales o en las futuras agencias), establece una jerarquía que se corresponde más con una Administración decimonónica que con


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una Administración moderna, pero que sorprendentemente ha llegado hasta nuestros días.

La consecuencia de este anacronismo es que lastra a la organización al fomentar que toda la institución dependa de la personalidad del "titular" de todas las funciones.

Este sistema de trabajo tiene otros efectos negativos ya que la persona que tiene atribuida la competencia, no sólo no desarrolla el trabajo directamente, sino que en muchos casos ni siquiera participa en él, por lo que la "firma" se convierte en un acto mecánico y supone la apropiación de un trabajo ajeno.

Las consecuencias de este tipo de organización se evidencian en el funcionamiento y eficacia de la institución. Así, en los últimos años, son frecuentes los casos de deficiencias y corruptelas en la contratación por la Administración que no han sido detectadas por el órgano de control interno. Basta decir que en los últimos años la IGAE, en el ejercicio de sus funciones, prácticamente no ha emitido ningún informe "especial" ni de "actuación".

Dadas las ineficiencias actuales la exigencia de responsabilidades del gestor es prácticamente inexistente.

Mientras, en Europa el modelo organizativo es el inverso: el personal que desarrolla un trabajo es reconocido como el responsable del mismo.

Por otra parte, los informes de control financiero y auditoría realizados por la IGAE deberían ser públicos y con acceso a través de un registro, aunque se trate de un órgano de control interno, de forma que cualquier ciudadano pueda conocer la metodología empleada y los resultados obtenidos. Esta publicidad es adicional a la publicidad de la actividad desarrollada, de forma que todos los ciudadanos tengan acceso a los datos económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos.

Conviene dotarse de herramientas para clarificar la información de las cuentas públicas. Especialmente deben remediarse las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, que destaca la exclusión en la Cuenta General de los estados financieros que no ha recibido la IGAE de los organismos correspondientes, por lo que no reflejan la situación real del sector público no administrativo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un informe de modificación del modelo de control interno del gasto público, que será presentado en el Parlamento, tras el que se tramitarán las necesarias modificaciones legales y reglamentarias tendentes a la obtención de los siguientes objetivos y criterios:

1. Modificar la actual estructura de la IGAE definiendo un modelo organizativo más racional en la atribución de funciones que garantice la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.

2. Evaluar las ventajas e inconvenientes de una progresiva sustitución de la fiscalización previa.

3. Reforzar y ampliar el control permanente y la auditoría:

a) Estableciendo procedimientos de control posterior, sistemáticos y no puntuales destinados no solo a verificar el cumplimiento de legalidad documental, sino a permitir la investigación del fraude y la corrupción.

b) Poner en marcha procedimientos sistemáticos de control de eficacia en todos los ámbitos de la Administración Pública para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y afectar a la asignación presupuestaria en futuros ejercicios.

c) Implementar procedimientos de control que garanticen que los servicios públicos externalizados no pueden ser prestados con medios propios de la Administración de forma indefinida en el tiempo.

d) Publicitar los resultados de los informes de control financiero y auditoría realizados por la IGAE.

4. Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades del gestor y del órgano que ejerce el control.

5. Desarrollar herramientas tendentes a clarificar la información de las cuentas públicas.

6. Establecer barreras legales que impidan que la naturaleza jurídica de cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control del gasto al que se vea sometida.

7. Publicitar la actividad desarrollada y el acceso a los datos económicos comprobados.

8. Regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones, e informar de cualquier tipo de subvención que concedan instituciones públicas y privadas.

9. Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles facultando a los Técnicos para ejercer el control con plena capacidad y responsabilidad, recuperando las competencias de las que han sido despojados en los últimos años.

10. Elaborar un catálogo de gastos suntuosos de imposible realización, así como un código de comportamientos éticos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Fomento

161/000392

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de la compañía aérea Spanair.

Exposición de motivos

El cese abrupto de las operaciones y el fulminante y sorpresivo cierre de la compañía aérea Spanair el viernes 27 de enero de 2012, no solo dejó en tierra a más de 83.000 pasajeros, sino que supuso en toda España la pérdida de empleo a 2.075 trabajadores directos de la compañía, a otros 1.000 de la empresa de servicios de handling Newco, y a medio millar más de empresas de mantenimiento, suministro de comida o limpieza, contratados por Spanair. En Canarias son cerca de 300 empleos directos y otros 200 indirectos los afectados, es decir, más de 500 familias en una situación alarmante.

La compañía Spanair jugaba un papel relevante en el tráfico aéreo español, garantizando la conectividad de varias comunidades autónomas, especialmente Canarias, Baleares y Cataluña. Su cierre de Spanair tiene repercusión en el mercado aéreo y favorecerá a aquellas compañías que absorban las rutas dejadas por la compañía catalana, y que serán asumidas por Iberia, Vueling, Rynair o Air Europa. En Canarias la cuota de mercado que deja la compañía está en torno a un tercio de la totalidad de la oferta.

La situación de los trabajadores de Spanair residentes en Canarias presenta dificultades añadidas: la elevadísima tasa de desempleo que se aproxima al 33%, la imposibilidad de reconversión del modelo productivo en el corto y medio plazo, la falta de conectividad, la dependencia del transporte aéreo en las islas para desplazarse a otros lugares a realizar entrevistas laborales y el aumento del coste de los billetes tras el cierre de la compañía, hacen más complicada la obtención de un nuevo puesto de trabajo.

Por eso, el posible incremento de las plantillas de aquellas compañías que asuman nuevas rutas y frecuencias como consecuencia del cese de actividades de Spanair, se presenta como una oportunidad de recolocación de los trabajadores de la aerolínea en todos sus colectivos. Existen antecedentes, como el de Air Madrid, cuyos trabajadores fueron subrogados casi en su totalidad por Air Comet, tristemente ya extinguida. En su día eso fue posible gracias a la intervención directa del Ministerio, el cual tuvo mucho que ver en dicha recolocación.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Que se proceda cuanto antes a iniciar el procedimiento de reasignación de las rutas que hasta su cierre, el pasado mes de enero, operaba la compañía aérea Spanair, garantizando la conectividad de las comunidades autónomas afectadas, y sobre todo, la de los territorios insulares que dependen, desde el punto de vista de la movilidad, casi en exclusiva del transporte aéreo.

2. Que a través del ministerio de Fomento mantenga conversaciones con las compañías aéreas que van a ocupar el espacio dejado por Spanair para promover que en el caso de incrementar sus plantillas se prioricen en la contratación a los trabajadores de Spanair y Newco."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para acelerar el inicio de las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç de Calders, por el interior, a su paso por Sant Feliu de Llobregat.

Antecedentes

El municipio de Sant Feliu de Llobregat forma parte del área metropolitana de Barcelona y es la capital de la comarca del Baix Llobregat, con una población de 44.000 habitantes.

El trazado del ferrocarril divide el municipio en dos, debido a su posición central, lo que obliga a un incesante tránsito de viandantes y vehículos entre ambos lados de la ciudad, que afecta a casi la mitad de la población. El paso a nivel, situado en medio del núcleo urbano,


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tiene uno de los ratios de número de vehículos por número de trenes más alta de todo el Estado español y es el paso a nivel con más tránsito de viandantes de Catalunya, con unas 10.000 personas que lo cruzan a diario.

La movilidad no es la única razón para soterrar las vías del ferrocarril, la elevada peligrosidad que implica su cruce es otro motivo, como lo demuestra el elevado número de accidentes mortales que se han producido. Hay que tener en cuenta, además, que el paso a nivel es cruzado diariamente por numerosos escolares, al hallarse dos escuelas muy cerca de las vías del tren.

Adicionalmente, con el soterramiento, el municipio de Sant Feliu de Llobregat ganará un nuevo eje central que religará toda la ciudad y mejorará la trama urbana del municipio.

El soterramiento de las vías férreas de la línea Barcelona-Sant Vicenç de Calders, por el interior, a su paso por el municipio de Sant Feliu de Llobregat es una antigua reivindicación vecinal y de todos los grupos políticos catalanes, que se remonta a 1983 cuando las asociaciones de vecinos de la ciudad pusieron de manifiesto la insuficiencia de las medidas de seguridad del paso a nivel de las vías del ferrocarril y pidieron su soterramiento.

Desde entonces, se han sucedido numerosas acciones (proyectos de soterramiento, consulta ciudadana sobre el financiamiento de la obra, creación de una oficina técnica coordinadora...) llevadas a cabo tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat, así como de los propios vecinos. Entre estas acciones, destaca la campaña que se llevó a cabo en 1994 con el lema "Soterrament, ara" que logró 20.742 firmas de adhesión que se entregaron al Delegado del Gobierno en Catalunya.

Respecto al papel jugado por la Administración del Estado, cabe hacer hincapié que este expediente, si no es el más antiguo, es uno de los más longevos que tiene pendiente de ejecutar el Ministerio de Fomento. Concretamente, desde hace 23 años que este tema colea en el ministerio, cuando RENFE encargó a su ingeniería INECO un proyecto de trazado para soterrar las vías.

Los Presupuestos Generales del Estado de 1997 ya recogían una primera partida presupuestaria para la redacción del proyecto constructivo, y los presupuestos del año 2000 contaban con una partida plurianual de 1.500 millones de pesetas.

En 2006, el Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo de acuerdo que concreta el reparto en la financiación de las obras de soterramiento.

A pesar de las distintas partidas presupuestarias que se han destinado y del acuerdo suscrito, a día de hoy, aún no han empezado las obras. Sólo se ha conseguido aprobar el estudio informativo, y de esto hace ya prácticamente dos años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la redacción del proyecto constructivo y la licitación de las obras previstas de soterramiento de la línea ferroviaria entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders, por el interior, a su paso por Sant Feliu de Llobregat."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000417

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de las prestaciones de la línea ferroviaria R8 de la red de Cercanías de Barcelona, para su debate en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos

El desdoblamiento de la línea de ferrocarril Mollet-Papiol para el transporte de pasajeros ha sido una reivindicación histórica de los municipios que conforman dicho corredor. Una reivindicación que responde además a la necesidad de movilidad de este importante núcleo de población.

En 1982 el corredor fue habilitado para la circulación de trenes de mercancías. Sin embargo, no fue posible el desdoblamiento definitivo del trazado, en especial en lo referente al nudo ferroviario de Mollet, hasta que el Ministerio de Fomento decide aprobarlo en el año 2007, con una inversión global de 161 millones de euros.

El 26 de junio de 2011 entró en funcionamiento la línea R8 de Cercanías entre Martorell y Granollers, la primera línea transversal de la Región Metropolitana de Barcelona que rompe la radialidad del sistema, pendiente siempre del paso por Barcelona.

Esta nueva línea ferroviaria, a pesar de significar un importante adelanto en materia de movilidad para los municipios por donde transcurre no acaba de cubrir, sin embargo, todas sus necesidades. Falta todavía resolver la conexión directa de los municipios de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda y Barberà del Vallès.

La demanda de conexión ferroviaria de todos los municipios de esta importante área es una vieja reivindicación político-social, y la ejecución del


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desdoblamiento es una concreción extraordinaria de esta demanda. Es el momento, con la puesta en funcionamiento de la línea R8 de Cercanías, de resolver los déficit todavía pendientes de algunas poblaciones por las que atraviesa su trazado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La construcción de la estación de Santa Perpètua de Mogoda.

2. La puesta en funcionamiento de la estación de Barberà del Vallès, ya finalizada (zona centro comercial Baricentro),

3. La conexión ferroviaria de Ripollet, único municipio del trazado que no está vinculado en la red."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la inversión de la recaudación de multas de tráfico en la Comunitat Valenciana en la red viaria valenciana, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Gobierno tuvo a bien responder una pregunta parlamentaria por escrito sobre la recaudación de 2011 de los expedientes sancionadores firmes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en las tres provincias valencianas. En esa respuesta, el Gobierno reconoció haber recaudado en el pasado año un total de 13.154.219,76 euros.

Ese dinero, según el ejecutivo central, se destina a las mejoras de las vías, los sistemas de gestión del tránsito interurbano, la vigilancia de la circulación y los servicios administrativos a los ciudadanos.

Cabe recordar que muchas carreteras valencianas tienen serios problemas de señalización, de seguridad, irregularidades que ponen en peligro la vida de los conductores y conductoras que, sin duda, se podrían mejorar con la recaudación que hace la DGT con las multas que impone a los conductores y conductoras de la Comunidad Autónoma Valenciana o que han infringido las normas de circulación en la red viaria del territorio valenciano.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que, en la previsión de mejoras de inversión en las carreteras valencianas para prevenir las infracciones de tráfico, generadoras en muchos casos de accidentes, se incluya también como criterio de inversión la recaudación anual de los expedientes sancionadores firmes efectuados en la comunidad autónoma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión en el Corredor Ferroviario Mediterráneo del Ramal: Lorca-Baza-Guadix, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento ha tramitado ante la Comisión Europea una serie de modificaciones al acuerdo sobre Redes Transeuropeas de Transporte que se tomó el pasado 19 de octubre de 2011. En ese momento la Comisión avaló la propuesta española que se organizaba de manera mallada en torno a cinco corredores: el Mediterráneo, el Central, el Atlántico, el Cantábrico-Mediterráneo y el Atlántico-Mediterráneo.

La propuesta de red estaba basada en la intermodalidad y en el establecimiento de objetivos basados en la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental. Uno de los corredores multimodales viario y ferroviario aprobado es el Mediterráneo, que conecta desde la frontera francesa hasta Algeciras a cuatro comunidades autónomas que engloban el 40% de la población española y el 40% del PIB nacional.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo, en la propuesta aprobada inicialmente por la Comisión, al llegar


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a Andalucía, proveniente de Murcia y Cartagena, alcanza Almería y continúa por el interior a lo largo del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (Almería-Guadix-Moreda-Granada-Loja-Antequera).

Este trazado dejaba fuera la alternativa costera que unía los puertos de interés general del Estado de Motril y Málaga con los de Almería y Algeciras, también presentada ante la Comisión por el Gobierno de España e inicialmente no aceptada.

El Ministerio de Fomento ha realizado alegaciones al trazado aprobado y ha vuelto a proponer el trazado costero por Almería-Motril-Málaga-Algeciras, dándole asimismo conexión a Motril con Granada y a Málaga con Antequera, lo cual, de aceptarse, dejaría a la región andaluza en una situación inmejorable desde el punto de vista ferroviario tanto para viajeros como de mercancías.

Las nuevas modificaciones presentadas en estos momentos por el Ministerio de Fomento han multiplicado los trazados ferroviarios con tres nuevos corredores exteriores y ocho nuevos corredores interiores, a la vez que ha incorporado dieciséis nuevas plataformas logísticas. En este nuevo mapa resultante de la red transeuropea de transporte aparecen claramente espacios y territorios mal dotados de infraestructuras ferroviarias que es necesario resolver en la etapa de tramitación ante el Parlamento europeo y el Consejo.

Es especialmente llamativo el hecho de que todo el nordeste de Andalucía, especialmente en torno a las altiplanicies de Baza y Huéscar, allí donde confluyen las provincias de Granada, Jaén y Almería, aparezcan sin dotación alguna.

Esta zona tuvo una línea férrea, Guadix-Almendricos, que fatalmente fue eliminada por falta de tráfico el 31 de diciembre de 1984. En estos momentos, acordado el trazado del Corredor Mediterráneo hasta Almería y desde allí por el interior y el litoral, parece factible y lógico completar también el trazado desde Lorca a Baza y Guadix, para que el mallado ferroviario por Andalucía sea especialmente eficaz y competitivo.

Este trazado ya fue señalado como especialmente relevante en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013), aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, como conexión ferroviaria transversal Granada-Levante. Y asimismo ha sido reivindicada por el Ayuntamiento de Baza y por la Diputación Provincial de Granada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que presente y solicite ante los órganos correspondientes de la Unión Europea la inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix, en el trazado del Corredor Mediterráneo, como alternativa complementaria para la conexión directa del interior de Andalucía con el Levante español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Elvira Ramón Utrabo y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre la declaración de Servicio Público Obligatorio de los vuelos desde la Península a Eivissa y Menorca y entre islas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Cualquier actividad humana de las Illes Balears tiene la obligada servidumbre, doble para las islas menores, del desplazamiento aéreo sea a la capital de la comunidad autónoma, sea a la capital de la nación. Esta servidumbre se extiende a otras capitales del litoral mediterráneo, especialmente Barcelona, cuando se trata de cuestiones económicas, empresariales e incluso de asistencia sanitaria.

El transporte marítimo no logra satisfacer, ni en frecuencias, ni en rapidez, esa conectividad necesaria para que los insulares, especialmente ibicencos y menorquines, puedan acudir a Madrid o a Barcelona y en una sola jornada resolver cualquier trámite.

Entendemos junto con los 23.215 ciudadanos, que se han adherido con su firma al manifiesto en defensa del transporte aéreo que promueve la plataforma "El Transporte Aéreo Ahoga Menorca", que la conectividad de nuestras islas debe responder a los mismos criterios que permiten las comunicaciones por tren o carretera en la península.

Nuestra economía insular está basada en una parte importante en el turismo, que necesita de comunicaciones suficientes con la península durante el período estival, pero también en épocas tradicionalmente bajas con el propósito de extender más allá del "sol y playa" nuestra oferta insular en el sector del turismo rural, deportivo y cultural.

Desde antaño se bonificó la insularidad con un descuento sobre el precio de los billetes que evolucionó desde un 20% de los años 80 hasta el actual 50%.

El Govern Balear logró la declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre islas, con


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suficiencia de plazas, frecuencias y horarios, pero con un coste poco asequible de 86 euros por trayecto.

Además de lo anteriormente expuesto y al amparo del preámbulo de la Constitución y sus artículos 2, 138 y 139 y del artículo 16 del Reglamento (CE) 1008/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, que establecen un marco legislativo que favorece el desarrollo de medidas especiales sobre las obligaciones de servicio público que garanticen los enlaces adecuados entre las regiones insulares y las regiones centrales de cada Comunidad.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre Eivissa y Menorca con la península y, en su caso, la convocatoria de concurso que garantice un número de plazas, horarios y frecuencias que permitan un día de trabajo en Madrid y/o Barcelona sin necesidad de pernoctar, con precios no superiores a 40 euros para Madrid y 30 euros para Barcelona.

2. La modificación de la declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre islas y, en su caso, la convocatoria de concurso que mantenga suficientes plazas, horarios y frecuencias, con precios no superiores a 30 euros.

3. La reducción de las tasas aeroportuarias a las compañías aéreas que operan en Illes Balears.

4. La disminución de las tasas de navegación aérea a los tres aeropuertos insulares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Guillem García Gasulla, Pablo Martín Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/000413

A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley relativa al programa Campus de Excelencia Internacional.

Exposición de motivos

El Campus de Excelencia Internacional es un programa creado en 2008 por el Gobierno de España en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo a la Estrategia Universidad 2015, que estableció como ejes fundamentales "la contribución socioeconómica de las universidades al territorio" y "al desarrollo regional mediante la relación entre universidad, ciudad y territorio".

El programa CEI tiene como objetivo la agregación estratégica de universidades y de instituciones relacionadas con el conocimiento, como organismos públicos y privados de investigación, centros tecnológicos, parques científicos y agentes socioeconómicos y del sector productivo que, actuando en un entorno o campus, busquen tanto una mayor influencia del conocimiento y la innovación en el desarrollo regional, como su posicionamiento en el contexto internacional. A partir de dicha agregación se pretende alcanzar un proyecto que en el horizonte 2015 logre mayores niveles de excelencia y especialización, diferenciación e internacionalización en alguno de los sectores que presenten mayores fortalezas y oportunidades.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, señalaba el carácter estratégico de este programa para transformar la economía española en una economía sostenible basada en el conocimiento.

Canarias se incorporó a esta iniciativa a través de sus dos universidades, que pusieron en marcha el Campus Atlántico Tricontinental con el objetivo de crear un marco de referencia atlántico en Europa, como eje receptor y catalizador de talento en proyectos docentes de investigación, innovación y transferencia con África y Latinoamérica en Ciencias y Tecnologías Marinas y Marítimas, Astrofísica y Biomedicina Aplicada a la Cooperación al Desarrollo, bajo el denominador común de un modelo de sostenibilidad integral para su desarrollo.

El Campus Atlántico Tricontinental se perfilaba como un elemento relevante para el desarrollo de una nueva estructura económica, productiva y social de Canarias. Al mismo se adhirieron el Gobierno de Canarias; el Parlamento de Canarias; el Cabildo de Gran Canaria; el Cabildo de Tenerife; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Telde; el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna; la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; el Instituto Canario de Ciencias Marinas; el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables; el PLOCAN; Puertos de Las Palmas; el Clúster Marítimo de Canarias; la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria; la Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, entre otros.

Desde la creación del CEI el Gobierno de España ha invertido casi 700 millones de euros. En sus tres años


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de andadura han participado en la convocatoria la totalidad de las universidades públicas y más de la mitad de las privadas conformando distintos proyectos de agregación estratégica. La comunidad canaria recibió sólo el 3,22% del importe total de las tres convocatorias.

Mediante carta de la Secretaria General de Universidades de 16 de febrero de 2012, se comunica a la Comunidad Autónoma de Canarias que se deja sin efecto las ayudas correspondientes al subprograma de excelencia del programa Campus de Excelencia Internacional convocadas por Orden EDU/1539/2011, de 2 de junio, y resueltas el 27 de octubre pasado.

Esta decisión del Gobierno central de paralizar la financiación para el Campus de Excelencia es una mala noticia que provocará una mayor dependencia del tejido productivo español de otros países de la Unión Europea. Este hecho constituye un elemento de diferenciación muy importante con los países con los que nos queremos comparar. Alemania y Francia son pioneros en este tipo de iniciativas en donde se dedican entre 2.000 y 7.000 millones de euros a programas similares, con excelentes resultados desde el punto de vista de su competitividad.

En tiempos de crisis es cuando más hay que invertir en I+D. Producir desarrollo solo es posible si hay un conocimiento científico que lo avale. Este programa era una manera de que las universidades pudieran ganar en competitividad. Los fondos retirados constituían un estímulo importante a un sistema que necesita un apoyo firme y decidido. La cancelación del programa se produce sin haberles dado a las Comunidades Autónomas la oportunidad de gestionar los fondos asignados.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus universidades este hecho es especialmente grave ya que es público el deterioro de la economía canaria, afectada con mayor virulencia por la crisis que en el resto del territorio español, por su alto nivel de desempleo, por sus escasos recursos y escasas alternativas de diversificación de su actividad económica.

Además no consideramos razonable ampararse en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, sobre la base del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2009, 2010 o 2011, toda vez que la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra entre las que menos desviaciones ha tenido (-1,78), y sin embargo se han concedido las ayudas a una comunidad como La Rioja con desviaciones superiores (-1,97).

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Reponer las ayudas a la investigación y transferencia del conocimiento del programa Campus de Excelencia Internacional y de todos sus subprogramas, abonando las ya aprobadas, referentes al ejercicio 2011, y manteniendo el programa y subprogramas en el ejercicio 2012.

2. En cualquier caso, que dichos programas se repongan y mantengan en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias dadas sus singularidades específicas y sus dificultades estructurales y permanentes a la hora de competir en condiciones de igualdad con otros territorios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de 1o establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos de consecución de la calidad en las Universidades españolas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Recientemente, en el inicio de la legislatura y con motivo de la comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados, tuvimos la ocasión de repasar algunos datos sobre el estado del sistema universitario español.

Lejos de cualquier visión catastrofista pueden constatarse algunos avances: el incremento de la tasa neta de escolarización universitaria que alcanzó el 26,4% del curso 2010-2011 y que sigue aumentando; la ratio alumnos/profesor de las universidades españolas (11,6) está por debajo de la media de la UE-19 (15,8) y de la OCDE (16,2); la riqueza en la oferta de enseñanzas de grados universitarios, másteres oficiales y doctorados, o que el gasto público en instituciones de Educación Superior respecto al PIB en España se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por estudiante respecto al PIB per cápita es del 40%, cerca del 41% de la OCDE.

Sin embargo, los parámetros que miden el rendimiento, los resultados, no son tan alentadores.

No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea, lo que supone una pérdida de 2.960 millones de euros invertidos en capital humano sin retorno. El 42% de las carreras


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universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009. Sólo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su título sin repetir curso frente a la media de la OCDE y de la UE que es del 38%.

De otro lado, la internacionalización de nuestras universidades es insuficiente: sólo un 4,6% de los estudiantes son extranjeros y la proporción de profesores extranjeros es aún más exigua. Además, sólo el 7% de los universitarios españoles cambia de distrito universitario, frente al 68% de EEUU y el 52% de Reino Unido. La movilidad de los docentes es mínima, y existe una gran endogamia: el 93,3% de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001 ya trabajaban en ese mismo centro.

Por último, el gran número de títulos tanto de grado como de máster o doctorados (2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados) hace que tengamos un ratio muy bajo de alumnos por título, con titulaciones prácticamente vacías, lo que encarece todavía más el sistema. Sin embargo, esa amplia oferta de títulos no ha conseguido que exista una correcta adecuación de los estudios a las necesidades del mercado de trabajo y además dificulta su seguimiento, homologación y evaluación.

El sistema, por tanto, no resulta eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Resulta excesivamente estático y se encuentra extraordinariamente alejado de los niveles óptimos de interrelación con las empresas.

Como se reconoce en multitud de informes de expertos, es imprescindible una mejora cualitativa del sistema y para ello es preciso dotarse de instrumentos eficaces y transparentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar instrumentos eficaces y transparentes que permitan un diagnóstico claro sobre los obstáculos para conseguir los objetivos de excelencia universitaria; y potenciar aquellos instrumentos existentes que permitan evaluar con objetividad el sistema universitario, dotándolo de transparencia, en aras a la consecución de los mejores resultados, tanto en docencia como en investigación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción del Año Internacional de las Cooperativas y medidas de fomento a las mismas para su debate en la Comisión de Trabajo.

Exposición de motivos

El año 2012 ha sido declarado Año Internacional de las Cooperativas por parte de Naciones Unidas. Tal como manifestó su Secretario General, Bank Ki Mon, "las cooperativas son un recordatorio a la comunidad internacional que es posible buscar al mismo tiempo la rentabilidad económica y la rentabilidad social".

Efectivamente, las cooperativas representan una singular organización en la medida que la propiedad recae sobre sus miembros y todos ellos participan en igualdad de derechos en la gestión de la empresa con el objetivo de alcanzar y hacer realidad el beneficio mutuo, el de las personas usuarias y el del entorno territorial en el que operan. Sus principios conforman un frontispicio de valores de solidaridad y responsabilidad ejercidos mediante una gestión democrática de la organización del trabajo, supeditan el capital a los valores sociales y democráticos y dirigen parte de los excedentes a alcanzar objetivos de desarrollo colectivo ajenos a sus miembros.

Atendiendo, pues, a su carácter democrático y al principio perseguido de responsabilidad y justicia social, las cooperativas, sin duda, se convierten indefectiblemente en instrumentos de gran interés para la promoción económica y para el progreso social especialmente y de forma singular en los contextos y coyunturas de recesión económica en los que se cierne sobre la sociedad un acelerado proceso de dualización como consecuencia de la existencia de grandes bolsas de población desocupada, de deterioro del estado social del bienestar y del incremento de los índices de pobreza y exclusión.

Frente a la deslocalización de las empresas y la precarización de las relaciones laborales tanto en lo que afecta a la contratación como a los salarios, las cooperativas actúan arraigadas en los territorios y generan empleo estable y de calidad. Frente al dumping social y medioambiental, se presentan respetuosas con la responsabilidad social y, en consecuencia, generadoras de empleo y de cohesión social. En definitiva, se adaptan perfectamente a las necesidades que requieren los tiempos, tal como queda demostrado en sus capacidades de


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versatilidad, lo cual les otorga un valor añadido en cuanto a la consolidación del concepto actual de empresa competitiva ya que cuenta, por un lado, con la importancia que se da en este tipo de sociedades a la capacidad humana, al factor humano, y por otro lado, también permite consolidar el concepto actual de empresa y de empresa competitiva.

De ahí que existan cooperativas en todos los sectores de la economía (agricultura, comercio, cultura, energía, enseñanza, hostelería, industria, sanidad, servicios de atención a las personas, finanzas, transporte, etc.) y se hayan demostrado como catalizadores del crecimiento económico y de la generación de riqueza socialmente útil.

El Año Internacional de las Cooperativas, presentado ante el mundo bajo el lema "Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor", y coordinado por la Alianza Cooperativa Internacional, pretende poner en valor la función económica y social de 1,4 millones de cooperativas existentes en el mundo (más de 25.000 en el Estado español) que afectan a cerca de mil millones de personas.

En la pasada legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía Social de 16 de marzo respondiendo así a una demanda histórica de reconocimiento institucional del sector cooperativista y del conjunto de la economía social, a través de la cual se definía jurídicamente el sector, y se procedía a su reconocimiento y a resaltar su protagonismo económico y social.

Atendiendo al hecho que la resolución 64/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a aprovechar el año 2012 para promover el cooperativismo e impulsar su formación, su prestigio y crecimiento y atendiendo a los mismos retos que debe afrontar el movimiento cooperativista, de entre los cuales el incremento de su productividad, la superación de las dificultades que entraña el acceso al crédito financiero y a los déficit e insuficiencias del crédito social, el desarrollo de los departamentos de investigación, desarrollo e innovación, la competencia ante la omnipresencia en el mercado de las grandes empresas, etc.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados apoya la resolución 64/136 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Año Internacional de las Cooperativas e insta al Gobierno a:

1. Adherirse al Año Internacional de las Cooperativas (2012) proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

2. Aumentar la asignación presupuestaria para el año 2012 de la Dirección General de Economía Social con el objetivo de dar un impulso al cumplimiento de los objetivos de las sociedades cooperativas relacionados con el incentivo a las acciones de fomento de la Responsabilidad Social, el incremento de la productividad en favor de la generación de empleo estable y de calidad, el apoyo a proyectos viables de cooperación entre ellas, así como a la implementación de planes de modernización y de incorporación a la sociedad del conocimiento de las pequeñas sociedades cooperativas.

3. Crear un fondo a transferir a las Comunidades Autónomas para la realización, a lo largo del año 2012, de campañas institucionales de difusión de las sociedades cooperativas como generadoras de empleo estable, productivamente ligadas a un territorio y respetuosas con la responsabilidad social.

4. Producir, a lo largo del año 2012, en los medios de comunicación públicos de ámbito estatal, programas de difusión de los principios del cooperativismo y de su trayectoria histórica.

5. Promover, de forma inmediata, la participación de las sociedades cooperativas en todos los foros de diálogo y decisión de la Administración con las organizaciones de representantes empresariales y sindicales.

6. Presentar en el plazo de tres meses medidas encaminadas a facilitar, en mayor medida y bajo condiciones más favorables, el acceso al crédito financiero por parte de las sociedades cooperativas.

7. Promover, de forma inmediata, en la contratación de obras y servicios públicos por parte de las diferentes administraciones, una cuota de reserva para las sociedades laborales y cooperativas, en virtud del artículo 129.2 de la Constitución Española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley relativa a la dotación económica del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes.

Antecedentes

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se han convertido, durante los años de explosión del fenómeno migratorio en España, en las Administraciones


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Públicas que han tenido que hacer frente, en gran medida y en primera instancia, a los nuevos retos y a las nuevas necesidades que se derivan de los profundos cambios que la inmigración ha generado.

Estas Administraciones han afrontado el rápido crecimiento de la población, el incremento de las necesidades en materia de servicios a las personas y a mayores necesidades de asistencia social, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

La creación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 del Fondo de apoyo a la Acogida e Integración Social de inmigrantes así como el Refuerzo Educativo de los mismos, fue un paso importante para dotar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de las capacidades y los medios necesarios para abordar las medidas necesarias, aunque su dotación económica se ha mostrado claramente insuficiente. Más grave aún si, como así ha sido, se produce un reiterado recorte de la dotación de dicho Fondo, como sucedió en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y para el año 2011.

Convergència i Unió cree que es necesario seguir apoyando las políticas de integración para conseguir la cohesión social, especialmente en aquellos municipios que concentran mayor población inmigrante, reforzar el apoyo económico a las mismas y evitar conflictos sociales y la exclusión de los colectivos más vulnerables.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restituir la dotación del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes, instrumento que ha consolidado la concertación territorial en los programas de acogida e integración de la población inmigrante, hasta alcanzar la misma dotación presupuestaria prevista para 2009, cifrada en 200 millones de euros".

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000402

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley relativa al impulso de la actividad industrial.

Antecedentes

La Dirección General de la PYME (DGPYME) es la responsable de la ejecución de proyectos y la gestión de programas de apoyo financiero a la PYME en el ámbito de la Administración General del Estado los cuales a menudo se instrumentan a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tanto la DGPYME como el ICO participan del capital social de empresas que instrumentalizan la inversión hacia la PYME. La Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, es una de las sociedades adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de la PYME.

La finalidad de esta sociedad mercantil estatal es facilitar el acceso a la financiación a las pymes para reforzar sus estructuras e impulsar el desarrollo de la actividad industrial. La acción de CERSA consiste en el reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las sociedades de garantía recíproca de las distintas CC.AA. con las PYME y autónomos que necesitan de garantías adicionales para acceder a la financiación. Para que CERSA pueda desarrollar su actividad y hacer frente a las provisiones y fallidos que se generen, se requiere de una dotación anual en forma de subvención al fondo de provisiones técnicas (FPT). Dichas dotaciones en forma de subvención son realizadas por la Dirección General de Política de la PYME (DGPYME) a través del Programa de Avales para las PYME.

En el ejercicio 2011 los contratos de reafianzamiento del "Programa de Avales para PYMES", junto con los del "Programa de Avales para Emprendedores" de la Dirección General de Política de la PYME (DGPYME) contaron con un presupuesto de 34,8 millones de euros.

Con la firma de estos contratos, el Gobierno aseguró una cobertura del 50% sobre los cerca de 1.200 millones de euros en garantías financieras que las SGR esperaban otorgar en 2011 a más de 8.000 emprendedores y PYMES.

Concretamente, bajo el marco del "Programa de Avales para PYMES" el presupuesto fue de 19,8 millones de euros, ello permite dar cobertura a PYMES avaladas por sociedades de garantía recíproca, por un importe máximo por empresa de 625.000 euros, de los cuales CERSA otorga una cobertura que oscila entre el 35% y el 75% de su riesgo, por principal e intereses.

En un contexto económico en el que es preciso estimular la actividad de las PYMES como instrumentos de renovación del tejido productivo y como impulsores de las mejoras de competitividad y de creación de empleo, parece oportuno incrementar substancialmente los recursos destinados a reforzar los avales a CERSA, es decir a las sociedades de garantía recíproca, es decir a las PYMES. Ello aparece todavía más


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oportuno cuando el Gobierno recientemente, a través del Real Decreto-ley de medidas presupuestarias y financieras, de 30 de diciembre de 2011, ha aprobado un aumento de los avales destinados a garantizar el funcionamiento del sistema financiero cifrados en 100.000 millones de euros. Es evidente que el apoyo al sistema financiero es necesario, pero para impulsar la actividad económica es preciso completar estas últimas medidas con otras medidas, quizás de menor cuantía, pero decisivas para garantizar la financiación necesaria para la expansión y funcionamiento de un buen número de PYMES.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar las dotaciones del Programa de Avales a las PYME para que CERSA pueda garantizar las obligaciones económicas exigibles, derivadas de su función de reaval de las operaciones de garantía realizadas por las sociedades de garantía recíproca, con el fin de incrementar el acceso de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, con proyectos objetivamente viables, a la financiación a largo plazo que precisen, en las mejores condiciones de mercado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad.

Antecedentes

ENISA es una entidad de capital público dependiente del Ministerio de Industria Energía y Turismo que, en colaboración con la Dirección General de la PYME, pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas distintas herramientas de financiación, centrándose en la promoción y consolidación de los préstamos participativos como modalidad de financiación empresarial a largo plazo.

En la actualidad, las líneas de financiación específicas promovidas por ENISA se pueden clasificar en tres grandes bloques: las dirigidas a la creación de empresas, que se concreta con ayudas a los jóvenes emprendedores, otras destinadas a empresas innovadoras y, finalmente un bloque de financiación para el crecimiento empresarial, donde se contemplan líneas para la fusión y adquisición de empresas, así como líneas de ayuda financiera para la salida de pymes al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Paralelamente, ENISA desarrolla programas especiales dirigidos a satisfacer las necesidades financieras de determinados colectivos o sectores. En este sentido existe un plan estratégico para el sector aeronáutico, un programa de financiación de empresas de Economía Social, un Programa de Microcréditos para mujeres emprendedoras o un plan de continuidad empresarial para emprendedores que deseen iniciar una actividad a través de un negocio consolidado.

A pesar de que el marco de actuación de ENISA es amplio y sus resultados satisfactorios pues a fecha de 1 de enero de 2012 ha concedido un total de 1.097 préstamos participativos, por un importe de 355.647 millones de euros, desde CiU consideramos que ENISA puede responder de forma más adecuada a las dificultades financieras que padecen actualmente muchas empresas y que las lleva a la asfixia absoluta siendo, no obstante, empresas con viabilidad futura, que si gozaran de ayuda para reestructurarse, podrían sobrevivir a la difícil coyuntura económica.

Por ello, sería muy conveniente que ENISA invirtiese en empresas con dificultades financieras coyunturales con el objetivo de desarrollar un plan de viabilidad, a través de un proceso de reestructuración de la empresa. Las empresas beneficiarias deberían ser consideradas estratégicas dentro de la política industrial marcada por la Dirección General de Industria de la C.A. correspondiente y, para dicha consideración, se tendrían en cuenta aspectos tales como el número de trabajadores que dependen de la empresa objetivo, tanto directo como indirecto, el impacto territorial de la empresa y el efecto sobre el tejido industrial del territorio.

La propuesta se basaría en la colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma, concretamente entre ENISA y la entidad de la comunidad autónoma que tenga por objetivo la promoción, el impulso y el desarrollo industrial. Dicha colaboración se concretaría con la creación de una línea específica para proyectos industriales estratégicos en la Comunidad Autónoma, propuestos por la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma. De este modo, ENISA coinvertiría en las operaciones propuestas, pudiendo ser el vehículo de inversión el préstamo participativo.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la creación de una línea específica de ENISA para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad. Dicha propuesta se realizaría con la estricta colaboración de ENISA y la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente. A solicitud de ésta, se propondrían las operaciones a financiar por ENISA. Las empresas beneficiarias deberían ser consideradas estratégicas dentro de la política industrial marcada por la Dirección General de Industria de la C.A. correspondiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000407

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia, para su debate en la Comisión de Industria Energía y Turismo.

Exposición de motivos

No se está realizando un seguimiento regular y un control riguroso de los vertidos radioactivos que se depositaron en la Fosa Atlántica a principios de la década de los ochenta. A los Gobiernos implicados no se les obliga a llevar a cabo informes y trasladarlos a la Agencia Atómica Internacional.

Este aspecto fue confirmado por el Secretario de la Organización Marítima Internacional (OMI) en una reunión del Grupo Científico del Convenio de Londres que se desarrolló en Santiago de Compostela a comienzos del mes de junio. Una reunión que contó con la participación de un centenar de científicos de todo el mundo que analizaron y abordaron las alternativas para evitar que el mar se convierta en un vertedero de residuos radioactivos.

La Fosa Atlántica, frente a las costas de Galicia, alberga 140.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de centrales nucleares de Europa. Dichos residuos están almacenados en bidones de acero con hormigón que fueron depositados a unos 3.000 metros de profundidad marina pero de manera dispersa.

Actualmente, se desconoce el estado de los bidones y su nivel de corrosión. Precisamente por esa razón sería pertinente que el Gobierno español adoptase las medidas necesarias para que se realice un control y seguimiento de dichos residuos. De igual manera, el Gobierno debería dirigirse a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que se pongan en marcha medidas de inspección y monitorización de los deshechos radioactivos.

Catástrofes nucleares como la que se está viviendo en Fukushima, en Japón, deben servir para aprender de la historia y tomar nota para evitar problemas futuros. Y el cementerio nuclear situado frente a las costas de Galicia provoca inseguridad y preocupación por la evolución que dichos residuos puedan tener.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar medidas de control y seguimiento periódico del estado de los bidones con residuos radioactivos depositados en la Fosa Atlántica, frente a la costa de Galicia.

- Demandar a la Agencia Internacional de Energía Atómica la puesta en marcha de un programa de inspección, monitorización del estado de dichos bidones y evaluación del nivel de contaminación radioactiva.

- Proceder a un plan de retirada de los bidones en caso de que se detecten problemas, riesgos o mal estado.

- Informar anualmente de la evolución de los deshechos radioactivos al Congreso de los Diputados y a la Xunta de Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.- Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.- M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Energías Renovables en Castilla y León, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo,


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Exposición de motivos

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, ha supuesto un cambio en la estrategia de política energética que ha desarrollado nuestro país durante los últimos años.

El sector de las energías renovables ha crecido durante los últimos años exponencialmente, generando miles de puestos de trabajo y un importante desarrollo tecnológico que ha sido exportado a otros países, lo que nos ha convertido en una potencia mundial en el desarrollo de este tipo de energía y de la sostenibilidad en materia energética. De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, en el año 2011, el 33% del consumo de energía en nuestro país se ha cubierto mediante energías renovables.

La moratoria a las renovables, además de ser un error estratégico evidente, supone un varapalo para el desarrollo de muchos territorios que, por sus características, disponían aún de un gran potencial para el aprovechamiento de fuentes de energía sostenibles que generan, además, un importante número de empleos en una época en la que pocos sectores industriales lo hacen.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una de las más perjudicadas por el Real Decreto-ley mencionado. El sector energético de la región, empujado por el auge de las energías renovables, se ha convertido en uno de los principales motores de su crecimiento tras crecer, en los últimos tres años casi diez veces más que el conjunto del PIB autonómico.

Hoy, las energías renovables de Castilla y León suponen más del 20% de la cuota nacional. Se trata de la autonomía que produce más gigavatios/hora de régimen especial, con biomasa, residuos agrícolas y forestales, biogás, energía solar térmica y fotovoltaica y, sobre todo, eólica.

De acuerdo con los últimos datos, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en potencia instalada en energía eólica (4.540 MW) y la segunda en producción (8.041 GWh). Además, dispone de 425 MG instalados en energía fotovoltaica y, en total, la producción de energía procedente de todos los tipos de energía renovables fue, en el año 2010, de 9.451 GWh, más del doble que la energía producida por la central nuclear de Santa María de Garoña (3.830 GWh).

El sector energético de las renovables ha sido de los pocos que ha crecido en Castilla y León y, en los últimos años, se estima que ha generado unos 31.000 empleos directos. Sólo en energía eólica se han creado más de 5.000 empleos y 450 empresas con 5.000 millones de euros de inversión. En biomasa, Castilla y León tiene todas las posibilidades para ser líder nacional, porque es la primera potencia forestal de España, por el elevado número de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La utilización de la biomasa forestal puede producir beneficios económicos, sociales y ecológicos innegables: limpieza de los montes, menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y creación de puestos de trabajo en el medio rural. La producción de energía térmica a partir de la biomasa puede abaratar las facturas de electricidad y combustible de las explotaciones agrícolas y de los ayuntamientos.

Además, las empresas de este campo todavía consiguen sacar adelante proyectos que generarán empleo y desarrollo económico en comarcas que apenas tienen otro sector industrial o empresarial con el que salir adelante. En la lista de instalaciones inscritas en el Registro de Preasignación de instalaciones de régimen especial hay, a fecha 12 de enero de 2012, 139 instalaciones en Castilla y León que supondrán 2.736,08 MW de potencia nominal instalada.

Las empresas del sector han realizado ya un balance de la decisión de paralizar la estrategia de fomento de las energías renovables: sólo en la provincia de Burgos la pérdida de 300 millones de euros en inversiones que ponen en peligro 600 puestos de trabajo sólo relacionados con la biomasa y la fotovoltaica.

Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

En tres meses, reabrir el registro de preasignación de biomasa en condiciones similares a las existentes con anterioridad al Real Decreto-ley 1/2012; en seis meses, abrir el registro de preasignación de eólica para puestas en funcionamiento a partir de 2014; en nueve meses, abrir el registro de preasignación de termosolar para puestas en servicio a partir de 2014, y a la puesta en marcha en seis meses de la normativa que posibilite el autoconsumo de energía fotovoltaica producida en cubierta para las familias y las pequeñas empresas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Félix Lavilla Martínez, Helena Castellano Ramón, Pedro José Muñoz González, Antonio Camacho Vizcaíno, Mario Bedera Bravo y Jesús Caldera, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000409

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo


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de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la que se inste al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la actual crisis sismo-volcánica, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Exposición de motivos

La isla de El Hierro, al formar parte de un territorio calificado en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como Región Ultraperiférica, tiene reconocidos en el acervo institucional comunitario una serie de hándicaps estructurales entre los que se destaca su naturaleza volcánica y los riesgos naturales asociados a su origen geológico. Pero tal como se reconoce en los diferentes estudios sobre los "costes de la ultraperiferia", esta isla se ve seriamente condicionada y afectada por los costes conocidos como, de doble insularidad, de oportunidad, de suministros y de movilidad de mercancías, entre otros muchos.

Los acontecimientos sísmicos iniciados el pasado mes de julio (hasta el momento se han contabilizado más de doce mil registros sísmicos de diferente intensidad), en su doble expresión de gran continuidad sísmica y de erupción submarina en el mar de Las Calmas (zona marítima de la Restinga, municipio de El Pinar), en plena vigencia hasta la actualidad, han producido una alteración que desborda, territorial y socioeconómicamente, a los ya de por sí graves efectos humanos, económicos y ambientales experimentados en dicho municipio y su localidad costera.

A través de los diferentes medios de comunicación, se ha ido trasladando a toda la ciudadanía española, las circunstancias que han venido desarrollándose en la isla de El Hierro vinculadas a las decisiones que han debido adoptarse y que inexorablemente vienen generando distorsiones en la vida ciudadana y en el desarrollo diario de las actividades económicas. En primer lugar todas aquellas vinculadas a los necesarios desplazamientos de ciudadanos de sus lugares de residencia habituales a otros puntos considerados de mayor seguridad ante potenciales focos de naturaleza volcánicos. En segundo lugar, la seria limitación producida en la movilidad de la población herreña así como en las mercancías, que se ha producido por el cierre temporal del túnel de Frontera a Valverde por el Roquillo que fuerza la reorientación de los tráficos por la carretera de la cumbre con evidentes problemas de tiempo superiores y con no menores riesgos en el tráfico; con unos efectos que se acentúan ante la radicación de los centros logísticos (puerto y aeropuerto) en la costa del municipio de Valverde originándose retrasos en los suministros y por tanto sobrecostes en la logística de los productores, comercializadores y consumidores del Valle de Frontera. En tercer lugar, es en la zona de La Restinga y en las actividades centradas en el conocido como Mar de Las Calmas donde se concentra, en la fase actual del fenómeno sísmico-volcánico, los efectos más evidentes y gravemente condicionantes no sólo de la actual coyuntura de la localidad sino, lo que resulta aún más relevante e inquietante, lastra su futuro en términos de daños emergentes, continuados y marcados por el "lucro cesante".

Asimismo, desde la perspectiva de la economía marítima, el fenómeno volcanológico marino que está teniendo lugar, representa la pérdida de la rica biodiversidad reconocida y amparada por la Reserva Marina del Mar de Las Calmas. Al menos y según ponen de relieve expertos de la propia reserva y biólogos marinos académicos e investigadores, por un período de tiempo de difícil cuantificación, dado que deberá culminar el proceso eruptivo submarino, consolidarse sus materiales y a partir de ese momento esperar que la propia capacidad regenerativa de la naturaleza posibilite una recuperación de la biodiversidad marina y de sus recursos estratégicos. Una perspectiva que según los diferentes expertos, puede variar entre cinco y siete años en el mejor de los casos.

Todas las circunstancias a las que estamos haciendo referencia están derivando en efectos de naturaleza socioeconómicos evidentes: parada biológica de los pescadores y cierre de la actividad comercializadora en la lonja gestionada por la "sociedad cooperativa pescarestinga", cierre o desplazamiento de las actividades asociadas de buceo, pesca submarina y fotosub, transformación de la tipología de la restauración de la zona, reducción sustancial de la oferta de alojamientos extrahoteleros, reducción de los ingresos comerciales por las restricciones de las ventas y capacidad de compra de la población afectada, etc.

En síntesis un auténtico colapso socioeconómico que conjuga factores de suspensión de actividades (en especial, las marítimas) con los efectos sobre servicios conexos que tendrán especiales dificultades para mantener sus equilibrios económico-financieros.

Ante estas circunstancias adversas tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica han adoptado decisiones que se han reflejado en los respectivos boletines oficiales que se recogen en el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre ("BOE" de 1 de noviembre de 2011), en la Orden PRE/2936/2011 de 28 de octubre ("BOE", de 1 de noviembre de 2011), y Decreto 310/2011, de 10 de mayo ("BOC" de 14 de noviembre). También es de destacar todas aquellas medidas que de carácter inmediato el Cabildo de El Hierro ha procedido a implementar en colaboración con los Ayuntamientos de El Pinar y Frontera. Asimismo el Gobierno de Canarias a través del PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico) ha sido quien ha dirigido la coordinación de las instituciones y administraciones actuantes como el IGN, el ITER del Cabildo Insular de Tenerife o efectivos de las diferentes


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unidades de la Guardia Civil (servicio marítimo, unidad de helicópteros, Grupo Rural de Seguridad, etc.) o del Ejército de Tierra a través de la Unidad Militar de Emergencias.

La realidad es que la continuidad por un tiempo indeterminado de la combinación de fenómenos sísmicos y de la erupción en fase activa en las aguas cercanas a la Restinga, requieren de un aseguramiento de las condiciones de las coberturas técnicas y científicas que deberán adoptarse de los recursos y capacidades técnicas más avanzadas en la detección, seguimiento y previsión de los efectos volcánicos y sísmicos. Así como el de la modernización de las infraestructuras básicas de servicios esenciales.

Por todo ello, se propone al Pleno del Congreso de los Diputados, la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la menor cantidad de tiempo posible, elabore un estudio de desarrollo socioeconómico de la isla de El Hierro, en colaboración con el Cabildo Insular de la isla y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la perspectiva derivada de la experiencia de los acontecimientos sismo-volcánicos acontecidos en el segundo semestre del año 2011, y desde la óptica previsional de las necesidades que en un futuro se precisarían de continuar el fenómeno volcánico referenciado en la exposición de motivos, Por ello, se estima la necesidad de manera inmediata de:

1. Introducir un cambio relevante en el enfoque y requerimientos estipulados en la línea ICO específicamente para El Hierro en función de la práctica inoperatividad del mecanismo actual en los términos publicitados por la Agencia Financiera del Estado en correspondencia con lo dispuesto en la cláusula sexta de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre

2. Adoptar decisiones en cuanto a las coberturas de estímulos productivos y comerciales, en particular: Plan de Mejora de Productividad y Competitividad del Comercio; convocatoria específica del Reindus para el ejercicio de 2012 y 2013 con una dotación de 1,5 millones de euros de subvención directa y de 8 millones de euros de anticipos reembolsables para recuperar la actividad productiva y manufacturera; otorgamiento de una ayuda directa al Cabildo Insular de El Hierro para atender a los problemas de infraestructuras alteradas por los sismos o para efectuar actuaciones de protección de riesgos por desprendimientos en viales y zonas habitadas, etc.

3. Atender al catálogo de elementos de infraestructura básica vulnerables y con referencia a los servicios esenciales de la isla (agua, electricidad, almacenamiento de combustible, telefonía, suministro eléctrico, etc.) cuyo cometido es el de mantener los servicios elementales para la continuidad normal de actividad de la población y las zonas de emergencia, se considera básico la elaboración de un estudio integral que se elabore desde la óptica de potenciales emergencias que en un futuro pudiesen producirse de reactivarse los fenómenos naturales que han venido produciéndose en los últimos tiempos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el apoyo a las energías renovables, para su debate en la Comisión de industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 1/2012, ha modificado la normativa referente a las energías renovables y ha suprimido los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables.

La medida, que era reclamada por las grandes compañías eléctricas, la ha presentado el Gobierno como necesaria para frenar la escalada del llamado déficit tarifario (tiene que desaparecer por ley en 2013), para aliviar la presión sobre el recibo que pagan los usuarios y para evitar que se produzca un problema financiero.

Es inaceptable que, en lugar de esta, no se adopten otras medidas para reequilibrar los costes del sistema eléctrico español.

La decisión adoptada con la promulgación del Real Decreto-ley citado anteriormente dificulta gravemente el desarrollo de un sector industrial que, en estos momentos de grave crisis económica, es de los pocos que tiene claras posibilidades de consolidarse, de dar alternativas a la dependencia energética y de crear empleo. Frenar el desarrollo de este sector es beneficiar claramente a las multinacionales del sector eléctrico y poner en serias dificultades al sector de las renovables, un sector de futuro y en auge pese a la crisis. Esta decisión provoca la paralización de muchas de las inversiones en instalaciones fotovoltaicas, ya que es esta la energía renovable más afectada por la decisión del Gobierno.

A tal punto llega la gravedad de las medidas, que asociaciones del sector han asegurado que este Real


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Decreto-ley supone la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España y tendrá graves consecuencias. La medida, según las mismas asociaciones, paraliza el sector y destruye un tejido empresarial pujante, que se ha mostrado como el que más empleos genera por megavatio producido, tanto que se estima que por cada empleo generado mediante la utilización de otras fuentes de energía se generan 15 en el de las renovables.

Hay que añadir a los negativos efectos económicos que esta medida genera lo que supone en temas ambientales y sociales. Renunciar al desarrollo y potenciación de las energías renovables implica reconocer que nuestro país no va a cumplir los compromisos adquiridos en la reducción de emisiones que significan llegar al año 2020 habiendo conseguido que el 20% de la energía consumida en nuestro país sea producida mediante fuentes energéticas renovables.

Tampoco se cumplirán los objetivos del Plan de Renovables 2005-2020.

La norma aprobada es, además, un nuevo golpe a las posibilidades de recuperación económica del país pues, entre otras consecuencias, provocará que el ahorro conseguido con las primas recortadas será mucho menor del coste de la indemnización por despidos y subsidios. Junto a esto, hay que recordar que en los últimos años las renovables han incrementado su presencia en la economía española y han superado a sectores tradicionales como el textil o la pesca, al tiempo que han ofrecido un balance netamente exportador. Las cifras estimadas de desempleo generado en España rondarán los 10.000 empleos de los 15.000 (12.000 de ellos directos) que mantiene el sector.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Rechaza el Real Decreto-ley 1/2012 por las pérdidas que ocasionará en el sector de las energías renovables en general y por las repercusiones negativas que tendrá en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia de promoción de energías renovables y reducción de la emisión de gases efecto invernadero.

2. Insta al Gobierno a derogar el Real Decreto-ley 1/2012 y promulgar uno nuevo que apoye y fomente las energías renovables con el objetivo de alcanzar, como mínimo, el objetivo de que en 2020 el 20% del consumo eléctrico proceda de las energías renovables.

3. Insta al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un Plan de Reducción de Emisiones apoyado en las energías limpias.

4. Insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses un Real Decreto que facilite el autoconsumo y la venta de energía excedentaria a la red eléctrica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la continuidad de la actividad minera en aquellas explotaciones carboneras que precisen del actual régimen de ayudas, más allá del 2018, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

La Decisión 787/2010/CE del Consejo exige a los Estados miembros la presentación, para la preceptiva autorización de las ayudas a otorgar por cada estado al sector del carbón, de un Plan de Cierre de explotaciones que prevea el cese de la actividad de las minas perceptoras de Ayudas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2018.

Durante el ejercicio 2011, el Ministerio de Industria remitió a La Comunidad Europea un Plan de Cierre, a título de prenotificación, ya que dicha legislación estableció la obligación de presentarlo en el ejercicio 2011 para aquellas explotaciones mineras que no sean competitivas y de esta manera poder dotar a dichos yacimientos de la autorización formal de las ayudas para el 2011 y 2012, única vía para que puedan continuar con su actividad extractiva.

Independientemente de todo ello, el anterior Ministerio de Industria había iniciado diversas gestiones, en los distintos organismos de la Comunidad Europea, para ampliar el horizonte de las ayudas mas allá del 2018, con el fin de que los yacimientos carboneros españoles, no competitivos, pudieran continuar con su actividad después de dicho año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice las gestiones oportunas que permitan, más allá del 2018,


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la continuidad de la actividad minera en aquellas explotaciones carboneras que precisen del actual régimen de ayudas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la aprobación urgente de un Decreto para paliar los efectos de la sequía en Aragón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pasado trimestre diciembre-febrero se ha convertido en el trimestre invernal más seco en España desde la década de 1940. El balance provisional por provincias en Aragón es: de carácter "seco" en Teruel (22,4 1/m² frente a una media de 50,1 l/m² entre 1971 y 2000); de carácter "muy seco" en la provincia de Zaragoza (17,4 l/m² frente a una media de 66,1 1/m² entre 1971 y 2000) y de carácter "extremadamente seco" en el Alto Aragón (8 1/m² frente a una media de 123,3 1/m² en el mismo periodo).

Aunque los largos periodos de sequía son propios del clima mediterráneo en general y del Valle del Ebro en particular, lo cierto es que en las últimas cinco décadas se está incrementando la frecuencia de estas sequías, a lo cual no parece ser ajeno el cambio climático.

Por todo ello, la preocupación de distintos sectores económicos se está transformando progresivamente en alarma por las consecuencias que esta sequía está empezando a ocasionar tanto en pérdidas económicas directas como en cuanto al aumento del desempleo relacionado con el sector agroindustrial.

Durante las últimas semanas, representantes sindicales y empresariales vinculados a los sectores agrícola, ganadero e incluso del turismo de aventura, están informando de las importantes pérdidas económicas que están sufriendo ya, en algunos casos, o que pueden sufrir si no llueve en los próximos días o semanas. De hecho, si esto sucediera, la cosecha del cereal puede perderse; al no haber pastos, los ganaderos aumentan sus gastos por tener que alimentar al ganado con pienso; y, por ejemplo, las empresas de turismo de aventura de los municipios del río Gállego no tendrán agua suficiente para poder realizar sus actividades.

Así pues, desde las instituciones públicas debemos buscar soluciones urgentemente para aliviar las desastrosas consecuencias económicas que puede ocasionar esta sequía en un contexto ya muy difícil para estos sectores.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda solicitar al Gobierno de España la promulgación urgente de un Real-Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en Aragón."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.- Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000414

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La liberalización de los derechos de plantación de viñedos a partir del año 2015 prevista por la OCM ha generado una fuerte oposición en el seno de la Unión Europea.

Dicha normativa, incluida en el marco de la futura PAC 2014-2020, establece que a partir del año 2015, y teniendo como fecha límite el año 2018 para que los Estados miembros la apliquen, la liberalización de los derechos de plantación será un hecho en toda la Unión Europea.

Las críticas han sido tan numerosas que Bruselas ha accedido a crear un Grupo de Alto Nivel para abordar el, según palabras textuales del Comisario del ramo, Dacian Ciolos, "complejo" asunto de la liberalización de los derechos de plantación del vino. Este equipo de expertos presentará sus conclusiones a finales de año


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para que Bruselas lo tenga en cuenta de cara a una eventual reforma.

El Estado español no ha sido una excepción y las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y los Consejos Reguladores Vitivinícolas se han manifestado en contra de la liberalización de los derechos de plantación de viñedos.

Sin embargo, España no suscribió una carta enviada al Comisario europeo de Agricultura en abril de 2011, firmada por nueve Ministros de Agricultura de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Austria, Portugal y Rumanía).

En el escrito expresaban su preocupación, directamente en nombre del sector vitivinícola de los países que representan, ante la cercanía del plaza dado por la OCM para la supresión de los derechos de plantación de viñedo y solicitaban la prórroga del actual sistema de derechos en la PAC 2014-2020.

El Estado español no firmó el escrito, a pesar de que, tal y como se ha citado anteriormente, organizaciones, cooperativas y los propios Consejos Reguladores del vino han expresado la misma preocupación al Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los detractores de la pretendida reforma defienden, en primer lugar, que el actual sistema permitió al Estado tener un sistema puntero en el mundo, y suprimirlo supondría acabar con el modelo de éxito de producción de vino europeo.

En este mismo sentido, argumentan que dicha medida conllevaría una importante pérdida patrimonial para los agricultores y ocasionaría un fuerte desequilibrio medioambiental, así como un serio deterioro paisajístico.

Un reciente estudio elaborado por la AREV (Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas) desmonta los argumentos que avalan la liberalización de los derechos de plantación de viñedos; determina que la liberalización no corrige los desequilibrios de mercado. El informe concluye también que la existencia de derechos no perjudica el crecimiento de las explotaciones agrícolas y las regiones vitícolas.

Por otro lado, la también pretendida creación de organizaciones de productores de vino (OPV) no está exenta de polémica. Esta figura, tan solo desarrollada en el sector de frutas y hortalizas, acabaría con el único mecanismo de control sobre las producciones, y ha demostrado enormes carencias, tal y como el propio Tribunal de Cuentas de la UE afirma en su informe 8/2006.

Según este documento, pese a las ayudas comunitarias disponibles para los miembros de las organizaciones de productores, la mayoría de los agricultores europeos elige no participar en este régimen.

Asimismo, este sistema, dirigido a los miembros de las organizaciones y que excluye a los demás productores, exige una evaluación de los beneficios que conlleva esta concentración de la oferta, ventajas que aún no se han demostrado.

Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"1. Posicionarse de forma clara y rotunda en contra de la liberalización de derechos de plantación de viñedos.

2. Sumarse a la iniciativa franco-italiana, firmada por nueve países de la UE, de prorrogar el actual sistema de derechos de plantación en la PAC 2014-2020.

3. Rechazar la creación de organizaciones de productores en el sector vitivinícola."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre traslado de ENCE, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Existe actualmente en Pontevedra un acuerdo unánime de las fuerzas políticas que componen la corporación municipal respecto de la necesidad de trasladar la actual factoría de ENCE-Lourizán de los terrenos que actualmente ocupa en la ría de Pontevedra, terrenos que, como es bien sabido, son producto de una concesión de terrenos de costas que finaliza en el año 2018.

Asimismo, tanto por parte del gobierno de la Xunta como por el Parlamento de Galicia, existen manifestaciones y posicionamientos unánimes sobre la misma cuestión que emplazan a la fábrica a la planificación inmediata de un traslado y, por lo tanto, la búsqueda de una nueva ubicación.

Sin embargo, por parte de la empresa ENCE, existe una fuerte resistencia a aceptar la obligatoriedad legal de ese traslado y está dispuesta a intensificar una clara estrategia destinada a conseguir la permanencia en su actual ubicación, siendo las manifestaciones de su consejero delegado, Ignacio Colmenares, muy claras en ese sentido. Unas manifestaciones que la empresa entiende que cobrarían más fuerza en el momento actual debido al anuncio del Ministro Arias Cañete de modificar la actual Ley de Costas y, por lo tanto, el


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marco legal de las actuales concesiones con unas nuevas condiciones que facilitarían la permanencia de la factoría de ENCE en su actual ubicación de Lourizán.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar a ENCE-Pontevedra la obligación legal, ineludible, improrrogable e innegociable de abandonar la ubicación actual de su empresa en Lourizán-Pontevedra en el año 2018, año de caducidad de la actual concesión de los terrenos ocupados.

2. Colaborar con la Xunta de Galicia en las conversaciones con ENCE que faciliten el traslado de la citada empresa a una nueva ubicación en un entorno que permita una consolidación medioambiental y urbanística sostenible y, al mismo tiempo, participar de una estrategia que permita consolidar e incrementar la oferta de empleo en la comarca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo.

Antecedentes

Los principales objetivos de las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo son la lucha contra la pobreza y la ampliación de los derechos, oportunidades y capacidades de la población mundial más desfavorecida. Estas políticas, además de contribuir económicamente, deben tener, entre otras finalidades, la promoción y defensa de los derechos humanos. Hoy más que nunca, debemos utilizar un enfoque estratégico en la concesión de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y requerir que aquellos países que aspiren a disfrutar de estas ayudas respeten los derechos humanos, basándonos para ello en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En este sentido, dos principios fundamentales como son el derecho a no ser discriminado por la condición sexual y la libertad de religión y creencias deben impulsarse a través de las políticas de cooperación al desarrollo.

Por una parte, resulta imprescindible e ineludible incrementar los esfuerzos para acabar con la discriminación y la represión que sufren las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT), en general, y en especial en algunos países. La realidad de las personas GLBT está todavía lejos de estar normalizada, al contrario, en algunos lugares del mundo la condición sexual puede ser motivo de persecución por parte de la sociedad y de la autoridad, y la justificación para ser objeto de acciones violentas y represivas en un clima de total impunidad.

En los últimos años, los logros en este campo han sido muy desiguales a nivel mundial. No en todos los países el colectivo de GLBT tiene reconocido los mismos derechos, y en algunos lugares aún tienen que luchar por derechos tan básicos e inalienables para nuestra sociedad como el derecho a la vida.

Por otra parte, resulta también oportuno y necesario promover un entorno de mayor respeto y tolerancia a la libertad religiosa y de creencias, y actuar para eliminar las formas de intolerancia y discriminación. El Gobierno español, de igual modo, en su política de cooperación internacional para el desarrollo, debería valorar los avances que los países receptores realicen en sus regímenes legislativos para garantizar de forma adecuada y efectiva la libertad de religión y creencias, así como promover los principios de tolerancia y respeto a la diferencia. En definitiva, para evitar que nadie sea privado del derecho a la vida, sea sometido a tortura o a detención o prisión arbitraria, ni se vea privado del derecho al trabajo, a la educación, a la salud o a la vivienda por causa de su opción religiosa o de creencias.

El Gobierno español debería adoptar una política activa en esta materia, a través de sus embajadas, delegaciones y agencias de cooperación en los países receptores de asistencia y ayuda al desarrollo. Recientemente, el Gobierno norteamericano ha dado un paso adelante al equiparar oficialmente los derechos de los homosexuales y transexuales con los derechos humanos, y al ordenar que la ayuda financiera que Estados Unidos envía al extranjero se condicione al respeto de los derechos de estos colectivos. Igualmente, la Unión Europea incluye en todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no pertenecientes a la UE una cláusula que estipula que los derechos humanos son un elemento esencial


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de las relaciones, y llegado el caso, si alguno de estos países no respeta los derechos humanos, las concesiones comerciales pueden suspenderse y los programas de ayuda restringirse.

Debemos en la medida de lo posible, mediante la Ayuda Oficial al Desarrollo, trabajar y contribuir para erradicar las acciones homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas, así como las que atentan contra el derecho de las personas a la libertad de religión o creencias. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a condicionar, en el Plan Anual de Cooperación Internacional 2012, la ayuda al desarrollo a los avances en el respeto de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y en el respeto de los derechos de las personas a la libertad de religión o creencias, por parte de los países receptores, a incluir estas cuestiones entre las estrategias y prioridades del nuevo Plan Director de la Cooperación Española, y a incrementar los esfuerzos para ofrecer asilo a las personas perseguidas en sus países de origen por su condición sexual, religión o creencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Cultura

161/000422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la creación del Museo de Arte Ibérico Nacional en Elche (provincia de Alicante), para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Se propone la idoneidad de la creación de un Museo de Arte Ibérico Nacional en la ciudad de Elche (provincia de Alicante). En el término municipal de la ciudad de Elche se encuentra el yacimiento arqueológico "La Alcudia" unido a la cultura ibérica y por supuesto a sus manifestaciones artísticas desde principios del siglo XX con el descubrimiento de la Dama de Elche. Las investigaciones arqueológicas de la cultura ibérica en el citado yacimiento y en su término municipal no se han interrumpido desde ese momento. Son muchos los investigadores que podríamos citar, pero por no extendernos demasiado nos limitaremos a citar los dos proyectos de investigación que actualmente se están realizando: excavaciones arqueológicas en los niveles ibéricos de La Alcudia por parte de la Fundación Universitaria La Alcudia y prospecciones y excavaciones de las Canteras del Ferriol, por el CNRS francés y la Universidad de Alicante, para intentar corroborar el origen de la piedra utilizada para esculpir la Dama de Elche y el resto de esculturas localizadas en La Alcudia.

Las instalaciones museísticas de la ciudad de Elche son magníficas con dos Museos relacionados con la arqueología ilicitana: el MAHE (Museu Arqueológic i d'História d'Elx), inaugurado en 2006, y el Museo Arqueológico de La Alcudia, actualmente en proceso de remodelación expositiva. El MAHE fue el que incorporó entre sus instalaciones museísticas la adaptación de la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira para albergar a la Dama de Elche durante la cesión temporal (seis meses) que el Museo Arqueológico Nacional concedió del 1 de mayo al 30 de octubre de 2006. Para ello se instalaron todas las medidas de seguridad (activas y pasivas), de conservación (control de acceso limitado, creación y control de ambiente atmosférico, etc.) establecidas por el MAN. Todo ello con la consiguiente inversión económica, que desde el 1 de noviembre de 2006 está sin utilizar. Este Museo dispone de una sala de exposiciones temporales, infrautilizada, anexa a la Sala de Exposición Permanente; una sala de actividades (sin uso desde el 1 de noviembre de 2006) en el Patio de armas del Palacio de Altamira, justo al lado de la Torre del Homenaje. Las dos salas disponen de las instalaciones necesarias para poder ser utilizadas como Exposición Permanente con una inversión económica mínima.

Si cualquiera de estas dos salas se musealizan, pueden ser el lugar idóneo para albergar el Museo de Arte Ibérico Nacional, por cuanto se encuentran en la ciudad referente del mundo ibérico y con unas instalaciones perfectas, modernas y adecuadas para exponer a las manifestaciones artísticas más importantes de la cultura ibérica. De esta forma, Elche reuniría en un mismo lugar todas las investigaciones arqueológicas del arte ibérico, convirtiéndose en un referente a nivel nacional e internacional, y se concedería por primera vez a este arte su importancia y significación, al estar en un lugar donde su presencia sería el único hilo conductor de todo el proyecto museográfico.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en primer lugar, en el plazo más breve posible, acuerde con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche la elaboración de un Proyecto Museográfico


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para remodelar, adaptar o modificar el Proyecto Museológico del Museu d'Arqueologia i História d'Elx, para integrar o bien en la sala de exposiciones temporales o en la sala de talleres instalada en el Patio de Armas y convertirlo en una sala de exposiciones permanente del Arte Ibérico con denominación de Museo de Arte Ibérico Nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Federico Buyolo García, Leire Pajín Iraola, Gabriel Echávarri Fernández y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento monumental y artístico de la portalada románica de Santa María de Ripoll y el apoyo a su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La portalada de Santa María de Ripoll es uno de los monumentos más singulares e importantes de la Europa Medieval. Es el arco de triunfo más importante de Catalunya, erigido en el siglo XII, se levanta solemne y soberbio ante el espectador, lleno de figuras, columnas y arcos, escenas bíblicas, calendarios y medallones, hombres, ángeles y animales, y por encima de todo, la figura del Pantocrátor, que en actitud mayestática, se yergue como centro de todas las miradas, tanto de las figuras delicadamente esculpidas en piedra como de los visitantes que contemplan el conjunto.

Este monumento plasma varias influencias entre las que destacan la "Bíblia de Ripoll", magnífico códice de un solo volumen procedente del Scriptorium del monasterio, y de escenas del Antiguo Testamento. El escultor recrea las miniaturas que aparecen en el mencionado volumen, detallando desde los pliegos de túnicas y sábanas, hasta las armaduras, cascos y escudos de los soldados.

La riqueza de temas e iconografía hace que aún sea objeto de estudio y debate. Construida ligeramente sobresalida del muro frontal de la basílica, se presenta como un gran arco triunfal compuesto por siete arquivoltas labradas, apoyadas sobre jambas compuestas por pilares, chaflanes y elementos escultóricos, adornados con ciclos temáticos y calendarios. Alrededor del pórtico, se divide la iconografía en tres niveles: el superior, donde se sitúa la figura del Señor dentro del grupo del tetramorfo y los 24 ancianos; el central, donde se reflejan las figuras de los apóstoles y los santos, además de los dos ciclos principales del conjunto, el de David y el de Salomón, así como el de Moisés y el éxodo de los israelitas; y finalmente el inferior, donde se representan figuras humanas, divinas y animales.

La estructura iconográfica recuerda la distribución de temas en las pinturas murales de la época. En la parte superior, la figura de Dios y los ángeles, visiones apocalípticas y tetramorfos; en la parte intermedia, los santos y bienaventuras. Finalmente, en la parte inferior, las escenas terrenales o los personajes bíblicos en contacto con el mundo.

Destaca, en la parte superior del conjunto, una de las escenas de las visiones de San Juan en el Nuevo Testamento, esto es: la figura del Señor todopoderoso sentado en el trono justo en el centro de la imagen, bendiciendo con su mano derecha y sosteniendo el libro de la ley con la izquierda, adornado su testa con el nimbo crucífero. A ambos lados aparecen las representaciones de cuatro ángeles adoradores, dos a cada lado, e inmediatamente después, el ángel simbólico de San Mateo, a su derecha, y el águila de San Juan que lleva un volumen del Evangelio en sus garras, a la izquierda.

La apertura de la puerta se nos presenta mediante la formación de un gran arco compuesto por 7 arquivoltas profundamente elaboradas, que se apoyan en sendos pares de columnas e impostas, que se prolongan hasta la base. En definitiva, la portalada románica de Santa María de Ripoll es una joya que hoy, a pesar del paso de los siglos y de la degradación de la piedra, sigue altiva y majestuosa, convirtiéndose en la puerta de entrada al monasterio benedictino fundado en el siglo IX y al resto de conjunto monástico de Ripoll.

La historia del monasterio de Ripoll no acaba en su obra maestra -la portalada-, sino que se ve reforzada por la influencia que dicho cenobio representó; a nivel cultural, la Biblioteca de Ripoll y su Scriptorium convirtieron Ripoll, su área de influencia y su monasterio en el epicentro cultural de la Europa Medieval.

El Ayuntamiento de Ripoll, en el Pleno del pasado mes de diciembre, aprobó por unanimidad una moción para declarar la portalada románica de Santa María de Ripoll como Patrimonio de la Humanidad.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reconoce la importancia monumental y artística de la portalada románica de Santa María de Ripoll, apoya su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO e insta al Gobierno español a:

1. Apoyar y defender, con todos los medios y en todas las instancias internacionales oportunas, el nom


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bramiento como Patrimonio de la Humanidad de la portalada románica de Santa María de Ripoll

2. Permitir que sea un representante de la Generalitat de Catalunya quien defienda ante la UNESCO la candidatura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión para las Políticas Integradas de la Discapacidad

161/000400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

Antecedentes

Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Catalán preguntó al Gobierno sobre la situación en la que se encontraba la actualización del catálogo de prestaciones ortoprotésicas y cuándo tenía previsto el Gobierno presentarlo.

También se preguntó si tenía previsto el Gobierno modificar la composición del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica para incorporar un representante del sector social de la discapacidad y, en caso afirmativo, en qué plazo tenía previsto hacerlo.

El Gobierno respondió que en aquellos momentos no estaba previsto modificar la composición de este Comité, si bien había que tener en cuenta que en todas las normas y actuaciones que derivan de dicho Comité se valora la información que le hacen llegar, entre otros, los representantes del sector social de la discapacidad.

También se informaba de que el Comité Asesor "es un órgano coordinador entre las administraciones sanitarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y Mutualidades, implicadas en la regulación y gestión de esta prestación que se regula por el apartado octavo de la Orden de 18 de enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, para la regulación de la prestación ortoprotésica, modificada por la Orden de 30 de marzo de 2000 y la Orden de 19 de julio de 2001 que actualizan la composición del mismo".

Recientemente ha sido elaborado y publicado por el CERMI y por FEDOP el "Libro Blanco de la Prestación Ortoprotésica 2012", que pone de manifiesto la deficiente situación actual de la prestación ortoprotésica.

En su parte final hay unas conclusiones y recomendaciones de acción que claramente indican la necesidad de proceder a renovar con urgencia esta prestación del Sistema Nacional de Salud, que en la actualidad está muy lejos de las necesidades de las personas usuarias.

El contenido de la Cartera de Servicios de la prestación ortoprotésica debe tener en cuenta con carácter prioritario las necesidades reales de los pacientes y otras personas usuarias. En el proceso y en todas las actuaciones relacionadas con esta prestación, se debería tener en cuenta a las organizaciones de los profesionales del sector, así como a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas normativas necesarias para actualizar la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS), creando al efecto un Grupo de Trabajo en el seno del Consejo Territorial del SNS, y dando participación efectiva en este proceso a las organizaciones de personas con discapacidad y de pacientes, y una la representación del sector profesional ortoprotésico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión de Justicia

181/000136

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Texto:

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el Proyecto de Ley de implantación de los Tribunales de Instancia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

181/000137

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Texto:

¿A qué obedece que la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuma en la Secretaría General de Modernización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

181/000138

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla

Texto:

¿Cómo explica la desaparición de la Dirección General de Modernización en el organigrama del Ministerio de Justicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.

181/000139

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Elvira Ramón Utrabo

Texto:

¿Tiene el Ministerio prevista alguna iniciativa legislativa para la protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

181/000140

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Elvira Ramón Utrabo

Texto:

¿Tiene previsto el Ministerio reformar la actual legislación en materia hipotecaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

181/000141

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Qué decisión ha tomado el Ministerio de Justicia acerca de los órganos judiciales que se alojarán en el recién rehabilitado Palacio de Justicia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.


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Comisión de Interior

181/000145

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Se compromete el Gobierno a finalizar la cárcel de Archidona a finales de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000146

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Qué nuevas Comisarías de Policía y Cuarteles de la Guardia Civil contempla el Gobierno crear, a corto o medio plazo, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000147

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Contempla el Gobierno a corto plazo iniciar las obras de un nuevo Centro de Internamiento para Extranjeros en Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000148

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Se compromete el Gobierno a no recortar la plantilla de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en esta legislatura, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000166

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Pedro José Muñoz González

Texto:

De todos los detenidos a los que se le ha tomado declaración por policías encapuchados ¿cuántos presentaron petición de "habeas corpus"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.

181/000167

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Pedro José Muñoz González

Texto:

¿Cómo explica el Ministerio del interior que si no existe ninguna restricción legal para que tomen declaración policías con la cara encapuchada a personas en calidad de detenidos, el Director Adjunto Operativo haya abierto una investigación al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.


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181/000168

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Pedro José Muñoz González

Texto:

¿Qué razones justifican que miembros del Cuerpo Nacional de Policía tomen declaración encapuchados a personas detenidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.

Comisión de Defensa

181/000156

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Arantza Tapia Otaegi

Texto:

¿Qué tipo de ayudas va a ofrecer a la industria armamentística española para su internacionalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Arantza Tapia Otaegi, Diputada.

Comisión de Economía y Competitividad

181/000164

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Álvaro Anchuelo Crego

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer frente al creciente índice de pobreza al que se enfrenta nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a los ciudadanos con situaciones similares que vivan en distintas comunidades autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000165

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Diputado don Álvaro Anchuelo Crego

Texto:

¿Piensa el Gobierno que con menos inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000150

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cuál es la previsión del Gobierno respecto a la llegada del AVE a Ronda, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000151

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Qué actuaciones en materia ferroviaria contempla el Gobierno impulsar, a corto o medio plazo, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.


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181/000152

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Qué nuevas obras de carreteras contempla el Gobierno impulsar, a corto o medio plazo, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000153

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Contempla el Gobierno financiar parte de las obras previstas por el Ayuntamiento de Marbella, encima del soterramiento de San Pedro de Alcántara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000154

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cuál es la previsión del Gobierno, a corto y medio plazo, para la iluminación de carreteras nacionales en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000158

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué va a hacer el Gobierno para agilizar los trámites a la hora de conceder la Renta Universitaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000169

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Antonio Cantó García del Moral

Texto:

¿Se va a renovar el Plan ADO (Asociación Deportes Olímpicos) tras los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000143

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán

Texto:

Se están ejecutando las obras para el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo con cargo a fondos


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mineros del "Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012".

¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder continuar con su ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

181/000144

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Suspenderá el Gobierno de forma inmediata los permisos concedidos a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y a la compañía de Hidrocarburos CNWL Oil para realizar prospecciones petrolíferas en el litoral malagueño, habida cuenta de los importantes riesgos medioambientales, económicos y turísticos que comportan, archivando el expediente sin más trámite?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000149

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cuál es la previsión del Gobierno, a corto y medio plazo, dentro del Plan Qualifica para la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000159

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa, adoptar el Gobierno para incrementar la conectividad aérea con países emergentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000160

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el fraude en los alquileres de apartamentos en destinos turísticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000161

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno promover la aprobación de una normativa estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.


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181/000162

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cómo considera el Gobierno que afectará la privatización de AENA al sector turístico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/000163

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cómo piensa coordinarse el Gobierno con las Comunidades Autónomas y entidades locales para promocionar España como destino turístico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000142

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Considerará como elegibles a efectos de Pago Único en la nueva PAC las hectáreas que actualmente se dedican en exclusividad a la actividad cinegética, y por tanto no reciben ayudas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000157

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Tiene el Gobierno algún plan para impulsar la energía de biomasa en las zonas rurales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Cultura

181/000155

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la apertura del Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.


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COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000024

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5061/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 5061-2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de las Illes Balears, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1. Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:

a) Declarar inconstitucionales y nulos los artículos 4.2; 18.2; 27.a); 28 y 35.2 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

b) Declarar que la redacción inicial de los artículos 14.1; 21.1.b, en cuanto incluía el inciso "En todo caso, los grandes establecimientos comerciales solo podrán abrir los domingos y festivos hasta las 16.00 horas" y 22, en cuanto incluía el inciso "Dicha exclusión no afectará a las 12 horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el punto 2 del artículo 18 de esta Ley", resultaban contrarios al orden constitucional de distribución de competencias.

2. Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.

233/000014

La Mesa de la Cámara. en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad

Autor: Tribunal Constitucional.


Página 47




Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5277/2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación con el artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Herrando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad número 5.277-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación con el artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña EIisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad. Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.

233/000015

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 6548/2001, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por posible vulneración de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente


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SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad número 6548-2001, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por posible vulneración de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE. Ha comparecido el Abogado del Estado y formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Canarias y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Declarar que el apartado cuatro de la disposición transitoria única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, es inconstitucional y, por tanto, nulo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.

233/000016

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2651/2005, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación con el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de Coordinación de Policías Locales.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguientes

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad número 2651-2005, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación con el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de Coordinación de Policías Locales. Han intervenido y formulado alegaciones la Junta y el Parlamento de Andalucía, así como el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1. Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad en la parte relativa al artículo 46.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de Coordinación de las Policías Locales.

2. Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.


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233/000017

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5742/2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad número 5742-2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos 14 y 23.2 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, la Letrada de la Junta de Andalucía y el Presidente del Parlamento de Andalucía. Ha sido ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1. Inadmitir parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, así como respecto de las previsiones relativas a la fase de oposición del baremo del Anexo.

2. Estimar parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nulo el apartado primero de la disposición transitoria cuarta y el Anexo, en la parte relativa a la valoración de los méritos en la fase de concurso, de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, con los efectos señalados en el FJ 10 de esta Sentencia.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012 ,

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