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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 314, de 31/07/2013
cve: BOCG-10-D-314
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de julio de 2013

Núm. 314


ÍNDICE

Página

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

158/000033 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para el estudio y análisis de la financiación pública y privada de los partidos políticos, así como de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su transparencia, su publicidad y su control ... (Página6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desmantelamiento de la Oficina Consular en Basilea, cierre de su Agrupación Escolar y de las clases de lengua y cultura española en Suiza ... (Página8)

161/001871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar ... (Página9)

161/001885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para potenciar dentro del marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea, Colombia y Perú la actuación de las PYMES españolas en Colombia ... (Página11)

161/001887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la celebración del año dual entre Japón y el Reino de España ... (Página12)

Comisión de Justicia

161/001881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ... (Página13)

Comisión de Defensa

161/001880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF) ... (Página15)


Página 2




161/001904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cesión a la ciudad de Almería del edificio destinado hasta ahora como sede de la Comandancia Militar de Marina ... (Página16)

Comisión de Economía y Competitividad

161/001868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática ... (Página17)

161/001872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la venta de Nova Caixa Galicia Banco ... (Página18)

161/001888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del sector de la moda en España ... (Página19)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la campaña publicitaria de Loterías y Apuestas del Estado con ocasión de su 250 aniversario ... (Página20)

Comisión de Fomento

161/001869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aplicación en Canarias del Plan Estatal de Vivienda ... (Página21)

161/001873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre renovación del Contrato de Interés Público para la regulación de las condiciones del transporte marítimo ente la ciudad de Ceuta y la Península ... (Página22)

161/001874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la cesión al Ayuntamiento de Valls de las carreteras N-240a y N-240b ... (Página23)

161/001878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para mejorar el servicio de cercanías y fomentar el transporte público sostenible ... (Página24)

Comisión de Educación y Deporte

161/001876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre clarificación de la normativa laboral que afecta a las personas que colaboran en clubs y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, así como la aplicación de una moratoria sobre inspecciones de trabajo y seguridad social, hasta que se haya clarificado la normativa ... (Página25)

161/001884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incentivación del mecenazgo en el deporte ... (Página26)

161/001891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de créditos universitarios en la formación profesional ... (Página27)

161/001897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para prevenir y corregir las situaciones de absentismo escolar ... (Página28)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de los colaboradores en entidades deportivas sin ánimo de lucro ... (Página29)


Página 3




Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre permanencia de la empresa GALMED en Sagunto ... (Página30)

161/001899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover la libre competencia en el sector del acero corrugado ... (Página31)

161/001901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sector naval ... (Página32)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Rural Sostenible en Aragón ... (Página33)

161/001879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre abastecimiento de agua potable a la comarca valenciana de La Ribera a través del río Júcar ... (Página35)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de salud ... (Página35)

161/001893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesaria protección de las familias numerosas ... (Página37)

161/001894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan de prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual ... (Página38)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar una mayor cooperación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto ... (Página39)

161/001896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial ... (Página40)

Comisión de Cultura

161/001883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de los rodajes cinematográficos en España ... (Página42)

161/001902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el fomento e impulso del teatro amateur ... (Página43)

Comisión de Igualdad

161/001886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género ... (Página44)


Página 4




161/001890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para apoyar la equiparación de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niños en zonas bélicas a los crímenes de guerra ... (Página45)

161/001895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para sensibilizar a los jóvenes frente a la violencia de género ... (Página46)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre dotación de un fondo económico destinado a ofrecer créditos a empresarios autónomos y empresas de transporte para financiar la renovación del parque de autobuses o, en su caso, la instalación de cinturones de seguridad ... (Página47)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa ... (Página48)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/001160 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre criterios que han llevado a la decisión de vender el inmueble que alberga la Subdelegación de Defensa en la ciudad de Ourense ... (Página49)

181/001161 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de vender el inmueble en el que se encuentra la Subdelegación de Defensa de Ourense ... (Página50)

Comisión de Fomento

181/001157 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre construcción del tramo Olmedo-Zamora-Lubián del acceso a Galicia con plataforma para vía doble y montaje inicial de vía única ... (Página50)

181/001158 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre adecuación de la línea ferroviaria entre Taboadela y Ourense con instalación de tercer carril, electrificación y señalización para alta velocidad ... (Página50)

181/001159 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre construcción del tramo ferroviario Lubián-Taboadela con plataforma para vía única ... (Página51)

181/001163 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre planes de futuro de AENA en relación con el aeropuerto de Cuatro Vientos ... (Página51)

181/001164 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre fecha prevista para conectar Barcelona y Madrid con París a través de alta velocidad ... (Página52)

181/001165 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para recuperar el tráfico de mercancías por ferrocarril ... (Página52)


Página 5




Comisión de Educación y Deporte

181/001162 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para paliar los recortes que se están produciendo en la Formación Profesional ... (Página52)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001167 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre seguimiento de la recomendación de la OMS para la regulación de la comercialización, marketing y publicidad de alimentos ricos en grasas saturadas y trans, azúcares y sal, con el fin de luchar contra la obesidad infantil ... (Página52)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

230/000004 Sentencia dictada por dicho Tribunal en el conflicto en defensa de la autonomía local número 1400/2003, promovido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), contra la disposición adicional y los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (Página53)

232/000199 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 8506/2010 y 8507/2010, promovidos por el Presidente del Gobierno, respectivamente, contra el artículo 3.2 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura, y el artículo 3.3 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura ... (Página54)

232/000200 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1598/2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la disposición final primera y el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en cuanto da nueva redacción a los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: 4.2; 4.3; 20.1 d); 70 bis.1; 70 bis.3; 85 bis; 122.5 d); 123.1 c); 128; 129; 130.1 B); 131; 132; 133 a); 135.3; 136; y 137 ... (Página55)

232/000201 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1735/2002, promovido por el Parlamento de Navarra contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículos 4.1.b); 10.1, párrafo segundo; 11.2; 15.2; 51; 73; 74; 75; 76; disposición adicional primera y disposición adicional cuarta.2 ... (Página56)

233/000009 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3705/2011, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con los apartados 2.º y 10.º del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por posible vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española ... (Página57)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

158/000033

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para el estudio y análisis de la financiación pública y privada de los partidos políticos, así como de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su transparencia, su publicidad y su control.

Acuerdo:

Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Constitucional, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de D. Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para el estudio y análisis de la financiación pública y privada de los partidos políticos así como de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su transparencia, su publicidad y su control.

España es una democracia aún joven. En el camino de la consolidación de las instituciones que vertebran su estructura fundamental, los partidos políticos son una pieza fundamental de cara a la articulación de la participación ciudadana en las instituciones y las decisiones que afectan a todos.

El artículo 6 de la Constitución Española es muy expresivo en este sentido cuando establece que "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Lo cierto es que hoy la ciudadanía española, más allá de las distintas regulaciones específicas y doctrina constitucional sobre partidos políticos que han ido creando el cuerpo jurídico que delimita su organización, estructura y funcionamiento internos, el ejercicio libre de sus funciones, y la actividad y múltiples relaciones financieras, sigue siendo muy escéptica -cuando no abiertamente crítica- con la corrección con la que la mayoría de partidos políticos cumple sus obligaciones legales.

En especial, sigue llamando la atención y debiera ser objeto de preocupación para los políticos, la visión tan negativa que de manera recurrente mantienen una gran parte de ciudadanos, con todo lo relativo a la financiación de los partidos políticos.

Los informes del CIS (Centro de investigaciones Sociológicas) revelan una tendencia aún más preocupante porque, más allá de la actualización y sucesivas reformas de las leyes sobre financiación de partidos, en especial la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos politicos,


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recientemente modificada por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, la percepción negativa de la gestión de las finanzas de los partidos sigue lastrando su imagen, poniendo incluso en peligro la propia consideración como verdaderos instrumentos de la voluntad popular.

En estos días, las informaciones periodísticas que confirman el uso inadecuado de fondos públicos y privados vinculados a partidos políticos, la extrema gravedad de algunas conductas individuales de aquellos que han tenido o tienen importantes responsabilidades en la gestión y contabilidad de estos mismos partidos, así como la perversa relación entre la contratación de obras y servicios públicos que llevan a cabo las administraciones públicas y la financiación privada de los partidos políticos, revelan, sin lugar a dudas, que todavía hay un camino muy amplio por recorrer en la regulación de la transparencia, control y rendición de cuentas de quienes fueron definidos en la Norma Fundamental de 1978 como los principales actores del pluralismo político y la participación ciudadana.

Unión del Pueblo Navarro ha presentado numerosas iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, con el objetivo, por ejemplo de eliminar las donaciones privadas, o de disminuir el nivel de los gastos de los partidos que, por desgracia, hasta el momento no han contado con el apoyo que hubiera sido necesario, pero cuya aprobación hubiera coadyuvado a un mayor rigor y control de la financiación.

En este mismo sentido resultó muy expresiva la negativa a tomar en consideración la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales, que tras su debate en Pleno exclusivamente obtuvo el voto favorable de la formación proponente, es decir, Unión del Pueblo Navarro.

Es por ello que, desde el Congreso de los Diputados, estamos obligados a recuperar el crédito y la confianza perdida en los partidos políticos, habilitando una vía de estudio, análisis y debate que sirva para conocer qué nuevos instrumentos jurídicos debemos implementar; qué nuevas reformas debernos acometer; qué distintos modelos de gestión podemos plantear o qué nuevos controles independientes debiéramos aprobar, para evitar de forma definitiva la gestión indebida y los episodios de corrupción que están erosionando, no ya la dignidad de la actividad política, sino la confianza en que a través de ella, la sociedad pueda ser mejor, más respetuosa con los valores de ciudadanía, y más honorable.

Para ello, Unión del Pueblo Navarro propone la Creación de una Subcomisión para el estudio y análisis de la financiación pública y privada de los partidos políticos, así como de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su transparencia, su publicidad y su control, con el objeto de combatir y prevenir cualquier uso fraudulento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.-Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión de Asuntos Exteriores

161/001870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de la Oficina Consular en Basilea, cierre de su Agrupación Escolar y de las clases de lengua y cultura española en Suiza, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Las asociaciones y el conjunto de la ciudadanía española residente en Basilea, Suiza, y su área de influencia -los 4 cantones afectados, Basel-Stadt, Jura, Basellandschaft y Solothurn- han recibido con extrema preocupación la noticia del cierre de las oficinas de la Oficina Consular en dicha sede, que afecta a los servicios de la Oficina de Empleo y Seguridad Social, a la desaparición de su Agrupación Escolar y a las previsiones acerca de cómo se prevé impartir, mediante un sistema semi-presencial, las clases de Lengua y Cultura para el próximo curso académico 2013-2014.

Las decisiones unilaterales adoptadas sobre la reorganización del conjunto de la acción exterior y de sus oficinas consulares en dicho país, suponen un gran quebranto para los residentes españoles en Suiza y han motivado que, a lo largo del pasado mes, se hayan desarrollado sucesivas movilizaciones e iniciativas de apoyo ciudadano ante la desproporcionalidad de las medidas adoptadas y el evidente perjuicio que ello conlleva para los intereses y presencia de España y respecto de la atención que merecen nuestros conciudadanos en dicho país. El cierre de la Oficina Consular en Basilea, sin previa comunicación y consulta con la comunidad de residentes españoles, afecta además a un consulado modelo, en el que, además de los servicios estrictamente consulares, se venían facilitando las prestaciones y servicios que corresponden la Consejería de Trabajo y Seguridad Social o las de la Agrupación de Lengua y Cultura Española (ALCE): por tanto se suprime de una sola vez la acción del Estado de tres Ministerios en áreas tan estratégicas para la adecuada prestación y asistencia a los españoles en el extranjero, como las de Empleo, Educación y Exteriores.

En este contexto cabe subrayar que una de las principales directrices de la acción exterior del Estado en materia educativa es la de adoptar en general "... cuantas medidas puedan contribuir a facilitar a los españoles el acceso a la educación en el extranjero y a potenciar la proyección de la educación y la cultura españolas en el exterior", tal y como se recoge en el artículo 25, apartado f) del Proyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado remitido al Congreso de los Diputados el pasado 14 de junio.

Basilea es la tercera ciudad más poblada de Suiza, nudo de comunicaciones de Europa, centro de la industria química y farmacéutica europea, sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI) o del ArtBasel, una de las citas de arte más importantes del mundo. Actualmente residen más de 10.000 españoles en esta área, y las cifras siguen aumentando debido a la creciente emigración de nuevos españoles, mayoritariamente jóvenes, que buscan trabajo en dicho país. Como dato cabe reseñar que, según la Oficina Federal de Estadística, la colonia española superaba las 65.800 personas y que representaban a finales del 2011 el 3,6% de la población extranjera en Suiza.

En cuanto a la larga historia que ha estado ligada al importante desarrollo de las Clases de Lengua y Cultura para hijos y nietos de emigrantes españoles, la decisión adoptada, impuesta a través del Ministerio de Educación, implica haber ignorado a los representantes de las aulas, a las Asociaciones, al Consejo General de Emigración, a los Consejos de residentes españoles, las centrales sindicales y organizaciones de enseñantes. Una decisión que se impone tanto en Suiza, como en otros países, acompañada de una arrogante retórica sin precedentes, y que se prevé sustituir mediante la implantación de un proceso de clases semi-presenciales cuya intención, cada vez menos disimulada, no es otra que la degradación progresiva de este programa educativo para eliminarlo, o quizá privatizarlo, en el más breve espacio de tiempo posible.

Al respecto, la desaparición de la Agrupación de Lengua y Cultura de Basilea y de las clases que se imparten en esta materia no solo se va a ver afectada por el argumento de los recortes presupuestarios y


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la correspondiente ausencia de cobertura de plazas para profesores titulares, sino por la degradación cualitativa que se pretende a través de este sistema. Muchas han sido las argumentaciones que la comunidad de residentes españoles ha trasladado a la Administración española en este sentido, cuestionando, entre otros muchos aspectos destacados, la extensión generalizada de este tipo de enseñanza y su metodología "on line" a los alumnos más pequeños, a quienes se les reduce el tiempo de presencia en un 50%; por los resultados negativos que se desprenden de la valuación de las experiencias piloto de enseñanza no presencial llevadas a cabo por la ALCE en los dos últimos años; así como por las deficiencias de las unidades didácticas del Aula internacional (Al) que no resultan apropiadas para desarrollar los contenidos del currículum previsto y que además resultan inaplicables en grupos heterogéneos de edades, niveles y lengua materna, como son la gran mayoría de usuarios en dicho país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reconsiderar la relevancia de la acción educativa en el exterior y de las decisiones que afectan a la organización y despliegue de las correspondientes oficinas consulares en el exterior, en el marco del debate y tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.

2. Informar previamente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y con motivo de la tramitación del mencionado Proyecto de Ley, acerca de las previsiones y decisiones que se vienen adoptando sobre la reorganización de los servicios que prestan las distintas Consejerías en las distintas Misiones Diplomáticas de España en el exterior, con el fin de contar, a través de las comparecencias oportunas, con la participación de los ciudadanos españoles a través de su representación institucional en los correspondientes Consejos de Residentes Españoles adscritos a las principales Oficinas Consulares de España.

3. Al respecto, y al objeto de potenciar el objetivo de protección de los españoles en el exterior y el de la proyección de la cultura y de la educación española, tener en cuenta las alternativas propuestas por las distintas agrupaciones que, como la que afecta a la Consejería de Empleo y de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) en el caso de Basilea en Suiza, reclaman su adecuada revisión, con el fin de atender las necesidades de la población escolar y de las enseñanzas del español en dicho país y en aquellas delegaciones diplomáticas con fuerte presencia de españoles en el exterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio 2013.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Alrededor de 300 historiadores e investigadores han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico, actualmente cerrada a la consulta. Solicitan también que se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

Los investigadores denuncian que desde septiembre de 2011 el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó a denegar la consulta en su Archivo Central de la documentación diplomática de carácter histórico (la que tiene más de 30 años, por regla general). El MAEC esgrimía para ello un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, por el que el gobierno clasificó como materia "secreta" y "reservada" prácticamente toda la política exterior del Estado (Acuerdo sobre política de seguridad de la


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información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010).

Cuando este acuerdo, hasta entonces secreto, fue publicado en la prensa en junio de 2012, el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García Margallo, prometió revisarlo, sin que hasta la fecha haya adoptado ninguna decisión.

Los historiadores señalan también su malestar por que la respuesta del Ministerio a sus quejas haya sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, en septiembre de 2012. En ninguno de los dos centros, que cuentan con escasos recursos materiales y humanos, existe fecha alguna prevista para su accesibilidad.

Esta situación constituye una anomalía sin parangón internacional: ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX, y en ninguna democracia seria se impide a los investigadores, por motivos políticos, la consulta de documentación militar de carácter histórico con informes técnicos plenamente favorables a su desclasificación.

Las consecuencias que se derivan de estas decisiones son múltiples:

- Se están provocando graves problemas en numerosas investigaciones históricas, muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público, y que se han visto paralizadas o abandonadas.

- Se está perjudicando seriamente a la imagen de España en el exterior (denominada "Marca España"), que queda asociada en ámbitos académicos y culturales internacionales a la persecución contra el conocimiento histórico y las trabas a quienes intentan ampliarlo.

- Se está atentando contra los principios de transparencia que se presuponen en la nueva ley, actualmente en trámite, al extender el manto del secreto sobre la historia de la acción exterior del Estado y de su política de defensa.

- Se están denegando derechos ciudadanos básicos como el acceso al patrimonio histórico documental y el derecho a recibir información veraz, al aplicar la Ley de Secretos Oficiales a documentación histórica de contenido no sensible, en lo que constituye una práctica jurídicamente cuestionable, y política y científicamente injustificable.

- Se están incumpliendo por parte del Gobierno español los acuerdos internacionales suscritos en el marco del Consejo de Europa sobre comunicación de archivos y acceso a documentos públicos, como la Recomendación N.° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Rectificar su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

b) Derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.

c) Permitir a los investigadores la consulta de los 10.000 documentos del Ministerio de Defensa, de entre los años 1936 y 1968, cuya desclasificación estaba prevista para 2011 y que el actual ministro retiene desde entonces.

d) Adoptar cuantas previsiones sean precisas para garantizar de manera inmediata el acceso de los investigadores a los documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que incluye entre otras las siguientes medidas:

- Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, a los que se está transfiriendo esta documentación, de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de estos fondos.


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- Agilizar en ambos archivos al máximo, el cotejo, descripción, catalogación y publicación de dicha documentación.

- Reabrir a la investigación el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución.

e) Garantizar el acceso de los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001885

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a potenciar dentro del marco del Acuerdo de Asociación entre UE, Colombia y Perú la actuación de las PYMES españolas en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Colombia es hoy día una gran economía emergente. En el año 2013, a pesar de la crisis económica internacional, se prevé que crezca en torno a un 4,4%, y viene de tasas positivas de crecimiento en los últimos años superiores al 4%.

El milagro colombiano, evidentemente, no es fruto de la casualidad sino de una política liberalizadora de la economía que comenzó especialmente en la etapa del Presidente Uribe y que continúa en el actual mandato del Presidente Santos. Todo ello, unido al hecho de que se trata de un país que ha velado por la seguridad jurídica, ha hecho de Colombia un país de oportunidades, un país atractivo para la inversión, muy especialmente para la inversión de las empresas españolas.

En este sentido, las principales empresas del IBEX 35 hace años que trabajan en ese país con resultados económicos muy positivos. La actual coyuntura económica de ambos países invita precisamente a dar un paso más. Colombia es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas españolas que deciden exportar sus bienes y servicios e instalarse en el continente americano. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que queda camino por recorrer y que el Gobierno de España debe ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas a recorrer ese camino.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú fue ratificado por Colombia en su día, y recientemente por el Parlamento Europeo y por el de Perú. Con ello queda listo para su aplicación provisional, lo que dará lugar a las ciertas derivaciones que ayudarán en este sentido:

- La entrada en vigor de este acuerdo comercial va a suponer una relación preferencial de la UE con ambos países y permitirá, como bien ha señalado la Comisión Europea, la eliminación progresiva de tasas arancelarias sobre exportaciones e importaciones, así como una liberalización de los mercados de servicios y contratación pública. Y en este nuevo escenario, nuestras pequeñas y medianas empresas deben jugar un papel esencial, dadas las excelentes relaciones de amistad, culturales o históricas que existen entre Colombia y España.

- Un acuerdo comercial de esta naturaleza genera un acceso a mercados a las PYMES, que crean 9 de cada 10 empleos en Europa, y son las instituciones mejor valoradas y con mayor confianza en el continente.

- El Acuerdo Comercial también asegurará los mercados crecientes de productos agrícolas y de pesca europeos: los exportadores de la Unión Europea ahorrarán al menos 270 millones de euros por año en concepto de aranceles en esos países después del período de transición.

- Asegurará la competencia en igualdad de condiciones para los bienes y servicios europeos, respecto de las importaciones desde países corno los Estados Unidos, Corea del Sur y China.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover y acelerar una rápida y efectiva entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú que haga realidad esa nueva relación preferencial entre ambas regiones geográficas.

- A la vista del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia y Perú, llevar a cabo las acciones políticas necesarias para ampliar el mercado colombiano a las pequeñas y medianas empresas españolas.

- Profundizar, y mejorar en su caso, la ayuda y el asesoramiento jurídico y económico necesario para que las pequeñas y medianas empresas españolas puedan instalarse en Colombia con garantías y en condiciones óptimas para su buen fin económico.

- Promover alianzas estratégicas entre PYMES de los países firmantes del Acuerdo para generar nuevas oportunidades de negocio y transferencia de tecnología entre los actores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y los siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del año dual entre Japón y el Reino de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Durante el encuentro de Jefes de Gobierno de España y Japón celebrado en Tokio en el mes de septiembre del año 2010, los gobiernos de ambos países acordaron la celebración del año dual entre Japón y España, que tendrá lugar entre junio de 2013 y julio de 2014 con motivo de la conmemoración de los 400 años de la primera misión diplomática japonesa a España.

La efeméride objeto de celebración es la conocida como "embajada Keicho", una misión diplomática encargada por el señor feudal Date Masamune, del Señorío de Sendai con el apoyo y aprobación del Gobierno central japonés, cuyo objetivo era solicitar del Rey de España el establecimiento de relaciones comerciales con Nueva España, así como el envío de misioneros cristianos al Japón por parte de la Santa Sede.

La expedición parte de las costas de Sendai en octubre de 1613, encabezada por el Samurai Hasekura Tsunenaga y el fraile franciscano Luis Sotelo. Tras cruzar el océano Pacífico y ser recibidos en Méjico por el Virrey, la expedición continúa su camino hacia España, a donde llegará en octubre del año 1614.

Una vez alcanzada Europa, la embajada es recibida en audiencia por el Rey Felipe III el 30 de enero de 1615, para dirigirse posteriormente a Roma, donde la delegación nipona es recibida por el Pontífice Paulo V.

Tras un periplo de siete años, la embajada Keicho retorna a Japón, marcando con ello un importante hito en las relaciones bilaterales entre España y Japón.

Esta aventura, de la que próximamente se cumple el aniversario de su cuarto centenario, constituye una excelente oportunidad para el fortalecimiento y estrechamiento de las relaciones bilaterales entre Japón y España. Se trata de una iniciativa con la que ambos países han demostrado estar plenamente involucrados. Prueba de ello son tanto la candidatura conjunta presentada por ambos países para el registro en la Memoria del Mundo de la UNESCO de los documentos sobre la embajada Keicho como el hecho de que la presidencia de honor de los actos del Año Dual España-Japón haya recaído en S.A.R. el Príncipe de Asturias y S.A.I. el Príncipe Heredero del Japón.


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Con la visita del Príncipe Heredero de Japón, S.A.I. Naruhito, que comenzó el 11 de junio de 2013 en Madrid, se inauguró el Año Dual España-Japón y que concluirá en Tokio en julio de 2014. Hasta entonces, está programado un intenso calendario de actividades.

La celebración del año de España en Japón constituye, a juicio de este Grupo Parlamentario, una excelente ocasión para mejorar el nivel de relación e intercambio entre ambos países, así como la imagen de España en el país del Sol Naciente.

En este sentido, conviene recordar la importancia de Japón, que a día de hoy continúa siendo la tercera economía mundial y es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea está negociando un acuerdo de libre comercio con el gobierno japonés. Un tratado cuyo impacto sobre la economía europea -según estimaciones de la Comisión- podría incrementar el PIB de la Unión en casi un punto porcentual, las exportaciones europeas a Japón en un 32,7% y contribuiría a la creación de cerca de medio millón de nuevos empleos en Europa. Al respecto se pronunció el Ministro de Exteriores español en su última visita a Japón, al señalar en el comunicado conjunto emitido junto a su homólogo japonés el compromiso de trabajar para favorecer dicho acuerdo.

El impulso de las relaciones bilaterales, así como de los intercambios bilaterales tanto en el plano comercial, científico, tecnológico, cultural y académico, constituyen a juicio de este grupo la mejor herramienta para la recuperación de la imagen de España en Japón, así como para la creación de nuevas oportunidades para las empresas españolas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, a través de los actos programados con motivo del Año Dual España-Japón, las relaciones económicas y políticas con el Japón, así como el conocimiento de la cultura y realidad económica española en dicho país.

2. Fomentar los intercambios científicos, tecnológicos y académicos entre las instituciones de ambos países.

3. Trabajar en el ámbito europeo para promover unas relaciones comerciales más intensas entre ambos países a través del impulso al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Justicia

161/001881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a quien se le encomendó su redacción.

El propio ministro compareció ante la Cámara en mayo para presentar el texto propuesto por la comisión de expertos de reforma de la LOPJ que ya avanzaba las lineas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo el


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texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada en última instancia al desmantelamiento de los servicios públicos.

El Ministro afirmó el 9 de julio en Valladolid que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la "implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas" que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva en el articulado de la LOPJ y de los Anexos de la propuesta de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.

Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para los partidos judiciales rurales que corren riesgo de supresión o una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas. En caso de llevarse a cabo, Castilla y León sería una de las CCAA más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios.

Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y argumentadas

Por otro lado, la propuesta pretende el desdoblamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esto es un ataque sin precedentes al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, una iniciativa recentralizadora intolerable y una falta de respeto a las instituciones de la provincia de Burgos con las que no se ha contado y a las que ni siquiera se ha informado. Desvirtuar el papel de Burgos como capital de la Justicia de Castilla y León excede de las competencias del Ministerio de Justicia por lo que esta propuesta debe ser modificada de forma inmediata.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia y presentar una nueva en la que en su elaboración y contenido se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren.

2. Que la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia se deje sin efecto manteniendo la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, atendiendo el carácter fundamentalmente rural que conforma la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3. Garantizar el mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la ciudad de Burgos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Defensa

161/001880

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista

Proposición no de Ley sobre la paralización de la propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF).

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la subsanación de firmas contenida en el escrito número de registro 73048, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF), para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

En septiembre de 2012, el Ministro de Defensa, nombró un Comisionado para la elaboración de una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa. Dicho Comisionado debía elaborar su informe en el plazo de nueve meses.

En octubre de ese año, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una iniciativa que fue debatida en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de Infraestructuras. La citada iniciativa, que pretendía aportar elementos constructivos al debate y facilitar la participación en el mismo de los grupos parlamentarios, fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular.

El 19 de junio de 2013, una vez finalizado el plazo para la elaboración del informe, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso solicitó la comparecencia del Ministro de Defensa para informar sobre su contenido así como las decisiones y medidas que el Ministerio iba a adoptar para su puesta en marcha.

El 27 de junio, fue el Secretario de Estado quien compareció en la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre la propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF). Ni antes de su comparecencia, ni durante la misma, el Secretario de Estado facilitó el informe a los parlamentarios ni la información concreta sobre los inmuebles, propiedades o instalaciones que iban a verse afectadas en la primera fase de la PREPIDEF, remitiéndose a su publicación en la página web del Ministerio de Defensa en días posteriores.

En este marco, el Ministerio de Defensa ha ido anunciando el cierre o traslado de centros, la enajenación de propiedades y subastas de instalaciones sin ningún diálogo con los grupos parlamentarios ni con las


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instituciones territoriales afectadas. Por otro lado, parece difícil de justificar como eficiente un plan que pretende deshacerse de una serie de propiedades en un momento en el que los bienes inmobiliarios están absolutamente depreciados.

Entre el patrimonio afectado, podemos citar algunos casos como el cierre o la venta de multitud de propiedades en Ferrol sin haberse dirigido siquiera al Ayuntamiento, la finca de La Remonta en Santander, la posible venta del inmueble que alberga la Subdelegación de Defensa en Ourense y de la sede de la Comandancia Militar de Marina en Almería o el anuncio de subasta libre del Parque de Artillería en Burgos reduciendo el porcentaje de viviendas de protección oficial ya comprometido por el anterior Gobierno.

Todos estos casos están provocando un importante malestar, sobre todo, en los municipios afectados y demuestran la falta de transparencia y de diálogo con los que el Ministerio de Defensa ha dirigido esta propuesta. Por otro lado, además de la necesaria racionalización de las infraestructuras, el Ministerio parece haber olvidado el uso social al que, durante los últimos años, se estaban destinando las propiedades o terrenos desafectados del uso de la Defensa y el interés que puede existir por parte de algunos Ayuntamientos en lograr la cesión de los bienes afectados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar de forma urgente e inmediata el Plan de racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario de Defensa iniciando el diálogo con los Grupos Parlamentarios, los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas afectadas con el fin de compaginar la racionalización del patrimonio inmobiliario de Defensa con las necesidades y el desarrollo de los lugares donde se ubica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio 2013.-Luis Tudanca Fernández, Víctor Morlán Gracia, Laura Carmen Seara Sobrado, María Consuelo Rumí Ibáñez, María del Puerto Gallego Arriola y Paloma Rodríguez Vázquez, M.ª del Carmen Sánchez Díaz, José Segura Clavell, Leire Iglesias Santiago, Herick Manuel Campos Arteseros, Germán Rodríguez Sánchez e Isabel Pozuelo Meño, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión a la ciudad de Almería del edificio destinado hasta ahora como sede de la Comandancia Militar de Marina para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Informaciones recientemente aparecidas en medios de comunicación locales dan cuenta de la decisión del Ministerio de Defensa de racionalizar los recursos propios procediendo a la reagrupación de servicios y dependencias militares, lo que en determinados casos supondrá el cierre de determinados edificios e instalaciones. De acuerdo con dicho plan, uno de los edificios afectados será el que hasta ahora era la sede de la Comandancia Militar de Marina, frente al inicio del Parque Nicolás Salmerón.

Dicha Comandancia aparece como titular del inmueble, de 1.138 m2 construidos en una parcela de 1.583 m2. Se autoriza la construcción de planta baja + 2. La ficha técnica de planificación, tanto la del Plan del 98 como la del nuevo, cataloga la parcela como de Equipamiento Público y Social. No nos consta que el edificio actual goce de algún tipo de protección o catalogación específica.

El traslado de su personal y servicios al Cuartel de la Misericordia parece implicar la decisión del Ministerio de no asignar a ese equipamiento ninguna otra función de tipo militar. De ser así, nos encontraríamos con otro inmueble característico de nuestra ciudad cuyo desuso podría derivar en simple abandono por parte de su propietario.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Almería para que, respetando, en todo caso, la normativa vigente, se acuerde, en el caso de que Defensa no prevea ningún otro uso militar, la cesión a la ciudad de Almería de la sede de la Comandancia Militar de Marina para el uso de este equipamiento en provecho y beneficio de la sociedad almeriense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio 2013.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/001868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

Según la "Estrategia española de I+D+i" las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) serán factores clave en la mejora de la competitividad de las empresas y de la eficiencia de las Administraciones, constituyendo un sector intensivo en I+D+i. Por tanto, habrá que impulsar nuevos avances en las tecnologías emergentes, facilitadoras mediante la aportación de las mismas a la consolidación del liderazgo internacional de nuestra economía. Deberá prestarse especial atención a la incorporación de estas tecnologías por parte del tejido productivo tradicional para propiciar su aprovechamiento en nuevas tecnologías industriales, productos, servicios y aplicaciones novedosas. Es preciso tener en cuenta que el futuro competitivo de gran parte del tejido productivo español dependerá, en gran medida, del desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías de fabricación y de diseño que abonen su crecimiento, optimicen las capacidades de producción y promuevan una continua evolución tecnológica para ofrecer un producto de mayor valor añadido.

La informática es una disciplina que tiene un papel central en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en la consecución del objetivo de hacer realidad la Sociedad de la Información, consistente en la incorporación de la informática y las telecomunicaciones en todos los procesos productivos. Asimismo, el sector TIC ha sido declarado estratégico a través de la Ley 8/2011 relativa a la protección de infraestructuras críticas, esto es, un área diferenciada dentro de la actividad laboral, económica y productiva, que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado o de la seguridad del país.

En ese sentido, la denominada Estrategia de Lisboa estableció como objetivo para 2010 construir en Europa una economía basada en el conocimiento, la proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado o de la seguridad del país.

En ese sentido, la denominada Estrategia de Lisboa estableció como objetivo para 2010 construir en Europa una economía basada en el conocimiento, la más dinámica y competitiva del mundo, capaz de generar un crecimiento económico que contribuya al mantenimiento de la sociedad del bienestar y a la cohesión social.

Pese a todo ello, en el actual marco legislativo, la informática no está contemplada dentro del ámbito industrial y tampoco se contempla en el marco de las profesiones reguladas, siendo la única rama ingenieril no considerada corno tal. Como consecuencia, los estudios de grado y máster en informática son los


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únicos de ingeniería que no tienen la consideración de formación regulada, todo ello de especial relevancia y gravedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer en el futuro Proyecto de Ley de Servicios Profesionales una regulación de las atribuciones profesionales de la ingeniería que garantice el cumplimiento de los principios de no discriminación, de justificación por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad con el objetivo de no perjudicar a los ingenieros en informática ni a los ingenieros técnicos en informática. Para ello, los representantes de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática, participarán en los grupos de trabajo sobre atribuciones en el ámbito de la ingeniería que elaborarán propuestas de aquellas actividades, proyectos o trabajos que, por su especial incidencia en la seguridad física de las personas, deban reservarse a profesionales competentes en la materia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio 2013.-María Consuelo Rumí Ibáñéz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la venta de Nova Caixa Galicia Banco para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Parece que nadie es quien de poner un punto de reflexión crítica respecto a una política que se empeña en acabar con los restos de las cajas de ahorro gallegas. La operación del robo del ahorro gallego se quiere consumar cerrando cualquier posibilidad de dotarnos de una herramienta financiera pública, capaz de producir lo que el mercado capitalista no es capaz: crédito para desarrollar una estrategia de planificación económica contracíclica, que suministre un cambio de modelo productivo.

Después de un brutal despilfarro de dinero público, que en el caso de NCG Banco asciende a 9.000 millones de euros, el FROB se apresura a dejarnos sin los restos de las cajas gallegas mediante el expediente de acelerar la venta de NCG Banco, a pesar de las enormes incertidumbres tanto sobre el valor de la entidad cuanto los plazos de la operación. Todo ello sin entrar en la cuestión de fondo de la necesaria y urgente rectificación de una política financiera que socializa las pérdidas y privatiza los ulteriores beneficios, y que deja a este país, Galicia, y al conjunto del Estado sin un instrumento necesario para ejercer cabalmente el autogobierno y la soberanía y otra política económica alternativa. Con unas cifras obscenas, las ayudas a los banco resulta lo único importante y desde luego drena ingentes recursos necesarios para otra política. El propio presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB) reconoció hace poco en un curso que las dichas ayudas ascendían, de momento, a 125.000 millones de euros; cifra que no incluye los 300.000 millones de euros obtenidos del Banco Central Europeo. Hace falta comparar estas cifras con el dinero que se va a dedicar a generar empleo, no más de 1.900 millones de euros en los próximos dos años. Queda claro a quien sirven los gobiernos del Estado y la UE y sus ramificaciones obedientes autonómicas.

Las urgencias por vender NCG Banco suponen cambiar lo previsto y para ello se van a contratar dos bancos para recontar los agujeros de la entidad que se quiere vender. Actuación que va a ser generosamente pagada. Como ya lo había sido el informe encargado a McKinsey y Nomura, que ya costara 350.000 euros de todas y todos nosotros. Improvisación y despilfarro al servicio de una política fallida y criminal.

Entendemos que no son aceptables estas prisas. Lo urgente es resolver la devolución íntegra del dinero a las personas afectadas por la estafa de las preferentes y subordinadas, de las cuales decenas de miles de ellas siguen en Galicia a protestando por el robo y la no devolución de su dinero. Lo necesario es repensar el futuro de NCG Banco, entidad sostenida con dinero público y que puede jugar el papel de palanca del crédito al servicio de una política económica contracíclica y de estímulo del cambio de modelo productivo.


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Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar las medidas necesarias para paralizar la venta de Nova Caixa Galicia Banco.

- Mantener Nova Caixa Galicia Banco como entidad pública, al objeto de promover el crédito y el fomento de una actividad productiva sostenible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso del sector de la moda en España, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

Inicialmente, la producción textil era una actividad artesana propia del medio rural, pero con el desarrollo tecnológico nacieron las grandes empresas textiles cuya influencia económica se dejó sentir con especial fuerza en el Reino Unido y los países de Europa occidental.

El actual contexto de globalización junto con la crisis a nivel mundial que padecemos, ha afectado especialmente a este sector en todos los países desarrollados, que enfrentado a una dura competencia en precio se ha visto obligado a competir en base a la creación de valor añadido intensificando su búsqueda de estrategias innovadoras que favorezcan su competitividad y aseguren su continuidad.

La informática y la logística se han convertido en un elemento básico en todo lo concerniente a la gestión global del proceso productivo: diseño de los productos, regulación y programación de los procesos y control de calidad, entre otros. Con el endurecimiento de la competencia, las empresas del sector de la moda deben adaptarse a modificaciones tecnológicas y organizativas que les permitan mantener su competitividad en todos los eslabones de la cadena productiva.

En los últimos años varias firmas españolas han apostado claramente por la internacionalización como pilar básico en sus políticas de crecimiento y gracias a unos cuidados diseños y a una excelente relación precio-calidad, han conseguido vender en más de 70 países repartidos en los cinco continentes.

El sector de la moda en España está compuesto en general por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), y pese a todas las dificultades mencionadas, el buen comportamiento de la demanda exterior ha permitido que las exportaciones de textil y confección muestren un aumento del 9,1 % en 2012 por lo que se ha alcanzado un un nuevo récord con 10.733 millones de euros en el total del año.

La atomización del sistema productivo que se da en los sectores antes señalados, obliga al impulso de una acción concentrada para salvar las dificultades que conlleva mantener nuestra presencia en mercados tradicionales, y por supuesto abrir nuevos en países emergentes. Hoy, la moda como sector económico potente incluye además subsectores como la Marroquinería y el Calzado de gran tradición y que también deben de tener gran futuro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la dinamización de los distintos sectores que integran el sector de la moda logrando ponerlos en valor y en niveles de competencia en el mercado exterior. Para ello se entiende necesario:

- Desarrollar acciones conjuntas que permitan identificar claramente nuestro producto, hecho en España o hecho por España, destacando sus niveles de calidad, diseño y precio. En este sentido sería


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conveniente aprovechar nuestro patrimonio cultural y vincularlo al mundo del diseño y la moda, subrayando el peso histórico de España en este ámbito e involucrar a nuestra representación diplomática en la proyección exterior de este importante sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la Campaña publicitaria de Loterías y Apuestas del Estado con ocasión de su 250 aniversario, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es una Sociedad Estatal creada mediante Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre de 2010, donde se establece que los Estatutos de la Sociedad son aprobados por Consejo de Ministros y atribuye a la misma la gestión exclusiva de los juegos de titularidad estatal.

Con ocasión de su 250 aniversario se está desarrollando una intensa campaña publicitaria para significar esta efemérides y poner en valor a dicha Sociedad y las funciones que desempeña.

Sin embargo, algunos de los anuncios publicitarios incluidos en la misma merecen un severo reproche, especialmente cuando dicha campaña publicitaria, ampliamente difundida a través de los diversos medios de comunicación, se financia con dinero público.

En particular, varios de estos anuncios incitan a confiar sólo en la suerte como medio de asegurar ingresos o patrimonio llegando incluso a extremos que sólo pueden calificarse de bochornosos porque dan a entender un apoyo a la negación de la voluntad del trabajo, el esfuerzo humano, la dedicación, el sacrificio y el espíritu emprendedor.

Sin duda, esta campaña y esos anuncios abundan en la muy tópica visión que algunos, lamentablemente, aún mantienen, dentro y fuera de España, sobre las cualidades de la sociedad española y su apego a la holgazanería que tanto daño ha hecho a nuestra imagen colectiva.

Dos ejemplos sirven para justificar lo descrito. El primero tiene que ver con un anuncio en el que se afirma que ya hace más de 100 años mientras un grupo de ingenieros en Estados Unidos se estrujaban el cerebro para poder producir automóviles en serie, desarrollando de ese modo una actividad indústrial que sería una de las características del Siglo XX y de las sociedades actuales, en España la alternativa consistía en comprar décimos de lotería, esperar a obtener el premio y poder así, sin esfuerzo alguno, adquirir esos vehículos fabricados en otros países. Significa esto un desprecio manifiesto a la actividad emprendedora, a la necesidad de impulsar la innovación y el desarrollo, invertir los recursos en actividades industriales que proporcionan bienestar, confiando solo en la suerte, viviendo una existencia idílica y ociosa que será recompensada al obtener graciosamente los frutos del esfuerzo del trabajo de otros.

Otro ejemplo tiene que ver con la inversión en una actividad industrial, en un país extranjero, que produce zapatillas deportivas, en constante innovación por ejemplo para crear cámaras de aire que permitan un uso más confortable de las mismas, para facilitar la actividad deportiva y conseguir mejores resultados en la misma, así como el disfrute en general por todos los ciudadanos, mientras en España los jóvenes sólo esperan a que aparezca ese calzado para comprarlo con el dinero obtenido en los premios de lotería.

Otro tipo de anuncios del mismo organismo abundan en expresiones como "los problemas de ser ricos", que muestran una imagen de frivolidad y falta de preocupación radicalmente incompatible con el sufrimiento actual de la sociedad española por la falta de perspectivas y el altísimo índice de desempleo.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que ordene, de acuerdo con sus competencias, la inmediata retirada de este tipo de anuncios y exija las oportunas responsabilidades a quienes hayan aprobado los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio 2013.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/001869

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación en Canarias del Plan Estatal de Vivienda.

Antecedentes

El Ministerio de Vivienda suscribió dos convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 (firmado el 10 de enero de 2006) y del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 (firmado el 2 de abril de 2009).

En dichos convenios se establecen las pautas de colaboración y compromisos mutuos de las partes, en orden a garantizar la ejecución de dichos planes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dentro de las acciones a desarrollar a efectos del cumplimiento del objeto de los convenios estaba la aportación, por parte del Ministerio, de los recursos económicos previstos en los planes. Las actuaciones protegidas de dichos planes fueron las recogidas en los programas de actuaciones protegidas y cuantificadas que se consideraron como objetivos a financiar, los cuales podían ser reajustados a lo largo de la vigencia del Convenio por acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.

Entre otras actuaciones se contempló el programa de Áreas de Rehabilitación Integral y Áreas de Renovación Urbana. En las diferentes comisiones bilaterales de seguimiento Canarias-Estado se adoptó acordar la financiación de un total de 46 áreas de intervención en diferentes barrios canarios. Edificios y barrios degradados por el paso del tiempo y la baja calidad de los materiales que en su momento se emplearon y habitados en su mayoría por personas mayores con muy escasos ingresos y nulas posibilidades para afrontar las obras de gran envergadura que requerían.

Algunos de estos barrios o zonas con un elevado nivel de deterioro de las viviendas, tanto a nivel estructural, de saneamiento como de instalación eléctrica, que comportaron la demolición y la construcción de nuevas viviendas, las que fueron acordadas como Áreas de Renovación Urbana. Y otros, con deficiencias menos graves y en las que sí existía la posibilidad de intervenir en los edificios y realizar obras de recuperación de los elementos estructurales, la accesibilidad, la adecuación de los elementos comunes y la habitabilidad de las viviendas, las Áreas de Rehabilitación Integral.

Con estos fines se suscribieron hasta un total de 46 convenios entre la administración estatal, las administraciones canarias implicadas: Gobierno Canario, ayuntamientos y en algunos casos los cabildos insulares y los particulares afectados.

Hasta la fecha, ya son 14 convenios que afectaban a la vivienda de 2.374 familias, los que han culminado en Canarias, 12 convenios para la rehabilitación de áreas y otros dos que supusieron demoler las viviendas, y construir de nuevo el barrio.

El 12 de junio se recibió el escrito de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo donde se comunicó a la Comunidad Autónoma de Canarias que no admitía los reajustes de áreas presentadas en tiempo y forma remitiendo las actuaciones al nuevo Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la


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Rehabilitación Edificatoria, la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016. Esta medida fue reafirmada en la reunión celebrada el 18 de junio pasado.

Esta postura significa paralizar la continuidad o comienzo de los 32 convenios restantes que afectan a la vivienda de 4.206 familias. En concreto, 488 a quienes se les está renovando o se había firmado renovar su vivienda y su barrio y 3.718 familias a quienes se les está rehabilitando los edificios y las zonas comunes.

Supone paralizar la obra, o el inicio de obra, en 32 áreas diferentes pendientes, lo que significa un grave perjuicio para las familias afectadas, muchas de ellas residiendo en muy precarias condiciones o desplazadas de sus hogares, y un gran varapalo a la economía canaria en cuanto a la movilización económica paralizada en un territorio fragmentado y con muchas dificultades añadidas para resurgir de la crisis económica actual.

Paralizar la intervención en 4.206 viviendas supondrá dejar de crear o mantener alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos o indirectos en uno de los sectores más perjudicado en la actualidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, a través de la presente Proposición no de Ley se pretende un posicionamiento político que dé rápida solución a esta problemática evitando el perjuicio que se les está provocando a los ciudadanos canarios, negándoles la posibilidad de disponer de una vivienda digna donde vivir, agravado por la terrible crisis económica que están sufriendo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Cumplir los acuerdos firmados con la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildos Insulares, Ayuntamientos de Canarias y particulares para ejecutar las obras del programa de rehabilitación de áreas de rehabilitación integral y áreas de renovación urbana del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.

2. Admitir los reajustes de anualidades de ejecución de dichas áreas presentados en tiempo y forma dentro de los planes donde se asumieron los compromisos Plan 2005-2008 y Plan 2009-2012.

3. Cumplir su compromiso económico de transferir los fondos para culminar el desarrollo de las áreas contempladas en dichos planes.

4. Aumentar la ficha financiera del nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016 para la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 32.830.521,11 euros, cumpliendo compromisos asumidos por Gobiernos anteriores para el desarrollo de las áreas de rehabilitación integral y áreas de rehabilitación urbana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la renovación del Contrato de Interés Público para la regulación de las condiciones del transporte marítimo entre la ciudad de Ceuta y la Península, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Constitución Española garantiza en su artículo 19 la libre circulación de todos los españoles por el territorio nacional. Esta garantía requiere de una acción positiva del Estado para los ciudadanos españoles residentes en la ciudad de Ceuta, por razones geográficas evidentes.

Hasta ahora, el Estado español garantizaba la libre circulación de los ceuties mediante instrumentos como el Contrato de Interés Público, que aún regula las condiciones para el transporte marítimo de pasajeros entre la ciudad de Ceuta y la Península. Este Contrato asegura la movilidad y la conectividad


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de los ciudadanos, con unas rutas obligatorias, unas conexiones mínimas, unos horarios adecuados y unas tarifas reguladas.

El Gobierno del PP acaba de anunciar su intención de suprimir este Contrato, cuya vigencia actual culmina el próximo otoño. Tal medida constituye una agresión intolerable en sus derechos constitucionales básicos para los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta. De llevarse a cabo, el derecho a la libre circulación de los ceutíes pasaría a depender del mercado y de la voluntad de unas cuantas empresas privadas.

Nos tememos, además, que está decisión podría ir acompañada por otras igual de graves, como la supresión de la bonificación del 50% en las tarifas del transporte que ahora disfrutan los ciudadanos residentes en Ceuta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de renovar el Contrato de Interés Público para la regulación de las condiciones del transporte marítimo entre la ciudad de Ceuta y la Península, garantizando la conectividad, las bonificaciones actuales y los derechos de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en Ceuta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio 2013.-Rafael Simancas Simancas, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y María del Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión al Ajuntament de Valls de las carreteras N-240a y N-240b para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 8 de febrero de 2010, el Ministerio de Fomento autorizó la cesión al Ajuntament de Valls del tramo de las carreteras N-240a y N-240b, tal y como pidió el Ajuntament en acuerdo de Pleno en abril del 2009. Asimismo en Acuerdo de Pleno del 3 de septiembre de 2010 se aprobó el Convenio, que incluía -además de la transferencia de la titularidad- la financiación del proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos de la red de carreteras del Estado en el término municipal de Valls para acondicionarla como vía urbana.

Desde entonces, sin embargo, no se ha hecho nada, ni siquiera en una zona de la carretera donde hay un boquete que cada vez se hace más grande y que pone en peligro la circulación de los peatones.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Hacer efectiva, de manera inmediata, la cesión al Ajuntament de Valls de las carreteras N-240a y N-240b, en virtud del convenio aprobado.

2. Destinar una partida en los próximos Presupuestos Generales del Estado para financiar el proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos de esta carretera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, D. Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para mejorar el servicio de Cercanías y fomentar el transporte público sostenible, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El fomento del transporte público ha de ser una prioridad de la Administración, y para hacer de los diferentes medios de transporte públicos un servicio eficiente y a la vez atractivo para los usuarios, es necesario emprender acciones encaminadas a que esos servicios sean rentables para las empresas públicas que los gestionan y también para los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de éstos.

En la actualidad, el servicio de Cercanías tiene una serie de puntos débiles que, mejorándolos, pueden fomentar un mayor uso de este servicio y, al mismo tiempo, también puede suponer un ahorro para Renfe.

En primer lugar, hay que promover el uso del Cercanías y, para ello, la mejor manera es dar facilidades a los usuarios a la hora de contratar bonos de viajes. En la actualidad, Renfe sólo ofrece la posibilidad de contratar abonos mensuales limitados (de ida y vuelta diaria y de lunes a viernes) o mensuales ilimitados (ida y vuelta ilimitada, de lunes a viernes) y también los abonos de estudiantes.

Las tarifas de los Cercanías, cada día más elevadas, sólo hacen rentable el uso del tren a los usuarios en viajes puntuales o bien, si se hace uso de un abono. Pero en la actualidad, Renfe sólo permite que esos abonos sean exclusivamente mensuales, excluyendo la posibilidad de explorar otras opciones, como los abonos semanales y quincenales, para favorecer el uso del tren.

Del mismo modo, es necesario modernizar el soporte físico de los billetes de los abonos, copiando el modelo implantado en grandes ciudades españolas y también europeas, mediante el cual, los usuarios disponen de una tarjeta magnética recargable, que los usuarios adquieren en estancos y quioscos y recargan allí el número de viajes que necesitan. Con esta medida, se ahorra sustancialmente en la expedición de los abonos de cartón y se evita también el deterioro de éstos.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizo la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento para que inicie un proceso urgente de revisión y de modernización del servicio de cercanías en todas las comunidades autónomas donde tiene dicha competencia, aplicando las siguientes medidas en el menor tiempo posible:

- Implantación de la tarjeta magnética para la adquisición de los abonos.

- Implantación de abonos semanales y quincenales, limitados e ilimitados al igual que los mensuales.

- Implantación de un abono que cuente los viajes consumidos y que no tenga una extinción en un período de tiempo, como en la actualidad.

2. El Ministerio de Fomento dará cuenta al Congreso de los Diputados del cumplimiento de estos acuerdos y de la puesta en marcha de estas medidas encaminadas a fomentar el transporte público sostenible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Educación y Deporte

161/001876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, una Proposición no de Ley para la clarificación de la normativa laboral que afecta a las personas que colaboran en clubs y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, así como la aplicación de una moratoria sobre inspecciones de trabajo y seguridad social, hasta que se haya clarificado la normativa.

Exposición de motivos

Las actuaciones inspectoras de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado realizadas en los últimos meses a las entidades deportivas catalanas, dirigidas no solo al deporte profesional sino también al deporte de base y amateur, pueden poner en riesgo la continuidad de estas entidades.

Cabe señalar, que el sistema deportivo catalán se sustenta en gran parte en el deporte de base, niños y jóvenes que realizan actividades deportivas en horario no lectivo: estas actividades contribuyen a su formación personal y cívica, la educación en valores, la adquisición de hábitos saludables, a la integración y a la cohesión social, por lo que resulta importante conservarlo y impulsarlo.

El papel de los entrenadores y monitores de los equipos no profesionales es trascendental para la supervivencia del deporte no profesional, en la medida en que su dedicación es en gran parte altruista y desinteresada. A cambio de su dedicación y compromiso más allá de lo que son estrictamente las horas de entrenamiento, reciben de los clubes una compensación económica que les permite también cubrir los gastos que les ocasiona.

En el ámbito deportivo y, concretamente, en el deporte amateur, la relación entre las entidades deportivas y muchas de las personas que prestan sus servicios se ve como una relación de voluntariado, dado que realizan su tarea movidos más por la motivación, la pasión y el compromiso que por la obtención de un beneficio económico personal. Sin estas personas, muchas entidades serían inviables.

De las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están derivando actas de liquidación y de infracciones por unos importes que para la mayoría de estas entidades deportivas son del todo inasumibles, por lo que pueden verse obligadas a desaparecer, causando un daño de dimensiones extraordinarias en nuestro sistema deportivo y, concretamente, en el deporte de base y en nuestros jóvenes.

En este sentido cabe señalar que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no solo deben tener la función punitiva, sino que también deben incorporar la función informativa, y que ayude a clarificar el alcance de la normativa. Si del análisis de las actuaciones de inspección practicadas en Catalunya se llega a la conclusión que la interpretación de la norma por parte de los clubs y entidades deportivas difiere de manera generalizada respecto a la interpretación de la inspección sobre la misma normativa, resulta prioritario clarificar la normativa y validarla con el sector, antes de pasar a la adopción de medidas sancionadoras.

Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar los resultados de las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social efectuadas recientemente a numerosos clubs y entidades deportivas, sin finalidad de lucro, principalmente de Catalunya, con el fin de proceder a:

1. Ampliar la moratoria en las actuaciones inspectoras a los clubs y a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, en el ámbito del deporte no profesional, hasta que se haya clarificado la normativa y establecido un sistema especial de la Seguridad Social para las mismas.

2. Establecer un sistema especial de la Seguridad Social, exento de cotización, para los clubs y las entidades deportivas sin ánimo de lucro, que incorpore a aquellas personas cuyo trabajo por cuenta ajena,


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en atención a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida, siempre que los ingresos no alcancen el salario mínimo interprofesional.

3. Aplicar, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una interpretación amplia de la legislación vigente en materia de seguridad social y voluntariado a las actividades deportivas efectuadas por clubs y entidades deportivas sin afán de lucro.

4. Reconocer claramente la figura del voluntario, sin relación laboral, en el caso de actividades deportivas realizadas por clubs y entidades sin finalidad de lucro.

5. Otorgar carácter informativo y no sancionador a cualquier acta abierta a entidades deportivas sin ánimo de lucro en el ámbito del deporte no profesional, cuando haya disconformidad entre las actuaciones del club o entidad deportiva y la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, siempre que la tipología de dichas disconformidades sea coincidente o habitual respecto a las detectadas por la inspección en otros clubs y entidades deportivas, pudiendo ser debida a una insuficiente claridad de la normativa aplicable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió).

161/001884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incentivación del mecenazgo en el deporte, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La coyuntura económica en la que se encuentra España ha forzado al Gobierno a aplicar medidas de ajuste presupuestario. Aunque las partidas destinadas a la promoción del deporte se han visto afectadas, el impacto de las restricciones en este ámbito está siendo amortiguado con acciones que el propio Ejecutivo está impulsando con el fin de optimizar todos los recursos públicos disponibles.

En consecuencia, la práctica del deporte en nuestro país no solo no se ha visto mermada por la crisis, sino que, por el contrario, el número de licencias deportivas federadas no ha dejado de aumentar en los últimos años. De acuerdo el último dato censal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (de finales de 2011), de los 46.815.916 habitantes con los que cuenta España, 3.547.177 (el 7,5%) son titulares de licencias con las que practicar un deporte federado.

No obstante, los recursos públicos que se invierten en el deporte, y más si cabe en las circunstancias actuales, no son ilimitados, y por ello parece adecuado reflexionar sobre la necesidad de estimular nuevas fórmulas de colaboración público-privada que favorezcan la consolidación y el desarrollo de los avances conseguidos hasta ahora en el ámbito del deporte.

Con la finalidad de agregar valor y complementar -en ningún caso sustituir- la labor desarrollada por las administraciones, parece razonable favorecer la mentalidad benefactora de la sociedad con independencia de la cuantía donada, pues las iniciativas particulares pueden resultar de mucha utilidad para hacer sostenibles y desarrollar en el tiempo las estructuras e iniciativas orientadas a fomentar la práctica del deporte en España.

En consecuencia, y teniendo presente el trabajo desarrollado por países de nuestro entorno como Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el contexto de la regulación del mecenazgo en la que está trabajando, a diseñar las medidas necesarias para impulsar el mecenazgo en el deporte, a los


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efectos de conjugar el interés general, el concepto de utilidad pública y la responsabilidad social corporativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de créditos universitarios en la formación profesional para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), dispone que se regulará el régimen de convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de formación profesional de grado superior y, a tal efecto, se ha establecido que en los módulos profesionales de los ciclos formativos de grado superior figurará, además de su duración en horas, su equivalencia en créditos.

Se trata de facilitar la convalidación de la formación profesional con estudios universitarios, posibilitar el paso de unas enseñanzas a otras, siempre dentro de la educación superior, y fomentar la formación a lo largo de la vida.

En desarrollo de esta ley se ha fijado ya el procedimiento para el reconocimiento de los créditos correspondientes a los módulos de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional por parte de las universidades, pero está pendiente el reconocimiento de los créditos relativos a estudios universitarios en los ciclos formativos de grado superior.

Con esta finalidad se aprobó el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que en su disposición final segunda habilita al Ministerio de Educación Cultura y Deporte para establecer los criterios de reconocimiento de dichos estudios.

El incremento de matriculación en la formación profesional en los últimos años y, en particular, de aquellos que proceden de estudios universitarios iniciados e interrumpidos, hacen aconsejable la determinación de un procedimiento ágil y claro para el reconocimiento de los créditos cursados en la medida que resulten estudios compatibles o que incorporen materias del área correspondiente.

El Grupo Popular considera necesario regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las enseñanzas del sistema educativo, lo que requiere el reconocimiento de estudios que deberá partir de la similitud entre las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y los que pretenda cursarse.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fijar, en virtud de la Disposición final segunda del Real Decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, los criterios para la valoración del reconocimiento de créditos universitarios en la formación profesional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para prevenir y corregir las situaciones de absentismo escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El derecho a la educación es uno de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna y forma parte del catálogo de derechos y libertades individuales que configuran nuestro Estado de Derecho. Así en su artículo 27.1 establece "Todos tienen derecho a la educación", en el 27.4 "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita". Disponiendo en el punto quinto de este mismo artículo que "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".

Este principio de obligatoriedad de la enseñanza recogido en la Constitución, se concreta en los diversos preceptos legales que configuran el actual ordenamiento educativo español y que sirven de base legal para el desarrollo de la legislación educativa autonómica. Es obligación de los poderes públicos velar por el correcto cumplimiento de los mismos.

El absentismo escolar entendido, en sentido amplio, como la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa justificada, y durante la edad de escolarización obligatoria, es un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo, lo que lo convierte en un problema social, en la medida que puede dar lugar a distintas formas de marginalidad o exclusión social.

La complejidad del problema del absentismo exige la colaboración de las administraciones, de los centros educativos y de las familias para la elaboración y ejecución de programas de prevención y control de este problema de naturaleza socio-educativa.

Los procedimientos que aplican los centros para combatir el absentismo son diversos territorialmente. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con su propio Plan de intervención contra el absentismo escolar, Ayuntamientos con programas de actuación, como el programa pionero "Ayúdate" de la Concejalía de Educación de Algete (Madrid) que ha involucrado a muchas familias de esa localidad con hijos absentistas sancionados con expulsión, a realizar servicios sociales para la comunidad; para que a través de este periodo, de conciliación de la vida laboral y familiar durante el tiempo de expulsión, el alumno reflexione sobre el comportamiento que ha tenido en la acción que ha realizado y tome conciencia de su conducta, alcanzando de este modo con la pena un efecto educativo y reparador.

Pero por otro lado, y como último recurso, una vez agotadas todas las intervenciones de carácter socio-educativo, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores (por ser ésta la encargada de velar por la protección de los derechos del menor), puede abrir diligencias contra los padres por un presunto delito de abandono de familia al privar a sus hijos del derecho a la educación, en el supuesto que quede demostrado que son ellos los culpables de que los chicos falten de forma reiterada a clase. El delito está recogido en el artículo 226 del Código Penal con penas de hasta seis meses de prisión.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 apunta que los casos más graves se producen a partir de los 14 años en jóvenes con largo historial de fracaso escolar y expulsiones, cuya reincorporación al curso o nivel en el que se detecta el absentismo deviene ya impracticable. Y cuando con los apercibimientos policiales o fiscales se logra la normalización escolar, el centro educativo acuerda casi inmediatamente la expulsión. Este fenómeno sugiere la incapacidad de respuesta en el ámbito educativo y, en todo caso, que el fracaso escolar no es consecuencia del absentismo sino una de sus causas. Todo ello no obstante reconociendo que se han reducido los casos.

El Grupo Parlamentario Popular considera conveniente en el ámbito educativo compartir experiencias de intervención del absentismo escolar que se están llevando a cabo en municipios, Comunidades Autónomas, o los protocolos de centros educativos, porque son instrumentos positivos que han logrado reducir notablemente las tasas de absentismo y, por consiguiente, de fracaso escolar.


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Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, propuestas efectivas contra el absentismo escolar como medida para mejorar el fracaso y abandono escolar, previo estudio de las actuaciones de prevención e intervención contra el absentismo escolar que desde el ámbito educativo, social y penal se están llevando a cabo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la situación de los colaboradores en entidades deportivas sin ánimo de lucro, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Para el desarrollo de la actividad de las entidades deportivas es necesaria la participación de colaboradores como entrenadores, árbitros, preparadores físicos, monitores, encargados de material, etc., que dedican unas horas semanales para la entidad. Las entidades deportivas sin ánimo de lucro han tenido como una práctica habitual la compensación económica para cubrir los gastos que origina a la persona colaboradora la realización de la actividad deportiva.

Ante las inspecciones de Empleo y Seguridad Social que están recibiendo los clubes y entidades deportivas como consecuencia de la actividad de los monitores, entrenadores y árbitros no profesionales y las consecuencias que ello está comportando para la viabilidad del sector de deporte de base y promoción, se considera imprescindible adoptar una serie de medidas que aclaren la situación y estatus del personal colaborador.

Hay que aclarar, facilitar y adecuar las obligaciones que deben cumplir las entidades para garantizar la supervivencia de las entidades del deporte amateur, fundamentales para el fomento de la práctica deportiva desde sus vertientes educativas, de promoción de hábitos saludables y de cohesión social. Es necesario por tanto adoptar medidas que permitan hacer compatible los derechos de estas personas colaboradoras y el cumplimiento de la normativa de seguridad social con la supervivencia de los clubes y entidades.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno:

1. Adoptar las medidas necesarias a fin y efecto de asegurar que las retribuciones económicas recibidas por monitores, entrenadores y árbitros para compensar los gastos a que se ven obligados para desarrollar su actividad no profesional, no sean considerados como salario y en consecuencia no deban estar sometidas a la obligación de cotización de seguridad social.

2. Acordar con la Inspección de Empleo y seguridad Social que, hasta que no se hayan concretado estos cambios, se produzca un período de moratoria en las referidas inspecciones, a fin y efecto de evitar efectos no deseados y provocar situaciones de inequidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Industria Energía y Turismo

161/001875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre permanencia de la empresa Galmed en Sagunto, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

El pasado mes de febrero los trabajadores/as de Galmed recibieron una carta remitida por la Junta Directiva de Thyssenkrupp Steel Europa planteando el cierre, reubicación o la venta de unidades administrativas lo que podría afectar especialmente a los 164 empleos directos que podrían perderse, más los 200 estrechamente vinculados a contratas y subcontratas y el efecto domino con Arcelor-Mittal -quien le procesa bobina para galvanizar-, así como con el resto de industrias y comercios, pudiendo arrastrar en torno a 800 trabajadores/as.

El énfasis de la multinacional en ajustar los productos y los procesos para ser competitivos en el mercado del acero así como expresiones de que "nuestro objetivo es volver a ser el número 1", refleja la propia intención de la multinacional, sacrificando puestos de trabajo por mor de la competitividad, sin olvidar un principio básico para el capital como es ampliar la tasa de beneficios. El resultado es evidente, un retroceso permanente en las condiciones laborales de los trabajadores/as y de pérdida de puestos de trabajo.

Lo especialmente grave de la planta de galvanizado de Thyssenkrupp Galmed en Sagunto y que debemos de reseñar con mayúsculas es que es una planta que ha obtenido beneficios en todos los ejercicios fiscales, más concretamente, en torno a los 14 millones de euros, en los dos últimos años. A pesar de ello, la insaciabilidad hace que se pretenda llevar a cabo procesos de reestructuración en nombre de los sacrosantos términos de "mercado y competitividad".

Una reestructuración que debemos dé analizar teniendo en cuenta los nuevos movimientos del capital, ya que no lleva a cabo un proceso de deslocalización a países donde la mano de obra y los costes laborales son más baratos, aquí sucede que Thyssentkrupp Steel Europe centraliza la producción en Alemania, produciéndose un repliegue a sus propio territorio-fronteras, garantizando tal y como ha comunicado a los trabajadores/as alemanes que no habrán despidos hasta el año 2020. Esto generará que la producción alemana tenga que trasladarse a España para servir a las plantas del automóvil (Seat, Ford, Citroën, etc.), hecho que logísticamente conllevará un mayor coste y encarecimiento del producto final (entre un 20% y 25%). Aunque en un principio la multinacional germana ha asegurado que correrá a su cargo ese sobrecoste, al medio o largo plazo supondrá un encarecimiento del producto, lo que puede hacer plantearse a los constructores del automóvil del estado español (España es el segundo constructor de unidades de automóvil de Europa) la conveniencia de trasladarse a países donde la materia prima está más cercana.

Desde la carta remitida por Thysentkrupp Steell Europe, las fuerzas políticas, sindicales y sociales de Sagunto y comarca han mostrado su apoyo a las diferentes iniciativas y movilizaciones planteadas por los trabajadores/as de TK Galmed, sin que el Gobierno haya hecho absolutamente nada al respecto al enmarcar esta decisión en el ámbito de la libertad de decisión de la empresa.

Movilizaciones que incluso han llevado a Bruselas y a Alemania a los trabajadores) para mantener reuniones, por un lado con los europarlamentarios para manifestar su inquietud por esta situación y para recordarles que fue precisamente la Comisión de la Competencia del Parlamento Europeo la que obligó, en 2002, a la venta de Galmed por el grupo Arcelor ante el monopolio que se podía generar en el mercado de galvanizado europeo. Y por otro, con la Junta Directiva de Thyssentkrup Steel Europe donde la multinacional insistió en la pretensión de cerrar, no contemplando la posibilidad de la venta ya que supondría su adquisición por un competidor directo y la pérdida de cuota en el mercado del acero. Hecho que debemos de reseñar, ya que precisamente fue Thyssenkrupp Steel Europe quien adquirió en el año 2002 la planta de Galmed. Con motivo de la fusión entre Aceralia, Arbert y Usinor que posteriormente daría lugar a Arcelor-Mittal, se iba a crear una posición de dominio del mercado del acero plano galvanizado, hecho que provoco que la comisión de la competencia europea obligara a desinvertir. Este hecho lo aprovecho Tyyssentkrupp Steel Europe para adquirir TK Galmed.


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La respuesta por parte de la empresa ha sido la de convocar por vía de urgencia a los trabajadores, para anunciarles el inicio, a partir del 1 de julio del periodo de consultas que precede a la extinción de los puestos de trabajo, lo que supondrá la segunda desindustrialización de esta comarca -tras la sufrida en los años 80-, lo que originará una mayor depresión de la economía local además de consolidar un paro estructural y sistémico en la comarca que puede convertirse en una bomba de relojería.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para:

1. Apoyar decididamente el desarrollo de un sector industrial fuerte, social y ecológicamente sostenible, en especial en zonas tradicionalmente industriales como Sagunto, entre otras" que sirva además como fuente generadora y de consolidación de puestos de trabajo.

2. Proceder a la nacionalización de la empresa de acero Galmed dentro de la estrategia de recuperar sectores públicos estratégicos de la economía, en el caso de que esta opte por su cierre o deslocalización fuera del país."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre medidas para promover la libre competencia en el sector del acero corrugado, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

La empresa siderúrgica Megasa de Narón (Ferrol), fabricante de barras de acero corrugado que emplea a 200 trabajadores directos y cerca de 1.000 indirectos, está atravesando una situación económica complicada que puede llevarla a suspender su actividad, lo que supondría un efecto demoledor para la economía de la ría de Ferrol, ya de por sí azotada por la crisis de los astilleros.

El comité de empresa de Megasa ha informado de que la dirección de la compañía ha asegurado que la siderúrgica lleva en proceso de pérdidas todo lo que va de año, de tal forma que al final de actual año eléctrico (de septiembre a septiembre) si no hay una solución se cerrará la empresa.

Al parecer, los cambios normativos introducidos por el Gobierno en el esquema de gestión de la demanda eléctrica de la industria básica están estrangulando la actividad de la siderúrgica Megasa. El origen del problema, según el comité de empresa, tiene que ver con el concepto de interrumpibilidad por el que desde hace 30 años se bonifica con 20 euros por megavatio consumido a industrias con un uso intensivo de electricidad por su disponibilidad para dejar de consumir en momentos puntuales de gran demanda. Este mecanismo está pensado para garantizar el suministro y ahorrar costes mayores que tendrían posibles apagones. Desde enero pasado entró en vigor una orden ministerial que ha elevado la subvención a 35 euros por megavatio para aquellas industrias cuyo consumo esté por encima de 100 megavatios.

Hasta ahora, en esa situación se encontraban compañías que no representan una competencia directa para Megasa, pero en la actualidad otras han tomado medidas, como el cierre de plantas pequeñas y la concentración de la producción en otras más grandes, para obtener la subvención de 35 euros por megavatio. El consumo de la siderúrgica Megasa está en torno a los 85 megavatios y, al parecer, la compañía no se plantea un aumento de capacidad para acceder a un coste más barato de la energía, entre otras cuestiones por la limitación física del recinto fabril.


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El comité de empresa argumenta que las pérdidas acumuladas en Megasa serían asumibies en un contexto normal porque se trata de una empresa saneada y, hasta ahora, competitiva. El problema es que el efecto de la reducción de costes por parte de la competencia parece insalvable.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para corregir los efectos negativos que la reforma sobre la interrumpibilidad bonificada ha causado en la libre competencia en el sector del acero corrugado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001901

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el sector naval, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

La grave y profunda crisis económica ha acelerado la necesidad de contar con una política industrial proactiva que incremente la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. La evidencia nos dice que el sector industrial conlleva más exportación e internacionalización, más innovación y mayor productividad. Por tanto, la salida de la crisis económica y el impulso de un nuevo modelo de crecimiento durante los próximos años, basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, pasa irremediablemente por mejorar la competitividad de la industria del país.

El sector de la construcción naval aporta más de 85.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la gran mayoría empleos de cualificación elevada, localizados fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y País Vasco. Los astilleros tienen, además, una gran capacidad de arrastre para la industria auxiliar y aportan gran valor añadido al construir buques tecnológicamente avanzados. Por tanto, la industria naval tiene que ser considerada estratégica para el Gobierno de España.

Además en el contexto de una economía globalizada, la Unión Europea debe poner en marcha una estrategia industrial orientada a la recuperación del papel de la industria en el PIB hasta alcanzar el 20% propuesto como objetivo para el 2020. Con la innovación como eje principal en las ventajas competitivas, donde la construcción naval tiene su principal fortaleza.

La apertura en junio de 2011 de un procedimiento de investigación por parte de la Comisión Europea al sistema de arrendamiento financiero, conocido como tax tease, se ha traducido en una paralización de la contratación de buques por parte de los astilleros con el consiguiente efecto sobre la viabilidad económica y el empleo del sector naval en nuestro país.

La reciente decisión del Colegio de Comisarios declarando parte de los beneficios fiscales a las Agrupaciones de Interés Económico como incompatibles con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y la exigencia de la devolución de las ayudas recibidas durante el periodo 2007 a 2011, supone un importante revés para el sector, con el consiguiente impacto sobre los inversores, las entidades financieras y la reputación conseguida a lo largo de muchos años de experiencia en el sector naval.

Ante esta situación, el Gobierno de España debe ejercer su responsabilidad como Estado Miembro mediante la defensa del sector y la legalidad del sistema fiscal español y su concordancia con la normativa europea en materia de ayudas de Estado mediante la presentación de un recurso ante la Decisión acordada por la Comisión Europea, en defensa de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.


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Además, dentro de las medidas para consolidar el sector naval, el Gobierno de España debe convocar la mesa del sector para diseñar un Plan de Futuro del Sector acordado con empresarios y trabajadores, que proporcione toda la información sobre las decisiones que afecten al sector.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Defender ante las instituciones europeas la importancia del sector naval, dentro de las líneas estratégicas de política industrial europea en la Estrategia Europea 2020, que considera la construcción de vehículos y buques limpios como una de las seis líneas prioritarias de actuación. Especialmente, por su capacidad de innovación y componente exportador en el contexto de una economía globalizada.

2. Recurrir la Decisión del Colegio de Comisarios por la que declara incompatible con la normativa europea en materia de ayudas de Estado el régimen de ayudas fiscales aprobado por España en 2002 y aplicado a las Agrupaciones de Interés Económico y exige la devolución al Estado Español de las otorgadas en el periodo 2007 a 2011.

3. Convocar, de manera inmediata, a través del Ministerio de industria, Energía y Turismo, la mesa de diálogo social del sector naval con los representantes de los trabajadores y de los empresarios y las Comunidades Autónomas afectadas para diseñar un Plan Estratégico para la viabilidad del sector. En dicho Plan, el Gobierno de España deberá establecer un marco de acción dirigido a garantizar que los inversores se mantengan en el ámbito del sector naval y que las líneas de crédito sean operativas con el nuevo régimen de arrendamiento financiero y en la recuperación de la actividad del sector naval."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio 2013.-María Luisa Carcedo Roces, María del Carmen Silva Rego y Odón Elorza González, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Rural Sostenible en Aragón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se redactó un Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) mediante la colaboración de buena parte de los Departamentos Ministeriales y de todas las Comunidades Autónomas. El objetivo primordial era mantener la población y mejorar la calidad de vida y los niveles de renta en las zonas rurales de todo el Estado. Actuando con diversas medidas sobre cuatro ejes estratégicos: actividad económica y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar social, y medio ambiente. Actuaciones cofinanciadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con una aportación acordada de 905 millones de euros por cada una de las partes, a razón de 181 millones anuales por cada parte en el periodo 2011-2015. Con un resultado final de 1.810 millones invertidos para 219 zonas rurales que aglutinan una población de 10,5 millones de habitantes.

Aragón fue una de las pocas Comunidades Autónomas que cumplió con las condiciones y el cronograma previstos en tiempo y forma. El 21 de diciembre de 2010, las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma firmaron un Protocolo de Colaboración para aplicar el PDRS, que permitió la elaboración de los 33 Planes de Zona, uno para cada una de las comarcas rurales aragonesas, todas ellas


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a excepción de la demarcación de Zaragoza, debido a la desvertebración, despoblación y desequilibrio territorial que afecta a la práctica totalidad del territorio aragonés (no olvidemos que el 95% de su territorio está calificado como "rural").

Estos planes fueron aprobados en cada una de las comarcas aragonesas, después de un proceso muy participativo, y posteriormente en febrero de 2011 por el Consejo para el Desarrollo Rural. Recogían un plan plurianual de inversiones para la activación de la economía en Aragón de 2011 a 2015, que significaba una inversión para las comarcas aragonesas, contando con los planes piloto anteriores, de 171,2 millones de euros, de los que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debía aportar 73,5 millones.

Sin embargo, a excepción de los prometedores resultados obtenidos en la aplicación de esos planes pilotos en algunas de las comarcas, para Aragón todo quedó en agua de borrajas. Al poco tiempo, los Ministerios de Economía y Hacienda y el de Medio Ambiente impidieron la aprobación y firma definitiva del convenio, alegando el incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de los criterios de déficit establecidos.

Esa circunstancia ya está solventada. Actualmente Aragón cumple con el objetivo de déficit establecido, con un 1,47% en 2012, por debajo del 1,5% fijado. Por lo que el 11 de junio de este mismo año todas las formaciones políticas de las Cortes de Aragón han adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:

"Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Solicitar al Gobierno de España la firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, mediante la ejecución de los Planes de Zona, habida cuenta de que Aragón cumple con los objetivos de déficit, tal como se requería por parte de los ministerios competentes en Hacienda y en Medio Ambiente.

2. Solicitar a la Administración General del Estado la inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 y siguientes, de las partidas específicas por el importe que permita cumplir los compromisos de cofinanciación, al igual que al Gobierno de Aragón.

3. Establecer los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento del convenio que se firme con la Administración General del Estado, garantizando el cumplimiento de los Planes de Zona.

4. Reclamar a la Administración General del Estado que en cualquier modificación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de su principal instrumento de aplicación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), así como de otros programas o herramientas derivadas, se respeten y cumplan, en todo caso, los compromisos ya adquiridos con Aragón.

5. En el caso de que el Ministerio esté trabajando en la modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, la propuesta se realice mediante el acuerdo con las Comunidades Autónomas, así como con el resto de agentes implicados que participaron en su elaboración y en la del PDRS actualmente vigentes, tanto a nivel nacional como autonómicos y locales."

Por todos estos motivos, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:

1. Proceder a la firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, mediante la ejecución de los Planes de Zona aprobados.

2. Incluir en los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 y siguientes las partidas específicas que permitan cumplir los compromisos de cofinanciación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Aragón."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/001879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para abastecer de agua potable la comarca valenciana de La Ribera a través del río Júcar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El abastecimiento de agua para consumo humano en las poblaciones de la comarca de la Ribera, provincia de Valencia, continúa con problemas de contaminación por nitratos y herbicidas en concentraciones que superan con creces las compatibles con la protección de la salud. La errática actuación la Generalitat valenciana y la falta de actuación del Gobierno de España, en lugar de solucionar los problemas, están provocado su cronificación y su agravamiento.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está preparando un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca del Río Júcar. "El Consejo del Agua de la Cuenca" y el "Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar" (integrado por representantes de la Administración general del Estado y de la autonómica) han aprobado, en este mes de mayo de 2013, aumentar el caudal de trasvase de agua para regadío. Mientras, el Gobierno autonómico y el estatal se niegan a dar una reserva de agua propia para el consumo humano de la Comarca de la Ribera.

La solución ofrecida por la Generalitat valenciana consiste en arbitrar un sistema que permita el intercambio de aguas entre usuarios, de modo que los regantes podrían ceder agua a los Ayuntamientos y sacar agua de los pozos de sequía. A cambio, los regantes percibirán una compensación económica que podría llegar a los 2.1 millones de euros anuales. En definitiva, en sistema de concesión les atribuye más agua de la necesaria y permite que realicen un lucrativo negocio, pero niegan el derecho a disfrutar de esa agua para consumo humano a los Ayuntamientos de la Ribera. Otras zonas urbanas tienen asignadas concesiones o reservas de agua procedentes del río Júcar para suministrar agua de consumo humano.

El Grupo Parlamentario Socialista debe seguir insistiendo en la exigencia de solucionar estos graves problemas de abastecimiento de agua de consumo humano en la Comarca de la Ribera ante la ineptitud y la falta de actuación del Gobierno autonómico y la posibilidad de su solución a través de medidas que resitúen las prioridades. Ante la escasez de agua, el consumo humano no puede estar detrás de las necesidades del regadío y por eso se debería otorgar una concesión originaria a los Ayuntamientos de la Ribera con esta finalidad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, actualmente en tramitación, una concesión de aguas superficiales para el abastecimiento a las poblaciones de la comarca de la Ribera de Valencia de forma que se garantice a la población el abastecimiento independiente de agua potable sin riesgos para la salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio 2013.-José Luis Ábalos Meco y Joaquim Francesc Puig i Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para garantizar el cumplimiento de


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las obligaciones internacionales del Estado español en materia de salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

La prestigiosa organización Amnistía Internacional ha hecho público recientemente el informe "El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares". En él se denuncian las consecuencias de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en el derecho a la salud y, en particular, se examina la situación en las Islas Baleares.

Desde el 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado, a través del Real Decreto-ley 16/2012 el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular. La norma establece que las personas migrantes en situación irregular mayores de edad solo tendrán asistencia sanitaria gratuita en caso de urgencia o accidentes hasta el alta médica; y en el supuesto de embarazo, parto y posparto. La reforma ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas migrantes, impidiendo o dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e incluso poniendo, en ocasiones, su vida en riesgo.

Esta reforma incluye medidas regresivas y discriminatorias, prohibidas por los estándares internacionales y supone la violación del derecho humano a la salud de las personas migrantes que viven en España, puesto que la reforma ni siquiera garantiza el acceso de estas personas a la atención primaria.

Diferentes sectores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sector jurídico, etc.) y, sobre todo, el propio sector sanitario han manifestado su rotunda oposición al Real Decreto-ley 16/2012. También algunas comunidades autónomas se han opuesto al mismo e incluso lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Otras comunidades, sin embargo, lo han aplicado y restringido el acceso al sistema sanitario público a miles de migrantes que viven en sus territorios. Todo ello ha generado una situación de enorme disparidad entre comunidades autónomas, incluso en el interior de las mismas, pues existe una evidente situación de caos y confusión dentro de la administración sanitaria sobre cómo aplicar la reforma.

En este contexto, Amnistía Internacional ha realizado una investigación a través de la cual ha documentado que, en las Islas Baleares, se obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a las personas migrantes, tanto mujeres como hombres en situación irregular. La organización ha podido constatar que esto se produce no solo como consecuencia directa de la aplicación del mencionado Real Decreto-ley, sino también como consecuencia de una serie de errores o irregularidades administrativas que, sin ajustarse a la legislación vigente, podría estar dejando sin asistencia sanitaria a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

No obstante la preocupación sobre la vulneración del derecho a la salud no se limita a las Islas Baleares. Lo que allí se ha constatado es una situación que, desgraciadamente y según las denuncias recibidas, entre otros, por Amnistía Internacional, se podría estar dando en otras comunidades autónomas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Impulsar las medidas legislativas que corresponda para restablecer la universalidad del derecho a la salud, incluyendo la modificación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el fin de garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa.

2. Adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los organismos internacionales en relación a la asistencia sanitaria de personas inmigrantes en situación irregular, en particular las del Comité DESC de mayo de 2012 y las del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Racismo de junio de 2013.

3. Elaborar y publicar una evaluación del impacto que el Real Decreto-ley 16/2012 tiene sobre el derecho al más alto nivel de salud y las consecuencias diferenciadas que podrían producirse sobre mujeres y niñas.


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4. Abstenerse de realizar y rechazar los discursos de autoridades que estigmatizan a las personas migrantes, atribuyéndoles un uso abusivo de la asistencia sanitaria.

5. Poner en marcha de manera urgente medidas efectivas para combatir la discriminación de las personas migrantes en situación irregular que se encuentran en el Estado español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2013.-Laia Ortiz Castellví y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001893

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesaria protección de las familias numerosas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La familia desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, aporta estabilidad y solidez a las relaciones personales, y constituye un importante elemento de cohesión social.

La crisis económica ha puesto de manifiesto la importancia de la institución familiar. Con más de seis millones de parados y cerca de dos millones de familias con todos sus miembros en paro, la solidaridad intrafamiliar está resultando la última y más importante red de apoyo ante las situaciones de dificultad de sus miembros. Esta mayor demanda de necesidades a las que hacer frente, ha provocado que se precaricen las condiciones de vida de muchos hogares de nuestro país.

Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas, integradas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes, presentan una mayor problemática por el coste que representa para ellas el cuidado y protección de sus miembros. Según la encuesta presentada el pasado 8 de abril de 2013 por parte de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), a 6.500 familias numerosas para determinar cómo se desarrolla la economía doméstica, la mayoría de ellas tienen dificultades para llegar a final de mes, concretamente un 75% de las encuestadas al ser más las personas a las que el órgano familiar tiene que ayudar.

La Constitución Española de 1978 declara en el apartado primero de su artículo 39 que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En estos momentos, los servicios públicos deben desplegar más que nunca sus redes de protección.

Consciente de esta realidad, el Gobierno ha aprobado recientemente el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que incluye un objetivo específico orientado a avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades en el cuidado, la educación y el desarrollo integral de los niños, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En la misma línea, el Consejo de Ministros ha adoptado en su reunión de 21 de diciembre de 2012 un Acuerdo por el que se crea la Comisión Técnica Interministerial de Familia, con el encargo de elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia, que deberá articular los objetivos, líneas estratégicas y medidas que deben impulsar los distintos Departamentos Ministeriales en este ámbito, garantizando una perspectiva transversal, coherente e integrada de las políticas de apoyo a la familia.

Además, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario impulsar desde el ámbito legislativo, medidas que complementan la acción del Gobierno y que estén dirigidas a la especial protección de las familias numerosas.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia garantice que en todas las políticas públicas se tenga en cuenta la perspectiva familiar de forma transversal, prestando especial atención a las familias numerosas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un plan de prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) como aquel que produce un deterioro progresivo de las células que conforman el sistema inmunitario, alterando o anulando su función, y generando inmunodeficiencia en el organismo frente a infecciones y enfermedades.

El VIH puede transmitirse por vía sexual, cuando se mantienen relaciones vaginales, anales u orales con una persona infectada; por vía sanguínea, mediante transfuciones de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos cortantes que hayan estado en contacto con sangre infectada, y por la vía materno-filial, es decir, cuando una mujer seropositiva transmite el virus durante el embarazo, el parto o la lactancia a su hijo.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente conocido como sida, es el estado avanzado de la infección causada por el VIH. Han pasado 30 años desde que se diagnosticó el primer enfermo de sida en España. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de las más de 120.000 personas que se calcula tienen VIH en España, el 30% no es consciente, lo que supone que más de 40.000 infectados ignoran su situación a pesar del peligro que entraña para su salud y para la salud de los que le rodean.

Con el fin de hacer frente a los 3.500-4.500 nuevos casos de sida que cada año se diagnostican en nuestro país, la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida aprobó el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH-sida 2008-2012 con el fin de promover actividades relacionadas con la prevención de nuevas infecciones, la diagnosis precoz, la reducción del impacto negativo de la epidemia en la sociedad, y la coordinación de esfuerzos frente a la infección por VIH.

Son acciones desarrolladas desde la coordinación entre las administraciones públicas, las sociedades científicas y la sociedad civil; iniciativas que deben ser evaluadas para conocer su grado de cumpliento y de éxito con el fin de promover mejoras en los programas preventivos, en la agilización de los diagnósticos, en la adaptación de la asistencia a las necesidades cambiantes de cada paciente, y en la lucha contra los estigmas y la discriminación en la sociedad hacia las personas afectadas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en el segundo semestre de 2013 y en colaboración con las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y las organizaciones no gubernamentales, el Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual, que deberá tener una visión integral de la prevención, impulsar el


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diagnóstico precoz y favorecer el desarrollo de vacunas, microbicidas y medicamentos de última generación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar una mayor cooperación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El escenario al que nos enfrentamos en el entorno internacional es cada vez más complejo; han cambiado las amenazas, adoptando características transfronterizas y globales, los actores, las herramientas y los riesgos. Para responder a esta nueva realidad es necesaria una cooperación transfronteriza y entre todos los actores, coordinando acciones a nivel multilateral e interdepartamental, a corto, medio y largo plazo.

De acuerdo con los datos de la UE el número de personas que viven en países con situaciones graves de conflicto político, violencia armada, inseguridad o fragilidad alcanza los 1.500 millones. Los bajos índices de seguridad física, los problemas de gobernanza y la débil capacidad institucional, factores todos que afectan al libre desarrollo de las mujeres, hacen muy difícil el avance en las materias que constituyen los principales parámetros de los Objetivos del Milenio (ODM). En abril de 2011 ningún país en situación de fragilidad por sus bajos ingresos o afectado por un conflicto había alcanzado un solo ODM. Por otro lado, las acciones armadas están ligadas a su propio contexto, relacionadas con aspectos socioculturales, políticos y económicos. Por ello, el conocimiento de estos factores es fundamental para un diseño integral de cualquier estrategia.

La compleja crisis de Mali constituye un claro ejemplo de este nuevo escenario. Según cifras de enero 2013 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el conflicto afecta a cuatro millones y medio de personas y comprende una crisis política y una bélica que contribuyen a agravar la crisis humanitaria de la zona, con un alto grado de inseguridad alimentaria, y graves problemas relacionados con la salud, especialmente materno-infantil y epidemiológica, con 1,5 millones de personas en riesgo de cólera.

A la vista de estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque integral en el que la seguridad y el desarrollo sean tratados de manera coordinada. En palabras del Secretario General de NNUU en 2005 "No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos."

Cooperación y seguridad son, por lo tanto, dos vectores que se retroalimentan. Por un lado las ONGDs necesitan asegurar sus zonas de trabajo y, a su vez, su trabajo consigue incidir en la ruptura del círculo vicioso de la pobreza, !a guerra y la debilidad de las capacidades tanto sociales como políticas y económicas, que son causa de las crisis. La pobreza es el síntoma pero también muchas veces la causa de estas situaciones. Además, la violencia tiene un gran impacto en cooperación, tanto en el logro de los ODM como a través de su altísimo coste económico, afectando a la población -de manera especialmente grave a mujeres y niños- y a sus medios de vida e infraestructuras, desincentivando la inversión y absorbiendo los fondos del estado para combatirla, alejándolos de los fines sociales.

En esta línea, las misiones internacionales actuales cuentan con un elevado componente político, con el objetivo de fortalecer el vínculo estado-sociedad y la construcción del estado. Los esfuerzos en


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fortalecimiento de capacidades en Somalia y en Afganistán han sido importantes, como previsiblemente lo serán en Mali. Son fundamentales para que puedan dotarse de unas estructuras capaces de gestionar la autoridad legítima de su territorio y contribuyan a estabilizar las áreas de crisis a través de la consolidación de un Estado de Derecho. La asistencia militar del ejército comparte, asegura y apoya fines civiles y humanitarios, de reconstrucción y de capacitación de tropas.

Desde la perspectiva de la prevención, la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) debe también contribuir a la paz y seguridad colectiva e individual en el largo plazo. Tanto la política de desarrollo de la UE como la española reflejada en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, tienen por objetivo primordial la erradicación de la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible, y fomentan la democracia, el buen gobierno y el respeto de los Derechos Humanos a través de políticas transparentes.

Todo ello encontrará cabida también en la futura Ley de Acción Exterior y Servicio Exterior del Estado que busca una mayor coordinación, un mejor uso de los recursos e incrementar el impacto de nuestra política exterior ante un escenario internacional radicalmente transformado.

También el IV Plan Director de la Cooperación Española recoge cómo las políticas de cooperación más eficaces contribuirán a una acción exterior más coherente generando espacios para sinergias positivas y mayores impactos en otras políticas del gobierno español en el exterior.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Consolidar sistemas transversales para mejorar la coordinación entre las acciones militares y las que tienen lugar en el ámbito civil en materia de desarrollo, reforzando la perspectiva de los Derechos Humanos.

- Tener en cuenta la perspectiva de género en situaciones de conflicto, en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325.

- Fomentar en el seno de las Organizaciones Multilaterales y Organismos Internacionales la coordinación que contribuya a una ayuda integral más eficaz y favorezca que los estados asuman mayores responsabilidades orientadas a construir instituciones estatales eficaces y sólidas, así como una sociedad activa y organizada.

- Recoger esta coherencia, consistencia interna y coordinación en el marco de la estrategia de política exterior y en el seno de la futura Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, con el aprovechamiento de estas sinergias a través de la propia actividad del Consejo de Política Exterior.

- Promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario especialmente en las zonas afectadas por conflictos, y la coordinación entre acciones militares y humanitarias que permitan el acceso libre y seguro de la ayuda a las víctimas afectadas.

- Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones humanitarias y de desarrollo de las misiones militares, y en base a sus resultados, incorporar las lecciones aprendidas en el segundo programa bienal 2014-2016 de manera que aseguren la inclusión de una perspectiva integral pero diferenciada de aproximación a los conflictos y a sus causas, que favorezca una mejora en la prevención y resolución de los conflictos y la consolidación de la paz."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001896

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la abolición de la pena de muerte a nivel mundial, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


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Exposición de motivos

En junio de 2013 se ha celebrado en Madrid el 5.° Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que cuenta con el apoyo y patrocinio del Gobierno Español así como de los gobiernos noruego, francés y suizo. Este Congreso es una excepcional ocasión para poner de manifiesto la realidad de la pena de muerte en el mundo y para seguir impulsando medidas entre la sociedad civil y los poderes públicos para la abolición universal de una práctica contraria a los Derechos Humanos.

Los datos más recientes son de 2012, año en el que 682 personas fueron ejecutadas en 21 países, excluyendo China, país del que no dispone de datos oficiales publicados. Más del 90% de las ejecuciones tuvieron lugar en 8 países: Arabia Saudí (al menos 79), Corea del Norte (al menos 6), China (miles), Estados Unidos (43), Irak (al menos 129, donde hubo alarmante aumento de las ejecuciones en relación con 2011 -68- ), Irán (al menos 314) y Yemen (al menos 28). Además, se reanudaron las ejecuciones en Gambia (9), India (1), Japón (7) y Pakistán (1). Aunque la tendencia mundial avanza hacia la abolición, todavía 21 de los 58 países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes, continúan con sus prácticas a ritmos muy preocupantes.

La Unión Europea se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier caso y circunstancia, y cuenta entre los objetivos esenciales de su política de derechos humanos la abolición universal de esa pena a nivel mundial. Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, declaró en octubre de 2012 que "La pena capital es un acto cruel, inhumano e irreversible que viola el derecho humano fundamental a la vida y a la dignidad. El error judicial, supuesto del que no está inmune ningún ordenamiento jurídico, acarrea la pérdida dramática e irreversible de una vida humana. La pena de muerte ni revierte el delito que aspira a castigar ni alivia la pérdida de la víctima. Debería haberse convertido ya en una reliquia del pasado".

España y la UE consideran que la pena de muerte constituye una seria violación de los derechos humanos. La pena de muerte ataca de forma directa la defensa de la dignidad humana que se ampara en el resto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que se desprenda de esa DUDH.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 15 que "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".

Años más tarde y profundizando en la idea de hacer desaparecer la pena de muerte del ordenamiento jurídico español y dar por abolida de forma absoluta esta condena en nuestro país, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de tal forma que abolía también la pena de muerte en tiempos de guerra. El carácter prioritario que ostenta la lucha contra la pena de muerte en la política exterior de España, se ha demostrado siempre a través de un papel activo y comprometido con esta lacra, prueba de ello ha sido por ejemplo la creación en 2010 a iniciativa española de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, compuesta por personalidades de reconocido prestigio internacional, y con el respaldo y asesoramiento de países de todo el mundo: Argelia, Argentina, España, Filipinas, Francia, Italia, Kazajstán, México, Noruega, Mongolia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Turquía. Este organismo mantiene la determinación de contribuir con su trabajo a promover, complementar o respaldar toda acción encaminada a la abolición de la pena de muerte en el mundo, cuyo valor añadido es la capacidad de influencia e interlocución en la esfera internacional que aporta la dilatada experiencia de sus comisarios.

España debe seguir siendo un país protagonista en el defensa de los Derechos Humanos y de las libertades públicas, defendiendo ante todo la libertad del ser humano y una justicia sancionadora que no sea contraria a la propia vida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir trabajando en alianza con la Unión Europea para lograr que otros países avancen en la abolición de la pena de muerte y acabe siendo una realidad prohibida en el ordenamiento jurídico internacional.


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2. Potenciar el papel de las instituciones nacionales e internacionales así como de la sociedad civil, que luchan por acabar con la pena de muerte y por la defensa de los derechos humanos en el mundo.

3. Apoyar y dar difusión al 5.° Congreso Mundial contra la pena de muerte que se celebrará en junio de 2013 en Madrid, así como vincular a los poderes políticos e institucionales de España para aumentar la coherencia de políticas de toda la Administración y poderes del Estado a tal fin."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura

161/001883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de los rodajes cinematográficos en España, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Las razones que hacen competitiva a España como lugar de rodaje frente a otros países son muchas, desde sus complejos cinematográficos dotados de los últimos avances tecnológicos, su multitud de localizaciones diversas y dramáticas, la hospitalidad de su gente y su clima de largas horas de luz, entre otras.

Los rodajes tienen un importante impacto de retorno que se mide no sólo en términos de empleabilidad directa e indirecta, sino también en el turismo y en la promoción internacional de España lo que favorece su imagen de marca, trasladando al contexto internacional una visión del país moderna, diversa y plenamente competitiva.

Contribuye asimismo al desarrollo de un tejido empresarial cultural español y abre la posibilidad de una mayor demanda de rodajes.

Spain Film Commission (SFC) es la entidad que agrupa a todas las Film Commissions/Offices autonómicas, provinciales, insulares y locales que actúan en España. Tiene como objetivo la atracción de productores al territorio español para que utilicen sus localizaciones como lugar de rodaje, constituye en definitiva un elemento dinamizador de la economía, en tanto generador de riqueza y de promoción turística.

De este modo, el Grupo Parlamentario Popular considera que en el ámbito de la comunicación y cooperación cultural que debe regir entre administraciones públicas y otras instituciones, debe apoyarse a las Film Commissions como instrumentos al servicio de la producción cinematográfica, porque son instituciones que vienen desarrollando una importante labor para atraer rodajes de obras audiovisuales al territorio español.

Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar a las entidades que actúan como instrumentos al servicio de la producción cinematográfica y a fomentar los rodajes internacionales en España por su impacto como elemento dinamizador de la economía española y su valor intrínseco en tanto que proyección exterior de la Marca España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento e impulso del teatro amateur, para su debate en la Comisión de Cultura.

Las artes escénicas son una práctica de alto valor para el desarrollo personal y colectivo porque son experiencias emotivas compartidas de representación de la realidad que permiten interiorizarla y enriquecer el sistema personal de valores. Como práctica compartida, las artes escénicas son un factor importante de identidad cultural y de cohesión social, entre otros motivos porque permite comprender la diversidad de expresiones culturales que conviven en un territorio.

En el ámbito cultura!, la expresión "práctica amateur" designa cualquier actividad artística y cultural ejercida fuera de toda influencia escolar o profesional, individualmente o en grupo, en el marco del ocio y el tiempo libre.

Los aficionados al teatro necesitan formación, intercambios y público para adquirir las herramientas que les faltan, para encontrar la exactitud de la expresión que buscan. No reivindican la "profesión", pero tiene la exigencia del "oficio" de actor. Ofrecen su teatro al público y con él la libertad de descubrir nuevas posibilidades de vida, nuevos lenguajes del cuerpo, la palabra y la imaginación.

No debemos situar al teatro amateur frente al teatro profesional ni buscar una confrontación o competencia a todas luces estéril e inexistente. Ambos teatros, amateur y profesional, pueden y deben convivir, coexistir y desarrollarse con todas las garantías y el apoyo institucional que sea posible. Constituye un error la contraposición entre amateur y profesional. Ambos son necesarios, ambos aportan elementos distintos y enriquecedores a la cultura desde del ámbito de las artes escénicas.

Consideramos que en momentos críticos para la cultura como el actual, es imprescindible la defensa de este tipo de actividades que, como el teatro amateur, han servido en no pocas ocasiones como catapulta o trampolín para muchos hombres y mujeres que luego han dado el salto al estadio profesional. Pero no es este elemento el crucial, sino que la defensa del teatro amateur reside en su función esencial en los procesos de socialización, de reconocimiento recíproco, de uso de códigos comunes no impuestos.

Son miles las compañías de teatro amateur que existen en nuestro país, muchas más de la que el Plan General de Teatro 2007 llegaba a reconocer en su informe. Por eso mismo, es necesario regular y apoyar dicha actividad, fomentando e impulsando el teatro aficionado.

Ante las preguntas realizadas por Izquierda Plural acerca del teatro amateur, el Gobierno respondió remitiéndose al Plan General del Teatro, ofreciendo cifras incompletas y mostrando un claro menosprecio por el teatro amateur, como si fuera el "hermano pequeño" y, por tanto, receptor de una menor consideración. El Plan General de Teatro de 2007, revisado en 2011, no responde de manera suficiente a las necesidades del teatro aficionado y se queda en una mera declaración de intenciones.

Desde el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural consideramos que el teatro aficionado o amateur debería recibir, como mínimo, el mismo apoyo y subvenciones públicas que las que recibe el teatro profesional. No basta con la existencia de diferentes premios, aunque sin duda estos supongan un incentivo. Debe cambiar la valoración que se hace desde la administración de esta forma de teatro y entender que es una realidad que cada día cobra nuevos bríos, con una amplia base cultural, social y económica.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar las medidas de apoyo y fomento del teatro amateur a través del desarrollo de las nueve medidas ya contempladas en el Plan General del Teatro 2007 para el Teatro Amateur, en el punto 3.4.3 del apartado de propuestas:

a) Diseñar y poner en marcha medidas específicas de fomento y ayuda al teatro de base amateur/aficionado.


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b) Potenciar mediante medidas concretas la colaboración de los colectivos aficionados en la difusión del teatro en el ámbito de su entorno geográfico.

c) Establecer contactos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la puesta en marcha de medidas de promoción del teatro no profesional por parte de los Ayuntamientos.

d) Facilitar espacios públicos e infraestructuras adecuadamente dotadas (locales equipados: escenarios, cámara negra, camerinos, equipos de sonido e iluminación, etc.) en los que se puedan presentar los trabajos de los grupos y artistas aficionados.

e) Coordinar y articular las manifestaciones teatrales realizadas por compañías aficionadas en el territorio español.

f) Organizar cursos y seminarios para el desarrollo y adquisición de técnicas teatrales por parte de los integrantes de estos grupos. Estudiar la inclusión de módulos o especialidades dedicadas al teatro amateur/aficionado en los programas de formación de las Escuelas de Arte Dramático.

g) Promover intercambios entre los grupos pertenecientes a las distintas Federaciones.

h) Organización jornadas, encuentros, debates y otros eventos que faciliten un intercambio enriquecedor entre las distintas organizaciones regionales, nacionales o de la Unión Europea de teatro no profesional.

i) Promover la colaboración del teatro no profesional en la difusión de los autores teatrales y sus obras, estableciendo relaciones de cooperación mutua con los autores y las entidades que los representan o gestionan sus derechos de propiedad intelectual.

2. Crear una Mesa para el Teatro Amateur entre el ministerio de Cultura y las asociaciones de teatro amateur para el desarrollo y aplicación de dichas medidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Igualdad

161/001886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, fue publicado en 2011 por el Ministerio de Justicia a petición de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y está dirigido a equipos profesionales forenses que trabajan en las Unidades de Valoración Integral de los Institutos de Medicina Legal.

Tiene una finalidad de carácter operativo y responde a la inmediatez procesal que requieren los asuntos relacionados con la violencia machista en el ámbito judicial, muy especialmente de los dirigidos a las mujeres que la sufren.

A través de la utilización del citado protocolo se lleva a cabo, en un plazo inferior a 72 horas -que es el tiempo del que dispone la autoridad judicial para adoptar medidas cautelares contra la persona acusada-, de una valoración, a solicitud de la autoridad judicial competente, del riesgo de un futuro comportamiento violento de cara a la protección de las víctimas. En este sentido, la exploración del agresor es ineludible para emitir un juicio sobre el riesgo de su conducta. Además se valoran las declaraciones de la víctima, posibles testigos y agresor ante la autoridad judicial, así como los antecedentes policiales y/o penales del sujeto.


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Su diseño permite una utilización sencilla para orientar a la autoridad judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, respecto a la adopción de las medidas necesarias y oportunas para proteger a las mujeres víctimas de maltrato.

En el informe semestral que la Fiscalía General del Estado remite al Congreso de los Diputados en relación con la violencia de género, se refleja de manera clara que, pese a la gran utilidad del Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, su utilización es muy escasa, habiéndose emitido, hasta el mes de junio de 2012, solamente 58 informes siguiendo el protocolo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la utilización del Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar la equiparación de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niños en zonas bélicas a los crímenes de guerra, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En los conflictos armados se produce una grave y constante violación de los Derechos Humanos.

En la mayoría de los territorios que viven una situación de conflicto, se recurre a la violación, al abuso y a la agresión sexual contra mujeres y niños como arma táctica para crear inseguridad, mostrar dominio y superioridad, obtener información y humillar al enemigo, lo que inevitablemente provoca que se perpetúe la situación de conflicto. Miles de mujeres fueron violadas en Bosnia en los años noventa, cientos de miles en el genocidio de Ruanda y hasta 250.000 en la República Democrática de Congo en la última década.

Debido a la enorme dificultad para el registro de los datos sobre esta materia, no existen cifras oficiales acerca de la utilización de la violencia sexual sistemática como arma de guerra. Sólo se conocen los casos más espantosos y son muy pocos los lugares donde las mujeres pueden denunciar de manera segura. En algunos países, las víctimas prefieren guardar silencio sobre lo sucedido para evitar la vergüenza y el estigma que cae sobre ellas, que, en ocasiones son apartadas de la sociedad, castigadas e incluso criminalizadas. Esta impunidad casi total en los casos de violencia sexual resulta altamente preocupante.

En su último informe sobre la materia, Save The Children afirma que los niños constituyen la mayor parte de las víctimas de violencia sexual en las zonas de conflicto y postconflicto, apuntando, en este sentido que, en algunos países en combate, el 80 por ciento de las víctimas de este tipo de violencia son menores.

Las dramáticas consecuencias, tanto físicas como psicológicas, son devastadoras para las víctimas, para sus familias y para las comunidades a las que pertenecen.

Los Ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia, Italia, EEUU, Alemania, Canadá, Japón y Rusia, convocados por la Presidencia británica del G-8, se reunieron el pasado 10 y 11 de abril en Londres. En dicho encuentro, trataron el alarmante problema que acontece en las zonas de conflicto, donde las mujeres y los menores, como parte de la sociedad civil, son objeto de esta violencia específica.

Al término de la reunión, el G-8 declaró que la violación, los abusos y las agresiones sexuales en las zonas bélicas, son infracciones graves de la Convención de Ginebra, situándolas al mismo nivel que los crímenes de guerra.

Los firmantes se comprometieron a poner en marcha un Protocolo Internacional para la investigación y documentación de la violación y la violencia sexual en conflictos, con el fin de recoger pruebas. Entre


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otros acuerdos, destacar la exigencia de preparar a los propios ejércitos y policías desplegados en las zonas de conflicto para que puedan responder a este tipo de violencia y la exclusión de la posibilidad de conceder una amnistía por estos crímenes en los acuerdos de paz.

Se trata de un paso muy importante para garantizar que las víctimas de esa violencia sexual, abusos y violaciones tengan pleno acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva del inmenso daño sufrido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento de la legislación española y de los compromisos asumidos en virtud de los Convenios internacionales de los que forma parte, y en línea con la Declaración del G-8 en su última reunión del 10 y 11 de abril en Londres, continúe promoviendo la investigación y persecución de la violación, el abuso y la agresión sexual contra mujeres y niños en los territorios que viven una situación de conflicto armado, en su condición de crimen en el marco del Derecho de los conflictos armados y Derecho humanitario aplicable a los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para sensibilizar a los jóvenes frente a la violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Cada uno de los casos de violencia de género que se registra muestra que no existe un perfil claramente definido ni de víctima ni de maltratador. Pueden encontrarse en esta situación mujeres y hombres de múltiples y muy diferentes entornos familiares, niveles económicos, condiciones laborales, nacionalidades, creencias religiosas y de cualquier grupo de edad.

Tanto las intervenciones profesionales que abordan el problema de la violencia de género en parejas jóvenes como los estudios realizados al respecto ponen de manifiesto el progresivo aumento de mujeres jóvenes que denuncian estar siendo maltratadas y solicitan ayuda para poner fin a esta situación.

Un estudio elaborado en 2011 por el entonces Ministerio de Igualdad y la Universidad Complutense de Madrid certificó que el 4,9 por ciento de los adolescentes ya han sido víctimas de violencia física o psicológica por parte del sexo opuesto y que una de cada cinco adolescentes puede ser maltratada en el futuro, porque justifica el sexismo y la agresión como forma de enfrentarse a los conflictos.

Los adolescentes inician relaciones de carácter afectivo a edades muy tempranas. Generalmente, las agresiones en la pareja suelen producirse durante el noviazgo o al comienzo de la convivencia, por medio de comportamientos abusivos y no respetuosos que se van haciendo cada vez más agresivos y extremos. Es fundamental erradicar este tipo de conductas, teniendo en cuenta que cuando se trata de un acto de violencia de género cometido por un adolescente, normalmente, la víctima también es menor y es necesario eliminar cualquier actitud violenta que pueda manifestarse en la edad adulta.

Es importante ofrecer a los jóvenes un acercamiento a esta lacra social para mejorar su conocimiento sobre la magnitud del problema y llegar a una concienciación y sensibilización desde una perspectiva clara, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Cuanto más exacto es el diagnóstico de la realidad del maltrato hacia las mujeres, podemos hacerle frente de una manera más eficaz.

De una manera ineludible, es preciso promover que valores como la igualdad y el respeto sean los ejes de cualquier relación, teniendo siempre en cuenta que los jóvenes maltratadores son personas en evolución y que cualquier medida que se adopte frente a los mismos ha de tener una finalidad formativa. Esta labor de sensibilización y visibilización de la realidad y la problemática que conlleva la violencia de


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género es fundamental para la eliminación de estereotipos sexistas y para propiciar cambios y transformaciones en la mentalidad desde edades muy tempranas, ya que los menores y los jóvenes representan el camino futuro de nuestra sociedad.

Prevenir la violencia de género significa contribuir a una nueva socialización donde aportemos otras ideas y valores más deseables y convenientes sobre las relaciones afectivas y los modelos femeninos y masculinos que consideramos atractivos. Es necesario cambiar las normas, actitudes y valores que fomentan la superioridad de un sexo sobre otro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a impulsar medidas y actividades de información, formación y participación destinadas de forma específica a jóvenes y menores para avanzar en la sensibilización y prevención de la violencia de género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/001898

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre dotación de un fondo económico destinado a ofrecer créditos a empresarios autónomos y empresas de transporte para financiar la renovación del parque de autobuses o, en su caso, la instalación de cinturones de seguridad, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Después del último accidente de un autobús en la provincia de Ávila donde hubo múltiples fallecidos, y ante la evidencia de que carecía de sistemas de retención, el ministro del Interior propuso que el nuevo reglamento de circulación incluyera una reducción del límite de velocidad para los autobuses que no estuvieran obligados a llevar el cinturón.

En virtud del Real Decreto 445/2006, desde el 20 de octubre de 2007 es obligatorio en los nuevos autobuses matriculados la instalación de cinturones de seguridad. Es de reseñar el hecho de que aproximadamente el cuarenta por ciento de los autobuses que circulan por las carreteras españolas tienen una antigüedad anterior a 2007 y, por lo tanto, carecen del dispositivo de seguridad.

Debemos tener en cuenta que el cinturón de seguridad se ha demostrado como uno de los elementos esenciales de seguridad y, probablemente, el que más ha contribuido a salvar vidas y, consecuentemente, a la mejora de la seguridad vial.

Si bien, afortunadamente, la siniestralidad en autobuses se mantiene baja desde hace años, cuando uno de estos vehículos sufre un accidente con víctimas la alarma social que se genera es importante.

La instalación de cinturones supone un coste muy alto para las empresas, ya que para que estos cuenten con la homologación y la garantía de seguridad necesarias, también debe haber un sistema de anclaje específico.

Por otra parte, es incuestionable que la crisis económica no permite a muchas empresas de autocares dotar de cinturones sus autobuses para conseguir que en un plazo razonable todos los vehículos cuenten con estos sistemas. No obstante, creemos que la seguridad vial debe anteponerse a otras consideraciones por lo que proponemos que, en la línea marcada por el Plan VIVE Autobuses 2009-2010 que permitió la renovación de 1.307 vehículos en 2010 con una inversión en créditos blandos de 256 millones de euros,


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la Administración General del Estado dote un fondo destinado a ofrecer créditos a empresarios autónomos y empresas de transporte para financiar la renovación del parque o, en su caso, la instalación de cinturones de seguridad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abrir líneas de crédito dirigidas a empresarios autónomos y empresas de transporte para financiar la renovación del parque o, en su caso, la instalación de cinturones de seguridad, tanto en microbuses como autobuses y autocares destinados al transporte urbano o interurbano de corto y largo recorrido, de transporte regular o discrecional y turístico para que, en un plazo máximo de dos años, todos los vehículos dedicados al transporte de viajeros los lleven instalados.

2. Que el nuevo reglamento de circulación establezca como obligatorio que todos los autobuses lleven instalados cinturones de seguridad, sea cual sea su fecha de matriculación, estableciendo un periodo transitorio de dos años para que puedan adecuar sus sistemas de seguridad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Una enfermedad es considerada "rara" por existir menos de un caso por cada dos mil habitantes, además de por presentar síntomas y orígenes variados, en ocasiones desconocidos, que además necesitan del diseño de tratamientos farmacológicos específicos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al 7 por 100 de !a población mundial, mientras que en España se estima que son tres los millones de personas afectadas por alguna enfermedad rara o poco frecuente.

Consciente de esta realidad, el Gobierno ha declarado el 2013 "Año Español de las Enfermedades Raras", una iniciativa que responde a la necesidad de atender de manera adecuada a la población afectada desde los ámbitos médico, social, económico, asistencial y familiar.

Dentro de las denominadas enfermedades raras nos encontramos con la epidermólisis bullosa o piel de mariposa, una enfermedad poco frecuente, crónica e incurable, caracterizada por una extrema fragilidad de la piel en la que aparecen ampollas y heridas a partir del más leve traumatismo o incluso de forma espontánea; asimismo, los enfermos pueden sufrir otras complicaciones como la afectación de las membranas mucosas y en los casos más severos ver mermada su esperanza de vida de forma considerable.

En la actualidad, el único tratamiento que existe para combatir esta enfermedad es el cuidado de la piel y de las otras complicaciones por ese motivo, los afectados deben aprender a vivir con frecuentes y dolorosas curas, tras las cuales gran parte su cuerpo debe ser vendado.

Por lo tanto, la epidermólisis bullosa, al ser una enfermedad rara, produce una doble discriminación a quien la padece, ya que por un lado las instituciones públicas y privadas, así como los diferentes


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profesionales, todavía están tras la búsqueda de respuestas y por otro, estas, cuando se encuentran, no siempre se adaptan a las necesidades específicas de las personas con epidermólisis bullosa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Fomentar campañas de sensibilización en el marco del "Año Español de las Enfermedades Raras", que permitan dotar de una mayor visibilidad a la situación de las familias que cuentan entre sus miembros con una persona afectada de una enfermedad rara.

- Analizar la posibilidad de realizar un abordaje diferenciado en el acceso de los pacientes de epidermólisis bullosa, al material de cura y otros productos sanitarios que sean absolutamente imprescindibles para el adecuado control de su sintomatología."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Defensa

181/001160

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Por los medios de comunicación, mi grupo parlamentario ha tenido noticias respecto de una posible venta del inmueble, propiedad del Estado, que alberga la Subdelegación de Defensa en la ciudad de Ourense.

Así consta además en el "Plan de racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario de Defensa (PREPIDEF)" con el que supuestamente el Ministerio de Defensa pretende ahorrar 15 millones de euros.

¿Cuáles son los criterios que les han llevado a tomar esa decisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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181/001161

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputa doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Por los medios de comunicación, mi grupo parlamentario ha tenido noticias respecto de una posible venta del inmueble, propiedad del Estado, que alberga la Subdelegación de Defensa en la ciudad de Ourense.

Así consta además en el "Plan de racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario de Defensa (PREPIDEF)" con el que supuestamente el Ministerio de Defensa pretende ahorrar 15 millones de euros.

Por todo lo expuesto, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

- ¿Tiene pensado el Ministerio de Defensa vender el inmueble en el que se encuentra la Subdelegación de Defensa de Ourense y se ha llevado ya a cabo algún trámite al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Comisión de Fomento

181/001157

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Recientemente se ha hecho público un informe de ADIF Nuevo Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta Velocidad, fechado a 1 de abril de 2013 y publicado también con el lago del Ministerio de Fomento.

El propio ADIF se apresuró a declarar que es "un informe obsoleto", "interno y provisional" y que "representa una de las múltiples hipótesis técnicas de programación de trabajos, y no ha sido sometido a ningún tipo de aprobación por parte de ningún órgano competente de la entidad pública ni del Ministerio de Fomento". La Diputada formula las siguientes preguntas:

¿Es "provisional" que en el horizonte del 2015 esté finalizada la construcción del tramo Olmedo-Zamora-Lubián del Acceso a Galicia con plataforma para vía doble pero montaje inicial de vía única? ¿Baraja el Gobierno de España esta posibilidad o es solo una "hipótesis técnica"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001158

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


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Texto:

En el estudio Nuevo Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta Velocidad, elaborado por ADIF y publicado también con el logo del Ministerio de Fomento se explicita que en el horizonte del 2018 se adecuará la línea actual entre Taboadela y Ourense, con instalación de tercer carril, electrificación y señalización para alta velocidad.

Dadas las declaraciones de ADIF mediante un comunicado en el que califica de "interno y provisional" dicho estudio y dado el silencio de los altos cargos del Gobierno al respecto, la Diputada formula las siguientes preguntas:

¿El Gobierno mantendrá la actual línea en el tramo Taboadela-Ourense? ¿Se ha descartado la variante exterior para este tramo? ¿Finalizado ya el estudio sobre un posible soterramiento de las vías en este tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001159

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

En el estudio de ADIF Nuevo Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta Velocidad, con fecha de 1 de abril de 2013 y publicado también con el lago del Ministerio de Fomento se explicita que en el horizonte del 2018 se finalizará la construcción de la plataforma del tramo Lubián-Taboadela correspondiente al acceso a Galicia con plataforma para vía única.

Dadas las declaraciones de ADIF mediante un comunicado en el que califica de "interno y provisional" dicho estudio y dado el silencio de los altos cargos del Gobierno al respecto, la Diputada fórmula las siguientes preguntas:

Se construirá finalmente el tramo Lubián-Taboadela con plataforma para vía única? ¿Por qué y quién toma la decisión de cambiar el proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001163

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué planes de futuro tiene AENA en relación con el aeropuerto de Cuatro Vientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


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181/001164

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuándo estima el Gobierno que se va a conectar Barcelona y Madrid con París a través de alta velocidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/001165

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para recuperar el tráfico de mercancías por ferrocarril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/001162

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas va a implementar el Gobierno para paliar los recortes que se están produciendo en la formación profesional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001167

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Antonio Cantó García del Moral


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Texto:

¿Va a seguir el Gobierno la recomendación de la OMS para la regulación de la comercialización, marketing y publicidad de alimentos ricos en grasas saturadas y trans, azúcares y sal, con el fin de luchar contra la obesidad infantil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

230/000004

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el conflicto en defensa de la autonomía local número 1400/2003, promovido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), contra la disposición adicional y los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez; y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 1400-2003, promovido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), representado por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, y asistido por el Abogado don Jesús Piquero Álvarez, contra la disposición adicional


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y los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ha intervenido la representación letrada de la Junta de Castilla y León. Ha sido Ponente doña Encarnación Roca Trías quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

1.º Inadmitir el conflicto en defensa de la autonomía local interpuesto por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga en lo que respecta a los apartados 4 y 5 del artículo único de la Ley de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio.

2.º Declarar que en el resto ha perdido objeto.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 11 de julio de 2013.

232/000199

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 8506/2010 y 8507/2010, promovidos por el Presidente del Gobierno, respectivamente, contra el artículo 3.2 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura, y el artículo 3.3 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado


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EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 8506/2010 y 8507/2010, promovidos por el Presidente del Gobierno, respectivamente, contra el artículo 3.2 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura, y el artículo 3.3 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura. Se han personado el Congreso de los Diputados y el Senado. Ha comparecido y formulado alegaciones la Junta de Extremadura. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Estimar los recursos de inconstitucionalidad núms. 8506-2010 y 8507-2010 interpuestos por el Presidente del Gobierno, respectivamente, contra el artículo 3.2 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura, y el artículo 3.3 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura, y, en consecuencia, declarar su inconstitucionalidad y nulidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 11 de julio de 2013.

232/000200

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1598/2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la disposición final primera y el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en cuanto da nueva redacción a los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: 4.2; 4.3; 20.1 d); 70 bis.1; 70 bis.3; 85 bis; 122.5 d); 123.1 c); 128; 129; 130.1 B); 131; 132; 133 a); 135.3; 136; y 137.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1598-2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la disposición final primera y el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en cuanto da nueva redacción a los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: 4.2; 4.3; 20.1 d); 70 bis.1; 70 bis.3; 85 bis; 122.5 d); 123.1 c); 128; 129; 130.1 B); 131; 132; 133 a); 135.3; 136; y 137. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 11 julio de 2013.

232/000201

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1735/2002, promovido por el Parlamento de Navarra contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículos 4.1.b); 10.1, párrafo segundo; 11.2; 15.2; 51; 73; 74; 75; 76; disposición adicional primera y disposición adicional cuarta.2.


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Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Herrando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1735-2002, promovido por el Parlamento de Navarra contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: artículos 4.1.b); 10.1, párrafo segundo; 11.2; 15.2; 51; 73; 74; 75; 76; disposición adicional primera y disposición adicional cuarta.2. Han intervenido el Abogado del Estado y el Senado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

1.º Declarar que ha perdido objeto la impugnación de los artículos 15.2 in fine y 51 y de la disposición adicional cuarta, apartado 2, párrafo primero, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 11 de julio de 2013.

233/000009

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.


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Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3705/2011, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con los apartados 2.º y 10.º del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por posible vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Herrando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3705-2011, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con relación a los apartados 2 y 10 del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por presunta vulneración del artículo 25.1 de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, el Fiscal General del Estado y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España, representado por don José Luis Ferrer Recuero, a quien sucedió por fallecimiento doña María de Villanueva Ferrer, ambos Procuradores de los Tribunales, y asistido por la Abogada doña Pilar Aznar Barniz. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 11 de Julio de 2013.

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