Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Senado, apartado I, núm. 401-2697, de 22/09/2014
cve: BOCG_D_10_401_2697
 





Página 223


I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

(621/000086)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 81


Núm. exp. 121/000081)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 16 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 16 de septiembre de 2014.—Narvay Quintero Castañeda.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 157.1.b

Texto propuesto:

«1. Las entidades de gestión están obligadas:

(…)

b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del




Página 224


usuario, y buscando el junto equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta el menos los siguientes criterios:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario. En particular, en caso de que una determinada tarifa se calcule con base a la audiencia u ocupación a la que se destina un acto de explotación, el cálculo de dicha tarifa deberá realizarse teniendo en cuenta la audiencia u ocupación efectiva y no la audiencia u ocupación potencial de dicho acto.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario. En este sentido, las tarifas que se determinen deberán tener en cuenta si el usuario realiza una explotación que se conecta directamente con la actividad realizada o si, por el contrario, dicha explotación es secundaria o accesoria de la misma.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.

4.º Los ingresos económicos directamente obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma o similar modalidad de utilización.

7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

7.º La naturaleza del derecho de propiedad intelectual cuya explotación se fija en la tarifa y, en particular, si aquél es un derecho de autor o un derecho conexo y si se trata de un derecho exclusivo o de mera remuneración. En particular, en el establecimiento de tarifas para la explotación de derechos conexos deberá tenerse en cuenta la tarifa establecida para la explotación de derechos de autor para el mismo acto de explotación de derechos de autor para el mismo acto de explotación, sin que en ningún caso la primera pueda ser superior a la segunda.

La aplicación de los criterios anteriores no podrá dar lugar en ningún caso a situaciones de doble pago, es decir, aquellas en las que el usuario abone dos cantidades distintas al mismo titular por un mismo acto de explotación de la obra o prestación protegida.

La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción que actualmente recoge el artículo 157.1.b) del Proyecto establece la necesidad, hasta ahora exigida por la jurisprudencia y las autoridades de competencia, de que las tarifas fijadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual sean calculadas teniendo en cuenta el uso efectivo que del repertorio de dichas entidades realizan los usuarios.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 157.1.a)

Texto propuesto:

«1. Las entidades de gestión están obligadas:

a) A negociar y contratar, bajo remuneración, en condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos




Página 225


gestionados, actuando bajo los principios de buena fe y transparencia. La negativa a negociar y contratar deberá detallar el motivo que la justifique y será revisable, a petición del usuario, por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que actuará en su función de arbitraje, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 158.bis.2.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 157.1.a. del Proyecto debería modificarse en línea con la enmienda propuesta, esto es, para exigir a las entidades de gestión la justificación del motivo que les ampare para no contratar con un usuario determinado, motivo cuya adecuación debería poder ser examinada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual a solicitud del propio usuario «rechazado». En este sentido, la obligación que se impone a las entidades de dicho precepto para negociar y contratar «en condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite» será ambigua e ineficaz si no se articula, como se hace en la enmienda propuesta, un sistema de fiscalización a través de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 158 bis

Texto propuesto:

«1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes previa solicitud de una de las partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).




Página 226


Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Sección Primera impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación.

La Sección Primera establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera velará para que el valor de cada uno de los derechos conexos no supere un tercio del valor atribuido al derecho de autor de cada modalidad de explotación ni el conjunto de los derechos conexos el cincuenta por ciento del valor atribuido a los derechos de autor de cada modalidad de explotación.»

…(resto igual)…

JUSTIFICACIÓN

Uno de los vacíos regulatorios más importantes e la vigente Ley de Propiedad Intelectual recae en la total ausencia de control por parte de la Administración Pública de las tarifas aplicables en la explotación de obras y prestaciones protegidas, y que son fijadas unilateralmente por las propias entidades de gestión, lo cual general conocidos y evidentes abusos por parte de éstas y un alto grado de litigiosidad en esta materia (en relación con esto último, es de ver la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 55/2009, de 18 de febrero de 2009, FD.º 7, o la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm 228/2009, de 7 de abril de 2009).

ENMIENDA NÚM. 4

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 162 ter

Texto propuesto:

«1. Las infracciones cometidas por las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad se clasificarán en muy graves, graves y leves.

2. Constituyen infracciones muy graves los siguientes actos:

a) La ineficacia manifiesta y notoria en la administración de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados, circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de forma aislada o individual.

b) El incumplimiento grave y reiterado del artículo 151.2, cuando se realicen, de manera directa o indirecta, actividades que no sean de protección o gestión de los derechos de propiedad intelectual que tengan encomendados, sin perjuicio de la función social y del desarrollo de la oferta digital legal que deben cumplir y de las actividades vinculadas al ámbito cultural de la entidad y sin ánimo de lucro referidas en dicho artículo, siempre que estén previstas en sus estatutos.




Página 227


c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación establecida en el artículo 152 de administrar los derechos de propiedad intelectual que tenga conferidos la entidad de gestión.

d) La puesta de manifiesto de algún hecho que suponga el incumplimiento muy grave de las obligaciones del Título IV.

e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 157.1 a excepción de la letra k), y 157.4.

3. Constituyen infracciones graves los siguientes actos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 153 respecto del contrato de gestión.

b) La aplicación de sistemas, normas y procedimientos de reparto de las cantidades recaudadas de manera arbitraria y no equitativa.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 154 a 156, 157.1 a excepción de las letras b) y k), y 157.4.

d) La resistencia, excusa o negativa, por las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, a la actuación inspectora de las administraciones competentes según lo previsto en esta ley.

e) La inobservancia significativa del procedimiento previsto estatutariamente en relación con las quejas planteadas por los socios de conformidad con lo previsto en el artículo 151.14.

4. Constituyen infracciones leves los siguientes actos:

a) La falta de atención a los requerimientos de las Administraciones Públicas realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 157 bis. Se entiende que se produce falta de atención del requerimiento cuando la entidad de gestión no responda en el plazo de un mes desde que aquél le fue notificado, salvo que medie causa justificada. Las Administraciones Públicas podrán reducir el plazo de un mes por razones debidamente motivadas.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 157.1.k).

c) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales, salvo que deban ser considerados como infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de articular un sistema de incentivos suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades de gestión debería considerarse la agravación de la calificación de las infracciones en línea con la enmienda propuesta, en particular considerando infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 157 del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 20, apartado 2, letra f) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.




Página 228


De modificación.

Texto propuesto:

«Artículo 20. Comunicación pública.

2 Especialmente son actos de comunicación pública:

f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad organismo de radio o de televisión distinto del de origen, de la obra radiodifundida.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende aclarar en la norma que un hotel, si lleva a cabo un acto de comunicación pública de obras, es claramente diferente a los actos propios de los organismos de radiodifusión.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 126.1 de la Ley de Propiedad Intelectual.

De modificación:

Texto propuesto:

«Artículo 126. Derechos exclusivos.

1. Las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar:

(…..)

e) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando tal comunicación se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada específico para utilizar las obras mediante ese acto de comunicación pública distinto del precio para utilizar otras instalaciones del establecimiento.»

JUSTIFICACIÓN

España se ha convertido en el paraíso de los titulares de derechos de propiedad intelectual en sus relaciones con los hoteles. Tanto es así, que además de los pagos que reclaman siete entidades de gestión, recientemente se han sumado los organismos de radio y televisión alemanes que han visto la oportunidad de incrementar sus ingresos a costa de los hoteles españoles. Para ello, se aprovechan de la ambigüedad del artículo 126, apartado 1, letras d) y e) en las que se permite a esos organismos cobrar una tarifa si la comunicación pública se realiza «mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada.»

Es imprescindible despejar la ambigüedad de la norma y, a estos efectos, se hace necesario de todo punto aclarar que el pago de un precio de entrada al que se refiere el citado artículo es un pago específico por ver la señal de televisión, distinto del pago por la contratación temporal del uso de la habitación.




Página 229


ENMIENDA NÚM. 7

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 126.1.d y e de la Ley de Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«1. Las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar:

[…]

d) La retransmisión por cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones realizada por una entidad de radiodifusión distinta a la de origen.

e) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando tal comunicación se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada realizado específicamente para dicho acto de comunicación pública.

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos.»

JUSTIFICACIÓN

La indefinición de los contornos de los derechos exclusivos que la Ley de Propiedad Intelectual otorga a determinados titulares constituye una fuente permanente de inseguridad jurídica en el tráfico comercial y, correlativamente, provoca una incesante litiogisidad en este punto.

A ello se suma el hecho de que cada vez con más frecuencia proliferan un mayor número de titulares que se presentan en el mercado invocando los derechos de propiedad intelectual que la Ley de Propiedad Intelectual les confiere en supuestos en los que existe un vacío normativo o ambigüedades en el tenor literal de la Ley.

Todo ello se agrava porque, frecuentemente en el contexto actual, tales titulares son sociedades o grupos empresariales provenientes de terceros países en los que no se reconocen dichas facultades a los titulares de derechos españoles, con el consiguiente perjuicio a nivel de competitividad para el tejido empresarial español que ello genera.

En particular, para lo que aquí interesa y a pesar de que el Proyecto guarda silencio en este punto, se hace necesario modificar y clarificar el tenor literal de los actuales artículos 126.1 d y e de la LPI, esto es, de los derechos exclusivos de retransmisión y comunicación pública que dicha Ley otorga a las llamadas entidades de radiodifusión de forma mucho más limitada que con respecto a los autores y a otros titulares de derechos.

En este sentido, el actual texto de la LPI reconoce en su artículo 126.1, entre otros, los dos derechos exclusivos citados a las entidades de radiodifusión, a saber:

— Por un lado, el derecho de autorizar «la retransmisión por cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones» (art. 126.1.d);

— Por el otro, el derecho de autorizar «la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando tal comunicación se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada» (art. 126.1.e).

El reconocimiento de los dos derechos anteriores en favor de las entidades de radiodifusión fue realizado por primera vez por el artículo 13 de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas




Página 230


intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 26 de octubre de 1961 (en adelante, CR), en los términos siguientes:

«Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

(a) la retransmisión de sus emisiones;

[…]

(d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.»

— El derecho de retransmisión (artículo 126.1.d de la LPI).

En lo referente al derecho de retransmisión, conviene tener presente que el artículo 3.g) de la propia CR define el concepto de «retransmisión» como «la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión». Aunque en la misma CR, por su parte, no se define el concepto «organismo de radiodifusión», en la Octava Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI (Documento SSCR/8/INF/1) se estableció que en el sentido de la CR tales organismos son aquellos «que prestan servicios de radiodifusión al público en general por las ondas hercianas (inalámbricas)» y que «asumen la responsabilidad financiera y editorial de la selección y disposición del contenido transmitido, así como de la inversión realizada a tal efecto.»

Una definición similar a ésta se contiene en el Proyecto de Tratado OMPI para la protección de los organismos de radiodifusión, y en la que se define éstos como «entidad jurídica que tome la iniciativa y asuma la responsabilidad de la transmisión al público de sonidos o de imágenes, o de imágenes y sonidos, o de las representaciones de éstos, y del montaje y la programación del contenido de la transmisión.»

La actual definición del derecho exclusivo de retransmisión de las entidades de radiodifusión que aparece en la LPI es excesivamente ambigua, pues contrariamente a lo dispuesto en la CR y en los trabajos de desarrollo de ésta no se especifica que las entidades de radiodifusión, a diferencia de otros titulares, sólo tienen derecho a prohibir la retransmisión de sus emisiones realizada por otras entidades de radiodifusión, esto es, por otro organismo que intervenga en la selección y disposición del contenido transmitido.

La ambigüedad de la LPI en su artículo 126.1.d de la LPI está permitiendo que entidades de radiodifusión extranjeras se dirijan contra establecimientos hoteleros españoles asegurando que éstos están realizando una retransmisión inconsentida de sus emisiones y tratando de aplicar, en una analogía que no es válida dado el limitado carácter de los derechos de las entidades de radiodifusión, la doctrina contenida en la célebre Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2006 en el caso SGAE c. Rafael Hoteles, así como en todas las resoluciones que, insistimos siempre en materia de derechos de autor o de otros titulares, han seguido a aquélla.

Así, de conformidad con el texto de la CR y sus trabajos de desarrollo, en tanto que los establecimientos hoteleros no intervienen en ningún caso en la selección y disposición del contenido de la emisión o transmisión, aquéllos no pueden subsumirse en la definición del artículo 3.g) de la CR y, por ende, realizar actos de retransmisión que afecten a este derecho exclusivo de las entidades de radiodifusión —cuestión distinta es, como veremos, el derecho de comunicación pública—.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si proliferan más reclamaciones de este tipo, ello entrañaría un peligro evidente de que se empiecen a sustanciar ante nuestros tribunales una cantidad ingente de procedimientos judiciales entablados por entidades de radiodifusión contra establecimientos hoteleros, dado el cuasi infinito número de organismos de este tipo que existen no sólo en España, sino en toda Europa.

En síntesis, debería aprovecharse el Proyecto para clarificar el redactado del artículo 126.1.d de la LPI en el sentido establecido por la CR y según consta en la enmienda propuesta, con el objetivo de evitar interpretaciones expansivas y erróneas como la comentada. De este modo y como puede verse, en la enmienda al artículo 126.1.d se propone completar el redactado de dicho precepto estableciéndose en el mismo que la retransmisión relevante a efectos del derecho exclusivo de las entidades de radiodifusión es sólo la que lleva a cabo otra entidad de radiodifusión, entendida ésta como el organismo que asume la responsabilidad financiera y editorial de la selección y disposición del contenido transmitido.




Página 231


— El derecho de comunicación pública (artículo 126.1.e de la LPI)

Por otro lado, en relación con el derecho de comunicación pública de las entidades de radiodifusión (art. 126.1.e de la LPI), en su redacción actual la Ley de Propiedad Intelectual tampoco deja claro su posible aplicación en sede de reclamaciones de entidades de radiodifusión como las comentadas anteriormente.

A diferencia de lo que ocurre con el derecho exclusivo de comunicación pública que tienen los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, en el caso de las entidades de radiodifusión este derecho exclusivo sólo opera cuando el acto de comunicación pública de la emisión o transmisión de que se trate se realiza mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada.

Dada la oscuridad de la LPI en este punto es discutible si el pago que realiza un cliente para alquilar una habitación de hotel engloba o no el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada, o si por el contrario el precepto analizado sólo se refiere a los casos en que dicho pago se conecta directamente con el acto de comunicación pública en cuestión —por ejemplo, mediante el pago de una entrada que permite al usuario acceder a un recinto donde se transmite una emisión de una entidad de radiodifusión—. Muestra de ello es que la doctrina que ha tratado esta materia se ha mostrado dividida en esta cuestión.

Ante estas dudas interpretativas, resulta oportuno llevar a cabo un modificación del artículo 126.1.e con el objetivo de dejar claro que las entidades de radiodifusión sólo gozan del derecho de comunicación pública cuando el pago de entrada o el derecho de admisión se conectan de forma específica con el acto de comunicación pública en cuestión, tal y como se hace en la enmienda propuesta para dicho precepto.

Ello evitaría de nuevo interpretaciones amplias e incorrectas como las que son posibles con el actual redactado de la LPI y excluiría por tanto el ejercicio de ese derecho por parte de entidades de radiodifusión —no, evidentemente, por parte de autores y titulares, dado que éstos cuentan con derechos más amplios—, respecto a la actividad de los hoteles en relación con los aparatos de televisión ubicados en sus habitaciones. Además, dicha modificación legislativa no contravendría el CR, por cuanto su artículo 13, en sede del derecho de comunicación pública de las entidades de radiodifusión, establece que «corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo».

ENMIENDA NÚM. 8

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 148 de la Ley de Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«1. La autorización prevista en el artículo anterior sólo se concederá si, formulada la oportuna solicitud, ésta se acompaña de la documentación, que permita verificar la concurrencia de las siguientes condiciones, que deberán ser examinadas e informadas por la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual con carácter previo a la concesión de la correspondiente autorización:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos en este Título.

b) Que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en todo el territorio español.

c) Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual.




Página 232


e) Que acrediten que las tarifas aplicables a la explotación de derechos que gestionan y su método de cálculo son conformes a lo establecido en este Título y, en particular, en el artículo 157.1.b.

2. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se tendrán particularmente en cuenta como criterios de valoración, la capacidad de una gestión viable de los derechos encomendados, la idoneidad de sus estatutos y sus medios materiales para el cumplimiento de sus fines, y la posible efectividad de su gestión en el extranjero, atendiéndose, especialmente, a las razones imperiosas de interés general que constituyen la protección de la propiedad intelectual.

3. La autorización se entenderá concedida denegada, si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

4. En caso de que la autorización sea concedida, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán remitir un conjunto de documentación, con periodicidad anual y a requerimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

a) Que acredite el repertorio de obras y prestaciones protegidas españolas y extranjeras de gestión colectiva que representan.

b) Que detalle y acredite que las tarifas aplicables a la explotación de derechos que gestionan y su método de cálculo son conformes a lo establecido en este Título y, en particular, en el artículo 157.1.b.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto, en su redacción actual, incluye un conjunto de medidas para fomentar el control y transparencia de las entidades de gestión. La intención que inspira las modificaciones que ya se hallan en el texto del prelegislador parece adecuada, por cuanto los recientes acontecimientos han puesto en evidencia la necesidad de abordar una profunda reforma de la LPI en esta materia.

Conviene resaltar que la transparencia y control en el desempeño de las funciones realizadas por las entidades de gestión en la LPI constituye uno de los fines primordiales a los que responde y debe responder el Proyecto.

Si bien la intención perseguida por el Proyecto en este punto parece adecuada, las modificaciones introducidas por el texto resultan insuficientes para garantizar el efectivo control y la transparencia de las entidades de gestión, aspectos éstos que convendría que fuesen objeto de más desarrollo en el Proyecto y en los cuales se debería hacer partícipe en mayor medida a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

En particular, en línea con esos objetivos y para asegurar la consecución del interés general que se presume a las entidades de gestión, debería adoptarse la enmienda propuesta en el referido artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. En este sentido, en el texto del Anteproyecto, especialmente en sus primeras versiones, se incluía una modificación de este precepto, que ha sido eliminada del actual texto del Proyecto. Por ello, debería operarse en el artículo comentado la modificación propuesta, que incide en los siguientes puntos, todos ellos capitales para lograr los objetivos a los que se hacía referencia:

— El cumplimiento de las condiciones necesarias para la concesión de la autorización para administrar derechos de gestión colectiva debería ser examinado con carácter previo a la concesión de la autorización por la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que debería emitir un informe vinculante a tal efecto, el cual garantizaría el estudio de aquéllas por un organismo independiente y cualificado en la materia.

— Entre las condiciones exigidas a las entidades de gestión para obtener la autorización pertinente deberían añadirse el depósito y publicidad del repertorio que representan, así como la acreditación de que las tarifas aplicables a la explotación de derechos que gestionan y su método de cálculo son conformes a lo establecido en el Proyecto y, en particular, en su artículo 157.1.b.

— Dada la relevancia del papel que desempeñan las entidades de gestión y la importancia que tanto para los titulares de los derechos que representan como para el conjunto de los usuarios tiene el cumplimiento por dichos organismos de los criterios establecidos para su autorización, ésta debería entenderse denegada por silencio negativo, no considerándose concedida por silencio positivo tal y como consta en la redacción actual de la Ley de Propiedad Intelectual.




Página 233


— Para garantizar durante toda la vida de la entidad de gestión el cumplimiento de las condiciones necesarias para gozar de la autorización para administrar derechos de gestión colectiva debería añadirse un nuevo apartado apartado 4 en el precepto comentado, en virtud del cual dichos organismos estuvieran obligados a remitir anualmente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la acreditación del repertorio de obras y prestaciones que administran, así como el detalle y método de cálculo de las tarifas que sean de aplicación.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.

Para acreditar dicha legitimación en el ejercicio de la gestión colectiva obligatoria, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, la ausencia de explotación de las obras o prestaciones en conflicto o el pago de la remuneración correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

En lo relativo a las entidades de gestión, el actual texto del Ley de Propiedad Intelectual permite a las entidades de gestión probar su legitimación activa en los procedimientos judiciales o administrativos en los que intervengan aportando únicamente copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa.

El redactado actual de la Ley de Propiedad Intelectual en este punto carece de cualquier justificación: las entidades de gestión sólo deberían de gozar de privilegios procesales para acreditar su legitimación activa cuando representan derechos de gestión colectiva obligatoria, pues sólo en estos casos (y no en los de gestión colectiva voluntaria) existe un mandato legal que impone a los titulares la representación de sus derechos mediante dichas entidades. Si bien las primeras versiones del Anteproyecto incluían una reforma del artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual en el sentido contemplado en la enmienda propuesta, dicha reforma ha sido eliminada del actual Proyecto, siendo del todo imprescindible que la misma vuelva a abordarse durante la tramitación parlamentaria del Proyecto por los motivos comentados.

Al margen de lo anterior, también siguiendo la enmienda propuesta y con el propósito de mejorar la técnica legislativa del artículo, convendría incluir en el apartado primero del precepto analizado la ausencia de explotación de las obras o prestaciones en conflicto como posible motivo de oposición del demandado en todos los casos en que se invocan derechos por parte de una entidad de gestión. Estos supuestos, no contemplados en la redacción actual del artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, pueden darse cuando el usuario utiliza obras o prestaciones que han sido licenciadas por sus titulares mediante las denominadas «licencias libres» o cuando el uso alegado por la entidad de gestión no se ha producido.




Página 234


ENMIENDA NÚM. 10

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el apartado 4 del Artículo 157.

Modificación.

Texto propuesto:

«Art. 157. Otras obligaciones.

(…)

4. Las entidades de gestión están obligadas a hacer efectivos los derechos de gestión colectiva obligatoria de todos aquellos titulares que le hayan confiado mediante contrato la gestión de los derechos que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, tengan esa forma de ejercicio y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable.»

JUSTIFICACIÓN

En la actual redacción de la norma, las entidades de gestión pueden representar a titulares de derechos nacionales y extranjeros sin necesidad de mandato expreso (en los derechos de gestión colectiva obligatoria), lo que atenta contra el principio general de no representación sin mandato. Las entidades suman este extraordinario beneficio a su situación de monopolio y a la ausencia de control de precios, alcanzando un poder de negociación absoluto. Entre otros efectos, esta situación impide licencias tipo creative commons.

El Proyecto de Ley pretende dinamizar, flexibilizar y modernizar el sistema de gestión colectiva. Sin embargo, esos son unos principios contra los que pugna y se opone frontalmente un mecanismo de filiación obligatoria y ex lege a favor del monopolista lo que les blinda frente a la competencia que pueda surgir a partir de cualquier tipo de iniciativa privada.

Se propone aclarar en la norma que las entidades de gestión siempre necesitan un contrato de mandato con los titulares, aunque el derecho sea de gestión colectiva obligatoria.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el punto 3 del artículo 163.

Artículo 163.3.

«3. En todo caso, los autores nacionales de terceros países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales del país respectivo. En ausencia de Convenio o Tratado internacional, los nacionales de terceros países no




Página 235


comunitarios que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles, no gozarán de la protección prevista en esta ley para ese concreto derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la industria audiovisual.

El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad material.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifican los puntos 2 y 3 del artículo 164.

«Artículo 164.

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de los mismos derechos reconocidos en esta Ley, con la excepción prevista en el siguiente apartado 3, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando tengan su residencia habitual en España.

Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español.

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales del país respectivo. En ausencia de Convenio o Tratado internacional, los nacionales de terceros países no comunitarios que no garanticen un derecho equivalente a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles, no gozarán de la protección prevista en esta ley para ese concreto derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la industria audiovisual.




Página 236


El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad material.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el punto 2 del artículo 165.

«Artículo 165.2.

2. En todo caso, los titulares a los que se refiere el párrafo b) del apartado anterior gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el artículo 129 españoles, cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales del país respectivo. En ausencia de Convenio o Tratado internacional, los nacionales de terceros países no comunitarios que no garanticen un derecho equivalente a los citados titulares españoles, no gozarán de la protección prevista en esta ley para ese concreto derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la industria audiovisual.

El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad material.




Página 237


ENMIENDA NÚM. 14

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 17.1.a) y Apartado Uno de la Disposición Final Segunda de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

De modificación.

Texto propuesto:

«Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad.

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, el riesgo para los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.»

«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. La letra b) del artículo 5 queda redactada en los siguientes términos:

“b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, el riesgo para los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.”»

JUSTIFICACIÓN

La propiedad intelectual sigue presente como razón imperiosa de interés general en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, pues así sigue recogida por la misma Directiva de Servicios. Pero en el momento de instrumentar el principio de necesidad por el que se rige la posibilidad de imponer requisitos y restricciones a los operadores económicos para el desarrollo de una actividad, el artículo 17 de la nueva Ley de Garantía de Unidad del Mercado excluye a la propiedad intelectual como razón que justifique una autorización previa, pudiendo ser objeto, en cambio, de declaración responsable o incluso de una mera comunicación; al tiempo que se hace caer del artículo 5 de la Ley 17/2009, sobre la posibilidad de exigir autorizaciones, a la propiedad intelectual.

Esto puede generar una importante contradicción con el régimen de autorización previa que, con acierto, establece el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que sí que exige esa autorización a las entidades de gestión obligatoria de los derechos de autor y demás de propiedad intelectual.




Página 238


ENMIENDA NÚM. 15

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición Adicional Primera.

Texto propuesto:

«2. Cuando en una misma actividad se utilicen obras y prestaciones protegidas de varias categorías de titulares de derechos de propiedad intelectual, el colectivo de usuarios que desempeñe esa actividad sea numeroso y se encuentre disperso por todo el territorio del Estado, las entidades de gestión deberán actuar conjuntamente o mediante una sola representación frente a dicho colectivo de usuarios en todo lo relativo a la negociación, contratación, facturación, pago y reclamación.

3. Para los supuestos contemplados en el apartado anterior, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual se centralizarán las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

(…)»

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad un hotel que instale televisiones en las habitaciones (condición necesaria para adquirir determinadas categorías turísticas según la normativa sectorial) tiene que pagar a siete entidades de gestión diferentes, tarifas diferentes por conceptos y periodicidad diferentes.

La situación es caótica, sin parangón en la Unión Europea, genera unos elevados costes, enorme inseguridad en las empresas y es fuente permanente de numerosos conflictos.

El Proyecto de Ley sólo atiende este problema parcial e insuficientemente.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Texto propuesto:

«1. Las entidades de gestión deberán aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los criterios establecidos en esta ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Orden del Ministro




Página 239


de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas tarifas prevista en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. Las tarifas de las entidades de gestión colectiva acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la vigencia de los acuerdos, y durante un plazo máximo de un año tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, cuando se refieran a derechos exclusivos y la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión, así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. A excepción de los casos mencionados en el apartado anterior, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán negociar con las asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos de gestión colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los dos años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, las cantidades que los usuarios deberán pagar, en relación con la remuneración exigida por las entidades de gestión por la explotación de derechos exclusivos y de remuneración y a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, no podrán superar el 70 por 100 de las tarifas generales aprobadas por cada entidad de gestión. Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»

JUSTIFICACIÓN

Los precios o tarifas hasta ahora vigentes de las entidades de gestión han sido fijados en situación de monopolio, sin control de equidad y con un poder de negociación absoluto sobre los usuarios (así lo han reconocido las autoridades de la competencia y la Audiencia Nacional en varias sentencias). En consecuencia, esos precios aprobados bajo el régimen de monopolio no sujeto a control requiere adaptarse urgentemente a la nueva situación.

Es por eso que se propone establecer la obligación de que se revisen todas las tarifas generales de las entidades de gestión para adaptarlas a los criterios establecidos en la Ley.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 16 de septiembre de 2014.—Ester Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 17

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.




Página 240


Se suprime la referencia a los Presupuestos Generales del Estado del apartado 1 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, quedando redactado en los siguientes términos:

«La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada.»

JUSTIFICACIÓN

El sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Dicho sistema no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación. Además, supone trasladar el coste de dicha compensación al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga de la copia privada. No es de recibo que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste.

ENMIENDA NÚM. 18

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros con ánimo de lucro directo y en perjuicio del titular del derecho de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»




Página 241


JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 19

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 3 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o titular editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto. A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la eliminación del término «reglada» por entender que el límite regulado en este apartado no debería cubrir únicamente la educación reglada y la investigación en universidades y organismos públicos, sino cualquier tipo de educación (reglada o no reglada), y tanto la educación/investigación que se desarrolla en las instituciones privadas como en las públicas.

De esta manera se aproximaría más al alcance del artículo 5.3 a) de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información y del artículo 10.2 del Convenio de Berna, así




Página 242


como a las soluciones nacionales adoptadas en la mayoría de países de la UE, especialmente, teniendo en cuenta que, por un lado, su alcance queda suficientemente limitado al tratarse de pequeños fragmentos y, por otro, quedará complementado con el límite sujeto a remuneración del apartado 4.

Se propone la eliminación de la mención «figurativo» referida a las obras de carácter fotográfico ya que impide que las fotografías abstractas o que, en general, no tengan carácter figurativo estén incluidas en el límite regulado por este precepto y es que éstas pueden ser utilizadas de igual forma con finalidades docentes o ilustrativas.

Se propone la substitución del término «editor» por «titular», siendo más preciso éste, debido a que el editor no es el único sujeto que puede llegar a ostentar los derechos de explotación de una obra.

ENMIENDA NÚM. 20

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Tampoco necesitarán la autorización del autor o titular editor los actos de reproducción parciales, de distribución y de comunicación pública, incluida la puesta a disposición, de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que se trate de obras que expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o que se trate de obras de uso libre y gratuito o salvo que dicho centro u organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según la letra b), los autores y titulares editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.»




Página 243


JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la anterior enmienda, se propone la sustitución del término «editor» por «titular», siendo más preciso éste, debido a que el editor no es el único sujeto que puede llegar a ostentar los derechos de explotación de una obra.

Se propone añadir el concepto de «licenciatario» junto con el de titular en el último párrafo del precepto para abarcar aquél supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un tercero. Es un matiz semántico que evitará futuros problemas interpretativos.

Se propone añadir como excepciones al derecho irrenunciable a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales:

— Obras que hayan sido puestas a disposición del público en general de forma libre y gratuita.

— Obras que se hayan publicado con expresa autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación.

Éstos nuevos supuestos tienen como fundamento evitar que se genere dicha compensación ya que no se produce daño alguno o riesgo de que pueda generarse éste, por el que proceda solicitar una remuneración equitativa.

De no incluirse el primer supuesto, la actividad de las entidades gestoras de derechos, encargadas de la recaudación y gestión de dicha remuneración, conculcaría de manera grave los derechos de aquellos que ostentan los derechos de explotación y publicación en acceso abierto de los materiales contratados por aquellos y publicados bajo las condiciones de licencias como Creative Commons, con un grave perjuicio económico y moral. Igualmente, de no incluirse el segundo supuesto, se conculcarían de manera grave los derechos que puedan tener terceros que hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de investigación.

ENMIENDA NÚM. 21

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales y las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar el fragmento «ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de ampliar la aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y cuarto del artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento, entendiéndose que las compilaciones a la que se refiere el fragmento que se propone eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso de las mismas a un pequeño fragmento, en el caso del apartado 3, o a un capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una remuneración equitativa, en el caso del apartado 4.




Página 244


ENMIENDA NÚM. 22

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual: composición y funciones.

1. Se crea adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control en los supuestos previstos en el presente título, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley. Asimismo ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

a) La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje determinación de tarifas y control en los términos previstos en el presente título.

b) La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

3. La Sección Primera Comisión estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección Comisión, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de Sección Comisión serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera Comisión se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El Gobierno podrá modificar reglamentariamente la su composición de la Sección Primera.

4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de dos vocales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un vocal del Ministerio de Justicia, un vocal del Ministerio de Economía y Competitividad y un vocal del Ministerio de la Presidencia, designados por dichos Departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la designación que realice cada Departamento se valorará adicionalmente la formación jurídica en los ámbitos del derecho procesal, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de las comunicaciones electrónicas. Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.»




Página 245


JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 23

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control.

1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3. 2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación.

La Sección Comisión establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones




Página 246


necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección Comisión, cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera Comisión podrá solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera Comisión observará, al menos, los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados, respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, la Sección Primera Comisión podrá dictar resoluciones actualizando o desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales referida en el artículo 157.1.b), previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios mínimos previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación. En caso de apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se comunicará esta circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los efectos oportunos.

5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de las funciones que la Sección Primera Comisión desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 24

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 25

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.




Página 247


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 159. Competencias de las Administraciones Públicas.

1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las siguientes funciones:

a) La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la actividad y la inhabilitación legal para operar, de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en esta ley.

b) La aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades, una vez que lo hayan sido por la respectiva Asamblea General y sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Dicha aprobación se entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su presentación.

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad ordinaria.

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual desarrolla su actividad ordinaria actúa principalmente en una Comunidad Autónoma cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por ciento de sus socios se encuentren se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y el principal ámbito de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su gestión se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más del 60 por ciento de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condición.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y eficaz de estas funciones.

3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, cuando de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar las competencias de la Comunidades Autónomas sobre la materia.

ENMIENDA NÚM. 26

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.




Página 248


Se añade una nueva disposición adicional al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril con el siguiente redactado:

«Disposición Adicional. De las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de propiedad intelectual.

1. La Generalitat de Catalunya ostenta las facultades de inspección y control de la actividad de todas las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Catalunya.

2. La Generalitat de Catalunya ostenta la función de autorizar las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Catalunya.

3. La Generalitat de Catalunya puede establecer y regular un registro de los derechos de propiedad intelectual generados en Catalunya o del que sean titulares personas con residencia habitual en Catalunya; la actividad de inscripción, modificación o cancelación de dichos derechos, y el ejercicio de la actividad administrativa necesaria para garantizar su protección en todo el territorio de Catalunya.

4. Los preceptos de la presente Ley deberán ser interpretados sin perjuicio de la competencia ejecutiva de la Generalitat de Catalunya en materia de propiedad intelectual. Asimismo, los títulos II y IV del libro III de la presente Ley sólo regirán en Catalunya en defecto de normas propias sobre la materia.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la plena aplicación del apartado 1 del artículo 155 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual a la Generalitat de Catalunya. Este artículo es necesario debido a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que menosprecia la norma estatutaria y la supedita —pese a que el Estatuto de Autonomía de 2006 incorpora una nueva redacción sobre la materia— a la interpretación que la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/1997 hizo de la Constitución y que interpreta la competencia del Estado sobre legislación de propiedad intelectual de forma expansiva.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 19 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:




Página 249


«Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos o mediante servicios que se presten a través de Internet, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, que deberán costear las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada.»

MOTIVACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a costa de la creación de terceros.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 2 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Los titulares de derechos de autor podrán adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. También tendrán libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes, salvo que voluntariamente se opte por facilitar el acceso a la cultura libre, se trate de obras de uso libre y gratuito, o expresamente se autorice su uso para fines educativos o de investigación.»

MOTIVACIÓN

A nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines educativos o de investigación. Obviamente las entidades gestoras de derechos no




Página 250


podrían actuar en nombre de quienes ostentan los derechos en acceso abierto, publicados bajo las condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 3 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 31, así como el procedimiento de pago de la compensación, que se realizará por las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet a través de las entidades de gestión o según decida el titular del derecho, se ajustarán a lo reglamentariamente establecido.»

MOTIVACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a costa de la creación de terceros.

Por otra parte, a nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines educativos o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.




Página 251


Supresión del Apartado Tres en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se suprimen la nueva redacción del apartado 2 y el nuevo apartado 3 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incluidos en el proyecto de ley.

MOTIVACIÓN

Resulta inaceptable que el Gobierno, para justificar una reducción en la compensación por copia privada a la que tienen derechos los creadores (y por tanto recortar un gasto que por decisión de este Gobierno corresponde asumir desde los Presupuestos Generales del Estado), decida unilateralmente declarar ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se suprime el apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

MOTIVACIÓN

Resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12.

Independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que se puede terminar cobrando a plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales, algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del conocimiento.

Por eso, animamos al Gobierno a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.




Página 252


ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se sustituye el párrafo inicial del apartado 3 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«3. El profesorado de la educación reglada y no reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español universitario y no universitario y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o titular para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica. Se propone la eliminación del término «reglada» por entender que el límite regulado en este apartado no debería cubrir únicamente la educación reglada y la investigación en universidades y organismos públicos, sino cualquier tipo de educación (reglada o no reglada), y tanto la educación/investigación que se desarrolla en las instituciones privadas como en las públicas. Así se aproxima más al alcance del artículo 5.3 a) de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información y del artículo 10.2 del Convenio de Berna.

Asimismo se propone la eliminación de la mención «figurativo» referida a las obras de carácter fotográfico ya que impide que las fotografías abstractas o que, en general, no tengan carácter figurativo estén incluidas en el límite regulado por este precepto. También se propone la sustitución del término «editor» por «titular», por ser más preciso.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se sustituye el último párrafo (sin numerar) del apartado 4 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:




Página 253


«En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro docente u organismo de investigación y, salvo que se trate de obras que expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o que se trate de obras de uso libre y gratuito, o que dicho centro u organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y titulares de éstas tendrán derecho a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión o según decida el titular del derecho.»

MOTIVACIÓN

Se propone, para evitar futuros problemas interpretativos, añadir el concepto de «licenciatario» junto al de titular para abarcar aquel supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un tercero.

También se propone añadir como excepciones al derecho irrenunciable a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales: Obras que hayan sido puestas a disposición del público en general de forma libre y gratuita; y obras que se hayan publicado con expresa autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación. Así evitamos que las entidades gestoras de derechos puedan conculcar los derechos de quienes los ostentan en acceso abierto, publicados bajo las condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de investigación.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se sustituye el apartado 5 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales ni las obras de un solo uso.»

MOTIVACIÓN

Se propone eliminar la coletilla final «ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de ampliar la aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y cuarto del artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento, entendiéndose que las compilaciones a la que se refiere el fragmento que se propone eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso de las mismas a un pequeño fragmento, en el caso del artículo 32.3, o a un capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una remuneración equitativa, en el caso del artículo 32.4.




Página 254


ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Adición de un nuevo Apartado Quince en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica la letra b) del apartado 1 del Artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta criterios como los siguientes:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea y en el territorio español para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

No obstante lo anterior, las entidades de gestión también establecerán tarifas fijadas conforme al criterio de disponibilidad, que serán de aplicación cuando el empleo de otros criterios comporte unos costes excesivos y no razonables que hagan ineficaz la gestión o cuando no resulte posible obtener datos objetivos para la aplicación de los criterios previstos en los anteriores números 1.º a 6.º

La metodología para la determinación de las tarifas generales se fijará por cada una de las entidades de gestión y deberá ser aprobada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.”»

MOTIVACIÓN

El nuevo texto del artículo 157.1.b eleva a precepto legal los principios asentados en decisiones de los órganos judiciales y de los órganos de competencia, tanto nacionales como europeos, en relación con las tarifas de las entidades de gestión. El conjunto de esas resoluciones recogen diversos parámetros aplicados para juzgar si las entidades de gestión han actuado correctamente, al establecer los precios de sus licencias.

Asimismo, el Proyecto de Ley introduce la necesidad de contar con unas metodologías para la determinación de tarifas. Dada la dificultad de contar con una única metodología para la determinación de las múltiples tarifas existentes adaptadas a las necesidades y condiciones de los usuarios en los múltiples mercados en los que actúan las entidades de gestión, se propone que las metodologías sean específicas para cada tarifa general. Para una mayor coherencia del texto y una mejor técnica legislativa, se propone trasladar todas las cuestiones sobre las metodologías y su aprobación a su sede natural, esto es, el artículo 158.bis.4 que se refiere a la función de control de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.




Página 255


Respecto al resto de criterios listados, se propone la modificación del actual apartado 4.º a fin de asegurar que sea un criterio objetivo y fácilmente medible. En ese sentido, debemos recordar las dificultades de establecer cuáles son los ingresos que genera la explotación comercial del repertorio frente al resto de ingresos que puede obtener un usuario. Los criterios de determinación de tarifas deben ser sencillos de aplicar, lo contrario llevará a que se incremente la inseguridad jurídica en este punto concreto.

Dado que hay circunstancias en las que resulta imposible la aplicación de los criterios incluidos en el Proyecto de Ley, se propone la inclusión de un criterio que goza de amplia aceptación en el mercado, como es el criterio de disponibilidad. Dicho criterio se utilizaría únicamente en los supuestos que señala el texto propuesto. Téngase en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 46, ya prevé, para la gestión individual de derechos, que en determinados supuestos no sea posible la remuneración proporcional y, por lo tanto, se utilice la remuneración a tanto alzado. Por lo que este criterio de disponibilidad supone aplicar al Libro III de la Ley los mismos principios que ya se utilizan en el Libro I.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 3 del Artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“3. La Sección Primera estará compuesta por cinco vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad y de Justicia, de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y del Consejo de Consumidores y Usuarios, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.”»

MOTIVACIÓN

Parece oportuno, pues la Sección Primera va a realizar una función de arbitraje, que exista también una representación de las entidades de gestión y de los consumidores. Asimismo, no parece lógico que se exija reconocida competencia en defensa de la competencia, pues este órgano no es un nuevo CNMC. Tampoco procede que el Gobierno se reserve modificar por decreto la composición de esta Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.




Página 256


ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá por seis miembros, expertos de reconocida competencia en las diversas materias a las que afecta la actuación del órgano y, en concreto, dos Catedráticos de Derecho Civil, dos Catedráticos de Ingeniería Telemática, un Catedrático de Derecho Procesal y un Catedrático de Comunicación Audiovisual, designados por el Ministerio competente en materia de Cultura. El Ministerio designará, en el mismo acto, según los requisitos señalados, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.”»

MOTIVACIÓN

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual requiere independencia de sus miembros y unos conocimientos consolidados en las diversas materias afectadas por su actuación. Para ello se entiende que designar como vocales a miembros del cuerpo de Catedráticos de Universidad de las áreas de conocimiento que se encuentran afectadas por la actuación del mencionado órgano, permite obtener ambas finalidades, al ser un grupo de funcionarios independientes y con conocimientos acreditados ex cargo en las materias competencia de la Sección Segunda.

Por otra parte, tomando en consideración que con la composición propuesta se gana en independencia y cualificación, no parece necesario que la designación deba dispersarse más allá del departamento ministerial con competencias en materia de cultura.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Dieciocho en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:




Página 257


«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

En ejercicio de su función de control la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual aprobará la metodología fijada por cada entidad de gestión para la determinación de las tarifas.”»

MOTIVACIÓN

La obligación de establecer tarifas generales y los criterios para su fijación se desarrollan de manera pormenorizada en el apartado 1, letra b, del art. 157. Como criterio de alcance general se prevé que las tarifas han de establecerse atendiendo al valor económico de la prestación protegida en la actividad del usuario y el justo equilibrio entre ambas partes. Tal criterio general, no obstante, queda delimitado por los criterios concretos enumerados en los números 1 a 5 del art. 157.1.b, que se imponen con carácter imperativo y de mínimos.

Las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE en materia de defensa de la competencia y el propio Tribunal Supremo han admitido ese criterio del valor del uso de repertorio. No obstante, si bien la aplicación del criterio del valor del uso de repertorio es preferible, está condicionada por los costes de gestión inherentes a su aplicación, y es admisible siempre que estos no sean excesivos de modo que hagan ineficaz la gestión.

Sin embargo, atendiendo precisamente a la distinta naturaleza y ámbito de uso de las obras y prestaciones se advierten disparidades entre los distintos sectores de usuarios, que en muchos casos hacen inviable la aplicación, en todo caso y sin distinciones, de unos criterios concretos como los enumerados en los números 1 a 5 del art. 157.1.b.

Las tarifas reclamadas por las entidades de gestión no son más que una retribución por el uso autorizado por la correspondiente entidad de gestión o por la obligación de hacer efectiva una remuneración prevista legalmente a favor de determinados titulares. Dependiendo del modelo de negocio la explotación de los derechos de propiedad intelectual puede no estar ligada con la actividad principal del obligado al pago, pero ello no puede conllevar que se exoneren o favorezcan, de manera discriminatoria mediante la aplicación de precios a la baja, determinados modelos de negocio (v.gr. sector hotelero) en perjuicio de los legítimos intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de sus derechos a percibir una justa compensación o retribución por el uso de sus obras o prestaciones. Todo ello en detrimento, en definitiva, del sector cultural.

La fijación de unas tarifas equitativas conforme al criterio de valor económico que el uso del repertorio comporta para el usuario, tiene un alcance más amplio y no se corresponde necesariamente con los criterios enumerados en el art. 157.1.b).

Así, la determinación de los ingresos económicos «obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio», al margen de la dificultad de obtener los datos precisos a tales efectos y los excesivos costes que ello comporta respecto a determinados sectores de usuarios, resulta injustificada, toda vez, que conlleva que los titulares sean co-responsables de los resultados de la explotación del negocio por parte del usuario, con independencia del mayor o menor grado de uso de sus obras y prestaciones.

Criterios tales como el uso efectivo, la intensidad y relevancia en el conjunto de la actividad del usuario, adquieren plena virtualidad tan sólo en el caso de que sea posible, conforme a datos objetivos, conocer la información precisa para su aplicación. La obtención de tal información, no obstante, en algunos sectores resulta inviable (por ausencia de medios de control por parte del usuario y las entidades de gestión) y su obtención conlleva excesivos costes que se enfrentan a una gestión eficaz.

En este sentido resulta obligado traer a colación las observaciones que la Comisión Nacional de Competencia formuló en su informe al anteproyecto, respecto a la fijación de tarifas, en cuanto matizan el criterio del valor del uso del repertorio, que ha ido asentando en sus resoluciones, cuya literalidad es la siguiente:




Página 258


«Este apartado obliga a las entidades de gestión a fijar las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización y se establecen una serie de orientaciones (de carácter no exhaustivo) para desarrollar dicha aproximación.

“Como ya señaló el informe de la CNC, es positivo que se definan normativamente los criterios a que habrán de ajustarse las tarifas, pues ello contribuirá a definir un marco de seguridad jurídica en el que han de desenvolverse los operadores. Ahora bien, en cuanto al contenido y alcance de las obligaciones de las entidades de gestión en relación con las tarifas, no se incluye como una obligación de aquellas, al menos para determinadas clases de usuarios, la aplicación de tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo del repertorio pero manteniendo como alternativa las tarifas por disponibilidad.”»

Al hilo de tales valoraciones, la CNC advierte de la necesidad de incluir en esta reforma las tarifas por disponibilidad. Esta propuesta es coincidente con tal criterio, sustentado, a su vez, por el Tribunal Supremo, por todas, la STS de 21 de enero de 2009, RC n.º 2157/2003, en la que declara que, en principio, resulta más equitativo el criterio de efectividad de uso del repertorio, que el criterio de disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de explotación de las empresas, el primer criterio dependerá que sea posible su aplicación.

La previsión que contempla el Proyecto, aún con carácter de mínimos, de los criterios que han de observarse en la fijación de tarifas, exceden del alcance fijado por la propia jurisprudencia nacional (sentencias del Tribunal Supremo de 18/02/2009 y 15/09/2010) que exige tener en cuenta criterios que aproximen la fijación de las remuneraciones a la utilización efectiva. Así como a la jurisprudencia del TJUE (sentencia— Caso STIM— de 11/12/2008 y —caso TOURNIER— de 13/07/1989).

En este sentido, se propone la modificación del art. 157.1.b, de modo que los criterios enumerados no tengan carácter cerrado, admitiendo la aplicación de otros criterios que permitan aproximar las tarifas al criterio del valor del uso del repertorio. A su vez, para determinados sectores de usuarios, atendiendo a los costes de gestión inherentes a la aplicación de las tarifas y a la disponibilidad de los datos objetivos precisos para su implementación, se propone mantener las tarifas por disponibilidad.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros Estados de la UE se propone hacer extensiva la aplicación de este criterio a las tarifas fijadas por las distintas entidades en nuestro país. Se posibilita de este modo contar con un elemento de comparación entre con las tarifas de entidades homólogas entre las que existan bases homogéneas de comparación, habida cuenta de la inexistencia de un marco armonizado a nivel comunitario en esta materia.

La Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, entre otros factores alude al criterio de razonabilidad de las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones. En cambio no prevé un sistema de aprobación previo de la metodología aplicada para la aprobación de las tarifas por las entidades de gestión colectiva, tan sólo la obligación de estas de informar al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas. Obligación que pudiera haberse acogido en el texto del Proyecto.

Habida cuenta que el Proyecto incorpora un sistema de control sobre la tarifas que comprende la aprobación de la metodología para la fijación de las tarifas, se considera que la competencia a tales efectos, por coherencia con las facultades de control y fijación de tarifas sustitutorias que prevé el art. 158, debe corresponder a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.




Página 259


Modificación del Apartado Diecinueve en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se añade al final del apartado 1 del Artículo 158 ter del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el siguiente texto:

“También le corresponderá la emisión de informes respecto de las propuestas normativas que afecten a la tutela de los derechos de propiedad intelectual y la propuesta de medidas para el correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Elaborará asimismo una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su actividad y la forma en que se ha venido desarrollando su función, junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas en su experiencia.”»

MOTIVACIÓN

Se pretende dotar a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, por la singularidad de su función y del ámbito en que la va a ejercer, de competencias imprescindibles para el funcionamiento adecuado del sistema que se diseña en el texto legal. Así, se considera necesario atribuirle competencia para emitir informes respecto de las propuestas normativas que afecten a su ámbito de actuación y a la tutela de los derechos de propiedad intelectual, así como proponer medidas al Gobierno (lo que deberá hacer a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para conseguir un mejor desarrollo y utilización lícitos de Internet y una mayor educación y formación de los ciudadanos en estas materias, esto es, el correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

Deberá también encomendarse a esta Sección Segunda la elaboración de una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su actividad y la forma en que se haya venido desarrollando su función, junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas en la experiencia. Esto resulta imprescindible para el público conocimiento de la actividad y consecuente transparencia de las actuaciones del órgano.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición del Apartado Cinco bis en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se suprime el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril:

«Artículo 71. Contrato de edición musical.

El contrato de edición de obras musicales o dramático-musicales por el que se conceden además al editor derechos de comunicación pública, se regirá por lo dispuesto en este Capítulo, sin perjuicio de las siguientes normas:

1. Será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades




Página 260


normales de la explotación concedida, de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la edición musical.

2. Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el apartado 6 del artículo 60 será de cinco años.

3. No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 68, y en las cláusulas 2, 3 y 4 del artículo 69.»

MOTIVACIÓN

El único sentido de mantener un artículo específico sobre el contrato de edición musical es exceptuar en el tipo musical la aplicación de las garantías establecidas para el común de contratos de edición, lo que supone una discriminación para los autores de obras musicales frente a otros autores.

La aplicación del artículo 71 supone que la mayoría de los autores de música han cedido sus derechos de reproducción mecánica, comunicación pública y copia privada a perpetuidad sin contraprestación alguna por dicha cesión, y que se confiere a los editores un porcentaje sobre sus obras por todo el tiempo de la duración del derecho.

El artículo 71 no solo niega los plazos máximos de protección (art. 69.3 y 4), sino que excluye otras garantías para los autores como la de finalizar el contrato a la venta total de la edición pactada (art. 69.2) o la necesidad de consignar el número de ejemplares en los contratos (art. 71.1) y las garantías de las ventas de ejemplares como saldo que permiten la resolución del contrato (art. 68.C) si no se cumplen las garantías establecidas a favor de los autores en el (art. 67).

Además, se establece como especialidad la cesión junto con el contrato de edición, del derecho de comunicación pública (art. 71). Esto da derecho a los editores a percibir en la mayoría de los casos el 50% de todos los derechos generados por la interpretación de sus obras, tanto en directo como mediante su grabación en un disco y posterior reproducción en discotecas, radios, televisión, etc.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado Cinco bis en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica Artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“Artículo 87. Autores.

Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:

1. El director-realizador.

2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.

3. El director de fotografía.

4. Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.”»




Página 261


MOTIVACIÓN

La presente propuesta de enmienda tiene por objeto la inclusión del director de fotografía en el elenco de autores de la obra audiovisual que contempla el art. 87 TRLPI. La omisión de este colectivo de creadores en la redacción vigente constituye una grave deficiencia que ha generado una discriminación jurídicamente insostenible y ha generado un daño grave e irreparable a los directores de fotografía.

El director de fotografía es quien elabora la sucesión de imágenes necesaria para la obra audiovisual, aportando elementos personales, conforme a criterios de decisión propios y autónomos (elección del encuadre, perspectiva, luces y sombras, etc.). La actividad del director de fotografía es, por tanto, creativa, en cuanto la misma está dotada de la originalidad que exige el TRLPI (arts. 1 y 10), habida cuenta que su labor no es de ejecución técnica de las instrucciones del director-realizador. Aporta, y de manera muy relevante, criterios artísticos propios y autónomos que influyen de manera sustancial en el resultado final que es la obra cinematográfica o audiovisual. En suma, el director de fotografía es creador de la aportación visual al rodaje o confección de la obra audiovisual y, como tal, autor.

Además, siendo la obra audiovisual, conforme al art. 86 TRLPI, la «creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas», no se entiende como aquél cuya contribución es esencial (la imagen) no tiene la misma consideración que aquél cuya contribución es meramente accesoria a los efectos de calificar la obra como «audiovisual», por ejemplo, el compositor de la música.

A nivel comunitario, no sólo no existe norma alguna que impida la consideración expresa del director de fotografía como autor de la obra audiovisual, sino todo lo contrario: permite a los Estados miembros reconocer dicha condición a cualesquiera otros individuos que, junto con el director principal, contribuyan con sus aportaciones creativas a la creación de la obra audiovisual.

Efectivamente, conforme al art. 2.2 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y al art. 2.1 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, se dispone: «Se considerará “autor o coautor” al Director principal de una obra cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán atribuir la condición de coautores a otras personas».

De conformidad con la normativa comunitaria, todos los Estados Miembros de la UE han optado por atribuir la condición de autor de la obra audiovisual a otras personas además del director, incluido, en muchos casos, el director de fotografía. Así, países de nuestro entorno, como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia y Polonia, entre otros muchos, reconocen al director de fotografía como autor de la obra audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno en el Artículo Segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente contenido:

«Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos nuevos subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la siguiente redacción:

(…)




Página 262


10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de lucro.

(…)

11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de lucro.»

MOTIVACIÓN

Aun cuando no se haga referencia expresa al requisito de la comisión a «escala comercial» de la infracción, recogido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe quedar claro que las actuaciones contempladas se dirigen contra los prestadores de servicios (que lo son normalmente a título oneroso, de acuerdo con la LSSI) y no contra los consumidores sin animus damnandi ni animus lucrii.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Primera. Medidas de reducción de los costes de transacción, con el siguiente contenido:

«1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas, excluidas las relacionadas con las obras textuales, deberán crear una ventanilla única para facilitar las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera




Página 263


de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma.

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior y el artículo 157.1.e), será de exclusiva aplicación para facilitar a las operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los titulares de la explotación de establecimientos abiertos al público y de hospedaje, derivados de los actos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se realicen en los mismos.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá por establecimientos abiertos al público a los bares, cafeterías, restaurantes, tabernas, pubs, discotecas, centros culturales, centros de ocio y otros similares a los anteriores que utilicen el repertorio de las entidades concurrentes en la ventanilla. Asimismo, por establecimientos de hospedaje y a los efectos de la presente ley se entenderán aquellos que tengan por actividad principal la prestación de servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros mediante compensación económica tales como hoteles, hostales, hoteles-apartamentos o apartahoteles, moteles, pensiones, albergues, balnearios, hoteles rurales y casas rurales.»

MOTIVACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es adecuar la obligación de crear una ventanilla única a aquellos ámbitos de la actividad económica en los que realmente existe una demanda por parte de los usuarios, y en los que tal medida resulta razonable para la satisfacción del objetivo de la reducción de los costes de transacción, todo ello en atención a sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantía de las tarifas aplicables a sectores concretos de usuarios.

De otro lado, al articularse la ventanilla a través de una «persona jurídica privada» se superan, a su vez, los riesgos de preponderancia de cualesquiera entidades de gestión autorizadas en España. Objetivo que también se logra con el reforzamiento que contempla el Proyecto de advertir que «ninguna entidad de gestión ostente capacidad para controlar la toma de decisiones».

Esta propuesta deja al margen de la ventanilla las responsabilidades particulares de cada entidad de gestión concurrente tales como el establecimiento de tarifas y su negociación, etc., por ser tales responsabilidades obligaciones que la ley impone a cada entidad de gestión y de las que cada entidad ha de responder ante el Ministerio, CNMC, Tribunales de Justicia, etc. De este modo queda garantizada la libertad de contratación y negociación, a diferencia de otros sistemas incluidos en anteproyectos anteriores.

El fin de la creación de la ventanilla única no es otro que la «reducción de costes de transacción», por tanto, la misma ha de afectar a sectores concretos de usuarios, como los descritos en el apartado 4, respecto a los que, en atención a su elevado número, dispersión geográfica, o incidencia del uso del




Página 264


repertorio en su actividad principal, de manera efectiva la realización de las operaciones de facturación y pago a través de la ventanilla única cumple la finalidad perseguida.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Segunda. Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Segunda. Especialidades tarifarias.

Las tarifas generales de aplicación por parte de las entidades de gestión a las entidades públicas que tienen atribuida por la legislación del Estado como competencia propia la promoción de la cultura y equipamientos culturales, serán fijadas mediante acuerdo con la representación institucional de esas entidades públicas.»

MOTIVACIÓN

Se trata de ampliar las «tarifas adecuadas» de que habla el proyecto de Ley solo para servicios públicos de radio y televisión a otros servicios públicos como bibliotecas, política cultural, patrimonio local y universal, recuperación de la memoria, etc. El vigente artículo 25.2. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye expresamente a la Administración Local la competencia propia e irrenunciable de «promoción de la cultura y equipamientos culturales».

ENMIENDA NÚM. 45

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Transitoria Segunda. Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología para la determinación de dichas tarifas por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual conforme a lo previsto en el artículo 158 bis de la presente ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos suscritos, y durante un plazo máximo de tres




Página 265


años a partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente, o con los principales organismos de radiodifusión, o con un usuario especialmente significativo o con un colectivo de usuarios especialmente significativo, así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a excepción de los casos mencionados en el apartado 2 del presente artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en el artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los derechos de remuneración exigidos por las entidades de gestión y así como a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, cuyo importe será el 90 por 100 de las tarifas generales ya aprobadas por cada entidad de gestión a la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»

MOTIVACIÓN

La presente enmienda pretende salvaguardar los contratos en vigor respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración, y el periodo transitorio de adaptación al nuevo sistema de fijación de tarifas.

Asimismo, se prevé un sistema de pagos a cuenta, que permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más equilibradas, y que se ajustaría en función de los resultados de la negociación.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 6 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo. I.




Página 266


ENMIENDA

De adición.

Añadir al final del 2.º párrafo, el siguiente texto:

Texto que se propone, a continuación de «... el desarrollo de internet, basado en gran parte en la libertad de los usuarios para aportar contenidos»:

«En este contexto hay que plantear también la disposición a reconocer la utilidad de las licencias denominadas libres y papel desarrollado por el movimiento ‘‘copyleft’’ que ha permitido la difusión, desarrollo e implantación actual de internet y que ha tenido como base el software con licencias libres.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento y necesidad de potenciación de un sector, el del software con licencias libres, que ha jugado y va a jugar cada vez más un papel importante en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

En el artículo 25.2 suprimir la última frase: «Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes».

JUSTIFICACIÓN

Es necesario retirar la obligación irrenunciable de compensar equitativamente a los editores u otros titulares, puesto que existen autores o titulares de derechos que realizan tanto una autorización para el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a la posible compensación que les correspondiese a través de las licencias denominadas libres.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.




Página 267


ENMIENDA

De adición.

De adición al artículo 1, punto 1, del Proyecto de Ley.

Creación de un nuevo artículo, el 25.1 bis.

«Artículo 25.1 bis.

Estarán excluidas de esta compensación todas las obras que por sus autores hayan sido creadas bajo licencias libres, “Creative Commons”, con el fin de garantizar el derecho de los autores y los usuarios a promover el “copyleft”.»

JUSTIFICACIÓN

Proteger el derecho de los autores y los usuarios a promover la socialización del conocimiento.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Nueva redacción:

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

No será necesaria la autorización del autor de todo tipo de contenido susceptible de protección, sin realizar distinción alguna entre obras escritas, audiovisuales, fotográficas o meras fotografías, pudiendo ser utilizadas para fines informativos, de creación de opinión pública, investigación, docencia o incluso entretenimiento siempre y cuando se realicen teniendo en cuenta la naturaleza de la obra protegida, la cantidad y la importancia de la obra utilizada en relación con el conjunto y el efecto del uso sobre el potencial mercado o el valor de la obra con derechos de propiedad intelectual; y siempre indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone retirar la obligación irrenunciable de compensar equitativamente a los editores u otros titulares, puesto que existen autores o titulares de derechos que realizan tanto una autorización para el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a la posible compensación que les correspondiese a través de las licencias denominadas libres. Asimismo se elimina la diferenciación arbitraria generada entre los editores de artículos que no requerirán autorización y los generadores de contenidos gráficos que sí requerirán de autorización previa.

Se regula de forma que todo tipo de contenido susceptible de protección —sin realizar ningún tipo de distinción entre obras escritas, fotográficas, imágenes o meras fotografías—, pudiera ser utilizado para




Página 268


fines informativos, de creación de opinión pública, docencia o incluso entretenimiento siempre y cuando se tengan en cuenta ciertos parámetros.

La inclusión de este «fair use» de tradición anglosajona en nuestra legislación facilitaría y reduciría las modificaciones necesarias en la normativa en lo referente a la cita e ilustración tanto en la enseñanza como en los artículos periodísticos o similares. Generaría salirse del encorsetamiento generado por las exclusiones a un número más abierto de posibles excepciones.

Asimismo esta inclusión del «fair use» tendría relevancia en la facilitación de la salvaguarda de los derechos en el entorno digital sin necesidad de autoridades administrativas creadas a tal efecto dentro de la normativa (comisión segunda de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura).

ENMIENDA NÚM. 50

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el punto 2 del artículo 32.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la legislación europea y la concepción de internet como espacio abierto al conocimiento y la libertad de información.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 151. Estatutos.

5. Los derechos de los socios tendrán que ser igualitarios y, en particular, el régimen de voto, en el caso de que se establezcan criterios de ponderación, deberá garantizarse, en todo caso, una representación suficiente y equilibrada del conjunto de los asociados de modo que en ningún caso ninguno de los socios




Página 269


pueda acumular más del 1% de los derechos de voto de forma que una minoría nunca pueda impedir a la mayoría ejercer su derecho a la participación efectiva.

Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente en la duración de la condición de socio en la entidad de gestión, en las cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto siempre será igualitario.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la democratización de los procesos de decisión en las entidades de gestión.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el parrafo segundo del artículo 138, que queda redactado en los siguientes términos:

«Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Cuando se aprecie cualquiera de las conductas que acaban de definirse, no serán de aplicación las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

JUSTIFICACIÓN

Debe darse la vuelta a la cautela del segundo inciso. Si alguien coopera a la infracción ajena, la induce o se beneficia económicamente de ella pudiendo controlarla, es obvio que no puede ser calificado a la vez como prestador meramente intermediario, y por tanto no debería ni siquiera sugerirse la posibilidad hipotética de que fueran de aplicación los «puertos seguros» de la LSSI que benefician a los prestadores intermediarios de la sociedad de la información.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.




Página 270


Se modifica el punto 2 del artículo 158.ter, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través de su servicio o gracias a su modelo de negocio. Con independencia de la calificación de su conducta desde el punto de vista de la vulneración de derechos de propiedad intelectual, el procedimiento podrá emplearse contra los prestadores que faciliten enlaces o instrumentos de búsqueda a obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, siempre que desarrollen a tal efecto una labor activa no limitada a funciones de mera intermediación técnica. En particular, se podrá dirigir frente a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.»

JUSTIFICACIÓN

Debe quedar claro que la protección que se articule a través de la S.2.ª CPI frente a los prestadores de enlaces es independiente de que su conducta pueda además calificarse (o no) como vulneradora de DPI (lo que, tras la STJUE de 13 de febrero de 2014 —«caso Svensson»— podría suceder en todos los casos en enlaces a contenidos que están en páginas web sin permiso de los titulares). Fuera de ello, no sobra que se pueda articular el procedimiento administrativo ante la S. 2.ª CPI, que de acuerdo con el primer inciso de la norma se destina a perseguir aquellas vulneraciones en Internet que a juicio de la S.2.ª CPI lo merezcan, ya sea por su nivel de audiencia en España o por el número de obras y prestaciones afectadas.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 3 del artículo 158.ter, que queda redactado en los siguientes términos:

«El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente vulnerador solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo.

(...)

Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo 150. Podrá también solicitar la iniciación del procedimiento una asociación profesional representativa de derechos de propiedad intelectual del tipo que se pueda considerar vulnerado, y en general quien ostente un interés legítimo en que se restablezca la legalidad frente a una vulneración significativa de derechos de propiedad intelectual por el responsable de algún servicio de la sociedad de la información.»




Página 271


JUSTIFICACIÓN

Si se pretende que el procedimiento de salvaguarda de DPI ante la S. 2 de la CPI sea verdaderamente eficaz, debe abrirse la legitimación activa para acudir al mismo. Para ello habría que, por un lado, suprimir la exigencia de que haya que aportar prueba razonable del previo intento de requerimiento infructuoso de retirada dirigido al presunto infractor, puesto que el propio procedimiento prevé la opción de retirada voluntaria de los contenidos. Por otro lado, debe admitirse una amplia legitimación no sólo de entidades de gestión, sino también de asociaciones profesionales representativas de titulares de DPI, y en general de sujetos, individuales o colectivos, que ostenten un interés legítimo en que se ponga fin a las vulneraciones de ciertos DPI en la red. Ello habilitaría en particular a entidades organizadoras de eventos incorporados a emisiones o transmisiones que, aun sin ostentar propiamente derechos sobre éstas, es claro que tienen un legítimo interés en que cese la piratería de esa clase de contenidos en Internet. Con esa sencilla adición, que dotaría al procedimiento ante la S. 2 CPI de un carácter de protección de intereses difusos o colectivos, se brindaría protección administrativa a derechos de propiedad intelectual sin que sea necesario que quien inste el inicio del procedimiento sea un titular de los mismos.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nueve bis. Se modifica el artículo 139.1.h) con la siguiente redacción:

«h) La suspensión de los servicios prestados por cualesquiera intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto para los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora y aclaración de la actual redacción, a fin de apuntalar que la acción de cesación del art. 139.1.h) LPI sirve para dirigirse frente a cualquier tipo de intermediario, no sólo los de la sociedad de la información, aunque la salvedad del segundo inciso sí que se refiera exclusivamente a los intermediarios de la sociedad de la información. Esto facilitará instar el cese de una conducta de comercialización de ciertos bienes o servicios empleados por otros sujetos para infringir derechos de propiedad intelectual, apelando a la colaboración de los agentes intermediarios, aunque no encajen en la definición de prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, y naturalmente sin perjuicio de la aplicación a estos últimos del régimen especial de exoneración de responsabilidad que establece a su favor la LSSICE.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




Página 272


ENMIENDA

De adición.

Ocho bis. Se modifica el artículo 132 con el siguiente texto:

«Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la sección 2.ª del capítulo III, del Título II, salvo el artículo 21, y en el capítulo II del Título III, salvo lo establecido en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 37, ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este Libro. Corresponde a los titulares de los otros derechos de propiedad intelectual el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación sobre su prestación en cualquier forma.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la proyectada regulación del art. 270 CP, sería conveniente aprovechar la reforma en ciernes de la LPI para aclarar en el art. 132 LPI que la cláusula general de asignación de la exclusiva respecto de la explotación en cualquier forma del art. 17 LPI es también aplicable a los otros derechos de propiedad intelectual, o para plasmar en el propio art. 132 LPI una cláusula similar. Debería asimismo salvarse la aplicación por remisión del derecho de transformación, pues se trata de una modalidad no aplicable en principio a objetos que, como los del Libro II LPI, carecen de originalidad.

ENMIENDA NÚM. 57

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime del subapartado 10.º en el apartado 1 del artículo 256 el siguiente texto:

«La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Si se mantuviera el texto tachado, la nueva diligencia preliminar del art. 256.1.10.º LEC resultaría en gran medida ineficaz.




Página 273


ENMIENDA NÚM. 58

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime del subapartado 11.º en el apartado 1 del artículo 256 el siguiente texto:

«Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras o prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.»

JUSTIFICACIÓN

Debe suprimirse el inciso tachado por cuanto da a entender que pueden llevarse a cabo actos no consentidos de difusión en Internet de obras o prestaciones protegidas por DPI que, no obstante afectar a un volumen apreciable de obras o prestaciones protegidas, podrían no permitir la articulación de esta nueva diligencia preliminar del art. 256.1.11.º LEC al poder considerarse a la vez realizados por consumidores finales de buena fe y sin ánimo de beneficio económico. Análogamente, el inciso tachado debería suprimirse también en el proyectado art. 256.1.7.º LEC. Por otro lado, la conjunción «y» al final de la frase debería sustituirse por «o», ya que debe bastar con la afectación de un volumen apreciable de obras o de prestaciones, y no de una suma de ambas, como es lógico.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 25 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:




Página 274


«Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos o mediante servicios que se presten a través de Internet, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, que deberán costear las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada.»

JUSTIFICACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a costa de la creación de terceros.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 2 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Los titulares de derechos de autor podrán adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. También tendrán libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes, salvo que voluntariamente se opte por facilitar el acceso a la cultura libre, se trate de obras de uso libre y gratuito, o expresamente se autorice su uso para fines educativos o de investigación.»

JUSTIFICACIÓN

A nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines educativos o de investigación. Obviamente las entidades gestoras de derechos no podrían actuar en nombre de quienes ostentan los derechos en acceso abierto, publicados bajo las




Página 275


condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 3 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 31, así como el procedimiento de pago de la compensación, que se realizará por las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet a través de las entidades de gestión o según decida el titular del derecho, se ajustarán a lo reglamentariamente establecido.»

JUSTIFICACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a costa de la creación de terceros.

Por otra parte, a nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines educativos o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

De adición de dos nuevos puntos al artículo 25.




Página 276


«7. Los periodistas gráficos y literarios son los autores, únicos o colectivos, de los artículos, imágenes y otros materiales informativos que se publican, divulgan y emitan, firmados o no firmados, a través de los medios de comunicación social impresos, radiofónicos, audiovisuales y electrónicos (informáticos/Internet) y comparten con los editores de medios de comunicación el derecho a decidir la forma en la que desean que sus trabajos sean explotados.

8. Los periodistas gráficos y literarios deben percibir y compartir con las empresas editoras una compensación material por la difusión de sus trabajos en los distintos medios de comunicación.»

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

De supresión del Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.

De supresión del apartado 1 párrafo 2 «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

De supresión del apartado 2 párrafo 1 «Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes».

De supresión del apartado 3 párrafo 1 «y contará con una consignación anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado tres del artículo primero.

De supresión del apartado 2 párrafo 1 del artículo 31 «cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias».




Página 277


JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta es especialmente rechazable por la nueva delimitación de la copia privada y la adopción de un sistema de remuneración equitativa —inédito en Europa— con cargo a los presupuestos generales de Estado (se institucionaliza el famoso canon digital), obligando de forma universal al pago de un canon en concepto de compensación por copia privada.

Lo que pretende esta ley es consagrar un supuesto «derecho irrenunciable» que no compartimos. La defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de manera diferente. El copyright es legítimo; el copyleft, también. Los partidarios de lo primero no pueden imponer sus criterios a los partidarios de lo segundo.

Con la reforma se determina la anulación de la copia privada tal y como ahora la entendemos, a pesar de que todos los ciudadanos (usuarios o no) pagan a priori. Este controvertido sistema seguirá adelante, a pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un Informe que afirma que el sistema de canon sigue siendo la mejor opción tanto para los creadores como para los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del Apartado Tres en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se suprimen la nueva redacción del apartado 2 y el nuevo apartado 3 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incluidos en el proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

Resulta inaceptable que el Gobierno, para justificar una reducción en la compensación por copia privada a la que tienen derechos los creadores (y por tanto recortar un gasto que por decisión de este Gobierno corresponde asumir desde los Presupuestos Generales del Estado), decida unilateralmente declarar ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:




Página 278


Se suprime el apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

JUSTIFICACIÓN

Resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12.

Independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que se puede terminar cobrando a plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales, algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del conocimiento.

Por eso, animamos al Gobierno a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se sustituye el párrafo inicial del apartado 3 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«3. El profesorado de la educación reglada y no reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español universitario y no universitario y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o titular para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se propone la eliminación del término «reglada» por entender que el límite regulado en este apartado no debería cubrir únicamente la educación reglada y la investigación en universidades y organismos públicos, sino cualquier tipo de educación (reglada o no reglada), y tanto la educación/investigación que se desarrolla en las instituciones privadas como en las públicas. Así se aproxima más al alcance del artículo 5.3 a) de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información y del artículo 10.2 del Convenio de Berna.

Asimismo se propone la eliminación de la mención «figurativo» referida a las obras de carácter fotográfico ya que impide que las fotografías abstractas o que, en general, no tengan carácter figurativo




Página 279


estén incluidas en el límite regulado por este precepto. También se propone la sustitución del término «editor» por «titular», por ser más preciso.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se sustituye el último párrafo (sin numerar) del apartado 4 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro docente u organismo de investigación y, salvo que se trate de obras que expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o que se trate de obras de uso libre y gratuito, o que dicho centro u organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y titulares de éstas tendrán derecho a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión o según decida el titular del derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone, para evitar futuros problemas interpretativos, añadir el concepto de «licenciatario» junto al de titular para abarcar aquel supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un tercero.

También se propone añadir como excepciones al derecho irrenunciable a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales: Obras que hayan sido puestas a disposición del público en general de forma libre y gratuita; y obras que se hayan publicado con expresa autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación. Así evitamos que las entidades gestoras de derechos puedan conculcar los derechos de quienes los ostentan en acceso abierto, publicados bajo las condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de investigación.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:




Página 280


Se sustituye el apartado 5 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales ni las obras de un solo uso.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar la coletilla final «ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de ampliar la aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y cuarto del artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento, entendiéndose que las compilaciones a la que se refiere el fragmento que se propone eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso de las mismas a un pequeño fragmento, en el caso del artículo 32.3, o a un capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una remuneración equitativa, en el caso del artículo 32.4.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo primero.

De adición de dos nuevos apartado al artículo 37 bis.

«Apartado 3 bis. En las obras colectivas, existen las obras complejas, que son aquellas producciones, especialmente en los medios de comunicación social, en las que intervienen profesionales de distintas disciplinas.

Apartado 3 bis-bis. La “mera fotografía” es el resultado de la captación literal de objetos planos o de cualquier otro tipo sin intervención decisoria de la inteligencia humana, tales como radar de tráfico, fotomatón, fotocopias, escáneres, cámaras de seguridad y similares.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario reconocer a los periodistas, fotógrafos y comunicadores audiovisuales como autores, definiendo los distintos trabajos periodísticos para que dejen de considerarse obras colectivas y se garantice su derecho a decidir sobre el uso y reutilización de su trabajo.

En esa línea, es necesario configurar un ámbito con participación de las organizaciones representativas de estos profesionales, que fije el objeto sujeto a la aplicación de los derechos de autor y determine la gestión de los que se establezcan, de forma que se garantice una gestión transparente de los mismos, fórmula que encuentra diferentes referencias en el marco europeo.

Este reconocimiento, de forma explícita se encuentra en la Comunicación de la Comisión Europea «Un Mercado Único para los derechos de propiedad intelectual» de mayo de 2011, que establece que «… los periodistas son los autores y su trabajo es importante no solo porque informan, comentan e interpretan el mundo en que vivimos, sino también porque la libertad de prensa es el testimonio vivo de la sociedad democrática y pluralista que es Europa». En esa misma línea se ha pronunciado el Parlamento Europeo en un reciente estudio.




Página 281


ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado once del artículo primero.

De adición al apartado 1 del artículo 153. Contrato de gestión.

Apartado 1, párrafo 1 «Todas las entidades de gestión estarán supervisadas por un órgano público independiente que se creará para tal fin».

JUSTIFICACIÓN

Aunque es positivo establecer más control en el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos colectivos, para que éstas sean más transparentes, la supervisión planteada sobre las entidades de gestión debiera ser efectuada, en todo caso, a través de un organismo independiente, por lo que vemos imprescindible su creación y que éste órgano sea de gestión pública y cuente con la participación de todos los agentes implicados.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 3 del Artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

‘‘3. La Sección Primera estará compuesta por cinco vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad y de Justicia, de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y del Consejo de Consumidores y Usuarios, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.’’»




Página 282


JUSTIFICACIÓN

Parece oportuno, pues la Sección Primera va a realizar una función de arbitraje, que exista también una representación de las entidades de gestión y de los consumidores. Asimismo, no parece lógico que se exija reconocida competencia en defensa de la competencia, pues este órgano no es un nuevo CNMC. Tampoco procede que el Gobierno se reserve modificar por decreto la composición de esta Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

‘‘4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá por seis miembros, expertos de reconocida competencia en las diversas materias a las que afecta la actuación del órgano y, en concreto, dos Catedráticos de Derecho Civil, dos Catedráticos de Ingeniería Telemática, un Catedrático de Derecho Procesal y un Catedrático de Comunicación Audiovisual, designados por el Ministerio competente en materia de Cultura. El Ministerio designará, en el mismo acto, según los requisitos señalados, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.’’»

JUSTIFICACIÓN

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual requiere independencia de sus miembros y unos conocimientos consolidados en las diversas materias afectadas por su actuación. Para ello se entiende que designar como vocales a miembros del cuerpo de Catedráticos de Universidad de las áreas de conocimiento que se encuentran afectadas por la actuación del mencionado órgano, permite obtener ambas finalidades, al ser un grupo de funcionarios independientes y con conocimientos acreditados ex cargo en las materias competencia de la Sección Segunda.

Por otra parte, tomando en consideración que con la composición propuesta se gana en independencia y cualificación, no parece necesario que la designación deba dispersarse más allá del departamento ministerial con competencias en materia de cultura.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.




Página 283


ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado diecisiete del artículo primero.

Supresión del artículo 158.

JUSTIFICACIÓN

Por su importancia, no podemos dejar de destacar nuestro rechazo, ya manifestado con anterioridad, al papel y las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, instrumento cuyo único fin es la exclusión del ámbito jurisdiccional de los conflictos generados por la colisión de derechos de igual o análogo rango, por lo que pedimos la supresión de este órgano.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Dieciocho en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

‘‘4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

En ejercicio de su función de control la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual aprobará la metodología fijada por cada entidad de gestión para la determinación de las tarifas.’’»

JUSTIFICACIÓN

La obligación de establecer tarifas generales y los criterios para su fijación se desarrollan de manera pormenorizada en el apartado 1, letra b, del art. 157. Como criterio de alcance general se prevé que las tarifas han de establecerse atendiendo al valor económico de la prestación protegida en la actividad del usuario y el justo equilibrio entre ambas partes. Tal criterio general, no obstante, queda delimitado por los criterios concretos enumerados en los números 1 a 5 del art. 157.1.b, que se imponen con carácter imperativo y de mínimos.

Las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE en materia de defensa de la competencia y el propio Tribunal Supremo han admitido ese criterio del valor del uso de repertorio. No obstante, si bien la aplicación del criterio del valor del uso de repertorio es preferible, está condicionada por los costes de gestión inherentes a su aplicación, y es admisible siempre que estos no sean excesivos de modo que hagan ineficaz la gestión.

Sin embargo, atendiendo precisamente a la distinta naturaleza y ámbito de uso de las obras y prestaciones se advierten disparidades entre los distintos sectores de usuarios, que en muchos casos hacen inviable la aplicación, en todo caso y sin distinciones, de unos criterios concretos como los enumerados en los números 1 a 5 del art. 157.1.b.




Página 284


Las tarifas reclamadas por las entidades de gestión no son más que una retribución por el uso autorizado por la correspondiente entidad de gestión o por la obligación de hacer efectiva una remuneración prevista legalmente a favor de determinados titulares. Dependiendo del modelo de negocio la explotación de los derechos de propiedad intelectual puede no estar ligada con la actividad principal del obligado al pago, pero ello no puede conllevar que se exoneren o favorezcan, de manera discriminatoria mediante la aplicación de precios a la baja, determinados modelos de negocio (v.gr. sector hotelero) en perjuicio de los legítimos intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de sus derechos a percibir una justa compensación o retribución por el uso de sus obras o prestaciones. Todo ello en detrimento, en definitiva, del sector cultural.

La fijación de unas tarifas equitativas conforme al criterio de valor económico que el uso del repertorio comporta para el usuario, tiene un alcance más amplio y no se corresponde necesariamente con los criterios enumerados en el art. 157.1.b).

Así, la determinación de los ingresos económicos «obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio», al margen de la dificultad de obtener los datos precisos a tales efectos y los excesivos costes que ello comporta respecto a determinados sectores de usuarios, resulta injustificada, toda vez, que conlleva que los titulares sean co-responsables de los resultados de la explotación del negocio por parte del usuario, con independencia del mayor o menor grado de uso de sus obras y prestaciones.

Criterios tales como el uso efectivo, la intensidad y relevancia en el conjunto de la actividad del usuario, adquieren plena virtualidad tan sólo en el caso de que sea posible, conforme a datos objetivos, conocer la información precisa para su aplicación. La obtención de tal información, no obstante, en algunos sectores resulta inviable (por ausencia de medios de control por parte del usuario y las entidades de gestión) y su obtención conlleva excesivos costes que se enfrentan a una gestión eficaz.

En este sentido resulta obligado traer a colación las observaciones que la Comisión Nacional de Competencia formuló en su informe al anteproyecto, respecto a la fijación de tarifas, en cuanto matizan el criterio del valor del uso del repertorio, que ha ido asentando en sus resoluciones, cuya literalidad es la siguiente:

«Este apartado obliga a las entidades de gestión a fijar las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización y se establecen una serie de orientaciones (de carácter no exhaustivo) para desarrollar dicha aproximación.

‘‘Como ya señaló el informe de la CNC, es positivo que se definan normativamente los criterios a que habrán de ajustarse las tarifas, pues ello contribuirá a definir un marco de seguridad jurídica en el que han de desenvolverse los operadores. Ahora bien, en cuanto al contenido y alcance de las obligaciones de las entidades de gestión en relación con las tarifas, no se incluye como una obligación de aquellas, al menos para determinadas clases de usuarios, la aplicación de tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo del repertorio pero manteniendo como alternativa las tarifas por disponibilidad.’’»

Al hilo de tales valoraciones, la CNC advierte de la necesidad de incluir en esta reforma las tarifas por disponibilidad. Esta propuesta es coincidente con tal criterio, sustentado, a su vez, por el Tribunal Supremo, por todas, la STS de 21 de enero de 2009, RC n.º 2157/2003, en la que declara que, en principio, resulta más equitativo el criterio de efectividad de uso del repertorio, que el criterio de disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de explotación de las empresas, el primer criterio dependerá que sea posible su aplicación.

La previsión que contempla el Proyecto, aún con carácter de mínimos, de los criterios que han de observarse en la fijación de tarifas, exceden del alcance fijado por la propia jurisprudencia nacional (sentencias del Tribunal Supremo de 18/02/2009 y 15/09/2010) que exige tener en cuenta criterios que aproximen la fijación de las remuneraciones a la utilización efectiva. Así como a la jurisprudencia del TJUE (sentencia— Caso STIM — de 11/12/2008 y — caso TOURNIER — de 13/07/1989).

En este sentido, se propone la modificación del art. 157.1.b, de modo que los criterios enumerados no tengan carácter cerrado, admitiendo la aplicación de otros criterios que permitan aproximar las tarifas al criterio del valor del uso del repertorio. A su vez, para determinados sectores de usuarios, atendiendo a los costes de gestión inherentes a la aplicación de las tarifas y a la disponibilidad de los datos objetivos precisos para su implementación, se propone mantener las tarifas por disponibilidad.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros Estados de la UE se propone hacer extensiva la aplicación de este criterio a las tarifas fijadas por las distintas entidades en nuestro país. Se posibilita




Página 285


de este modo contar con un elemento de comparación entre con las tarifas de entidades homólogas entre las que existan bases homogéneas de comparación, habida cuenta de la inexistencia de un marco armonizado a nivel comunitario en esta materia.

La Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, entre otros factores alude al criterio de razonabilidad de las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones. En cambio no prevé un sistema de aprobación previo de la metodología aplicada para la aprobación de las tarifas por las entidades de gestión colectiva, tan sólo la obligación de estas de informar al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas. Obligación que pudiera haberse acogido en el texto del Proyecto.

Habida cuenta que el Proyecto incorpora un sistema de control sobre la tarifas que comprende la aprobación de la metodología para la fijación de las tarifas, se considera que la competencia a tales efectos, por coherencia con las facultades de control y fijación de tarifas sustitutorias que prevé el art. 158, debe corresponder a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecinueve en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se añade al final del apartado 1 del Artículo 158 ter del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el siguiente texto:

‘‘También le corresponderá la emisión de informes respecto de las propuestas normativas que afecten a la tutela de los derechos de propiedad intelectual y la propuesta de medidas para el correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Elaborará asimismo una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su actividad y la forma en que se ha venido desarrollando su función, junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas en su experiencia.’’»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende dotar a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, por la singularidad de su función y del ámbito en que la va a ejercer, de competencias imprescindibles para el funcionamiento adecuado del sistema que se diseña en el texto legal. Así, se considera necesario atribuirle competencia para emitir informes respecto de las propuestas normativas que afecten a su ámbito de actuación y a la tutela de los derechos de propiedad intelectual, así como proponer medidas al Gobierno (lo que deberá hacer a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para conseguir un mejor desarrollo y utilización lícitos de Internet y una mayor educación y formación de los ciudadanos en estas materias, esto es, el correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

Deberá también encomendarse a esta Sección Segunda la elaboración de una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su actividad y la forma en que se haya venido desarrollando su función, junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas en la experiencia. Esto resulta imprescindible para el público conocimiento de la actividad y consecuente transparencia de las actuaciones del órgano.




Página 286


ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado Cinco bis en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

Se suprime el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril:

Artículo 71. Contrato de edición musical.

El contrato de edición de obras musicales o dramático-musicales por el que se conceden además al editor derechos de comunicación pública, se regirá por lo dispuesto en este Capítulo, sin perjuicio de las siguientes normas:

1. Será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de la explotación concedida, de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la edición musical.

2. Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el apartado 6 del artículo 60 será de cinco años.

3. No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 68, y en las cláusulas 2, 3 y 4 del artículo 69.

JUSTIFICACIÓN

El único sentido de mantener un artículo específico sobre el contrato de edición musical es exceptuar en el tipo musical la aplicación de las garantías establecidas para el común de contratos de edición, lo que supone una discriminación para los autores de obras musicales frente a otros autores.

La aplicación del artículo 71 supone que la mayoría de los autores de música han cedido sus derechos de reproducción mecánica, comunicación pública y copia privada a perpetuidad sin contraprestación alguna por dicha cesión, y que se confiere a los editores un porcentaje sobre sus obras por todo el tiempo de la duración del derecho.

El artículo 71 no solo niega los plazos máximos de protección (art. 69.3 y 4), sino que excluye otras garantías para los autores como la de finalizar el contrato a la venta total de la edición pactada (art. 69.2) o la necesidad de consignar el número de ejemplares en los contratos (art.71.1) y las garantías de las ventas de ejemplares como saldo que permiten la resolución del contrato (art.68.C) si no se cumplen las garantías establecidas a favor de los autores en el (art. 67).

Además, se establece como especialidad la cesión junto con el contrato de edición, del derecho de comunicación pública (art. 71). Esto da derecho a los editores a percibir en la mayoría de los casos el 50% de todos los derechos generados por la interpretación de sus obras, tanto en directo como mediante su grabación en un disco y posterior reproducción en discotecas, radios, televisión, etc.




Página 287


ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado Cinco bis en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica Artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

‘‘Artículo 87. Autores.

Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:

1. El director-realizador.

2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.

3. El director de fotografía.

4. Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.’’»

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de enmienda tiene por objeto la inclusión del director de fotografía en el elenco de autores de la obra audiovisual que contempla el art. 87 TRLPI. La omisión de este colectivo de creadores en la redacción vigente constituye una grave deficiencia que ha generado una discriminación jurídicamente insostenible y ha generado un daño grave e irreparable a los directores de fotografía.

El director de fotografía es quien elabora la sucesión de imágenes necesaria para la obra audiovisual, aportando elementos personales, conforme a criterios de decisión propios y autónomos (elección del encuadre, perspectiva, luces y sombras, etc.). La actividad del director de fotografía es, por tanto, creativa, en cuanto la misma está dotada de la originalidad que exige el TRLPI (arts. 1 y 10), habida cuenta que su labor no es de ejecución técnica de las instrucciones del director-realizador. Aporta, y de manera muy relevante, criterios artísticos propios y autónomos que influyen de manera sustancial en el resultado final que es la obra cinematográfica o audiovisual. En suma, el director de fotografía es creador de la aportación visual al rodaje o confección de la obra audiovisual y, como tal, autor.

Además, siendo la obra audiovisual, conforme al art. 86 TRLPI, la «creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas», no se entiende como aquél cuya contribución es esencial (la imagen) no tiene la misma consideración que aquél cuya contribución es meramente accesoria a los efectos de calificar la obra como «audiovisual», por ejemplo, el compositor de la música.

A nivel comunitario, no sólo no existe norma alguna que impida la consideración expresa del director de fotografía como autor de la obra audiovisual, sino todo lo contrario: permite a los Estados miembros reconocer dicha condición a cualesquiera otros individuos que, junto con el director principal, contribuyan con sus aportaciones creativas a la creación de la obra audiovisual.

Efectivamente, conforme al art. 2.2 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y al art. 2.1 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, se dispone: «Se considerará “autor o coautor” al Director principal de una obra cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán atribuir la condición de coautores a otras personas».

De conformidad con la normativa comunitaria, todos los Estados Miembros de la UE han optado por atribuir la condición de autor de la obra audiovisual a otras personas además del director, incluido, en




Página 288


muchos casos, el director de fotografía. Así, países de nuestro entorno, como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia y Polonia, entre otros muchos, reconocen al director de fotografía como autor de la obra audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado en el Artículo Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica la letra b) del apartado 1 del Artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

‘‘b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta criterios como los siguientes:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea y en el territorio español para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

No obstante lo anterior, las entidades de gestión también establecerán tarifas fijadas conforme al criterio de disponibilidad, que serán de aplicación cuando el empleo de otros criterios comporte unos costes excesivos y no razonables que hagan ineficaz la gestión o cuando no resulte posible obtener datos objetivos para la aplicación de los criterios previstos en los anteriores números 1.º a 6.º

La metodología para la determinación de las tarifas generales se fijará por cada una de las entidades de gestión y deberá ser aprobada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.’’»

JUSTIFICACIÓN

El nuevo texto del artículo 157.1.b eleva a precepto legal los principios asentados en decisiones de los órganos judiciales y de los órganos de competencia, tanto nacionales como europeos, en relación con las tarifas de las entidades de gestión. El conjunto de esas resoluciones recogen diversos parámetros aplicados para juzgar si las entidades de gestión han actuado correctamente, al establecer los precios de sus licencias.

Asimismo, el Proyecto de Ley introduce la necesidad de contar con unas metodologías para la determinación de tarifas. Dada la dificultad de contar con una única metodología para la determinación de las múltiples tarifas existentes adaptadas a las necesidades y condiciones de los usuarios en los múltiples




Página 289


mercados en los que actúan las entidades de gestión, se propone que las metodologías sean específicas para cada tarifa general. Para una mayor coherencia del texto y una mejor técnica legislativa, se propone trasladar todas las cuestiones sobre las metodologías y su aprobación a su sede natural, esto es, el artículo 158.bis.4 que se refiere a la función de control de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Respecto al resto de criterios listados, se propone la modificación del actual apartado 4.º a fin de asegurar que sea un criterio objetivo y fácilmente medible. En ese sentido, debemos recordar las dificultades de establecer cuáles son los ingresos que genera la explotación comercial del repertorio frente al resto de ingresos que puede obtener un usuario. Los criterios de determinación de tarifas deben ser sencillos de aplicar, lo contrario llevará a que se incremente la inseguridad jurídica en este punto concreto.

Dado que hay circunstancias en las que resulta imposible la aplicación de los criterios incluidos en el Proyecto de Ley, se propone la inclusión de un criterio que goza de amplia aceptación en el mercado, como es el criterio de disponibilidad. Dicho criterio se utilizaría únicamente en los supuestos que señala el texto propuesto. Téngase en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 46, ya prevé, para la gestión individual de derechos, que en determinados supuestos no sea posible la remuneración proporcional y, por lo tanto, se utilice la remuneración a tanto alzado. Por lo que este criterio de disponibilidad supone aplicar al Libro III de la Ley los mismos principios que ya se utilizan en el Libro I.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno en el Artículo Segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente contenido:

«Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos nuevos subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la siguiente redacción:

(…)

10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de lucro.

(…)

11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de lucro.»




Página 290


JUSTIFICACIÓN

Aun cuando no se haga referencia expresa al requisito de la comisión a «escala comercial» de la infracción, recogido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe quedar claro que las actuaciones contempladas se dirigen contra los prestadores de servicios (que lo son normalmente a título oneroso, de acuerdo con la LSSI) y no contra los consumidores sin animus damnandi ni animus lucrii.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Primera. Medidas de reducción de los costes de transacción, con el siguiente contenido:

«1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas, excluidas las relacionadas con las obras textuales, deberán crear una ventanilla única para facilitar las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma.




Página 291


3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior y el artículo 157.1.e), será de exclusiva aplicación para facilitar a las operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los titulares de la explotación de establecimientos abiertos al público y de hospedaje, derivados de los actos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se realicen en los mismos.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá por establecimientos abiertos al público a los bares, cafeterías, restaurantes, tabernas, pubs, discotecas, centros culturales, centros de ocio y otros similares a los anteriores que utilicen el repertorio de las entidades concurrentes en la ventanilla. Asimismo, por establecimientos de hospedaje y a los efectos de la presente ley se entenderán aquellos que tengan por actividad principal la prestación de servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros mediante compensación económica tales como hoteles, hostales, hoteles-apartamentos o apartahoteles, moteles, pensiones, albergues, balnearios, hoteles rurales y casas rurales.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es adecuar la obligación de crear una ventanilla única a aquellos ámbitos de la actividad económica en los que realmente existe una demanda por parte de los usuarios, y en los que tal medida resulta razonable para la satisfacción del objetivo de la reducción de los costes de transacción, todo ello en atención a sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantía de las tarifas aplicables a sectores concretos de usuarios.

De otro lado, al articularse la ventanilla a través de una «persona jurídica privada» se superan, a su vez, los riesgos de preponderancia de cualesquiera entidades de gestión autorizadas en España. Objetivo que también se logra con el reforzamiento que contempla el Proyecto de advertir que «ninguna entidad de gestión ostente capacidad para contralar la toma de decisiones».

Esta propuesta deja al margen de la ventanilla las responsabilidades particulares de cada entidad de gestión concurrente tales como el establecimiento de tarifas y su negociación, etc., por ser tales responsabilidades obligaciones que la ley impone a cada entidad de gestión y de las que cada entidad ha de responder ante el Ministerio, CNMC, Tribunales de Justicia, etc. De este modo queda garantizada la libertad de contratación y negociación, a diferencia de otros sistemas incluidos en anteproyectos anteriores.

El fin de la creación de la ventanilla única no es otro que la «reducción de costes de transacción», por tanto, la misma ha de afectar a sectores concretos de usuarios, como los descritos en el apartado 4, respecto a los que, en atención a su elevado número, dispersión geográfica, o incidencia del uso del repertorio en su actividad principal, de manera efectiva la realización de las operaciones de facturación y pago a través de la ventanilla única cumple la finalidad perseguida.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.




Página 292


Modificación de la Disposición Adicional Segunda. Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Segunda. Especialidades tarifarias.

Las tarifas generales de aplicación por parte de las entidades de gestión a las entidades públicas que tienen atribuida por la legislación del Estado como competencia propia la promoción de la cultura y equipamientos culturales, serán fijadas mediante acuerdo con la representación institucional de esas entidades públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de ampliar las «tarifas adecuadas» de que habla el proyecto de Ley solo para servicios públicos de radio y televisión a otros servicios públicos como bibliotecas, política cultural, patrimonio local y universal, recuperación de la memoria, etc. El vigente artículo 25.2. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye expresamente a la Administración Local la competencia propia e irrenunciable de «promoción de la cultura y equipamientos culturales».

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Transitoria Segunda. Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología para la determinación de dichas tarifas por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual conforme a lo previsto en el artículo 158 bis de la presente ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos suscritos, y durante un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente, o con los principales organismos de radiodifusión, o con un usuario especialmente significativo o con un colectivo de usuarios especialmente significativo, así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a excepción de los casos mencionados en el apartado 2 del presente artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en el artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los derechos de remuneración exigidos por las entidades de




Página 293


gestión y así como a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, cuyo importe será el 90 por 100 de las tarifas generales ya aprobadas por cada entidad de gestión a la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»

JUSTIFICACIÓN

La presente enmienda pretende salvaguardar los contratos en vigor respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración, y el periodo transitorio de adaptación al nuevo sistema de fijación de tarifas.

Asimismo, se prevé un sistema de pagos a cuenta, que permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más equilibradas, y que se ajustaría en función de los resultados de la negociación.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 16 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. III.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo décimo del apartado III del Preámbulo

«Por último se estima necesario modificar la excepción relativa a la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica, principalmente en lo relativo a la obra impresa. Así, se actualiza para el entorno digital el régimen aplicable a las reseñas realizadas por servicios electrónicos de agregación de contenidos. Por otro lado, la actual regulación de la cita e ilustración de la... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

En ese párrafo del Preámbulo comienza a justificarse la reforma que se realiza en los límites a los derechos de autor cuya razón son los fines educativos o de investigación científica. Sin embargo, la segunda frase introduce un aliud que no tiene ninguna relación con los fines señalados.

La introducción de esa frase, cuya supresión se propone, trae causa de la introducción en el texto del proyecto de ley de lo que ha venido a llamarse «Tasa Google» o, más recientemente, «Canon AEDE»: «Tasa Google» por su relación con la empresa que se vería obligada a pagar una compensación y «Canon AEDE» por ser esta asociación de editores de medios de comunicación impresa quienes recibirían tal compensación.

En el texto del anteproyecto de ley puesto a disposición pública el 22 de marzo de 2013 no figuraba el artículo 32.2 del proyecto, incorporándose éste tras el paso del anteproyecto por los órganos consultivos por lo que es totalmente novedoso en su redacción. Este artículo 32.2 establece una compensación en




Página 294


favor de los editores de los medios de comunicación cuyos textos son agregados por servicios tales como Google News, Reddit, Yahoo News, Menéame.net, etcétera, y supone la recepción en nuestra legislación de una disposición ya existente en el entorno de la Unión Europea, concretamente en las legislaciones de Bélgica, Francia y República Federal Alemana.

Por tanto, las «reseñas realizadas por servicios electrónicos de agregación de contenidos» no tienen en absoluto una finalidad educativa o de investigación científica, que es donde el proyecto las integra, sino que se trata de noticias publicadas por medios digitales de las que, de forma automatizada o manual, se extrae un contenido significativo y se enlaza a la fuente original. Las webs que se hallarían sometidas a la obligación de pago de una compensación no tienen por tanto ninguna finalidad educativa o de investigación sino única y exclusivamente, tal y como luego se señala explícitamente en la redacción del apartado 2 del artículo 32 del proyecto, una «finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento» mediante la utilización de datos y metadatos de una información cuyo origen en internet viene dado por los medios de comunicación social.

Si se desea incluir en el Preámbulo una explicación de la justificación de la «Tasa Google» o «Canon AEDE» deberá hacerse en un lugar diferente del que corresponde a los límites a los derechos de autor por causa de finalidad educativa o de investigación ya que es un límite que nada tiene que ver con estas finalidades.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

Se suprime el artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado tres del artículo primero.

De modificación del artículo 31, apartado 2.

«2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras divulgadas, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada.




Página 295


a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa.»

JUSTIFICACIÓN

Para las bibliotecas universitarias y sus usuarios las restricciones a la copia privada afectan al derecho a la información, al derecho a la educación y al derecho a la cultura, que ante todo son derechos fundamentales que no han de verse afectados por una excesiva extensión de los derechos de propiedad intelectual, que es un derecho de rango ordinario. La excepción de copia privada ha permitido a los alumnos de las enseñanzas tanto regladas como no regladas disponer hasta ahora de material de estudio personal, ya que la excepción de reproducción a favor de bibliotecas del artículo 37.1 del TRLPI sólo se aplica a los fines de investigación y de conservación.

Se está afectando gravemente al derecho a la educación cuando se priva a los alumnos de la posibilidad de hacer copias de materiales prestados por las bibliotecas, o de hacer descarga/impresión de contenidos de recursos electrónicos suscritos por las bibliotecas, e igualmente cuando se priva al docente de hacer copia privada para preparar sus clases, si esa copia se entiende que es «profesional».

Los contenidos que se publican en internet se modifican y desaparecen fácilmente y en muchos casos no existe posibilidad de comprarlos en un soporte no perecedero. Por ello, y para su preservación, es necesario permitir la realización de copias para uso privado de los contenidos difundidos a través de la red, y también para facilitar su lectura, ya que los dispositivos electrónicos no siempre permiten una lectura amigable.

En lo que se refiere a contenidos accesibles a través de bases de datos suscritas por las bibliotecas o las universidades, hasta ahora, y en base a nuestro derecho a la copia privada, se podía exigir a un proveedor de una base de datos que permitiera grabar o imprimir contenidos protegidos por derechos de autor de la base de datos. Esto no será posible con la nueva regulación que pretende el proyecto, y debe tenerse en cuenta que las bibliotecas tienen poca o nula capacidad de negociación ante los proveedores de estos recursos. Este tipo de copias debería ser incluido en el concepto de copia privada, aunque se excluya de la compensación porque el proveedor ya cobra un precio por el uso del recurso.

Por último, dejar fuera de la copia privada a supuestos en los que las obras se han obtenido por préstamo o por donación (que son formas de adquisición perfectamente lícitas, pero que no constituyen «compra mercantil»), impide, por ejemplo, la realización por los usuarios de las bibliotecas de copias de obras agotadas, que no causan ningún perjuicio económico a los titulares de sus derechos porque están fuera de comercio y no se pueden adquirir.

Consideramos que la copia privada debe continuar siendo una excepción a los derechos exclusivos de autor que permita el ejercicio del derecho a la educación y a la enseñanza en consonancia con lo que establece la normativa comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

De modificación del título del artículo 32. Título.

«Artículo 32. Citas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.»




Página 296


JUSTIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 32 del proyecto regula la compensación en favor de los editores de medios de comunicación en virtud de un límite que, tal y como ya se ha señalado en la enmienda propuesta a la exposición de motivos, no tiene ninguna relación con los fines educativos o de investigación científica.

Por tanto, deberá modificarse el título del artículo 32 para que no haga referencia a las reseñas informativas, cuya finalidad es «informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento».

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

Se suprime el artículo 32, apartado 2.

JUSTIFICACIÓN

La supresión propuesta se justifica por la necesidad de una buena técnica legislativa de que un artículo sobre límites con fines educativos o de investigación científica no incluya elementos extraños tales como la regulación de límites de reseñas con finalidades informativas, de creación de opinión pública o de entretenimiento.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

De modificación del Artículo 32, apartado 3.

«3. No se necesitará autorización del titular para realizar actos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

1.º Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de la investigación científica, o de actividades educativas, tanto en el centro educativo como fuera del mismo a través de actos de puesta a disposición mediante redes a las que únicamente puedan acceder los alumnos y personal docente de la actividad educativa ilustrada o en el marco de un programa de educación a distancia, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

2.º Que se trate de obras ya divulgadas.

3.º Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.




Página 297


Los titulares de derechos de propiedad intelectual no tendrán derecho a compensación alguna por la realización de estos actos.»

JUSTIFICACIÓN

El actual apartado 3 del artículo 32 tiene una redacción absolutamente confusa. Bajo un punto de vista lógico, su redacción actual adolece del más mínimo rigor de técnica normativa lo que conlleva serios problemas hermenéuticos. Consiste en un límite (una excepción) a una regla general (la regla del artículo 17 del TRLPI), límite que se diseña normativamente permitiendo que el profesorado y personal investigador realicen unos actos siempre y cuando cumplan cinco requisitos de los que uno se señala en el párrafo inicial (el requisito de «no concurriendo una finalidad comercial») y cuatro requisitos más que se señalan en apartados enumerados de «a)» a «d)». No se entiende la causa de que, siendo uno de los requisitos el de la no concurrencia de una finalidad comercial, éste se integre en el párrafo inicial y no en pura lógica dentro de la enumeración de condiciones necesarias de los cuatro puntos «a)» a «d)».

Pero es que, además, el juego de las oraciones positivas y negativas complica aún más la posibilidad de interpretar la norma. En concreto, el apartado «c)» resulta prácticamente incomprensible ya que a la anterior excepción a una regla general se añade una oración negativa a la que se le añaden excepciones positivas («Que las obras no tengan la condición de […] salvo […]»). Y, ad maius, para completar el laberinto hermenéutico, el objeto sobre el que se establecen las excepciones del apartado «c)» incluye cualquier objeto de la realidad tecnológica actual:

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

En esta redacción cabe cualquier objeto, incluso hasta el plástico extrusionado de las impresoras 3D o de las más novedosas impresoras con técnicas estereolitográficas. Así pues, la posibilidad de imprimir piedras de resina se halla incluida en la redacción del proyecto, lo que no parece tener congruencia con lo perseguido por la norma, que es permitir que los profesores y los investigadores puedan ejercer su función educativa con los menores problemas posibles.

Asimismo, el apartado 1.º del apartado «c)» es imposible de comprender. Este apartado dice así:

«c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.»

¿Cuáles son los «Actos de reproducción para la comunicación pública incluyendo el propio acto de comunicación pública que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento»? Se nos escapa el conocimiento de cuáles son esos actos. ¿A qué se refiere el término «localización»? Si este término hace referencia a una localización de la obra en internet, entonces es contradictorio con la primera parte del apartado 1.º, puesto que si se incluye una URL desde la que se puede acceder legalmente a la obra, entonces los «actos de reproducción para la comunicación pública» estarán permitiendo el acceso. La redacción de este párrafo en su estado actual no puede aceptarse dada la oscuridad que introduce.

En el Preámbulo del proyecto donde se expresan las intenciones y propósitos de la norma, se dice que: «se amplía, en el ámbito de las universidades y centros de investigación, la excepción…» y que: «ciertamente, el actual artículo 32.2 en su redacción vigente hasta ahora queda muy lejos del alcance máximo que la señalada directiva permite dar a esta excepción o límite, aspecto éste que se deduce tanto de su articulado como de los considerandos de la misma. Por ello, ya el informe del Consejo de Estado previo a la aprobación de la Ley 23/2006, de 7 de julio, recordaba al legislador español que el alcance que se daba a ese límite o excepción en España quizá no resultase suficiente para cubrir las necesidades cotidianas del entorno educativo, quedando muy por debajo de lo que permite la Directiva 2001/29/CE».




Página 298


Por su parte en las referencias del Consejo de Ministros del 14 de febrero de 2014, en el que se aprueba remitir a las Cortes el proyecto de ley de modificación parcial de la LPI, al referirse al uso de fragmentos de obras en la enseñanza e investigación, se dice que:

«Dentro de la revisión de los límites a los derechos de propiedad intelectual, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la ilustración en la enseñanza y la investigación, al amparo de una Directiva comunitaria de 2001, que hasta ahora era muy restrictivo en nuestro país».

En ambos casos se manifiesta un propósito de «ampliar» el alcance de la excepción y hacerlo «al amparo de la Directiva comunitaria».

También el Consejo de Estado incide en su Dictamen en la necesidad de «emplear una redacción más clara y lineal y corregirse este vaivén de remisiones y falta de sistemática en el precepto que en los términos que se formula se hace complejo y extremadamente confuso» (pese a que el texto examinado no coincide totalmente con el texto del proyecto de ley, creemos que le es igualmente aplicable esta apreciación).

Por su parte, la Directiva comunitaria (Directiva 2001/29/CE) en su redacción es muy clara y con pocos requisitos. Dice la Directiva:

«Artículo 5. Excepciones y limitaciones.

3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:

a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida.»

A simple vista se comprueba que el alcance máximo de la Directiva se consigue con pocos requisitos y la redacción justa. Nada que ver con la procelosa redacción del artículo 32 del proyecto de ley.

Por todo ello, la propuesta ante la reforma del art. 32 de la LPI, tal como sugerimos en la enmienda, no puede ser otra que la de demandar que efectivamente se amplíe el límite de ilustración para la enseñanza y la investigación, reduciendo los requisitos legales a los mínimos necesarios, a saber:

— Que la finalidad sea educativa (sin distinción del tipo de educación) o de investigación científica.

— Que no haya fin comercial.

— Que el uso sea razonable y adecuado a la actividad (pero sin limitar la extensión de la parte utilizada ni el tipo de obra utilizado).

— Que se haga (como en cualquier otra excepción) un justo reconocimiento del autor y de la fuente.

En este sentido bastaría con dar al artículo de la LPI la redacción del artículo 5.3.a) de la Directiva, ya que su aplicación siempre vendrá condicionada por lo dispuesto en el art. 40 bis de la LPI, es decir, la excepción deberá interpretarse de manera que no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores ni que se cause un detrimento en la explotación normal de las obras.

La reforma, lejos de ampliar la aplicación de la excepción la reduce, conlleva una contradicción entre las intenciones de la exposición de motivos y lo dispuesto en el articulado, no refleja el máximo de la excepción contemplado por la Directiva comunitaria, y grava a las Universidades con un gasto extraordinario en un momento presupuestario además delicado.

El apartado 32.3 del proyecto de ley incluye como mejora al texto vigente del límite a la ilustración de la enseñanza, que de ‘‘actividades educativas en las aulas’’ se pase a ‘‘actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica’’. Es decir, expresamente se incluyen en la excepción las aulas virtuales junto a las físicas, y se extiende al fin de la investigación.

Ahora bien, sigue limitando la excepción al profesorado de educación reglada, y ahora incluso de forma más concreta al de la enseñanza «impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación




Página 299


científica», lo cual nos parece del todo insuficiente. El Consejo de Estado en su Dictamen de 28.11.2013 sobre el anteproyecto de ley de reforma de la LPI aconseja que no se limite la excepción a la educación reglada por la importancia que la educación no reglada tiene en la actualidad, importancia reconocida por la UNESCO. Hay que tener en cuenta, además, que el límite en la definición que establece la Directiva se ve restringido a finalidades educativas que no tengan carácter comercial, por tanto, no debería acotarse más su ámbito.

Para finalizar nuestra justificación a las enmiendas propuestas el último párrafo del artículo 32.3 utiliza en el proyecto de ley la expresión «no necesitarán autorización del autor o editor» cuando debería referirse a cualquier titular de derechos de propiedad intelectual. La excepción de ilustración de la enseñanza debe permitir utilizar no sólo obras en formato impreso, si no también sonoro, audiovisual, etc. y, por tanto, debe contemplar otros titulares de derechos.

Además, entendemos necesario en este último párrafo modificar el término remuneración y sustituirlo por compensación. El Consejo de Estado en su dictamen de fecha 10 de marzo de 2005, número 187/2005 (CULTURA), Expediente de Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, tuvo oportunidad de manifestarse en relación a los términos «compensación» y «remuneración» en el apartado «I. B. b.2’’.— La copia privada».

Lo que nos vino a señalar el Consejo de Estado en su dictamen es que los términos «compensación» y «remuneración» no son iguales, sino que tienen diferencias muy significativas. Podemos resumir sus criterios de la siguiente manera:

Nos hallamos ante una compensación cuando la ley disponga un pago por el restablecimiento de un desequilibrio patrimonial objetivamente causado por la conducta de un tercero. El importe de una compensación se debe calcular con arreglo a una valoración del daño causado y depende del caso concreto.

Por el contrario, nos hallamos ante una remuneración cuando el pago dispuesto por la ley traiga causa de una contraprestación o adquisición de un derecho. El importe de una remuneración se calcula con arreglo a criterios fijos y tasados y no depende del caso concreto, sino que se hace abstracción del supuesto de hecho.

Los términos literales del dictamen del Consejo de Estado fueron los siguientes:

«— La utilización del término ‘‘compensación equitativa’’.

La segunda cuestión controvertida es, precisamente, que el anteproyecto de Ley utiliza el término ‘‘remuneración equitativa’’ cuando, en realidad, la Directiva 2001/29/CE habla en el artículo 5.2.b) de ‘‘compensación equitativa’’. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico, la noción de ‘‘compensación’’ es distinta del concepto de ‘‘remuneración’’. En efecto, la remuneración es el pago por una contraprestación o adquisición de un derecho, mientras que la compensación es el restablecimiento de un desequilibrio patrimonial objetivamente causado por la conducta de un tercero. Esta distinción ha sido especialmente discutida con ocasión de la aplicación de la Directiva 2001/29/CE, hasta el punto de que el Comisario para el Mercado Interior, respondiendo a la pregunta que le había formulado una europarlamentaria finlandesa, llegó a afirmar que ‘‘la compensación equitativa es un nuevo concepto introducido por la Directiva y no es equivalente a los sistemas de retribuciones equitativos (cotizaciones), a los que el documento no hace ninguna mención explícita’’ (Diario Oficial de las Comunidades Europeas OJ C 172 E/046, de 18 de julio de 2002). En idéntico sentido, el cuestionario remitido por la Comisión Europea al Comité de Contacto —creado por el artículo 12.3 de la Directiva 2001/29/CE e integrado por representantes de todos los Estados miembros—, dice en su pregunta número cinco: ‘‘¿La Directiva 29/2001 requiere que los titulares de derechos reciban una compensación equitativa por la copia privada (...). ¿Cómo se regula en su legislación esta nueva noción introducida por la Directiva? Por ejemplo, si ya había un sistema de remuneración en vigor que sea anterior a la Directiva 29/2001, cómo se ha adaptado el mismo tras la entrada en vigor de la Directiva?’’ Pese a tan claras manifestaciones de la Comisión Europea, el anteproyecto de Ley sometido a consulta ha optado por continuar con el sistema de remuneración equitativa previsto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que establece un sistema de cánones o cotizaciones fijos, con independencia del daño efectivamente causado, que sería lo propio de un sistema de compensación equitativa. Y ello a pesar de que el considerando 35 de la Directiva 2001/29/CE, señala con claridad que ‘‘a la hora de determinar la forma, las modalidades y




Página 300


la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto’’, y ‘‘un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos’’, hasta el punto de que ‘‘determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago’’. Por tanto, la terminología utilizada en el anteproyecto de Ley, que habla de ‘‘remuneración equitativa’’, no responde a la orientación de la Directiva 2001/29/CE, que opta por la noción de «compensación equitativa», con las importantes diferencias que esta distinción comporta, en el orden jurídico y económico, a la hora de cuantificar el importe que debe ser abonado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, como quiera que, de acuerdo con las consideraciones antes realizadas, el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser adaptado en un futuro próximo a las exigencias del formato digital, será éste el momento adecuado para introducir —en lugar del sistema de remuneración equitativa— un nuevo modelo de compensación equitativa, a lo que debería hacer referencia expresa la disposición adicional del anteproyecto de Ley —antes sugerida— al hablar del proceso de adaptación del mencionado artículo 25 a los soportes digitales. Sólo si se hace referencia expresa a que el nuevo sistema regulado por la futura Ley será de ‘‘compensación’’ puede salvarse la transposición completa correcta, en el futuro, de la Directiva 2001/29/CE, sin que el hecho de cambiar ahora la rúbrica del artículo 25 resulte muy conveniente porque trastocaría la naturaleza jurídica de los cánones regulados en dicho artículo que pasarían a ser de «compensación» cuando su razón de ser respondía (y sigue respondiendo hasta su futura modificación) a criterios de ‘‘remuneración’’.»

Y por último, hemos de señalar la necesidad de que entre los actos permitidos al profesorado se incluyan también los de transformación, además de los ya contemplados de reproducción, comunicación pública y distribución, ya que en las prácticas docentes, así como en la investigación, en numerosas disciplinas, como las filologías, traducción e interpretación, comunicación audiovisual, etc., se necesita poder trabajar textos y otros materiales con omisión de partículas, sin sonido, sin subtítulos, etc. sin que ello implique ningún perjuicio injustificado a los titulares de los derechos, ni a la explotación normal de las obras y, en cambio, supone un beneficio claro para la enseñanza y para la investigación.

Por otra parte, La traducción entre lenguas es el paradigma de los actos de transformación de una obra de propiedad intelectual, por lo que es necesario amparar esta posibilidad para que la excepción incluya la posibilidad de usar la obra en su lengua original o en cualquier otra oficial del Estado o de una Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del articulo primero.

De modificación del Articulo 32. 3 c).

«c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada a éstos, salvo que se trate de

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.




Página 301


A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.»

JUSTIFICACIÓN

El concepto «publicación asimilada» implica un complemento del adjetivo «asimilada» que no puede ser de carácter general, como se pretende con la inclusión del último párrafo que, en su actual redacción, lejos de definir y concretar el concepto «publicación asimilada» lo generaliza ad infinitum, al entender por «publicación asimiladas» todo lo que sea impreso o susceptible de serlo, es decir, cualquier publicación en acto o en potencia. Por lógica «publicación asimilada» debe referirse a los libros de texto y manuales universitarios antes mencionados. La inclusión del pronombre demostrativo «estos» referido a los libros de texto y manuales universitarios lo deja claro y hace innecesario el último párrafo del apartado c) del artículo 32.3 del Proyecto. Así, pues, para una mejor interpretación del texto normativo, se propone la inclusión del pronombre y, consecuentemente, la supresión del último párrafo.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

De supresión de los apartados 4 y 5 del artículo 32.

JUSTIFICACIÓN

Respecto al nuevo apartado 32.4 del proyecto de ley, tal como ya hacía el anteproyecto de ley presentado a consulta pública en marzo de 2013, incorpora un canon universitario obligatorio: obligatorio para los autores, al convertirse en un derecho de gestión colectiva irrenunciable; obligatorio para las Universidades que se verían forzadas a firmar una licencia digital institucional con una entidad de gestión (hasta ahora voluntaria y negociada) si quieren incorporar parcialmente en sus aulas virtuales materiales protegidos por derechos de autor, incluso las obras protegidas con licencias libres, de los que la Universidad no sea titular.

Al convertir en irrenunciable el derecho de los autores y de obligada gestión colectiva, les priva de la libertad de decidir sobre el uso de sus contenidos. De este modo el proyecto de ley cierra la puerta al «Open Access», al «Copyleft» y a las licencias «Creative Commons», ya que de forma legal se obliga al «todos los derechos reservados» y a una licencia con una entidad de gestión. Pese a que el texto del proyecto incorpora la exclusión del derecho de remuneración equitativa a las obras de las cuales la universidad o un organismo de investigación sean titulares, o de las que haya obtenido acuerdo específico con el titular del derecho, las obras en «Open Access» y aquellas con licencias libres no responden, de entrada, a ninguna de estas tipologías. Tal como se expresaba en la declaración de la «Iniciativa Acceso Abierto de Budapest», el acceso abierto busca beneficiar al contribuyente, obtener beneficios académicos y científicos, así como amplificar el valor social de los organismos de financiación de la investigación y las instituciones que se dedican a ella. También la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación asume «el compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el




Página 302


posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica». Esa difusión universal del conocimiento no puede dar la espalda al ámbito educativo.

Con la reforma que el proyecto propone no hará falta solicitar autorización a los titulares de derechos por la ilustración de la enseñanza, pero sí se somete a remuneración equitativa a pagar a través de la entidad de gestión correspondiente, mediante la licencia oportuna. Como se puede apreciar, la comunidad educativa no gana nada, sino que más bien pierde, dado todo el contenido de libre acceso que se va a quedar en el camino.

Además, a diferencia del ámbito analógico, prácticamente ninguna entidad de gestión a nivel europeo puede gestionar de forma simultánea derechos reprográficos y derechos digitales sobre las obras, dado que la mayoría de editoriales, hasta años recientes, no ha comenzado a obtener la cesión de derechos digitales de obras creadas actualmente por los autores, y, por tanto, tampoco ha podido obtener los derechos digitales de las obras anteriores. El establecimiento de la remuneración irrenunciable a los autores y editores implicará el pago de unas cantidades a las entidades de gestión por un repertorio que actualmente no gestionan por falta de encargo de sus titulares, sin que la ley asegure que vayan a recibir dicho pago los verdaderos titulares del derecho.

El Consejo de Estado en su Dictamen de 28 de noviembre de 2013 sobre el anteproyecto de ley de reforma de la LPI señaló que la remuneración equitativa a pagar por las Universidades constituye una contradicción con el sistema de compensación de la copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado, expresando literalmente en el apartado 5.2 de su Dictamen que «hay algo de contradictorio en que el legislador se proponga establecer un sistema de compensación equitativa como es la del límite de copia privada, pasando a sufragarla con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado, y sin embargo introduzca una nueva remuneración equitativa a reclamar de las correspondientes entidades usuarias en el sector de la enseñanza universitaria, máxime en el ámbito de las Universidades públicas». En el mismo sentido se manifiesta el CGPJ en su Informe a la reforma.

El Consejo de Estado también llama la atención del legislador para no olvidar el derecho a la educación, el contenido en «Open Access» en la regulación de los derechos de autor y el papel de las Universidades como financiadoras de la investigación. Dice el Dictamen: «En particular, el régimen proyectado no parece tener en cuenta la especial posición de las Universidades, que son al tiempo titulares de derecho de propiedad intelectual, usuarios de obras protegidas y promotores de proyectos de investigación sometidos al régimen de la propiedad intelectual».

Por otra parte, la Comisión Nacional de la Competencia en su Informe al Anteproyecto de ley de reforma de la LPI (APL) manifiesta que:

«... la gestión colectiva obligatoria constituye un obstáculo a la gestión individual que, como tal, impide la entrada y limita la presión competitiva ejercida por los titulares de derechos. Al impedir a los titulares gestionar sus derechos de modo individual, se obliga a que éstos tengan que obtener servicios de gestión de la entidad, creando una demanda cautiva para las entidades de gestión, que operan desde una posición monopolística y, en estos casos, representan al titular por mandato legal…..En el APL propuesto no solo se mantienen los supuestos anteriores sino que introduce injustificadamente un nuevo derecho de gestión colectiva obligatoria con el derecho de cita con fines docentes. El artículo 32.3 del APL, prevé que, en relación con ese derecho de cita, los autores de las obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente tendrán un derecho irrenunciable a percibir de las entidades usuarias una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión. No cabe sino reiterar que esta supresión de la gestión colectiva obligatoria debería acometerse en próximas revisiones de la LPI y, en relación con el APL propuesto, no deberían introducirse nuevos derechos de gestión colectiva obligatoria.»

Resumidamente se opone a la introducción de un nuevo supuesto de gestión colectiva obligatoria y aboga por su supresión.

El reconocimiento de esta remuneración equitativa va más allá de lo contemplado por la Directiva, ya que ésta última, en todo caso, utiliza el concepto de «compensación equitativa a los titulares» y no «remuneración equitativa» que tal como hizo notar el Consejo de Estado no son conceptos sinónimos:




Página 303


«Ciertamente, desde el punto de vista jurídico, la noción de ‘‘compensación’’ es distinta del concepto de ‘‘remuneración’’. En efecto, la remuneración es el pago por una contraprestación o adquisición de un derecho, mientras que la compensación es el restablecimiento de un desequilibrio patrimonial objetivamente causado por la conducta de un tercero. Esta distinción ha sido especialmente discutida con ocasión de la aplicación de la Directiva 2001/29/CE, hasta el punto de que el Comisario para el Mercado Interior, respondiendo a la pregunta que le había formulado una europarlamentaria finlandesa, llegó a afirmar que «la compensación equitativa es un nuevo concepto introducido por la Directiva y no es equivalente a los sistemas de retribuciones equitativos (cotizaciones), a los que el documento no hace ninguna mención explícita» (Diario Oficial de las Comunidades Europeas OJ C 172 E/046, de 18 de julio de 2002). (…) Pese a tan claras manifestaciones de la Comisión Europea, el anteproyecto de Ley sometido a consulta ha optado por continuar con el sistema de remuneración equitativa previsto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que establece un sistema de cánones o cotizaciones fijos, con independencia del daño efectivamente causado, que sería lo propio de un sistema de compensación equitativa.»

Es decir, la Directiva 2011/29/CE a la cual debe ceñirse la legislación española no contempla el establecimiento de una remuneración equitativa, y tampoco prevé una compensación equitativa irrenunciable para la excepción de la ilustración de la enseñanza. El proyecto de ley va más allá de lo dispuesto en la normativa a transponer.

Además, y en relación al «desequilibrio patrimonial objetivamente causado» que debe analizarse para considerar la posibilidad de compensación, por el hecho de poner a disposición de los alumnos de una asignatura un capítulo de un libro, o un artículo de revista, es difícil pensar que se produzca efectivamente un desequilibrio patrimonial: tal como indica, de una manera muy simple, el juez de la sentencia de 11 de mayo de 2012 de la United States District Court for the Northern District of Georgia Atlanta Division, caso University Press et al v. Patton et al.: un capítulo de libro o un 10% de un libro no sustituye a un libro completo (argumentos de las páginas 72 y siguientes) y por tanto, el acceso a un capítulo no cambia las decisiones de compra de un libro completo. El juez acaba considerando la reproducción y puesta a disposición de fragmentos de un máximo del 10% del contenido de un libro, o de un máximo de un capítulo de libro, para consulta exclusiva de los estudiantes matriculados en la asignatura, siempre que tengan como finalidad la ilustración de la enseñanza, como de uso justo. Las universidades y las bibliotecas universitarias, tal como ya expusimos en relación al anteproyecto de ley, siguen adquiriendo y suscribiendo libros, revistas y recursos electrónicos tanto para el apoyo a la investigación como a la docencia y pretenden seguir haciéndolo.

Por otra parte, y poniendo en relación las interpretaciones realizadas por el TJUE sobre la compensación equitativa por copia privada, en concreto la sentencia de 16 de junio de 2011, asunto C-462/09, caso Stichting de Thuiskopie dice lo siguiente (según reproduce el CGPJ en su dictamen):

«La Directiva 2001/29/CE (...) debe interpretarse en el sentido de que el usuario final que realiza a título privado la reproducción de una obra protegida debe, en principio, considerarse el deudor de la compensación equitativa (...) No obstante, los Estados miembros tienen la facultad de establecer un canon por copia privada que grave a quienes ponen a disposición del usuario final equipos, aparatos o soportes de reproducción, siempre que estas personas tengan la posibilidad de repercutir el importe de dicho canon en el precio de puesta a disposición abonado por el usuario final.»

En el caso de la ilustración de la enseñanza la universidad realiza los actos de reproducción, puesta a disposición o comunicación pública, pero no los hace para beneficio propio, sino para el uso final por los estudiantes. Pero debe tenerse en cuenta que en el caso de las universidades públicas, la matrícula de los estudiantes no financia el coste de la enseñanza universitaria que reciben. Tal como se dice en la «Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español» elaborada por el Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, entregado al Ministro de Cultura el 12 de febrero de 2013.

«...los precios de los servicios pagados directamente por los usuarios están muy lejos de cubrir su coste. Estos precios están además determinados por regulaciones públicas...» (p. 54).

Por lo tanto, de nuevo, no es adecuado cargar a las universidades con la obligación de un nuevo pago.




Página 304


Este canon universitario representaría además un muy inoportuno gasto añadido a las Universidades en el actual momento de crisis económica y reducción notable de presupuestos.

Finalmente, debe también tomarse en consideración que las universidades y los organismos públicos son los grandes financiadores de la investigación científica, que será luego publicada en revistas o libros; que las editoriales no costean, sin embargo, los gastos de la investigación, sino tan sólo los de edición, aunque tampoco suelen pagar a los expertos que realizan las revisiones por pares o de calidad que a menudo proceden de universidades o centros de investigación. Las universidades, sin embargo, financian la investigación, pagan por adquirir y suscribir los libros y revistas en donde se publica, y ahora, además, si se aprobara este nuevo canon, tendrían que volver a pagar para poder realizar usos docentes del resultado de la investigación. Utilizando la expresión del Consejo de Estado, «hay algo de contradictorio» en ello, y más cuando existe un interés general, reconocido constitucionalmente, de protección de los fines educativos y docentes concretado en la misión de servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio que corresponde a las universidades, según la Ley Orgánica que las regula (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre).

Por último, no podemos dejar pasar la oportunidad para señalar que en el presente Proyecto de ley se regula el derecho a la propiedad intelectual como un derecho irrenunciable por parte de su titular. ¿Cómo se puede afirmar que el derecho a la propiedad intelectual es irrenunciable? Sobre todo si tenemos en cuenta que en dicho proyecto no se predica la irrenunciabilidad sobre los derechos morales de autor (que podría tener algún sentido, pues algunos lo consideran como un bien de la personalidad irrenunciable), sino sobre los derechos patrimoniales que de dicha obra se derivan, obligando además que esos derechos sean gestionados por las entidades de gestión de los derechos de autor, cuando en realidad el autor puede no pertenecer ni ser socio de dicha entidad, y privándole del derecho a la gestión individual, gestión que, por otro lado, con la tecnología actual ya es posible, como queda demostrado con el debate creado hace más de una década (Lewinski), con las licencias «Copylefts», «Creative Commons». Como se advierte de un modo claro e imperativo en el dictamen del Consejo de Estado número 1064/2013, de fecha 28 de noviembre de 2013 (apartado 5.2, párrafo 39), acerca del carácter normativo que desde julio de 2012 tiene la política pública de Open Access en la Unión Europea: «no son pocos los autores que acceden al ofrecimiento de sus obras sin la obtención de remuneración alguna a través del denominado ‘‘Open Access’’ en el que de alguna manera se hace prevalecer, por voluntad propia de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a veces incluso directamente por imperativo de la ley (cuando la financiación de los trabajos científicos es pública), el derecho a la educación sobre los derechos en abstracto de propiedad intelectual a los que se renuncia en aras de esos fines de interés general».

El carácter normativo que el Consejo de Estado nos recuerda que tienen las políticas de Acceso Abierto en la Unión Europea concuerdan con lo dicho hasta ahora acerca de que no es posible entender el derecho a la propiedad intelectual como irrenunciable, sobre todo, en cuanto a los beneficios económicos que se derivan del mismo. La Unión Europea en Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor ya permite esa renunciabilidad, cuando deja que el autor ejerza a favor de la humanidad su derecho a decidir lo que considere oportuno sobre sus obras. El establecimiento de un derecho irrenunciable a favor del autor, pero que obligatoriamente se ha de administrar a través de una entidad de gestión, en realidad lo que está haciendo es expropiándole al autor su derecho a decidir el sistema de acceder a su obra. Así, este proyecto de ley cierra la puerta al «Open Access», al «Copyleft» y a las licencias «Creative Commons», ya que contraviniendo la normativa europea y la naturaleza jurídica del derecho a la propiedad intelectual, está obligando a los autores a gestionar su derecho a través de las entidades de gestión e impidiéndoles dejar en abierto su creación.

Se está caracterizando el derecho a la propiedad intelectual como irrenunciable, vulnerando así la tradición jurídica y los principios más básicos del Derecho Civil, única y exclusivamente, para fundamentar la administración colectiva de los derechos de autor por parte de las entidades de gestión, sin que lo recaudado por este método recaiga en muchas ocasiones en los autores (por no ser socios de dichas entidades). Y es que, como muy bien afirma la Comisión Nacional de la Competencia en su Informe al Anteproyecto de la ley de reforma de la LPI (APL): «la gestión colectiva obligatoria constituye un obstáculo a la gestión individual que, como tal, impide la entrada y limita la presión competitiva ejercida por los titulares de derechos. Al impedir a los titulares gestionar sus derechos de modo individual, se obliga a que éstos tengan que obtener servicios de gestión de la entidad, creando una demanda cautiva para las entidades de gestión, que operan desde una posición monopolística y, en estos casos, representan al titular por mandato legal».




Página 305


Esta obligatoriedad de la gestión colectiva de nuevo está vulnerando el derecho del autor sobre su obra, pues le priva de elegir el medio por el cual autoriza la divulgación de su obra y obtener los beneficios económicos que de dicha explotación se deriven, caracterizando para ello el derecho de irrenunciable, cuando como se ha visto y ha quedado patente es una argucia jurídica muy difícilmente sostenible.

Estamos ante una flagrante vulneración del principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones privadas, las reguladas por el Derecho Civil, fundamentalmente, como lo es el derecho a la propiedad intelectual.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

De modificación del Artículo 32, apartado 4.

«Los titulares de derechos de las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b) tendrán un derecho a percibir de los centros usuarios una compensación equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión, salvo en los casos de que exista un previo acuerdo al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación o que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Este apartado no será aplicable a los supuestos en los que bien la legislación, bien los titulares, hayan optado por ofrecer a toda la humanidad el acceso abierto a los datos y documentos científicos objeto de propiedad intelectual.»

JUSTIFICACIÓN

La justificación de esta enmienda es doble. En primer lugar, se trata de clarificar la redacción del párrafo objeto de enmienda y, en segundo lugar, de dar cumplimiento a lo que señaló el Consejo de Estado en su dictamen número 1064/2013, de fecha 28 de noviembre de 2013, en el que informó su opinión sobre esta norma.

En cuanto a la clarificación, se ha ordenado el párrafo para situar en primer lugar a la oración principal, que establece la regla general contenida en la norma, colocando tras ella las dos excepciones a dicha regla general.

En lo que respecta al Consejo de Estado, este órgano señaló en su dictamen (apartado 5.2, párrafo 40) que «Debe pues necesariamente señalarse que dicho artículo 32 no será aplicable a los supuestos en los que bien la legislación, bien los titulares, hayan optado por ofrecer a toda la humanidad el acceso abierto de datos y documentos científicos supuestamente sometidos a derechos de propiedad intelectual». Dada la advertencia imperativa del Consejo de Estado, se recoge la literalidad de su propuesta y se adiciona en el segundo de los párrafos de esta enmienda de modificación.

Las razones por las que el Consejo de Estado realizó su advertencia imperativa son también explicadas en su dictamen (apartado 5.2, párrafo 39) y se deben al carácter normativo que desde julio de 2012 tiene la política pública de Open Access en la Unión Europea. Por su relevancia se reproduce íntegra y literalmente el párrafo del dictamen del Consejo de Estado:

«En tercer lugar, además, conviene no olvidar que en el sector de la docencia e investigación convive el derecho del autor con otro derecho, el de la educación —sobre todo teniéndose en cuenta que se trata de manuales universitarios y publicaciones asimiladas a ellos en el ámbito de los centros educativos y de la investigación y el acceso a la ciencia—, donde no son pocos los autores que acceden al ofrecimiento




Página 306


de sus obras sin la obtención de remuneración alguna a través del denominado ‘‘Open Access’’ en el que de alguna manera se hace prevalecer, por voluntad propia de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a veces incluso directamente por mandato imperativo de la ley (cuando la financiación de los trabajos científicos es pública), el derecho a la educación y el acceso a los conocimientos científicos sobre los derechos en abstracto de propiedad intelectual a los que se renuncia en aras de esos fines de interés general. Es más, esta política pública de Open Access lleva ya introducida oficialmente de forma tímida en la Unión Europea desde 2008 (en el séptimo programa marco) y de manera claramente abierta y con carácter normativo desde julio de 2012, en que se hicieron públicas la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Hacia un mejor acceso a la información científica: impulsar los beneficios de las inversiones públicas en investigación, Bruselas, 17 de julio de 2012 COM(2012) 401 final; y la Recomendación de la Comisión relativa al acceso a la información científica y a su preservación Bruselas 17 de julio de 2012 C(2012) 4890 final. Igualmente están introducidas con carácter normativo en Brasil —proyecto Scielo—, Australia, Sudáfrica y China, y en los Estados Unidos para los datos científicos desde febrero de 2013 (Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research, Policy Memorandum of the Presidency) y para los datos públicos o publicados por cualquier agencia u órgano federal desde mayo de 2013 (Executive Order —Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information, of May 9, 2013).»

El carácter normativo que el Consejo de Estado nos recuerda que tienen las políticas de Acceso Abierto en la Unión Europea implicaría que la norma en su actual redacción podría ser contraria a la legislación de la UE, concretamente podría contradecir las disposiciones de la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor. En su redacción actual, el proyecto impide al autor ejercer en favor de la humanidad su derecho a decidir lo que considere oportuno sobre el acceso a sus obras. El establecimiento de un derecho irrenunciable en favor del autor, pero que obligatoriamente se ha de administrar a través de una entidad de gestión, en realidad lo que está haciendo es expropiándole al autor su derecho a decidir el sistema de acceder a su obra. Y esta posibilidad de impedirle al autor decidir de qué manera y en qué condiciones económicas se puede acceder a su obra no se halla contemplada en la Directiva 2001/29/CE, por lo que su estipulación en la normativa nacional supondría contravenir la normativa europea.

Además, de aprobarse la norma con su redacción actual se generaría un gasto que deberían satisfacer las universidades en favor de la entidad de gestión correspondiente por unos conceptos a los que el autor ha renunciado previamente mediante su adscripción al Movimiento Open Access, movimiento seguido por las élites mundiales del conocimiento, como nos recuerda el Consejo de Estado. Resultaría paradójico que las universidades tuviesen que pagar a una entidad de gestión un dinero, en su mayor parte de origen público (dada la relación de miembros de las universidades públicas / universidades privadas de nuestro Estado) para que esta entidad de gestión no se hallase obligada luego a satisfacerlo a los autores porque los mismos hayan renunciado a sus derechos en favor de la humanidad, por utilizar la expresión del Consejo de Estado.

A estos argumentos hemos de añadir los señalados en la propuesta de enmienda anterior, tanto los referentes a la irrenunciabilidad de los derechos de propiedad intelectual por parte de los autores, como a todos los demás puntos señalados en la misma, a cuya justificación nos remitimos en aras a la brevedad.

En conclusión, la redacción actual, no sólo podría vulnerar la normativa europea sino que atenta contra las políticas públicas de la Unión y supone un gasto extraordinario que deberían satisfacer las universidades nacionales a una entidad de gestión en concepto de unos derechos cuya gratuidad ha sido dispuesta por los autores, a quienes se les expropia el derecho a decidir sobre el precio de su obra y las condiciones de acceso a la misma.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.




Página 307


ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

Se propone suprimir el término «públicos» de la redacción del apartado 4 del artículo 32:

«c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.»

JUSTIFICACIÓN

La actividad investigadora, fuente de progreso y de riqueza, no debe tener diferentes límites sea cual sea la naturaleza pública o privada donde la actividad se desarrolle.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo primero.

Se propone añadir un párrafo in fine al apartado 4 del artículo 37 bis, del siguiente tenor literal:

«Los actos autorizados podrán llevarse a cabo mediante acuerdos con instituciones privadas, siempre que tales acuerdos no impongan restricción alguna a los beneficiarios de esta excepción en cuanto al uso por su parte de las obras huérfanas, y no concedan al socio comercial ningún derecho a utilizar o controlar el uso de dichas obras. En caso de que se perciban ingresos por la realización de los actos autorizados, éstos deberán limitarse a cubrir los costes derivados de dicha actividad.»

JUSTIFICACIÓN

La transposición que se hace de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas en el proyecto de ley es ciertamente muy fiel a su texto; no obstante, hemos añadido algunos aspectos que, pese a contemplarlos en la Exposición de motivos del proyecto de ley, consideramos que no han recibido suficiente tratamiento en su articulado. Teniendo en cuenta que la Exposición de Motivos del Proyecto de ley no se incorporará al Real Decreto Legislativo 1/1996, es conveniente añadir en el apartado 4 la posibilidad de acordar contratos con el sector privado en los términos que contempla la Directiva citada:

Considerando 22: «Los acuerdos contractuales pueden ser útiles para promover la digitalización del patrimonio cultural europeo, entendiéndose, por tanto, que las bibliotecas, los centros de enseñanza y los museos, accesibles al público, así como los archivos, los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y los organismos públicos de radiodifusión deben poder celebrar, con vistas a los usos autorizados en virtud de la presente Directiva, acuerdos con socios comerciales para la digitalización y la puesta a disposición del público de obras huérfanas. Dichos acuerdos pueden prever aportaciones financieras de esos socios. Tales acuerdos no deben imponer restricción alguna a los beneficiarios de la presente Directiva en cuanto al uso por su parte de obras huérfanas, y no se debe conceder al socio comercial ningún derecho a utilizar o a controlar el uso de las obras huérfanas.»




Página 308


También la Directiva prevé que se puedan obtener ingresos por los usos autorizados siempre que ello se limite a cubrir los gastos incurridos con dichos usos. En este sentido:

Considerando 21: «A fin de incentivar la digitalización, se debe autorizar a los beneficiarios de la presente Directiva a obtener ingresos en relación con el uso por su parte de obras huérfanas en virtud de la presente Directiva, con el fin de lograr objetivos relacionados con su misión de interés público, también en el contexto de acuerdos de asociación público-privada.»

De hecho ya el TRLPI dispone en su artículo 19.4, en relación al préstamo, una disposición similar:

«Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 37.»

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo primero.

Se propone añadir una frase in fine al último párrafo del apartado 5 del artículo 37 bis, del siguiente tenor literal:

«Para el establecimiento de las fuentes de información se consultará a los titulares de derechos y a los usuarios.»

JUSTIFICACIÓN

Las bibliotecas son grandes usuarias de obras y su cualificación profesional está fuera de toda duda a la hora de poder señalar las fuentes de información referidas a la titularidad de las obras ya que están dotadas de los mejores profesionales en las disciplinas de biblioteconomía y documentación, hallándose además la Biblioteca Nacional como depositaria obligada legalmente de obras. Es por ello que incorporar la obligatoriedad de consulta a los titulares de derechos y a los usuarios no puede sino enriquecer la protección debida a los titulares de los derechos huérfanos y ofrecer una mejor búsqueda de los mismos.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo primero.




Página 309


Se propone añadir un párrafo in fine al apartado 7 del artículo 37 bis, del siguiente tenor literal:

«Los titulares de derechos de propiedad intelectual tendrán derecho a percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo. A fin de determinar la eventual cuantía de la compensación deberá tenerse debidamente en cuenta, entre otros factores, los objetivos públicos en materia de promoción cultural, la naturaleza no comercial de la utilización realizada justificada por razones de interés público, como el fomento del estudio y la difusión de la cultura, así como el posible daño a los titulares de derechos. La posibilidad de solicitar dicha compensación por los actos realizados con anterioridad a la declaración del fin de la condición de obra huérfana prescribirá al año de haberse registrado la búsqueda diligente, al igual que la posibilidad de reclamación por daños y perjuicios.»

JUSTIFICACIÓN

Al igual que en la enmienda propuesta al apartado 4 del artículo 37 bis, sería conveniente incorporar al texto normativo los criterios que respecto de la compensación equitativa incluye la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 que deben tenerse en cuenta para su valoración. La Directiva dice en concreto:

Considerando 18: «Los titulares de derechos deben tener la facultad de poner fin a la condición de obra huérfana en el caso de que reclamen sus derechos sobre la obra u otra prestación protegida. Los titulares de derechos que pongan fin a la condición de obra huérfana de una obra u otra prestación protegida deben recibir una compensación equitativa, en virtud de la presente Directiva, por el uso que se haya hecho de sus obras u otras prestaciones protegidas, compensación que ha de determinar el Estado miembro en el que esté establecida la entidad que utilice una obra huérfana. Los Estados miembros deben poder determinar libremente las circunstancias con arreglo a las cuales se puede organizar el pago de dicha compensación, incluida la fecha de vencimiento del pago. A fin de determinar la eventual cuantía de compensación equitativa, deben tenerse debidamente en cuenta, entre otras cosas, los objetivos de los Estados miembros en materia de promoción cultural, la naturaleza no comercial de la utilización realizada por las entidades en cuestión con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, como el fomento del estudio y la difusión de la cultura, así como el posible daño a los titulares de derechos».

Respecto de la posibilidad de solicitud de una compensación equitativa, proponemos añadir un plazo de prescripción. El proceso de digitalización de las obras es un proceso muy costoso, el cual todavía lo será más si se tiene en cuenta toda la carga administrativa que tendrán que asumir los entes beneficiados por la excepción para poder justificar la realización de una búsqueda diligente de los titulares de derechos de obras huérfanas. También debe tenerse en cuenta que la excepción se reconoce en función de la misión de interés público de estas entidades y para usos culturales y educativos. La posibilidad de la reclamación de una compensación equitativa en cualquier momento, por usos realizados con anterioridad a la fecha en la que la obra deja de ser huérfana (es decir cuando aparece el titular), al igual que la posibilidad de reclamación de daños y perjuicios, va a generar estados de incertidumbre contrarios al propósito original de la regulación de las obras huérfanas que es precisamente el de garantizar la seguridad jurídica en la utilización de estas obras.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado quince del artículo primero.




Página 310


De adición al Artículo 157 apartado 1, b).

«b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad el usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios:

1. El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

2. La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

3. La amplitud del repertorio de la entidad de gestión,. A estos efectos, se entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos derechos gestionan una entidad de gestión colectiva.

El repertorio deberá ser público con el fin de permitir una gestión individual de los derechos de autor. Los usuarios del mismo estarán exclusivamente obligados al abono de la compensación equitativa de las obras que formen parte del repertorio.»

JUSTIFICACIÓN

Una de las mayores dificultades con las que se han encontrado hasta la fecha los usuarios de obras administradas por las entidades de gestión de la propiedad intelectual es la de discernir si una obra se halla gestionada por una entidad o, si por el contrario, el titular de los derechos no es socio de ninguna entidad y, por tanto, los derechos que las obras rentaran habría que pagárselos directamente al mismo y no a una entidad que no le representa. La Unión Europea, consciente de la gravedad de este problema, ya había señalado en su Recomendación 2005/737/CE de la Comisión una serie de principios, «como la libertad de los titulares de los derechos de elegir sus entidades de gestión colectiva, la igualdad de trato de todas las categorías de titulares de derechos y el reparto equitativo de los derechos recaudados. Asimismo, invitaba a las entidades de gestión colectiva a facilitar a los usuarios información suficiente sobre las tarifas aplicables y el repertorio antes de las negociaciones entre ellos» (Considerando 6 de la Directiva 2014/26/UE), principios que se incorporan normativamente en la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

Las consecuencias de esta dificultad de identificación de las obras administradas por una entidad de gestión son dobles: en primer lugar introduce dificultades para la existencia de una libre competencia en la gestión de los derechos, libre competencia de la que pueda verse beneficiado el autor, y en segundo lugar impone a los usuarios unos pagos que finalmente no irán destinados a los verdaderos titulares de los derechos, sino que pasarán a englobar las partidas de derechos pendientes de identificación que finalmente se integrarán en los activos de las entidades de gestión.

En lo que respecta a los beneficios de la libre competencia, de la que los autores puedan beneficiarse, es necesario recordar que a pesar de que ya en diciembre de 2009 la entonces Comisión Nacional de la Competencia emitiera su «Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual», donde señalaba en su apartado 39 que «en estos momentos existen en España 8 entidades de gestión que, sin embargo, no compiten en la gestión de los mismos derechos, sino que, a pesar de que la LPI no lo imponía, cada una de ellas se ha especializado en la gestión de derechos que ninguna otra gestiona (normalmente de un determinado colectivo de titulares), ostentando de esa forma un monopolio de hecho en su sector. Esto es así con la única excepción de los derechos de los autores (directores y guionistas) del medio audiovisual, donde a partir de 1999 operan dos entidades: SGAE y DAMA». Esta situación de monopolio de hecho sigue vigente sin que desde diciembre de 2009 se haya realizado iniciativa legislativa o política alguna para dotarle al autor de la posibilidad de elegir entre diferentes entidades de gestión. Los perjudicados son los autores o los titulares de derechos, que se ven sometidos a optar por una sola entidad de gestión o por la administración individual de sus derechos.

En lo que respecta a los usuarios de los repertorios, la dificultad de identificación de las obras administradas por las entidades de gestión implica que se paguen a éstas por obras cuyos autores no son representados por las mismas. En este sentido, debe citarse el Informe de la Agencia Estatal de Evaluación




Página 311


de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, del Ministerio de la Presidencia, que en su informe de diciembre de 2008 sobre la «Evaluación del Sistema de Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad» dio luz a las prácticas de las entidades de gestión de ingresar en su propio patrimonio los importes de los derechos cuyos titulares no se hubieran identificado. De esta manera, se genera la gravísima situación de que cuanto peor identifique una entidad a los titulares de los derechos, podrá contar con mayor patrimonio, no teniendo ningún interés en identificar titularidades de autores que no sean socios de la entidad. No es óbice a esta cuestión el que las entidades de gestión no posean ánimo de lucro dado que esta característica, como los hechos demuestran todos los días, no impide el ejercicio del poder económico.

La expresa mención que se realiza a las Universidades y organismos de investigación se realiza dentro de la cada día mayor importancia que tienen para el desarrollo de un Estado las funciones asignadas a estas instituciones. Así lo establece normativamente la Unión Europea en la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Hacia un mejor acceso a la información científica: impulsar los beneficios de las inversiones públicas en investigación, Bruselas, 17 de julio de 2012 COM(2012) 401 final; y la Recomendación de la Comisión relativa al acceso a la información científica y a su preservación Bruselas 17 de julio de 2012 C(2012) 4890 final», tal y como nos lo recuerda el Dictamen del Consejo de Estado n.º 1064/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013 en su análisis sobre la norma objeto de esta enmienda.

En cuanto a la última oración, el sujeto de la frase es «una entidad de gestión», por lo que el verbo gestionar habrá de conjugarse en tercera persona del singular y no del plural, debiendo sustituirse el incorrectamente conjugado «gestionan» por el correcto «gestiona».

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo primero.

De adición de un nuevo artículo 33 bis.

«Artículo 33 bis. Servicios de agregación de contenidos.

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice




Página 312


estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las enmiendas anteriores, se trata de establecer en un artículo propio el contenido del apartado 2 del artículo 32 del proyecto de ley, sobre la compensación en favor de los editores de periódicos.

El lugar propuesto es coherente con la estructura del actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que el artículo 33 tiene como título el de «Trabajos sobre temas de actualidad» regulando dicho artículo límites en función de un interés informativo.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. a.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación de la disposición final cuarta. Entrada en vigor. Letra a.

«a) Lo establecido en el apartado 3 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la presente ley en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’. Lo establecido en el apartado 4 del artículo 32 entrará en vigor el 1 de septiembre de 2015.»

JUSTIFICACIÓN

La aplicación del apartado 4 a las Universidades generará la obligatoriedad de pago por las mismas a la entidad de gestión correspondiente que, en la actualidad, se trata del Centro Español de Derechos Reprográficos, que establece en sus tarifas un importe de 5 euros por alumno y año escolar, sin posibilidad de establecer períodos de tiempo inferiores al citado año escolar dado que los mismos no figuran en las tarifas. La entrada en vigor de esta norma se producirá al finalizar los trámites parlamentarios, que se presume será antes de la finalización de este año 2014 por lo que si el apartado 4 comienza entonces su vigor, se estaría generando una situación de hecho en contra de los ya bajos de por sí presupuestos de la administración institucional (universidades públicas) así como los de las universidades privadas que se verían obligadas a pagar unas tarifas por un curso escolar completo cuando éste ya se hubiera reducido al menos en el primer trimestre, ya transcurrido. La justificación de esta enmienda consiste en hacer coincidir la aplicación de la norma con el comienzo del curso escolar.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 14 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.




Página 313


ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 25 del apartado Uno del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con el apartado los apartados2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades mencionadas. Este derecho será hecho efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada.

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente, y en alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

3. La compensación deberá ser satisfecha por quienes pongan, de hecho o. El procedimiento de determinación de derecho la cuantía de esta compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a disposición de los beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al establecimiento del límite de copia privada en los equipos, aparatos términos previstos en los apartados 2 y soportes de reproducción digital, o les presten un servicio de reproducción, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado 63 del artículo 31,2d). Se habilita al Gobierno a fin de que, mediante real decreto, desarrolle y contará con una consignación anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como el procedimiento de pago de esta compensación la compensación, que se realizará a través de las entidades de gestión, se ajustarán a lo reglamentariamente establecido.

4. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho. A los efectos de la determinación de reproducción haya sido mínimo, lo que se determinará reglamentariamente.

5. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, que se determinarán reglamentariamente. En todo caso, no dará origen a una obligación de compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno.

6. En la determinación de la cuantía de la compensación equitativa podrá tenerse en cuenta, en los términos que se establezca reglamentariamente, la aplicación o no, por parte de los titulares del derecho de reproducción, de las medidas tecnológicas eficaces que impidan o limiten la realización de copias privadas o que limiten el número de éstas.

5. El importe la cuantía de la compensación deberá ser calculado atendiendo al perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, y para ello se equitativa, no tendrán en cuenta, entre otras variables,




Página 314


el tipo de medio de reproducción, el grado de uso de cada uno de dichos medios, su capacidad de almacenamiento, la estabilidad y tiempo de conservación de las la consideración de reproducciones efectuadas y la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el artículo 161.para uso privado:

6. A esos mismos efectos estarán exentos del pago de la compensación las reproducciones de obras que se realicen las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digital adquiridos por personas jurídicas, que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de los usuarios privados y que, además, se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas;

a) Los adquiridos las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, siempre que dicha actividad se ciña a los límites en cada caso autorizados en los términos de dicha autorización.

b) Los adquiridos por las administraciones públicas para uso exclusivo en el ejercicio de su actividad y siempre que sean utilizados únicamente para ese fin.

7. Los tipos de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y la cuantía individualizada de compensación a satisfacer por los adquirentes de cada uno de ellos serán determinados por una Comisión paritaria integrada por tres miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, tres representantes designados por las entidades de gestión y tres representantes nombrados por las organizaciones representativas de los obligados a la financiación de la compensación de acuerdo con lo previsto en el número 3 de este artículo. Se habilita al Gobierno para que mediante real decreto determine la constitución, funcionamiento efectos de las resoluciones de la citada Comisión paritaria.

8. Las cuantía determinadas mediante los acuerdos de dicha Comisión tendrán el carácter de obligación legal de pago para los obligados al mismo en los términos que se determinen reglamentariamente, y serán objeto de publicación en el BOE.

9. Las personas físicas o jurídicas que acrediten haber satisfecho efectivamente el importe de la compensación equitativa por copia privada por la adquisición de unos equipos, aparatos o soportes materiales, siempre que con los mismos no se hayan efectuado copias privada, , podrán solicitar de las correspondientes entidades de gestión la devolución o compensación de los importes satisfechos por dicho concepto, cuando posteriormente, vendan o de cualquier otra forma y mediante el pago de una contraprestación económica trasfieran definitivamente la propiedad de tales equipos, aparatos y soportes de reproducción a personas jurídicas fuera del territorio español.»

JUSTIFICACIÓN

La compensación equitativa por copia privada se introduce en el ordenamiento jurídico armonizado de la Unión Europea a través de la Directiva 2001/29/CE, y su finalidad es compensar los perjuicios causados por la copia privada a los autores y demás titulares.

Esta compensación ha sido objeto de diferentes resoluciones por parte del Tribunal de Justicia. Resoluciones que han conformado dicha compensación como una obligación cuyo deudor es la persona que, en ejercicio de la autorización legal correspondiente, confecciona copias privadas; y acreedores los autores y demás titulares de derechos sobre las obras copiadas.

Las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, y, en especial, la sentencia de 21 de octubre de 2010, admiten la posibilidad de que la obligación de financiación de la compensación recaiga en un tercero, como son los distribuidores comerciales de los medios que permiten la reproducción para uso privado. Pero condicionan dicha posibilidad a que el financiador tenga la posibilidad de desplazar el pago a quienes realmente hacen las copias y, por lo tanto, causan el perjuicio a los titulares de derechos.

El pago de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone el proyecto no respeta dicha condición, como han puesto de relieve tanto el Informe del Consejo General del Poder Judicial como el Dictamen del Consejo de Estado. Por ello es preciso adaptar el sistema al marco comunitario, de forma que sólo paguen la compensación quienes realizan las copias privadas, y no




Página 315


todos los contribuyentes. Incluso aquellos que de acuerdo con la redacción del artículo 31.2 propuesta por el propio proyecto tienen prohibido realizar copias privadas.

ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Tres del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que dice:

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 31 y se añade un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción:

«2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada:

a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

1.º Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil.

2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado:

a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.

b) Las bases de datos electrónicas.

c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.»

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción del artículo 31.2 y 3, proveniente de la Ley 26/2007, cumple suficientemente con las exigencias de la Directiva 2001/29/CE y la jurisprudencia de desarrollo.

Como ha indicado entre otros el Consejo de Estado, la reducción del límite, que se confronta directamente con un hábito de copia arraigado entre los consumidores, supondrá excluir de la excepción




Página 316


buena parte de las copias que actualmente realizan los ciudadanos. Que pasarán a ser copias ilícitas. Y ello sin que se arbitren en modo alguno los medios necesarios para garantizar la correcta aplicación del límite. Lo que puede incluso suponer un perjuicio adicional para los titulares de derechos, que deberá ser compensado por el Estado, originando una situación de permanente litigiosidad, como también avanzó el Consejo de Estado.

En estas condiciones, parece más adecuado, y pacífico, mantener el texto actual del artículo 31.2, que no ha generado conflictividad alguna.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Cuatro del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se modifica el título del artículo 32 así como su apartado 2, y se adicionan unos nuevos apartados 3, 4 y 5 con la siguiente redacción:

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.»

«3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que el uso quede restringido a los alumnos y personal docente del centro en que se efectúe la reproducción o al personal investigador del proyecto específico.

d) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

e) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.




Página 317


A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

4. Tampoco necesitarán la autorización de los autores y editores los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada o a una extensión asimilable al 10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en los centros de educación reglada las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre los titulares de los derechos el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro de educación reglada universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente en aplicación del presente de forma parcial según el apartado 4,b), los autores, tanto de los textos como de las obras de la creación visual incorporadas en las obras y publicaciones mencionadas, y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

6. Técnicos nombrados por las entidades de gestión llevarán a cabo la verificación y contraste de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo.

Un reglamento establecerá el procedimiento de nombramiento de estos agentes así como el de control de su actividad por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.»

JUSTIFICACIÓN

Las enmiendas que se proponen a los artículos 32.3 y 32.4 tratan de ofrecer un mayor equilibrio entre las necesidades de los centros educativos de cualquier nivel y la imprescindible protección a los derechos de propiedad intelectual. Debe tenerse en cuenta que si se aprobase el Proyecto tal y como está, autores y editores de libros y otras publicaciones, en muchos casos, verían rebajado el nivel de protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Efectivamente, la inclusión de este nuevo límite transforma en determinados supuestos el derecho exclusivo de autores y otros titulares de derechos para autorizar y prohibir el uso de sus obras en entornos educativos en un derecho de remuneración. Esta modificación acarrea importantes consecuencias. Los autores y editores perderán la facultad de oponerse a la utilización de las obras sin su autorización para pasar a ser titulares de un simple derecho de crédito. Del mismo modo se reducirá el abanico de acciones que los titulares afectados podrían ejercitar ante los tribunales en caso de incumplimiento (acción de cesación).




Página 318


Aún más, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, se limitará de manera muy notable la posibilidad de las entidades de gestión para establecer tarifas en los derechos de remuneración, en relación con los derechos exclusivos.

Se propone la inclusión de una nueva letra c) en el artículo 32.3 en la lista de requisitos que deberán cumplirse para que los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas plásticas o fotográficas, se vean amparados por este límite no remunerado. Consecuentemente, las letras c) y d) del texto del Proyecto pasarían a ser la d) y la e), respectivamente. Esta modificación mejora la redacción, al delimitar el alcance de los actos de explotación permitidos al amparo de este límite.

Por pura coherencia, pero también por un requisito de seguridad jurídica, se trataría de conseguir que los actos de explotación permitidos por este límite no remunerado, no fueran más allá de aquello que justifica su reconocimiento, ya que ello contravendría lo establecido en el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Berna, que determina la necesidad de que el límite se establezca en «casos especiales» y exige al legislador la determinación detallada de los supuestos exceptuados.

También es cierto que, por otro lado, el sistema legal que se articula en el proyecto presenta ventajas para los usuarios, especialmente centros universitarios, que podrán utilizar fragmentos de cualquier libro o revista sin necesidad de solicitar autorización ni a los autores ni a los editores. A cambio, obviamente, esos centros deberán abonar una remuneración a las entidades que gestionan de manera colectiva estos derechos por la utilización de fragmentos de libros, revistas y otras publicaciones sobre las que el centro educativo no ostente los derechos ni haya sido licenciado por sus titulares.

Como aclaración del nuevo límite remunerado que permite llevar a cabo reproducciones parciales de libros y demás publicaciones que van más allá del»pequeño fragmento», se propone aclarar el alcance de estas reproducciones, es decir, la parte de la obra que puede ser reproducida sin autorización. Esta aclaración se propone en aras a la seguridad jurídica y aplicación pacífica de la norma.

Se pretende determinar la extensión de la obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización a los titulares de derechos.

Se precisa el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación.

Esta modificación tiene su justificación en que en ocasiones un capítulo de un libro o un artículo de una revista pueden suponer el 25%, el 50% o hasta el 100%, en algún caso extremo, de una publicación. En otros, por el contrario, pueden suponer únicamente un 3%.

Este nuevo límite remunerado busca facilitar de un modo legal la utilización de reproducciones parciales de libros, revistas y demás publicaciones en el entorno educativo garantizando, en todo caso, una remuneración suficiente a autores y editores.

En todo caso, como cualquier límite, no puede configurarse de un modo tal que afecte a la normal explotación de la obra, lo que ocurriría si dentro del mismo se incluyera la posibilidad de reproducir, distribuir y comunicar públicamente fragmentos de extensión relevante o indeterminada.

La mayor concreción de la extensión de los libros o publicaciones periódicas que pueden ser reproducidos al amparo de este límite facilitará, a su vez, la determinación de la remuneración.

El centro educativo no abonará cantidad alguna por la utilización de los derechos de propiedad intelectual de los que sea titular o por la de aquellas que estuviera utilizando de acuerdo con una licencia otorgada por su titular, bien conforme a un sistema clásico de derechos de autor o de «creative commons» o similar.

La cantidad a abonar como remuneración deberá ser acordada entre las entidades de gestión y los usuarios. En defecto de acuerdo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la que determine el importe, (art 158 bis. 3 del proyecto).

En este sentido, parece que la excelencia en el desarrollo de la actividad educativa exige facilitar el uso de libros, revistas y otras publicaciones en el entorno académico, lo que justifica esta reforma legislativa y aún más la extensión de este sistema a todos los niveles de la educación reglada. No tiene sentido someter a la comunidad educativa a diferentes regímenes jurídicos en función del nivel educativo de qué se trate.

Además, la realidad ha demostrado que el régimen vigente de licencia voluntaria no ha sido asumido por los usuarios lo que ha generalizado una situación de «alegalidad» que no beneficia a los usuarios (profesores, alumnos e instituciones educativas) y perjudica a autores y editores.




Página 319


Por ello, desde esa perspectiva, las enmiendas presentadas en este punto tratan de hacer compatible una enseñanza de calidad en cualquiera de sus niveles con el imprescindible respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores.

En esa línea y de acuerdo con la valoración que se acaba de efectuar, con la enmienda se busca simplificar el régimen jurídico que sería el mismo para todos los centros de educación reglada, desde primaría hasta enseñanza universitaria, resultando indiferente el nivel de los mismos. Siendo las necesidades idénticas, nada justifica la existencia de una pluralidad de regulaciones sobre la materia.

Nuestra propuesta tiene un doble objetivo:

– Facilitar a nivel práctico en todos los niveles de la educación reglada el uso de reproducciones parciales de libros, revistas y otras obras impresas o susceptibles de serlo.

– Simplificar y homogeneizar el régimen jurídico aplicable a esos usos secundarios, lo que proporcionará mayor seguridad jurídica para usuarios y titulares de derechos.

Ello se consigue ampliando el ámbito de este nuevo límite remunerado a los centros de educación reglada de todos los niveles. Ello es así porque una educación de calidad exige en cualquiera de sus niveles la utilización de reproducciones parciales de libros, revistas y otras publicaciones. Pero ello debe hacerse de un modo que, por un lado garantice la máxima seguridad jurídica a los centros educativos y, por otro, una remuneración suficiente a los titulares de derecho afectados.

Tal y como ya se ha explicado anteriormente, el centro educativo no abonaría cantidad alguna por la utilización de los derechos de propiedad intelectual de los quesea titular o por la de aquellos que estuviera utilizando de acuerdo con una licencia otorgada por su titular, bien conforme a un sistema clásico o de «creative commons» o similar.

La cantidad a abonar como remuneración deberá ser acordada entre las entidades de gestión y los usuarios. En defecto de acuerdo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la que determine el importe, (art 158 bis. 3 del proyecto). Es decir, no se tratará nunca de una cantidad impuesta por las entidades de gestión sino que será fruto del acuerdo o, en su defecto, de la decisión de un órgano administrativo.

El proyecto, tal y como se ha presentado a las Cortes, podría conseguir esa finalidad en el ámbito universitario pero no en niveles inferiores en los que las exigencias de excelencia educativa con la utilización de recursos que la misma impone son exactamente las mismas.

Conforme al anteproyecto, un centro de educación reglada de nivel inferior al universitario se vería abocado a solicitar una licencia a los titulares de derechos o a las entidades de gestión correspondientes para utilizar algo más que un pequeño fragmento de cualquier libro o revista, o incluso para fotocopiar y distribuir entre sus alumnos siquiera una página si hablamos de libros de texto.

Ello resulta completamente disfuncional. El centro educativo de nivel inferior al universitario va a necesitar utilizar esos fragmentos de esos libros, revistas o publicaciones porque así lo requiere una actividad educativa de calidad. La forma más sencilla de cohonestar esa exigencia con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores y con una gestión sencilla es extender el límite con su correspondiente remuneración de gestión colectiva obligatoria a todos los niveles de educación reglada.

Además y en consonancia con el resto del apartado 4 en el que se hace referencia a autores y editores en plural, se sustituye «titular del derecho de propiedad intelectual» por su plural «titulares de derechos de propiedad intelectual».

Por último, se especifica que los autores de obras de la creación visual incorporadas en los libros y demás publicaciones tienen igualmente reconocido este derecho de remuneración para evitar que este apartado pueda interpretarse en el sentido de que no, lo que en todo caso constituiría una discriminación negativa frente a los autores de texto y conculcaría el artículo 14 de la Constitución española y podría ser considerado inconstitucional.

Igualmente, de cara a una aplicación pacífica de la norma resulta, imprescindible prever un nuevo párrafo de este artículo 32 (32.6) para incluir la facultad de contraste y verificación que asegure el exacto cumplimiento de lo establecido en este artículo. Esta labor sería desarrollada por parte de las entidades de gestión, bajo la supervisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Estos mecanismos benefician tanto a los titulares de derechos que tendrán la seguridad de que se cumple la ley como a los usuarios del sector educativo que tendrán la certeza de que están abonando una




Página 320


remuneración ajustada a los usos que efectúan de obras protegidas sobre las que no ostentan derechos ni licencia de ningún tipo.

Además permitirán conocer a las autoridades educativas la realidad del uso de fragmentos de libros, revistas en entornos educativos.

Estamos ante actos de explotación de las obras que tienen lugar en entornos cerrados, en centros educativos, no en establecimientos situados a pie de calle o abiertos al público. Aún más, en muchos casos, estamos ante actos de comunicación pública que se efectúan a través de redes cerradas e internas a las que sólo se accede si se dispone de una clave ad hoc. Si no se articulan mecanismos razonables de contraste y verificación, las dudas e incertidumbres terminarán creando tensiones que en nada benefician a la aplicación pacífica de la norma.

Si no se articula un sistema eficaz de contraste y verificación es muy fácil que, por ejemplo, un usuario se niegue a abonar la remuneración con la excusa de que no se utilizan las obras y no se podrá comprobar jamás si esa afirmación es cierta o no. Tampoco podrá verificarse si se respeta el límite del capítulo, artículo o extensión asimilable al 10% de la obra o la recogida en el párrafo 5.

Por otra parte, y tan importante como lo expuesto anteriormente o más, es la utilidad de estos sistemas para establecer el importe de la remuneración a abonar. A través de estos sistemas de verificación y contraste se puede conocer qué publicaciones y de qué modo utiliza el centro educativo.

Conforme al texto del proyecto, deberá satisfacerse remuneración únicamente por el uso de las obras que el centro educativo esté utilizando al amparo del nuevo límite y, por el contrario, no deberá abonarse cantidad alguna por el uso de las obras de las que el centro es titular de los derechos o bien si el usos se efectúan de acuerdo con una licencia otorgada por el titular de derechos o una licencia creative commons o similar.

Conocer los usos reales es fundamental tanto durante la preceptiva negociación entre las partes tendente a fijar el importe de la remuneración como, en caso de falta de acuerdo, para que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual fije qué cantidad debe abonarse. (Artículo 158.bis.3). Y estos datos únicamente pueden obtenerse de una manera transparente y segura con un procedimiento de verificación y contraste.

Esta información se suministraría no sólo a las partes involucradas en el procedimiento para determinar el importe de la remuneración (entidades de gestión y representantes de los centros educativos), sino también, y además de a la propia Comisión de Propiedad Intelectual, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a las propias Comunidades Autónomas interesadas.

Este mecanismo es pues, al tiempo, una garantía de transparencia y un instrumento imprescindible para que la remuneración a abonar sea justa, equitativa y adecuada a los usos reales, ofreciendo además a las autoridades educativas una valiosísima información sobre el uso real de libros, revistas y otras publicaciones en entornos educativos.

Por ello, los países de nuestro entorno que ofrecen un sistema de licencia legal de esta naturaleza, articulan en su ley una forma de verificación como la propuesta. Es el caso de Francia, que la recoge en el artículo 331-2 de su Ley, previendo, eso sí, que los técnicos, denominados en su ley agentes, de las entidades de gestión encargados de esta actividad de comprobación cumplan las condiciones exigidas para ellos y plasmadas en el correspondiente Decreto.

«… sont agrés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret du Conseil d´Etat»

En nuestro país, la facultad de contraste y verificación estaría sujeta a las condiciones establecidas y al control correspondiente efectuado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.




Página 321


ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del Artículo 32 del apartado Cuatro del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo dos nuevas letras. Quedaría redactado de la siguiente forma:

«3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que la comunicación pública o la puesta a disposición del público se lleve a cabo a través de redes internas o cerradas del centro docente o del centro de investigación a las que únicamente puedan acceder el profesorado y los alumnos de dicho centro docente o el personal investigador del mencionado centro de investigación, o bien en el marco de un programa de educación a distancia al que sólo tenga acceso el profesorado y los alumnos del referido programa.

d) Que la distribución se efectúe exclusivamente entre el profesorado y los alumnos o bien entre el personal investigador del mismo centro en el que se realice la reproducción.

e) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1. Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2. Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

f) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.»

JUSTIFICACIÓN

Se mejora la redacción aclarando el alcance de los actos de explotación permitidos al amparo de este límite.

Por pura coherencia, pero también por un requisito de seguridad jurídica, se trataría de conseguir que los actos de explotación permitidos por este límite no remunerado, no fueran más allá de los permitidos en el apartado 4 para el límite remunerado.




Página 322


ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto b) del apartado 4 del Artículo 32 del apartado Cuatro del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o de una publicación asimilada o extensión asimilable al 10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.»

JUSTIFICACIÓN

En sede del nuevo límite remunerado que permite llevar a cabo reproducciones parciales de obras que van más allá del «pequeño fragmento» se propone aclarar el alcance de estas reproducciones, la parte de la obra que puede ser reproducida sin autorización, aclaración que se propone en aras a la seguridad jurídica y aplicación pacífica de la norma.

Se pretende clarificar la extensión de la obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización al titular de derecho.

Se aclara el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación.

La razón es bien sencilla: en ocasiones un capítulo de un libro o un artículo de una revista pueden suponer el 25%, el 50% o hasta el 100%, en algún caso extremo, de una publicación. En otros, por el contrario, pueden suponer únicamente un 3%.

Este nuevo límite remunerado busca facilitar de un modo legal la utilización de reproducciones parciales de obras de texto en el entorno educativo garantizando, en todo caso, una remuneración suficiente a autores y editores.

En todo caso, como cualquier límite, no puede configurarse de un modo tal que afecte a la normal explotación de la obra, lo que ocurriría si dentro del mismo se incluyera la posibilidad de reproducir, distribuir y comunicar públicamente fragmentos de extensión relevante, es decir, superior a ese 10%.

La mayor concreción o clarificación de la extensión de los libros o publicaciones periódicas que pueden ser reproducida al amparo de este límite facilitará, a su vez, la determinación de la remuneración.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de los puntos c) y d) del apartado 4 del Artículo 32 del apartado Cuatro del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:




Página 323


«c) Que los actos se realicen en los centros de educación reglada o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro de educación reglada u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda tiene un doble objetivo:

– Facilitar a nivel práctico en todos los niveles de la educación reglada el uso de reproducciones parciales de libros, revistas y otras obras impresas o susceptibles de serlo.

– Simplificar y homogeneizar el régimen jurídico aplicable a esos usos secundarios, lo que proporciona seguridad jurídica.

Ello se consigue ampliando el ámbito de este nuevo límite remunerado a los centros de educación reglada de todos los niveles. Ello es así porque una educación de calidad exige en cualquiera de sus niveles la utilización de reproducciones parciales de obras de texto. Pero ello debe hacerse de un modo que, por un lado garantice la máxima seguridad jurídica a los centros educativos y, por otro, una remuneración suficiente a los titulares de derecho afectados.

El proyecto tal y como se ha presentado a las Cortes podría conseguir esa finalidad en el ámbito universitario pero no en niveles inferiores en los que las exigencias de excelencia educativa con la utilización de recursos que la misma impone son exactamente las mismas.

Conforme al anteproyecto, un centro de educación reglada de nivel inferior al universitario, se vería abocado a solicitar una licencia a los titulares de derechos o a las entidades de gestión correspondientes para utilizar algo más que un pequeño fragmento de cualquier libro o revista, o incluso para fotocopiar y distribuir entre sus alumnos siquiera una página si hablamos de libro de texto.

Ello resulta completamente disfuncional. El centro educativo de nivel inferior al universitario va a necesitar utilizar esos fragmentos de esas obras porque así lo requiere una actividad educativa de calidad. La forma más sencilla de cohonestar esa exigencia con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores y con una gestión sencilla es extender el límite con su correspondiente remuneración de gestión colectiva obligatoria a todos los niveles de educación reglada.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.




Página 324


Se propone la modificación del Artículo 37 bis del apartado Cinco del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 37 bis. Obras huérfanas.

1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.

2. Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme ala la presente artículo, siempre que Ley, sin perjuicio de los derechos de los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados hayan autorizado y, en relación con los derechos que ostenten, a las entidades mencionadas en el apartado 4, a la reproducción y puesta a disposición del público de su obra y sin menoscabo caso, de sus derechos. la necesidad de la correspondiente autorización.

3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2.º de la presente Ley, y deberá ser identificada como ‘‘obra huérfana’’.

4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes obras huérfanas, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos:

a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos, fonotecas y filmotecas.

b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de éstas, salvo que los titulares de sus derechos estén identificados o localizados, en cuyo caso será necesaria su autorización para su reproducción y puesta a disposición del público.

5. Las obras huérfanas se podrán utilizar en la forma establecida en el presente artículo siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea. Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda diligente, en dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de la obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, la búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho Estado.

En el caso de que dichas obras cinematográficas o audiovisuales hayan sido coproducidas por productores establecidos en distintos Estados miembros, la búsqueda diligente debe efectuarse en cada uno de esos Estados miembros.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, siempre que exista un elemento objetivo que permita cuando sea razonable presumir que sus titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.

La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las fuentes de información que se indican a continuación, así como aquellas otras que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países, sean o no




Página 325


miembros de la Unión Europea, donde haya indicios de la existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.

1.º En el caso de libros publicados:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los catálogos de la Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes, en particular WATCH (escritores, artista y sus titulares de derechos de autor), el ISBN (International Standard Book Number).

g) Las fuentes que integren múltiples bases de datos y registros, incluidos VIAF (Fichero de Autoridades Internacional Virtual) y ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2.º En el caso de periódicos, revistas, revistas especializadas y publicaciones periódicas:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los catálogos de los fondos y colecciones de bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes para publicaciones periódicas, en particular el ISSN (International Standard Serial Number).

3.º En el caso de las obras plásticas, tales como obras de pintura y escultura, fotografía, ilustración, diseño, arquitectura, bocetos de arquitectura y otras obras similares contenidas en libros, revistas especializadas, periódicos y revistas u otro material impreso, así como en obras cinematográficas o audiovisuales:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) Las fuentes relacionadas en los apartados 1 y 2 anteriores.

c) El Registro de Propiedad Intelectual.

d) Las bases de datos de agencias fotográficas.

4.º En el caso de las obras audiovisuales y los fonogramas:

a) Las bases de datos de las entidades de gestión autorizadas administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

d) Las bases de datos y registro del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).

e) Las bases de datos de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro, tales como la Filmoteca Española.

f) La información de las asociaciones españolas de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

g) Las bases de datos de bibliotecas.

h) Las bases de datos de registros internacionales estandarizados, tales como ISAN (International Standard Audiovisual Number) respecto al material audiovisual, ISWC (International Standard Musical Work Code) para las obras musicales y el ISRC (International Standard Recording Code) para los fonogramas.

i) La información que figure tanto en los títulos de crédito como en el embalaje de la obra.




Página 326


6. Las entidades citadas en el apartado 4 deberán tener documentado el proceso de búsqueda diligente y almacenada la información sobre dicha búsqueda en una base de datos, que consistirá, como mínimo, en la siguiente:

a) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

b) Certificados expedidos por los titulares de las fuentes de información consultadas acreditativos de la realización de las consultas encaminadas a realizar una búsqueda diligente.

Asimismo, las6. Las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el proceso de búsqueda de los titulares de derechos y remitirán la siguiente información al órgano competente a que se refiere el apartado siguiente:

a) Denominación de las obras.

b) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

ca) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana.

db) El uso que las entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con ella presente artículo Ley.

ec) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado siguiente, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen.

fd) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.

El órgano competente a que se refiere el siguiente apartado comunicará esta información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para su registro y publicación en la base de datos en línea accesible al público.

7. En cualquier momento, los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es cumplir con muchas de las exigencias normativas que se contienen en la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, cuya completa transposición es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en la utilización de las obras huérfanas y el respeto de los derechos de autor.

Asimismo, mediante la presente enmienda se pretenden limitar las remisiones a un posterior desarrollo reglamentario y, así, evitar la inseguridad jurídica y la desprotección de los derechos de autor que esta remisión puede provocar.

En concreto, en los apartados 2 y 4, las modificaciones introducidas tienen por finalidad establecer de manera más clara una cuestión tan relevante como es el hecho de que este artículo no afecta a los derechos de los titulares, que estén identificados y localizados, de obras protegidas que se encuentren insertadas o incorporadas en otras obras, que puedan ser consideradas huérfanas, y para cuya reproducción y comunicación pública es necesario contar con la previa autorización de dichos titulares.

En el apartado 3 se incorpora la obligación de identificar que el uso que se hace de la obra es en la condición de obra huérfana para garantizar la transparencia en las condiciones de dicho uso.

En el apartado 5 se incluye una cuestión de importancia que aparece resuelta en la Directiva 2012/28/UE, objeto de trasposición, y que consiste en la determinación del Estado en que ha de efectuarse la búsqueda diligente en el caso de una obra audiovisual o cinematográfica coproducida.

Asimismo, se sustituye el término «razonable» por «elemento objetivo», por ser éste último término jurídicamente más determinado.

Además, se incluye la obligación de consultar, al menos, las fuentes establecidas en la Directiva 1012/28/UE, en aras a garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas en tanto en cuanto no haya desarrollo reglamentario a este respecto.

En el apartado 6, y con la misma finalidad de garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas, en tanto en cuanto no se designe un órgano nacional competente para custodiar los resultados




Página 327


de las búsquedas diligentes, se establece la obligación de las entidades de tener documentado el proceso de búsqueda diligente.

Además, se hace referencia a la necesidad de remitir la información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que de acuerdo con lo establecido en la Directiva 1012/28/UE, es el organismo que tiene encomendado el establecimiento y administración de una base de datos europea con la información sobre las obras huérfanas.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del subapartado 7.º del punto b) del apartado 1 del Artículo 157 del apartado Quince del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante Orden del ministro de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y tras la consulta a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de propiedad intelectual.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 159 del apartado veinte del Artículo primero de este Proyecto de Ley.

Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en el Estado en materia de propiedad intelectual, habida cuenta de que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta las funciones de mediación y arbitraje en esta materia, sin menoscabo de las que ostenta la Administración General del Estado, tal y como se recoge en el apartado B) 2. c) del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 158 del apartado Diecisiete del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado




Página 328


por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«1. Se crea adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporta la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control en los supuestos previstos en el presente título, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que les atribuye la presente Ley, ello sin perjuicio de las funciones de mediación y arbitraje que les corresponden a las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia» de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la presente Ley Asimismo ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 159 del apartado veinte del Artículo primero de este Proyecto de Ley.

Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en el Estado en materia de propiedad intelectual, habida cuenta de que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta las funciones de mediación y arbitraje en esta materia, sin menoscabo de las que ostenta la Administración General del Estado, tal y como se recoge en el apartado B) 2. c) del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Artículo 158 bis del apartado Dieciocho del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

Dieciocho. Se adiciona un nuevo artículo 158 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control.

1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las partes,




Página 329


de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de propiedad intelectual su función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación.

La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará, al menos, los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados, respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones actualizando o desarrollando la metodología para la determinación de las tarifas generales referida en el artículo 157.1.b), previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, de los órganos autonómicos de defensa de la competencia.

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios mínimos previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación. En caso de apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se comunicará esta circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a los órganos autonómicos de defensa de la competencia, a los efectos oportunos.

5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de las funciones que la Sección Primera desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 159 del apartado veinte del Artículo primero de este Proyecto de Ley.

Adecuación al régimen de distribución competencial vigente en el Estado en materia de propiedad intelectual, habida cuenta de que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta las funciones de




Página 330


mediación y arbitraje en esta materia, sin menoscabo de las que ostenta la Administración General del Estado, tal y como se recoge en el apartado B) 2. c) del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Veinte del Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

Veinte. Se modifica el artículo 159, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 159. Competencias de las Administraciones Públicas.

1. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las siguientes funciones:

a) El otorgamiento y revocación de la autorización de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en los artículos 147 a 149.

b) La aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades, una vez que lo hayan sido por la respectiva Asamblea General y sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Dicha aprobación se entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su presentación.

c) Inspección, vigilancia y control, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual cuando de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente no corresponda el ejercicio de estas funciones a una Comunidad Autónoma.

2. Conforme a lo previsto en sus correspondientes estatutos de autonomía, las Comunidades Autónomas podrán asumir las siguientes funciones respecto a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual:

a) El otorgamiento y revocación de autorización de las entidades o asociaciones de gestión de derechos de propiedad intelectual que pretendan dedicar su actividad ordinaria, de manera exclusiva o principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en los artículos 147 a 149...

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual actúa principalmente en una Comunidad Autónoma cuando su domicilio social se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autónoma y el principal ámbito de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su gestión se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más del 85% de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condición.

b) La aprobación de Estatutos de dichas entidades de gestión y sus modificaciones.

c) La función de salvaguarda de derechos en el entorno digital a que se refiere el artículo 158 ter de la presente ley, y en concreto, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa estatal de todas las entidades de gestión que operen en la Comunidad Autónoma en lo relativo a su actividad en la misma, y en particular: la obligación de administrar los




Página 331


derechos de propiedad intelectual conferidos, las características de los contratos de gestión, el reparto de derechos y la función social de las entidades de gestión.

d) El control de todas las entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora, que operen en la Comunidad Autónoma, en lo relativo a su actividad en la misma. Ello incluye la fiscalización de documentación contable, de declaraciones-liquidaciones anuales y de la relación de pagos efectuados.

e) La mediación, el arbitraje, y la fijación de tarifas en los supuestos, y con los mismos efectos, que los contemplados en los artículos 158 y 158 bis de la presente ley y respecto de entidades de gestión de competencia autonómica.

3. Funciones concurrentes y compartidas entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y fórmulas institucionales de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas las siguientes funciones:

a) La colaboración entre el registro central y el registro territorial de la Comunidad Autónoma con arreglo a la normativa específica sobre el Registro General de la Propiedad Intelectual.

b) La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma podrán establecer los convenios de colaboración que estimen convenientes en las materias a que se refiere este acuerdo.

c) La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma mantendrán constantes intercambios de información y colaborarán en sus respectivas acciones a fin de mantener una estrecha comunicación cultural, según lo previsto en el artículo 149.2 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

El texto propuesto se adecua mejor al sistema de distribución de competencias entre el Estado y aquellas Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de propiedad intelectual.

Si bien es cierto que, según la STC 31/2010, de 28 de junio, corresponde al Estado decidir como titular de la función legislativa en la materia (149.1.9) si las facultades de autorización y revocación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual puede retenerlas para sí o ejercerlas las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus facultades de gestión, parece más ajustada al modelo compuesto del Estado el contenido en la enmienda propuesta que el que consta en el proyecto remitido por el Gobierno. Además, es el actualmente vigente en el RD 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General el Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el RD 3096/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual. Y, en el mismo sentido se pronuncia el Estatuto Catalán en su artículo 155.1.b, y sus desarrollos posteriores.

Por otra parte, y respecto a la inspección y control de las entidades de gestión, parece más acorde con la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia para la ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual, que éstas asuman las funciones según se encuentran recogidas en la enmienda en vez de cómo se contienen en el proyecto. El texto propuesto en la enmienda es conforme con la jurisprudencia constitucional (STC 103/99) y además es el actualmente vigente en el RD 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General el Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el RD 3096/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




Página 332


ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al Artículo primero del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

Apartado Nuevo. Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos:

«f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería y las propias obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas.»

JUSTIFICACIÓN

Por incluir entre los objetos de propiedad intelectual a las obras de arquitectura realizadas, además de los proyectos, planos, maquetas y diseños, como se recoge en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición transitoria al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria nueva. Aplicabilidad del régimen de compensación equitativa por copia privada vigente hasta el 1 de enero de 2012.

1. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente en materia de compensación equitativa por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 20/2011, de 30 diciembre.

2. Hasta el 1 de enero de 2012, la compensación equitativa por copia privada quedará determinada para cada modalidad de reproducción en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos, tanto analógicos y digitales, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio, de acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012.

3. El importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor y responsable solidario hasta el 1 de enero de 2012 será el que se deduzca de la aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012 y de la Orden PRE/1743/2008, de 18 junio de 2008, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

4. No habrá lugar a la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen legal vigente en materia de compensación por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, a excepción de aquellos casos de liquidación y pago indebidos derivados de errores materiales o aritméticos cometidos




Página 333


en el proceso de liquidación y pago de la deuda. En ningún caso podrá pretenderse la devolución o reintegro del importe de la compensación abonado o repercutido de acuerdo con la normativa vigente hasta el 1 de enero de 2012 de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la presente disposición transitoria, porque se estima que es imprescindible generar un marco de seguridad jurídica suficiente que respalde, amplíe y aclare la previsión que, en el mismo, sentido se incluyó en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del estado.

Desde la aprobación de la referida norma reglamentaria, han recaído pronunciamientos de ámbito comunitario y nacional que, confirmando la validez del sistema español de copia privada vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, hacen necesario una norma con rango de ley regule las situaciones que bajo la normativa derogada siguen pendientes de liquidación o pago.

Aunque el Tribunal Supremo ha sido claro en sus sentencias dictadas en los procedimientos contenciosos-administrativos contra la Orden PRE/1743/2008 de 18 julio, estableciendo su vigencia para compensaciones devengadas antes del 1 de enero de 2012.

Por tanto, la enmienda que se propone, con la inclusión de la presente disposición, trata de evitar situaciones de indefinición jurídica, que deriven en un enriquecimiento injusto por parte de los deudores que han repercutido la compensación y en un perjuicio injustificado para los titulares de derechos.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado a) de la Disposición final cuarta del Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado de la siguiente forma:

«a) Lo establecido en los apartados 2 y 33, 4 y 6 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado» en el momento en que efectivamente se establezca el importe de la remuneración a abonar a las entidades de gestión derivado del límite establecido en el artículo 32.4»

JUSTIFICACIÓN

La modificación del límite relativo a los usos de obras protegidas en el ámbito educativo es una de las de más calado del Proyecto, puesto que modifica sustancialmente el régimen actual.

En primer lugar, aunque siga refiriéndose a pequeños fragmentos, se amplía notablemente el ámbito del actual límite para ilustración en la enseñanza, si bien no se prevé remuneración para los titulares de derechos.

Además, como novedad, se introduce el nuevo límite remunerado que el proyecto limita al ámbito universitario. En este segundo caso podrá llevarse a cabo la reproducción parcial de libros y otras publicaciones (y otros usos), pero no limitada ya a pequeños fragmentos.

Para este segundo supuesto y de acuerdo con el Proyecto, no basta con que la entidad apruebe una tarifa, (que es la base para el cálculo de esa remuneración), para que la entidad pueda empezar a gestionar




Página 334


un derecho. Si, conforme con lo previsto en otros artículos del proyecto, (158 bis), las EEGG, en el caso de derechos de remuneración, deben necesariamente negociar la tarifa con las asociaciones de usuarios y, si no hay acuerdo, acudir a la Comisión de Propiedad Intelectual que será la que finalmente las determine, sólo en ese momento las entidades podrían gestionar el derecho y el abono de la remuneración.

A su vez, el artículo 157, 1 b «in fine», propuesto en el proyecto de ley, remite a una futura Orden Ministerial para la aprobación de la metodología para la determinación de la metodología de tarifas. Esto aumenta la incertidumbre sobre el momento concreto en que podrá comenzar a ser efectiva dicha remuneración. En este sentido, ADEPI propone, en la enmienda referida a este articulo y apartado, otro mecanismo de determinación para la determinación de tarifas, cuyo objetivo es dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica.

En todo caso, sea cual sea la metodología que deba utilizarse para fijar tarifas, hasta el momento en que finalmente se determine el importe de la remuneración a abonar, periodo de trabajo que puede prolongarse muchos meses, no puede quedar todo el sistema en el aire con unas licencias generales concedidas a fecha de hoy que, si entrase inmediatamente en vigor el artículo 32, resultarían innecesarias en muchos casos, pero, al mismo tiempo con un derecho de remuneración que no podría hacerse efectivo porque no habría tarifa que resultase efectiva ni remuneración a satisfacer determinada por la Comisión de Propiedad Intelectual. Debe pensarse que estamos ante un supuesto en que un derecho cambia de configuración y su naturaleza originaria como exclusivo cede a favor de un límite remunerado. Siendo esto así merece especial cautela el régimen de entrada en vigor de la norma para evitar que los titulares afectados queden sin protección alguna.

Esta remuneración del 32 surge «ex novo» y merece un tratamiento especial hasta que pueda ser verdaderamente efectiva.

Ello mismo leva a posponer la entrada en vigor del 32.3 hasta que efectivamente entre en vigor ese 32.4, pues toda la reforma forma un todo orgánico que no puede aplicarse de forma parcial ni escalonada sin crear confusión a los usuarios, debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de derechos afectados e inseguridad jurídica.

Habría que entender esta propuesta como una fórmula que permita la transición de un modelo a otro aportando la seguridad jurídica necesaria tanto a usuarios como a titulares.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 21 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. III.

ENMIENDA

De supresión.

Redacción que se propone:

Se suprime el párrafo sexto del apartado 3 de la exposición de motivos.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al Artículo 25, contenido en el apartado uno del artículo primero y el artículo 31.2, contenido en el apartado tres del artículo primero del Proyecto de Ley por la que




Página 335


se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero.

Uno. Se modifica el artículo 25, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 25.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente eomerciales, de conformidad con el apartado —los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades mencionadas. Este derecho será hecho efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. de reproducción mencionadas. Dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada.

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente, y-en alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

3. La compensación deberá ser satisfecha por quienes pongan, a disposición de los beneficiarios, los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, o les presten un servicio de reproducción, sin perjuicio de los establecido en el siguiente apartado 6. Se habilita al Gobierno a fin de que, mediante real decreto, desarrolle el procedimiento de pago de esta compensación.

4. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, lo que se determinará reglamentariamente.

5. El importe de la compensación deberá ser calculado atendiendo al perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, y para ello se tendrán en cuenta, entre otras variables, el tipo de medio de reproducción, el grado de uso de cada uno de dichos medios, su capacidad de almacenamiento, la estabilidad y tiempo de conservación de las reproducciones efectuadas y la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el artículo 161.

6. A esos mismos efectos estarán exentas del pago de la compensación las reproducciones de obras que se realicen las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digital adquiridos por personas jurídicas y que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de los usuarios privados y que, además cumplan alguna de las siguientes premisas: estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas;

a.) Hayan sido adquiridos —las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su




Página 336


actividad, siempre que dicha actividad se ciña a los límites en cada caso autorizados en-los términos de dicha autorización.

b.) Hayan sido adquiridos por las administraciones públicas para uso exclusivo en el ejercicio de su actividad y siempre que sean utilizados únicamente para ese fin.

7. Los tipos de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y la cuantía individualizada de compensación a satisfacer por los adquirentes de cada uno de ellos serán determinados por una Comisión paritaria integrada por tres miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, tres representantes designados por las entidades de gestión y tres representantes nombrados por las organizaciones representativas de los obligados a la financiación de la compensación de acuerdo con lo previsto en el número 3 de este artículo. Se habilita al Gobierno para que mediante real decreto determine la constitución. funcionamiento efectos de las resoluciones de la citada Comisión paritaria.

8. Las cuantías determinadas mediante los acuerdos de dicha Comisión tendrán el carácter de obligación legal de pago para los obligados al mismo, en los términos que se determinen reglamentariamente.

9. La personas físicas o jurídicas que acrediten haber satisfecho efectivamente el importe de la compensación equitativa por copia privada por la adquisición de unos equipos, aparatos o soportes materiales, siempre que con los mismos no se hayan efectuado copias privadas, podrán solicitar de las correspondientes entidades de gestión la devolución o compensación de los importes satisfechos por dicho concepto, cuando posteriormente vendan o de cualquier otra forma y mediante el pago de una contraprestación económica trasfieran definitivamente la propiedad de tales equipos, aparatos y soportes de reproducción, a personas jurídicas fuera del territorio español.

5. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, que se determinarán reglamentariamente. En todo caso, no dará origen a una obligación de compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno.

6. En la determinación de la cuantía de la compensación equitativa podrá tenerse en cuenta, en los términos que se establezca reglamentariamente, la aplicación o no, por parte de los titulares del derecho de reproducción, de las medidas tecnológicas eficaces que impidan o limiten la realización de copias privadas o que limiten el número de éstas.

JUSTIFICACIÓN

La compensación equitativa por copia privada se introduce en el ordenamiento jurídico armonizado de la Unión Europea a través de la Directiva 2001/29/CE, y su finalidad es compensar los perjuicios causados por la copia privada a los autores y demás titulares.

Esta compensación ha sido objeto de diferentes resoluciones por parte del Tribunal de Justicia. Resoluciones que han conformado dicha compensación como una obligación cuyo deudor es la persona que, en ejercicio de la autorización legal correspondiente, confecciona copias privadas; y acreedores los autores y demás titulares de derechos sobre las obras copiadas.

Las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, y, en especial, la sentencia de 21 de octubre de 2010, admiten la posibilidad de que la obligación de financiación de la compensación recaiga en un tercero, como son los distribuidores comerciales de los medios que permiten la reproducción para uso privado. Pero condicionan dicha posibilidad a que el financiador tenga la posibilidad de desplazar el pago a quienes realmente hacen las copias y, por lo tanto, causan el perjuicio a los titulares de derechos.

El pago de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone el proyecto no respeta dicha condición, como han puesto de relieve tanto el Informe del Consejo General del Poder Judicial como el Dictamen del Consejo de Estado. Por ello es preciso adaptar el sistema al marco comunitario, de forma que sólo paguen la compensación quienes realizan las copias privadas, y no todos los contribuyentes. Incluso aquellos que de acuerdo con la redacción del artículo 31.2 propuesta por el propio proyecto tienen prohibido realizar copias privadas.




Página 337


ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción del artículo 31.2 y 3, proveniente de la Ley 26/2007, cumple suficientemente con las exigencias de la Directiva 2001/29/CE y la jurisprudencia de desarrollo.

Como ha indicado entre otros el Consejo de Estado, la reducción del límite, que se confronta directamente con un hábito de copia arraigado entre los consumidores, supondrá excluir de la excepción buena parte de las copias que actualmente realizan los ciudadanos, las cuales pasarán a ser copias ilícitas. Y ello sin que se arbitren en modo alguno los medios necesarios para garantizar la correcta aplicación del límite. Lo que puede incluso suponer un perjuicio adicional para los titulares de derechos, que deberá ser compensado por el Estado, originando una situación de permanente litigiosidad, como también avanzó el Consejo de Estado.

En estas condiciones, parece más adecuado, y pacífico, mantener el texto actual del artículo 31.2, que no ha generado conflictividad alguna.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«2. La reproducción y la puesta a disposición por parte de los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de artículos, reportajes crónicas y entrevistas contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización de los titulares de los derechos de esas obras, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derecho a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La cuantía de la compensación equitativa será fijada de mutuo acuerdo entre las entidades de gestión y los prestadores de servicios de agregación de contenidos más representativos del sector o, en su caso, las asociaciones que los agrupe. A falta de acuerdo, dicha cuantía será determinada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta los criterios y la metodología establecidos en el apartado 1, letra b) del artículo 157 de estas Ley.

A estos efectos, se entenderá por publicaciones periódicas todas aquellas de contenido informativo sobre acontecimientos de la actualidad que, como los diarios de prensa o las revistas de actualidad, sean editadas en serie continua con un mismo título, de forma que los ejemplares de la serie lleven una numeración consecutiva o estén fechados con periodicidad diaria o máxima mensual. Asimismo, se entenderá por sitio Web de actualización periódica todos aquellos de contenido informativo sobre acontecimientos de actualidad que, como los periódicos o las revistas de actualidad digitales, renueven todos o parte de sus contenidos de manera continuada.




Página 338


Se entenderá por prestador de servicios de agregación de contenidos la persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información por el que se distribuyen fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o sitios Web de actualización periódica que tengan una finalidad informativa.

En cualquier caso, la reproducción y la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgadas contenidas en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización previa.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuarios al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción propuesta supera alguno de los inconvenientes que, desde el punto de vista de técnica jurídica, presenta la redacción dada por el Proyecto de Ley al apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin duda alguna que la solución más conforme con el ordenamiento jurídico es el reconocimiento de un nuevo derecho afín o conexo a los editores de prensa. No obstante, alternativamente y como solución menos desfavorable proponemos el cambio de ubicación de la norma, ya que es muy discutible que el tratamiento como cita de los «fragmentos no significativos de los artículos, reportajes, entrevistas de publicaciones periódicas y sitios web informativos» sea conforme con la Directiva 2001/29/UE, de 22 de mayo, cuyo art. 5, apartado 3, letra c) se refiere a «citas con fines de crítica o reseña», siendo así que los agregadores de contenidos no «citan con fines de crítica» y el concepto de reseña encaja difícilmente con la nueva actividad que desempeñan esos servicios electrónicos.

La redacción propuesta supera los inconvenientes que, desde el punto de vista de técnica jurídica, presenta la redacción dada por el Proyecto de Ley al apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los inconvenientes a los que nos referimos afectan a los elementos esenciales del supuesto de hecho que se regula, es decir, al acto de explotación («La puesta a disposición del público»), al objeto de referencia (Fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o sitios web de actualización periódica»), al sujeto titular del derecho (el «editor o, en su caso, de otros titulares de derechos»), al obligado al pago (los «prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos») y la consecuencia jurídica (el pago de una «compensación equitativa»).

Todos esos elementos sin excepción están compuestos por conceptos jurídicos indeterminados («fragmento no significativo», «contenidos», «sitios web de actualización periódica»), figuras de nuevo curio («agregador de contenidos») o imprecisas («el editor o, en su caso, otros titulares») y consecuencias tratadas de forma manifiestamente insuficiente (¿cómo se cuantifica la compensación equitativa?) que requieren de mayor concreción para asegurar la finalidad perseguida por el precepto.

Para superar todas esas dificultades se ofrece un desarrollo integral, armónico y coherente con la sistemática del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, a cuyo efecto, se adoptan las siguientes medidas:

1.º En el párrafo 1 se determina cuáles son las obras («artículos, reportajes crónicas y entrevistas’) cuya utilización genera la consecuencia jurídica predeterminada en la norma, suprimiendo el argot («contenidos») impropio de textos legales. Además se ofrecen sendas definiciones de los conceptos de «publicación periódica», «sitio web de actualización periódica» y «prestador de servicios de agregación de contenidos».

2.º En el mismo párrafo 1 se fijan con claridad los dos actos de explotación que llevan a cabo los usuarios: reproducción y puesta a disposición del público.

3.º Siempre el mismo párrafo 1 mantiene las dos señas de identidad del derecho de compensación equitativa al calificarlo de irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria.




Página 339


4.º En el párrafo 2 se establece el procedimiento y los criterios a tener en cuenta para la cuantificación del derecho.

5.º En los párrafos 5 y 6 se mantienen principios recogidos en el actual apartado 2 del artículo 32.

Esta ordenación y clarificación de los conceptos (sujeto, objeto, contenido, naturaleza del derecho, forma de ejercicio, cuantificación y normas complementarias), unida a la ubicación sistemática del precepto previene al derecho de posibles ataques que pudieran cuestionar su conformidad con los principios de seguridad jurídica e incluso con el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades, y Organismos Públicos de investigación y de los centros de investigación propios de las Comunidades Autónoma en sus funciones docentes y de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor del titular de los derechos de propiedad intelectual para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que el uso quede restringido a los alumnos y personal docente del centro en que se efectúe la reproducción o al personal investigador del proyecto específico.

d) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

e) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores titulares de los derechos de propiedad intelectual no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.»




Página 340


JUSTIFICACIÓN

La exclusiva referencia a los Organismos Públicos de Investigación estatales desconoce la diferente tipología de agentes de Investigación previstos en la Ley 14/2011, de 1 de julio, de la Ciencia, la Tecnología, en especial, los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas expresamente reconocidos en la disposición adicional vigésima de la Ley. El Consejo de Estado en su Dictamen 1064/2013, considera que éste debería coordinarse con las previsiones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación para garantizar la necesaria seguridad jurídica en este ámbito. Se coincide plenamente con dicha apreciación.

Se propone la inclusión de una nueva letra c) en el artículo 32.3 en la lista de requisitos que deberán cumplirse para que los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas plásticas o fotográficas, se vean amparados por este límite no remunerado. Consecuentemente, la letra c) del texto del Proyecto pasaría a ser la d). Esta modificación mejora la redacción, al delimitar el alcance de los actos de explotación permitidos al amparo de este límite.

Por pura coherencia, pero también por un requisito de seguridad jurídica, se trataría de conseguir que los actos de explotación permitidos por este límite no remunerado, no fueran más allá de aquello que justifica su reconocimiento, ya que ello contravendría lo establecido en el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Berna, que determina la necesidad de que el límite se establezca en «casos especiales» y exige al legislador la determinación detallada de los supuestos exceptuados.

La referencia al editor debería substituirse por una referencia relativa al titular de los derechos de propiedad intelectual. Tal y como puso de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial en el informe de 25 de julio de 2013, elaborado sobre el anteproyecto de ley, el reconocimiento de derechos debe ser genérico a favor de todos los titulares.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor titular de los derechos de propiedad intelectual los actos de reproducción parciales, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada o a una extensión asimilable al 10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en las universidades, o centros organismos públicos de investigación, o centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas, por su personal y con sus medios e instrumentos propios, o en el ámbito de los mismos.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el ámbito de la actividad docente o investigadora en el que se efectúa la reproducción.




Página 341


2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo o centro de investigación, y salvo que dicho centro u organismo, sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), o bien el autor haya optado por explotar su obra mediante licencias libres, los autores y editores titulares de derechos de propiedad intelectual de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

Lo establecido en esta apartado no es de aplicación a las publicaciones docentes o científicas de las universidades y otros agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que se rigen por las previsiones específicas del artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia.»

JUSTIFICACIÓN

La referencia al editor debería substituirse por una referencia relativa al titular de los derechos de propiedad intelectual. Tal y como puso de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial en el informe de 25 de julio de 2013, elaborado sobre el anteproyecto de ley, el reconocimiento de derechos debe ser genérico a favor de todos los titulares.

Por otra parte se pretende determinar la extensión de la obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización a los titulares de derechos. Se precisa el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación.

Esta modificación tiene su justificación en que en ocasiones un capítulo de un libro o un artículo de una revista pueden suponer el 25%, el 50% o hasta el 100%, en algún caso extremo, de una publicación. En otros, por el contrario, pueden suponer únicamente un 3%.

Este nuevo límite remunerado busca facilitar de un modo legal la utilización de reproducciones parciales de libros, revistas y demás publicaciones en el entorno educativo garantizando, en todo caso, una remuneración suficiente a autores y editores.

En todo caso, como cualquier límite, no puede configurarse de un modo tal que afecte a la normal explotación de la obra, lo que ocurriría si dentro del mismo se incluyera la posibilidad de reproducir, distribuir y comunicar públicamente fragmentos de extensión relevante o indeterminada. La mayor concreción de la extensión de los libros o publicaciones periódicas que pueden ser reproducidos al amparo de este límite facilitará, a su vez, la determinación de la remuneración.

Se añade la referencia a los centros de investigación propios de las Comunidades Autónomas expresamente reconocidos en la disposición adicional vigésima de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y unificar la terminología relativa a los Organismos Públicos de Investigación.

De igual modo se añade una referencia explícita a la posibilidad de que el autor opte por explotar su obra mediante licencias libres (copyleft).

En relación con las publicaciones científicas la aplicación de las previsiones del proyecto de ley debería ceder ante las disposiciones específicas establecidas en el artículo 37 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en relación con los repositorios de acceso abierto, legislación que debería ser de aplicación preferente. Las políticas europeas en materia de investigación apuestan claramente por la difusión del conocimiento como medida de crecimiento económico. A título de ejemplo, en el marco del Horizonte 2020, todas las publicaciones científicas evaluadas por pares resultado de una investigación financiada con fondos europeos deben ser accesibles en abierto.




Página 342


ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«4.bis. Lo establecido en los apartados 3 y 4 de este articulo también es de aplicación a los actos de reproducción, distribución y comunicación pública realizados por las administraciones educativas, en el marco de la organización de las pruebas de acceso a la universidad que desarrollen en coordinación con las universidades de su competencia.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar, a tenor de sus especiales características, la aplicación de las previsiones del artículo 32.3 y 4, en el ámbito de la realización de las pruebas de acceso a la universidad que desarrollen las administraciones educativas en coordinación con sus universidades.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación del apartado d) del artículo 157.1.

Redacción que se propone:

d) A difundir en su sitio Web de forma fácilmente accesible:

1.º Las tarifas generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben aplicarse, que deberán ser publicadas en el plazo de diez días desde su establecimiento o última modificación, junto con los principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo y determinación;

2.º Garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, Eel repertorio que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas obras y prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión colectiva extranjeras, así como los nombres de dichas organizaciones y su respectivo ámbito territorial de gestión;

3.º Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de utilización de su repertorio;

4.º Los sistemas, normas y procedimientos de reparto, el importe o porcentaje de los descuentos que sean aplicados a cada derecho y modalidad de explotación administrados, y las obras y prestaciones protegidas que administran cuyos titulares están parcial o totalmente no identificados o localizados.

5.º Las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios, agrupadas por actividades económicas similares.




Página 343


JUSTIFICACIÓN

Con estas propuestas de cambio, en relación con el epígrafe 1.º del apartado d, se añade al término «cálculo» el de «determinación», de acuerdo con la competencia atribuida a la Sección Primera de la Comisión para la aprobación de la metodología que cada entidad de gestión deberá aprobar para la determinación de las tarifas. En ese proceso se incluyen dos fases, una primara de cálculo y una segunda de determinación de las tarifas.

En relación con el epígrafe 2.º, se pretende asegurar el respeto a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal de los socios de la entidad, tratando los mismos de tal modo que la publicación de la información relativa al repertorio administrado por la entidad de gestión no vulnere derechos fundamentales.

La obligación de facilitar información sobre las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios se reformula, como un nuevo apartado 5.º de la letra d) con objeto de facilitar el acceso mediante su difusión a través de las páginas web de las distintas entidades.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión del punto 4.º del apartado b) del artículo 157.1.

Redacción que se propone:

«4.º Los ingresos económicos El beneficio económico obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.»

JUSTIFICACIÓN

El concepto de beneficio económico, que ya figuraba en una anterior versión del anteproyecto, es más coherente que el concepto de ingresos económicos atendiendo a la finalidad de la remuneración en el caso de derechos colectivos obligatorios, vinculados al beneficio del usuario, en especial si se relaciona con relación a los artículos 47 (en cuanto a la remuneración a tanto alzado), 90, 108.4 y 116.2 de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un vocal propuesto por el Ministerio de Justicia, un vocal propuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad y un vocal




Página 344


propuesto por el Ministerio de la Presidencia, designados por dichos Departamentos, que sean expertos independientes de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, valorándose adicionalmente la formación jurídica en los ámbitos del derecho procesal, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de las comunicaciones electrónicas.

Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que la composición de la Sección Segunda de la Comisión Propiedad Intelectual, al igual que los de la Primera y tal y como observa el Consejo de Estado en su Dictamen, sean expertos independientes (ajenos a los Ministerios) y de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.

La dependencia ministerial que se mantiene implica una dependencia política de los diferentes miembros, y consideramos que su composición debe, por el contrario, garantizar su autonomía, independencia y conocimientos técnicos en la materia sobre la que desarrolla su actividad.

Resulta incoherente que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual esté compuesta por expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y competencia designados por un plazo de tres años y la Sección Segunda esté compuesta por miembros de distintos departamentos ministeriales sometidos al principio de jerarquía que rige el funcionamiento y organización de dichos departamentos.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 158 bis.

Redacción que se propone:

«(…)

La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar el informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes y de las organizaciones de consumidores y usuarios.

(…).»




Página 345


JUSTIFICACIÓN

No hace referencia el Proyecto de Ley a la posibilidad de solicitar también esos informes a otros implicados, como las entidades de gestión o las organizaciones de consumidores y usuarios, que sin duda pueden aportar un punto de vista diferencial en este asunto.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De sustitución.

Redacción que se propone:

«(…)

El vencimiento del plazo máximo reglamentario establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa determina que se pueda entender desestimadas por silencio administrativo las prestaciones de quien instó el procedimiento, sin perjuicio de la obligación que tiene la Comisión de Propiedad Intelectual de resolver todas las peticiones que, en este sentido, se le dirijan.»

JUSTIFICACIÓN

La caducidad del procedimiento es contraria a toda la normativa reguladora de la inactividad forma de la Administración. La Administración está obligada a resolver por lo que la caducidad solo invitaría a la inactividad. Con nuestra propuesta queremos adecuarnos al Derecho Administrativo configurando un supuesto silencia administrativo con la consiguiente obligación administrativa de resolver el procedimiento.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De adición de un nuevo párrafo en el apartado 4 del artículo 158 ter.

Redacción que se propone:

Se propone añadir un nuevo párrafo entre los párrafos tercero y cuarto del apartado 4 del artículo 158 ter. con el siguiente tenor.

«(…)

No obstante, cuando se haya practicado el previo intento de requerimiento de retirada infructuoso por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, a que se refiere el apartado tercero del presente artículo, la Sección notificará al prestador de servicios de la sociedad de la información la propuesta de resolución, dándole




Página 346


trámite de alegaciones por cinco días. La Sección dictará después resolución en el plazo máximo de tres días.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta tiene como finalidad evitar la reiteración por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del previo requerimiento al prestador de servicios de la sociedad de la información que, con la reforma, se pretende imponer al titular de los derechos de propiedad intelectual en el apartado tres del mismo artículo 158 ter.

Para ello se sugiere una modificación de mínimos que, manteniendo el previo requerimiento a cargo del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, suprima el posterior a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual que pasaría a notificar directamente una propuesta de resolución.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo 159. Competencias de las Administraciones Públicas.

1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o, en su caso al departamento correspondiente de la Comunidad autónoma competente, de acuerdo con las competencias asumidas en su correspondiente Estatuto de Autonomía, las siguientes funciones:

a) La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la actividad y la inhabilitación legal para operar, de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, según sean de ámbito estatal o autonómico, conforme a lo previsto en esta ley.

b) La aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades, según sean de ámbito estatal o autonómico, una vez que lo hayan sido por la respectiva Asamblea General y sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Dicha aprobación se entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su presentación.

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a las Comunidades Autónomas en cuyos territorios desarrollen principalmente su actividad ordinaria.

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual actúa principalmente en una Comunidad Autónoma cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por ciento de sus socios se encuentren en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y el principal ámbito de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su gestión de su actividad se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más del 60 por ciento de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condición. Sobre estas entidades, corresponderá únicamente al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma el ejercicio de todas las funciones públicas previstas en esta Ley.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y eficaz de estas funciones.




Página 347


3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, cuando de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el 155.1 b) del Estatut de Autonomia de Catalunya y en el Artículo 1 del Decreto 122/2013 de 26 de febrero, sobre la autorización, la revocación de la autorización, la inspección y el Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«(…)

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la administración competente de conformidad con el artículo 159. La inhabilitación legal para operar corresponde, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte salvo en el de las entidades de ámbito autonómico, en cuyo caso será competente el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el 155.1 b) del «Estatut de Autonomia de Catalunya».

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De modificación del apartado 4 del artículo 162 quáter.

Redacción que se propone:

«(…)

4. Las resoluciones sancionadoras por infracciones graves podrán deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa, y previa disociación de los datos personales que contenga.»




Página 348


JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la presente disposición, las Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual facilitarán se centralizarán las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica privada sin que ninguna entidad de gestión ostente por sí sola capacidad para controlar la toma de decisiones. La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma.

El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente lo establecido en este apartado.

3. Las entidades de gestión, en cumplimiento de la obligación prevista en en la letra d) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, destinarán las cantidades correspondientes derivadas de dicha obligación a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado anterior.




Página 349


4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior, será de exclusiva aplicación a las operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los titulares de la explotación de establecimientos, locales, recintos abiertos al público en general, lugares de trabajo o medios de transporte colectivo de viajeros, derivados de los actos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se realicen en los mismos.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es ajustar la creación de la ventanilla única prevista en el proyecto de ley a las necesidades de aquellos sectores de usuarios que por sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantía de las tarifas, ha de ser destinatarios de información sobre tarifas, facturación y pago a través de una ventanilla única.

Esta propuesta garantiza y es independiente de la libertad de contratación y negociación con las respectivas entidades de gestión, y su objetivo es la «reducción de costes de transacción». Es decir, será especialmente operativa en aquellos sectores de actividad en la que los usos de los repertorios deriven en costes que se aumenten por el simple hecho de tener que interactuar con varias entidades de gestión para todo lo relativo al pago de derechos.

En segundo lugar, no cabe duda de que los sectores en los que se puede producir un ahorro significativo de costes al realizar la facturación y pago a través persona jurídica independiente en este caso, son aquellos en los que el volumen de usuarios es muy elevado y sus características son muy heterogéneas dentro del mismo grupo, tanto desde un punto de vista geográfico como de intensidad de uso. Evidentemente, estos sectores son los que están asociados con establecimientos abiertos al público y repartidos por toda la geografía del estado, frente a otros sectores de usuarios en los que el número de empresas o personas que explotan la actividad es mucho menor, como la radiodifusión, y su grado de concentración en grupos empresariales e, incluso, públicos es elevado.

Además, en muchos de los tipos de establecimientos y locales especificados en el apartado 4, se da la circunstancia de que la rotación de titular de la explotación es muy elevada por lo que una interacción unitaria supone una ventaja tanto para el usuario que regulariza ágilmente su situación respecto a los derechos de propiedad intelectual, como para las entidades de gestión que centralizan en un solo interlocutor la información, facturación y pago.

Por último, todos los grupos de usuarios propuestos en el apartado 4, tienen que regularizar derechos de propiedad intelectual de tres titulares de derechos (autores, artistas y productores) lo que les obliga a realizar las gestiones sobre tarifas, facturas y pagos con al menos tres entidades de gestión y, en muchos casos, con cinco. Con esta propuesta el interlocutor para informarse sobre las tarifas, emisión de facturas y pago de los mismos será uno sólo, que junto a la nueva regulación sobre fijación de tarifas, facilitará enormemente los trámites para la obtención de autorización y cumplimiento de la obligación legal del pago de remuneraciones.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:




Página 350


«Disposición adicional segunda. Especialidades tarifarias.

Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán aplicar tarifas adecuadas a aquellos usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de lucro, y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura.»

JUSTIFICACIÓN

El texto del proyecto podría crear dudas respecto a si la posibilidad de percibir ingresos de publicidad implica que tales entidades tienen ánimo de lucro y por tanto queden excluidas del ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda. La cuota de participación de tales entidades en el mercado de la publicidad de televisión y radio es actualmente muy reducida en comparación con los medios privados, pero es que además concurren elementos objetivos y subjetivos en los prestadores públicos y en la naturaleza del servicio que prestan que justifican no dejar dudas acerca de su inclusión en el ámbito de la disposición.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Nueva Disposición adicional. Impuesto sobre el valor añadido.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer la aplicación de un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos y actividades culturales así como a los propios derechos de Propiedad Intelectual.

El Gobierno igualmente impulsará en el seno de la Unión Europea, una modificación de la directiva correspondiente que permita aplicar a través de un mecanismo flexible u optativo para los Estados miembros, un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a la oferta digital legal, incluyendo a los libros electrónicos independientemente del formato en que se ofrezcan, apoyando de este modo a las entidades de gestión en su obligación de fomentar la oferta digital, ya sea de forma directa o mediante otras entidades, tal y como queda establecido en el nuevo redactado del artículo 155.

JUSTIFICACIÓN

El fomento de una oferta digital legal de obras y prestaciones protegidas, pasa necesariamente por una revisión de los tipos impositivos del IVA, con la finalidad de que esta oferta además de legal resulte atractiva y accesible para el usuario. Una oferta digital con precios competitivos resulta una herramienta efectiva para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y favorece el desarrollo de nuevas plataformas que ofrezcan contenidos legales en un campo que económicamente ya en el presente juega un importantísimo papel, pero que se incrementará de forma considerable en el futuro.

Esa reducción del IVA debe aplicarse además a toda la oferta cultural, en cualquier formato y de cualquier naturaleza, a fin de garantizar el acceso a la cultura, de acuerdo con el artículo 44.1 de la Constitución según el cual «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura», y para darle un nuevo impulso al sector cultural que ha sufrido con especial dureza los efectos de la crisis económica de los últimos años.




Página 351


ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con las siguientes excepciones:

a) Lo establecido en los apartados 2 y 3 3 y 4 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado» en el momento en que reglamentariamente se establezca el importe de la remuneración a abonar a las entidades de gestión derivado del límite establecido en el artículo 32.4

JUSTIFICACIÓN

La modificación del límite relativo a los usos de obras protegidas en el ámbito educativo es una de las de más calado del Proyecto, puesto que modifica sustancialmente el régimen actual.

En primer lugar, aunque siga refiriéndose a pequeños fragmentos, se amplía notablemente el ámbito del actual límite para ilustración en la enseñanza, si bien no se prevé remuneración para los titulares de derechos.

Además, como novedad, se introduce el nuevo límite remunerado que el proyecto limita al ámbito universitario. En este segundo caso podrá llevarse a cabo la reproducción parcial de libros y otras publicaciones (y otros usos), pero no limitada ya a pequeños fragmentos.

Para este segundo supuesto y de acuerdo con el Proyecto, no basta con que la entidad apruebe una tarifa (que es la base para el cálculo de esa remuneración), para que la entidad pueda empezar a gestionar un derecho. Si, conforme con lo previsto en otros artículos del proyecto, (158 bis), las EEGG, en el caso de derechos de remuneración, deben necesariamente negociar la tarifa con las asociaciones de usuarios y, si no hay acuerdo, acudir a la Comisión de Propiedad Intelectual que será la que finalmente las determine, sólo en ese momento las entidades podrían gestionar el derecho y el abono de la remuneración.

A su vez, el artículo 157, 1 b «in fine», propuesto en el proyecto de ley, remite a una futura Orden Ministerial para la aprobación de la metodología para la determinación de la metodología de tarifas. Esto aumenta la incertidumbre sobre el momento concreto en que podrá comenzar a ser efectiva dicha remuneración. En este sentido, proponemos, en la enmienda referida a este articulo y apartado, otro mecanismo de determinación para la determinación de tarifas, cuyo objetivo es dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica.

En todo caso, sea cual sea la metodología que deba utilizarse para fijar tarifas, hasta el momento en que finalmente se determine el importe de la remuneración a abonar, periodo de trabajo que puede prolongarse muchos meses, no puede quedar todo el sistema en el aire con unas licencias generales concedidas a fecha de hoy que, si entrase inmediatamente en vigor el artículo 32, resultarían innecesarias en muchos casos, pero, al mismo tiempo con un derecho de remuneración que no podría hacerse efectivo porque no habría tarifa que resultase efectiva ni remuneración a satisfacer determinada por la Comisión de Propiedad Intelectual. Debe pensarse que estamos ante un supuesto en que un derecho cambia de configuración y su naturaleza originaria como exclusivo cede a favor de un límite remunerado. Siendo esto así merece especial cautela el régimen de entrada en vigor de la norma para evitar que los titulares afectados queden sin protección alguna.

Esta remuneración del 32 surge «ex novo» y merece un tratamiento especial hasta que pueda ser verdaderamente efectiva.




Página 352


Ello mismo lleva a posponer la entrada en vigor del 32.3 hasta que efectivamente entre en vigor ese 32.4, pues toda la reforma forma un todo orgánico que no puede aplicarse de forma parcial ni escalonada sin crear confusión a los usuarios, debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de derechos afectados e inseguridad jurídica.

Habría que entender esta propuesta como una fórmula que permita la transición de un modelo a otro aportando la seguridad jurídica necesaria tanto a usuarios como a titulares.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición final nueva.

Evaluación del impacto normativo.

«La presente ley se someterá a una evaluación ex post del impacto normativo en el plazo de 1 año desde su entrada en vigor, con el objetivo de valorar los efectos de su aplicación; los resultados de dicha evaluación, que será efectuada por un comité independiente, se tendrán en consideración a los efectos de valorar y efectuar, si corresponde, las oportunas adaptaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Dada la complejidad de la Ley y las dificultades que pueden derivarse de su aplicación, parece recomendable introducir una cláusula de evaluación ex post, en los términos recomendados internacionalmente a los efectos de garantizar una regulación eficaz que de pleno cumplimiento a sus objetivos.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 35 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.




Página 353


Al artículo primero, apartado Uno, referido al artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 25, quedando redactado como sigue:

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, para uso privado, de conformidad con el apartado 2 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades mencionadas. Este derecho será hecho efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente, los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

3. La compensación deberá ser satisfecha por quienes pongan, de hecho o de derecho a disposición de los beneficiarios del límite, a los que podrán repercutir el importe de la compensación, los equipos, aparatos y soportes de reproducción, o les presten un servicio de reproducción, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado 6. Se habilita al Gobierno a fin de que, mediante real decreto, desarrolle el procedimiento de pago de esta compensación.

4. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho. de reproducción haya sido mínimo, lo que se determinará reglamentariamente.

5. El importe de la compensación deberá ser calculado atendiendo al perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, y para ello se tendrán en cuenta, entre otras variables, el tipo de medio de reproducción, el grado de uso de cada uno de dichos medios, su capacidad de almacenamiento, la estabilidad y tiempo de conservación de las reproducciones efectuadas y la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el artículo 161.

6. A esos mismos efectos estarán exentos del pago de la compensación las reproducciones de obras que se realicen mediante equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción, que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de los usuarios privados y que, además, se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

a) Los adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, siempre que dicha actividad se ciña a los límites en cada caso autorizados.

b) Los adquiridos por las administraciones públicas para uso exclusivo en el ejercicio de su actividad y siempre que sean utilizados únicamente para ese fin.

7. Los tipos de equipos, aparatos y soportes de reproducción y la cuantía individualizada de compensación a satisfacer por cada uno de ellos serán determinados por una Comisión paritaria integrada por tres miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, tres representantes designados por las entidades de gestión y tres representantes nombrados por las organizaciones representativas de los obligados a la financiación de la compensación de acuerdo con lo previsto en el número 3 de este artículo. Se habilita al Gobierno para que mediante real decreto determine la constitución, funcionamiento y efectos de las resoluciones de la citada Comisión paritaria.

8. Las cuantía determinadas mediante los acuerdos de dicha Comisión tendrán el carácter de obligación legal de pago para los obligados al mismo en los términos que se determinen reglamentariamente, y serán objeto de publicación en el BOE.

9. Las personas jurídicas que acrediten haber satisfecho efectivamente el importe de la compensación equitativa por copia privada por la adquisición de equipos, aparatos o soportes materiales, siempre que los mismos se hayan destinado manifiestamente a usos distintos a la realización de copias privadas, podrán solicitar de las correspondientes entidades de gestión la devolución o compensación de los importes satisfechos por dicho concepto, cuando posteriormente, vendan o de cualquier otra forma y mediante el pago de una contraprestación económica transfieran definitivamente la propiedad de tales equipos, aparatos y soportes de reproducción a personas jurídicas fuera del territorio español.




Página 354


JUSTIFICACIÓN

La compensación equitativa por copia privada se introduce en el ordenamiento jurídico armonizado de la Unión Europea a través de la Directiva 2001/29/CE, y su finalidad es compensar los perjuicios causados por la copia privada a los autores y demás titulares.

Esta compensación ha sido objeto de diferentes resoluciones por parte del Tribunal de Justicia. Resoluciones que han conformado dicha compensación como una obligación cuyo deudor es la persona que, en ejercicio de la autorización legal correspondiente, confecciona copias privadas; y acreedores los autores y demás titulares de derechos sobre las obras copiadas.

Las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, y, en especial, la sentencia de 21 de octubre de 2010, admiten la posibilidad de que la obligación de financiación de la compensación recaiga en un tercero, como son los distribuidores comerciales de los medios que permiten la reproducción para uso privado. Pero condicionan dicha posibilidad a que el financiador tenga la posibilidad de desplazar el pago a quienes realmente hacen las copias y, por lo tanto, causan el perjuicio a los titulares de derechos.

El pago de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone el proyecto no respeta dicha condición, como han puesto de relieve tanto el Informe del Consejo General del Poder Judicial como el Dictamen del Consejo de Estado. Por ello es preciso adaptar el sistema al marco comunitario, de forma que sólo paguen la compensación quienes realizan las copias privadas, y no todos los contribuyentes. Incluso aquellos que de acuerdo con la redacción del artículo 31.2 propuesta por el propio proyecto tienen prohibido realizar copias privadas.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Tres, referido al apartado 2 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 31, apartado 2, quedando redactado como sigue:

2. No necesita autorización del autor la reproducción por una persona física para su uso privado, sin fines directa o indirectamente comerciales o para uso colectivo, de obras divulgadas a las que se haya accedido legalmente, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra de que se trate las medidas tecnológicas eficaces de protección contempladas en el artículo 161.

Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de ajustar el límite a los términos más aproximados a la Directiva 29/2001/UE, sobre derechos de autor y derechos afines a los del autor en la sociedad de la información.

Con esta opción se apuesta por un ajuste indiscutible a los términos del derecho de la Unión Europea y a su interpretación judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, añadiendo simplemente la exclusión legal contemplada en otros preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de ciertos tipos de obras (bases de datos y programas de ordenador), así como la referencia al artículo concreto de la ley especial de nuestro derecho interno en el que se regulan las medidas efectivas de protección tecnológica.

Respecto de las ventajas que presenta sobre la redacción del texto del Proyecto de Ley, se dota al límite de una mayor claridad, con lo que se evita la litigiosidad y se elimina una reducción injustificada del




Página 355


límite dejándolo ajustado a los términos del derecho de la Unión Europea y con la misma amplitud que presenta en otros Estados Miembros, garantizando una compensación adecuada al perjuicio real ocasionado a los titulares.

Además, se adoptan las sugerencias del Consejo de Estado al proyecto de ley en el sentido de promover un ajuste a la realidad del Mercado.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo primero.

Al artículo 32 del texto refundido de la Ley de propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, apartado 1, quedando redactado como sigue:

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

En todo caso, cualquier utilización posterior de la revista de prensa que suponga su reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial precisará de la autorización del titular de derechos de los artículos o de la entidad de gestión correspondiente.

JUSTIFICACIÓN

Se introduce explícitamente la obligación de solicitar la autorización al titular de derechos o a la entidad de gestión para cualquier uso de la revista de prensa descrito en el artículo.

A pesar de que la obligación ya se deriva de la norma general prevista en los artículos 17 y siguientes del TRLPI, la experiencia demuestra que para facilitar de forma pacífica el cumplimiento de la ley y aclarar las dudas del usuario al respecto, es necesario introducir de manera manifiesta la obligación en el artículo correspondiente al uso de las revistas de prensa.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.




Página 356


Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, apartado 2, quedando como sigue:

2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

No obstante, aquellos editores de medios digitales que no deseen ser remunerados por los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos podrán renunciar a ello, mediante acuerdo entre partes, sin menoscabo de que sigan siendo titulares de sus derechos.

JUSTIFICACIÓN

La irrenunciabilidad a la retribución por el enlaces de contenidos puede crear inseguridad jurídica a los usuarios de Internet, así como a los editores de medios digitales que no desean ser retribuidos por los agregadores que enlazan sus contenidos, ya que podría vulnerar la libertad de empresa y limitar la pluralidad informativa que debe ser salvaguardada por los poderes públicos del Estado.

El desarrollo de Internet se dificulta sin los agregadores de noticias. Enlazar contenidos es una de las esencias de Internet, que debe seguir siendo un bien público, de acceso libre, lo que no es incompatible con los derechos de los creadores, artistas, autores, productores y editores, que viven de su trabajo y desean ser retribuidos por sus contenidos, es decir, con el derecho a la propiedad intelectual.

Con esta enmienda, los autores o editores digitales que publiquen con licencia libre, porque se consideran suficientemente retribuidos por os agregadores que les enlazan, ya que estos les envían tráfico a su página web y pueden aprovechar para negociar tarifas publicitarias, la tasa no sería aplicable.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al título y a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, quedando redactado como sigue:

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de




Página 357


investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que la comunicación pública o la puesta a disposición del público se lleve a cabo a través de redes internas o cerradas del centro docente o del centro de investigación a las que únicamente puedan acceder el profesorado y los alumnos de dicho centro docente o el personal investigador del mencionado centro de investigación, o bien en el marco de un programa de educación a distancia al que sólo tenga acceso el profesorado y los alumnos del referido programa.

d) Que la distribución se efectúe exclusivamente entre el profesorado y los alumnos o bien entre el personal investigador del mismo centro en el que se realice la reproducción.

e) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

f) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

4. Tampoco necesitarán la autorización de los autores y editores los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o de una publicación asimilada o a una extensión asimilable al 10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en los centros de educación reglada o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.




Página 358


En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y el centro de educación reglada u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente en aplicación del presente apartado 4, los autores, tanto de los textos como de las obras de la creación visual incorporadas en las obras y publicaciones mencionadas, y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá acordar con las entidades de gestión las oportunas fórmulas de colaboración que contemplen el establecimiento de los medios humanos y materiales necesarios para la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, preservando, en todo caso, la autorización y el control de su actividad.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda trata de ofrecer un mayor equilibrio entre las necesidades de los centros educativos de cualquier nivel y la imprescindible protección a los derechos de propiedad intelectual.

Primeramente, se incluye la necesidad de cumplir con dos nuevas condiciones para evitar que pretenda aplicarse el límite a supuestos diferentes a aquellos que han motivado su inclusión. Mediante este límite se pretende posibilitar la reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras plásticas o fotográficas aisladas para la ilustración de las actividades educativas presenciales o en red, así como permitir al personal de investigación desarrollar sus funciones de investigación dentro del centro de investigación al que pertenezca. Por ello, y para evitar que la falta de concreción de la actual redacción pueda contravenir la exigencia establecida en el artículo 9 apartado 2 del Convenio de Berna, que determina la necesidad de que el límite se establezca en «casos especiales» y exige al legislador la determinación detallada de los supuestos exceptuados, es necesario añadir las dos nuevas condiciones.

En segundo lugar, se propone la modificación del artículo 32.4 ampliando su ámbito a los centros de educación reglada de todos los niveles, desde el ámbito universitario hasta los niveles inferiores en los que las exigencias educativas sean las mismas que en el ámbito universitario.

La forma más sencilla de cohonestar esa exigencia con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores y con una gestión sencilla, es extender el límite con su correspondiente remuneración de gestión colectiva obligatoria a todos los niveles de educación reglada.

En tercer lugar, se pretende clarificar la extensión de la obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización al titular de derecho, aclarando el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación.

Este nuevo límite remunerado busca facilitar de un modo legal la utilización de reproducciones parciales de obras de texto en el entorno educativo garantizando, en todo caso, una remuneración suficiente a autores y editores.

Además, se especifica que los autores de obras de la creación visual tienen reconocido este derecho remuneratorio para evitar que pueda interpretarse este apartado en el sentido de que no lo tienen.

Por último, se incluye en un nuevo párrafo 32.6 la facultad de control para asegurar el perfecto cumplimiento de lo establecido en los apartados, 3, 4 y 5 del art 32. Resulta imprescindible introducir mecanismos que, bajo el control y supervisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, permitan conocer el uso real de reproducciones de libros, revistas y otras publicaciones en los centros de educación reglada.

Estos mecanismos benefician tanto a los titulares de derechos que tendrán la seguridad de que se cumple la ley como a los usuarios del sector educativo que tendrán la certeza de que están abonando una remuneración ajustada a los usos que efectúan de obras protegidas sobre las que no ostentan derechos ni licencia de ningún tipo.




Página 359


Además permitirán conocer a las autoridades educativas la realidad del uso de fragmentos de libros, revistas en entornos educativos.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 32.

JUSTIFICACIÓN

La incorporación de este nuevo límite al derecho de autor, cuyo bien jurídico protegido es el de garantizar el libre acceso al derecho de información, dentro de un artículo que se refiere a otros límites a los derechos de autor que responden a otros bienes jurídicos objetos de tutela, es inadecuado desde un punto de vista formal.

Se propone eliminar la regulación de este nuevo límite del artículo 32, apartado 2, e incluirlo en un nuevo artículo 32 bis, que lleve por título «Puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas».

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un artículo 32 bis con el siguiente texto:

«Artículo 32 bis. Puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas.

1. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas, divulgadas en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho de los autores, de los editores, o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una remuneración equitativa.

2. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.




Página 360


3. La cuantía de la remuneración equitativa será fijada de mutuo acuerdo entre las entidades de gestión y las asociaciones que agrupen a los prestadores de servicios de agregación de contenidos. En el supuesto de no alcanzarse el acuerdo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, dicha cuantía será determinada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 158.bis de esta Ley.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley incorpora un nuevo límite a los derechos de autor. Este límite se justifica por tutelar otro derecho fundamental, como lo es el libre acceso a la información. Ambos derechos se encuentran reconocidos y protegidos en nuestra constitución.

A quien se le limita el derecho es al autor y a quien se garantiza el acceso es al ciudadano. Quien se beneficia económicamente es el agregador y, por esta razón, es quien debe de remunerar a quienes se limita con estas prácticas.

Además, se considera necesario mencionar, en primer lugar, a los autores como titulares de este derecho de remuneración, cuyo origen lo constituye el límite que se les pone a ejercer los derechos que la Ley les reconoce.

Asimismo, se propone la sustitución de la expresión «contenidos» por la de «obras y prestaciones protegidas» por tratarse estos últimos de términos acuñados en la Ley de Propiedad Intelectual y en el derecho de propiedad intelectual de las legislaciones de nuestro entorno europeo, frente a la expresión «contenidos», que además de ser de nuevo cuño genera inseguridad jurídica, porque designa de manera vaga un amplísimo espectro de flujos de información que se divulgan a través de la red, la mayoría de los cuales son ajenos a la propiedad intelectual.

En relación a la sustitución de la expresión «compensación» por la de «remuneración» la propuesta es congruente porque, entre otras razones, es la expresión más adecuada y que tiene más equivalencia en el ámbito internacional.

En cuanto a la propuesta de supresión de la frase: «En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización», tiene su justificación en la necesidad de eliminar una discriminación injustificada en el texto legal. Esta discriminación carece de justificación, pues es evidente que las obras de los creadores visuales se incorporan dentro de las que son objeto de agregación, junto con las obras de otra naturaleza, sean estas escritos o composiciones musicales u obras audiovisuales.

Por su parte, la propuesta de incorporar un nuevo apartado 3 que fija las pautas, que permiten la determinación de la cuantía de la remuneración, persigue garantizar la aplicación efectiva de la norma, pues en caso contrario ésta quedaría limitada a un mero enunciado bien intencionado, pero generando con su inaplicación más mal que bien.

Finalmente, la enmienda tiene en cuenta a la Comisión de Propiedad Intelectual como solución sustitutoria en caso de que no haya sido posible el libre acuerdo entre las partes afectadas por esta regulación.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.




Página 361


ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Cinco, referido al artículo 37 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 37 bis, quedando redactado como sigue:

«Artículo 37 bis. Obras huérfanas.

1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.

2. Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme al presente artículo, siempre que los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados hayan autorizado y, en relación con los derechos que ostenten, a las entidades mencionadas en el apartado 4, a la reproducción y puesta a disposición del público de su obra y sin menoscabo, de sus derechos.

3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2.º de la presente Ley, y deberá ser identificada como “obra huérfana”.

4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes obras huérfanas, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos:

a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos, fonotecas y filmotecas.

b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de éstas, salvo que los titulares de sus derechos estén identificados o localizados, en cuyo caso será necesaria su autorización para su reproducción y puesta a disposición del público.

5. Las obras huérfanas se podrán utilizar en la forma establecida en el presente artículo siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea. Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda diligente, en dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de la obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, la búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho Estado.

En el caso de que dichas obras cinematográficas o audiovisuales hayan sido coproducidas por productores establecidos en distintos Estados miembros, la búsqueda diligente debe efectuarse en cada uno de esos Estados miembros.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, siempre que exista un elemento objetivo que permita presumir que sus titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.

La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las fuentes de información que se indican a continuación, así como aquellas otras que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países, sean o no




Página 362


miembros de la Unión Europea, donde haya indicios de la existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.

1.º En el caso de libros publicados:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los catálogos de la Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes, en particular WATCH (escritores, artista y sus titulares de derechos de autor), el ISBN (International Standard Book Number).

g) Las fuentes que integren múltiples bases de datos y registros, incluidos VIAF (Fichero de Autoridades Internacional Virtual) y ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2.º En el caso de periódicos, revistas, revistas especializadas y publicaciones periódicas:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los catálogos de los fondos y colecciones de bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes para publicaciones periódicas, en particular el ISSN (International Standard Serial Number).

3.º En el caso de las obras plásticas, tales como obras de pintura y escultura, fotografía, ilustración, diseño, arquitectura, bocetos de arquitectura y otras obras similares contenidas en libros, revistas especializadas, periódicos y revistas u otro material impreso:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) Las fuentes relacionadas en los apartados 1 y 2 anteriores.

c) El Registro de Propiedad Intelectual.

d) Las bases de datos de agencias fotográficas.

4.º En el caso de las obras audiovisuales y los fonogramas:

a) Las bases de datos de las entidades de gestión autorizadas administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

d) Las bases de datos y registro del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).

e) Las bases de datos de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro, tales como la Filmoteca Española.

f) La información de las asociaciones españolas de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

g) Las bases de datos de bibliotecas.

h) Las bases de datos de registros internacionales estandarizados, tales como ISAN (International Standard Audiovisual Number) respecto al material audiovisual, ISWC (International Standard Musical Work Code) para las obras musicales y el ISRC (International Standard Recording Code) para los fonogramas.

i) La información que figure tanto en los títulos de crédito como en el embalaje de la obra.




Página 363


6. Las entidades citadas en el apartado 4 deberán tener documentado el proceso de búsqueda diligente y almacenada la información sobre dicha búsqueda en una base de datos, que consistirá, como mínimo, en la siguiente:

a) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

b) Certificados expedidos por los titulares de las fuentes de información consultadas acreditativos de la realización de las consultas encaminadas a realizar una búsqueda diligente.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el proceso de búsqueda de los titulares de derechos y remitirán la siguiente información al órgano competente a que se refiere el apartado siguiente:

a) Denominación de las obras.

b) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

c) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana.

d) El uso que las entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con el presente artículo.

e) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado siguiente, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen.

f) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.

El órgano competente a que se refiere el siguiente apartado comunicará esta información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para su registro y publicación en la base de datos en línea accesible al público.

7. En cualquier momento, los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es transponer la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, para garantizar la seguridad jurídica en la utilización de las obras huérfanas y el respeto de los derechos de autor.

Asimismo, se pretenden limitar las remisiones a un posterior desarrollo reglamentario y, así, evitar la inseguridad jurídica y la desprotección de los derechos de autor que esta remisión puede provocar.

Se establece de manera más clara el hecho de que este artículo no afecta a los derechos de los titulares, que estén identificados y localizados, de obras protegidas que se encuentren insertadas o incorporadas en otras obras, que puedan ser consideradas huérfanas, y para cuya reproducción y comunicación pública es necesario contar con la previa autorización de dichos titulares.

Además, se incorpora la obligación de identificar que el uso que se hace de la obra es en la condición de obra huérfana para garantizar la transparencia en las condiciones de dicho uso.

De igual manera, se establece la determinación del Estado en que ha de efectuarse la búsqueda diligente en el caso de una obra audiovisual o cinematográfica coproducida.

Asimismo, se sustituye el término «razonable» por «elemento objetivo», por ser éste último término jurídicamente más determinado; y se incluye la obligación de consultar, al menos, una serie de fuentes con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas mientras no haya desarrollo reglamentario a este respecto.

Por último, y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas, se establece la obligación de las entidades de tener documentado el proceso de búsqueda diligente; y se hace referencia a la necesidad de remitir la información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, organismo que establece y administra una base de datos europea con la información sobre las obras huérfanas.




Página 364


ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 5 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…)

5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo, serán destinadas a las finalidades que establezca la asamblea general de cada entidad de gestión, que deberán incluir alguna de las siguientes:

a) A la realización de actividades o servicios de carácter asistencial a favor de los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona, entre las que, entre otras, se entenderán comprendidas:

i) La oferta y promoción directa de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona, a través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con terceros.

ii) Las campañas de educación o sensibilización sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la piratería en general.

iii) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago.

iv) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a actividades para fomentar la integración de autores y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo y/o artístico, así como a la oferta y promoción digital de sus obras, creaciones y prestaciones. También comprenderá las cantidades que las entidades de gestión destinen a facilitar en el ámbito digital el acceso de las personas discapacitadas a las obras y prestaciones artísticas.

c) A acrecer el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la entidad de gestión, debidamente identificadas.

(...).»

JUSTIFICACIÓN

La presente enmienda pretende, en primer lugar, coordinar la redacción del Artículo 154.5.a) con la del Artículo 155.1.a), que se refiere no solo a actividades de carácter asistencial, sino también a servicios de tal carácter.

De otro lado, se propone un nuevo concepto dentro de la oferta digital legal referido, de un lado, a propiciar la integración de los artistas y creadores en su propia actividad creativa y promocionar digitalmente sus creaciones, y, de otro lado, facilitar en el ámbito digital el acceso a las obras del espíritu a las personas con discapacidad.

Por su parte, se añade una letra c) ya que resulta adecuado prever la posibilidad de que estas cantidades puedan ser también objeto de reparto entre los socios de la entidad, asemejando a los socios de las entidades de gestión españolas con los de los países europeos a los que sí se reserva este derecho a la Asamblea.

Por último, la eliminación del último párrafo tiene por objeto adecuar el Proyecto de Ley con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en particular, su artículo 4.2 que prohíbe a la Administración «adoptar medidas preventivas o suspensivas que interfieran en la vida interna




Página 365


de las asociaciones». Por tanto, las limitaciones a la capacidad de las Entidades de Gestión deben poderse justificar de una forma clara, objetiva y suficiente para poder afectar al derecho fundamental de asociación.

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 9 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…)

9. Las entidades de gestión deberán administrar los derechos recaudados y los rendimientos derivados de los mismos manteniéndolos separados en su contabilidad de sus propios activos y de los ingresos derivados de sus servicios de gestión o de otras actividades. En ningún caso podrán utilizar las cantidades recaudadas para fines distintos de su reparto a los titulares de derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión, ejecutar la política general de inversión de la entidad y financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 155, todo ello de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea General de la entidad de gestión.

(...).»

JUSTIFICACIÓN

La redacción que se propone alinea el Proyecto de Ley con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Dicha Directiva reconoce a la Asamblea General la capacidad de decidir «como mínimo» sobre una serie de cuestiones, entre las que se encuentra la política general de deducciones y la de inversiones de las cantidades recaudadas.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un inciso en el apartado 7 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…).




Página 366


7. Las entidades de gestión no podrán conceder créditos o préstamos, directa o indirectamente, ni afianzar, avalar o garantizar de cualquier modo obligaciones de terceros no vinculados, salvo autorización expresa y singular de la administración competente.

(...).»

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción haría que queden excluidos de los préstamos y garantías que las entidades de gestión puedan otorgar las personas jurídicas sin ánimo de lucro que hayan constituido para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 155.4. Por ello, se propone hacer referencia a «terceros no vinculados», para poder hacer una distinción entre éstos y las entidades jurídicas vinculadas a la entidad de gestión.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Trece, referido al artículo 155 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar los apartados 1 y 2 del artículo 155, quedando redactado como sigue:

«1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, fomentarán:

a) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros,

b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y

c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual se entenderán comprendidas:

i) La oferta y promoción directa de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona, a través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con terceros.

ii) Las campañas de educación o sensibilización sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la piratería en general.

iii) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago.

iv) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a actividades para fomentar la integración de autores y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo y/o artístico, así como a la oferta y promoción digital de sus obras, creaciones y prestaciones. También comprenderá las cantidades que las entidades de gestión destinen a facilitar en el ámbito digital el acceso de las personas discapacitadas a las obras y prestaciones artísticas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 154.5, las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine.

(...).»




Página 367


JUSTIFICACIÓN

Se propone esta mejora en la redacción con el fin de clarificar la vinculación entre este artículo y las actividades recogidas en el epígrafe 5 del artículo 154.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar la letra b) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta criterios tales como:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

No obstante lo anterior, las entidades de gestión también establecerán tarifas fijadas conforme al criterio de disponibilidad, que serán de aplicación cuando el empleo de otros criterios comporte unos costes excesivos y no razonables que hagan ineficaz la gestión o cuando no resulte posible obtener datos objetivos para la aplicación de los criterios relevantes.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

El apartado 1, letra b, del artículo 157 dispone, con carácter general, el deber de las entidades de establecer tarifas «simples y claras». La claridad es una consecuencia de la transparencia que se exige a las entidades de gestión, sin embargo, la simpleza, es poco compaginable con aquellos supuestos en que la tarifa tenga que revestir cierta complejidad como ocurre cuando se introduce el parámetro del «uso» para su cálculo.

A su vez, con ese mismo alcance general se dispone que el importe de las tarifas se establezca atendiendo al valor económico de la prestación protegida en la actividad del usuario y se buscará el justo equilibrio entre ambas partes, y conforme a los criterios que seguidamente enumera.

La reciente Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, alude al criterio de razonabilidad de las tarifas atendiendo al valor económico del uso, si bien tal criterio es admisible «entre otros factores».

Se elimina la condición en el establecimiento de tarifas generales, los ingresos económicos «obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio», ya que conlleva hacer a los titulares en




Página 368


copartícipes del negocio del usuario. El mayor o menor beneficio económico del usuario en su actividad debe ser independiente de la prestación protegida dada la dependencia de aquél de otros factores, y máxime si ya se tiene en cuenta el criterio de la «relevancia» del uso de la prestación protegida como parámetro de ponderación de la tarifa.

Por su parte, se propone que los criterios enumerados no tengan carácter taxativo, admitiendo la aplicación de otros criterios. A su vez, en consideración las propias recomendaciones de la CNMC, se plantea mantener las tarifas por disponibilidad como alternativa para el usuario, toda vez que la aplicación de las tarifas por uso deban estar condicionadas al coste razonable de su implementación y, así mismo, a que el usuario esté dispuesto o esté en condiciones de colaborar para ello.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros Estados de la UE, para algunas entidades se ha de tener en cuenta que, actualmente, no existe un marco armonizado de referencia que permita la comparación con las tarifas de entidades homólogas de otros Estados. Por ello, se propone una modificación que amplié a todos los Estados miembros, incluido el nuestro, los términos de comparación de la tarifas fijadas por las distintas entidades de gestión.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar la letra c) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

c) A negociar y celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas a nivel nacional del sector correspondiente. En dichos contratos se podrán establecer descuentos para los usuarios que formaran parte de la asociación y se adhieran al contrato general, siempre que concurran circunstancias objetivas que justifiquen dichos descuentos por la reducción de costes de transacción que, para los usuarios y las entidades de gestión, se deriven de la suscripción de esta clase de contratos.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

Esta reforma ofrece la oportunidad de clarificar aspectos que han sido objeto de controversia y resolución por los órganos de defensa de la competencia y el Tribunal Supremo, como es la aplicación de bonificaciones a las tarifas en tales casos. Por ello se propone incluir un inciso que regule el establecimiento de descuentos en tales supuestos, en atención a la reducción de costes de transacción y gestión que comportan, con el consiguiente beneficio obtenido en materia de seguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.




Página 369


ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar las letras d), e), f), g) h) i) y j) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

d) A difundir en su sitio Web de forma fácilmente accesible:

1.º Las tarifas generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben aplicarse, que deberán ser publicadas en el plazo de diez días desde su establecimiento o última modificación, junto con los principios, criterios y metodología utilizados para su determinación;

2.º Garantizando el todo momento el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, el repertorio que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas obras y prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión colectiva extranjeras, en la medida en que sea posible en función de la documentación remitida por éstas, así como una lista de los acuerdos de representación que haya celebrado y los nombres de dichas organizaciones y su respectivo ámbito territorial de gestión;

3.º Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de utilización de su repertorio;

4.º Los sistemas, normas y procedimientos de reparto, el importe o porcentaje de los descuentos que sean aplicados a cada derecho y modalidad de explotación administrados, y las obras y prestaciones protegidas que administran cuyos titulares están parcial o totalmente no identificados o cuya localización, a efectos de pago, no haya sido posible.

5.º Las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios, agrupadas por actividades económicas similares.

e) A participar en la creación, gestión, financiación y mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago, accesible a través de Internet, en los plazos y condiciones determinados en la normativa en vigor, y en la cual los usuarios del repertorio de las entidades de gestión puedan conocer de forma actualizada el coste individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades, como resultado de la aplicación de las tarifas generales a su actividad, y realizar el pago correspondiente.

f) A informar a sus miembros, previa solicitud por escrito respecto de los siguientes extremos:

1.º Las personas que forman parte de la alta dirección y de los órganos de representación, así como de las comisiones y grupos de trabajo en las que aquéllas participen.

2.º Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan a las personas indicadas en el párrafo anterior por su condición de miembros de los órganos de representación y de alta dirección e integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no tengan dicha condición.

3.º Las condiciones de los contratos suscritos por la entidad con usuarios de su repertorio, con sus asociaciones y con otras entidades de gestión, cuando acrediten tener interés legítimo y directo.

g) A practicar respecto de sus miembros la rendición de liquidaciones y de los pagos que les haya realizado la entidad por la utilización de sus obras y prestaciones. Dichas liquidaciones deberán contener al menos los siguientes datos: derecho y modalidad a la que se refiere, periodo de devengo, el origen o procedencia de la recaudación y sus deducciones aplicadas.

h) A cumplir con las obligaciones previstas en el apartado 1 de la letra g) y la letra h) del presente apartado respecto a los titulares de derechos no miembros de la entidad de gestión que administre la misma categoría de derechos que pertenezca al titular en lo relativo a los derechos de gestión colectiva obligatoria.




Página 370


i) A notificar de forma diligente a la administración competente los documentos que contengan la información completa sobre los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, los modelos de contratos de gestión y sus modificaciones, las tarifas generales y sus modificaciones, junto con los principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de gestión colectiva, así como los documentos mencionados en el artículo 156.

j) A elaborar un presupuesto anual de recaudación y reparto de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad, que se aprobará con carácter previo al inicio del ejercicio al que vaya referido. La correspondiente propuesta se pondrá a disposición de los miembros de la entidad en su domicilio social y en el de sus delegaciones territoriales con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la sesión del órgano que tenga atribuida la competencia para su aprobación.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, se propone sustituir el término «cálculo» por el de «determinación», en coherencia con la propuesta de modificación del artículo 158.bis, conforme al cual se atribuye a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la competencia para la aprobación de la metodología que cada entidad de gestión deberá aprobar para la determinación de las tarifas.

En segundo lugar, se pretende asegurar el respeto a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal de los socios de la entidad, tratando los mismos de tal modo que la publicación de la información relativa al repertorio administrado por la entidad de gestión no vulnere derechos fundamentales.

Asimismo, la obligación de la entidad de gestión de publicar el repertorio de las entidades de gestión con las que tiene suscritos contratos de representación recíproca no puede comprometerle a asumir obligaciones que están más allá de sus posibilidades, cuando se trata de información perteneciente a terceros (la entidad de gestión extranjera o sus propios socios) y sobre la que, por lo tanto, la entidad de gestión española no dispone plenamente.

En tercer lugar, se persigue aportar seguridad jurídica al tráfico mercantil, publicando información aprobada por los órganos de gobierno de la entidad y validada tras la realización de los controles financieros pertinentes.

Finalmente, la obligación de facilitar información sobre las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios, se reformula con objeto de facilitar el acceso mediante a través de su difusión a través de las páginas web de las distintas entidades.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«(…)

2. La Comisión actuará por medio de un Pleno y dos Secciones.

a) La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje determinación de tarifas y control en los términos previstos en el presente título.

b) La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los




Página 371


responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

El Pleno será un órgano consultivo conformado por todos los miembros de la Comisión, un representante de cada entidad de gestión así como, previa invitación de la Comisión, representantes de usuarios y de otros órganos de la Administración.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

Resulta útil que la Comisión de Propiedad Intelectual cuente con un Pleno en el que puedan debatirse sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual y elaborar recomendaciones que puedan ser de utilidad para las Secciones en el desempeño de sus tareas.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá además de seis miembros independientes, expertos independientes de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual e Internet, designados dos de ellos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y uno por cada uno de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Economía y Competitividad, de Justicia y de la Presidencia. El Gobierno podrá modificar reglamentariamente la composición de la Sección Segunda con el fin de ajustarse a la estructura ministerial del Gobierno.

Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley reconoce la necesidad de una preparación técnica de los vocales, al exigir que los Ministerios deben designarlos de «entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual», además de primar conocimientos en los ámbitos del derecho procesal y Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sin embargo, dicha previsión es insuficiente, puesto que, además de la preparación técnica, es importante la independencia en el desempeño de la función.

El objetivo de la modificación es conseguir un órgano eficaz, para lo que debe garantizarse la autonomía en la actuación de sus miembros, que sólo se logrará con personas independientes y conocedoras de la materia. La composición debe garantizar o coadyuvar a que el órgano gane en autonomía, independencia y conocimientos técnicos en la materia sobre la que desarrolla su actividad.




Página 372


Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de configurarlo como un órgano especializado en propiedad intelectual y en Internet.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone suprimir dos incisos del apartado 3 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«(…)

3. La Sección Primera estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

Se elimina la necesaria referencia a expertos en competencia, al volver a distinguirse entre las facultades de control de la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podría haber justificado dicho perfil para los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual en anteriores borradores del texto.

Por otro lado, se elimina la posibilidad de modificar la composición de la Sección Primera por considerar que la importancia de esta Sección justifica que su composición se establezca por una norma de rango legal.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.




Página 373


Al artículo primero, apartado Dieciocho, referido al artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 3 del artículo 158 bis, quedando redactado como sigue:

«(…)

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria.

La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará criterios tales como los establecidos en la letra b) del artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados, respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta tanto la Sección Primera no establezca el importe de la remuneración correspondiente, serán de aplicación las tarifas generales establecidas por las Entidades de Gestión de conformidad con lo previsto en el artículo 157.1.b) o aquellas que estuvieran en vigor y que hubieran sido pactadas con una asociación de usuarios, con una entidad de radiodifusión o con un usuario especialmente significativo.»

JUSTIFICACIÓN

El texto del Proyecto introduce un concepto jurídico indeterminado y ambiguo al ampliar el ámbito de competencias de la Comisión de Propiedad intelectual: resulta complicado saber qué derechos exclusivos concurren con los derechos de gestión colectiva obligatoria. Por tanto, se proponen una serie de mejoras técnicas que permiten reducir la incertidumbre provocada como fijar los criterios que tendrá en cuenta la Comisión de Propiedad Intelectual en el ejercicio de sus funciones; eliminar la referencia a la metodología de fijación de tarifas; y aclarar cualquier duda sobre la validez de las tarifas mientras no haya una resolución en contra por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Dieciocho, referido al artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 158 bis, quedando redactado como sigue:

«(…)

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.




Página 374


En particular, ejercerá su función de control al aprobar la metodología que cada entidad de gestión deberá emplear para la determinación de las tarifas conforme a los criterios de la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Se entenderá concedida la aprobación si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de un mes desde su presentación.

La resolución de aprobación tendrá efectos vinculantes para la Comisión de Propiedad Intelectual en el desarrollo de sus funciones.

La resolución de no aprobación, en su caso, deberá estar debidamente motivada e indicar qué cambios deberá realizarse en la metodología propuesta a fin de ajustarse a los criterios que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual considere aplicables.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

Se propone una modificación a fin de dotar de contenido a la función de control de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dicha función de control se deberá instrumentar a través del procedimiento de aprobación de las metodologías de fijación de tarifas conforme a los criterios que se establecen en el artículo 157.1.b).

Esto permite a la Comisión de Propiedad Intelectual ser proactivo, con la colaboración de las entidades correspondientes, en el establecimiento de los parámetros de fijación adecuada de las tarifas con la consiguiente mejora en la seguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, incluyéndose los que pongan a disposición o faciliten por cualquier medio, de forma no neutral, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, obras o prestaciones, vulnerando derechos de propiedad intelectual, siempre que dichos prestadores, directa o indirectamente, hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial.

Se entiende que la puesta a disposición o la facilitación de obras mediante enlaces no es neutral cuando se realiza una actividad de mantenimiento y actualización de las correspondientes herramientas de localización, en particular ofreciendo listados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Quedan exceptuados en todo caso aquellos prestadores de servicios que realicen actividades de mera intermediación técnica.»

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, se propone la supresión de la mención de significativa y de las variables o elementos que integran ese concepto.




Página 375


La inclusión del carácter significativo implica la restricción, incierta y arbitraria, del ámbito de protección que el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual viene dispensando a los titulares de derechos, introduciendo un elemento cuantitativo que deberá concurrir para que exista una vulneración de derechos de propiedad intelectual que habilite la actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual.Se incluyen además como variables que lo integran el «nivel de audiencia en España», el «número de obras y prestaciones protegidas» que se pongan a disposición por el infractor y el «modelo de negocio».

En segundo lugar, se pretende acotar y precisar adecuadamente los requisitos que se exigen para actuar contra los proveedores de enlaces a contenidos ilícitos, partiendo de que el tratamiento de todos los prestadores de servicios debe ser idéntico. La previsión del Proyecto en cuanto a los enlazadores, que podría considerarse un avance sobre el texto vigente del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al aclarar definitivamente la posibilidad de actuar contra ellos, lo cierto es que viene a contrariar la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del TJUE 466/2012, de 13 de febrero de 2014.

Esta sentencia zanja el dilema de la consideración de los enlaces como puesta a disposición y acto de comunicación, de ahí que la consideración de la actividad enlazadora deba ser equivalente a la de cualquier otra prestación de servicios en este ámbito. No obstante, parece razonable que la Comisión de Propiedad Intelectual no actúe contra los enlazadores neutrales, a los que se protege con la redacción propuesta en esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«3. (…)

El vencimiento del plazo máximo reglamentariamente establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa determina que se puedan entender desestimadas por silencio administrativo las pretensiones de quien instó el procedimiento.»

JUSTIFICACIÓN

Es imprescindible subrayar la obligación de resolver el procedimiento por parte de la citada Sección Segunda, sin que quepa declarar su caducidad o el archivo de las actuaciones por el hecho de que transcurra el plazo para resolver.

La sustitución del silencio negativo por la caducidad tiene una primera consecuencia inmediata, como es que ya no subsistirá la obligación de resolver por parte de la CPI una vez transcurrido el plazo máximo y, en consecuencia, no incurrirá el órgano en constantes supuestos de responsabilidad, incluso disciplinaria de sus miembros. La regulación no está guiada por la eficacia de la actuación administrativa —obligación de resolver y de adoptar las medidas que la propia Ley dispone—, sino al contrario, para justificar la ineficacia. Los titulares de derechos de propiedad intelectual solicitantes quedarán así en una situación de indefensión evidente.

Previéndose en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual vigente para el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que el efecto de la falta de resolución y notificación




Página 376


dentro del plazo máximo sea la desestimación de la solicitud, no podrá declararse la caducidad, ya que sus consecuencias son absolutamente diferentes de las previstas legalmente.

La existencia de desestimación por silencio no se declara por la Administración, sobre la que sigue pesando su obligación de resolver. La Administración debe continuar el procedimiento hasta dictar resolución expresa sin vinculación alguna con el sentido del silencio porque eso es lo más conveniente para la Administración y para los interesados.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«4. (…)

La Sección Segunda extenderá las medidas de retirada o interrupción a otras obras o prestaciones protegidas cuyos derechos correspondan al mismo titular que haya instado el inicio del procedimiento de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de identificar todas las obras afectadas por las conductas vulneradoras se ha introducido en el párrafo que prevé la extensión de las medidas de retirada o interrupción a todas las obras que se encuentren en el ámbito de actuación del prestador de servicios contra el que se haya dirigido el procedimiento. Esta exigencia condiciona notablemente la eficacia del procedimiento regulado por el artículo 158.ter de la Ley de Propiedad Intelectual y desactiva una de las medidas que los promotores del texto han venido presentando como avance en la regulación.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De sustitución.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone sustituir los párrafos segundo y tercero del apartado 5 del artículo 158 ter, por el siguiente texto:




Página 377


«5. (…)

El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso y alojamiento de Internet se acordará con carácter ordinario cuando se considere que resulta la medida más eficaz.»

JUSTIFICACIÓN

Quien infringe los derechos de propiedad intelectual puede retirar los contenidos ilícitos o interrumpir la prestación del servicio que está realizando. Normalmente ésa será la forma de ejecución natural de las resoluciones de la CPI.

Sin embargo, si no se hace voluntariamente, debe acudirse a un medio de ejecución forzosa que, en este caso, va a requerir la intervención de terceros, como son los proveedores de acceso (y alojamiento, en su caso). La única medida realmente eficaz para que la infracción de derechos no persista es el bloqueo del servicio —acceso o alojamiento— mediante el cual se infringen los derechos protegidos.

El texto del Proyecto únicamente se refiere a las medidas de bloqueo por parte de los proveedores de acceso, cuando es también posible procurar la colaboración de los proveedores de alojamiento, que podrán interrumpir su servicio para lograr el mismo resultado. Por lo tanto, es oportuno aclarar este punto.

ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un nuevo párrafo entre los párrafos tercero y cuarto del apartado 4 del artículo 158 ter, con el siguiente texto:

«4. (…)

No obstante, cuando se haya practicado el previo intento de requerimiento de retirada infructuoso por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, a que se refiere el apartado tercero del presente artículo, la Sección notificará al prestador de servicios de la sociedad de la información la propuesta de resolución, dándole trámite de alegaciones por cinco días. La Sección dictará después resolución en el plazo máximo de tres días.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta tiene como finalidad evitar la reiteración por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del previo requerimiento al prestador de servicios de la sociedad de la información que, con la reforma, se pretende imponer al titular de los derechos de propiedad intelectual en el apartado tres del mismo artículo 158 ter.

Para ello se sugiere una modificación de mínimos que, manteniendo el previo requerimiento a cargo del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, suprima el posterior a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual que pasaría a notificar directamente una propuesta de resolución.




Página 378


ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo primero

Se modifica el artículo 10.1.f) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

10.1. f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería y las propias obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas.

JUSTIFICACIÓN

Para incluir entre los objetivos de propiedad intelectual a las obras de arquitectura realizadas, además de los proyectos, planos, maquetas y diseños, como se recoge en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

De esta manera, se protege de forma expresa y determinada la obra arquitectónica realizada, en aras a la seguridad jurídica y en congruencia con el tratamiento que la Ley vigente otorga a otras obras artísticas, evitando con ello las dudas interpretativas que se han planteado al respecto.

Si se protege el proyecto, el plano, la maqueta y el diseño, la coherencia lógica conlleva que el resultado, es decir, la obra arquitectónica realizada, esté protegida, como lo están las esculturas y obras de pintura, dibujo o grabado entre otras.

La creación original artística arquitectónica que quiere proteger la ley se inicia en el plano, la maqueta y el diseño y concluye en unos casos en esa misma fase sin llegar a construirse y en otros en la obra construida. La redacción actual del texto protege el primer supuesto pero no especifica que la protección en el segundo supuesto alcance a la obra arquitectónica construida que es la expresión arquitectónica de esos planos como lo están las esculturas y las obras de pintura.

ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone modificar el subapartado 10.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta a través de cualquier enlace o redireccionamiento,




Página 379


obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual para la puesta a disposición o difusión.

La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad que presten o hayan prestado servicios en los últimos doce meses al prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Por una parte, el Proyecto incluye el término «a gran escala» que debe eliminarse, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado que puede introducir una restricción extraordinaria en el ámbito objetivo de esta diligencia preliminar y con respecto de conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, hasta el punto de neutralizar su eficacia. Que un Juez determine si un acto se realiza a «gran escala» o no es un juicio propio de un proceso plenario y declarativo, no de un incidente que tiene la única finalidad de obtener hechos, documentos o declaraciones que permitan preparar la demanda.

Por otra parte, en relación con el ámbito subjetivo de la diligencia preliminar, el inciso «a través de cualquier enlace o redireccionamiento», trata de una modificación justificada por la homogeneidad con el propio texto que el Anteproyecto configura, en el que se permite que se pueda solicitar la tutela contra el prestador de servicios que realiza dichas actividades de enlace o redireccionamiento, de otro modo, se dejaría abierto el texto legal a futuras interpretaciones que podrían impedir la aplicación de la tutela civil frente a las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios de dicha naturaleza.

En cuanto a los requisitos para considerar ilegítima la actividad y por tanto susceptible de demanda, es necesario aclarar este extremo, añadiendo a tal expresión el inciso «para la puesta a disposición o difusión».

Por otra parte, la expresión «contenidos» como objeto del derecho de propiedad intelectual es errónea, puesto que el objeto del derecho es la obra y así ha de hacerse constar.

Finalmente, no se considera apropiada la exigencia de que los prestadores afectados hayan mantenido «relaciones de prestación de un servicio» entre sí, sino que debe bastar la mera prestación de servicios, que es la causa de la que traen los intermediarios su conocimiento de la información que se les solicita. No es razonable ni operativo limitar la obligación de transmisión de información a los datos de que dispongan como consecuencia de una relación de servicio.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone modificar el subapartado 11.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la




Página 380


información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, considerando, entre otros, el volumen de obras y prestaciones protegidas no autorizadas, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto incluye el término «a gran escala» que debe eliminarse, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado que puede introducir una restricción extraordinaria en el ámbito objetivo de esta diligencia preliminar y con respecto de conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, hasta el punto de neutralizar su eficacia. Que un Juez determine si un acto se realiza a «gran escala» o no es un juicio propio de un proceso plenario y declarativo, no de un incidente que tiene la única finalidad de obtener hechos, documentos o declaraciones que permitan preparar la demanda.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone suprimir el inciso «cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales» introducido en el subapartado 7.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando el siguiente texto:

«7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto intenta conseguir una correcta implementación del derecho de información recogido en la Directiva 2004/48/CE con la supresión de la exigencia generalizada de que los actos respecto de los que se pretenda identificar al autor estuvieran siendo cometidos a «escala comercial».

Ahora bien, incluye el requisito de que la infracción se cometa a través de actos «que no pueda considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales», el cual, además de no encontrar acomodo en la Directiva 2004/48/




Página 381


CE, implica en la práctica una exoneración de responsabilidad de dichos sujetos, que debe ser eliminada del texto normativo procesal.

La introducción del nuevo presupuesto resulta errónea, en primer lugar, porque introduce una norma sustantiva en una norma de carácter procesal y, en segundo lugar, porque exige al Juez realizar una amplia cognición del asunto, impropia de una institución procesal como son las diligencias preliminares.

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar la disposición adicional primera, quedando redacta como sigue:

«Disposición adicional primera. Medidas de reducción de los costes de transacción.

1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual facilitarán las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica privada sin que ninguna entidad de gestión ostente por sí sola capacidad para controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma.

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones




Página 382


de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior, será de exclusiva aplicación a las operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los titulares de la explotación de establecimientos, locales, recintos abiertos al público en general, lugares de trabajo o medios de transporte colectivo de viajeros, derivados de los actos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se realicen en los mismos.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es ajustar la creación de la ventanilla única a los sectores de usuarios que por sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantía de las tarifas, ha de ser destinatarios de información sobre tarifas, facturación y pago a través de una ventanilla única.

Esta propuesta garantiza la libertad de contratación y negociación con las respectivas entidades de gestión, siendo compartidas de manera unánime por los usuarios más significativos. Así, se evitan restricciones injustificadas en el marco de defensa de la competencia y respecto a la libertad de negociación y contratación de los usuarios con las entidades de gestión.

Además, una interacción unitaria supone una ventaja tanto para el usuario que regulariza ágilmente su situación respecto a los derechos de propiedad intelectual, como para las entidades de gestión que centralizan en un solo interlocutor la información, facturación y pago.

Por último, todos los grupos de usuarios propuestos tienen que regularizar derechos de propiedad intelectual de tres titulares de derechos (autores, artistas y productores) lo que les obliga a realizar las gestiones sobre tarifas, facturas y pagos con al menos tres entidades de gestión y, en muchos casos, con cinco. Con esta propuesta el interlocutor para informarse sobre las tarifas, emisión de facturas y pago de los mismos será uno sólo, que junto a la nueva regulación sobre fijación de tarifas, facilitará enormemente los trámites para la obtención de autorización y cumplimiento de la obligación legal del pago de remuneraciones.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir la disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

La disposición adicional segunda persigue en la práctica que la radio y televisión pública no paguen los derechos de propiedad intelectual en las mismas condiciones que el resto de organismos de radiodifusión. Tal objetivo está proscrito por el Derecho comunitario.

La medida propuesta supone una clara quiebra de los principios que rigen el Derecho de la Competencia al establecer un tratamiento favorable a las Televisiones del sector público que traería como consecuencia un falseamiento de la concurrencia en el mercado de los contenidos ofrecidos por televisión y una aplicación en favor de aquellas de unas condiciones desiguales para prestaciones equivalentes incompatible con nuestro Ordenamiento jurídico.




Página 383


ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar la disposición transitoria segunda, quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria segunda. Aprobación de nuevas tarifas.

1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología referida en el segundo párrafo del artículo 158 bis.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos suscritos, y durante un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente, o con los principales organismos de radiodifusión, o con un usuario especialmente significativo o con un colectivo de usuarios especialmente significativo, así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a excepción de los casos mencionados en el apartado 2, del presente artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en el apartado 2, letra b) y en el apartado 3 del artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión, y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los derechos de la remuneración exigidos por las entidades de gestión y así como a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, cuyo importe será el 90 por 100 de las tarifas generales ya aprobadas por cada entidad de gestión a la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende facilitar el periodo de transición a la nueva forma de plantear las tarifas que introduce el Proyecto de Ley. En ese sentido, se considera importante salvaguardar los contratos en vigor que son fruto del acuerdo de las partes, tanto respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración.

Asimismo, se propone un sistema de pagos a cuenta que permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más equilibradas para todas las partes.




Página 384


En ese contexto, se puede plantear que los pagos a cuenta no sean por la totalidad de la tarifa sino que incluyan una pequeña reducción respecto a la tarifa que se ajustaría en función de los resultados de la negociación.

ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:

«Nueva Disposición transitoria. Aplicabilidad del régimen de compensación equitativa por copia privada vigente hasta el 1 de enero de 2012.

1. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente en materia de compensación equitativa por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 20/2011, de 30 diciembre.

2. Hasta el 1 de enero de 2012, la compensación equitativa por copia privada quedará determinada para cada modalidad de reproducción en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos, tanto analógicos y digitales, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio, de acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012.

3. El importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor y responsable solidario hasta el 1 de enero de 2012 será el que se deduzca de la aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012 y de la Orden PRE/1743/2008, de 18 junio de 2008, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

4. No habrá lugar a la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen legal vigente en materia de compensación por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, a excepción de aquellos casos de liquidación y pago indebidos derivados de errores materiales o aritméticos cometidos en el proceso de liquidación y pago de la deuda. En ningún caso podrá pretenderse la devolución o reintegro del importe de la compensación abonado o repercutido de acuerdo con la normativa vigente hasta el 1 de enero de 2012 de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.»

JUSTIFICACIÓN

Es imprescindible generar un marco de seguridad jurídica suficiente que respalde, amplíe y aclare la previsión que, en el mismo, sentido se incluyó en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del estado.

La enmienda que se propone trata de evitar situaciones de indefinición jurídica, que deriven en un enriquecimiento injusto por parte de los deudores que han repercutido la compensación y en un perjuicio injustificado para los titulares de derechos.




Página 385


ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:

Nueva Disposición transitoria. Percepción compensación equitativa por copia privada.

«1. Los Reales Decretos a que se refieren los párrafos 3 y 4 del artículo 25 de la Ley, será aprobado por el Gobierno en el término de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Entretanto dichos Reales Decretos no hayan sido aprobados, y hasta que se adopte el acuerdo de la comisión paritaria a la que se refiere el apartado 7 del artículo 25 de la Ley, será de aplicación lo siguiente:

a. Los fabricantes y adquirentes fuera del territorio español para su distribución comercial dentro del mismo, de equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, presentarán a la entidad o a las entidades de gestión correspondientes dentro de los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas de los mismos respecto de los que se hayan comercializado al público o a otro miembro de la cadena de distribución durante dicho trimestre. El pago de las liquidaciones se efectuará por los anteriores obligados dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, se consideran responsables solidarios de los obligados citados en el apartado anterior y deberán cumplir la obligación de presentar una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas de los mismos respecto de los equipos, aparatos y soportes adquiridos por ellos en territorio español, de deudores que no les hayan repercutido y hecho constar en la factura la correspondiente compensación. El pago de las liquidaciones se efectuará por lo estos obligados en el mismo momento de la presentación de la declaración-liquidación.

Los deudores y, en su caso, los responsables solidarios se considerarán depositarios de la compensación devengada hasta el efectivo pago de ésta a las entidades de gestión.

Los deudores mencionados en el párrafo primero y los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores, deberán figurar separadamente en sus facturas el importe de la compensación equitativa de la que harán repercusión a sus clientes y retendrán, para su entrega a las entidades de gestión.

En ningún caso, los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores mencionados en el párrafo primero, aceptarán de sus respectivos proveedores el suministro de equipos, aparatos y soportes materiales que permitan la reproducción si no vienen facturados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Sin perjuicio de ello, cuando el importe de la compensación no conste en factura, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la compensación devengada por los equipos, aparatos y soportes materiales que comprenda no ha sido satisfecha.

Los deudores y sus responsables solidarios permitirán a la entidad o entidades de gestión, o, en su caso, a la representación de las mismas la comprobación de las operaciones sometidas a la compensación y de las afectadas por las obligaciones establecidas anteriormente. En consecuencia, facilitarán los datos y la documentación necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones y, en su caso, la exactitud de las declaraciones-liquidaciones presentadas.

La entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de dichas facultades.

b. Los adquirentes fuera del territorio español para su utilización dentro del mismo de equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, harán la presentación de la declaración-




Página 386


liquidación expresada en el párrafo anterior dentro de los cinco días siguientes a su adquisición de los mismos. El pago de las liquidaciones se efectuará por estos obligados en el mismo momento de la presentación de la declaración-liquidación.

2. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y hasta que no entre en vigor el Real Decreto al que se refiere el mismo y se adopte el acuerdo de la comisión paritaria a la que se refiere el apartado 7 del artículo 25 de la Ley, la compensación aplicable será aplicable lo previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 23/2007, de 7 de julio, en los siguientes términos que son de general aplicación a todos los equipos, aparatos y soportes que permitan la copia privada aunque no se encuentren específicamente relacionados en la misma:

a) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1.º Escáneres o equipos monofunción que permitan la digitalización de documentos: 9 euros por unidad.

2.º Equipos multifuncionales de sobremesa con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos y la capacidad de copia no sea superior a 29 copias por minuto, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 15,00 euros por unidad. 3.º Equipos o aparatos con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto: 15,00 euros por unidad. 4.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto: 121,71 euros por unidad. 5.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto: 162,27 euros por unidad. 6.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante: 200,13 euros por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.

c) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.

d) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción sonora, como discos o minidiscos compactos para audio o similares, sean o no regrabables: 0,35 euros por hora de grabación o 0,006 euros por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte.

e) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción visual o audiovisual, como discos versátiles para vídeo o similares, sean o no regrabables: 0,70 euros por hora de grabación o 0,011667 euros por minuto de grabación, con un Máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale a 2,35 gigabytes.

f) Para soportes materiales de reproducción mixta, sonora y visual o audiovisual, entre otros:

1.º Discos compactos, sean o no regrabables o similares: 0,16 euros por hora de grabación o 0,002667 euros por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale a 525,38 megabytes.

2.º Discos versátiles, sean o no regrabables o similares y Discos Duros así como memorias y tarjetas de memoria: 0,30 euros por hora de grabación o 0,011667 por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale 2,35 gigabytes.

3.º A los efectos de su posterior distribución entre los distintos acreedores de las cantidades a que se refieren los párrafos 1.º y 2.º, se considerará que en los discos compactos el 87,54 por ciento corresponde a reproducción sonora y un 12,46 por ciento a reproducción visual o audiovisual, y en los discos versátiles el 3,43 por ciento corresponde a reproducción sonora y el 96,57 por ciento corresponde a reproducción visual o audiovisual.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone introducir una nueva disposición transitoria, que permita la percepción de la compensación equitativa por copia privada hasta el desarrollo reglamentario del artículo 25.




Página 387


ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado a) de la disposición final cuarta, quedando redactado como sigue:

«(…)

a) Lo establecido en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor en el momento en que efectivamente se establezca el importe de la remuneración a abonar a las entidades de gestión derivado del límite establecido en el artículo 32.4.

(…).»

JUSTIFICACIÓN

El argumento dado en la enmienda referida al artículo 32 justifica sobradamente una transitoria específica para los párrafos 3, 4 y 6 de dicho artículo.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado cuatro del artículo primero de modificación del artículo 32.4.b, que queda con la siguiente redacción:

«b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.




Página 388


ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado diecinueve del artículo primero de modificación del artículo 158 ter, apartado 6, primer párrafo, que queda con la siguiente redacción:

«6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reanudación por dos o más veces de actividades vulneradoras por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social de la conducta infractora…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

Se alinea la calificación de la infracción y su cuantía con el régimen sancionador establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en lo que respecta a la falta de colaboración de los servicios de intermediación, dado el carácter similar de ambos supuestos.

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado nuevo al artículo primero de modificación del apartado 4 del artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que queda con la siguiente redacción:

XXX. Se modifica el apartado 4 del artículo 19 que queda redactado en los siguientes términos:

«4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de




Página 389


lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 37.

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.»

JUSTIFICACIÓN

El considerando (10) de la, Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, señala que «procede, en aras de la claridad, excluir de los conceptos de alquiler y préstamo, a tenor de la presente Directiva, determinadas formas de puesta a disposición como puede ser la puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición, o la puesta a disposición para consulta in situ; que, con arreglo a la presente Directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público.

Se ha detectado que esta previsión dejó de estar incorporada al Derecho español, debido a que la Disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, al modificar el artículo 19.3 del TRLPI relativo al préstamo, se suprimió de su regulación, en tanto que en relación con el concepto de alquiler permanece pues su regulación no fue modificada.

Mediante esta enmienda se subsana esa ausencia de regulación de esta exclusión respecto al concepto de préstamo.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 de la disposición transitoria segunda, que queda con la siguiente redacción:

«Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos de gestión colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los dos tres años anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, los usuarios deberán pagar a cuenta, en relación con la remuneración exigida por las entidades de gestión por la explotación de derechos de remuneración y a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, el 70 por 100 de las tarifas generales aprobadas por cada entidad de gestión. Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»

JUSTIFICACIÓN

El limitar un pago debido por tarifas generales al 70% de las mismas provocará en la práctica una reducción automática de dichas tarifas al margen de los mecanismos y criterios objetivos que ya prevé el




Página 390


Proyecto de Ley para el establecimiento de las mismas. Esa reducción afecta tanto a las tarifas que podrían considerarse elevadas y contra las que el propio Proyecto de Ley ya prevé mecanismos y criterios objetivos, como a aquellas que no son elevadas y cuya reducción sistemática sería contraria a cualquier principio de equidad (el sector cultural ha llegado a calificar esta previsión como «expropiatoria y de quiebra de expectativas de derechos ya devengados»). Es una medida que presupone, en todos los ámbitos sin que haya sido probado por ningún sector implicado, que las tarifas generales vigentes de todas las EEGG en todos los sectores de los usuarios incumplen los criterios objetivos propuesto por la ley, cuando están sometidos al control de la CNMC. Además puede condicionar la negociación de las tarifas no generales entre EEGG y usuarios presionando por una bajada de los precios de otro tipo de derechos, de forma discriminatoria.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final cuarta, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015, con las siguientes excepciones:

a) Lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la presente Ley en el “Boletín Oficial del Estado”.

b) Lo dispuesto en el artículo 158 ter y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los dos meses de la publicación de la presente Ley en el “Boletín Oficial del Estado”.

c) Lo establecido en los artículos 154, apartados 7 y 8, 162 ter y 162 quáter del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los seis meses de la publicación de esta Ley en el “Boletín Oficial del Estado”.

d) Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 154 serán aplicables a las cantidades recaudadas por las entidades de gestión a partir del 1 de enero del año natural siguiente a la publicación de la presente Ley en el “Boletín Oficial del Estado”, con independencia de la fecha de su devengo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 35 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.




Página 391


ENMIENDA NÚM. 175

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Uno, referido al artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 25, quedando redactado como sigue:

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, para uso privado, de conformidad con el apartado 2 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades mencionadas. Este derecho será hecho efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente, los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

3. La compensación deberá ser satisfecha por quienes pongan, de hecho o de derecho a disposición de los beneficiarios del límite, a los que podrán repercutir el importe de la compensación, los equipos, aparatos y soportes de reproducción, o les presten un servicio de reproducción, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado 6. Se habilita al Gobierno a fin de que, mediante real decreto, desarrolle el procedimiento de pago de esta compensación.

4. No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, lo que se determinará reglamentariamente.

5. El importe de la compensación deberá ser calculado atendiendo al perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos, y para ello se tendrán en cuenta, entre otras variables, el tipo de medio de reproducción, el grado de uso de cada uno de dichos medios, su capacidad de almacenamiento, la estabilidad y tiempo de conservación de las reproducciones efectuadas y la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el artículo 161.

6. A esos mismos efectos estarán exentos del pago de la compensación las reproducciones de obras que se realicen mediante equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción, que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de los usuarios privados y que, además, se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

a) Los adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, siempre que dicha actividad se ciña a los límites en cada caso autorizados.

b) Los adquiridos por las administraciones públicas para uso exclusivo en el ejercicio de su actividad y siempre que sean utilizados únicamente para ese fin.

7. Los tipos de equipos, aparatos y soportes de reproducción y la cuantía individualizada de compensación a satisfacer por cada uno de ellos serán determinados por una Comisión paritaria integrada por tres miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, tres representantes designados por las entidades de gestión y tres representantes nombrados por las organizaciones representativas de los obligados a la financiación de la compensación de acuerdo con lo previsto en el número 3 de este artículo. Se habilita al Gobierno para que mediante real decreto determine la constitución, funcionamiento y efectos de las resoluciones de la citada Comisión paritaria.

8. Las cuantía determinadas mediante los acuerdos de dicha Comisión tendrán el carácter de obligación legal de pago para los obligados al mismo en los términos que se determinen reglamentariamente, y serán objeto de publicación en el BOE.




Página 392


9. Las personas jurídicas que acrediten haber satisfecho efectivamente el importe de la compensación equitativa por copia privada por la adquisición de equipos, aparatos o soportes materiales, siempre que los mismos se hayan destinado manifiestamente a usos distintos a la realización de copias privadas, podrán solicitar de las correspondientes entidades de gestión la devolución o compensación de los importes satisfechos por dicho concepto, cuando posteriormente, vendan o de cualquier otra forma y mediante el pago de una contraprestación económica transfieran definitivamente la propiedad de tales equipos, aparatos y soportes de reproducción a personas jurídicas fuera del territorio español.

MOTIVACIÓN

La compensación equitativa por copia privada se introduce en el ordenamiento jurídico armonizado de la Unión Europea a través de la Directiva 2001/29/CE, y su finalidad es compensar los perjuicios causados por la copia privada a los autores y demás titulares.

Esta compensación ha sido objeto de diferentes resoluciones por parte del Tribunal de Justicia. Resoluciones que han conformado dicha compensación como una obligación cuyo deudor es la persona que, en ejercicio de la autorización legal correspondiente, confecciona copias privadas; y acreedores los autores y demás titulares de derechos sobre las obras copiadas.

Las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, y, en especial, la sentencia de 21 de octubre de 2010, admiten la posibilidad de que la obligación de financiación de la compensación recaiga en un tercero, como son los distribuidores comerciales de los medios que permiten la reproducción para uso privado. Pero condicionan dicha posibilidad a que el financiador tenga la posibilidad de desplazar el pago a quienes realmente hacen las copias y, por lo tanto, causan el perjuicio a los titulares de derechos.

El pago de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone el proyecto no respeta dicha condición, como han puesto de relieve tanto el Informe del Consejo General del Poder Judicial como el Dictamen del Consejo de Estado. Por ello es preciso adaptar el sistema al marco comunitario, de forma que sólo paguen la compensación quienes realizan las copias privadas, y no todos los contribuyentes. Incluso aquellos que de acuerdo con la redacción del artículo 31.2 propuesta por el propio proyecto tienen prohibido realizar copias privadas.

ENMIENDA NÚM. 176

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Tres, referido al apartado 2 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 31, apartado 2, quedando redactado como sigue:

2. No necesita autorización del autor la reproducción por una persona física para su uso privado, sin fines directa o indirectamente comerciales o para uso colectivo, de obras divulgadas a las que se haya accedido legalmente, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra de que se trate las medidas tecnológicas eficaces de protección contempladas en el artículo 161.

Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador.




Página 393


MOTIVACIÓN

Se trata de ajustar el límite a los términos más aproximados a la Directiva 29/2001/UE, sobre derechos de autor y derechos afines a los del autor en la sociedad de la información.

Con esta opción se apuesta por un ajuste indiscutible a los términos del derecho de la Unión Europea y a su interpretación judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, añadiendo simplemente la exclusión legal contemplada en otros preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de ciertos tipos de obras (bases de datos y programas de ordenador), así como la referencia al artículo concreto de la ley especial de nuestro derecho interno en el que se regulan las medidas efectivas de protección tecnológica.

Respecto de las ventajas que presenta sobre la redacción del texto del Proyecto de Ley, se dota al límite de una mayor claridad, con lo que se evita la litigiosidad y se elimina una reducción injustificada del límite dejándolo ajustado a los términos del derecho de la Unión Europea y con la misma amplitud que presenta en otros Estados Miembros, garantizando una compensación adecuada al perjuicio real ocasionado a los titulares.

Además, se adoptan las sugerencias del Consejo de Estado al proyecto de ley en el sentido de promover un ajuste a la realidad del Mercado.

ENMIENDA NÚM. 177

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, apartado 2, quedando como sigue:

2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

No obstante, aquellos editores de medios digitales que no deseen ser remunerados por los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos podrán renunciar a ello, mediante acuerdo entre partes, sin menoscabo de que sigan siendo titulares de sus derechos.




Página 394


MOTIVACIÓN

La irrenunciabilidad a la retribución por el enlaces de contenidos puede crear inseguridad jurídica a los usuarios de Internet, así como a los editores de medios digitales que no desean ser retribuidos por los agregadores que enlazan sus contenidos, ya que podría vulnerar la libertad de empresa y limitar la pluralidad informativa que debe ser salvaguardada por los poderes públicos del Estado.

El desarrollo de Internet se dificulta sin los agregadores de noticias. Enlazar contenidos es una de las esencias de Internet, que debe seguir siendo un bien público, de acceso libre, lo que no es incompatible con los derechos de los creadores, artistas, autores, productores y editores, que viven de su trabajo y desean ser retribuidos por sus contenidos, es decir, con el derecho a la propiedad intelectual.

Con esta enmienda, los autores o editores digitales que publiquen con licencia libre, porque se consideran suficientemente retribuidos por os agregadores que les enlazan, ya que estos les envían tráfico a su página web y pueden aprovechar para negociar tarifas publicitarias, la tasa no sería aplicable.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al título y a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, quedando redactado como sigue:

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que la comunicación pública o la puesta a disposición del público se lleve a cabo a través de redes internas o cerradas del centro docente o del centro de investigación a las que únicamente puedan acceder el profesorado y los alumnos de dicho centro docente o el personal investigador del mencionado centro de investigación, o bien en el marco de un programa de educación a distancia al que sólo tenga acceso el profesorado y los alumnos del referido programa.

d) Que la distribución se efectúe exclusivamente entre el profesorado y los alumnos o bien entre el personal investigador del mismo centro en el que se realice la reproducción.

e) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.




Página 395


2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

f) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

4. Tampoco necesitarán la autorización de los autores y editores los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o de una publicación asimilada o a una extensión asimilable al 10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en los centros de educación reglada o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y el centro de educación reglada u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente en aplicación del presente apartado 4, los autores, tanto de los textos como de las obras de la creación visual incorporadas en las obras y publicaciones mencionadas, y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.»

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá acordar con las entidades de gestión las oportunas fórmulas de colaboración que contemplen el establecimiento de los medios humanos y materiales necesarios para la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, preservando, en todo caso, la autorización y el control de su actividad.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La enmienda trata de ofrecer un mayor equilibrio entre las necesidades de los centros educativos de cualquier nivel y la imprescindible protección a los derechos de propiedad intelectual.

Primeramente, se incluye la necesidad de cumplir con dos nuevas condiciones para evitar que pretenda aplicarse el límite a supuestos diferentes a aquellos que han motivado su inclusión. Mediante este límite se pretende posibilitar la reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras




Página 396


y de obras plásticas o fotográficas aisladas para la ilustración de las actividades educativas presenciales o en red, así como permitir al personal de investigación desarrollar sus funciones de investigación dentro del centro de investigación al que pertenezca. Por ello, y para evitar que la falta de concreción de la actual redacción pueda contravenir la exigencia establecida en el artículo 9 apartado 2 del Convenio de Berna, que determina la necesidad de que el límite se establezca en «casos especiales» y exige al legislador la determinación detallada de los supuestos exceptuados, es necesario añadir las dos nuevas condiciones.

En segundo lugar, se propone la modificación del artículo 32.4 ampliando su ámbito a los centros de educación reglada de todos los niveles, desde el ámbito universitario hasta los niveles inferiores en los que las exigencias educativas sean las mismas que en el ámbito universitario.

La forma más sencilla de cohonestar esa exigencia con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores y con una gestión sencilla, es extender el límite con su correspondiente remuneración de gestión colectiva obligatoria a todos los niveles de educación reglada.

En tercer lugar, se pretende clarificar la extensión de la obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización al titular de derecho, aclarando el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación.

Este nuevo límite remunerado busca facilitar de un modo legal la utilización de reproducciones parciales de obras de texto en el entorno educativo garantizando, en todo caso, una remuneración suficiente a autores y editores.

Además, se especifica que los autores de obras de la creación visual tienen reconocido este derecho remuneratorio para evitar que pueda interpretarse este apartado en el sentido de que no lo tienen.

Por último, se incluye en un nuevo párrafo 32.6 la facultad de control para asegurar el perfecto cumplimiento de lo establecido en los apartados, 3, 4 y 5 del art 32. Resulta imprescindible introducir mecanismos que, bajo el control y supervisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, permitan conocer el uso real de reproducciones de libros, revistas y otras publicaciones en los centros de educación reglada.

Estos mecanismos benefician tanto a los titulares de derechos que tendrán la seguridad de que se cumple la ley como a los usuarios del sector educativo que tendrán la certeza de que están abonando una remuneración ajustada a los usos que efectúan de obras protegidas sobre las que no ostentan derechos ni licencia de ningún tipo.

Además permitirán conocer a las autoridades educativas la realidad del uso de fragmentos de libros, revistas en entornos educativos.

ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 32.

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La incorporación de este nuevo límite al derecho de autor, cuyo bien jurídico protegido es el de garantizar el libre acceso al derecho de información, dentro de un artículo que se refiere a otros límites a




Página 397


los derechos de autor que responden a otros bienes jurídicos objetos de tutela, es inadecuado desde un punto de vista formal.

Se propone eliminar la regulación de este nuevo límite del artículo 32, apartado 2, e incluirlo en un nuevo artículo 32 bis, que lleve por título «Puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas».

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Cuatro, referido al artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un artículo 32 bis con el siguiente texto:

«Artículo 32 bis. Puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas.

1. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de obras y prestaciones protegidas, divulgadas en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho de los autores, de los editores, o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una remuneración equitativa.

2. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

3. La cuantía de la remuneración equitativa será fijada de mutuo acuerdo entre las entidades de gestión y las asociaciones que agrupen a los prestadores de servicios de agregación de contenidos. En el supuesto de no alcanzarse el acuerdo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, dicha cuantía será determinada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 158.bis de esta Ley.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El Proyecto de Ley incorpora un nuevo límite a los derechos de autor. Este límite se justifica por tutelar otro derecho fundamental, como lo es el libre acceso a la información. Ambos derechos se encuentran reconocidos y protegidos en nuestra constitución.

A quien se le limita el derecho es al autor y a quien se garantiza el acceso es al ciudadano. Quien se beneficia económicamente es el agregador y, por esta razón, es quien debe de remunerar a quienes se limita con estas prácticas.




Página 398


Además, se considera necesario mencionar, en primer lugar, a los autores como titulares de este derecho de remuneración, cuyo origen lo constituye el límite que se les pone a ejercer los derechos que la Ley les reconoce.

Asimismo, se propone la sustitución de la expresión «contenidos» por la de «obras y prestaciones protegidas» por tratarse estos últimos de términos acuñados en la Ley de Propiedad Intelectual y en el derecho de propiedad intelectual de las legislaciones de nuestro entorno europeo, frente a la expresión «contenidos», que además de ser de nuevo cuño genera inseguridad jurídica, porque designa de manera vaga un amplísimo espectro de flujos de información que se divulgan a través de la red, la mayoría de los cuales son ajenos a la propiedad intelectual.

En relación a la sustitución de la expresión «compensación» por la de «remuneración» la propuesta es congruente porque, entre otras razones, es la expresión más adecuada y que tiene más equivalencia en el ámbito internacional.

En cuanto a la propuesta de supresión de la frase: «En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización», tiene su justificación en la necesidad de eliminar una discriminación injustificada en el texto legal. Esta discriminación carece de justificación, pues es evidente que las obras de los creadores visuales se incorporan dentro de las que son objeto de agregación, junto con las obras de otra naturaleza, sean estas escritos o composiciones musicales u obras audiovisuales.

Por su parte, la propuesta de incorporar un nuevo apartado 3 que fija las pautas, que permiten la determinación de la cuantía de la remuneración, persigue garantizar la aplicación efectiva de la norma, pues en caso contrario ésta quedaría limitada a un mero enunciado bien intencionado, pero generando con su inaplicación más mal que bien.

Finalmente, la enmienda tiene en cuenta a la Comisión de Propiedad Intelectual como solución sustitutoria en caso de que no haya sido posible el libre acuerdo entre las partes afectadas por esta regulación.

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Cinco, referido al artículo 37 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 37 bis, quedando redactado como sigue:

«Artículo 37 bis. Obras huérfanas.

1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.

2. Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme al presente artículo, siempre que los titulares de derechos que hayan sido identificados y localizados hayan autorizado y, en relación con los derechos que ostenten, a las entidades mencionadas en el apartado 4, a la reproducción y puesta a disposición del público de su obra y sin menoscabo, de sus derechos.

3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2.º de la presente Ley, y deberá ser identificada como «obra huérfana».




Página 399


4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes obras huérfanas, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos:

a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos, fonotecas y filmotecas.

b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de éstas, salvo que los titulares de sus derechos estén identificados o localizados, en cuyo caso será necesaria su autorización para su reproducción y puesta a disposición del público.

5. Las obras huérfanas se podrán utilizar en la forma establecida en el presente artículo siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea. Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda diligente, en dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de la obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, la búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho Estado.

En el caso de que dichas obras cinematográficas o audiovisuales hayan sido coproducidas por productores establecidos en distintos Estados miembros, la búsqueda diligente debe efectuarse en cada uno de esos Estados miembros.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, siempre que exista un elemento objetivo que permita presumir que sus titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.

La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las fuentes de información que se indican a continuación, así como aquellas otras que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países, sean o no miembros de la Unión Europea, donde haya indicios de la existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.

1.º En el caso de libros publicados:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los catálogos de la Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes, en particular WATCH (escritores, artista y sus titulares de derechos de autor), el ISBN (International Standard Book Number).

g) Las fuentes que integren múltiples bases de datos y registros, incluidos VIAF (Fichero de Autoridades Internacional Virtual) y ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2.º En el caso de periódicos, revistas, revistas especializadas y publicaciones periódicas:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.




Página 400


c) Los catálogos de los fondos y colecciones de bibliotecas.

d) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

e) La información de las asociaciones de autores y editores de España.

f) Las bases de datos y registros existentes para publicaciones periódicas, en particular el ISSN (International Standard Serial Number).

3.º En el caso de las obras plásticas, tales como obras de pintura y escultura, fotografía, ilustración, diseño, arquitectura, bocetos de arquitectura y otras obras similares contenidas en libros, revistas especializadas, periódicos y revistas u otro material impreso:

a) Las bases de datos de la entidad de gestión autorizada administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre esta categoría de obras.

b) Las fuentes relacionadas en los apartados 1 y 2 anteriores.

c) El Registro de Propiedad Intelectual.

d) Las bases de datos de agencias fotográficas.

4.º En el caso de las obras audiovisuales y los fonogramas:

a) Las bases de datos de las entidades de gestión autorizadas administrativamente para la gestión de los derechos de propiedad intelectual de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

b) El Registro de Propiedad Intelectual.

c) Los organismos u oficinas de depósito legal instituidos legalmente.

d) Las bases de datos y registro del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).

e) Las bases de datos de organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro, tales como la Filmoteca Española.

f) La información de las asociaciones españolas de autores de obras audiovisuales o musicales, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores de obras audiovisuales.

g) Las bases de datos de bibliotecas.

h) Las bases de datos de registros internacionales estandarizados, tales como ISAN (International Standard Audiovisual Number) respecto al material audiovisual, ISWC (International Standard Musical Work Code) para las obras musicales y el ISRC (International Standard Recording Code) para los fonogramas.

i) La información que figure tanto en los títulos de crédito como en el embalaje de la obra.

6. Las entidades citadas en el apartado 4 deberán tener documentado el proceso de búsqueda diligente y almacenada la información sobre dicha búsqueda en una base de datos, que consistirá, como mínimo, en la siguiente:

a) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

b) Certificados expedidos por los titulares de las fuentes de información consultadas acreditativos de la realización de las consultas encaminadas a realizar una búsqueda diligente.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el proceso de búsqueda de los titulares de derechos y remitirán la siguiente información al órgano competente a que se refiere el apartado siguiente:

a) Denominación de las obras.

b) Fechas de la búsqueda y denominaciones de las fuentes de información consultadas.

c) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana.

d) El uso que las entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con el presente artículo.

e) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado siguiente, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen.

f) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.




Página 401


El órgano competente a que se refiere el siguiente apartado comunicará esta información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior para su registro y publicación en la base de datos en línea accesible al público.

7. En cualquier momento, los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El objetivo de la presente enmienda es transponer la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, para garantizar la seguridad jurídica en la utilización de las obras huérfanas y el respeto de los derechos de autor.

Asimismo, se pretenden limitar las remisiones a un posterior desarrollo reglamentario y, así, evitar la inseguridad jurídica y la desprotección de los derechos de autor que esta remisión puede provocar.

Se establece de manera más clara el hecho de que este artículo no afecta a los derechos de los titulares, que estén identificados y localizados, de obras protegidas que se encuentren insertadas o incorporadas en otras obras, que puedan ser consideradas huérfanas, y para cuya reproducción y comunicación pública es necesario contar con la previa autorización de dichos titulares.

Además, se incorpora la obligación de identificar que el uso que se hace de la obra es en la condición de obra huérfana para garantizar la transparencia en las condiciones de dicho uso.

De igual manera, se establece la determinación del Estado en que ha de efectuarse la búsqueda diligente en el caso de una obra audiovisual o cinematográfica coproducida.

Asimismo, se sustituye el término «razonable» por «elemento objetivo», por ser éste último término jurídicamente más determinado; y se incluye la obligación de consultar, al menos, una serie de fuentes con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas mientras no haya desarrollo reglamentario a este respecto.

Por último, y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas, se establece la obligación de las entidades de tener documentado el proceso de búsqueda diligente; y se hace referencia a la necesidad de remitir la información a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, organismo que establece y administra una base de datos europea con la información sobre las obras huérfanas.

ENMIENDA NÚM. 182

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 5 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…)

5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo, serán destinadas a las finalidades que establezca la asamblea general de cada entidad de gestión, que deberán incluir alguna de las siguientes:




Página 402


a) A la realización de actividades o servicios de carácter asistencial a favor de los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos en los términos previstos en el artículo 155.1c) 1.º y 3.º

c) A acrecer el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la entidad de gestión, debidamente identificadas.

d) A la financiación de una ventanilla única de facturación y pago.

En el caso de que las entidades de gestión presenten excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos, deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.»

MOTIVACIÓN

Mejoras técnicas y el penúltimo párrafo se justifica por la necesaria congruencia del presente Proyecto de Ley con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en particular, su artículo 4.2. que prohíbe a la Administración «adoptar medidas preventivas o suspensivas que interfieran en la vida interna de las asociaciones». Por tanto, las limitaciones a la capacidad de las Entidades de Gestión deben poderse justificar de una forma clara, objetiva y suficiente para poder afectar al derecho fundamental de asociación.

ENMIENDA NÚM. 183

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 9 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…)

9. Las entidades de gestión deberán administrar los derechos recaudados y los rendimientos derivados de los mismos manteniéndolos separados en su contabilidad de sus propios activos y de los ingresos derivados de sus servicios de gestión o de otras actividades. En ningún caso podrán utilizar las cantidades recaudadas para fines distintos de su reparto a los titulares de derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión, ejecutar la política general de inversión de la entidad y financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 155, todo ello de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea General de la entidad de gestión.

(...).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La redacción que se propone alinea el Proyecto de Ley con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de




Página 403


licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Dicha Directiva reconoce a la Asamblea General la capacidad de decidir «como mínimo» sobre una serie de cuestiones, entre las que se encuentra la política general de deducciones y la de inversiones de las cantidades recaudadas.

ENMIENDA NÚM. 184

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Doce, referido al artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un inciso en el apartado 7 del artículo 154, quedando redactado como sigue:

«(…)

7. Las entidades de gestión no podrán conceder créditos o préstamos, directa o indirectamente, ni afianzar, avalar o garantizar de cualquier modo obligaciones de terceros no vinculados, salvo autorización expresa y singular de la administración competente.

(...).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La actual redacción haría que queden excluidos de los préstamos y garantías que las entidades de gestión puedan otorgar las personas jurídicas sin ánimo de lucro que hayan constituido para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 155.4. Por ello, se propone hacer referencia a «terceros no vinculados», para poder hacer una distinción entre éstos y las entidades jurídicas vinculadas a la entidad de gestión.

ENMIENDA NÚM. 185

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Trece, referido al artículo 155 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar los apartados 1 y 2 del artículo 155, quedando redactado como sigue:

«1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, fomentarán:

a) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros,




Página 404


b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y

c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual se entenderán comprendidas:

i) La oferta y promoción directa de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona, a través de plataformas tecnológicas propias o compartidas con terceros.

ii) Las campañas de educación o sensibilización sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la piratería en general.

iii) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago.

iv) Las cantidades que las entidades de gestión destinen a actividades para fomentar la integración de autores y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo y/o artístico, así como a la oferta y promoción digital de sus obras, creaciones y prestaciones. También comprenderá las cantidades que las entidades de gestión destinen a facilitar en el ámbito digital el acceso de las personas discapacitadas a las obras y prestaciones artísticas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 154.5, las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine.

(...).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Se propone esta mejora en la redacción con el fin de clarificar la vinculación entre este artículo y las actividades recogidas en el epígrafe 5 del artículo 154.

ENMIENDA NÚM. 186

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar la letra b) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

b) A establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta criterios tales como:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario.




Página 405


3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.

No obstante lo anterior, las entidades de gestión también establecerán tarifas fijadas conforme al criterio de disponibilidad, que serán de aplicación cuando el empleo de otros criterios comporte unos costes excesivos y no razonables que hagan ineficaz la gestión o cuando no resulte posible obtener datos objetivos para la aplicación de los criterios relevantes.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El apartado 1, letra b, del artículo 157 dispone, con carácter general, el deber de las entidades de establecer tarifas «simples y claras». La claridad es una consecuencia de la transparencia que se exige a las entidades de gestión, sin embargo, la simpleza, es poco compaginable con aquellos supuestos en que la tarifa tenga que revestir cierta complejidad como ocurre cuando se introduce el parámetro del «uso» para su cálculo.

A su vez, con ese mismo alcance general se dispone que el importe de las tarifas se establezca atendiendo al valor económico de la prestación protegida en la actividad del usuario y se buscará el justo equilibrio entre ambas partes, y conforme a los criterios que seguidamente enumera.

La reciente Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, alude al criterio de razonabilidad de las tarifas atendiendo al valor económico del uso, si bien tal criterio es admisible «entre otros factores».

Se elimina la condición en el establecimiento de tarifas generales, los ingresos económicos «obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio», ya que conlleva hacer a los titulares en copartícipes del negocio del usuario. El mayor o menor beneficio económico del usuario en su actividad debe ser independiente de la prestación protegida dada la dependencia de aquél de otros factores, y máxime si ya se tiene en cuenta el criterio de la «relevancia» del uso de la prestación protegida como parámetro de ponderación de la tarifa.

Por su parte, se propone que los criterios enumerados no tengan carácter taxativo, admitiendo la aplicación de otros criterios. A su vez, en consideración las propias recomendaciones de la CNMC, se plantea mantener las tarifas por disponibilidad como alternativa para el usuario, toda vez que la aplicación de las tarifas por uso deban estar condicionadas al coste razonable de su implementación y, así mismo, a que el usuario esté dispuesto o esté en condiciones de colaborar para ello.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros Estados de la UE, para algunas entidades se ha de tener en cuenta que, actualmente, no existe un marco armonizado de referencia que permita la comparación con las tarifas de entidades homólogas de otros Estados. Por ello, se propone una modificación que amplié a todos los Estados miembros, incluido el nuestro, los términos de comparación de la tarifas fijadas por las distintas entidades de gestión.

ENMIENDA NÚM. 187

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.




Página 406


Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar la letra c) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

c) A negociar y celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas a nivel nacional del sector correspondiente. En dichos contratos se podrán establecer descuentos para los usuarios que formaran parte de la asociación y se adhieran al contrato general, siempre que concurran circunstancias objetivas que justifiquen dichos descuentos por la reducción de costes de transacción que, para los usuarios y las entidades de gestión, se deriven de la suscripción de esta clase de contratos.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Esta reforma ofrece la oportunidad de clarificar aspectos que han sido objeto de controversia y resolución por los órganos de defensa de la competencia y el Tribunal Supremo, como es la aplicación de bonificaciones a las tarifas en tales casos. Por ello se propone incluir un inciso que regule el establecimiento de descuentos en tales supuestos, en atención a la reducción de costes de transacción y gestión que comportan, con el consiguiente beneficio obtenido en materia de seguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 188

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Quince, referido al apartado 1 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar las letras d), e), f), g) h) i) y j) del apartado 1 del artículo 157, quedando redactado como sigue:

«(…)

d) A difundir en su sitio Web de forma fácilmente accesible:

1.º Las tarifas generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben aplicarse, que deberán ser publicadas en el plazo de diez días desde su establecimiento o última modificación, junto con los principios, criterios y metodología utilizados para su determinación;

2.º Garantizando el todo momento el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, el repertorio que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas obras y prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión colectiva extranjeras, en la medida en que sea posible en función de la documentación remitida por éstas, así como una lista de los acuerdos de representación que haya celebrado y los nombres de dichas organizaciones y su respectivo ámbito territorial de gestión;

3.º Los contratos generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de utilización de su repertorio;




Página 407


4.º Los sistemas, normas y procedimientos de reparto, el importe o porcentaje de los descuentos que sean aplicados a cada derecho y modalidad de explotación administrados, y las obras y prestaciones protegidas que administran cuyos titulares están parcial o totalmente no identificados o cuya localización, a efectos de pago, no haya sido posible.

5.º Las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios, agrupadas por actividades económicas similares.

e) A participar en la creación, gestión, financiación y mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago, accesible a través de Internet, en los plazos y condiciones determinados en la normativa en vigor, y en la cual los usuarios del repertorio de las entidades de gestión puedan conocer de forma actualizada el coste individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades, como resultado de la aplicación de las tarifas generales a su actividad, y realizar el pago correspondiente.

f) A informar a sus miembros, previa solicitud por escrito respecto de los siguientes extremos:

1.º Las personas que forman parte de la alta dirección y de los órganos de representación, así como de las comisiones y grupos de trabajo en las que aquéllas participen.

2.º Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan a las personas indicadas en el párrafo anterior por su condición de miembros de los órganos de representación y de alta dirección e integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no tengan dicha condición.

3.º Las condiciones de los contratos suscritos por la entidad con usuarios de su repertorio, con sus asociaciones y con otras entidades de gestión, cuando acrediten tener interés legítimo y directo.

g) A practicar respecto de sus miembros la rendición de liquidaciones y de los pagos que les haya realizado la entidad por la utilización de sus obras y prestaciones. Dichas liquidaciones deberán contener al menos los siguientes datos: derecho y modalidad a la que se refiere, periodo de devengo, el origen o procedencia de la recaudación y sus deducciones aplicadas.

h) A cumplir con las obligaciones previstas en el apartado 1 de la letra g) y la letra h) del presente apartado respecto a los titulares de derechos no miembros de la entidad de gestión que administre la misma categoría de derechos que pertenezca al titular en lo relativo a los derechos de gestión colectiva obligatoria.

i) A notificar de forma diligente a la administración competente los documentos que contengan la información completa sobre los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, los modelos de contratos de gestión y sus modificaciones, las tarifas generales y sus modificaciones, junto con los principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de gestión colectiva, así como los documentos mencionados en el artículo 156.

j) A elaborar un presupuesto anual de recaudación y reparto de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad, que se aprobará con carácter previo al inicio del ejercicio al que vaya referido. La correspondiente propuesta se pondrá a disposición de los miembros de la entidad en su domicilio social y en el de sus delegaciones territoriales con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la sesión del órgano que tenga atribuida la competencia para su aprobación.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

En primer lugar, se propone sustituir el término «cálculo» por el de «determinación», en coherencia con la propuesta de modificación del artículo 158.bis, conforme al cual se atribuye a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la competencia para la aprobación de la metodología que cada entidad de gestión deberá aprobar para la determinación de las tarifas.




Página 408


En segundo lugar, se pretende asegurar el respeto a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal de los socios de la entidad, tratando los mismos de tal modo que la publicación de la información relativa al repertorio administrado por la entidad de gestión no vulnere derechos fundamentales.

Asimismo, la obligación de la entidad de gestión de publicar el repertorio de las entidades de gestión con las que tiene suscritos contratos de representación recíproca no puede comprometerle a asumir obligaciones que están más allá de sus posibilidades, cuando se trata de información perteneciente a terceros (la entidad de gestión extranjera o sus propios socios) y sobre la que, por lo tanto, la entidad de gestión española no dispone plenamente.

En tercer lugar, se persigue aportar seguridad jurídica al tráfico mercantil, publicando información aprobada por los órganos de gobierno de la entidad y validada tras la realización de los controles financieros pertinentes.

Finalmente, la obligación de facilitar información sobre las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios, se reformula con objeto de facilitar el acceso mediante a través de su difusión a través de las páginas web de las distintas entidades.

ENMIENDA NÚM. 189

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«(…)

2. La Comisión actuará por medio de un Pleno y dos Secciones.

a) La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje determinación de tarifas y control en los términos previstos en el presente título.

b) La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

El Pleno será un órgano consultivo conformado por todos los miembros de la Comisión, un representante de cada entidad de gestión así como, previa invitación de la Comisión, representantes de usuarios y de otros órganos de la Administración.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Resulta útil que la Comisión de Propiedad Intelectual cuente con un Pleno en el que puedan debatirse sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual y elaborar recomendaciones que puedan ser de utilidad para las Secciones en el desempeño de sus tareas.




Página 409


ENMIENDA NÚM. 190

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá además de seis miembros independientes, expertos independientes de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual e Internet, designados dos de ellos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y uno por cada uno de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Economía y Competitividad, de Justicia y de la Presidencia. El Gobierno podrá modificar reglamentariamente la composición de la Sección Segunda con el fin de ajustarse a la estructura ministerial del Gobierno.

Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El Proyecto de Ley reconoce la necesidad de una preparación técnica de los vocales, al exigir que los Ministerios deben designarlos de «entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual», además de primar conocimientos en los ámbitos del derecho procesal y Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sin embargo, dicha previsión es insuficiente, puesto que, además de la preparación técnica, es importante la independencia en el desempeño de la función.

El objetivo de la modificación es conseguir un órgano eficaz, para lo que debe garantizarse la autonomía en la actuación de sus miembros, que sólo se logrará con personas independientes y conocedoras de la materia. La composición debe garantizar o coadyuvar a que el órgano gane en autonomía, independencia y conocimientos técnicos en la materia sobre la que desarrolla su actividad.

Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de configurarlo como un órgano especializado en propiedad intelectual y en Internet.

ENMIENDA NÚM. 191

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.




Página 410


Al artículo primero, apartado Diecisiete, referido al artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone suprimir dos incisos del apartado 3 del artículo 158, quedando redactado como sigue:

«(…)

3. La Sección Primera estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Se elimina la necesaria referencia a expertos en competencia, al volver a distinguirse entre las facultades de control de la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podría haber justificado dicho perfil para los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual en anteriores borradores del texto.

Por otro lado, se elimina la posibilidad de modificar la composición de la Sección Primera por considerar que la importancia de esta Sección justifica que su composición se establezca por una norma de rango legal.

ENMIENDA NÚM. 192

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Dieciocho, referido al artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 3 del artículo 158 bis, quedando redactado como sigue:

«(…)

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria.

La Sección establecerá el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta




Página 411


función, la Sección Primera podrá solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera observará criterios tales como los establecidos en la letra b) del artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», serán aplicables a partir del día siguiente al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados, respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta tanto la Sección Primera no establezca el importe de la remuneración correspondiente, serán de aplicación las tarifas generales establecidas por las Entidades de Gestión de conformidad con lo previsto en el artículo 157.1.b) o aquellas que estuvieran en vigor y que hubieran sido pactadas con una asociación de usuarios, con una entidad de radiodifusión o con un usuario especialmente significativo.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El texto del Proyecto introduce un concepto jurídico indeterminado y ambiguo al ampliar el ámbito de competencias de la Comisión de Propiedad intelectual: resulta complicado saber qué derechos exclusivos concurren con los derechos de gestión colectiva obligatoria. Por tanto, se proponen una serie de mejoras técnicas que permiten reducir la incertidumbre provocada como fijar los criterios que tendrá en cuenta la Comisión de Propiedad Intelectual en el ejercicio de sus funciones; eliminar la referencia a la metodología de fijación de tarifas; y aclarar cualquier duda sobre la validez de las tarifas mientras no haya una resolución en contra por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 193

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Dieciocho, referido al artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 158 bis, quedando redactado como sigue:

«(…)

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

En particular, ejercerá su función de control al aprobar la metodología que cada entidad de gestión deberá emplear para la determinación de las tarifas conforme a los criterios de la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Se entenderá concedida la aprobación si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de un mes desde su presentación.

La resolución de aprobación tendrá efectos vinculantes para la Comisión de Propiedad Intelectual en el desarrollo de sus funciones.

La resolución de no aprobación, en su caso, deberá estar debidamente motivada e indicar qué cambios deberá realizarse en la metodología propuesta a fin de ajustarse a los criterios que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual considere aplicables.

(…).»




Página 412


MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Se propone una modificación a fin de dotar de contenido a la función de control de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dicha función de control se deberá instrumentar a través del procedimiento de aprobación de las metodologías de fijación de tarifas conforme a los criterios que se establecen en el artículo 157.1.b).

Esto permite a la Comisión de Propiedad Intelectual ser proactivo, con la colaboración de las entidades correspondientes, en el establecimiento de los parámetros de fijación adecuada de las tarifas con la consiguiente mejora en la seguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 194

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, incluyéndose los que pongan a disposición o faciliten por cualquier medio, de forma no neutral, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, obras o prestaciones, vulnerando derechos de propiedad intelectual, siempre que dichos prestadores, directa o indirectamente, hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial.

Se entiende que la puesta a disposición o la facilitación de obras mediante enlaces no es neutral cuando se realiza una actividad de mantenimiento y actualización de las correspondientes herramientas de localización, en particular ofreciendo listados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Quedan exceptuados en todo caso aquellos prestadores de servicios que realicen actividades de mera intermediación técnica.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

En primer lugar, se propone la supresión de la mención de significativa y de las variables o elementos que integran ese concepto.

La inclusión del carácter significativo implica la restricción, incierta y arbitraria, del ámbito de protección que el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual viene dispensando a los titulares de derechos,introduciendo un elemento cuantitativo que deberá concurrir para que exista una vulneración de derechos de propiedad intelectual que habilite la actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual.Se incluyen además como variables que lo integran el «nivel de audiencia en España», el «número de obras y prestaciones protegidas» que se pongan a disposición por el infractor y el «modelo de negocio».




Página 413


En segundo lugar, se pretende acotar y precisar adecuadamente los requisitos que se exigen para actuar contra los proveedores de enlaces a contenidos ilícitos, partiendo de que el tratamiento de todos los prestadores de servicios debe ser idéntico. La previsión del Proyecto en cuanto a los enlazadores, que podría considerarse un avance sobre el texto vigente del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al aclarar definitivamente la posibilidad de actuar contra ellos, lo cierto es que viene a contrariar la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del TJUE 466/2012, de 13 de febrero de 2014.

Esta sentencia zanja el dilema de la consideración de los enlaces como puesta a disposición y acto de comunicación, de ahí que la consideración de la actividad enlazadora deba ser equivalente a la de cualquier otra prestación de servicios en este ámbito. No obstante, parece razonable que la Comisión de Propiedad Intelectual no actúe contra los enlazadores neutrales, a los que se protege con la redacción propuesta en esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 195

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«3. (…)

El vencimiento del plazo máximo reglamentariamente establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa determina que se puedan entender desestimadas por silencio administrativo las pretensiones de quien instó el procedimiento.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Es imprescindible subrayar la obligación de resolver el procedimiento por parte de la citada Sección Segunda, sin que quepa declarar su caducidad o el archivo de las actuaciones por el hecho de que transcurra el plazo para resolver.

La sustitución del silencio negativo por la caducidad tiene una primera consecuencia inmediata, como es que ya no subsistirá la obligación de resolver por parte de la CPI una vez transcurrido el plazo máximo y, en consecuencia, no incurrirá el órgano en constantes supuestos de responsabilidad, incluso disciplinaria de sus miembros. La regulación no está guiada por la eficacia de la actuación administrativa —obligación de resolver y de adoptar las medidas que la propia Ley dispone—, sino al contrario, para justificar la ineficacia. Los titulares de derechos de propiedad intelectual solicitantes quedarán así en una situación de indefensión evidente.

Previéndose en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual vigente para el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que el efecto de la falta de resolución y notificación dentro del plazo máximo sea la desestimación de la solicitud, no podrá declararse la caducidad, ya que sus consecuencias son absolutamente diferentes de las previstas legalmente.

La existencia de desestimación por silencio no se declara por la Administración, sobre la que sigue pesando su obligación de resolver. La Administración debe continuar el procedimiento hasta dictar




Página 414


resolución expresa sin vinculación alguna con el sentido del silencio porque eso es lo más conveniente para la Administración y para los interesados.

ENMIENDA NÚM. 196

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 158 ter, quedando redactado como sigue:

«4. (…)

La Sección Segunda extenderá las medidas de retirada o interrupción a otras obras o prestaciones protegidas cuyos derechos correspondan al mismo titular que haya instado el inicio del procedimiento de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La necesidad de identificar todas las obras afectadas por las conductas vulneradoras se ha introducido en el párrafo que prevé la extensión de las medidas de retirada o interrupción a todas las obras que se encuentren en el ámbito de actuación del prestador de servicios contra el que se haya dirigido el procedimiento. Esta exigencia condiciona notablemente la eficacia del procedimiento regulado por el artículo 158.ter de la Ley de Propiedad Intelectual y desactiva una de las medidas que los promotores del texto han venido presentando como avance en la regulación.

ENMIENDA NÚM. 197

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De sustitución.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone sustituir los párrafos segundo y tercero del apartado 5 del artículo 158 ter, por el siguiente texto:

«5. (…)




Página 415


El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso y alojamiento de Internet se acordará con carácter ordinario cuando se considere que resulta la medida más eficaz.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Quien infringe los derechos de propiedad intelectual puede retirar los contenidos ilícitos o interrumpir la prestación del servicio que está realizando. Normalmente ésa será la forma de ejecución natural de las resoluciones de la CPI.

Sin embargo, si no se hace voluntariamente, debe acudirse a un medio de ejecución forzosa que, en este caso, va a requerir la intervención de terceros, como son los proveedores de acceso (y alojamiento, en su caso). La única medida realmente eficaz para que la infracción de derechos no persista es el bloqueo del servicio —acceso o alojamiento— mediante el cual se infringen los derechos protegidos.

El texto del Proyecto únicamente se refiere a las medidas de bloqueo por parte de los proveedores de acceso, cuando es también posible procurar la colaboración de los proveedores de alojamiento, que podrán interrumpir su servicio para lograr el mismo resultado. Por lo tanto, es oportuno aclarar este punto.

ENMIENDA NÚM. 198

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, apartado Diecinueve, referido al artículo 158 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone añadir un nuevo párrafo entre los párrafos tercero y cuarto del apartado 4 del artículo 158 ter, con el siguiente texto:

«4. (…)

No obstante, cuando se haya practicado el previo intento de requerimiento de retirada infructuoso por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, a que se refiere el apartado tercero del presente artículo, la Sección notificará al prestador de servicios de la sociedad de la información la propuesta de resolución, dándole trámite de alegaciones por cinco días. La Sección dictará después resolución en el plazo máximo de tres días.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La propuesta tiene como finalidad evitar la reiteración por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del previo requerimiento al prestador de servicios de la sociedad de la información que, con la reforma, se pretende imponer al titular de los derechos de propiedad intelectual en el apartado tres del mismo artículo 158 ter.

Para ello se sugiere una modificación de mínimos que, manteniendo el previo requerimiento a cargo del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que




Página 416


tuviera encomendado su ejercicio, suprima el posterior a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual que pasaría a notificar directamente una propuesta de resolución.

ENMIENDA NÚM. 199

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo primero.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 10.1.f), quedando redactado como sigue:

10.1.f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería y las propias obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas.

MOTIVACIÓN

Para incluir entre los objetivos de propiedad intelectual a las obras de arquitectura realizadas, además de los proyectos, planos, maquetas y diseños, como se recoge en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

De esta manera, se protege de forma expresa y determinada la obra arquitectónica realizada, en aras a la seguridad jurídica y en congruencia con el tratamiento que la Ley vigente otorga a otras obras artísticas, evitando con ello las dudas interpretativas que se han planteado al respecto.

Si se protege el proyecto, el plano, la maqueta y el diseño, la coherencia lógica conlleva que el resultado, es decir, la obra arquitectónica realizada, esté protegida, como lo están las esculturas y obras de pintura, dibujo o grabado entre otras.

La creación original artística arquitectónica que quiere proteger la ley se inicia en el plano, la maqueta y el diseño y concluye en unos casos en esa misma fase sin llegar a construirse y en otros en la obra construida. La redacción actual del texto protege el primer supuesto pero no especifica que la protección en el segundo supuesto alcance a la obra arquitectónica construida que es la expresión arquitectónica de esos planos como lo están las esculturas y las obras de pintura.

ENMIENDA NÚM. 200

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo primero.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 32 del texto refundido de la Ley de propiedad Intelectual.

Se propone modificar el artículo 32, apartado 1, quedando redactado como sigue:

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario




Página 417


o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

En todo caso, cualquier utilización posterior de la revista de prensa que suponga su reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial precisará de la autorización del titular de derechos de los artículos o de la entidad de gestión correspondiente.

MOTIVACIÓN

Se introduce explícitamente la obligación de solicitar la autorización al titular de derechos o a la entidad de gestión para cualquier uso de la revista de prensa descrito en el artículo.

A pesar de que la obligación ya se deriva de la norma general prevista en los artículos 17 y siguientes del TRLPI, la experiencia demuestra que para facilitar de forma pacífica el cumplimiento de la ley y aclarar las dudas del usuario al respecto, es necesario introducir de manera manifiesta la obligación en el artículo correspondiente al uso de las revistas de prensa.

ENMIENDA NÚM. 201

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone modificar el subapartado 10.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta a través de cualquier enlace o redireccionamiento, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual para la puesta a disposición o difusión.

La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad que presten o hayan prestado servicios en los últimos doce meses al prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.»




Página 418


MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Por una parte, el Proyecto incluye el término «a gran escala» que debe eliminarse, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado que puede introducir una restricción extraordinaria en el ámbito objetivo de esta diligencia preliminar y con respecto de conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, hasta el punto de neutralizar su eficacia. Que un Juez determine si un acto se realiza a «gran escala» o no es un juicio propio de un proceso plenario y declarativo, no de un incidente que tiene la única finalidad de obtener hechos, documentos o declaraciones que permitan preparar la demanda.

Por otra parte, en relación con el ámbito subjetivo de la diligencia preliminar, el inciso «a través de cualquier enlace o redireccionamiento», trata de una modificación justificada por la homogeneidad con el propio texto que el Anteproyecto configura, en el que se permite que se pueda solicitar la tutela contra el prestador de servicios que realiza dichas actividades de enlace o redireccionamiento, de otro modo, se dejaría abierto el texto legal a futuras interpretaciones que podrían impedir la aplicación de la tutela civil frente a las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios de dicha naturaleza.

En cuanto a los requisitos para considerar ilegítima la actividad y por tanto susceptible de demanda, es necesario aclarar este extremo, añadiendo a tal expresión el inciso «para la puesta a disposición o difusión».

Por otra parte, la expresión «contenidos» como objeto del derecho de propiedad intelectual es errónea, puesto que el objeto del derecho es la obra y así ha de hacerse constar.

Finalmente, no se considera apropiada la exigencia de que los prestadores afectados hayan mantenido «relaciones de prestación de un servicio» entre sí, sino que debe bastar la mera prestación de servicios, que es la causa de la que traen los intermediarios su conocimiento de la información que se les solicita. No es razonable ni operativo limitar la obligación de transmisión de información a los datos de que dispongan como consecuencia de una relación de servicio.

ENMIENDA NÚM. 202

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone modificar el subapartado 11.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, considerando, entre otros, el volumen de obras y prestaciones protegidas no autorizadas, mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual.»




Página 419


MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El Proyecto incluye el término «a gran escala» que debe eliminarse, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado que puede introducir una restricción extraordinaria en el ámbito objetivo de esta diligencia preliminar y con respecto de conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, hasta el punto de neutralizar su eficacia. Que un Juez determine si un acto se realiza a «gran escala» o no es un juicio propio de un proceso plenario y declarativo, no de un incidente que tiene la única finalidad de obtener hechos, documentos o declaraciones que permitan preparar la demanda.

ENMIENDA NÚM. 203

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo, apartado Uno, referido a los subapartados 7.º, 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se propone suprimir el inciso «cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales» introducido en el subapartado 7.º, del apartado 1 del artículo 256, quedando el siguiente texto:

«7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El Proyecto intenta conseguir una correcta implementación del derecho de información recogido en la Directiva 2004/48/CE con la supresión de la exigencia generalizada de que los actos respecto de los que se pretenda identificar al autor estuvieran siendo cometidos a «escala comercial».

Ahora bien, incluye el requisito de que la infracción se cometa a través de actos «que no pueda considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales», el cual, además de no encontrar acomodo en la Directiva 2004/48/CE, implica en la práctica una exoneración de responsabilidad de dichos sujetos, que debe ser eliminada del texto normativo procesal.




Página 420


La introducción del nuevo presupuesto resulta errónea, en primer lugar, porque introduce una norma sustantiva en una norma de carácter procesal y, en segundo lugar, porque exige al Juez realizar una amplia cognición del asunto, impropia de una institución procesal como son las diligencias preliminares.

ENMIENDA NÚM. 204

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición adicional primera del proyecto de ley.

Se propone modificar la disposición adicional primera, quedando redacta como sigue:

«Disposición adicional primera. Medidas de reducción de los costes de transacción.

1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual facilitarán las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación, financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica privada sin que ninguna entidad de gestión ostente por sí sola capacidad para controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma.

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones




Página 421


de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior, será de exclusiva aplicación a las operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los titulares de la explotación de establecimientos, locales, recintos abiertos al público en general, lugares de trabajo o medios de transporte colectivo de viajeros, derivados de los actos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se realicen en los mismos.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El objetivo de la presente enmienda es ajustar la creación de la ventanilla única a los sectores de usuarios que por sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantía de las tarifas, ha de ser destinatarios de información sobre tarifas, facturación y pago a través de una ventanilla única.

Esta propuesta garantiza la libertad de contratación y negociación con las respectivas entidades de gestión, siendo compartidas de manera unánime por los usuarios más significativos. Así, se evitan restricciones injustificadas en el marco de defensa de la competencia y respecto a la libertad de negociación y contratación de los usuarios con las entidades de gestión.

Además, una interacción unitaria supone una ventaja tanto para el usuario que regulariza ágilmente su situación respecto a los derechos de propiedad intelectual, como para las entidades de gestión que centralizan en un solo interlocutor la información, facturación y pago.

Por último, todos los grupos de usuarios propuestos tienen que regularizar derechos de propiedad intelectual de tres titulares de derechos (autores, artistas y productores) lo que les obliga a realizar las gestiones sobre tarifas, facturas y pagos con al menos tres entidades de gestión y, en muchos casos, con cinco. Con esta propuesta el interlocutor para informarse sobre las tarifas, emisión de facturas y pago de los mismos será uno sólo, que junto a la nueva regulación sobre fijación de tarifas, facilitará enormemente los trámites para la obtención de autorización y cumplimiento de la obligación legal del pago de remuneraciones.

ENMIENDA NÚM. 205

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional segunda del proyecto de ley.

Se propone suprimir la disposición adicional segunda.

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

La disposición adicional segunda persigue en la práctica que la radio y televisión pública no paguen los derechos de propiedad intelectual en las mismas condiciones que el resto de organismos de radiodifusión. Tal objetivo está proscrito por el Derecho comunitario.




Página 422


La medida propuesta supone una clara quiebra de los principios que rigen el Derecho de la Competencia al establecer un tratamiento favorable a las Televisiones del sector público que traería como consecuencia un falseamiento de la concurrencia en el mercado de los contenidos ofrecidos por televisión y una aplicación en favor de aquellas de unas condiciones desiguales para prestaciones equivalentes incompatible con nuestro Ordenamiento jurídico.

ENMIENDA NÚM. 206

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición transitoria segunda del proyecto de ley.

Se propone modificar la disposición transitoria segunda, quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria segunda. Aprobación de nuevas tarifas.

1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología referida en el segundo párrafo del artículo 158 bis.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos suscritos, y durante un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente, o con los principales organismos de radiodifusión, o con un usuario especialmente significativo o con un colectivo de usuarios especialmente significativo, así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a excepción de los casos mencionados en el apartado 2, del presente artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en el apartado 2, letra b) y en el apartado 3 del artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión, y hasta que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los derechos de la remuneración exigidos por las entidades de gestión y así como a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, cuyo importe será el 90 por 100 de las tarifas generales ya aprobadas por cada entidad de gestión a la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este apartado.»




Página 423


MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

Se pretende facilitar el periodo de transición a la nueva forma de plantear las tarifas que introduce el Proyecto de Ley. En ese sentido, se considera importante salvaguardar los contratos en vigor que son fruto del acuerdo de las partes, tanto respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración.

Asimismo, se propone un sistema de pagos a cuenta que permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más equilibradas para todas las partes.

En ese contexto, se puede plantear que los pagos a cuenta no sean por la totalidad de la tarifa sino que incluyan una pequeña reducción respecto a la tarifa que se ajustaría en función de los resultados de la negociación.

ENMIENDA NÚM. 207

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:

«Nueva Disposición transitoria. Aplicabilidad del régimen de compensación equitativa por copia privada vigente hasta el 1 de enero de 2012.

1. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente en materia de compensación equitativa por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 20/2011, de 30 diciembre.

2. Hasta el 1 de enero de 2012, la compensación equitativa por copia privada quedará determinada para cada modalidad de reproducción en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos, tanto analógicos y digitales, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio, de acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012.

3. El importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor y responsable solidario hasta el 1 de enero de 2012 será el que se deduzca de la aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2012 y de la Orden PRE/1743/2008, de 18 junio de 2008, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

4. No habrá lugar a la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen legal vigente en materia de compensación por copia privada hasta el 1 de enero de 2012, a excepción de aquellos casos de liquidación y pago indebidos derivados de errores materiales o aritméticos cometidos en el proceso de liquidación y pago de la deuda. En ningún caso podrá pretenderse la devolución o reintegro del importe de la compensación abonado o repercutido de acuerdo con la normativa vigente hasta el 1 de enero de 2012 de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:




Página 424


Es imprescindible generar un marco de seguridad jurídica suficiente que respalde, amplíe y aclare la previsión que, en el mismo, sentido se incluyó en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado.

La enmienda que se propone trata de evitar situaciones de indefinición jurídica, que deriven en un enriquecimiento injusto por parte de los deudores que han repercutido la compensación y en un perjuicio injustificado para los titulares de derechos.

ENMIENDA NÚM. 208

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Nueva disposición transitoria.

Se propone añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:

Nueva Disposición transitoria. Percepción compensación equitativa por copia privada.

«1. Los Reales Decretos a que se refieren los párrafos 3 y 4 del artículo 25 de la Ley, será aprobado por el Gobierno en el término de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Entretanto dichos Reales Decretos no hayan sido aprobados, y hasta que se adopte el acuerdo de la comisión paritaria a la que se refiere el apartado 7 del artículo 25 de la Ley, será de aplicación lo siguiente:

a. Los fabricantes y adquirentes fuera del territorio español para su distribución comercial dentro del mismo, de equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, presentarán a la entidad o a las entidades de gestión correspondientes dentro de los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas de los mismos respecto de los que se hayan comercializado al público o a otro miembro de la cadena de distribución durante dicho trimestre. El pago de las liquidaciones se efectuará por los anteriores obligados dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación.

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, se consideran responsables solidarios de los obligados citados en el apartado anterior y deberán cumplir la obligación de presentar una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas de los mismos respecto de los equipos, aparatos y soportes adquiridos por ellos en territorio español, de deudores que no les hayan repercutido y hecho constar en la factura la correspondiente compensación. El pago de las liquidaciones se efectuará por lo estos obligados en el mismo momento de la presentación de la declaración-liquidación.

Los deudores y, en su caso, los responsables solidarios se considerarán depositarios de la compensación devengada hasta el efectivo pago de ésta a las entidades de gestión.

Los deudores mencionados en el párrafo primero y los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores, deberán figurar separadamente en sus facturas el importe de la compensación equitativa de la que harán repercusión a sus clientes y retendrán, para su entrega a las entidades de gestión.

En ningún caso, los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores mencionados en el párrafo primero, aceptarán de sus respectivos proveedores el suministro de equipos, aparatos y soportes materiales que permitan la reproducción si no vienen facturados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Sin perjuicio de ello, cuando el importe de la compensación no conste en




Página 425


factura, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la compensación devengada por los equipos, aparatos y soportes materiales que comprenda no ha sido satisfecha.

Los deudores y sus responsables solidarios permitirán a la entidad o entidades de gestión, o, en su caso, a la representación de las mismas la comprobación de las operaciones sometidas a la compensación y de las afectadas por las obligaciones establecidas anteriormente. En consecuencia, facilitarán los datos y la documentación necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones y, en su caso, la exactitud de las declaraciones-liquidaciones presentadas.

La entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de dichas facultades.

b. Los adquirentes fuera del territorio español para su utilización dentro del mismo de equipos, aparatos y soportes que permitan la reproducción para uso privado, harán la presentación de la declaración-liquidación expresada en el párrafo anterior dentro de los cinco días siguientes a su adquisición de los mismos. El pago de las liquidaciones se efectuará por estos obligados en el mismo momento de la presentación de la declaración-liquidación

2. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y hasta que no entre en vigor el Real Decreto al que se refiere el mismo y se adopte el acuerdo de la comisión paritaria a la que se refiere el apartado 7 del artículo 25 de la Ley, la compensación aplicable será aplicable lo previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 23/2007, de 7 de julio, en los siguientes términos que son de general aplicación a todos los equipos, aparatos y soportes que permitan la copia privada aunque no se encuentren específicamente relacionados en la misma:

a) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1.º Escáneres o equipos monofunción que permitan la digitalización de documentos: 9 euros por unidad.

2.º Equipos multifuncionales de sobremesa con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos y la capacidad de copia no sea superior a 29 copias por minuto, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 15,00 euros por unidad. 3.º Equipos o aparatos con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto: 15,00 euros por unidad. 4.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto: 121,71 euros por unidad. 5.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto: 162,27 euros por unidad. 6.º Equipos o aparatos con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante: 200,13 euros por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.

c) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.

d) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción sonora, como discos o minidiscos compactos para audio o similares, sean o no regrabables: 0,35 euros por hora de grabación o 0,006 euros por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte.

e) Para soportes materiales digitales específicos de reproducción visual o audiovisual, como discos versátiles para vídeo o similares, sean o no regrabables: 0,70 euros por hora de grabación o 0,011667 euros por minuto de grabación, con un Máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale a 2,35 gigabytes.

f) Para soportes materiales de reproducción mixta, sonora y visual o audiovisual, entre otros:

1.º Discos compactos, sean o no regrabables o similares: 0,16 euros por hora de grabación o 0,002667 euros por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale a 525,38 megabytes.

2.º Discos versátiles, sean o no regrabables o similares y Discos Duros así como memorias y tarjetas de memoria: 0,30 euros por hora de grabación o 0,011667 por minuto de grabación, con un máximo de 15 euros por soporte. A estos efectos, se entenderá que una hora de grabación equivale 2,35 gigabytes.




Página 426


3.º A los efectos de su posterior distribución entre los distintos acreedores de las cantidades a que se refieren los párrafos 1.º y 2.º, se considerará que en los discos compactos el 87,54 por ciento corresponde a reproducción sonora y un 12,46 por ciento a reproducción visual o audiovisual, y en los discos versátiles el 3,43 por ciento corresponde a reproducción sonora y el 96,57 por ciento corresponde a reproducción visual o audiovisual.

MOTIVACIÓN

Se propone introducir una nueva disposición transitoria, que permita la percepción de la compensación equitativa por copia privada hasta el desarrollo reglamentario del artículo 25.

ENMIENDA NÚM. 209

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición final cuarta

Se modifica el apartado a) de la disposición final cuarta, quedando redactado como sigue:

«(…)

a) Lo establecido en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor en el momento en que efectivamente se establezca el importe de la remuneración a abonar a las entidades de gestión derivado del límite establecido en el artículo 32.4.

(…).»

MOTIVACIÓN

El Grupo Socialista, atendiendo a la propuesta formulada por las asociaciones que representan a los autores y creadores culturales, presenta esta enmienda con la siguiente justificación:

El argumento dado en la enmienda referida al artículo 32 justifica sobradamente una transitoria específica para los párrafos 3, 4 y 6 de dicho artículo.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal