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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 38, de 20/02/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2012

Núm. 38


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Diputados

Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página8)

Junta de Portavoces

031/000009 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página44)

Personal

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Cese ... (Página44)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre II Plan de Derechos Humanos ... (Página45)

161/000221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a la desclasificación de todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas, en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981, durante el golpe de Estado del 23-F ... (Página46)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental ... (Página46)

161/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas ... (Página48)


Página 2




Comisión de Justicia

161/000230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regulación de recurso de casación ... (Página49)

Comisión de Interior

161/000210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad ... (Página49)

161/000211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la construcción de un Centro de Inserción Social en el municipio de Leioa ... (Página50)

161/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cambio de usos del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sant Quintí de Mediona ... (Página51)

161/000218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación del Reglamento de los centros de internamiento de extranjeros ... (Página51)

161/000240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a remitir a la Cámara los Proyectos de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página52)

161/000241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a incrementar las capacidades destinadas a luchar contra el crimen organizado ... (Página53)

Comisión de Economía y Competitividad

161/000206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la figura de la dación en pago ... (Página53)

161/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre establecimiento de un marco presupuestario adecuado a las necesidades de Investigación, Desarrollo e Innovación en nuestro país ... (Página55)

161/000231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a la creación de una agencia pública europea de calificación ... (Página55)

161/000235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la moderación de comisiones bancarias ... (Página56)

Comisión de Fomento

161/000208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac ... (Página57)

161/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para acelerar el inicio de las obras de soterramiento de las líneas de ferrocarril a su paso por L'Hospitalet de Llobregat ... (Página59)

161/000227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en el Corredor Ferroviario Mediterráneo del trazado por el litoral de Andalucía ... (Página60)

161/000228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un nudo de enlace con la ciudad de Montilla desde la carretera A-45 ... (Página61)

161/000229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el proyecto de cubrimiento del trazado ferroviario de la Robla en Burtzeña, barrio del municipio de Barakaldo en Bizkaia ... (Página61)


Página 3




161/000242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el soterramiento de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac ... (Página62)

Comisión de Educación y Deporte

161/000223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a rectificar el cambio sorpresivo de los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ... (Página63)

161/000236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre revocación de la Orden por la que se derogan los temarios de aplicación en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes ... (Página64)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el personal docente investigador ... (Página65)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las ayudas como compensación del cese de actividad en la minería del carbón ... (Página66)

161/000232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC) ... (Página66)

161/000234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ... (Página67)

161/000239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas ... (Página68)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos ... (Página69)

161/000225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cadena alimentaria ... (Página70)

161/000226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cultivo de la fresa en Huelva ... (Página71)

161/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora y modernización del Paseo de la Playa de Poniente de Benidorm ... (Página72)

161/000238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de las salinas de Calpe (Alicante) ... (Página73)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad ... (Página73)


Página 4




161/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud ... (Página74)

161/000233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplazamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios ... (Página75)

Comisión de Cultura

161/000209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la colaboración económica estatal en la rehabilitación de la Federación Obrera de Molins de Rei ... (Página76)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Interior

181/000051 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Grande Pesquero (GS), sobre controles que han fallado para que se produjera la llegada de dos pateras de inmigrantes a la isla de Lanzarote en los primeros quince días de enero de 2012 ... (Página77)

Comisión de Economía y Competitividad

181/000032 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre aumento del apoyo al Ayuntamiento de Córdoba para financiar el proyecto de Centro de Congresos de Córdoba ... (Página77)

181/000054 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre aumento del apoyo al Ayuntamiento de Córdoba para financiar el proyecto de Centro de Congresos de Córdoba ... (Página77)

Comisión de Fomento

181/000031 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre ejecución de la segunda fase de la variante oeste de Córdoba, que comunica la carretera del aeropuerto con la carretera de Palma del Río ... (Página77)

181/000042 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), relativa a negociación sobre la estación del AVE de Granada con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía ... (Página77)

181/000043 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre revisión de la decisión de la Comisión Europea sobre los corredores ferroviarios de la Red Transeuropea de Transporte ... (Página77)

181/000044 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre aceleración de la tramitación de la línea de alta velocidad Granada-Almería ... (Página78)

181/000045 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre balance y previsiones acerca de la finalización y puesta en servicio de las obras de la línea de alta velocidad Antequera-Granada ... (Página78)

181/000046 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones acerca de la modificación del trazado acordado por la Comisión Europea del Corredor Ferroviario Mediterráneo para incluir el litoral por Motril y Málaga ... (Página78)

181/000047 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones acerca de continuar con el proyecto de Moneo para la estación del AVE de Granada ... (Página78)

181/000055 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Hurtado Zurera (GS), sobre planes del Gobierno para la ejecución de la segunda fase de la variante oeste de Córdoba, que comunica la carretera del aeropuerto con la carretera de Palma del Río ... (Página78)

181/000064 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre incidencia en la provincia de Burgos del recorte previsto en el Ministerio de Fomento ... (Página78)


Página 5




181/000065 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre posición del Ministerio de Fomento sobre el corredor de la carretera N-I en la provincia de Burgos ... (Página79)

181/000071 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre adquisición por el Ministerio de Fomento de un compromiso claro y un calendario indicativo para dar acceso a los puertos de Gijón y Avilés (Asturias) ... (Página79)

181/000072 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre previsiones acerca de la llegada del AVE a Asturias con finalización en Gijón y Oviedo y su inclusión en el arco ferroviario europeo ... (Página79)

181/000073 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre calendario del Ministerio de Fomento para la llegada del AVE a Asturias, con finalización en Gijón y Oviedo ... (Página79)

181/000074 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre plazos para la finalización de la red de autopistas del Estado dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ... (Página79)

Comisión de Educación y Deporte

181/000067 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre opinión del Ministro acerca de si la autoridad del profesorado podría verse reforzada si se abordase a partir de una normativa estatal de carácter básico ... (Página79)

181/000068 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre opinión del Ministro acerca de si es prioritario el restablecimiento de las negociaciones y el acuerdo de un calendario para la aprobación definitiva del Estatuto de la Función Pública Docente ... (Página80)

181/000069 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre previsiones acerca de contribuir a hacer posible la formación lingüística del profesorado del Principado de Asturias que imparte o va a impartir su materia en lengua extranjera ... (Página80)

181/000070 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre disposición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a firmar un convenio de colaboración con el Principado de Asturias para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía de centros educativos ... (Página80)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000036 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre fecha de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, dentro de las actuaciones previstas en el Plan Garoña ... (Página80)

181/000037 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre gestiones para la ubicación de un Parador de Turismo en Oña (Burgos) ... (Página80)

181/000038 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre desarrollo del denominado "Plan Garoña" al margen del futuro de la central nuclear y su fecha de cierre ... (Página80)

181/000039 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre fecha prevista para la publicación de la tercera convocatoria de ayudas del Plan REINDUS para la zona de afección de la central de Garoña ... (Página81)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000033 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre modificación de las condiciones del convenio para la modernización de los regadíos de la comarca de A Limia en Ourense ... (Página81)


Página 6




181/000034 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de los regadíos en la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense ... (Página81)

181/000035 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de la instalación de una incineradora en el Ayuntamiento de O Irixo (Ourense) ... (Página81)

181/000040 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre revisión de la Ley que declara a Sierra Nevada como Parque Nacional ... (Página81)

181/000049 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de dotar al Consejo Regulador de la DOCa Rioja de la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho Público y habilitar al Servicio Habilitado de Veedores como Órgano de Control integrado en dicha Corporación ... (Página82)

181/000050 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de dejar sin efecto la delegación en el Presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja de determinadas competencias sancionadoras de la Administración General del Estado ... (Página82)

181/000052 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre utilización como documento base para la elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo del publicado y editado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en septiembre de 2011 ... (Página82)

181/000053 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre gestiones ante la situación de alerta y prealerta declarada en cuatro de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Cabecera, Bajo Tajo-Extremadura, Salor y Tiétar) ... (Página82)

181/000056 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre líneas de actuación y cuantía de las mismas que se verán afectadas por la reducción del capítulo de transferencias de capital efectuado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página82)

181/000057 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre proyectos de inversión que se verán afectados por la reducción del capítulo de inversiones efectuado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página82)

181/000058 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones de hacer alguna modificación fiscal prevista en los impuestos que gravan la actividad agroalimentaria ... (Página83)

181/000059 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de igualar el IVA de compensación entre agricultores y ganaderos ... (Página83)

181/000060 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre aprobación de una tarifa especial reducida para la tarifa eléctrica de regadíos ... (Página83)

181/000061 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre mantenimiento de la devolución del impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola ... (Página83)

181/000062 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre fecha en que tendrá lugar la presentación del Nuevo Plan de Regadíos anunciado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página83)

181/000063 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsión de derogar la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural ... (Página83)

181/000066 Pregunta formulada por la Diputada doña Arantza Tapia Otaegi (GV-EAJ-PNV), sobre condiciones y momento en que tendrá lugar la negociación del acuerdo pesquero con Gabón ... (Página84)


Página 7




Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/000048 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán (GS), sobre causas de la desaparición de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el nuevo organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ... (Página84)

Comisión de Cultura

181/000030 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre posición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la puesta en marcha de una Red de Museos Estatales que supere criterios centralistas y que genere un verdadero trabajo conjunto de los principales museos ... (Página84)

181/000041 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre proyecto del Ayuntamiento de Granada de horadar la colina de la Alhambra para instalar elevadores en su interior ... (Página84)


Página 8




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ÍNDICE

ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS, Cayetana (GP) (núm. expte. 005/000331/0000) ... (Página29)

BRAVO IBÁÑEZ, M.ª Concepción (GP) (núm. expte. 005/000323/0004) 1 ... (Página39)

GONZÁLEZ MUÑOZ, Ángel Luis (GP) (núm. expte. 005/000329/0000) ... (Página9)

JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, Trinidad (GS) (núm. expte. 005/000041/0001) 2 ... (Página34)

PAJÍN IRAOLA, Leire (GS) (núm. expte. 005/000037/0002) 2 ... (Página19)

PRADAS TORRES, Antonio Francisco (GS) (núm. expte. 005/000045/0001) 2 ... (Página14)

URIARTE AYALA, Ignacio (GP) (núm. expte. 005/000330/0000) ... (Página24)

1 La presente declaración sustituye a la publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 35, de 14 de febrero de 2012.

2 La presente declaración sustituye a la publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 13, de 9 de enero de 2012.


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JUNTA DE PORTAVOCES

031/000009

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de la composición de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (031/000006)

Portavoces sustitutos:

Baja:

AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón

Grupo Parlamentario Socialista (031/000003)

Portavoz:

Baja:

ALONSO SUÁREZ, José Antonio

Alta:

RODRÍGUEZ RAMOS, María Soraya

Portavoces sustitutos:

Bajas:

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel

MONTESERÍN RODRÍGUEZ, María Virtudes

Altas:

CARCEDO ROCES, María Luisa

ZARAGOZA ROCES, José

PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. don Alfonso Alonso Aranegui, con efectos de 14 de febrero de 2012, de doña Raquel Barras Tejudo, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión Constitucional

161/000215

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Proposición no de Ley sobre II Plan de Derechos Humanos.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que el debate a que se alude en su apartado 6 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre II Plan de Derechos Humanos, para su debate en la Comisión Constitucional.

Coincidiendo con el 60.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tal y como se estableció en la Conferencia Mundial de Viena (1993) y en las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el entonces Gobierno español aprobó el 12 de diciembre de 2008 el Plan de Derechos Humanos.

Con este Plan, se trataba de "adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se proponía, así, un Plan de Derechos Humanos con vocación educativa, abierto, (...) como un proceso en marcha orientado a realizarse, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos". La vigencia del mismo terminó con la IX Legislatura, haciéndose necesaria la elaboración y aprobación de un II Plan.

Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, el día 30 de junio de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó en su sesión plenaria la resolución n.º 422, en cuyo apartado cuarto se instaba al Gobierno a, "hacer un balance del grado de desarrollo y cumplimiento del Plan de Derechos Humanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008 y, sobre esta base, impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un II Plan de Derechos Humanos que asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplan en todos los ámbitos". La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, incluida la totalidad del grupo del Partido Popular, se comprometieron a adoptar este II Plan para la X Legislatura y siguientes.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, aprobar y consolidar durante el primer semestre de la presenta Legislatura el II Plan de Derechos Humanos Además, el Plan debería necesariamente:

2. Seguir en la elaboración del II Plan de Derechos Humanos las recomendaciones recogidas en el "Manual para elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos" del Alto Comisionado de Naciones Unidas y llevar a cabo, entre otras medidas, un diagnóstico o evaluación de la situación actual de los Derechos Humanos.

3. Incorporar en el II Plan de Derechos Humanos compromisos y medidas concretas, tanto de política exterior como de política interior, objetivos claros e indicadores medibles y plazos.

4. Vincular a todas las instituciones del Estado en el cumplimiento y desarrollo del II Plan de Derechos Humanos, destinando los medios suficientes a tal efecto.

5. Asegurar la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento del II Plan de Derechos Humanos y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la misma.

6. Incorporar la presentación de un informe anual por parte del Gobierno para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, presentación de resoluciones por parte de los Grupos Parlamentarios y la posterior emisión de un Dictamen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/000221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la desclasificación de todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas, en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981, durante el golpe de Estado del 23-F, para su debate en la Comisión de Justicia.

La opacidad sigue reinando sobre las pruebas que documentan las posiciones, actitudes, ambigüedades, aciertos, equívocos y responsabilidades de los protagonistas del 23-F. Siendo éste un acontecimiento histórico crucial para la consolidación de la democracia española, es de vital importancia la desclasificación de todos los archivos, documentos y grabaciones en poder de los Poderes del Estado, y el libre acceso a ellos de los investigadores.

El Gobierno federal alemán ha desclasificado el despacho 524 del embajador en Madrid Lothar Lahn, enviado poco después del golpe de Estado del 23-F, en el que informaba a sus superiores en el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores de las palabras que el Rey Juan Carlos dedicó a los militares sublevados en una reunión privada entre el embajador y el Jefe del Estado que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo de 1981.

El documento acaba de ser desclasificado por el Gobierno federal alemán y puede leerse en una publicación de 2.250 páginas del Instituto de Historia Contemporánea, de la serie "Actas de Política Exterior de la República Federal de Alemania de 1981".

En dicha comunicación oficial al Ministerio alemán de Exteriores, recogida en un reportaje recientemente publicado por Der Spiegel, el Embajador afirma que el Rey le explicó que los militares conjurados "sólo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma". El Embajador alemán cuenta, además, que el monarca planeaba interceder ante el Gobierno y ante la Justicia Militar para que a Antonio Tejero y los demás involucrados "no les sucediera nada demasiado grave" como consecuencia del 23-F, porque a fin de cuentas, los golpistas "sólo querían lo mejor". De acuerdo con las referencias publicadas ahora en Alemania, el Rey "no expresó indignación ni repulsa hacia los actores" del golpe.

Lahn explica en su mensaje que el Jefe del Estado constitucional culpaba de la intentona militar al presidente del Gobierno democráticamente elegido, Adolfo Suárez. Refiere Lahn que el Rey le detalló cómo Suárez "despreció al Ejército" y que le había aconsejado al Presidente que "tuviera en cuenta las peticiones de los militares". Hasta que ellos "empezaron a actuar por su cuenta".

No es lógico que, mientras otros Estados desclasifican documentos que obran en su poder en relación con el golpe de Estado del 23-F, el Estado español mantenga secretos y clasificados los suyos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1) Desclasificar todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981.

a) entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio

b) entre el Palacio de la Zarzuela y el exterior

2) Poner dichos archivos documentales a disposición de los historiadores.

3) Solicitar oficialmente al Gobierno de Estados Unidos que entregue copia al Gobierno español de toda la documentación que obre en su poder en relación con el golpe de estado del 23-F."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000213

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que en su apartado 4 se insta


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al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para instar al Gobierno de España a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sahara Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En el último año, los levantamientos populares en el Magreb conocidos como la "primavera árabe" han modificado radicalmente la situación en esa zona a cuyo devenir España es tan sensible. La situación evoluciona de forma distinta en los respectivos países, que se debaten entre enormes esperanzas de democratización, decepciones, temor e incluso violencia y guerra. Uno de los territorios más afectados por estas protestas ha sido el Sahara Occidental, donde a las afueras de El Aaiún se constituyó el campamento de Gdeim 1zik, desmantelado violentamente en noviembre de 2010 cuando los acampados exigían el fin de la discriminación que sufren en materia socioeconómica por parte de Marruecos, mientras que en Dajia y Smara las protestas contra la ocupación han sido constantes a lo largo de 2011.

Por otro lado, las protestas de la propia población de Marruecos han propiciado ciertas reformas por parte del monarca, Mohamed VI. Sin entrar a valorar aquí las consecuencias reales que supongan para un proceso de democratización real y profunda de Marruecos, se puede afirmar que las mismas no han supuesto ningún avance para los saharauis residentes en el Sahara Occidental Ocupado, administrado "de facto" por Rabat, ni en lo relativo a sus ansias de autogobierno, ni en la profundización democrática, ni en cuestiones de índole socioeconómica. Al respecto, en su último informe sobre el Sahara, de abril de 2011, el secretario general de la ONU se lamentaba de que las conversaciones para alcanzar una solución negociada continúan en punto muerto: "Las partes siguen demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero aún no han demostrado la voluntad política de poner fin al estancamiento de la situación". Asimismo, señalaba que "los saharauis instalados en el campamento reivindicaban su derecho a trabajar y a una vivienda adecuada y pedían que se pusiera fin a la marginación y distribución desigual de los recursos en el Territorio". También dejaba constancia de que "la relación entre las partes se ha deteriorado" y lo que es aún peor, que con la actual inestabilidad en el Magreb existe un riesgo objetivo de que empeore si no se encuentra una salida del impasse actual: "Se han creado nuevos desafíos", señalaba el secretario general, "para la estabilidad y la seguridad en el Sahara Occidental que pueden llegar a alterar el statu quo del conflicto".

En efecto, esto ha ocurrido ya. Mientras el monarca alauí ha dictado tímidas reformas en cuestiones de Derechos Humanos, no ha tenido el menor empacho en desoír, cuando no reprimir por la fuerza las protestas procedentes de la población saharaui. Como potencia administradora del territorio de jure, España tiene una responsabilidad histórica especial hacia los habitantes de la que fue la provincia española número 53 hasta hace 36 años. La solidaridad expresada por el pueblo español de forma persistente en este tiempo refleja un compromiso que nuestro país no puede eludir. Para romper la situación actual de bloqueo de las negociaciones, resulta más necesaria que nunca la intervención activa y decidida de nuestro país, que ostenta una relación de privilegio con ambas partes, tanto por el vínculo histórico y popular con el Sahara como por las buenas relaciones de vecindad con Marruecos, confirmadas con la reciente visita del presidente del Gobierno a Marruecos.

Sin embargo, el deseable papel activo de España en la resolución de la Cuestión Saharaui debe cimentarse en un respeto escrupuloso del Derecho Internacional, tanto en el proceder de nuestro Gobierno como también en nuestro Derecho Positivo, para lo cual se hace necesario modificar el marco legal que dio amparo a la salida de España del Sáhara Occidental.

A este respecto, ni la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, ni los denominados "Acuerdos de Madrid" incluyen el reconocimiento por parte de España del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, lo que constituye una gravísima vulneración del Derecho Internacional cuyas consecuencias jurídicas y políticas siguen vigentes, habida cuenta de la ocupación ilegal de gran parte del territorio saharaui por Marruecos y la consiguiente violación por el ocupante tanto del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui como del principio general de prohibición del uso de la fuerza recogido en el art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al utilizar el


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Gobierno de Rabat a su ejército, primero en un conflicto armado abierto contra el Frente Polisario y la población saharaui desde 1976 hasta 1991, y actualmente al ser la base de fuerza de ocupación del Territorio.

Y aunque, con posterioridad a su retirada del Sáhara Occidental, el Estado español ha venido reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación como un principio jurídico esencial para la solución del conflicto saharaui-marroquí, este reconocimiento político ha carecido de la formalidad necesaria en el plano interno, y de la suficiente efectividad en el ámbito internacional, por estar huérfano de una norma legal que desde el momento mismo de la retirada del Sáhara hubiese obligado a los diversos Gobiernos españoles a reconocer, respetar y apoyar sin fisuras ni titubeos el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Por todo lo expresado, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Adelantándose a un posible deterioro de la situación, asuma para España un papel protagonista en la cuestión del Sahara e impulse un diálogo sincero y confiado entre las partes. Esta negociación debe ir encaminada a lograr lo que el secretario general de la ONU incluía entre las recomendaciones de su informe, anteriormente citado: "Alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas".

2. El presidente del Gobierno se sirva de la buena relación de vecindad con Marruecos, para instar al rey de ese país a trasladar al territorio del Sahara las reformas democráticas emprendidas para su propia población. Esto concierne no sólo a la posibilidad de ejercer el derecho a su libre determinación, sino también a la no discriminación de los saharauis en el acceso a puestos de trabajo, viviendas y todo tipo de promoción social en el territorio, que en estos momentos les es vedado.

3. Establezca contactos con el enviado especial de la ONU para el Sahara, Christopher Ross, y así de forma conjunta se promuevan las negociaciones necesarias para lograr una resolución del conflicto admisible por ambas partes.

4. Modifique la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre la descolonización del Sáhara Occidental incluyendo los siguientes principios de la política exterior que todo Gobierno español deberá acatar en sus declaraciones y con sus actos:

1. El apoyo al derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados (Res. AG 1514/XV de 1960) y en particular al ejercicio de ese derecho por el Pueblo Saharaui como condición inexcusable para cualquier solución pacífica del problema del Sáhara Occidental.

2. El reconocimiento de las autoridades de la RASD como legítimas representantes del pueblo saharaui.

3. La prohibición expresa de legitimar o apoyar cualquier iniciativa adoptada por Marruecos con vistas a perpetuar su ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/000214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados,

Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible,

Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras

Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado han participado de forma activa en conflictos en fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países desde 2004

Considerando la destrucción de infraestructura socio-económica y de mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación

Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009, la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones


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para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas.

Considerando especialmente que la Resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un tratado "firme y sólido" para crear un instrumento "eficaz" que contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales

Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

Por todo ello, se presenta la siguiente,

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar que el futuro Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) incluya:

- Una "Regla de Oro" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

- Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias.

- Una regulación sólida en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Justicia

161/000230

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de recurso de casación, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Resulta urgente acometer un debate sobre la naturaleza y características del recurso de casación en nuestro derecho. Debe reconocerse la dimensión institucional que corresponde al Tribunal Supremo y limitarse a porcentajes razonablemente atendibles por este Órgano Judicial sus competencias casacionales.

El sentido de la reforma consistiría en atribuir al Tribunal Supremo la defensa del denominado "ius constitucionis", reservando sus competencias en materia de casación al recurso de casación para la unificación de doctrina, prescindiendo de la casación derivada del denominado "ius litigatoris" atribuyendo la casación ordinaria a los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas.

Todo lo anterior se propone siguiendo las recomendaciones de los Libros Blancos para la reforma de la Justicia aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y particularmente en coherencia con el carácter compuesto, no unitario, del Estado Español. Los requerimientos constitucionales sobre la estructura territorial-institucional del Estado Español, su organización en Comunidades Autónomas debe reflejarse también en la estructura y organización de su Administración de Justicia.

El Tribunal Supremo se le debe reservar exclusivamente en la unificación de doctrina como única función casacional, en atención a la salvaguarda del "ius constitucionis".

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas normativas necesarias para que el Tribunal Supremo entienda exclusivamente sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Josu Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

Comisión de Interior

161/000210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad, para su debate en la Comisión de Interior.


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Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía de Gernika establece en su artículo 17.1 que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca "los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado".

La importante presencia de las FSE en Euskadi se ha venido justificando por la necesidad de combatir el terrorismo, explicándose de esta manera el incumplimiento del acuerdo contenido en el Estatuto de Gernika en materia de seguridad, que encomienda a las instituciones del País Vasco mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo. ETA ha declarado su voluntad de finalizar de manera definitiva con su actividad terrorista, ejercida durante décadas. Se avecina un nuevo tiempo lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han tenido que vivir en Euskadi. Un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera.

En estos momentos las FSE cuentan con aproximadamente 4.000 efectivos en el País Vasco, número a todas luces excesivo para desarrollar las labores que según el ordenamiento jurídico les corresponden. Aún más en tiempos de fuerte crisis económica, en los que una readecuación del número de efectivos podría proporcionar medios suficientes para atender en condiciones tareas de seguridad fundamentales en otros lugares del Estado.

Por todo lo anterior

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que con la confirmación de la desaparición de la violencia de ETA en Euskadi, cumplimente el ordenamiento jurídico vigente y proceda a una reducción de efectivos de las FSE en el País Vasco acorde con el mandato del ordenamiento jurídico, que les asigna los servicios policiales extra y supracomunitarios, quedando encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de un Centro de Inserción Social por parte del Ministerio de Interior en el municipio de Leioa, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Los Centros de Inserción Social son una herramienta adecuada para los fines reeducativos que las penas de prisión tienen según mandato constitucional. Sin embargo, como toda herramienta debe ser utilizada en un contexto adecuado para sus fines y más tratándose de una materia tan sensible como la penitenciaria.

La creación de un centro de estas características debería ser consultada y consensuada con las autoridades locales, quienes, además de competerles el planeamiento, pueden opinar con conocimiento de causa acerca de la idoneidad de la ubicación elegida.

Inauditamente, la única comunicación que ha tenido el ayuntamiento de Leioa acerca de la intención de la SIEP de instalar un CIS en el parque denominado Santimani, no ha sido de manera directa y previa, sino sorpresiva, al observar que se pedía la exención de la plusvalía por edificar un Centro de Inserción Social. Nadie desde el Ministerio se ha puesto en contacto con los responsables municipales ni se ha facilitado información complementaria alguna. Los responsables municipales, forales o incluso autonómicos están al margen de cualquier información. No debería ser ésta la manera de actuar de los poderes públicos.

La alarma en el municipio es mayor si cabe, dado que el lugar en el que se pretende construir el citado centro es un entorno rural que no está dotado de suficiente transporte público ni de la necesaria vigilancia policial si se construyera dicha instalación. No se ha realizado el mínimo análisis acerca de como se integra el centro considerando las características del municipio en concreto ni como influye en las previsiones de planteamiento de futuro. El lugar es manifiestamente inadecuado para los fines que se pretenden y sólo se entiende su elección por tratarse de unos terrenos que pertenecieron durante muchos años al Ministerio de Defensa.

Por todo ello,

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desista de ubicar un CIS en el municipio de Leioa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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161/000216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cambio de usos del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sant Quintí de Mediona, para su debate en la Comisión de Interior.

El pasado 2 de febrero de 2012 la Comisión de Interior del Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual se insta a que la Generalitat de Catalunya apoye al Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) ante el Gobierno del Estado en la realización de las gestiones necesarias para que el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Sant Quintí de Mediona pueda desafectarse de su actual uso público y destinarse a otros usos públicos que determine el Ayuntamiento como podría ser, entre otros, ser la nueva sede de la Agrupación de Defensa Forestal del Alt Penedès.

Considerando que el Cuartel de la Guardia Civil de Sant Quintí de Mediona está actualmente desocupado y que con el paso del tiempo se va deteriorando, valorando positivamente que uno de los posibles usos de este espacio podría ser la ubicación de la nueva sede corporativa de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) implantada en esta zona, atendiendo a que está en manos del Gobierno del Estado proceder a la desafectación de este edificio, y que los patrimonios públicos de suelo y vivienda y los stocks de suelo del Ministerio de Defensa (cuarteles militares), Economía (servicios aduaneros y otros), Interior (cuarteles de la Policía y de la Guardia Civil), Fomento (infraestructuras) y otras, a menudo situadas en el centro de las ciudades, deberían tener como destino preferente la promoción del derecho a la vivienda y otras obras de interés social, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la reversión gratuita del cuartel de la Guardia Civil en Sant Quintí de Mediona para poder ser destinado, entre otros usos sociales, a la nueva sede de la Agrupación de Defensa Forestal del Alt Penedès."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley sobre la aprobación del Reglamento de los centros de internamiento de extranjeros.

Antecedentes

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, prevé en su Disposición Adicional Tercera la aprobación del Reglamento que desarrollará el régimen de internamiento de los extranjeros. Tras más de dos años desde su aprobación, aun no se ha procedido a su desarrollo,

Este Reglamento debe delimitar las condiciones de internamiento, el régimen de control y las dotaciones de servicios de sociales, jurídicos, culturales y sanitarios, entre otros extremos.

Por otro lado, el apartado 6 del artículo 62 establece que "(...) el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tares centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente".

Esta nueva figura ha sido valorada muy positivamente por las organizaciones que trabajan directamente con personas internadas en los CIE, ya que ha de realizar una función imprescindible de velar por el respeto de los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación de la Administración durante la ejecución del internamiento.

Al tratarse el internamiento de extranjeros de una materia muy específica y no excesivamente conocida, el adecuado ejercicio de la competencia de control jurisdiccional requiere una cierta especialización en el régimen jurídico y realidad de los centros de internamiento.

Recientemente se han venido produciendo diversas incidencias relacionadas con el funcionamiento de los Centros de internamiento, en los cuales se dan graves carencias y se producen arbitrariedades, en buena parte por la falta de normas claras.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, el desarrollo reglamentario del régimen de internamiento de carácter no penitenciario de los extranjeros.

2. Instar al Consejo General del Poder Judicial a designar, en cumplimento de lo que establece el artículo 62.6 de la Ley de Extranjería, un Juzgado de control específico en las nueve localidades donde existe un Centro de internamiento en el Estado español, y designe más de un Juzgado cuando las características del centro así lo aconsejen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remitir a la Cámara los Proyectos de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La disolución anticipada de las Cámaras la pasada legislatura hizo imposible la aprobación de dos Proyectos de Ley de gran trascendencia para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Ampliamente debatidos, primero en el seno del Gobierno con los representantes sindicales de los policías y luego en la Cámara por los distintos Grupos Parlamentarios, los Proyectos de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, gozaron de un importante respaldo tanto de la Cámara como de sus destinatarios.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cumplimiento del mandato derivado del artículo 104 de la Constitución Española diseña las líneas maestras del régimen jurídico de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, y contienen los principios básicos de actuación, funciones y las disposiciones estatutarias fundamentales que son comunes y de general aplicación a todos los miembros que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el desarrollo legislativo previsto en la Ley Orgánica para establecer el régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía se ha realizado de forma fragmentaria a través de normas no siempre del rango legal que debería ser exigible. Esta situación hace imprescindible, en aras de garantizar al máximo la seguridad jurídica, la sistematización en dos textos legales, que con el rango normativo adecuado, sistematice las normas vigentes.

Es pues necesario un proyecto de ley que regule de forma completa y sistemática el conjunto de derechos que corresponden y de deberes que son exigibles a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con su carácter de Instituto Armado de naturaleza civil. Esta norma, deberá constituirse además, en el contrapunto imprescindible de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía ya que la misma debe establecer de forma clara y cierta cuáles son las conductas exigibles a los miembros del Cuerpo.

De otra parte, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se encuentran en una posición jurídica que difiere de la del resto de los demás servidores públicos. En consecuencia, la regulación de aquellos aspectos que configuran el régimen jurídico de personal deben ser abordados en una ley especial que se ajuste a las especiales características y funciones que desarrollan los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a la vez que también es necesario prever que el régimen de personal establezca instrumentos que faculten a la Administración para una ordenación eficaz y eficiente de los efectivos de la organización policial, teniendo en consideración, a tal efecto, los principios y reglas que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara dentro del actual periodo de sesiones los Proyectos de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Antonio Hernando Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a incrementar las capacidades destinadas a luchar contra el crimen organizado, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea define el crimen organizado como la segunda amenaza más seria contra su seguridad interior. En esta misma línea, y dentro de la política de seguridad aplicada por el Gobierno Socialista, la lucha contra el crimen organizado -en todas sus manifestaciones, incluidas las de corrupción-, fue abordada como la segunda prioridad operativa, sólo por detrás de la lucha contra el terrorismo.

En coherencia con lo anterior y para hacer frente con éxito a las nuevas amenazas se incrementaron de forma importante los recursos humanos disponibles, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil, a la vez que se les dotó de medios modernos que permitieran mejorar la coordinación mediante instrumentos, como las bases de datos conjuntas, que permitieron un intercambio efectivo de información.

Los especialistas en crimen organizado se incrementaron en siete años en más de un ciento cinco por ciento y en policía judicial, que es donde se crearon más unidades operativas especializadas, el incremento de efectivos fue de un ciento once por ciento.

La potenciación y constitución de nuevas unidades operativas especializadas en esta materia como la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), para investigar las diferentes modalidades de delincuencia económica y fraude a la Hacienda pública e investigación de la corrupción urbanística y similares ha dado importantes resultados por todos conocidos. Y no menos importante ha sido, en el ámbito territorial donde se han ubicado, la creación de los Grupos y Equipos de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO y ECO). Estas unidades, que constituyen la máxima especialización operativa y territorial de la Policía y Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, deben continuar su senda de crecimiento.

El Ministro en su comparecencia de líneas generales mencionó, entre sus planes, la voluntad de reforzar los instrumentos a que hemos hecho referencia en la lucha contra el crimen organizado, pero la congelación de plantillas, la reducción acordada de 163 millones de euros en el último Consejo de Ministros del 2011, así como las importantes restricciones presupuestarias con que se nos viene amenazando, hace más que probable que se abandonen estas líneas de actuación que tantos y tan buenos frutos ha reportado en la lucha contra la delincuencia organizada y contra una de sus más importantes manifestaciones como es la corrupción.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar las capacidades destinadas a luchar contra el crimen organizado y la corrupción como una de sus más importantes manifestaciones:

1. Potenciando el CICO como órgano especializado de inteligencia y seguimiento del crimen organizado.

2. Incrementando las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la lucha contra el crimen organizado, los medios materiales y tecnológicos a su disposición, así como mejorando su especialidad operativa.

3. Reforzando los servicios especializados de investigación formados por grupos multidisciplinares de expertos.

4. Ampliando las formas de colaboración, cooperación y coordinación tanto a nivel nacional como internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Antonio Hernando Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000206

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre la figura de la dación en pago.

Exposición de motivos

Con el estallido de la crisis financiera y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades


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más básicas. En concreto, muchas unidades familiares y personas que adquirieron su Vivienda en la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del crédito bancario exuberante ahora, porque están en el paro o ha quebrado su negocio, no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. Según esta misma fuente, en Canarias en los tres últimos años 13.500 familias han perdido su vivienda por este motivo y las previsiones apuntan que en el próximo lustro serán más de 28.000 las familias que se verán inmersas en el riesgo de perder su casa.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, pensiones, cuentas de ahorro, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil compresión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida causantes de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Consideramos que la situación expuesta va en contra del espíritu del actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que señala que "todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho..."; pero también en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial efectiva de todas las personas, vulnerada en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión; así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11).

La pérdida de vivienda priva al individuo o a la familia de toda residencia, y a su vez, la ausencia de residencia les dificulta el ejercicio de sus derechos, por ejemplo a efectos de notificaciones oficiales, obstaculizando a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Que promueva en las Cortes Generales la modificación de la regulación hipotecaria de forma que:

- Incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal más intereses y costas judiciales) quede liquidada.

- Se incremente la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados.

2. Que se apruebe una moratoria o se implementen las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, hasta que se aprueben en las Cortes las modificaciones antes citadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/000222

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un marco presupuestario adecuado a las necesidades de Investigación, Desarrollo e Innovación en nuestro país, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

En el año 2004 la inversión pública en I+D+i sufrió un considerable despegue, con el objetivo de situarla en la media de la Unión Europea.

Los distintos presidentes han venido recordando el papel determinante de este tipo de políticas en el desarrollo de un nuevo modelo productivo para el país y, por tanto, en su importante aportación para lograr una salida de la crisis económica que estamos sufriendo. El objetivo básico del desarrollo científico y tecnológico es servir a la sociedad. La promoción de la sociedad del conocimiento necesita el desarrollo intenso de la I+D en todos los ámbitos del conocimiento para construir una sociedad sostenible que promueva el bienestar social.

Sin embargo, la inversión en investigación y desarrollo se estancó en los últimos años y con las políticas de ajuste ha sido una de las agraviadas. Entre el "tijeretazo" de 600 millones que ha anunciado el Gobierno del Sr. Rajoy y los que celebró el anterior presidente del Gobierno en la pasada legislatura, la investigación científica española ha perdido en torno a un 30% de un presupuesto ya muy inferior al de los países de nuestro entorno.

La crisis se está cebando donde no debería hacerlo. Más de 300.000 españoles han dejado España desde 2008 ante la falta de expectativas laborales, siendo preocupante y motivo de alerta a que gran parte de ellos son jóvenes cualificados, los que se han dado a llamar como Generación JESP (jóvenes emigrantes sobradamente preparados). Jóvenes preparados que no encuentran en su país una oportunidad para demostrar su valía.

Estas cifras, además de un drama, suponen un grave problema a nuestro desarrollo futuro, dada la descapitalización de talentos que está sufriendo nuestro país. Cosa que al Gobierno no le debe de importar mucho, dada la casi inexistente tasa de reposición para el personal científico de las Universidades y otras instituciones dedicadas a la investigación, con la que nos ha abordado en su primer decisión legislativa.

Hace apenas tres semanas, la comisaria europea de Investigación e Innovación, la irlandesa Máire Geoghegan-Quinn, se mostró contraria a recortes en éste área, quedando a la espera de que en España se continuara invirtiendo en investigación y educación por su el futuro de España y el de sus jóvenes. Asegurando que "los países que lo están haciendo bien son aquellos que han invertido con constancia en educación e investigación", pero este no es nuestro caso.

Necesitamos una Ciencia con fuerza, apoyada en una financiación suficiente y estable que potencie la investigación aplicada y básica. Debemos tener una I+D+i que se iguale a la de los países más avanzados.

El Sector Público debe jugar un papel fundamental en el impulso de la actividad investigadora, que tiene que tener su expresión más nítida en los Presupuestos Generales del Estado, para que así no tengan que producirse determinadas iniciativas como el Proyecto Paula desarrollado por una madre que se negaba a ver como la falta de fondos detenía la investigación de la diabetes que sufre su hija, y que ha podido ser el detonante para que la sociedad civil se haya organizado para solicitar que existe un mínimo de financiación para investigación y desarrollo vía presupuestos a través de la instauración de una casilla destinada a este propósito.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Dote al Plan de Ciencia recientemente puesto en marcha, de un marco presupuestario en el horizonte de la presente Legislatura, cuantificando los recursos destinados a I+D+i, de forma que dote de estabilidad a los proyectos de inversión.

2. Garantice que el incremento de gasto público en I+D+i sea superior a lo que aumente el Producto Interior Bruto español y al menos igual a lo que crezca el gasto medio en esta materia en los países de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una agencia pública europea de calificación, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

El pasado mes de enero la agencia de calificación Standard and Poors rebajó el rating de la deuda soberana de nueve países de la zona euro, entre los que se


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encontraban España y Francia, dejándolos además en perspectiva negativa para posibles recortes futuros. Así mismo, dos días después rebajó un escalón la nota del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), de la AAA hasta AA+.

La buena colocación en el mercado de títulos de deuda de varios de los países afectados, que vieron como la prima de riesgo descendía, parece indicar que se está produciendo un cierto alejamiento de los inversores respecto de las opiniones de las agencias de calificación, quizás porque se esté empezando a vislumbrar que sus informes no se encuentran exentos de cometer errores, como demuestra el que antes de que estallara la crisis financiera estas agencias mantuvieran sus máximas calificaciones a empresas que luego quebraron, así como por las decenas de productos estructurados que empaquetaban hipotecas subprime en los EE.UU. y que dieron origen a la crisis y a los problemas que en la actualidad siguen sacudiendo a las finanzas internacionales.

La realidad es que los analistas de estas agencias no tienen responsabilidad alguna frente a los pronósticos que realizan. Opiniones que pueden llevar a los ciudadanos de los países afectados a situaciones socioeconómicas preocupantes. Dan sus argumentos amparados por la empresa para la que trabajan y no tienen que dar más cuentas a nadie, ni a reguladores ni a inversores.

Las agencias de calificación son empresas privadas que funcionan bajo la lógica del beneficio, y sus beneficios provienen precisamente de las operaciones que realizan. Y aquí surge un conflicto de interés: las entidades emisoras contratan a la agencia que califica sus productos, y puede suceder que las agencias exageren la calificación otorgada y consigan así satisfacer al cliente e incrementar los beneficios por comisiones.

Pero aún más, es imposible en ciencias sociales estimar con certeza las posibilidades de incumplimiento de una entidad o individuo. En algunos casos por falta de información, y en otros casos porque la economía no atiende a reglas exactas. Todo ello permite afirmar que los sistemas de calificación son, cuando menos, inexactos. Porque lo que debería esperarse es que las entidades calificadas con menores notas tuvieran mayores frecuencias de incumplimiento que las superiores. Cosa que no ocurre siempre.

Las autoridades deben actuar para mitigar las consecuencias de todo lo anterior. Se podrían impedir los conflictos de intereses a través de una estricta regulación y de la creación de agencias públicas de calificación que no actuarían movidas por el criterio de rentabilidad.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover ante las instituciones europeas la creación de una agencia pública europea de calificación crediticia que sea la única entidad autorizada para calificar la deuda soberana de los países miembros de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la moderación de comisiones bancarias, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

Las comisiones bancarias son las cantidades de dinero que las entidades de crédito cobran a sus clientes en compensación por sus servicios prestados, por ejemplo, enviar una transferencia, cambiar divisas, administrarle una cuenta, estudiar un préstamo, darle una tarjeta de crédito o débito, etc.). Los datos suministrados por el Banco de España ponen de manifiesto que las comisiones que las entidades de crédito cobran a los usuarios de servicios financieros han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Teniendo en cuenta distintas variables económicas, como la tasa de inflación interanual (IPC), resulta evidente que la subida de las comisiones bancarias que se viene produciendo resulta excesiva y opaca para muchos ciudadanos.

En los últimos años, las principales subidas, en relación a las comisiones bancarias, se han producido en los servicios prestados por transferencias, tarjetas de débito y crédito, mantenimiento de cuentas, descubiertos o tarifas por la subrogación del crédito para la adquisición de una vivienda. Durante 2011, las comisiones por mantenimiento de cuenta corriente -que son de carácter semestral- han aumentado de media un 22'3%, mientras que mantener una cuenta de ahorro es un 22'9% más caro. En el caso de las tarjetas de débito y crédito, la cuota anual de mantenimiento se ha incrementado de media un 17,1% y un 9,7% respectivamente en el último año. Todo parece indicar que las entidades financieras, además de encarecer los préstamos a familias y PYMES, han incrementado las comisiones para mejorar la cuenta de resultados en un momento delicado para el saneamiento de sus balances.


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Asimismo, un informe de la Comisión Europea ponía de relieve que las comisiones cobradas por nuestras entidades financieras son las segundas más elevadas de Europa después de Italia. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, ha señalado recientemente que "el consumidor europeo no sabe lo que paga ni por qué. No puede comparar las distintas ofertas del mercado ni aprovecharse de la competencia". Por ello, ha señalado que es necesario incrementar y mejorar la transparencia. El usuario de servicios financieros debe contar con información disponible, fácil de entender y comparable.

La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios aprobada en la anterior legislatura establece en su artículo 3 una serie de obligaciones de transparencia y conducta a las entidades de crédito para garantizar un adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios financieros, con el fin de moderar las comisiones que cobran por los diferentes tipos de servicios que prestan a los ciudadanos. Esta intervención regulatoria necesita ser aplicada con determinación en un formato unificado, conforme a los términos específicos que determine el Banco de España.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar cuantas medidas regulatorias sean necesarias, en colaboración con el Banco de España, para garantizar un adecuado nivel de protección y transparencia de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito.

2. Establecer unas obligaciones de transparencia y conducta estandarizadas a todo el sector bancario, con el fin de mejorar la competencia efectiva y así moderar las comisiones que cobran por los diferentes tipos de servicios que prestan a los ciudadanos

3. Que solicite, de manera inmediata, un informe a la Comisión Nacional de la Competencia con el fin de analizar la evolución de la comisiones bancarias en el sector financiero en los últimos años, y que las recomendaciones de dicho organismo, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, se adopten con determinación, favoreciendo así unos menores precios al usuario de servicios financieros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/000208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley sobre la inmediata financiación del soterramiento de la línea convencional de Portbou a su paso por Montcada i Reixac, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Montcada i Reixac, un municipio con una población de 34.265 habitantes según el padrón de 1 de enero de 2012, está castigada por su situación geográfica. Salida natural de Barcelona hacia el Norte, se encuentra partida y fracturada por importantes vías de comunicación: tres líneas de cercanías (Barcelona-Terrassa Manresa, Barcelona-Vic Ripoll, y Barcelona-Sant Celoni Portbou), dos autopista (C58 y C33), una autovía (C17), una carretera nacional (N150).

A los perjuicios ocasionados por estas infraestructuras hay que sumarles también los efectos derivados de la degradación medioambiental que generan las diversas canteras e industrias contaminantes, entre las que destaca la cementera Lafarge, ubicada en medio de la población y que actualmente, además de la generación de polvo derivada de la actividad productiva, se ha convertido en una incineradora al recibir la autorización para "valorizar" residuos.

La división de la población genera diariamente pérdidas de infinidad de horas de trabajo ya que las barreras están más tiempo bajadas que dejando circular a los numerosos vehículos, tanto industriales como particulares, lo cual representa importantísimas pérdidas económicas, en horas de trabajo, energía, polución y salud. Respecto a la seguridad, cabe lamentar la astronómica cifra de 158 muertos en accidentes ferroviarios.

El lógico aumento de circulación ferroviaria derivará en una mayor pérdida de movilidad, con la consiguiente paralización no solo del núcleo urbano sino de las comunicaciones entre las diferentes vías de comunicación de tráfico rodado, dificultando el enlace entre los distintos barrios y con las poblaciones vecinas.

La consecución de este proyecto es de vital importancia para la población, clave para su desarrollo futuro, con un coste económico muy inferior al ahorro que de él se deriva en horas de trabajo, energía, polución, salud y -sobre todo- muertes.

El soterramiento de la línea de cercanías de Francia es una reivindicación histórica de Montcada i Reixac.

La problemática del trazado de la línea de Francia a su paso por Montcada i Reixac viene de tiempo allá,


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tanto tiempo como años hace que se construyó esta línea ferroviaria (a principios del siglo XX). Y la reivindicación de su soterramiento ha unido a toda su ciudadanía y representantes, en una lucha que lleva más de 30 años, jalonados de compromisos incumplidos hasta la fecha por las administraciones responsables.

En los años de la transición, las reclamaciones vecinales fueron canalizadas por el Gobierno municipal de turno en unos proyectos que pretendían la eliminación de los pasos a nivel (barreras) para unos pasos subterráneos para el tráfico rodado y peatonal. Más tarde, y con motivo de iniciarse el proyecto del TAV, hoy AVE, se desestimaron estas propuestas ante la meta, que parecía inminente, del proyecto de paso subterráneo de esta línea de gran velocidad por Montcada y que favoreció que se iniciaran las gestiones municipales oportunas para conseguir el soterramiento de la línea convencional aprovechando el soterramiento incuestionable de la citada línea del AVE.

Estas gestiones municipales se concretaron, en la legislatura de 1987-1991, en compromisos arrancados tanto por el Gobierno municipal como por la oposición con las administraciones públicas -Generalitat y Fomento- para que aceptara el soterramiento conjunto de las dos líneas.

Estos compromisos se materializaron en la redacción de un estudio informativo incluyendo sus pertinentes planos, el año 1998, cuando se preveía el soterramiento de las dos líneas hasta pasado el río Ripoll. La solución técnica que acompañaba al estudio informativo preveía una curvatura de línea para salvar los pilares de la autopista y el río, que más tarde, cuando fue revisado este estudio -años 2002/2003-, lo hacían inviable técnicamente. Hay que mencionar que este estudio informativo fue aprobado por resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras el 30 de agosto de 2000.

En el periodo 2000 hasta los años 2002/2003 se intentó, sin éxito por el Gobierno municipal, gestionar con Fomento un nuevo diseño de ambos proyectos de soterramiento.

Y es a partir de estos años 2002/2003 cuando se recondujeron las conversaciones con Fomento y se conoció la inviabilidad técnica del estudio informativo realizado en 1998 y aprobado en 2000.

En los años que siguieron a estas conversaciones -es decir, 2003-2005- se estuvo trabajando en lo que finalmente se convirtió en el proyecto de Fomento de soterramiento parcial, también llamado el del "muro", que preveía la salida a superficie del tren de cercanías en la parada de la estación de Francia actual y salvaba el río Ripoll mediante el actual puente ferroviario. Para poder hacerlo era necesario que la salida a cielo abierto fuera acompañada de este "muro" que dividía el centro de Montcada. Cabe decir que en estos años de conversaciones también se modificó la propuesta de soterramiento de cercanías en el aspecto de incluir el soterramiento en el tramo del barrio de Can Sant Joan.

Esta incertidumbre respecto al futuro de esta obra importantísima para Montcada, con el riesgo de quedar dividida en su centro histórico por un muro que la fragmentaría irremisiblemente, motivó una importantísima movilización ciudadana, que se tradujo en la creación, en enero de 2006, de la Plataforma ciudadana "Tracte Just, Soterrament total ja".

Esta plataforma ciudadana, a la que se adhirieron más de setenta entidades locales, consiguió un importantísimo apoyo social, hasta el punto de recoger 12.000 firmas, ha realizado manifestaciones multitudinarias (3.000 y 2.500 participantes) y diferentes actos públicos con una gran participación vecinal.

La presión popular y el posicionamiento unánime de todos los representantes políticos, dio como resultado que el secretario de Estado de Infraestructuras aceptara iniciar un nuevo proyecto para el soterramiento total de la línea convencional hasta pasado el río Ripoll. Pero como se trataba de un nuevo proyecto, estaría sujeto a cumplir todos los trámites legales previstos para el sector ferroviario y ambientales preceptivos, aunque añadía que "y que nuestra voluntad es que se desarrollen en el menor plazo posible [... ] las obras del AVE deberán comenzar inmediatamente [...] las obras de soterramiento del ferrocarril convencional empezaran necesariamente con posterioridad [...] una vez esté redactado el nuevo proyecto ".

Asimismo, y tras diversos encuentros con los parlamentarios representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el municipio, se conoció [a noticia de la aprobación por la Comisión de Fomento del Congreso de Diputados de la resolución en la que se instaba al Gobierno del Estado a iniciar los trámites para la redacción del proyecto de soterramiento total de la línea convencional a su paso por Montcada, en el tiempo más corto posible y, en todo caso, antes de seis meses (BOE 1 de junio de 2006).

Contactos posteriores entre el Gobierno municipal, Fomento y representantes de la plataforma ciudadana parecían indicar que los plazos inicialmente indicados de 43 meses se reducirían significativamente, pero fue en el encuentro informativo del representante de Fomento, el Sr. Prat, el 6 de julio de 2006, donde confirmó los plazos mínimos indispensables para poder cumplir las exigencias legales previstas por los proyectos del sector ferroviario y ambientales que se precisan y que, yendo todo muy bien, podrían iniciarse las obras a finales de 2009 o a principios de 2010 con una previsión de finalización a los dos años o dos años y medio.

A pesar de que el Ministerio de Fomento mantuvo la previsión de inicio de las obras para el 2010 hasta inicios de ese año, desgraciadamente a mediados de 2010 la situación de crisis general fue argumentada por el Gobierno del Estado para recortar los presupuestos para el ejercicio 2011 con lo que el soterramiento corría el serio riesgo de retrasarse nuevamente. Sin embargo, el 28 de octubre de 2010, el Ministerio anunció, a través del secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras,


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Víctor Morlán, que, a pesar de la situación de crisis, el proyecto de soterramiento no se dejaría caer, que se dividirá en 5 fases con un importe de 75 millones de euros cada una, lo que permitirla su incorporación a los presupuestos de 2012 hasta el 2015.

En septiembre de 2011, el Ministerio de Fomento finalizó y presento el proyecto constructivo de la primera fase de las cinco en que se ha dividido las obras de soterramiento de la Línea de Portbou. El primer proyecto constructivo contempla el tramo entre Vallbona y la Avinguda de la Unitat. A finales de octubre, se recibió el segundo, comprendido entre la Avinguda de la Ribera, a la altura del puente sobre el río Ripoll y la calle Torrent de Can Payá, en el polígono del Pla d'en Coll, donde se acaba el ámbito del proyecto.

El tercer y último proyecto constructivo correspondiente al soterramiento de la línea de Potbou a su paso por Montcada se presentó en noviembre de 2011. Se trata del segundo tramo de los tres en que se dividió los trabajos para la ciudad y que comprende los terrenos existentes entre la Avinguda de la Unitat -a la altura de los antiguos terrenos de la empresa Valentine- y la avenida de la Ribera, a la altura del puente de hierro sobre el río Ripoll. Este proyecto incluye la construcción de una estación soterrada.

A día de hoy, con el proyecto definitivamente aprobado, urge dotarlo presupuestariamente para poderse definitivamente llevar a cabo después de tantos años de luchas y sufrimientos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

- Destinar inmediatamente una partida presupuestaria de 75 millones de euros para llevar a cabo la ejecución de la primera fase del proyecto de soterramiento de la línea convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de la Avinguda de la Unitat con el Carrer Leonor."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para acelerar el inicio de las obras de soterramiento de las líneas de ferrocarril a su paso por L'Hospitalet de Llobregat.

Antecedentes

La ciudad de L'Hospitalet de Llobregat forma parte del área metropolitana de Barcelona y es la segunda ciudad de Catalunya, en número de habitantes, con más de 250.000 residentes.

El municipio de L'Hospitalet de Llobregat es cruzado por dos líneas ferrocarril de ancho ibérico en superficie, concretamente la línea que comunica Barcelona con Vilafranca del Penedès y la línea que pasa por la costa y conecta Barcelona con Vilanova i la Geltrú.

Los trazados de las dos líneas del ferrocarril han marcado el desarrollo urbanístico de la ciudad, haciendo que los barrios que están separadas por las vías del tren tengan dinámicas de desarrollo propias y no de conjunto, Además de imposibilitar la reforma de la Gran Vía hasta el Riu Llobregat y el desarrollo del Parc Sanitari i Científic Biopol.

Pero el principal inconveniente es que las vías de ferrocarril dificultan la comunicación de los barrios y ponen en dificultad a las personas que quieren ir de un barrio al otro con normalidad impidiendo una vida normalizada en la ciudad.

Con el soterramiento, L'Hospitalet de Llobregat ganará unas 10 hectáreas de zona verde situadas en el centro del municipio y permitirá religar la ciudad con nuevos ejes de comunicación. Además también está prevista una transformación urbanística de la zona industrial situada al lado de las vías con la construcción de 6.500 viviendas, una parte importante de las cuales destinadas a viviendas de protección oficial.

El soterramiento de las líneas de ferrocarril tiene el apoyo de toda la ciudad, tanto de los distintos grupos políticos, como de las asociaciones de vecinos y de numerosas entidades agrupadas a través de la plataforma "L'Hospitalet sense vies".

Los primeros estudios para el soterramiento de las líneas de ferrocarril se remontan en el año 1995; pero es con el anuncio del estudio informativo del tramo entre Barcelona y Martorell del tren de alta velocidad, en el año 1998 por parte del Ministerio de Fomento, cuando las reivindicaciones cogen más fuerza al confirmarse que dicho trazado discurre por el mismo eje que la línea de Vilanova y la Geltrú.

En el año 2001, después de varias negociaciones, se firmó un protocolo de colaboración entre l'Ajuntament de Llobregat y el Gobierno Central para el soterramiento de la línea de Vilanova y la Geltrú, entre el carrer Ciéncies y el Intercanviador de la Torrassa, así como el soterramiento de la línea de Vilafranca del Penedès


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entre el Intercanviador de la Torrassa y el puente de la estación de Rodalies de L'Hospitalet.

Desde entonces y a pesar de que las primeras previsiones apuntaban que el soterramiento de la línea de Vilanova y la Geltrú sería una realidad en 2011, una vez el tren de alta velocidad hubiese llegado a Barcelona, los trenes de cercanías todavía siguen circulando en superficie.

Actualmente el proyecto constructivo del soterramiento de la línea de Vilanova i la Geltrú y el Intercanviador de la Torrassa ya hace más de un año que ha finalizado, mientras que el de la línea de Vilafranca se encuentra en una fase más retrasada.

En Julio de 2010 el Gobierno anunció el aplazamiento de las obras de soterramiento en L'Hospitalet de Llobregat.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la aprobación de los proyectos constructivos y las licitaciones de las obras de soterramiento de la línea ferroviaria Barcelona-Vilanova i la Geltrú en el término municipal de L'Hospitalet de Llobregat y del Intercanviador de la Torrassa, así como avanzar en el soterramiento de la línea férrea Barcelona-Vilafranca del Penedès a su paso por L'Hospitalet de Llobregat."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión en el Corredor Ferroviario Mediterráneo del trazado por el litoral de Andalucía, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Unión Europea el pasado 19 de octubre aprobó inicialmente priorizar, entre otros, el corredor ferroviario de mercancías por el litoral mediterráneo desde Portbou a Algeciras. Esta decisión defendida por el Gobierno de España en base al estudio técnico que el Ministro Blanco presentó en Barcelona el 16 de marzo de 2011 ha sido acogida muy favorablemente por las cuatro Comunidades Autónomas afectadas (Cataluña; Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía) que consideran este trazado de especial relevancia estratégica. Efectivamente en los 1300 kilómetros de su trazado el Corredor Ferroviario Mediterráneo dará servicio y potenciará la economía de casi la mitad de la población española que genera el 40% del PIB. A lo largo de su trazado se localizan cinco de las diez áreas metropolitanas más importantes de España y se ubican importantes nodos y centros de transporte de mercancías, conectando los puertos de mayor actividad de la Península Ibérica, líderes en tráfico de mercancías en el Mediterráneo.

El Corredor Mediterráneo propuesto inicialmente por la Comisión de la Unión Europea debe ser aprobado todavía por el Parlamento Europeo y el Consejo y requiere un compromiso cierto del Gobierno de España que debe asegurar la inversión económica que le corresponde para tener finalizado totalmente los tramos prioritarios en 2030 y en funcionamiento los ejes principales en 2020.

El Corredor Mediterráneo que la Comisión ha aprobado opta a partir de su llegada a Andalucía, desde Almería, por un trazado interior por Guadix, Granada, Loja y Antequera, desde donde se dirige hasta Sevilla y Algeciras, compartiendo trazado con el Corredor Central. Se deja en esta opción aprobada el trazado, también propuesto por el estudio del Ministerio de Fomento, por el mismo litoral, uniendo los puertos de Almería, Motril y Málaga con el de Algeciras.

El abandono de la opción litoral del Corredor Mediterráneo por Andalucía ha sido fuertemente contestada por los alcaldes de las poblaciones costeras andaluzas y por las fuerzas políticas de todo signo, que aun reconociendo las ventajas que supone finalmente que el Corredor pase por el interior de Andalucía, exigían asimismo el trazado litoral. Corregir esta decisión, incluyendo el trazado litoral del Corredor Mediterráneo, exige de inmediato que se inicie el proceso de negociación y enmiendas ante el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y contar para ello con el apoyo del Congreso de los Diputados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Manifiesta su posición favorable al acuerdo de la Comisión europea sobre el Corredor Ferroviario Mediterráneo desde Portbou a Algeciras e insta al Gobierno de España que mantenga su apoyo al trazado y aporte de manera inmediata las partidas presupuestarias necesarias para llevarlo a cabo antes del 2020.

2. Insta al Gobierno de España a que presente resoluciones motivadas ante las autoridades europeas para que el trazado del Corredor Mediterráneo por Andalucía incluya asimismo el litoral, asegurando una


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buena conexión por ferrocarril a los Puertos de Interés General del Estado de Málaga y Motril."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Elvira Ramón Utrabo y José Martínez Olmos, Diputados.-María Carmen Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000228

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un nudo de enlace con la ciudad de Montilla desde la A-45, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La ciudad de Montilla, en la provincia de Córdoba, con una población de 24.000 habitantes, no dispone de enlace directo a la autovía A-45. Dada la lejanía de los enlaces más próximos a este municipio, se provocan problemas ocasionados por el trasvase de intensidades de circulación hacia la N-331, con una considerable congestión de tráfico en la entrada de la ciudad. La demanda ciudadana sobre esta conexión es muy considerable dados los problemas de circulación y accesibilidad que se están provocando. En las cercanías del pretendido enlace, se ubica la principal zona industrial de Montilla, el Polígono de los Llanos de Jarata, lo que potenciaría la eliminación de circulación pesada a través de la N-331 actual.

Este enlace potenciaría no solo la conexión viaria con la localidad de Montilla, sino también con Montalbán de Córdoba, lo que supondría una mejora en la conexión intermunicipal del territorio.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"Instar al Gobierno a que lleve a cabo un nudo de enlace en el municipio de Montilla (Córdoba) desde la A-45 en su intersección con la carretera de Montilla-Montalbán C-4207."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-María Carmen Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto de cubrimiento del trazado ferroviario de la Robla en Burtzeña, barrio del municipio de Barakaldo en Bizkaia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El municipio de Barakaldo, en Bizkaia, ha sufrido en los últimos años una gran transformación urbanística gracias a las distintas inversiones que se han venido realizando para tal fin.

Sin embargo, el destino de estas inversiones no ha sido equitativo para todos los barrios que componen el municipio. Y, por tanto, la citada transformación urbanística no ha sido igual para todos.

Uno de los grandes olvidados ha sido y sigue siendo el barrio de Burtzeña. Un barrio castigado durante años y al que se le ha privado, entre otros, del uso del autobús municipal.

El barrio de Burtzeña sufre la degradación tanto medioambiental como urbanística derivada de su situación en la ribera del cauce fluvial del río Kadagua. A esto hay que sumarle, entre otros, la presencia de varias industrias obsoletas, la ausencia casi total de espacios públicos o parques, y el déficit de aparcamientos; esta última, una de las carencias más denunciadas por los vecinos.

En 1999 técnicos municipales hicieron una propuesta de aparcamiento para los residentes en la calle Zubileta, junto a su intersección con la carretera Bilbao-Santurtzi. Dos años más tarde, en 2001, el Ayuntamiento contrató un "Estudio de viabilidad y anteproyecto de aparcamiento y plaza en cubrición tramo La Robla en Burtzeña".

Con este estudio quedó en evidencia la viabilidad de llevar a cabo la cubrición de las vías de FEVE en la calle Zubileta y, al mismo tiempo, aprovechar para construir tanto un parking como un nuevo espacio o plaza en superficie que pueda ser disfrutada por los vecinos de Burtzeña. En aquel estudio, elaborado hace más de diez años, se conseguía habilitar 86 plazas de aparcamiento en los dos espacios proyectados para el parking.

En definitiva, con ese proyecto se daba solución a varias de las reivindicaciones más repetidas por los vecinos.

Sin embargo, desde entonces, nada más se ha sabido del citado proyecto.


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Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"Acordar y convenir, junto al Ayuntamiento de Barakaldo, las fórmulas que hagan realidad el proyecto de cubrición del trazado ferroviario de la Robla en Burtzeña.

Dicho proyecto, entre otros, deberá contemplar los siguientes aspectos:

- Una regeneración urbanística y medioambiental en la zona.

- Poner fin al impacto visual en el entorno.

- Generar aparcamientos y una plaza o espacio público en superficie que puedan ser disfrutados por los vecinos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el soterramiento de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Montcada i Reixac es la puerta norte de entrada a Barcelona. Su situación estratégica, unida a su peculiar orografía, situada entre la Serralada de Marina y el Parque Natural de Coliserola, y dividida por los cauces de los ríos Besós y Ripoil, provoca que la atraviesen dos autopistas, C58 y C33, dos carreteras Nacionales, C17 y N150, y cuatro líneas férreas, entre ellas la Línea de Alta Velocidad, soterrada, en fase de ejecución.

La relación de Montcada i Reixac con el ferrocarril es histórica e intensa, no en vano alberga hasta seis estaciones ferroviarias, hecho que, teniendo en cuenta que se trata de un municipio de poco más de 34.000 habitantes, la convierte un una de las poblaciones del Estado con una ratio más elevada de estaciones por habitante.

Montcada i Reixac es una ciudad que empieza a recuperarse de la amalgama de infraestructuras que en el último siglo se han ido implantando en su territorio. Se siente cómoda en su posición de ciudad estratégica desde el punto de vista de las comunicaciones, pero trabaja duro desde hace muchos años para profundizar en la integración urbana de estas vías de comunicación que tanto bien hacen para Barcelona, para Catalunya y para el Estado en general.

Respecto a la línea férrea R2, antigua C2, que conecta Barcelona y Portbou, divide en dos el núcleo urbano de Montcada i Reixac a lo largo de 4 km. Esta partición de la ciudad condiciona y mucho su desarrollo como ciudad y el día a día de todos sus habitantes. Con dos pasos elevados en pleno centro urbano y una elevada frecuencia de ferrocarriles, Montcada i Reixac lleva más de cien años sufriendo las consecuencias de su condición de ciudad garante de las comunicaciones entre municipios y comarcas.

Por todo ello, ya en los años 90 se empezaron a entablar conversaciones entre los responsables políticos del ayuntamiento montcadense con el Ministerio de Fomento, con la finalidad de analizar conjuntamente el futuro de la vía y trabajar para su integración urbana.

Después de muchos años de intensas negociaciones en las que también participó la Generalitat de Catalunya, se llegó a un entendimiento plasmado en la firma del convenio de 20 de noviembre de 2007, mediante el cual Ministerio de Fomento, ADIF, Generalitat y Ayuntamiento de Montcada i Reixac acordaban el soterramiento total de la línea férrea, a su paso por este municipio, ligando su ejecución, tanto en el tiempo como en el espacio, a las obras de construcción del túnel de la Línea de Alta Velocidad, cuyos trabajos se iniciaban justamente en aquellas fechas y que a día de hoy están muy cercanos a su finalización.

En cumplimiento de aquel convenio, la Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras aprobó inicialmente el proyecto básico del soterramiento, en enero de 2010, siendo aprobado definitivamente en octubre de ese mismo año.

Posteriormente, debido a las características técnicas establecidas en dicho proyecto básico se acordó (a propuesta de la alcaldesa de Montcada i Reixac) dividir el proyecto básico en cinco proyectos constructivos, cuatro de los cuales afectaban directamente al municipio, con la finalidad de hacer viable la ejecución de los compromisos adquiridos en el convenio de noviembre de 2007 y poder así establecer un calendario asumible por todas las partes.

A día de hoy, se ha cumplido con el compromiso relativo a la aprobación de los proyectos constructivos, 3 en total, que afectan a Montcada y Reixac, razón por la cual se está en disposición de iniciar el proceso de licitación y posterior adjudicación para la ejecución del primero de dichos proyectos


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar y adjudicar, dentro del primer semestre de 2012, el proyecto de construcción de la plataforma de la línea férrea Barcelona-Portbou, tramo Vallbona-Montcada i Reixac (Carrer de Castelladral-Avinguda de l'Unitat)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/000223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley instando al Gobierno a rectificar el cambio sorpresivo de los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, mediante la Orden RCD/191/2012, de 6 de febrero, ha cambiado sorpresiva, innecesaria y dañinamente los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El cambio del temario de las oposiciones de profesores por parte del nuevo Gobierno de la Nación, a cuatro meses del inicio de los procesos selectivos, ha desatado la protesta e indignación unánime de decenas de miles de opositores. De hecho, aspirantes de todas las especialidades de Educación Secundaria y Formación Profesional han convocado concentraciones de protesta ante las delegaciones provinciales de Educación a través de las redes sociales.

Efectivamente, se estiman en unas 60.000 las personas que, con estas oposiciones, buscan un futuro laboral en estos difíciles tiempos de crisis y paro.

La decisión supone un quebranto económico (el precio de los temarios y de la preparación oscila entre los 165 y los 200 euros al mes) y la pérdida de varios meses de estudio en los que han venido preparándose a raíz de la publicación en noviembre de 2011 de los temarios ahora derogados y vigentes desde enero.

Ahora, a cuatro meses vista del inicio del proceso selectivo, se restablecen los de 1993 y 1996, de hace 19 años, que obedecen a criterios de la LOCE, la ley que el PP aprobó con la ministra Pilar del Castillo sin ningún consenso, hasta la frontera de 2007. Parece que el afán por borrar todo lo que se ha hecho hasta ahora por el Gobierno anterior, lleva incluso a estos absurdos de volver a temarios de hace 20 años.

Todo indica que el Ministro de Educación inicia una caza de brujas y sospecha que tras los temarios de Matemáticas, Lengua o Tecnología también se esconde una intención de adoctrinamiento ideológico y sobre temas controvertidos, por lo que ha dado orden para cambiarlos y volver a temarios de antes de la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de la actual sociedad del conocimiento.

Es la primera vez en los últimos 30 años que un Ministerio de Educación cambia los temarios de las oposiciones unilateralmente, sin consultar a las Comunidades Autónomas.

Esta reforma sorpresiva, a cuatro meses de las oposiciones y sin haber convocado la mesa de educación, se añade a la ya larga cadena de improvisaciones y medidas precipitadas que ha emprendido el equipo ministerial del ministro, que no dijo nada sobre este cambio en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de enero con los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, ni en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el 31 de enero de 2012. La decisión es tanto más sorprendente tras las reiteradas declaraciones de Wert de su supuesta disposición a la negociación, el diálogo y el acuerdo.

El cambio de temarios puede ser interpretado como una maniobra política contra las Comunidades Autónomas que han convocado oposiciones, en represalia por haberlas convocado, lo que supondría un acto de coacción, coherente con las advertencias que el ministro lanzó a los responsables autonómicos para que se replantearan la convocatoria de oposiciones.

Efectivamente, la Consejería de Educación de Andalucía ha convocado 2.389 plazas. Los Gobiernos de Canarias y Madrid también negocian la posibilidad de convocar plazas ateniéndose al decreto del ajuste presentado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre de 2011 que impide reponer en 2012 más del 10% de las jubilaciones.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar la orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se cambian los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de


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Educación, y a restablecer los temarios vigentes desde noviembre de 2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre revocación de la Orden por la que se derogan los temarios de aplicación en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Motivación

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, aprobó el Reglamento general de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, que establece como bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, las reguladas por la propia ley orgánica y la normativa que la desarrolle para el ingreso y la movilidad entre los cuerpos docentes.

De acuerdo con estas normas, el Gobierno debía aprobar los temarios para los diferentes cuerpos y especialidades, sustituyendo a los que estaban en vigor, la mayoría desde 1993.

El 15 de noviembre de 2011, previos los trámites preceptivos, incluida la consulta previa con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Educación dictó tres Órdenes ministeriales estableciendo los nuevos temarios de aplicación en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros, en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, dando así cumplimiento a las previsiones legales y reglamentarias citadas.

El 7 de febrero, el "Boletín Oficial del Estado" ha publicado una Orden del Ministerio de Educación por la que se vuelve a declarar de aplicación los temarios que habían sido sustituidos tres meses antes y se derogan las Órdenes Ministeriales que habían aprobado los nuevos temarios.

Según esta nueva Orden, entre los factores tenidos en cuenta para adoptar esta decisión se encuentra la recomendación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de no convocar procesos selectivos durante este año. Se trata efectivamente de una decisión adoptada para enmendar a las administraciones educativas que decidieron convocar oposiciones de ingreso a los cuerpos docentes, y ello a pesar para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no se aplica la tasa de reposición "cero" vigente para la mayoría de la Administración.

La modificación, o mejor, la involución en el contenido de los temarios, ya que se vuelve a unos contenidos en los que ni siquiera se contempla la realidad de las nuevas tecnologías e internet, se ha llevado a cabo sin consultar a las Comunidades Autónomas, a pesar de que recientemente se celebró una Conferencia Sectorial de Educación. Por el contrario, estas administraciones educativas sí participaron en el proceso de aprobación de los temarios de noviembre, que también habían sido acordados con el sector educativo y las organizaciones sindicales.

También perjudica esta decisión, y gravemente, a los más de 60.000 opositores que han invertido su dinero en la adquisición de los temarios y que llevan preparando durante varios meses las oposiciones.

Finalmente, tampoco creyó oportuno el Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunciar esta relevante decisión una semana antes a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero, cuando compareció ante esta Cámara precisamente para informar de las líneas generales de la política de su Departamento y manifestó su pretendida voluntad y disposición para "un fluido diálogo entre el ministerio y todos los grupos parlamentarios".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revocar la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, y

2. No proceder a la aprobación de nuevos temarios sin tener en cuenta la consulta a las Comunidades Autónomas, el diálogo con las organizaciones sindicales y los demás sectores afectados y el cumplimiento del resto de trámites preceptivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000224

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el personal docente investigador, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

En las enseñanzas universitarias de carácter público existe un régimen funcionarial y otro de personal contratado que incluyen diversas figuras.

Así lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades -LOMLOU- "El personal docente e investigador -PDI- de las universidades públicas estará compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado".

Por lo que respeta al régimen funcionarial, la LOMLOU en el artículo 56 establece los siguientes cuerpos docentes: catedrático de universidad y profesor titular de universidad. Para el acceso al cuerpo de docentes bajo el régimen funcionarial las universidades convocan periódicamente concursos para el acceso a las plazas, previa acreditación del personal.

Con respecto al personal contratado bajo el régimen laboral, el artículo 48 de la LOMLOU establece las siguientes modalidades: profesor ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante, con distintas denominaciones según la comunidad autónoma. El tipo de contratación varía en función de las figuras así para los profesores ayudantes y los profesores ayudantes doctores el contrato será temporal con una duración de entre 1 y 5 años, en el caso del profesor contratado doctor será un contrato indefinido y en el caso del profesor asociado será temporal y su duración trimestral, semestral o anual, pudiéndose renovar por periodos de igual duración. El artículo 48.3 también establece que la contratación de personal docente e investigador, excepto la figura de Profesor Visitante, se hará mediante concurso público.

En nuestras universidades públicas coexisten por tanto dos regímenes de personal docente e investigador con las consecuentes dificultades de gestión, el funcionarial o estatutario y el laboral. El PDI contratado se encuentra supeditado a las figuras de personal docente universitario, convirtiéndose a menudo en un auténtico vía crucis por él obligatoriamente se debe de transitar para optar a una plaza con carácter permanente.

A la ya compleja contratación de nuestras universidades públicas se le añade para este año un nuevo obstáculo. El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público establece para el año 2012 una tasa de reposición del personal de toda administración pública del 0%, exceptuando a los funcionarios docentes no universitarios, a las plazas de hospitales y centros sanitarios, a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad y a los responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral que tendrán una tasa de reposición del 10%.

Se excluye por tanto al personal docente investigador -PDI- como servicio público prioritario. Al margen de entrar en discrepancia sobre esta exclusión, cabe destacar que resulta especialmente injusta pues no atiende a las especificidades de la contratación de las universidades públicas establecida en la LOMLOU, donde la tasa de reposición no afecta principalmente a puestos de trabajo de personas que se jubilan o cesan en su actividad, sino a personas que siguiendo su carrera docente tal y como establece la LOMLOU se encuentran en estos momentos con contratos temporales de duración determinada.

La aplicación para este año 2012 de ambas regulaciones, el sistema de contratación previsto en la LOU y el Real Decreto, conduce a una situación dramática como la congelación de los concursos para la promoción y estabilización de los PDI contratados no permanentes y por tanto la no continuidad de aquellos cuyo contrato finalice en el presente año.

Además de la pérdida de puestos de trabajo, la no convocatoria de plazas de profesorado permanente comportará de facto perder la inversión en formación que el Estado ha realizado sobre estas personas que durante cinco años se han dedicado en exclusiva a la docencia y a la investigación, la fuga de capital humano y dificultará el relevo generacional tan necesario en estas instituciones. En definitiva, los hemos formado para, ahora, obligarles a irse.

Por todo ello, y atendiendo a las peculiaridades de las universidades públicas, se propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la continuidad de los contratos del personal docente investigador no permanente que finalicen en el presente año."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000207

A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate ante esta Comisión.

Exposición de motivos

El Consejo de Ministros del recién constituido Gobierno de España aprobó, el pasado 30 de diciembre de 2011, una serie de "Medidas Urgentes de Orden Económico y Social" y de corrección del déficit público, con el fin de reducir el gasto y cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad. Entre las catorce medidas de reducción del gasto acordadas, se incluye la relativa a la "Eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón".

Esta decisión supone la eliminación de los conocidos como "Fondos Mineros", resultado del esfuerzo de diálogo y consenso, en defensa de las comarcas mineras de Asturias, desarrollado entre los sindicatos y el Gobierno de José María Aznar, y que se concretó en el Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 1998-2005 y en el posterior Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2006-2012.

Los Fondos Mineros nacieron, precisamente, para impulsar la reestructuración y recuperación económica en los territorios donde se han cerrado explotaciones mineras o donde se ha producido una disminución de la actividad extractiva, que en Asturias afecta a 21 concejos. Su eliminación supone un golpe negativo para los intereses, perspectivas y desarrollo de estos territorios y del Principado de Asturias en su conjunto.

Además, el recorte anunciado por el Gobierno de España contraviene la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico, prevista en el Derecho Comunitario, la Constitución Española y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Afecta y desconoce el Principio de Solidaridad Interterritorial que necesariamente debería de haberse conjugado con el Principio de Estabilidad Presupuestaria, buscando una adecuada garantía entre ambos en condiciones de igualdad.

Asturias es la única Comunidad Autónoma con la población estancada en la última década, con el segundo peor crecimiento del PIB por habitante en el mismo periodo, es la región peor comunicada por sus infraestructuras paralizadas y con la tasa de población activa más baja de España.

Estos datos nos permiten concluir que los efectos inmediatos de la aplicación en Asturias del recorte económico se traducirán en un aumento del paro, y de forma especial en las comarcas mineras, conllevando la pérdida de millones de euros y produciendo una considerable disminución de la actividad económica.

En consecuencia, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.º El cumplimiento en toda su extensión de los acuerdos y cantidades firmadas y pendientes de ambos planes (1998-2005, 2006-2012).

2.º A abandonar sus pretensiones de eliminar la financiación de infraestructuras derivadas por la compensación del cese de actividad en la minería del carbón.

3.º A que remita al Gobierno de Asturias, a la mayor brevedad, las previsiones para 2012 en lo relativo a ayudas para la formación y para proyectos empresariales generadores de empleo, recogidos en el Plan 2006-2012.

4.º Que garantice la firma de la adenda a los convenios que quedaron pendientes de su firma por el anterior Gobierno, por un importe de 185 millones de euros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

El pasado 30 de diciembre el Gobierno tomó la resolución de implantar el almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión se adoptó con numerosas irregularidades administrativas, entre ellas podríamos destacar la no constitución de la nueva Comisión Interministerial (al encontrarse cesada la del Gobierno saliente) a la que hace referencia el punto 1


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del artículo 1 del Real Decreto 775/2006, de 23 de junio, por el que se crea ésta para que establezca los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad, y de su centro tecnológico asociado, así como la elaboración, para su elevación al Gobierno, de una propuesta de posibles emplazamientos candidatos.

En cuanto el criterio esgrimido relacionado con la alta tasa de paro existente para adjudicar su emplazamiento en esta localidad y el volumen de empleo que generaría el informe técnico la situaba en cuarta posición por detrás de Zarra, Ascó y Yebra. El empleo creado en el sector de las energías renovables en Cuenca y Castilla-La Mancha y la nuclear no tienen punto de comparación:

En Cuenca, hasta ahora, la energía nuclear no ha creado ni un solo puesto de trabajo. Es falso que este sector atraiga empresas no relacionadas con el sector nuclear. En el entorno de las instalaciones nucleares no existe ningún tipo de empresas que no estén relacionadas con el sector nuclear. En la región, únicamente los trabajadores de la central de Trillo y los que trabajan en el desmantelamiento de la central de Zorita, pero tanto unos como otros, viven lejos de las instalaciones nucleares y por tanto apenas dejan riqueza o actividad económica en su entorno.

Las cifras de empleo que ha suministrado el ministerio en el periodo de funcionamiento del ATC varían desde 50 a 150 personas (los 300 puestos de trabajo se refieren a los cinco años que duraría su construcción). Pero los puestos fijos serán para personal especializado, que vendrá de fuera y vivirá fuera.

La instalación del ATC supondrá un mazazo para el empleo y enterrar el modelo de desarrollo existente hasta la fecha, basado en las energías renovables, el turismo sostenible y la industria agroalimentaria de calidad.

En cuanto al consenso social, territorial e institucional, no existe. Una amplia mayoría de ciudadanos, colectivos sociales, incluidos los sindicatos mayoritarios, y organizaciones agrarias representativas, han demostrado en la calle, con firmas o alegaciones, su rechazo a este proyecto y su ubicación.

Por último, indicar que la rapidez con la que se quiere empezar a construir el ATC, en el caso de que ya se tenga el proyecto y los trámites oportunos realizados, sólo parece indicar las prisas de las empresas eléctricas por disponer de él ya que así verían facilitada su estrategia de prolongar la vida útil de sus centrales nucleares.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender el procedimiento por el cual se instalará en la localidad conquense de Villar de Cañas el almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC) y supeditar cualquier decisión sobre el almacenamiento de los residuos nucleares a la elaboración e implementación previa y efectiva de un plan ordenado de cierre de las centrales nucleares españolas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Chesús Yuste Cabello y Cayo Lara Moya, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras se reguló mediante el Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Actualmente, tras la finalización del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en julio de 2002, el marco actual en el que se desarrolla el funcionamiento y reestructuración de la minería del carbón es el que está contemplado .en el Reglamento de la Comunidad Europea 1407/2002, del Consejo de 23 de julio de ese año, sobre ayudas estatales a la industria del carbón. Este Reglamento tiene en cuenta entre otros las repercusiones sociales y regionales relacionadas con la reducción de la actividad, la necesidad de mantenimiento como medida de precaución de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso a la reserva y la cobertura de cargas excepcionales no relacionadas con la producción corriente.

Al amparo de este nuevo marco normativo, se inició un proceso de diálogo que concluyó con la firma del nuevo plan estratégico conocido, como Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012. Dicho plan hace referencia a la continuada situación de crisis, a las sucesivas reconversiones y a la histórica dependencia del carbón propia de las comarcas mineras.

Con el objeto de paliar las desventajas competitivas existentes en ella, el plan contempla, entre otras actuaciones, la de reactivar las comarcas mediante inversiones destinadas al desarrollo de infraestructuras, la de


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promocionar y desarrollar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, la de financiar proyectos empresariales generadores de empleo, así como fomentar actuaciones formativas destinadas a incrementar la empleabilidad de las personas residentes en las comarcas mineras.

En relación con el cumplimiento del plan, desde el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, se gestionan las distintas líneas de ayuda de este plan, la regulación europea y el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, junto con el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.

Los beneficiarios de las líneas de desarrollo alternativo son las administraciones regionales, las locales, las entidades sin fines de lucro y las empresas públicas. Estas ayudas derivan de la necesidad de proseguir el proceso de reestructuración y evitar el declive de las zonas mineras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Seguir garantizando, con independencia del número de beneficiarios, el abono y garantía de las prejubilaciones del régimen especial de la minería.

2. Garantizar el abono de aquellos proyectos de infraestructuras que están formalmente comprometidos y vigentes.

3. Elaborar un estudio sobre el grado de inserción laboral de las personas beneficiarias de las ayudas a la formación.

4. Elaborar un estudio sobre las causas por las cuales 179 Convenios han resultado anulados, cancelados o están caducados.

5. Elaborar un estudio sobre las plantillas propias de las empresas mineras y su evolución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Aunque en los últimos años la intención declarada del Gobierno y del Partido Socialista ha sido reducir progresivamente la energía nuclear como mecanismo de suministro energético de nuestro país, declarando el cese de la explotación de las centrales nucleares cuando éstas finalizan su vida útil, y apostar decididamente por las energías renovables, en este periodo transitorio es necesario analizar en profundidad las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares, como puso dramáticamente de manifiesto recientemente el accidente de Fukushima (Japón).

Como consecuencia de ello, en la pasada Legislatura, y a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad, una proposición no de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevara a cabo, antes de que finalizara el año 2011, una serie de estudios en todas las centrales nucleares situadas en España (stress tests) para ver cómo reaccionaban ante situaciones excepcionales que la propia iniciativa parlamentaria se ocupaba de enumerar.

Realizadas estas pruebas en tiempo, el CSN presentó un informe preliminar el 15 de septiembre de 2011. A raíz de la información contenida en el mismo se puede constatar que estas pruebas de resistencia no se han producido en relación con varios supuestos que contemplaba la PNL. En concreto, no se ha tenido en cuenta la respuesta de nuestras instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciber-ataques o frente al impacto de aeronaves y se ha hecho de forma incompleta en relación con los efectos que el cambio climático tiene en estas centrales y su incidencia en los parámetros que han de considerarse en el proceso de diseño de las mismas.

Este Grupo Parlamentario entiende que es necesario cumplir íntegra y satisfactoriamente la PNL aprobada el 20 de abril de 2011.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se lleven a cabo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, en todas las centrales nucleares ubicadas en España, las pruebas de resistencia en los términos unánimemente acordados en la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2011, haciendo cumplir íntegramente lo establecido en esta iniciativa parlamentaria y a que,


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de todo ello, se mantenga debidamente informado al Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Leire Pajín Iraola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Título VIII de la Constitución, "De la Organización Territorial del Estado", se abre con un capítulo primero donde se contemplan los "principios generales". De entre ellos brillan con luz propia el principio de solidaridad que recoge el artículo 138.1 en los siguientes términos: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad" y el principio de igualdad de derechos y deberes del artículo 139.1: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Ambos principios son fiel reflejo del artículo 1.1 de nuestra Norma Fundamental en el que se consagra como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad. A mayor abundamiento, para cerrar la regulación que sobre la materia, aparece en nuestra Norma Jurídica Superior el artículo 149.1.11, que es muy claro al señalar que es competencia exclusiva del Estado "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos".

Sin embargo, y pesar de la claridad con que la Constitución regula el principio de igualdad y solidaridad en lo que afecta a la organización territorial del Estado, o en lo que comúnmente se llama la España de las Autonomías, en estos últimos años estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del mismo, que están produciendo tensiones innecesarias y nada deseables entre diferentes Comunidades Autónomas en materias como la que ahora nos ocupa: la regulación, ordenación y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.

Las últimas legislaturas se han caracterizado por la existencia de diversos conflictos relacionados con el agua: por ejemplo, el protagonizado por la Región de Murcia con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la Comunidad de Aragón o el recurso por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha por la venta de agua del Tajo, que los agricultores de la Comunidad de Madrid habían realizado a los de Murcia, por apuntar sólo algunos casos concretos de la realidad irracional que hoy se está viviendo en nuestro Estado de las Autonomías.

Es constatable un evidente conflicto por un bien escaso como es el agua en nuestro país, por lo que resulta imprescindible que, en el nuevo periodo que se abre en esta legislatura, el Estado acometa las medidas necesarias para garantizar una regulación del uso y disfrute del agua de forma armónica, sin enfrentamientos ni fronteras interiores.

En la actualidad nos encontramos que la regulación básica vigente procede de la Ley de Aguas de 1985, la cual requiere de revisión en algunos principios y aspectos prácticos, entre los cuales cabe señalar el notorio protagonismo de las Comunidades Autónomas, que contrasta frente a la inación y constante pérdida de competencias del Estado, lo cual se ha puesto de manifiesto en toda su crudeza en los nuevos estatutos de autonomía, los cuales parecen ignorar que nos encontramos ante la regulación y gestión de un bien común de todos los españoles, en el cual es fundamental garantizar la gestión integrada y sostenible de este recurso natural, así como acometer una planificación hidrológica nacional en condiciones que, entre otras cuestiones, permita resolver los problemas estructurales mediante un sistema justo y coherente.

La fragmentación de la administración y Gobierno del agua está en la raíz de la gestión incoherente del recurso a nivel nacional. Así, resulta que el Derecho de Aguas en España se encuentra en un punto muy sensible de indefinición, sujeto a considerables presiones políticas y sociales, sin un curso marcado ni una orientación bien definida, por lo que parece oportuno que sea el Estado, que tiene competencias para la regulación básica del medio ambiente y los grandes ríos españoles, quien establezca el marco regulador que necesita este recurso natural, a fin de posibilitar un suministro estable y asegurado de agua a todos los territorios del país, a costes razonables, y en un marco coherente de red nacional de recursos hídricos.

Por todo ello, y tratando de abordar el problema en su raíz y no de una forma coyuntural o provisional, se propone que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, para que sea el Estado el que, según contempla el artículo 9.2 de la Constitución promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remueva los


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obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El agua es un recurso esencial que no puede quedar al arbitrio de los particulares intereses de las Comunidades Autónomas y mucho menos politizar un recurso esencial que debe asumir el Estado, según el artículo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el Estado el único que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como la presente, que precisa, ante todo de eficacia y solidaridad frente a la problemática de un bien tan escaso y necesario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el más breve plazo posible un proyecto de ley orgánica que contemple lo siguiente:

1. Que, ante el nuevo escenario político que se abre con el reciente cambio de Gobierno y el inicio de una nueva legislatura, se procedan a adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a generarse las, por desgracia, recurrentes "batallas" por el agua entre las diversas Comunidades Autónomas, a fin de superarse las gravísimas disfuncionalidades que el actual marco de competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos presenta, para lo cual resulta necesario que sea el Gobierno el que asuma con exclusividad dichas competencias, pues es el Estado el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad entre todos los españoles en un recurso esencial tan necesario como el agua.

2. Todo ello en virtud del artículo 138.1 de la Constitución, que dice expresamente que corresponde al Estado garantizar la realización, no cualquiera, sino efectiva, del principio de solidaridad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/000225

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Es evidente que la cadena agroalimentaria presenta acusados desequilibrios en la capacidad de negociación y de fijación de las condiciones contractuales de sus distintos eslabones desde la producción hasta que el alimento llega a los consumidores, lo cual repercute en un funcionamiento ineficaz de la misma y en un reparto no equitativo del valor añadido, perjudicial para los eslabones más débiles y, a medio plazo, para todos los consumidores.

De todos los agentes que participan en la cadena de valor, son los productores, agricultores y ganaderos, los más débiles y los que más sufren cualquier situación de crisis ya sea por exceso de oferta o por otros motivos como crisis alimentarias, climáticas, etc., si bien la industria también se ve afectada por estos desequilibrios, al estar mucho más atomizada que la distribución. Por ello, es necesario promover iniciativas con un enfoque integral de cadena que busquen soluciones globales para mejorar su eficacia y su equidad en su conjunto.

Todas las instituciones españolas y europeas se han comprometido a desarrollar actuaciones, legislativas y no legislativas, para reequilibrar la cadena y mejorar su funcionamiento.

La propia Comisión Europea publicó la comunicación relativa a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y ha tomado decisiones sectoriales como la que se refiere al sector lácteo y que pretende incrementar el poder de negociación de los productores. Asimismo, está desarrollando un trabajo en profundidad en el Foro de Alto Nivel para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, en el que España participa activamente, cuyo objetivo es impulsar la competitividad, la transparencia, el equilibrio y promover mejores prácticas contractuales y comerciales en el sector agroalimentario europeo.

Durante la pasada legislatura el Gobierno remitió a la Cámara un Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, proyecto que no pudo tramitarse por el adelanto electoral, pero que contaba con el respaldo conjunto y expreso de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas e industria alimentaria. Este proyecto de Ley, cuyo objeto era contribuir a corregir los actuales desequilibrios de la cadena, a repartir equitativamente el valor añadido a lo largo de la misma y a mejorar la vertebración del sector, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores, incluía la regulación de un Código de buenas prácticas comerciales, la modificación de la normativa sobre organizaciones interprofesionales y sobre los contratos tipo agroalimentarios, y el establecimiento de medidas relativas al régimen de contratación agroalimentario.

Gran parte del trabajo de consultas, de participación, de análisis jurídico y de búsqueda de acuerdos está realizado y se trata de una prioridad y una necesidad


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para el sector, por lo que es necesario que el Gobierno también priorice este asunto y lo culmine cuanto antes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria que contribuya a corregir los actuales desequilibrios de la cadena, a repartir equitativamente el valor añadido a lo largo de la misma y a mejorar la vertebración del sector, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores, incluyendo la regulación de un código de buenas prácticas comerciales, la modificación de la normativa sobre organizaciones interprofesionales y sobre los contratos tipo agroalimentarios, y el establecimiento de medidas relativas al régimen de contratación agroalimentario.

2. Promover ante las instituciones europeas una modificación de las reglas de la competencia para que se establezcan excepciones al derecho de competencia comunitario para permitir dotar de instrumentos al sector para el mejor funcionamiento de la cadena, entre ellos, ampliar las funciones de las organizaciones interprofesionales y reforzar el papel de éstas y de las organizaciones de productores, y especialmente la negociación colectiva de contratos en el sector agrario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000226

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cultivo de la fresa en Huelva, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El cultivo de la fresa en Huelva concentra más del 90% de la producción nacional y representa el 35% del total de la Unión Europea. No en vano, referirse al sector fresero onubense implica hablar de más de 245.000 toneladas de fresas al año, de una facturación que supera los 300 millones de euros y de un volumen de empleo que sobrepasa los 60.000 puestos de trabajo. Un cultivo estratégico que da sustento a la economía de muchos municipios de la provincia de Huelva cuya vida gira en torno a la actividad fresera que genera entre cuatro y cuatro millones y medio de jornales al año.

En la actual campaña, las hectáreas destinadas al cultivo de la fresa en la provincia de Huelva ascienden a 6.840. El sector fresero onubense es un ejemplo de agricultura sostenible, que integra sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente, que atiende a criterios de sostenibilidad en el uso de fertilizantes, fitosanitarios y de los recursos hídricos. La agricultura fresera aplica técnicas avanzadas de producción integrada de manera mayoritaria, pues más del 80 por ciento de las hectáreas dedicadas a este cultivo lo hacen siguiendo este sistema de producción. Y, no menos importante, el sector de la fresa ha sabido integrar y gestionar la incorporación de mano de obra extranjera mediante la contratación de trabajadores en origen de manera equilibrada.

A ello hay que añadir el hecho de que la producción fresera, presente en la mayoría de los mercados de Europa, ha incorporado en los últimos años interesantes novedades en toda la cadena de valor fruto de la transferencia de resultados de proyectos de investigación, innovación y de la apuesta por la aplicación de la tecnología más avanzada. Así cabe destacar mejoras de las variedades a cultivar, el uso de la lucha biológica para el control de plagas, nuevas formas de cultivo más sostenibles, de envasado o de comercialización, así como de transformación apostando por abrir nuevos mercados con productos de cuarta y quinta gama o por la promoción de las propiedades funcionales nutricionales de la fresa.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos que ya ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Comercio y que pretende ser aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo del próximo 15 de febrero compromete severamente las perspectivas futuras de nuestro sector fresero.

La constante vulneración del marco comercial vigente hasta el momento que ha perjudicado claramente el sector fresero y al resto del sector hortofrutícola de nuestro país ha dejado en evidencia la falta de mecanismos de control eficaces para garantizar los términos del acuerdo, así como de mecanismos de compensación para resarcir los efectos negativos de la competencia desleal que han supuesto las exportaciones de productos hortofrutícolas marroquíes a la Unión Europea.

La ausencia de medidas correctoras de esta realidad en el nuevo texto del acuerdo, unida a la introducción de novedades en cuanto a la aprobación de nuevos contingentes,


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en el caso de la fresa -3.600 y 1.000 toneladas en abril y mayo- hace temer por que nos encontremos ante una práctica liberalización de la exportación de Marruecos hacia mercados europeos.

Esta regulación altera claramente las reglas de lo que debe ser una competencia equilibrada. La competitividad de la producción fresera en nuestro país no puede verse reducida ante la falta de garantías de la calidad y seguridad alimentaría de la producción procedente de terceros países cuya estructura de costes ya es de por sí mucho más ventajosa para éstos, ni de unas condiciones sociolaborales o medioambientales que cumplan unos estándares mínimamente aceptados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados rechaza el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Marruecos aprobado el pasado mes de enero por la Comisión de Comercio por ser lesivo para la producción fresera onubense, así como para otros muchos productos hortofrutícolas de nuestro país.

2. Instar al Gobierno a actuar ante la Unión Europea al objeto de reforzar los mecanismos de control para evitar que las importaciones de estos productos extracomunitarios tengan lugar sin respetar los estándares de referencia en cuanto a precios de entrada, calendario y contingente, así como las condiciones de seguridad alimentaria, sociolaboral y ambiental que sí se exige a la producción española.

3. Instar al Gobierno a actuar ante la Unión Europea al objeto de que se establezcan las medidas de compensación que, en su caso, sean pertinentes para resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los productores españoles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora y modernización del paseo de la Playa de Poniente de Benidorm, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Benidorm es una ciudad eminentemente turística que necesita de la confluencia de todas las administraciones para completar, mejorar o modernizar sus servicios e infraestructuras, ya que todas las administraciones tienen competencias en ámbitos imprescindibles para conseguir ese objetivo.

Poco antes de las elecciones municipales de 2003 se aprueba un protocolo entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Benidorm para actuar en la fachada litoral de Benidorm, concretamente para hacer un nuevo paseo marítimo en parte de la playa de Poniente. Pese a ello, los Presupuestos Generales del Estado de 2004 no consignaba ni un euro para esta actuación.

Tras las elecciones generales de 2004, el nuevo Gobierno de España se ofreció a asumir el protocolo y la inversión en la fase 1 del paseo de Poniente, siendo el ayuntamiento el que asumía la elaboración del proyecto.

En septiembre de 2005, la Comisión de Medio Ambiente aprobó una PNL al respecto en la que se decía que "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo más breve posible, se alcance un acuerdo que se plasme en un nuevo protocolo para la mejora y modernización del paseo de la Playa de Poniente, en el que se establezcan los criterios medioambientales que debe cumplir el proyecto de ejecución, los plazos de diseño, licitación, ejecución y entrega de obra y el esfuerzo plurianual que deben asumir las diferentes administraciones."

Finalmente, el ayuntamiento y la Generalitat decidió que no era necesaria la colaboración del Gobierno de España para la ejecución de esa obra.

A través de los nuevos instrumentos de financiación autonómica y los correspondientes fondos, el Gobierno de España financia parte de la fase III del paseo de Poniente, que va desde la avenida de la Armada Española al Parque de Elche.

En lo referente a la fase II del paseo de Poniente, que se corresponde con la avenida de Vicente Llorca Alos, fue el propio Gobierno de España el que ofreció asumir la financiación completa de esta nueva actuación y el ayuntamiento se comprometió a elaborar el proyecto, siempre sujeto éste a los criterios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Marino y Rural.

El Gobierno de España mostró públicamente su voluntad de seguir manteniendo en su calendario de inversiones esta nueva actuación, siempre y cuando quedara completado el proyecto de acuerdo con los propios criterios de ministerio.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que una vez el Ayuntamiento de Benidorm entregue el proyecto, se mantenga como prioridad de actuación y


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sea incluida en las previsiones presupuestarias, iniciando lo antes posible la licitación de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Herick Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Gabriel Echávarri Fernández y Federico Buyolo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de las salinas de Calpe, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Las salinas de Calpe es un paraje que ha sufrido y sufre múltiples agresiones, tanto directa como indirectamente. El Gobierno tomó necesarias para preservar el paraje en su estado actual, pese a la constante presión urbanística, al titubeo en su día del ayuntamiento de Calpe y las contradicciones de éste con la Generalitat Valenciana en cuanto a su calificación y, por tanto, la protección directa e indirecta que se debe ejercer.

Los colectivos vecinales y medioambientales han realizado un gran trabajo para la divulgación de las agresiones y para reivindicar un esfuerzo decidido por parte de las diferentes administraciones para la preservación y mejora las salinas de Calpe. El Gobierno mantuvo encuentros con estos colectivos para trasladarle su deseo de garantizar el carácter público y la protección adecuada de las salinas de Calpe.

En este momento el Gobierno sigue defendiendo ante los tribunales el límite marítimo terrestre y el dominio público.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en primer lugar, en el plazo más breve posible, acuerde con la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de Calp un plan integral de actuación en las Salinas de Calpe que suponga garantizar su carácter público y su protección y, además, permita recuperar ese espacio para el uso y disfrute de todos los/as ciudadanos. Dicho plan deberá contemplar también medidas de ordenación del territorio de las administraciones competentes que garanticen su conservación. Y, en segundo lugar, a que mantenga la defensa legal ante los tribunales de este espacio como parte del dominio público marítimo terrestre."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Herick Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Gabriel Echávarri Fernández y Federico Buyolo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000217

A la Mesa del Congreso. de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General del Área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Antecedentes

La Sentencia 178/2011, del Tribunal Constitucional, de 8 de noviembre de 2011 ("BOE" 294, de 7 de diciembre de 2011), en el conflicto positivo de competencia núm. 5250-2005, promovido por la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en representación de su Gobierno, contra la Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de Subvenciones del Área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ha estimado parcialmente la demanda planteada por el Gobierno de la Generalitat y ha declarado que la citada Orden vulnera sus competencias.

Entres sus fundamentos jurídicos se argumenta que el Estado puede intervenir legítimamente, en la materia "asistencia social", aún sin título competencial propio específico o genérico, a través de políticas subvencionales, pero que debe hacerlo de forma limitada. El Estado puede decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a estas materias o sectores en los que no invoca título competencial, pero debe limitar su intervención en dos sentidos: solamente debe determinar el destino de las partidas presupuestarias correspondientes de forma genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad; y los fondos subvencionales


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deben integrarse como un recurso que nutra la Hacienda autonómica, de manera que la asignación de fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos presupuestos generales.

En este sentido, expresa literalmente, que "puede estimarse preferible ciertamente -por ser más acorde y respetuoso con la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas que la Constitución reconoce y garantiza- que en los presupuestos generales del Estado estos fondos aparezcan ya como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades Autónomas, en las correspondiente secciones, servicios y programas de los presupuestos".

Queda claro también que la doctrina sobre el instrumento normativo en el que se han de contener las subvenciones estatales que se instrumenten en materias en las que el Estado ostente la competencia para dictar normas básicas, considera inadecuado que una vez fijado el régimen subvencional básico en norma de rango adecuado -ley o real decreto- se continúe reformulando dichas bases a través de normas de rango inferior.

Y en último lugar, la sentencia ha venido a aclarar de nuevo que en estas materias debe considerarse incluida en la esfera de la competencia estatal, la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencionar, mientras que se debe situar dentro de la competencia autonómica, lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, ya que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que las normas procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común.

Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con la mayor celeridad posible impulse las modificaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, estimando parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 5250-2005, y declarando que la Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de Subvenciones del Área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

La OMS considera que la anticoncepción de urgencia es un recurso fundamental para mejorar la salud reproductiva y considera, asimismo, que es un método seguro, eficaz e inocuo para la salud de la mujer.

El índice de éxito del método mencionado es del 95% durante las primeras veinticuatro horas, tras una relación sexual coital sin protección.

Se debe disponer, por tanto, de una información objetiva y de la necesaria accesibilidad económica, social y sanitaria.

Sólo en un aparte de las Comunidades Autónomas existen protocolos que establecen las pautas de prestación y financiación pública para garantizar la accesibilidad de colectivos como jóvenes, inmigrantes y sectores desfavorecidos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de sus competencias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:

1. Desarrolle una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que contemple la implantación y consolidación efectiva de la educación sexual en los ámbitos educativos y que contemple un mayor contenido de salud sexual y planificación familiar en los programas formativos de los profesionales sanitarios.

2. Promueva la información sobre salud sexual y anticoncepción y en particular de la anticoncepción de urgencia al conjunto de la población.

3. Desarrolle medidas para un acceso equitativo al tratamiento postcoital garantizando la igualdad de oportunidades a través de la red sanitaria, manteniendo, en todo caso, el acceso libre a la píldora del día después.

4. Promueva la elaboración de protocolos que marquen las pautas para la anticoncepción de urgencias, incorporando la cualificación para la preparación de personal médico, de enfermería y farmacéutico.

5. Incorpore mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan conocer el impacto de las estrategias de salud sexual y planificación familiar.


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6. Estudie con las Comunidades Autónomas el avance en la financiación pública de los métodos anticonceptivos de última generación y, en particular, de los anticonceptivos de urgencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate ante esta Comisión.

Exposición de motivos

El Consejo de Ministros del recién constituido Gobierno de España aprobó, el pasado 30 de diciembre de 2011, una serie de "Medidas urgentes de Orden Económico y Social", y de corrección de déficit público, con el fin de reducir el gasto y cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad. Entre las catorce medidas de reducción del gasto acordadas se incluye la relativa al "Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, manteniendo la cobertura a todos los actuales beneficiarios".

La vigente Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, contempla la atención al colectivo de las personas mayores y, en general, de los afectados por las situaciones de dependencia, como un reto ineludible para los poderes públicos estableciendo la necesidad de garantizar a los ciudadanos y a las propias Comunidades Autónomas un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia, definido en la regulación contenida en la mencionada Ley.

A tal efecto, establece varios niveles de protección, entre los que corresponde a la Administración General del Estado definir y garantizar financieramente un mínimo, además de cooperar y financiar en un segundo nivel junto con las Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.

La modificación, operada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, del calendario previsto para la aplicación gradual y progresiva de la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia previsto en la disposición final primera de la ley, supone un importante retroceso del sistema que la propia norma pretendía garantizar, al retrasar su aplicación para nuevos beneficiarios hasta el 1 de enero de 2013.

Contraviene, de este modo, lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley, relativo a la participación de la Administración General del Estado, al señalar que la financiación pública del nivel mínimo de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado. Es contrario, además, al espíritu de varios preceptos de la Constitución Española, artículos 49 y 50 referidos, respectivamente, a la atención especializada que requieran las personas con discapacidad y amparo para el disfrute de los derechos otorgados a todos los ciudadanos, y de garantía de la suficiencia económica a las personas mayores, promoviendo su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos.

Procede señalar, además, que las consecuencias del aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios que supone la medida acordada, incide aún más en los desequilibrios económicos actualmente existentes entre las Comunidades Autónomas, ya que lejos de garantizar la aplicación del principio constitucional de solidaridad interterritorial, que necesariamente debería de haberse conjugado con el Principio de Estabilidad Presupuestaria, buscando una adecuada garantía entre ambos en condiciones de igualdad, lo contraviene.

No podemos olvidar que Asturias es la única Comunidad Autónoma con la población estancada en la última década; con el segundo peor crecimiento del PIB por habitante en el mismo periodo; es la región peor comunicada por sus infraestructuras paralizadas y con la tasa de población activa más baja de España.

Cabe concluir, finalmente, que la medida aprobada por el Consejo de Ministros implica el retraso de los pagos que corresponden por Ley en materia de dependencia, que se acumularían a los derivados de la deuda que el anterior ejecutivo nacional originó, y cuya financiación debería ser suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden.

En consecuencia, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.º Que reconduzca la medida de aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios.


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2.º Que se cumplan los compromisos adquiridos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la colaboración económica estatal en la rehabilitación de la Federació Obrera de Molins de Rei, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El edificio de la Federació Obrera de Molins de Rei fue proyectado por el arquitecto, César Martinell y construido el año 1921 por los fundadores de "l'Associació Obrera", heredera del sindicato "Les Tres Classes de Vapor".

La construcción del edificio es un elemento que se mantiene muy presente en la memoria de la ciudad de Molins de Rei. La ciudadanía actual tienen familiares y antepasados que fueron socios y participaron en la construcción colectiva de la Federació Obrera.

El nuevo edificio de la ciudad sirvió a principios de los años veinte del siglo pasado para albergar la frenética actividad sindical de la época y para ofrecer diversos servicios para los trabajadores, como cooperativa de alimentos, mutualidad y asesoramiento laboral. El edificio también incorporó elementos de carácter lúdico y cultural con una sala de actos, cine, sala de baile y un gran bar-café.

En la década de los años treinta, la Federació Obrera se presentó a las elecciones locales de 1931 y 1935, agrupando a los partidos y fuerzas políticas de izquierda, ganando las elecciones de 1931 y 1934.

Una vez acabada la guerra civil española, las tropas franquistas ocuparon el edificio y el nuevo orden social y político disolvió la Federació Obrera, siendo perseguidos sus dirigentes y socios. El Estado español incautó el edificio a sus socios, legítimos propietarios, y ubicó el Hogar del Productor y la Organización Nacional de Educación y Descanso.

A pesar de lo sucedido, la Federació Obrera continuó siendo un referente importante para Molins de Rei como centro cultural. Por otra parte, también fue sede de la Central Nacional Sindicalista y, tal como sucedió en toda Catalunya, dentro de la estructura sindical franquista surgieron de manera clandestina nuevos movimientos sindicales de izquierda. No es casual que fuera la Federació la entidad que viera nacer Comissions Obreres de Molins de Rei.

Recuperadas las libertades democráticas, el ayuntamiento intentó gestionar que el edificio fuese retornado a sus legítimos dueños, los socios, cosa que no se produjo hasta el año 1998 cuando muchos de los socios fundadores habían ya desaparecido, razón por la cual, éste fue cedido al ayuntamiento con el compromiso de que fuese restaurado y dedicado para usos sociales, culturales y cívicos, aquellos mismos que caracterizaron sus orígenes obreros de principios de los años veinte del siglo pasado.

Transcurridos muchos años, finalmente existe un proyecto ejecutivo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento que conserva el valor patrimonial del edificio modernista y potencia los usos social, cultural y cívico.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

- Comprometer la colaboración económica en el proyecto de rehabilitación del edificio sede de la Federació Obrera de Molins de Rei, para lo cual se consignará la oportuna partida en los próximos Presupuestos Generales del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión de Interior

181/000051

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Pilar Grande Pesquero

Texto:

¿Qué controles han fallado y por qué para que se produjera la llegada de dos pateras de inmigrantes a la isla de Lanzarote en los primeros quince días de este mes de enero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2012.-Pilar Grande Pesquero, Diputada.

Comisión de Economía y Competitividad

181/000032

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Antonio Hurtado Zurera

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno aumentar el apoyo al Ayuntamiento de Córdoba para financiar el proyecto de Centro de Congresos de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.

181/000054

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Antonio Hurtado Zurera

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno aumentar el apoyo al Ayuntamiento de Córdoba para financiar el proyecto de Centro de Congresos de Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000031

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Antonio Hurtado Zurera

Texto:

¿Qué planes tiene el Gobierno para la ejecución de la segunda fase de la variante Oeste de Córdoba, que comunica la Carretera del Aeropuerto con la carretera de Palma del Río?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.

181/000042

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Ha iniciado el Ministerio de Fomento la negociación sobre la estación del AVE de Granada con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y cuándo tiene previsto la firma del acuerdo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000043

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Va a revisar y enmendar el Ministerio de Fomento la decisión de la Comisión Europea sobre los corredores ferroviarios de la Red Transeuropea de Transporte y en qué sentido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.


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181/000044

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento acelerar la tramitación de la línea de alta velocidad Granada-Almería una vez que este trazado ha sido incluido en el Corredor del Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000045

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Qué balance y previsiones tiene el Ministerio de Fomento para la finalización y puesta en servicio de las obras de la línea de alta velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000046

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento enmendar el trazado acordado por la Comisión Europea del Corredor Ferroviario Mediterráneo para incluir el litoral por Motril y Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000047

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Tiene el Ministerio de Fomento previsto continuar con el proyecto de Moneo para la estación del AVE de Granada y contratar el proyecto definitivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000055

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Antonio Hurtado Zurera

Texto:

¿Qué planes tiene el Gobierno para la ejecución de la segunda fase de la variante oeste de Córdoba, que comunica la Carretera del Aeropuerto con la carretera de Palma del Río?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.

181/000064

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Cómo va a afectar a la provincia de Burgos el recorte de 1.000 millones de euros previsto en el Ministerio de Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.


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181/000065

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Cuál es la posición del Ministerio de Fomento sobre el corredor de la N-I en la provincia de Burgos y qué soluciones propone?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000071

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Adquiere el Ministerio de Fomento un compromiso claro y un calendario indicativo para dar acceso a los puertos de Gijón y Avilés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000072

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Va el Ministerio de Fomento a apostar por la llegada del AVE a Asturias, con finalización en Gijón y Oviedo, y por su inclusión en el arco ferroviario europeo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000073

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Cuál es el calendario del Ministerio de Fomento para la llegada del AVE a Asturias, con finalización en Gijón y Oviedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000074

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿En qué plazos estará terminada y lista la red de autopistas del Estado dentro de la Comunidad Autónoma de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000067

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Considera el ministro que la autoridad del profesorado podría verse reforzada si se abordase a partir de una normativa estatal de carácter básico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.


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181/000068

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Considera el ministro prioritario el restablecimiento de las negociaciones y el acuerdo de un calendario para la aprobación definitiva del Estatuto de la Función Pública Docente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000069

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Piensa el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deportes contribuir a hacer posible la formación lingüística del profesorado del Principado de Asturias que imparte o va a impartir su materia en lengua extranjera, teniendo en cuenta que fue congelada por el Ministerio anterior la firma del convenio para desarrollar el Programa PIALE (Apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000070

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Está dispuesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a firmar un convenio de colaboración con el Principado de Asturias para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía de centros educativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/000036

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Qué decisión va a adoptar el Ministerio de Industria sobre la fecha de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000037

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Va a mantener el Gobierno las gestiones iniciadas para la ubicación de un parador de turismo en el municipio burgalés de Oña dentro de las actuaciones previstas en el Plan Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000038

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria

Diputado don Luis Tudanca Fernández


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Texto:

¿Seguirá desarrollando el Gobierno el denominado "Plan Garoña" sea cual sea el futuro de la central nuclear y su fecha de cierre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000039

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Industria publicar la tercera convocatoria de ayudas del Plan REINDUS para la zona de afección de la central de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2012.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000033

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

Recientemente la Xunta de Galicia anunció a los responsables de cuatro comunidades de regantes de la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, su intención de modificar las condiciones del convenio para la modernización de los regadíos en esta zona, firmado el 20 de enero de 2011 entre el Gobierno de España y el Gobierno gallego ¿Ha previsto el Gobierno algún cambio en las condiciones de este convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

181/000034

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a los regadíos en la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

181/000035

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

¿Qué le parece al Gobierno la instalación de una incineradora en el Ayuntamiento ourensano de O Irixo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

181/000040

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revisar la ley que declara a Sierra Nevada como parque nacional y ajustar sus límites, permitiendo la ampliación del dominio esquiable de la estación de esquí?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.


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181/000049

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Contempla el Gobierno dotar al Consejo Regulador de la DOCa Rioja de la naturaleza jurídica de corporación de derecho público y habilitar al servicio habilitado de veedores como órgano de control integrado en dicha corporación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2012.-César Luena López, Diputado.

181/000050

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno dejar sin efecto la Delegación en el Presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja de determinadas competencias sancionadoras de la Administración General del Estado, tal y como recoge la Orden ARM/955/2009, de 14 de abril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2012.-César Luena López, Diputado.

181/000052

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno utilizar como documento base para la elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo el publicado y editado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en septiembre de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000053

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Qué gestiones ha realizado o va a realizar el Gobierno ante la situación de alerta y prealerta declarada en cuatro de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Cabecera, Bajo Tajo-Extremadura, Salor y Tiétar)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000056

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Qué líneas concretas de actuación se verán afectadas y en qué cuantía por el acuerdo de reducción de 211,14 millones de euros del capítulo de transferencias de capital efectuado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000057

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Qué proyectos de inversión y en qué cuantía y plazo se verán afectados por la reducción de 86,01 millones de euros del capítulo de inversiones efectuado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.


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181/000058

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno hacer alguna modificación fiscal en los impuestos que gravan la actividad agroalimentaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000059

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno igualar el IVA de compensación entre agricultores y ganaderos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000060

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Va a aprobar el Gobierno una tarifa especial reducida para la tarifa eléctrica de regadíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000061

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Va a mantener el Gobierno la devolución del impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola como hasta ahora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000062

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿En qué fecha presentará el Gobierno el nuevo plan de regadíos anunciado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000063

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno derogar la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.


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181/000066

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Arantza Tapia Otaegi

Texto:

¿Cuándo y en qué condiciones va a comenzar la negociación del acuerdo pesquero con Gabón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Arantza Tapia Otaegi, Diputada.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/000048

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán

Texto:

¿Cuáles han sido las causas de la desaparición de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el nuevo organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.

Comisión de Cultura

181/000030

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputada doña Ana María Oramas González-Moro

Texto:

¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con respecto a afrontar la puesta en marcha de una verdadera red de museos estatales que supere criterios centralistas y que genere, por primera vez en nuestra historia, un verdadero trabajo conjunto de los principales museos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

181/000041

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Ha sido consultado y tiene criterio formado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el proyecto del Ayuntamiento de Granada de horadar la colina de la Alhambra para instalar elevadores en su interior, de acuerdo con las competencias que le atribuye la Ley del Patrimonio Histórico Español y los organismos internacionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

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