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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 259, de 23/04/2013
cve: BOCG-10-D-259
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de abril de 2013

Núm. 259


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/001547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para recuperar el uso público del Palacio de Marivent y que quede a disposición de la ciudadanía ... (Página8)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la entrada en vigor del Tratado Internacional de Comercio de Armas y su debida aplicación... (Página9)

161/001559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el quinto centenario del descubrimiento de Florida... (Página11)

161/001570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar la quinta libertad en los tratados internacionales de aviación civil... (Página12)

Comisión de Interior

161/001546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a aumentar la dotación de recursos dirigidos a la Guardia Civil destinada en la Comunitat Valenciana... (Página13)

161/001558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano... (Página14)

161/001571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español... (Página15)

Comisión de Defensa

161/001560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fábrica General Dynamics Santa Bárbara Sistemas... (Página16)


Página 2




Comisión de Economía y Competitividad

161/001580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre estadísticas de ejecuciones y lanzamientos hipotecarios... (Página18)

161/001584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de reforma para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera... (Página18)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada del proyecto de reforma de la Administración Local del Gobierno... (Página20)

161/001552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal en España... (Página23)

161/001554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la modificación de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, con el fin de mejorar la equidad de nuestro sistema fiscal... (Página27)

161/001555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para minimizar los efectos nocivos de la amnistía fiscal... (Página29)

161/001556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el establecimiento de un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos y demás entidades de crédito, con el fin de que contribuyan a la recuperación de las ayudas públicas recibidas... (Página30)

161/001564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la ampliación del plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector... (Página32)

161/001583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del régimen del IVA a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte... (Página34)

Comisión de Fomento

161/001544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre erradicación del chabolismo y la infravivienda en España... (Página36)

161/001545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el servicio de transporte por ferrocarril de la ciudad de Ferrol... (Página37)

161/001548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al transporte de madera por carretera... (Página38)

161/001569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar la quinta libertad en los tratados internacionales de aviación civil ... (Página38)

161/001572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la actividad ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (Página40)


Página 3




161/001575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario... (Página41)

161/001581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del Acuerdo, de 18 de marzo de 1992, entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República francesa, referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que operan en el aeropuerto de Fuenterrabía-Hondarribia y anexos, con el objetivo de ampliar el horario del citado aeropuerto en una hora... (Página42)

Comisión de Educación y Deporte

161/001557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al desplazamiento de los deportistas residentes en Canarias, Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla... (Página43)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para permitir sin límite de edad cobrar toda la prestación por desempleo en un pago único a los parados que quieran convertirse en trabajadores autónomos... (Página45)

161/001563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recargo por impago de cuotas a la Seguridad Social... (Página48)

161/001566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar los recursos humanos y materiales del Fondo de Garantía Salarial... (Página49)

161/001567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a mejorar la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite que no alcanzan un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento... (Página50)

161/001568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a evaluar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad... (Página51)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector turístico de Canarias... (Página53)

161/001565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reforzar la industria del automóvil con un plan de actuación a medio y largo plazo... (Página56)

161/001577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación del Plan Ferrol... (Página58)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el atún rojo... (Página59)

161/001573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la coordinación de un plan urgente de actuaciones para paliar las inundaciones producidas por la última avenida del río Ebro en Aragón... (Página60)

161/001579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Parque Natural de las Fragas do Eume... (Página61)


Página 4




Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las patologías derivadas de la exposición al amianto... (Página62)

Comisión de Cultura

161/001561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sector de los videojuegos... (Página64)

161/001576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la movilidad cultural de artistas y proyectos culturales canarios... (Página65)

161/001578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la colaboración del Instituto Cervantes para impulsar la traducción de la obra de Miguel Hernández a otros idiomas... (Página67)

Comisión de Igualdad

161/001582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inclusión de indicadores sobre víctimas indirectas de la violencia de género en la base de datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género... (Página68)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000835 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre opinión del Ministerio del Interior acerca de la actitud de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las manifestaciones y concentraciones pacíficas, como las que están llevando a cabo los afectados por las participaciones preferentes o las personas desahuciadas de sus casas... (Página70)

181/000912 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas previstas para proteger los domicilios de los representantes públicos... (Página70)

Comisión de Defensa

181/000838 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre fecha prevista para la determinación, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de las especialidades en el segundo tramo de la carrera militar... (Página71)

181/000839 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre criterios y fecha prevista para la concreción de los requisitos para el ascenso relacionados con la enseñanza de perfeccionamiento, así como el régimen transitorio para su aplicación, exigibles en determinados empleos de acuerdo con los artículos 75 y 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar... (Página71)

181/000840 Pregunta formulada por el Diputado don Diego López Garrido (GS), sobre aclaración de los hechos reflejados en el video en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak, del que se han hecho eco los medios de comunicación... (Página71)

181/000841 Pregunta formulada por el Diputado don Diego López Garrido (GS), sobre medidas previstas para evitar hechos como los reflejados en el video en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak... (Página72)


Página 5




181/000842 Pregunta formulada por el Diputado don Diego López Garrido (GS), sobre investigación de si se han podido producir hechos similares a los reflejados en el video en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak, en las misiones internacionales en las que España ha participado... (Página72)

181/000843 Pregunta formulada por el Diputado don Diego López Garrido (GS), sobre estado en el que se encuentra, en el orden jurisdiccional militar, el maltrato a prisioneros en Irak, reflejado en un vídeo... (Página72)

181/000905 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre modificaciones que va a comportar la aprobación del "Tratado sobre el comercio de armas" por Naciones Unidas, respecto a las exportaciones de armas efectuadas desde España... (Página72)

181/000906 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre tipo de reinserción social que tendrán los militares que no continúen la carrera militar una vez las tropas españolas en la misión ISAF sean retiradas en 2014... (Página73)

Comisión de Economía y Competitividad

181/000836 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno y del CSIC en relación con el posible cierre del Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto de Almería (CAHA)... (Página73)

181/000837 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre política científica del Gobierno en relación a la participación en las grandes instalaciones científicas... (Página73)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000864 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local suscita el suficiente consenso político y social para continuar su tramitación... (Página74)

181/000865 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre fundamento del cálculo del supuesto impacto económico que produciría la aplicación del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local... (Página74)

181/000866 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre objetivos que se persiguen con la pretendida aplicación del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local... (Página74)

Comisión de Fomento

181/000862 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre alternativas a la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia... (Página75)

181/000863 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de reducir frecuencias y paradas en el servicio de ferrocarril en Galicia... (Página75)

181/000867 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre significado de la Declaración de Excepcionalidad del aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia, en el sentido de si supondría una penalización de carga con la consiguiente reducción de pasajeros en determinadas condiciones, afectando en estos casos al incremento de las tarifas... (Página75)


Página 6




Comisión de Educación y Deporte

181/000861 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de alumnos de la Universidad de Vigo (Pontevedra), a los que, siendo beneficiarios de una beca de carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han denegado dicha beca en 2012 y 2013... (Página76)

181/000908 Pregunta formulada por el Diputado don María Sandra Moneo Díez (GP), sobre medidas previstas en el ámbito de la Formación Profesional para mejorar su calidad acercando ésta a las necesidades de nuestro sistema económico... (Página76)

181/000909 Pregunta formulada por el Diputado don María Sandra Moneo Díez (GP), sobre forma en la que contribuirá el Gobierno a impulsar la internacionalización de nuestras universidades... (Página76)

181/000914 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la sentencia que permite a los alumnos el derecho a estudiar en castellano en Cataluña... (Página77)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000857 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre motivos de la reducción en 2012 de las políticas activas de empleo... (Página77)

181/000858 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad que tiene la provincia de Ourense de medidas de acción positiva en el ámbito del empleo... (Página77)

181/000859 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración de los datos de desempleo en la provincia de Ourense... (Página78)

181/000860 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones previstas para revertir o contener los alarmantes datos de desempleo en la provincia de Ourense... (Página78)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000844 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de establecer la figura del mediador para propiciar un incremento del precio de la leche en origen... (Página78)

181/000845 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de la aceptación de la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2014... (Página79)

181/000846 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre forma en la que se va a impedir que prospere la propuesta de la Comisión de reducir un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el 2014... (Página79)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000910 Pregunta formulada por el Diputado don Susana Camarero Benítez (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de la posibilidad de analizar fórmulas que permitan estimular la financiación privada para fomentar el apoyo al sistema de dependencia... (Página79)

181/000911 Pregunta formulada por el Diputado don Susana Camarero Benítez (GP), sobre medidas previstas en relación con la sostenibilidad del sistema de dependencia... (Página80)


Página 7




181/000913 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas previstas para reducir el número de niños en situación de pobreza... (Página80)

Comisión de Cultura

181/000868 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de una subvención económica como aportación presupuestaria a la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura, para el año 2013, así como para cada uno de los años siguientes, incluido el año 2016... (Página80)

181/000869 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre criterios de trabajo que se van a plantear en la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura... (Página80)

Comisión de Igualdad

181/000847 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre fecha prevista para elaborar la cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia social... (Página81)

181/000848 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre previsiones acerca de aumentar la dotación económica para la financiación a las Comunidades Autónomas para atención social a las mujeres e hijos de víctimas de violencia de género... (Página81)

181/000849 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre previsiones acerca de aumentar la dotación económica para las campañas de sensibilización y prevención contra la violencia de género... (Página81)

181/000850 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre valoración del descenso y retirada de denuncias de violencia de género... (Página82)

181/000852 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si ha hecho todos los esfuerzos suficientes para erradicar la violencia de género... (Página82)

181/000853 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si la crisis hace mas vulnerables a las mujeres que sufren violencia de género... (Página82)

181/000854 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre valoración del descenso de llamadas al 016... (Página83)

181/000855 Pregunta formulada por la Diputada doña Susana Ros Martínez (GS), sobre medidas previstas para proteger a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género... (Página83)

181/000907 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre previsiones del Gobierno para adherirse a la nueva Propuesta de Protocolo que amplía la aplicación de dispositivos electrónicos en casos de medidas cautelares de alejamiento... (Página83)


Página 8




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/001547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para recuperar el uso público del Palacio de Marivent y que quede a disposición de la ciudadanía, para su debate en la Comisión Constitucional.

El Palacio de Marivent fue cedido (1965) por la esposa del pintor Saridakis con la condición de que fuera destinado a museo público de las obras que había reunido su marido. Fue el Gobierno Balear el que cedió el usufructo del Palacio a la Casa Real Española.

El presidente Bauzá ha afirmado en el Parlamento, que se mantendrán los 1,7 millones de euros para el mantenimiento de este espacio público que se reserva para su utilización esporádica por parte de los Borbones y miembros de su familia como Iñaki Urdangarín.

No es el único regalo que se hace desde los recursos públicos a la familia del Rey, recordemos que el importe del barco con el que el Rey y su hijo participan en las regatas se pagó casi íntegramente con fondos procedentes de los presupuestos públicos.

La familia real ya recibe unas muy importantes y poco transparentes asignaciones por parte de los presupuestos del Estado, por tanto, no se ve la justificación de este gasto suplementario, ni se entiende que esta propiedad pública deba permanecer cerrada todo el año esperando que alguno de sus miembros se "digne" a ocuparla entre recepciones, misas, regatas y expediciones de caza mayor o, como en el caso de Urdangarín, antes de declarar como imputado en el "caso Palma Arena".

El mantenimiento de estos gastos injustificados en un momento en que se producen recortes brutales en los servicios públicos esenciales, es una auténtica obscenidad.

Ahora es un momento oportuno para recuperar un bien, que nunca debería haber pasado a estar a disposición de la monarquía, sino tal y como querían los benefactores debería ser para el disfrute público de la ciudadanía en forma de bien cultural y/o museo público.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva el cambio de titularidad en el usufructo y disfrute del Palacio de Marivent de la Casa Real al Gobierno de las Islas Baleares para el disfrute público de la ciudadanía en forma de bien cultural y/o museo público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Asuntos Exteriores

161/001550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso a la entrada en vigor del Tratado Internacional de Comercio de Armas y su debida aplicación, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El pasado 2 de abril se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Hasta el último momento de las negociaciones, el bloqueo de determinados países, en concreto Siria, Irán y Corea del Norte, conminó a llevar su votación ante la Asamblea General. Se consiguió finalmente una votación que visibilizó el apoyo, compromiso y voluntad mayoritaria de los Estados pertenecientes a este organismo multilateral, a través de su máximo órgano democrático de representación, obteniéndose 154 votos a favor, frente a los tres países que se habían opuesto en las negociaciones finales y veintitrés abstenciones. Su aprobación final ha requerido seis años de intensas negociaciones diplomáticas y más de diez de una amplia y sistemática campaña internacional de la coalición "Armas bajo control" de las organizaciones de la sociedad civil en los distintos países del mundo. El plazo fijado para la firma y ratificación del Tratado estará abierto a partir del 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y su entrada en vigor requiere que este instrumento internacional haya sido ratificado al menos por 50 Estados.

Se trata por tanto de un gran avance histórico que implica contar con un Tratado internacional jurídicamente vinculante, un marco normativo internacionalmente eficaz, que evite que las transferencias de armas se utilicen para perpetrar los graves abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional, y así frenar el incesante flujo de armas que van a parar a manos de fuerzas gubernamentales y de grupos armados responsables de los crímenes de guerra que sistemáticamente se vienen produciendo. Al respecto cabe volver a subrayar estadísticas fiables que acreditan por ejemplo que, desde enero de 2011, se han venido utilizando niños y niñas soldados en al menos 19 países, como así ha ocurrido en Mali, con motivo del actual conflicto en el país y en otros muchos países como República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Somalia y Yemen. Un TCA sólido puede ayudar también a poner fin al reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados, al impedir el flujo de armas que van a parar a los gobiernos y grupos armados que cometen estos crímenes internacionales

La adopción de este instrumento internacional implica en consecuencia la responsabilidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para controlar una de las peores formas de crimen organizado que alimentan la violencia organizada en países en situación de conflicto y que sistemáticamente amenazan la credibilidad e impacto de las estrategias de lucha contra la pobreza y de protección de los derechos humanos en el mundo. Su aplicación conlleva la obligación para cada Estado de incorporar a nivel interno las exigencias de control, los mecanismos de seguimiento, las conferencias de revisión previstas en el Tratado, y la de evaluar los riesgos de las transferencias de todas las armas convencionales que se realicen entre Estados y que puedan suponer amenazas para la paz, el respeto a los derechos humanos, la violencia contra mujeres y la infancia. Su propósito es explícito.

En España cabe también destacar la importante labor realizada por la sociedad civil y el amplio apoyo político y social con el que ha contado en España la campaña a favor del TCA, constituyendo además una firme apuesta en las dos legislaturas anteriores del gobierno socialista, así como posteriormente en la oposición, a través la Proposición no de Ley del Grupo Socialista aprobada el 23 de mayo de 2012 en el Congreso de los Diputados, junto al resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Coherentemente, la aprobación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, establece -en los términos que establece su artículo 8.1- los supuestos en los que las operaciones de exportaciones de armas realizadas por España deban ser denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas: acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, puedan exacerbar las tensiones en la zona o puedan ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de los derechos humanos, o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales


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contraídos por España. Y para reforzar los objetivos e impacto de esta regulación en España, en la disposición final cuarta de dicha Ley se recogía además una clara directriz de política exterior dirigida al Gobierno de España para mantener "en el ámbito de Naciones Unidas así como en el seno de la Unión Europea, una posición activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas eficaz y jurídicamente vinculante, por el que se establezcan normas mundiales para la transferencia de armas".

Fruto de ese mandato, la delegación española en la pasada Conferencia Final sobre el Tratado de Armas de Nueva York ha continuado desarrollando un significado papel proactivo para asegurar un componente sólido de derechos humanos en el texto junto a numerosas declaraciones institucionales de parlamentos autonómicos y mociones en los Ayuntamientos que han acompañado la tramitación final de las negociaciones sobre el TCA, en el pasado debate del Estado de la Nación, el Congreso de los Diputados aprobó -con motivo de una propuesta registrada por el Grupo Socialista al respecto- la Resolución n° 8 formulada por el Grupo Popular referida a la necesaria consecución de un texto final que recogiera "...la obligación de los Estados de no autorizar, prevenir e impedir que las transferencias de armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, con el fin de impulsar la entrada en vigor y aplicación del Tratado Internacional de Comercio de Armas, insta al Gobierno a:

1. Proceder a su firma en el momento de apertura del plazo fijado por la Asamblea de Naciones Unidas el próximo 3 de junio de 2013 y adoptar con urgencia los trámites necesarios para su ratificación y autorización por las Cortes Generales.

2. Seguir manteniendo una posición activa en sus relaciones bilaterales, multilaterales y en el ámbito de la UE en favor de la pronta entrada en vigor del TCA y del necesario impulso que va a requerir la puesta en marcha de los procedimientos de control previstos así como de los mecanismos para asegurar su debida implementación, en coherencia con el mandato normativo de la Ley 53/2007 sobre el control de comercio de armas en España y en cumplimiento de la Proposición no de Ley 161/000488 aprobada en esta legislatura al respecto.

3. En relación a los contenidos de la citada PNL, aprobada por el Congreso de los Diputados el 23 de mayo de 2012, con motivo del impulso a la tramitación del TOA, informar a la Cámara sobre los pormenores de las negociaciones concluidas, así como acerca del trabajo que debe impulsarse para su puesta en marcha y efectiva aplicación en cooperación con los países miembros de la Unión Europea y resto de países, incluyendo el avance de las previsiones que deban incorporarse a la legislación española, derivadas de aquellas disposiciones del Tratado que no estén contempladas en la Ley 53/2007 y el Reglamento que la desarrolla.

4. Asegurar en España el cumplimiento riguroso del artículo 8.° de la Ley 53/2007 en materia de exportación de material de defensa y de doble uso, verificando la situación de los países de destino y no autorizando ninguna operación de exportación de material de defensa cuando éste pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, pueda exacerbar las tensiones en la zona o pueda ser utilizado con fines de represión interna o en situaciones de violación de los derechos humanos.

5. Incorporar mecanismos que aseguren el seguimiento adecuado de las acciones del Gobierno español en materia de control de armas, tanto en su aplicación interna como en el ámbito de las relaciones internacionales, en el II Plan de Derechos Humanos que debe elaborar el Gobierno en cumplimiento de las diferentes resoluciones parlamentarias aprobadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el quinto centenario del descubrimiento de Florida, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 2 de abril de 1513 Juan Ponce de León, nacido en Santervás de Campos -hoy provincia de Valladolid pero en la fecha de su nacimiento perteneciente a León- veterano de la segunda expedición de Cristóbal Colón, lidera una pequeña flota de tres barcos españoles que desembarca en la costa este de Florida, en algún lugar que la tradición sitúa en la Playa de Melbourne. Dice el relato, que iban en busca de la fuente de la eterna juventud.

Ponce de León llamó "La Florida" a la tierra descubierta por la belleza de su naturaleza y porque la fecha de su llegada coincidió con un domingo de Pascua (La Pascua Florida), sin saber aún si era una simple isla o la península de un enorme continente.

La presencia española terminó cuando Florida pasó a ser territorio de los Estados Unidos en 1821. El efecto de casi tres siglos españoles dejó su huella y hoy en día sigue siendo una de las características que más definen a este Estado.

En el año 2013 se conmemora, por tanto, el quinto centenario del desembarco delPonce de León en las costas de Florida en 1513. Este evento brinda una excelente oportunidad para evocar conjuntamente nuestras raíces comunes y para subrayar el papel fundamental que han jugado en el nacimiento y desarrollo de Estados Unidos. Hoy en día la cultura hispánica ha cobrado una renovada vigencia y esta efeméride debería ser útil para rememorar el pasado con el fin de enriquecer nuestro futuro conjunto en campos tales como la educación, la cultura, los intercambios comerciales y las inversiones. Es, por tanto, una ocasión extraordinaria para recordar la contribución española a la historia de Florida y reforzar lazos que generen nuevas oportunidades.

Desde cualquier perspectiva, Florida es en la actualidad uno de los mayores estados y con mayor crecimiento económico de EEUU que atrae cada año, a millones de visitantes, también empresas de todas partes del mundo en una combinación única de envidiable localización geográfica, modernas infraestructuras, trabajadores multiculturales y calidad de servicios financieros. Las empresas españolas no han permanecido ajenas a este polo de atracción y son ya más de trescientas cincuenta las que se han instalado en Florida como base principal de su negocio o como puente en la distribución hacia Iberoamérica.

Este año 2013 debe aprovecharse, pues, para realzar la vinculación privilegiada de España con Estados Unidos, para profundizar las relaciones como país referente dados nuestros vínculos históricos y para proyectarnos como socio estratégico en Europa, Iberoamérica y el resto del mundo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Con motivo del Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida, colaborar con las autoridades del Estado para divulgar el conocimiento de nuestra historia común y el extraordinario legado de España en Florida con el fin de conocer mejor el patrimonio histórico y cultural que nos une. Este apoyo servirá para transmitir a las instituciones estadounidenses una gran imagen de nuestro país, y para promover la coordinación público-privada de las diversas instituciones participantes. Será, a la vez, una manifestación del interés de nuestro país por las importantes comunidades hispanas de ese Estado.

Colaborar con las autoridades del Estado de Florida y con las instituciones privadas en la organización de los eventos culturales y comerciales ligados a esta conmemoración, cuyo objetivo sea divulgar la historia de este Estado como el lugar donde por primera vez los europeos establecieron un asentamiento permanente, la ciudad de San Agustín, cuyo 450 aniversario celebraremos en 2015.

Reconocer y apoyar las actividades que desarrollan la Fundación "España-Florida V Centenario" y la Fundación Consejo España-Estados Unidos, así como otras muchas instituciones, organizaciones y


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empresas españolas, que se suman a esta iniciativa de difundir el conocimiento de las raíces hispanas de Florida y de Estados Unidos. Todo ello en el marco de la promoción y el fortalecimiento de la imagen de nuestro país y de la Marca España.

Valorar el esfuerzo, que con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han realizado por las instituciones de Castilla y León, como cuna de descubridores para dar a conocer la figura histórica de Ponce de León y la relevancia y proyección de su gesta. El ayuntamiento de Santervás de Campos (Valladolid), donde Ponce de León vio la luz en 1460, la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid trabajan ya conjuntamente para fortalecer lazos de cooperación entre territorios con ocasión de esta efeméride."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar la Quinta Libertad en los Tratados Internacionales de Aviación Civil.

Antecedentes

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de las Naciones Unidas, se creó con la firma en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. España se adhirió a este el 5 de marzo de 1947.

La OACI es el órgano permanente encargado de la administración de los principios establecidos en el Convenio. Los 96 artículos del Convenio de Chicago establecen los privilegios y restricciones de todos los Estados contratantes (190 en la actualidad) y proporcionan regulación internacional para la adopción de normas internacionales y métodos recomendados para el transporte aéreo.

Los tratados internacionales son el instrumento privilegiado e inherente de las relaciones internacionales y esto es cuando se unen las opiniones o puntos de vista de sujetos de orden jurídico internacional, sobre cuestiones o problemas que surgen en sus relaciones internacionales se crean los acuerdos internacionales.

Estos tratados y convenios internacionales entre dos sujetos estatales o supraestatales también pueden producir beneficios económicos a escala local si se contempla la implementación de todas las medidas y libertades que ofrecen los propios convenios tales como las libertades del aire que estable la OACI.

Las libertades del aire, en el ámbito del Derecho aeronáutico, son una serie de derechos relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un Estado entrar en el espacio aéreo de otro Estado y aterrizar en éste. Concretamente las libertades comerciales son las más importantes en este aspecto. La tercera libertad es el derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave. La Cuarta libertad es el derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

Y la Quinta libertad, y objeto de esta PNL, es el derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados. En muchos de los tratados que ha firmado el Estado Español con terceros estados no se contempla la quinta libertad y en otros casos se requiere un acuerdo a posteriori entre las autoridades aeronáuticas o incluso limitando el número de frecuencias de utilización de esta quinta libertad.

De aplicarse esta quinta libertad todos los aeropuertos españoles considerados como puntos intermedios pasarían a ser aeropuertos de enlace con otros países fomentando así nuevas rutas comerciales promoviendo vida económica en las demarcaciones con aeropuertos con más potencia, no tan solo como "hubs" de mercaderías y pasajeros sino como enclaves turísticos.

Favorecerá una mejor inserción internacional de la economía española en los mercados internacionales, en una época caracterizada por una creciente globalización de los intercambios y de los movimientos de productos, de servicios y de capitales. Además permite a la economía española alcanzar mayores niveles


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de especialización en la economía internacional, al producir aquellos productos y servicios para los cuales las empresas españolas son más eficientes.

Favorece una mutua apertura de los mercados de manera que el público consumidor tiene la posibilidad de acceder a una variedad mayor de productos y servicios de mejor calidad. Potencia, amplía y favorece el empleo originado en las empresas del sector exportador, y sobre todo favorece que las empresas españolas se vean obligadas a elevar sus estándares de calidad hasta alcanzar estándares internacionales.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incorporar en la negociación de todos los acuerdos aéreos la Quinta Libertad de la aviación civil y comercial contemplada en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944, para el mejor desarrollo económico y la libre competencia en los territorios donde haya aeropuertos y la creación de nuevas rutas comerciales que promuevan el turismo.

2. Revisar los tratados y convenios firmados anteriormente relativos a la aviación civil y comercial, en un período máximo de dos años, con el objetivo de incorporar la Quinta Libertad del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Interior

161/001546

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para aumentar la dotación de recursos dirigidos a la Guardia Civil destinada en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Interior.

La situación de desprotección que vive el campo valenciano y el aumento de los robos, es sólo un ejemplo de las consecuencias que tiene la precariedad en recursos que sufre la Benemérita en este territorio.

Esta situación de escasez de recursos y medios de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, como ya expusimos en su momento cuando comprobamos las cifras de los Presupuestos Generales para el año en curso, donde queda patente esta discriminación porque no se destina ninguna asignación para los cuarteles de toda la Comunitat Valenciana, genera situaciones lamentables en ciudades como Alicante o Moraira, por poner sólo dos ejemplos

La discriminación existente entre los recursos y agentes que se destinan al resto del Estado y los que se destinan a la Comunitat Valenciana, hecho incluso denunciado por la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valencia (AUCG) debe de acabar de una vez por todas. Exigimos soluciones inmediatas y una proporcionalidad equilibrada respecto el resto del Estado, así como un aumento de los medios de manera generalizada.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Otorgar los recursos presupuestarios necesarios para terminar de una vez por todas con la clarísima discriminación existente entre los recursos y agentes que se destinan a la Guardia Civil para el resto del Estado y los que se destinan a la Comunitat Valenciana.


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Mejorar la coordinación con el Consell para que se implanten urgentemente las medidas legales necesarias con la intención que acabar con la situación de robos en el campo valenciano, entre otras, incrementando la vigilancia a través de un plan especial de seguridad con personas paradas de las zonas rurales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El sector agrícola valenciano siempre ha sido un sector potente, generador de riqueza y de trabajo, pero los bajos precios, la falta de ayuda de las administraciones públicas y la delincuencia, han hecho que el campo valenciano cada vez cuente con menos explotaciones, menos trabajadores y que, además, sea muy inseguro.

Recientemente, un vigilante de un huerto de naranjos en la localidad valenciana de Cheste, murió a causa de los disparos efectuados por unos ladrones que, supuestamente, iban a robar la cosecha de ese campo.

Las palizas a los agricultores por parte de malhechores y los robos en las instalaciones e infraestructuras agrícolas son habituales en el campo valenciano y los agricultores reclaman, sin éxito, una mayor protección por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A raíz del trágico suceso de Cheste, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha constatado que en la Comunitat Autónoma Valenciana el instituto Armado tiene serios problemas en lo que se refiere a recursos humanos y, por lo tanto, imposibilita realizar las labores de vigilancia del campo que requiere la sociedad valenciana.

Por ratios, esa asociación ha revelado que, mientras la media española es de 5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad por cada mil habitantes, en el País Valenciano dicha ratio es de tan sólo 3 agentes por cada mil habitantes.

Existe una patente falta de plantilla, a lo que se suma que las bajas que se producen por traslados o por jubilaciones no se están cubriendo y los números en activos están desbordados por el trabajo y la multitud de funciones que tienen que cubrir.

Por todo lo expuesto, realizo la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aumentar el número de agentes de la Guardia Civil en las zonas agrícolas del territorio valenciano para que cumplan con las labores de vigilancia del campo y así paliar la creciente inseguridad que se vive y que está produciendo un grave daño para la agricultura valenciana.

Dicho aumento de efectivos se producirá en el menor tiempo posible y, también, el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, creará una comisión de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad -Policía Autonómica y Policía Local- para prestar un servicio de vigilancia adecuado en el campo valenciano y perseguir las prácticas delictivas que se producen en éste."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español, para su debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

En 2013 se cumplen veinte años de la muerte de Guillem Agulló Salvador, un joven antifascista militante de la organización independentista Maulets, vecino de Burjassot (Valencia), que fue asesinado por un grupo de neonazis el 11 de abril de 1993 en el municipio castellonense de Montanejos.

El móvil de aquel terrible asesinato fue la ideología de la víctima, un crimen de odio que marcó a toda la sociedad valenciana. Cuando los agresores marcharon gritando proclamas fascistas, Guillem Agulló yacía ya en tierra, herido de muerte.

La policía no efectuó ninguna detención ni investigación la noche del asesinato, ni tampoco el día siguiente; de hecho, incluso alguno de los agresores almorzó en el mismo pueblo al día siguiente y el resto de los agresores de Guillem se dispersó. Paradójicamente, la Guardia Civil sólo actuó para detener a los amigos del asesinado reteniéndoles durante toda la noche de los hechos... No fue hasta días más tarde que, uno a uno, casi todos los agresores fueron entregándose voluntariamente a la policía de Valencia, y sólo uno acabó siendo detenido.

Pedro José Cuevas Silvestre, "la Ventosa", fue el único condenado a dieciséis años de prisión por homicidio tras haberse confesado autor material de la navajada que acabó con la vida de Guillem Agulló. Uno de los absueltos, Juan Manuel Sánchez, participó días después en otra agresión con navaja en el barrio del Carmen, en Valencia.

Finalmente, Cuevas cumplió sólo cuatro años de condena entre rejas por el asesinato de Agulló. Posteriormente, en el año 2005, fue detenido de nuevo por la Guardia Civil en el marco de la Operación Panzer contra un grupo de neonazis valenciano que, según la Benemérita, organizaba agresiones contra inmigrantes y jóvenes de ideología contraria y que fabricaba y vendía armas prohibidas.

Irónicamente, en mayo de 2007 el asesino de Guillem Agulló llegó a presentarse a las elecciones municipales de Chiva con la candidatura del partido de ultraderecha Alianza Nacional, en la que ocupaba el sexto puesto de la lista.

Lejos de tratarse de un hecho aislado -tal y como pone de manifiesto "el Informe Raxen" del Movimiento Contra la Intolerancia cada año- el País Valenciano está a la cabeza a nivel del Estado en crímenes de odio, es decir, en lo que respecta a agresiones por motivaciones fascistas, racistas y homófobas. Además, la violencia fruto de la intolerancia es un fenómeno que pervive y ha aumentado en los últimos años en Europa.

Desgraciadamente, muchos crímenes de odio quedan impunes dado que no existe una fiscalía especializada en este tipo de delitos. Esta impunidad alimenta, a su vez, las agresiones fascistas, de forma que sólo actuando contra los crímenes de odio será posible neutralizar a todos aquellos grupos que atentan contra la democracia y la pluralidad de nuestra sociedad.

En Madrid y en Barcelona existen fiscalías especializadas en delitos de odio y discriminación que están demostrando su efectividad contra este tipo de violencia. Como demuestra el caso de Guillem Agulló, el País Valenciano es una de las autonomías más aciagas dentro de esta problemática. Vista la cantidad de delitos de esta tipología, así como la impunidad de que gozan, se perfila como altamente conveniente la creación en territorio valenciano de una fiscalía especializada en delitos de odio, tal y como llevan reclamando desde 2008 las más de treinta organizaciones sociales, políticas y culturales que forman parte de la plataforma "Acció Popular contra la Impunitat", de ámbito exclusivamente valenciano, y la estatal "Movimiento Contra la Intolerancia".

De hecho, esta plataforma ha ido haciendo llegar a los sucesivos delegados del Gobierno en la Comunidad Valenciana un informe con todos los crímenes de odio sin resolver, como son las más de quince bombas que desde 2007 han explotado en locales de distintas organizaciones sin que aún hoy se haya producido ninguna detención. La denuncia llegó, incluso, al Congreso de los Diputados y a la Unión Europea en el año 2010, y precisamente desde Europa, se reclamó al Estado español que actuase ante estos graves hechos.


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Es por todo ello, y en memoria de Guillem Agulló, cuyo asesinato cumple ahora veinte años, que presentamos la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Condena y manifiesta su rechazo a todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español.

2. lnsta al Gobierno a:

a) Crear una Fiscalía en el territorio valenciano con competencias en delitos relacionados con el odio y la discriminación.

b) Promover Fiscalías similares en otros territorios del Estado en donde aún no existan."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Defensa

161/001560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para ,al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la fábrica General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La guerra contra la Convención francesa (1794-1795) demostró que no era posible mantener el principal núcleo español de armamento cerca de la frontera francesa, por lo que siendo rey de España Carlos IV y por Real Orden de 24 de abril de 1794, se ordenó la creación y establecimiento de la Fábrica de La Vega en Oviedo para la fabricación de armas portátiles.

Comenzó su actividad el 15 de setiembre de 1794. En 1855, siendo insuficiente el sistema de producción gremial, se hace necesario el establecimiento de un gran taller industrial, por lo que se reúne la actividad en el solar del antiguo monasterio benedictino de Santa María de La Vega, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo al Ministerio de Guerra y que es su actual ubicación.

Como consecuencia de dar cumplimiento a la Ley 44/1959, de 30 de junio, se establece un contrato entre el entonces Ministerio del Ejercito y el Instituto Nacional de Industria, creándose como consecuencia del mismo y según Decreto 808/1960 de 4 de mayo, sustituido y actualizado por el Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A. (ENSB), en la que se encuadra la Fábrica de la "Vega".

El 9 de mayo de 1986, el Consejo de Ministros aprobó la incorporación a ENSB de tres nuevas fábricas (dependientes hasta ese momento del Ministerio de Defensa) haciéndolo ese año Valladolid y Murcia; posteriormente en enero de 1987 la Fábrica de Trubia y el 21 de octubre de ese mismo año La Vega.

El 12 de abril de 2000, con un Gobierno en funciones del Partido Popular se anuncia por parte de la Sociedad de Participaciones Industriales, la designación de la Compañia estadounidense General Dynamics para la adquisición del 100% de ENSB. El Gobierno del Presidente Aznar, fue contundente al justificar esta decisión: "Se ha elegido un socio con capacidad tecnológica industrial y comercial, para consolidar la Empresa Nacional Santa Bárbara como centro de excelencia mundial de armas terrestres".

Con fecha 25 de julio de 2001 se escenificó el acuerdo por 5 millones de euros ENSB que contaba en aquel momento con una importante cartera de pedidos, Programa LEOPARD 2E; Programa PIZARRO; Programa fusil de asalto 5,56 G-36E y Plan Campamento, fue entregada así a la multinacional General


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Dynamics. El Gobierno tomó además una serie de decisiones a favor de dicha empresa, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a establecer que el coste de la privatización, para el Estado, ascensión a 499,68 millones de euros.

A principios de este mismo año, la multinacional anuncia el cierre de la Vega y el traslado de sus trabajadores y parte de las actuales instalaciones a su factoría de Trubia.

La compañía justifica su decisión para integrar las dos fábricas en una única, ubicada en Trubia, en la necesidad de "mantener el empleo total de ambos centros de trabajo" y "crear un centro productivo altamente competitivo".

Sin embargo, la Vega, en concreto, era una fábrica de alta tecnología que controlaba con las exigentes certificaciones que requieren entidades internacionales de defensa o el sector aeroespacial para la fabricación y ensamblaje de componentes de gran precisión para las industrias aeronáutica, civil o espacial, armamento ligero, calibres medios, misiles y componentes de artillería, municiones y vehículos blindados. Era la industria con mayor valor añadido de Oviedo y, curiosamente, el planteamiento de la multinacional supuso, al contrario de lo que dijo, la pérdida de la capacidad de fabricación de sistemas de armas y con ello el mantenimiento de las certificaciones que garantizan sus productos. Por tanto, el traslado de la fábrica de La Vega a Trubia implicó el desmantelamiento de una parte importante del sector de Defensa en Asturias.

En el ámbito del empleo, hoy, doce años después de haber privatizado la empresa, tenemos, sin embargo, un expediente de regulación de empleo para la extinción de 246 empleos en Trubia, además de otras 213 con un ERE temporal.

Nada de esto podía haberse llevado a cabo sin la complicidad y el apoyo explícito del Gobierno de España ya que todos los terrenos donde están enclavados los centros de trabajo de Santa Bárbara Sistemas son propiedad del Ministerio de Defensa y ahora sabemos que las decisiones empresariales y las gubernamentales estuvieron siempre íntimamente relacionadas ya que, como ahora sabemos, el cierre de La Vega posibilita el intento de venta de sus terrenos, por parte del Ministerio de Defensa.

Venta que en nada beneficia a los trabajadores de Trubia, ni al resto de la Empresa Santa Bárbara Sistemas, ya que aunque la propuesta de venta se justifica para financiar los programas de armas ministeriales, las mismas no las llevará a cabo la empresa mencionada, lo que hubiera evitado los despidos y el ERE temporal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa español a:

1. Que solicite a dicha empresa una nueva y urgente convocatoria de las federaciones estatales de los sindicatos más representativos en General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas para negociar con los mismos, medidas que posibiliten un adecuado tratamiento, no traumático, de los trabajadores que pudieran resultar excedentes, en el proceso de reestructuración de la empresa.

2. Que establezca con el Grupo Santa Bárbara Sistemas un plazo suficiente para permitir la búsqueda de una nueva empresa que garantice la continuidad de la actividad y el empleo en la fábrica de A Coruña.

3. Que agilice la tramitación de los Programas de armamento pendientes, especialmente, los vehículos 8x8 y los Pizarros, para posibilitar un aumento de la carga de trabajo en el sector industrial armamentístico.

4. Que negocie con el Ayuntamiento de Oviedo y la Comunidad Autónoma asturiana, la cesión de los terrenos que ocupó la fábrica de armas de La Vega, respetando las competencias autonómicas y locales en la definición del régimen de usos de dicho suelo, con objeto de prevenir presiones especulativas y que, en ningún caso, dichos terrenos se vendan a empresas o personas privadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Economía y Competitividad

161/001580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre estadísticas de ejecuciones y lanzamientos hipotecarios, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

El problema de los desahucios de viviendas derivados del impago de los préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda habitual ha alcanzado una evidente importancia social a lo largo de esta profunda crisis económica.

Para poder adoptar políticas públicas eficaces es necesario conocer el alcance real del problema, puesto que la estadística utilizada, la elaborada y publicada, con frecuencia trimestral, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativa a procedimientos de ejecución hipotecaria presentados y a lanzamientos, se refiere no solo a la vivienda habitual, sino que incluye a las viviendas secundarias y a todo tipo de activos inmobiliarios, sin efectuar una desagregación entre los tipos citados de garantías.

Ante este déficit estadístico resulta difícil conocer el alcance real que presenta la evolución de los desahucios en nuestro país, por lo que urge superar la carencia estadística comentada y así poder evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Hasta el momento, dichas medidas adoptadas resultan claramente insuficientes para abordar en su integridad la situación de los desahucios de viviendas destinadas a residencia habitual y el desequilibrio con la posición del acreedor. Como consecuencia de esto, el colectivo beneficiado ha sido muy reducido, casi testimonial, y la mayor parte de afectados con escasos recursos no han podido beneficiarse de dichas medidas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con carácter de urgencia, la elaboración de una estadística que recoja, con periodicidad mensual, la evolución de los desahucios y en concreto, el número de procedimientos de ejecución hipotecaria presentados y de lanzamientos relativos a las viviendas destinadas a residencia habitual con objeto de poder evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para la protección de los deudores hipotecarios. Esta información estadística se facilitará a escala provincial. Dicha elaboración corresponderá al Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera.


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Exposición de motivos

La crítica y caótica situación del sistema financiero español, agravada por la aplicación de decisiones inconexas y erróneas del Gobierno, desembocó en la concertación de un rescate que evitara su colapso, aprobada bajo el amparo de una decisión en el ámbito comunitario sobre medidas específicas para reforzar la estabilidad financiera en el Estado español.

El 23 de julio de 2012 se firmó el Memorando de entendimiento entre la UE y el Estado español, "sobre condiciones de Política Sectorial Financiera", al que siguió, el 24 de julio el Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, que detallaron las condiciones del rescate del sector financiero.

En los apartados decimoctavo y decimonoveno del Memorando se recogía expresamente la obligación de adoptar normas por el Estado español antes del final de agosto de 2012 para repercutir en los titulares de instrumentos de capital híbrido y deuda subordinada los costes de la reestructuración de las entidades financieras y, en concreto, a los bancos con ayudas públicas, la exigencia de convertir el capital híbrido y la deuda subordinada en recursos propios con ocasión de la inyección de capital público o mediante recompra -según cita textual- "con descuentos considerables".

En aplicación del Memorando, se incorporaron al ordenamiento jurídico modificaciones legales que habilitan para imponer fuertes pérdidas a poseedores de participaciones preferentes o deuda subordinada, sin tener en cuenta que la mayor parte de los mismos habían sido engañados para concertar la compra de dichos productos financieros. De ese modo, se legalizaba la vía para consumar la estafa a miles de clientes particulares, de pequeños ahorradores e inversores sin experiencia financiera, que habían sido engañados con la colocación masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada.

Las últimas decisiones del FROB en aplicación de esa norma a las entidades financieras nacionalizadas, confirman el expolio del ahorro a un elevadísimo número de personas que nunca fueron informadas debidamente de las características de estos productos financieros, ni de sus riesgos, y por ello tampoco otorgaron un consentimiento válido, de que estaban transformando su dinero ahorrado con muchos años de esfuerzo y trabajo en valores especulativos con alto riesgo. En suma, que, a raíz de una intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero con el fin de reforzar sus fondos propios de capital, estaban cambiando sus ahorros en títulos a largo plazo, e incluso en casos aberrantes a perpetuidad que, ni sabían en que consistían, tanto por su escasa formación financiera como sobre todo por la nula información proporcionada por la entidades bancarias, ni tampoco deseaban adquirir, pues en la mayoría de casos su relación con dichas entidades se ceñía a realizar contratos de depósito bancario.

El Gobierno español no solo asumió unas condiciones gravosas para la mayoría de ciudadanos, porque también los contribuyentes en general han de realizar enormes esfuerzos para rescatar a la banca española, sino de forma especialmente grave para miles de pequeños ahorradores poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, pues era perfectamente conocedor a la altura de mediados de 2012 de la estafa masiva de colocación de dichos productos en ahorradores, tanto por las fundadas protestas y reclamaciones de las Plataformas de Afectados, como por la existencia de advertencias emitidas por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) desde abril de 2009 sobre la complejidad y riesgo inherente de las participaciones preferentes.

Las justas reivindicaciones de los afectados, que incluso han recabado apoyos unánimes de instituciones locales donde más se extienden los efectos de esta estafa, han de provocar la rectificación y revisión de la actuación gubernamental en esta materia, de forma que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, sobre todo en aquellos casos que, como se ha dicho, son mayoría, donde las personas afectadas son ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, ni tampoco formación financiera.

Con ello se podrá retomar una solución satisfactoria al problema descrito de la colocación de participaciones preferentes y deuda subordinada entre pequeños ahorradores, que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido en estos títulos, sin que se apliquen rebajas o descuentos de ningún tipo, pues, en estricta justicia, no puede atribuírseles ninguna consecuencia directa negativa, como es la asunción de pérdidas en sus ahorros; en el rescate de las entidades financieras, dado que tampoco han tenido ninguna responsabilidad en la situación crítica, sino que esta descansa claramente, y cada vez con más evidencia ante las noticias que se suceden de la gestión de los últimos años, en directivos,


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ejecutivos y autoridades y responsables políticos supervisores vinculados al sector financiero español, de una parte y con carácter general, al haber emprendido una estrategia de gestión del ahorro e inversiones totalmente nefasta, y de otra parte de forma agravada en determinados casos, por haber cometido prácticas irregulares y corruptas, incluso de carácter delictivo, por las cuales apenas tienen que responder, por sus actos y los efectos desastrosos que han ocasionado, mientras se imponen pérdidas a personas totalmente inocentes.

El Bloque Nacionalista Galego-Grupo Mixto, propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las modificaciones legislativas e impulsar los acuerdos necesarios para:

a) Que no se apliquen quitas ni descuentos a los adquirentes o poseedores de los instrumentos híbridos de capital o deuda subordinada que sean ahorradores o pequeños inversores sin experiencia financiera que no hubieran recibido información adecuada del instrumento adquirido.

b) Que se garantice la devolución íntegra del nominal invertido, así como la indemnización por los daños y pérdidas que hubieran sufrido, a los ahorradores y pequeños inversores en participaciones preferentes y deuda subordinada.

c) Que intensifique la realización de arbitrajes por parte de las autoridades competentes en materia de consumo, que permitan la devolución de lo invertido en participaciones preferentes y deuda subordina a aquellas personas que no les fue ofertada información suficiente.

d) Que queden exentas de la aplicación de tasas judiciales las demandas sobre nulidad de contratos de preferentes y subordinadas, así como que se agilice y refuerce la dotación de Juzgados que han recibido demandas sobre la nulidad de contratos firmados por poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.

e) Que en el seno del FROB se paralice cualquier decisión o acuerdo relativo a la aplicación de quitas o descuentos en participaciones preferentes o deuda subordinada mientras no se garantice la inaplicación de las mismas a aquellos titulares que sean ahorradores o pequeños inversores sin la adecuada formación financiera ni hubieran recibido información suficiente.

f) Que se ordene a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre directivos de entidades financieras que comercializaron abusivamente participaciones preferentes y deuda subordinada entre ahorradores y pequeños inversores sin ofrecer información adecuada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del proyecto de reforma de la Administración Local del Gobierno, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El Gobierno ha iniciado lo que se ha denominado reforma de la administración local, tal y como se plantea en el informe aprobado en Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de febrero. Este "Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local" modifica el articulado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), aprobada por RDL 2/2004, de 5 de marzo.


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El anteproyecto pretende ajustar la Administración Local a los principios de la austeridad y los recortes presupuestarios. Estos principios fueron consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestarla y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española modificado de espaldas a la ciudadanía y anteponiendo el pago de la deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el gobierno al servicio de los mercados.

Además de una ley injusta, que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía, también es una ley demostradamente ineficaz. La degradación de los servicios públicos fruto de las políticas de austeridad, está afectando a la vida de las personas, pero también al funcionamiento de una economía cada vez más deprimida y en recesión. Los recortes no hacen más que ahondar en esta mala situación económica y perjudicar también las cuentas públicas por la reducción de los ingresos.

En realidad, con leyes como la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se demuestra que el gobierno utiliza como excusa el déficit para cambio de modelo.

La obsesión por la estabilidad presupuestaria se blinda sin tener en cuenta que el déficit para el período 2013-2015 es del 0 % y que la deuda de los entes locales que solo representa el 4,1 % del PIB (solo un 5,4 % del total de la deuda del Estado), siendo el nivel administrativo menos endeudado en su conjunto. A pesar de que los presupuestos de las administraciones locales suponen un 13,6 % del gasto total y de desarrollar algunas políticas fundamentales en materia social, en 2012 solo pueden tener un déficit del 0,3 %.

A la vez, se ignora el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y se ignoran las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que prestan hoy los gobiernos locales. Con su anteproyecto de ley, las alternativas para la mayoría de ayuntamientos serán dos: suprimir servicios públicos o privatizarlos.

El texto aprobado por el gobierno es claro en este sentido y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas "desproporcionadas". Dicho de otra manera: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias.

Uno de los elementos que el gobierno ha utilizado de manera populista para justificar el proyecto que desmantela la democracia local, es la rebaja de los salarios de los cargos electos. El gobierno plantea que tanto alcaldes como concejales tengan limitados los salarios. Ignoran, que su tope salarial no tendrá efecto en la mayoría de ayuntamientos que tienen salarios sensiblemente inferior. Ignoran que el aproximadamente 60 % de los regidores no tienen ninguna remuneración por el desempeño de su labor pública. Ignoran también que muchos de los ayuntamientos españoles que tienen salarios más elevados son los gestionados por el partido del gobierno. Es decir, que con su anteproyecto en mano la mayoría de ediles podrían justificar un incremento salarial, que sería totalmente legal.

Con este anteproyecto el gobierno ignora la Carta Europea de la Autonomía Local aprobada en 1985 y ratificada por el Estado español, que establece los principios de respeto a la autonomía local sobre la base de los entes locales como uno de los principales fundamentos de un régimen democrático, del principio de subsidiariedad, de autonomía organizativa y competencias plenas.

El modelo del gobierno propone una fuerte recentralización. La reforma de la administración local desprecia eI principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: eI de la administración más cercana. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.

La aprobación de un texto como el actual anteproyecto supondría la desaparición y la pérdida de calidad de muchos servicios públicos básicos (servicios de empleo, guarderías, escuelas de enseñanzas artísticas, formación de adultos, atención social, políticas activas de vivienda, políticas de igualdad o de juventud...), que los Ayuntamientos han ido asumiendo a lo largo de los años. El desarrollo de estos servicios ha sido decisivo en el progreso de nuestro país y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Pero más allá de las competencias adquiridas por los ayuntamientos y que han desarrollado, hay determinados colectivos que no pueden quedar desatendidos de la acción municipal. Supondría no entender nada de cómo funciona una administración local tratar de impedir que desarrollaran, por ejemplo, políticas de género o políticas juveniles.


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La supresión de estos servicios prevista por la ley no solo supondría un empeoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, también afectaría inevitablemente al empleo público y podría suponer una pérdida aproximada de 200.000 puestos de trabajo tan solo en la Administración Local, que habría que sumar a las pérdidas de empleo que desde hace dos años, de forma ininterrumpida, viene teniendo la función pública.

La mención a que cada competencia debe ser desarrollada solo por una administración es absolutamente antigua y falaz. Muchas competencias a nivel educativo, ambiental o social no pueden gestionarse desde compartimentos estancos sino desde la cooperación interadministrativa. Es lo que se conoce como la gobernanza, que requiere diálogo, negociación y pacto. El gobierno prefiere una estructura rígida y jerárquica en la que el gobierno central imponga y el resto de administraciones obedezcan.

En todo caso, se pretende eliminar competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas. Todo ello, además sin su correspondiente financiación, pues asocia el Gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.

El gobierno vulnera de manera flagrante el marco legal actual en cuanto a organización territorial, vulnerando competencias e ignorando realidades políticas arraigadas. La configuración territorial del gobierno se basa en las provincias, ignorando irresponsablemente las especificidades organizativas de Catalunya, Aragón, Andalucía, País Vasco, Navarra, Baleares, Canarias o País Valenciano. En el caso de Catalunya, Andalucía o Aragón se vulnera el marco competencial contenido en sus Estatutos de Autonomía. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional.

Creemos firmemente que los ayuntamientos deben estar en pie de igualdad institucional aI resto de niveles de gobierno con los que conviven y reivindicamos el papel que desde 1979 han tenido en la lucha contra la pobreza, la cohesión social, la superación de situaciones anteriores de crisis económicas, el desarrollo económico, el equilibrio territorial, la sostenibilidad, la construcción nacional y la construcción de democracia. Queremos pueblos y ciudades sostenibles en sus recursos y nos reafirmamos en que los pueblos y ciudades son los diques de contención de la crisis y de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Después de 30 años esperando un nuevo marco competencial, esta reforma supondría un retroceso sin precedentes en el mundo local, y en ningún caso abordará los problemas históricos largamente reclamados sobre el marco competencial municipal y el modelo de financiación local.

Esta ley tiene un fuerte elemento de centralismo e ignora la cohesión territorial. La "regulación de las referencias y criterios en comparación con el coste estándar" creará ciudadanos de primera y de segunda, en función de la CCAA donde vivan. La uniformizacíón de los criterios de evaluación de cada municipio y la fijación de estos "costes estándar" para realización de los servicios ignora deliberadamente que cada servicio no cuesta lo mismo en cada Comunidad. Así, la imposición de un criterio único y centralista afectará a aquellas en la que el precio de la vida es más elevado o aquellas donde un determinado servicio pueda tener un coste mayor.

La pérdida de la prestación de servicios supondría un grave retroceso de la calidad democrática, al proponer la pérdida de capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad por parte de los Ayuntamientos. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, su anteproyecto mutila la participación. No podrán priorizar cómo actúa su administración más próxima, ya que el gobierno impondrá un catálogo estándar y uniforme de servicios que prestar, ignorando las necesidades de cada comunidad o territorio. Se propone, incluso, la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes o derivar parte de la decisión y la gestión de estas políticas a las Diputaciones, que no están sometidas a votación directa, alejando de este modo las decisiones del control de la ciudadanía.

Esta propuesta del gobierno del PP se hace al margen del diálogo y el consenso necesario con el mundo local y las entidades municipalistas, partiendo en muchos casos el desconocimiento sobre los niveles de prestación de servicios que ofrecen los municipios y el ahogo financiero en que se ven sometidos muchos ayuntamientos agravado aún más por la situación de crisis económica.

Además de todos los elementos de falta de diálogo, de grave retroceso democrático, de vulneración del marco competencial y de imposición centralista, esta ley supondrá un grave retroceso en la calidad


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de vida de la ciudadanía. Los ayuntamientos son la administración más cercana y con más capacidad para solucionar todo tipo de problemas y necesidades de la ciudadanía. Las víctimas del espíritu de la ley no son los cargos electos, son los vecinos de pueblos y ciudades de todo el estado porque en situación de crisis es conocido que el mundo local va más allá de sus competencias y garantiza la cohesión social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La retirada inmediata del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

2. La apertura de un debate con el conjunto de las administraciones locales y autonómicas para impulsar una reforma que avance en los principios de la Carta Europea de la Autonomía Local, el principio de competencias desde la proximidad y la reforma de la financiación local desde principio de la suficiencia financiera por encima del de la sostenibilidad. Convocar la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para abordar el debate interadministrativo de la administración local.

3. Respetar y cumplir la distribución competencial de las CC.AA. en cuanto a ordenación territorial y organización administrativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Laia Ortiz Castellví y Ascensión de las Heras Ladera, Diputadas.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA y CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de medidas para la lucha contra el fraude fiscal en España, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El fraude fiscal en España ha alcanzado en los últimos años, según la generalidad de las estimaciones realizadas, un volumen que se sitúa en torno al 8% del PIB anula (lo que equivale a unos 80.000 millones de euros que se dejan de recaudar cada año). Si siempre ha sido injustificable, en la actual coyuntura, con déficit en las cuentas públicas que alcanza un 10 % del PIB, resulta ineludible desplegar una lucha decidida en su contra. La existencia de bolsas de economía sumergida y de actividades no declaradas atenta contra la equidad en el reparto de las cargas fiscales y constituye un ejercicio de competencia desleal entre los operadores económicos. Si, por las razones económicas apuntadas, es tarea ineludible, todavía lo es más debido a razones de ética social o de conciencia ciudadana, que se han visto perjudicadas por la reciente amnistía fiscal, sobre la que pesan severas críticas de amplios sectores de la ciudadanía.

La lucha contra el fraude fiscal constituye una obligación y una responsabilidad de los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) en sus diferentes ámbitos de actuación (estatal, regional y local) así como de la sociedad en su conjunto, de todos y cada uno de los ciudadanos. En consecuencia, no cabe reservar en exclusiva el cumplimiento de esta tarea a las diferentes Administraciones Tributarias, aunque es evidente que a ellas les corresponde asumir el liderazgo en este campo. A todos los poderes públicos corresponde diseñar el marco jurídico, organizativo y financiero en el que aquellas deben desarrollar su actuación, ajustándose a una planificación anual en la que se seleccionen los objetivos y se instrumenten las medidas que garanticen la eficacia y eficiencia en la consecución de aquellos.

La promulgación de un conjunto de medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal en la Ley 7/2012, así como la nueva regulación del delito fiscal en el Código Penal (Ley Orgánica 7/2012), han subsanado parte de las lagunas existentes en esta materia. Sin embargo, el gobierno mantiene una Agencia Estatal


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de la Administración Tributaria infradotada de medios humanos y materiales si se la compara con los países de nuestro entorno y cuyo presupuesto se ha venido recortando en los últimos años. Tampoco se ha realizado la necesaria labor de pedagogía social para concienciar a los ciudadanos de que el fraude fiscal constituye una gravísima lacra en nuestra sociedad.

Por ello, es necesario introducir nuevas medidas de tipo legal y organizativo, que deben ir acompañadas de los medios materiales y humanos necesarios para su puesta en práctica, así como de una decidida e inquebrantable voluntad política de luchar contra el fraude fiscal que aqueja a nuestra sociedad y compromete nuestro futuro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal adoptando, entre otras, las siguientes medidas:

I. Sobre concienciación y participación ciudadana.

1. Concienciación.

Se proponen medidas de concienciación social tales como:

a) Campañas de difusión sobre el coste social que el fraude implica, así como sobre los medios utilizados y resultados obtenidos en la lucha contra él, para mejorar la trasparencia de la actuación administrativa y fomentar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias.

b) Programas de educación cívico-fiscal, tanto a adultos como en la etapa escolar, que incidan en valores de equidad, justicia distributiva y solidaridad. En dichos programas se enseñará responsabilidad fiscal referida tanto a la obligación del pago de los impuestos como al gasto y al respeto de lo público, todo ello como pilares de una sociedad democrática.

c) Campañas dirigidas a la difusión de información sobre los datos de recaudación de los ingresos públicos y del volumen y asignación de los gastos en cada una de las distintas Administraciones Públicas.

2. Participación.

Medidas para fomentar la participación ciudadana activa en la lucha contra el fraude, dirigidas tanto a grupos profesionales de asesores fiscales, empresarios, notarios y registradores, como a ciudadanos individuales, mediante la utilización de internet para facilitar la aportación de sugerencias e información.

Il. Sobre la revisión de normativas tributarias específicas que no desincentivan el fraude.

3. Residencia fiscal.

Se adoptarán medidas que dificulten la pérdida fraudulenta de la residencia fiscal española (obsérvese que el nuevo régimen de declaración de bienes en el exterior podría dar lugar a estrategias en tal sentido), mediante la ampliación del ámbito geográfico de la actual norma de cuarentena, la obligación de presentar una nueva declaración tributaria específica y la exclusión del carácter reservado de tal circunstancia.

III. Sobre prescripción.

4. Ampliación de plazos.

Se propone incrementar el plazo general de prescripción de 4 años establecido en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, elevándolo a 5 años con el fin de facilitar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo vigente a efectos penales.

No obstante, se propone elevar este plazo hasta 10 años en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario haya utilizado negocios, entidades o jurisdicciones mediante los cuales se oculte o dificulte su identificación o la determinación de la cuantía defraudada.

b) Cuando el obligado tributario hubiere detentado un cargo público en una administración pública, o bien hubiere ejercido funciones de dirección en una entidad pública, en el año del devengo de la obligación tributaria defraudada o dentro de los tres anteriores.


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c) Cuando el obligado tributario no hubiere presentado declaración alguna correspondiente al tributo y ejercicio objeto de liquidación, habiendo estado obligado a ello.

IV. Sobre delito fiscal.

5. Se establecerá una pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles durante un plazo determinado a los que fueren condenados por delito fiscal, en los casos que concurran actuaciones especialmente graves -como la colaboración en el alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas tributarias- en función de su respectiva gravedad.

V. Sobre Administraciones tributarias y su coordinación.

6. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Aprobar un nuevo Estatuto Orgánico de la AEAT, en el que se definan con claridad sus funciones y estructura. Dicho Estatuto deberá diseñar un marco jurídico que garantice la máxima independencia en la aplicación del sistema tributario y, con ese fin, establecerá el nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso y por un período de cinco años, atribuyendo al Presidente de la Agencia exclusivamente funciones de representación.

Dentro de la AEAT se creará una Unidad especial encargada del control tributario de los partidos políticos.

El Estatuto de la AEAT determinará los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación, reduciendo su número al mínimo imprescindible. Los demás puestos de trabajo deberán adjudicarse mediante concurso de méritos, cuyas bases se determinarán en la norma estatutaria a fin de dotar de total independencia a los funcionarios adscritos a la AEAT.

7. Medios materiales y humanos de la AEAT.

El Gobierno procederá a garantizar que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos humanos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100 por ciento. También diseñará un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios relativos similares a los del resto de países de la Unión Europea. Este refuerzo dará prioridad a la plantilla de los inspectores, técnicos y personal auxiliar dedicados al control financiero y tributario.

8. Policía fiscal.

Suscripción de un convenio entre la AEAT y el Ministerio del Interior para la creación una Policía Fiscal -dependiente del mismo- que permita la formación de unidades especializadas en la lucha contra la evasión fiscal. En dicha policía se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de Vigilancia aduanera.

9. Coordinación entre Administraciones Tributarias.

Reforzar, con el liderazgo de la AEAT, la coordinación entre las Administraciones Tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta coordinación es todavía más necesaria con las Administraciones forales, de modo que se agilicen y mejoren los sistemas de intercambio de información y se potencien los planes conjuntos de lucha contra la elusión y la evasión fiscal. Evitar la territorialización y fragmentación de la AEAT, que solo serviría para facilitar el fraude.

10. Coordinación con la Seguridad Social.

Reforzar el intercambio de información con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Potenciar las actuaciones conjuntas en la persecución del fraude en aquellos sectores con gran volumen de economía sumergida.


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11. Coordinación internacional.

Fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal. A tal efecto, se incrementará la participación de la AEAT en las iniciativas internacionales (OCDE, UE, G-20) relativas a intercambio de información fiscal y de experiencias sobre control fiscal. Igualmente se potenciará la colaboración de la AEAT con las Administraciones tributarias de otros países. Se propugna, a tales efectos, que la Agencia Tributaria Española promueva la creación de una base de datos europea.

12. Armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea.

Propugnar en el seno de la UE el paso desde el régimen transitorio del IVA -basado en el principio de tributación en destino- hacia el régimen definitivo -basado en el principio de tributación en origen- para las operaciones intracomunitarias, a fin de eliminar el fraude de las tramas de IVA.

VI. Sobre actuaciones inspectoras.

13. Planificación de controles fiscales.

Las distintas Administraciones tributarias (estatal, regionales y locales) ajustarán sus actuaciones de investigación y comprobación tributaria a las directrices de un Plan anual de control, de cuya ejecución deberán rendir cumplida cuenta a sus respectivos órganos rectores. Dichos planes se inspirarán en las siguientes directrices:

a) Concentrar las actuaciones en los focos de fraude, con dedicación especial a las circunstancias siguientes:

- Actividades y rentas no declaradas.

- Instrumentación de operaciones a través de paraísos fiscales.

- Cumplimiento de los requisitos necesarios para gozar de beneficios fiscales o tributar con arreglo a un régimen fiscal especial.

- Requisitos de facturación, tanto en las operaciones en el mercado interior como en las operaciones intracomunitarias.

- Fraude instrumentado mediante la utilización de facturas falsas.

- Sociedades aparentemente inactivas.

b) Se reforzará la actuación inspectora "in situ", en los ámbitos propicios a la economía sumergida.

c) Se reforzará el control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.

d) Se incrementarán las obligaciones de colaboración de las entidades financieras tendentes a eliminar la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo de dinero en efectivo de alta denominación.

14. Plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectoras.

Ligar el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras con la consecuencia de la prescripción sobrevenida de la obligación tributaria ha tenido efectos perversos. Los contribuyentes incumplidores sometidos a inspección tienen un fortísimo incentivo para no aportar documentación o hacerlo de forma incompleta, dilatando el procedimiento para impedir la completa comprobación de la situación tributaria o, en su defecto, conseguir la prescripción de la liquidación de sus obligaciones tributarias incumplidas. En derecho comparado no existe el límite de duración de las actuaciones inspectoras. Los eventuales perjuicios de una inspección más prolongada son compensados no exigiendo intereses de demora por el ingreso tardío de las cuotas defraudadas, cuando las actuaciones se dilatan por cualquier razón.

VII. Sobre contenciosos tributarios y litigiosidad.

15. Litigios en materia tributaria.

Reformar la normativa reguladora de los procedimientos de resolución de las reclamaciones contra actos de las Administraciones Tributarias, con la finalidad de reducir de manera drástica el tiempo de


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resolución de las reclamaciones, así como los actuales niveles de litigiosidad. A tal efecto, se propone la adopción de las siguientes medidas:

- Incrementar la dotación de los Tribunales económico-administrativos y asegurar la especialización en materia tributaria de los funcionarios adscritos a los mismos en calidad de vocales y ponentes. Adoptar las medidas precisas para reducir el tiempo de resolución de reclamaciones.

- Crear Tribunales contencioso-tributarios integrados por jueces y magistrados especializados.

- Potenciar la presentación de consultas vinculantes, como medio para disminuir la litigiosidad.

- Incentivar las regularizaciones voluntarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, con el fin de mejorar la equidad de nuestro sistema fiscal, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Es un hecho incontestable que nuestro actual sistema fiscal tolera importantes quiebras del principio de equidad, en aspectos como:

1. Los distintos tipos impositivos aplicables en el IRPF a rentas de distinta naturaleza.

2. La facilidad con la que la normativa del IRPF permite diferir indefinidamente el devengo de rentas del capital a efectos del impuesto, algo de lo cual el régimen de las SICAV constituye un ejemplo extremo.

3. El trato excesivamente privilegiado, en términos comparativos, de los activos empresariales, del cual igualmente se produce un cierto abuso.

4. Las radicales diferencias en la carga fiscal de impuestos personales, como el de Patrimonio, o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en función de la Comunidad Autónoma de residencia.

En el momento actual, resulta una necesidad ineludible plantear propuestas que modifiquen la situación existente, no ya solo por la exigencia de igualdad, sino porque la crisis presupuestaria de nuestras administraciones públicas obliga a estas a incrementar sus recursos, y ello debe hacerse cubriendo las lagunas de equidad existentes antes que incrementando la carga fiscal de quienes hoy contribuyen más.

Los cambios deben partir de una reflexión sobre cómo una legislación tan cambiante como la fiscal, en permanente esfuerzo de supuesta mejora, ha podido llegar al resultado final de un sistema tan injusto. Los motivos podemos encontrarlos en una mala práctica legislativa, demasiado enfocada en el corto plazo, en el interés específico (legítimo o no), y en el ajuste del detalle que compensa el ajuste del detalle anterior, perdiendo de vista el sentido global del sistema; también en un abuso del principio de corresponsabilidad fiscal, que debe conjugarse con la igualdad de derechos de los ciudadanos, especialmente cuando la administración central tiene que socorrer a las administraciones territoriales.

Sin embargo, tampoco podemos ignorar la dificultad objetiva de disponer de una imposición sobre la renta del capital equitativa en un entorno de libre circulación de capitales, con una creciente complejidad de los instrumentos financieros existentes, que facilitan mediante todo tipo de procedimientos la obtención de rentas del capital sin generar el flujo de liquidez que provoca el pago del impuesto. Esta dificultad se incrementa, a su vez, cuando la complejidad del entorno coexiste con una pluralidad de regímenes fiscales


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especiales que, sin perjuicio de la mayor o menor justificación que puedan tener provocan, en su conjunto, un sistema desprovisto de consistencia, donde quien se puede permitir el asesoramiento de especialistas goza de una ventaja que constituye una desigualdad más.

Por otra parte, existe en España una tarea pendiente en relación con el Impuesto del Patrimonio, cuya regulación es provisional, donde las alternativas extremas hasta ahora planteadas en el debate político (consistentes bien en renunciar a cualquier gravamen sobre el patrimonio, bien en reformar con pequeños detalles un impuesto obsoleto y estructuralmente injusto), deben superarse con nuevas propuestas.

En este sentido, UPyD considera que, precisamente en ese complejo entorno que dificulta identificar y gravar flujos de renta, el patrimonio puede constituir un indicativo de la capacidad contributiva mucho más fiel que la renta, por ser esta una magnitud demasiado manipulable. El desarrollo de los mercados financieros no obstaculiza tanto la identificación de los patrimonios por el fisco como puede obstaculizar la identificación de rentas sujetas. Es más fácil conocer a efectos de control un patrimonio que una renta (por volumen, por obligaciones de registro, por seguimiento plurianual de la información), y los actuales procedimientos electrónicos de tratamiento de información, así como la creciente colaboración entre administraciones tributarias, permiten manejar una información que, focalizada sobre patrimonios, es más concluyente que centrada en flujos de renta.

Por todos estos motivos, UPyD propone una reforma de la Ley del IRPF que modifique los capítulos de rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario (así como el de ganancias y pérdidas patrimoniales, en concordancia), de manera que la base imponible de tales rendimientos no se determine, como se hace en la norma actual, a partir de las rentas efectivamente percibidas, sino a partir del valor del patrimonio mediante una fórmula de renta mínima, de modo que las estrategias consistentes en ocultar los flujos de rentas o manejar su diferimiento indefinido, sean o no hoy legales, dejen de servir.

En particular, se propone que sobre cualquier elemento patrimonial, mobiliario o inmobiliario, se compute una renta mínima que se fijaría, con carácter general, en un 3 % de su valor, con tipos diferenciales para supuestos específicos.

Sobre la base así determinada, se aplicaría un tipo impositivo progresivo, si bien de un rango más estrecho que el de la tabla general, con un máximo en el 30 %, dado que una renta calculada en estos términos se corresponde más con tipos predecibles y no excesivos.

Este sistema de determinación del impuesto sobre las rentas del capital mobiliario e inmobiliario es el hoy existente en la legislación de Holanda, un país que suele ser referencia en materias tributarias, aunque estipulando una renta mínima del 4 % y un tipo impositivo fijo del 30% (una imposición efectiva del 1,2 % sobre el patrimonio) y no teniendo tal cuota impositiva carácter de cuota mínima, sino única y definitiva.

En esta reforma considerará la especificidad del patrimonio empresarial, merecedor de un tratamiento favorable, sin llegar a extremos tan contrarios a la equidad como la actual exención del Impuesto sobre el Patrimonio, que se concretaría en un porcentaje específico reducido de renta mínima (no superior al 2 %).

Por último, en el cálculo de la cuota para bienes inmuebles se podría deducir el IBI, para evitar una sobreimposición en comparación con el capital mobiliario, sin perjuicio de la franquicia que se establezca para la vivienda habitual, y sin que sea tampoco objetivo de esta reforma incrementar la carga fiscal sobre la vivienda habitual en términos generales.

En definitiva, la norma propuesta permite un control más preciso de la verdadera capacidad contributiva y, como ocurre con cualquier sistema de declaración sobre el patrimonio, constituye un elemento de control tributario, así como un permanente desincentivo al fraude. A este respecto, es relevante la entrada en vigor de la Ley de medidas contra el fraude, en lo concerniente a la obligación de declarar los patrimonios mobiliarios o inmobiliarios radicados en el extranjero, cuya vigencia facilitará la puesta en práctica del impuesto aquí propuesto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de dos meses, un Proyecto de Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, con el objetivo de mejorar la equidad, establezca una base imponible mínima para los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. Dicha base se concretará en un porcentaje del valor del patrimonio del contribuyente (que se fijará en una magnitud que no provoque un aumento de la carga fiscal para la mayoría de los contribuyentes) y se complementará con un tipo reducido para los bienes empresariales y un tipo incrementado para los


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activos en el exterior. Asimismo, la reforma impedirá a las Comunidades Autónomas modular a la baja los parámetros esenciales del impuesto e incluirá la derogación definitiva del actual Impuesto sobre el Patrimonio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para minimizar los efectos nocivos de la amnistía fiscal, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

EI Gobierno, mediante Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), procedió a establecer, en su disposición adicional primera, la "declaración tributaria especial", más y mejor conocida como "la amnistía fiscal". Este Real Decreto-ley fue convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos favorables del PP y CiU, siendo rechazado por todos los demás grupos. La medida provocó también un gran rechazo ciudadano desde el primer momento y ha sido la medida fiscal más criticada de todas las adoptadas por el Gobierno. Esto resulta lógico, pues no solo se trata de una medida que favorece a los defraudadores y mina la conciencia fiscal, sino que se ha aplicado al mismo tiempo que se subían fuertemente los impuestos a los contribuyentes honestos, incumpliendo el programa electoral con el que el PP había ganado las elecciones.

En la disposición adicional primera de este Real Decreto-ley de amnistía fiscal se establecía que "Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento". El objetivo recaudatorio de la amnistía fiscal fue establecido en 2.500 millones de euros, incluyéndose esta cuantía en los Presupuestos Generales del Estado. Finalmente sólo se recaudaron 1.193 millones de euros, contribuyendo este fracaso recaudatorio al incumplimiento del objetivo de déficit público en 2012 por parte de España.

La amnistía fiscal fue desarrollada mediante Orden Ministerial (Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, BOE de 6 de junio). Mediante esta norma, contraviniendo lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/2012 y en la propia Ley General Tributaria, se admitió la declaración de dinero en efectivo. Este hecho no solo puede haber perjudicado la recaudación tributaria de 2012 (ya que el 10% es un tipo muy inferior a los establecidos tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades), sino que, como el efectivo no es rastreable, puede haber favorecido el blanqueo de capitales.

Posteriormente (el 27 de junio de 2012) se publicó en la web del Ministerio de Hacienda el "Informe sobre diversas cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial", atribuido a la Dirección General de Tributos del citado Ministerio, aunque sin firma ni identificación del responsable del mismo. En ese Informe se estableció que: "en el caso de que el contribuyente se encuentre en condiciones de acreditar que la titularidad de los bienes o derechos corresponde a ejercicios prescritos, podrá declarar solo los bienes o derechos cuya titularidad corresponda a ejercicios no prescritos." La interpretación del informe ha sido cuestionada por los propios Inspectores de Hacienda que la consideraron "contraria a derecho", "con deficiencias técnicas importantes" y que haría imposible cumplir los objetivos recaudatorios de la amnistía fiscal.

El citado informe atribuido a la Dirección General de Tributos no tiene carácter vinculante. Sin embargo, el Director del Departamento de Inspección dio instrucciones de que los criterios se considerasen vinculantes, lo que manifestó en declaraciones públicas, por ejemplo, el Secretario de Estado de Hacienda. Sin embargo, la Ley General Tributaria reserva con carácter exclusivo la competencia para dictar estas disposiciones interpretativas generales al Ministro de Hacienda, mediante Orden publicada en el BOE


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(artículo 12.3 LGT). Por esta razón tales instrucciones, además de haber tenido un efecto devastador ampliando la amnistía y reduciendo su recaudación fueron, con gran probabilidad, ilegales.

Los ciudadanos han asistido estupefactos al espectáculo de personas imputadas en gravísimos casos de corrupción, vinculadas además a los partidos políticos que aprobaron la amnistía, que se han acogido a la misma eludiendo así sus responsabilidades penales de tipo fiscal a un coste ridículo. Al mismo tiempo la recaudación, que era la única supuesta justificación de la amnistía, ha sido un completo fracaso, recaudándose menos de la mitad del importe previsto con una tributación media del 3% para los contribuyentes amnistiados.

Llegados a este punto, UPyD cree imprescindible que se adopten las medidas necesarias para reducir al mínimo el gravísimo daño causado a la recaudación y a la conciencia fiscal de los españoles, garantizar el cumplimiento de las leyes y aprovechar al máximo la información que puede haber facilitado este erróneo e inmoral proceso. Para ello, entre otras medidas, es necesario que se anule el regalo de más de 2.800 millones realizado por los Directores Generales del Ministerio de Hacienda a las personas que se han acogido a la amnistía fiscal, garantizando que los 40.000 millones aflorados tributen a un ya suficientemente privilegiado tipo del 10% en vez del 3%. Es necesario también garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, comprobando para ello meticulosamente las Declaraciones de la Amnistía.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar que los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal tributen como mínimo un 10% del total aflorado. Esta tributación es la que se propuso y se aprobó en el Congreso de los Diputados (con los votos del PP y de CiU). Para ello, siguiendo las recomendaciones de los Inspectores de Hacienda, el Gobierno derogará inmediatamente las órdenes del Director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria que hacen vinculantes los criterios establecidos en los informes de la Dirección General de Tributos de 27 de junio y de 11 de octubre de 2012.

2. Derogar el párrafo 2.° del apartado 4 del artículo 3 de la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, que permite a los contribuyentes de la amnistía fiscal aflorar dinero en efectivo, por ser de imposible seguimiento (lo que puede dejar impune el blanqueo de capitales y por ende, la corrupción).

3. Poner inmediatamente a disposición de los Inspectores de Hacienda y de los demás órganos de control del Estado (como la fiscalía o el SEPBLAC) la totalidad de la información procedente de la amnistía fiscal, para que pueda ser utilizada con el fin de combatir el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y cualquier otro delito.

4. Siguiendo la recomendación de los Inspectores de Hacienda, modificar el Plan de Control Tributario 2013 para incluir como punto prioritario la comprobación de aquellos contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal mediante la presentación de la Declaración Tributaria Especial. Dentro de este plan de actuaciones se prestará especial atención a aquellos contribuyentes que sean personas jurídicas o que no tengan patrimonio previo, puesto que en estos casos es más probable que haya testaferros, sociedades pantalla o personas interpuestas, lo que estaría favoreciendo el blanqueo de capitales y la corrupción."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos y demás entidades de crédito, con el fin de que contribuyan a la recuperación de las ayudas públicas recibidas, para su debate en Comisión.


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Exposición de motivos

La profunda crisis en la que estamos inmersos ha tenido su origen en el sector financiero de los Estados Unidos, con una posterior repercusión internacional. Por lo que a España se refiere, la crisis del sector financiero se debe al desarrollo de una burbuja inmobiliaria, propiciada por los préstamos de alto riesgo concedidos por las entidades financieras.

La situación de quiebra de un segmento del sector financiero español, debida a una deficiente gestión de su negocio al asumir un exceso de riesgo en el crédito otorgado, ha hecho necesaria su recapitalización por el Estado de modo que, la que era deuda privada, se ha trasformado en deuda pública a cargo de todos los españoles.

Tales circunstancias han supuesto que el Estado español haya tenido que obtener de las autoridades europeas un rescate del sector financiero, si bien bajo forma de préstamo, para recapitalizar bancos y cajas de ahorro, aumentando así la deuda pública.

De ello se derivan actualmente importantes sacrificios para la sociedad española, en términos de subida de impuestos, congelación de pensiones, recortes en servicios básicos como educación y sanidad, rebaja del sueldo de los funcionarios, más paro y un aumento hasta límites insostenibles de la prima de riesgo. Ello se traducirá en los próximos años en el pago de cuantiosos intereses de la deuda emitida, que en último término acabarán recayendo sobre los ciudadanos.

No cabe duda de que, en las circunstancias actuales, resulta indispensable un esfuerzo solidario especial de las empresas integrantes del sector financiero, el cual ha estado en el origen de la crisis y se ha beneficiado en su conjunto (también las entidades no nacionalizadas, que habían perdido el acceso a los mercados) de una importante operación de saneamiento con cargo a fondos públicos. El rescate lo ha sido del conjunto del sector financiero, aunque se haya traducido en la nacionalización de algunas entidades concretas.

En dicho contexto, se justifica acudir a una fiscalidad específica de las entidades y actividades financieras. La primera razón para ello es obtener recursos adicionales que faciliten la recuperación de las ayudas públicas al sector.

A este respecto, una de las alternativas posibles es el establecimiento de un impuesto que grave las operaciones financieras. Se trata de un proyecto que ya ha tenido un largo recorrido conceptual sin que, por el momento, haya sido aplicado internacionalmente de forma generalizada. Se inspiró inicialmente en ideas del economista James Tobin (de ahí la denominación "Tobin Tax").

El 28 de septiembre de 2011 la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo una propuesta de implantación en todos los Estados miembros de la Unión de un "Impuesto sobre las transacciones financieras" (ITF). Al pretenderse su introducción a nivel mundial, se tomó también en consideración en la reunión del G-20 celebrada en Cannes el 3 y 4 de noviembre de 2011, donde no obtuvo el suficiente consenso.

La principal justificación de este tipo de impuesto -además de la recaudatoria- consiste en su efecto desincentivador de las operaciones de alto riesgo en unos mercados financieros cada vez más interconectados.

El 22 de julio de 2012 en Luxemburgo los 27 países de la UE constataron su desacuerdo para implantar dicho impuesto según la propuesta de la Comisión Europea. No obstante, ha quedado abierta a los países favorables al proyecto la vía de su implantación mediante la denominada "cooperación reforzada". Ello requiere la participación de al menos nueve países de la UE. En estos momentos ya son 11 los Estados miembros -entre ellos España- que han optado por su implantación, que se prevé pueda tener lugar para el año 2014.

El 14 de febrero de 2013, la Comisión ha formulado una nueva propuesta que mantiene en línea generales las características de este tributo, que será de un 0,1% para las operaciones con acciones o deuda, y del 0,01% para las que negocien instrumentos financieros derivados.

Los países participantes en este proyecto representan alrededor de dos tercios del PIB de la UE (de las grandes economías, solo Reino Unido se ha quedado al margen) y la Comisión cree que el impacto recaudatorio de este impuesto será de unos 35.000 millones de euros, según los primeros cálculos.

No obstante, su implantación efectiva está sujeta todavía a un procedimiento que llevará su tiempo y en el que están pendientes las siguientes etapas:

1. Aprobación de la propuesta por el Consejo (por mayoría cualificada) y ulteriormente por el Parlamento.


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2. Inicio del proceso legislativo en el Consejo, participando en el debate los veintisiete países miembros.

Los países contrarios a dicha propuesta esgrimen los siguientes razonamientos:

1. Incertidumbre sobre la incidencia final del impuesto, ya que -al tratarse de un impuesto indirecto- aunque formalmente el contribuyente sea la entidad financiera, en último término se tenderá a trasladar la carga al cliente por la vía de su repercusión o de su incorporación a costes y precios.

2. En el caso de que el impuesto no se aplique a la generalidad de los países, en aquellos en que sea aplicable las entidades financieras experimentarán una pérdida de competitividad que les impulsará a su deslocalización hacia los otros países en los que el impuesto no sea aplicable.

Atendiendo a lo anterior, Unión Progreso y Democracia entiende que el España, aun permaneciendo abierta en la Unión Europea al proyecto de implantación de un "Impuesto sobre las transacciones financieras" en los términos a los que antes se ha hecho referencia, no puede simplemente mantenerse a la espera de sus resultados, sino que debe de establecer inmediatamente medidas tributarias que den satisfacción a las exigencias de equidad y solidaridad en estos momento de crisis económica.

En este sentido, Unión Progreso y Democracia propone el establecimiento de un impuesto directo sobre los beneficios, -yuxtapuesto como recargo extraordinario y transitorio en el Impuesto de Sociedades de los bancos y demás entidades de crédito- al tipo de gravamen del actual impuesto sobre sociedades, el cual se aplicaría sobre la base imponible del mismo.

Ello ofrece las siguientes ventajas:

1. No se precisa acudir a una figura tributaria de nueva creación, sino que se actúa a través de la propia estructura del Impuesto de Sociedades ya existente.

2. Se configura como impuesto estatal, al igual que el Impuesto de Sociedades, lo que implica su aplicación uniforme en todo el territorio nacional.

3. No es exigible a entidades en situación de crisis o en pérdidas, sino que sólo actúa en el caso de obtención de beneficios.

4. La traslación al cliente de la entidad financiera resulta más difícil que en cualquiera de los impuestos indirectos.

5. Se establece con carácter excepcional y transitorio, por motivos de solidaridad ante la actual situación de crisis económica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

Establecer, en el plazo máximo de dos meses, un recargo del 3 por ciento (con carácter extraordinario y una vigencia temporal de 10 años prorrogables) sobre el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos y demás entidades de crédito, con el fin de que contribuyan a la recuperación de las ayudas públicas recibidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la


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siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación del plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector.

Antecedentes

El pasado 23 de febrero de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor, y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que, entre otras medidas, ampliaba el plan de pagos a proveedores de las distintas Administraciones Públicas, como herramienta para garantizar el pago sin demoras a aquellas empresas que tienen créditos sobre las mismas y que no se pudieron beneficiar del Plan de pagos a proveedores aprobado con anterioridad. El pasado 14 de marzo de 2013 fue convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados.

La finalidad de la presente Proposición no de Ley viene determinada por el hecho de que además de las deudas contempladas hasta el momento en el plan de pagos a los proveedores, las administraciones con problemas de financiación mantienen deudas con numerosas entidades sin ánimo de lucro, que no cumplen las condiciones estipuladas hasta el momento en las diferentes normas que regulan el plan de pagos a proveedores, y que sin embargo también es preciso garantizar su pago.

Un ejemplo es el que pone CERMI. Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) las Administraciones Autonómicas y las Corporaciones Locales debían, en el mes de septiembre de 2012 y solo si computamos las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas en torno al CERMI, más de 230 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas, y en menor medida, deudas de carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios. En comparación con el año 2011, según CERMI, la deuda se incrementó en 75 millones de euros, lo que evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos se intensifica con el paso de los meses.

De este volumen total de deuda, una parte muy importante -casi 85 millones de euros- corresponde a ayudas y subvenciones públicas a Centros Especiales de Empleo cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.

A estas cifras de deuda habrá que añadir aquellas que correspondan a deudas de las administraciones territoriales con otras entidades sin ánimo de lucro del tercer sector, sean del ámbito social, cultural, educativo o de la sanidad, entre otros.

Según datos de la "Mesa del Tercer Sector de Catalunya" en fecha 1 de octubre de 2012 la deuda de las Administraciones Públicas a las entidades del tercer sector ascendía, solo en Catalunya, a 640 millones de euros (que engloba tanto subvenciones, conciertos, contratos, convenios y otras fórmulas, con las diferentes administraciones). La activación del Fondo de Liquidez Autonómico no ha comportado para estas entidades el abono de las deudas más importantes. Esto ha provocado que, por dificultades de tesorería, durante el año 2012 el 90% de las entidades del tercer sector haya tenido que retrasar el pago de nóminas de sus trabajadores, el 51% ha debido reducir plantilla y una parte ha retrasado pagos a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, lo cual ha agudizado las dificultades de estas entidades para iniciar o renovar líneas de crédito con sus respectivas entidades de crédito.

Las entidades afectadas son organizaciones no lucrativas que prestan un conjunto de servicios de forma directa o indirecta a favor de las administraciones, son responsables de gestionar un amplio conjunto de servicios sociales básicos o complementarios que también configuran el estado del bienestar, que todos defendemos. Las fórmulas articuladas para que estas entidades puedan actuar son múltiples, si bien es habitual que reciban financiación a través de subvenciones y convenios, de forma que aunque formalmente no se consideren proveedores de la Administración, materialmente sí lo son y es por ello que es preciso incluir la deuda que soportan en el ámbito objetivo de la presente novación del plan de proveedores del ejercicio anterior.

Cabe destacar que la marginación de estas entidades, desde la perspectiva de darles el apoyo financiero que se ya ha otorgado a otras entidades empresariales, podría poner en peligro la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción de los colectivos de personas más vulnerables, lo cual afectaría directamente al bienestar social y a la cohesión de nuestra sociedad.

Visto que son muchas las entidades sin ánimo de lucro que no han podido beneficiarse de las condiciones del plan de pagos a proveedores, la presente Proposición no de Ley pretende ampliar el ámbito objetivo de aplicación del plan y/o que se adopten alternativamente las medidas necesarias para que se favorezca de forma prioritaria el pago de la deuda contraída con las mismas. Es imprescindible una


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acción de choque de estas características con el objetivo de evitar la desaparición de una parte muy significativa del tejido social, construido con tanto esfuerzo y que ha costado tantos años consolidar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo de tres meses y conjuntamente con las Comunidades Autónomas, una nueva ampliación del Plan de Pagos a proveedores o, alternativamente, establecer medidas que favorezcan de forma prioritaria el pago de deudas de las administraciones territoriales con entidades sin ánimo de lucro, derivadas de:

a) Convenios entre la Administración y entidades privadas, cuyo objeto esté excluido de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.

c) Contrato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión cuando el deudor es una Comunidad Autónoma.

d) Subvenciones reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las Leyes de subvenciones propias de las Comunidades Autónomas.

e) Cualquier otra modalidad de adjudicación de fondos, cubierta o no por la Ley de Contratos del Sector Público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/001583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen del IVA a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La extracción de resina tuvo una gran importancia económica a lo largo de gran parte del siglo XX en nuestro país, y, en especial, en Castilla y León. En las últimas décadas se ha reducido considerablemente; si bien diferentes circunstancias sociales y económicas han motivado un interés creciente por la misma, convirtiéndose en una fuente alternativa de empleo para muchos jóvenes del medio rural ligados al monte de pinares, pero también para personas que han perdido el empleo.

En los dos últimos años ha habido un número elevado de personas interesadas en incorporarse al sector como resineros, que han encontrado dificultades por la enorme complejidad e inseguridad jurídica existente en cuanto al régimen tributario aplicable.

La resinación es una forma de explotación forestal que en España se obtiene durante varios años de los pinos vivos, sobre los cuales es necesario realizar una serie de labores a lo largo de ocho meses durante cada uno de [os años o campañas. Es una actividad temporal, semejante a las labores de cultivo que puedan realizar un agricultor para la obtención de frutos de la tierra.

Estas labores son realizadas por cada resinero y cada campaña en cada uno de los 5.000 o 6.000 pinos que pueden llegar a trabajar los obreros que se dedican a esta labor en dedicación exclusiva. Como resultado de esas 20 veces en que cada uno de los pinos es objeto de alguna de esas labores se recogen entre 2 y 3,5 Kg de resina por pino y año (cuantía dependiente de la climatología, condiciones del medio, habilidad del operario), cuya venta (sin transformación alguna) constituyen los ingresos de esta actividad.


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Los agentes que intervienen en este proceso son: el propietario del monte, el resinero y el comprador de la resina, que pueden realizar varias y concurrentes funciones en el aprovechamiento. Así, se distinguen:

- Un propietario particular lleva a cabo directamente las labores de extracción y vende la resina obtenida a una empresa de transformación (ejerce de propietario y resinero).

- Un propietario particular o una Entidad Local propietaria contrata directamente operarios con los que realizar la extracción y vende posteriormente la resina.

- Un propietario particular o una Entidad Local propietaria arrienda la explotación. Es decir, el propietario de un monte (de conformidad con la legislación de patrimonio y contratación que le resulta de aplicación en el caso de las Entidades Locales) adjudica (arrienda) el derecho de aprovechamiento de resina a un tercero por un precio y un tiempo determinado. El adjudicatario de ese derecho pasa a ser el responsable de organizar esos bienes y derechos para su explotación forestal (la extracción de resina) con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades económica, civil, social y fiscal que pueden derivarse de ese aprovechamiento (siempre en el marco de las condiciones técnicas fijadas). Es decir pasa a ser el titular de la explotación de la resina en ese monte. De acuerdo con esto, se presentan otros casos:

- El adjudicatario es un resinero que a título individual y como autónomo acogido al Sistema Especial de trabajadores agrarios por cuenta propia (SETA), ejercita directamente esos derechos de aprovechamiento como titular de la explotación y lleva a cabo las labores de extracción de resina, que vende posteriormente a un tercero.

- El adjudicatario es una empresa con personalidad jurídica propia.

- La citada empresa (cooperativa, sociedad agraria de transformación...) está constituida por resineros que trabajan directamente los pinos, vendiendo la resina a un tercero.

- La citada empresa es la destinataria final de la resina que contrata personal para la ejecución del aprovechamiento quedándose con la resina obtenida.

- La citada empresa es la destinataria final de la resina, que a cambio de la compra de la resina a un precio convenido, subarrienda el derecho de aprovechamiento de resina a cada uno de los resineros que a título individual lo llevan a cabo como autónomos en un número determinado de pinos, debiendo vender la resina obtenida a la empresa a la que han subarrendado el derecho.

El futuro del sector resinero y del empleo vinculado al mismo viene condicionado por el mercado, lo que exige ajustar sus niveles de competitividad y productividad a la oferta de otros productos alternativos de la industria química. En cualquier caso, el margen de explotación es muy bajo, lo que hace que su viabilidad económica no sea fácil. Por otra parte, la actividad de resinado contribuye de una forma directa o indirecta al mantenimiento del monte y a garantizar su seguridad mediante una acción preventiva y proactiva. De ahí la necesidad de contribuir mediante ayudas y condiciones especiales al mantenimiento de la función. Y una de ellas es el régimen de IVA a aplicar.

En la actualidad, es necesario clarificar la aplicación del marco legal del IVA en los diferentes supuestos referidos en el proceso de resinado. Dada la naturaleza de la actividad, todos ellos han de tributar dentro del marco legal del IVA como un aprovechamiento de régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, o en un epígrafe equivalente.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adaptar la vigente normativa del IVA, efectuando una adecuada interpretación de la misma, para que los resineros tributen en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, o en un epígrafe especial dentro del mismo, acabando con la inseguridad jurídica existente en el momento actual para esta actividad económica. Que la normativa que desarrolla el régimen fiscal recoja específicamente la extracción de resina como una actividad a la que resulta de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o eI del recargo de equivalencia del IVA como una actividad forestal susceptible de estar incluida en este régimen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Fomento

161/001544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para la erradicación del chabolismo y la infravivienda en España, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La población gitana en España, en términos generales, ha experimentado importantes avances sociales en los últimos 40 años; tales avances han venido de la mano de la democratización de la sociedad española, el crecimiento económico del país, la construcción de un Estado social, el acceso generalizado a los sistemas de bienestar social (especialmente vivienda, educación, salud y servicios y prestaciones sociales) y las medidas y programas específicos dirigidos a compensar las desventajas.

No obstante, todavía queda un camino largo por recorrer para alcanzar la equidad plena. Según la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, hay cuatro áreas en las que debemos priorizar las actuaciones para fomentar la inclusión social de la población gitana: educación, empleo, vivienda y salud.

Concretamente, la vivienda continúa siendo uno de los problemas más relevantes que afectan a la comunidad gitana de nuestro país. Es cierto que estudios recientes revelan una mejora significativa de las condiciones residenciales de la población gitana en las últimas décadas. Muchas familias gitanas han tenido acceso a pisos en barrios de ciudades en los que conviven con el resto de la población; el acceso a la vivienda se ha producido tanto por la vía de vivienda pública como por la privada, normalmente en barrios normalizados pero de perfil socioeconómico bajo. De acuerdo con el último de los estudios realizados, que analizó, en 2007, las condiciones de vivienda de más de 90.000 hogares gitanos, el 88,1% de las personas gitanas reside en una vivienda normalizada, y solamente el 3,9% reside en un entorno chabolista, si bien otro 7,8% habita en viviendas muy deterioradas o consideradas infraviviendas. Estos resultados suponen un rotundo avance con respecto a los obtenidos en el anterior estudio realizado en 1991, cuando el 10% de las viviendas gitanas eran chabolas, y el 21,4% infraviviendas. Asimismo, los equipamientos básicos de las viviendas también han mejorado considerablemente.

No obstante, la persistencia del chabolismo y la infravivienda, el deterioro y la degradación que sufren las viviendas y el entorno en el que estas se ubican, el hacinamiento o la falta de garantías para el acceso de las familias gitanas más desfavorecidas a la vivienda pública, son algunos de los aspectos que hacen que esta cuestión siga siendo una de las más prioritarias para garantizar la promoción de la comunidad gitana.

De hecho, el primer objetivo de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, en el ámbito de la vivienda, es "la erradicación del chabolismo y la infravivienda". Y entre sus líneas estratégicas de actuación prevé el "impulso de programas de intervención integral, en el proceso de realojamiento, que favorezcan la formación para el uso y mantenimiento de la vivienda, la implicación de las personas afectadas en todas las fases del proceso, la ocupación laboral y el uso de los servicios comunitarios y educativos", proponiendo para ello el uso de los Fondos Estructurales (art. 7.2 del Reglamento FEDER).

Igualmente, en materia de vivienda, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, recogía entre sus principales objetivos "contribuir, con las demás administraciones, a la erradicación de la infravivienda y el chabolismo", para lo cual se establecía una serie de ayudas para la erradicación de los asentamientos precarios e irregulares de población en situación o riesgo de exclusión social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y habitabilidad muy por debajo de [os requerimientos mínimos aceptables.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en eI nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, como objetivo prioritario, la erradicación definitiva del chabolismo y la infravivienda en España, impulsando para elfo el uso de los Fondos FEDER."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.-Trinidad Jiménez García-Herrera y Leire Iglesias Santiago, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre servicio de transporte por ferrocarril de la ciudad de Ferrol, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una parte importante de la población de esta ciudad.

A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento, insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda.

Sin embargo, esta tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias.

El incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.

Según datos de fuentes sindicales, el ministerio prevé concentrar recortes en las frecuencias semanales entre A Coruña y Ferrol con la posible reducción de aproximadamente un tercio de las frecuencias actuales.

El servicio entre estas dos ciudades de la provincia condiciona la competitividad de Ferrol, conduciendo a esta ciudad al aislamiento, la paralización del desarrollo y la pérdida, aún mayor de población.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las siguientes actuaciones:

- Mejorar las condiciones del servicio de ferrocarril de la ciudad de Ferrol en materia de velocidad, duración de los viajes, frecuencias de los mismos y confortabilidad.

- Establecer un verdadero servicio de cercanías por ferrocarril entre Ferrol y Betanzos.

- Implantar servicios rápidos y directos por ferrocarril entre Ferrol y A Coruña y Ferrol y Santiago.

- Prolongar hasta Ferrol el servicio rápido diurno Madrid-A Coruña.

- Conectar la línea ferroviaria Ferrol-Betanzos con los servicios a Lugo, Barcelona y País Vasco."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Carlos Salvador Armendáriz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al transporte de madera por carretera, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Desde la óptica internacional, los compromisos de carácter ambiental apuestan claramente por el uso de materiales renovables. En este entorno, sin duda, la madera debe desempeñar un papel protagonista, por sus indudables ventajas medioambientales así como por su positiva repercusión para el desarrollo rural, y la protección de Ios montes.

El transporte de madera es una parte crucial del aprovechamiento forestal. Supone el eslabón necesario que engarza el aprovechamiento forestal y la industria receptora de la materia prima. Constituye un 50 % o más del coste total de las operaciones de aprovechamiento maderero.

La legislación europea específica contenida en la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, determina, en relación a los vehículos que transportan madera por carretera, la longitud máxima en 18,75 metros y el peso máximo en 40 toneladas. No obstante, legitima a los Estados miembros para que puedan establecer determinadas excepciones que amplíen esas medidas máximas.

España, a diferencia de otros países miembros de su entorno, no ha aprobado excepciones a este régimen que, de forma mimética, se recoge en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. En consecuencia, el transporte de madera en España se encuentra en una situación de importante desventaja competitiva respecto de los países que sí han establecido excepciones en su legislación nacional.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, sin perjuicio de las correspondientes competencias autonómicas, a modificar la regulación española en materia de transporte de madera por carretera con objeto de que seamos más competitivos respecto de otros Estados miembros, que ya han legislado sobre la base de la excepción del artículo 4 de la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, en el sentido de autorizar, para los vehículos que realizan determinadas operaciones de transporte por carretera, nuevos límites máximos en torno a 25.5 metros de longitud y 60 toneladas de peso máximo, similares a los del resto de países de nuestro entorno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión en la Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar la Quinta Libertad en los tratados internacionales de aviación civil.

Antecedentes

Los servicios de transporte aéreo han experimentado una rápida expansión con el crecimiento de la economía mundial y su demanda está ligada al grado de actividad económica en aquellos mercados y economías en los que la aviación civil presta servicios. La actividad económica más intensa lleva aparejada una demanda creciente de transporte aéreo, viéndose beneficiada no sólo por las industrias y el comercio en expansión sino también por ingresos generalmente más elevados y mayor consumo por el público.


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En la Unión Europea y en otros Estados occidentales, de modo particular en los Estados Unidos de América, el transporte aéreo ha sido objeto de una liberalización real, tanto en lo relativo a los operadores de transporte -compañías-, como a los titulares y gestores de infraestructuras aeroportuarias. En la UE, dicho proceso de liberalización ha permitido, entre otras cuestiones, una apertura real del sector del transporte aéreo a la competencia, favoreciendo la creación y desarrollo de nuevos modelos empresariales vinculados al transporte aéreo, siendo quizás uno de los ejemplos más destacados la aparición del fenómeno de las compañías de bajo coste, también conocidas como "Iow-cost", en los Estados de la Unión y también en España.

Dicha liberalización ha permitido alcanzar un grado elevado de apertura a la competencia de un sector, como es el aéreo, antiguamente asociado a fuertes intereses nacionales o estatales. La denominación "compañías de bandera", para las compañías aéreas nacionales de cada Estado, es buena prueba de ello.

Sin embargo, dicha liberalización debe continuar, siguiendo la estela que al respecto nos llega desde Europa, acometiendo con fuerza una apertura real, en busca de mayores cotas de competitividad para nuestros aeropuertos, de los tratados internacionales de aviación civil que España suscribe con países terceros, tanto en aquéllos que se hallan vigentes como en los que vayan a ser suscritos de ahora en adelante.

A nivel estatal el estimulante impacto económico de la aviación civil como generador de empleos y contribuyente al crecimiento económico es evidente cuando las líneas aéreas, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea e industrias aeroespaciales y sus respectivos afiliados responden a la creciente demanda directa de servicios de transporte aéreo ampliando sus operaciones y flotas, haciendo pedidos de más bienes y servicios a los proveedores, contratando más empleados y por consiguiente aumentando sus productos. Estas actividades económicas directas tienen efectos multiplicadores en otras industrias a través de la economía.

Para que los aeropuertos tengan estas capacidades económicas primero hay que dotarlos con la capacidad operativa para ello. La liberalización de los tratados internacionales de aviación civil es condición imprescindible para que ello pueda ser posible. En concreto, la liberalización real de la denominada Quinta Libertad del Aire, que legitima el derecho de tomar y de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedentes de terceros estados. En muchos de los tratados que ha firmado el Estado Español con terceros estados no se contempla la Quinta Libertad y en otros casos se requiere un acuerdo a posteriori entre las autoridades aeronáuticas o incluso limitando el número de frecuencias de utilización de esta Quinta Libertad.

De aplicarse esta Quinta Libertad, todos los aeropuertos españoles considerados como puntos intermedios pasarían a ser aeropuertos de enlace con otros países a escala global, fomentando así la creación de nuevas rutas aéreas y favoreciendo un desarrollo económico ligado a la actividad de los propios aeropuertos, convertidos en potenciales centros de interconexión de vuelos procedentes de otras regiones y con destinos más allá de la Unión Europea.

En el actual estado económico y con los beneficios que reporta tener un aeropuerto activo y en pleno funcionamiento es de necesidad la inclusión de la Quinta Libertad de aviación comercial en los tratados internacionales que firme el Estado Español con terceros países para el mejor funcionamiento económico territorial.

Así también se favorecería a una mejor inserción internacional de la economía española en los mercados internacionales, en una época caracterizada por una creciente globalización de los intercambios y de los movimientos de productos, de servicios y de capitales. Favorecería una mutua apertura de los mercados de manera que el público consumidor tiene la posibilidad de acceder a una variedad mayor de productos y servicios de mejor calidad.

Potencia, amplía y favorece el empleo originado en las empresas del sector exportador. Favorece que las empresas españolas se vean obligadas a elevar sus estándares de calidad hasta alcanzar estándares internacionales.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incorporar, en la negociación de los tratados internacionales de aviación civil de España con países terceros, la Quinta Libertad del Aire para el mejor desarrollo económico y la libre competencia en


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los territorios donde haya aeropuertos y la creación de nuevas rutas comerciales que promuevan el turismo y la actividad empresarial.

2. Revisar los tratados y convenios firmados anteriormente relativos a la aviación civil y comercial en un período máximo de dos años con el objetivo de incorporar la Quinta Libertad del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/001572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la actividad ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de diciembre, del denominado "Plan de racionalización del Transporte Ferroviario", va a suponer un recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración de nuestro territorio.

El Ministerio de Fomento, sobre la base del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, ha diseñado, con este plan, un importante recorte de los servicios de media distancia que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público, atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 %, lo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas.

La supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones, que afectará principalmente al medio rural, impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tiene otras alternativas. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estas decisiones tienen un impacto especial, dada su configuración territorial, su gran extensión y las características de su zona rural.

El Gobierno de España establece como obligación de servicio público en Castilla y León 8 líneas intracomunitarias y 17 líneas intercomunitarias. Sin embargo, en Castilla y León, actualmente, se están prestando servicios en 4 lineas intracomunitarias y 5 líneas intercomunitarias que no han sido declaradas como Obligación de Servicio Público, y por lo tanto, condenadas a desaparecer, ya que el servicio podrá dejar de ser prestado por RENFE-Operadora.

Las líneas afectadas, que no han sido declaradas como Obligación de Servicio Público son las siguientes:

Intracomunitarias:

- Salamanca-Ávila.

- Valladolid-Medina del Campo.

- Valladolid-Palencia.

- Valladolid-Palencia-Burgos.

Intercomunitarias:

- Valladolid-Reinosa.

- Puebla de Sanabria-Orense.

- Miranda de Ebro-Logroño.

- Madrid-Segovia.

- Guadalajara-Arcos de Jalón.


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Respecto a los servicios de Media Distancia sobre la red de Altas Prestaciones (Avant), que en Castilla y León afecta a la línea Madrid-Segovia-Valladolid, RENFE-Operadora continuará prestando los servicios en las mismas condiciones que en la actualidad, pero antes del 30 de junio de 2013, según los criterios establecidos para OSP, el Ministerio definirá qué servicios resultaran sujetos a compensación económica y se formalizarán las condiciones en un contrato antes del 30 de septiembre de 2013.

En cuanto a los servicios ferroviarios que discurren sobre la red de ancho métrico que venía prestando FEVE, desde el 1 de enero de 2013 RENFE-Operadora continuará prestando los servicios de la línea de cercanías León-Guardo y de la línea regional León-Bilbao, sin embargo antes del 30 de junio de 2013, según los criterios establecidos para OSP, el Ministerio definirá que servicios resultaran sujetos a compensación y se establecerán las condiciones y la compensación económica formalizándose en un contrato antes del 30 de septiembre de 2013.

Además de la supresión de servicios ferroviarios en varias provincias de la Comunidad, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Fomento suponen una pérdida de empleo para Castilla y León, en provincias como Salamanca, Palencia y Burgos, que se verán afectadas de manera muy negativa por la supresión de servicios ferroviarios.

Los trabajadores afectados en la Comunidad son un total de 73;

- Burgos; 12 en Miranda de Ebro, que serán trasladados a Irún.

- León, 8 afectados por un cambio de condiciones de trabajo.

- Palencia; 18 en Venta de Baños, que serán trasladados a Valladolid.

- Salamanca; 1 en Fuentes de Oñoro y 34 en Salamanca que serán trasladados a Valladolid.

A pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan para la movilidad de miles de ciudadanos, este se está llevando a cabo sin el imprescindible consenso con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Retirar el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 28 de diciembre de 2012.

2. Iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial.

3. Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, como responsable de las empresas RENFE-Operadora y ADIF a que se mantenga la actividad ferroviaria actual en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se garantice la calidad y cantidad en el empleo de los trabajadores afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Pedro José Muñoz González, Luis Tudanca Fernández, Helena Castellano Ramón, María Luisa González Santín, Julio Villarrubia Mediavilla, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Mario Bedera Bravo, Antonio Camacho Vizcaíno, Juan Luis Gordo Pérez y Félix Lavilla Martínez, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

La aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de diciembre, del denominado "Plan de racionalización del Transporte Ferroviario", va a suponer un recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración de nuestro territorio.

El Ministerio de Fomento, sobre la base del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, ha diseñado, con este plan un importante recorte de los servicios de media distancia que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público, atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 %, lo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas.

La supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones, que afectará principalmente al medio rural, impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tiene otras alternativas.

A pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan para la movilidad de miles de ciudadanos, este se está llevando a cabo sin el imprescindible consenso con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Retirar el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 28 de diciembre de 2012.

2. Iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Manuel Pezzi Cereto, Vicente Guillén Izquierdo, Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Puerto Gallego Arriola, Luis Carlos Sahuquillo García, Juan Luis Gordo Pérez, Román Ruiz Llamas, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Leire Iglesias Santiago, María Paloma Rodríguez Vázquez, María González Veracruz, Juan Moscoso del Prado Hernández, César Luena López y Odón Elorza González, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del Acuerdo, de 18 de marzo de 1992, entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República francesa, referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que operan en el aeropuerto de Fuenterrabía-Hondarribia y anexos, con el objetivo de ampliar el horario del citado aeropuerto en una hora, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos


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Los Gobiernos español y francés firmaron un Acuerdo, el 18 de marzo de 1992, referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que operan en el aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia y anexos, "deseosos -escribieron textualmente- de asegurar que el sobrevuelo del territorio francés por la aviación comercial que opera en el aeropuerto no afecte a los intereses de las poblaciones adyacentes en materia de exposición al ruido, a las posibilidades de la utilización del suelo o a la seguridad, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales francesas".

En el artículo 4 de dicho Acuerdo, se dice que "el Gobierno francés prohibirá todo sobrevuelo del territorio francés de los términos municipales de Hendaya y Behobia entre las veintidós horas y las siete horas treinta minutos (hora local francesa) a partir del aeropuerto de Fuenterrabía o con destino al mismo".

Pero al mismo tiempo, en su artículo 9 se acuerda la creación de una "Comisión Mixta Intergubernamental, cuya composición será determinada ad hoc, y que examinará todos los problemas que se planteen en relación con la aplicación del presente Acuerdo. Dicha Comisión deberá esforzarse en resolver por sí misma los citados problemas". Y concluye este artículo 9 fijando que "la Comisión Mixta podrá tomar, a título provisional, todas las medidas nuevas exigidas por circunstancias no previstas en las disposiciones del presente Acuerdo. Dichas medidas serán definitivas tras la aprobación de los dos Gobiernos como revisión del presente Acuerdo. La Comisión Mixta se reunirá cuantas veces resulte necesario, a petición de una de las partes".

Lo cierto es que el actual horario de cierre ocasiona problemas al no poder llegar a tiempo algunos aviones lo que obliga a desviarlos a otros aeropuertos. Por otra parte, el retraso en la finalización de las obras del AVE en el tramo Madrid-Irún del que forma parte la llamada Y vasca, para una mejor comunicación ferroviaria con Madrid y Barcelona, que pasa de 2016 a 2018, unido a la previsible mayor demanda de transporte aéreo que se producirá con ocasión de la celebración en San Sebastián de la Capitalidad Europea de la Cultura a lo largo de 2016, nos lleva a plantear la optimización del funcionamiento del aeropuerto.

En tal sentido, la ampliación mínima del horario del aeropuerto de San Sebastián sería determinante para un mejor servicio de funcionamiento del mismo pensando en los usuarios de las ciudades próximas pertenecientes a ambos Estados. La ampliación horaria es posible dado que, como ha quedado expuesto anteriormente, el Acuerdo entre los Gobiernos español y francés que regula la utilización del aeropuerto está abierto a cualquier modificación razonable que no perturbe a las localidades francesas próximas, ya que contempla que la Comisión Mixta Intergubernamental examine los problemas que la aplicación del Acuerdo puedan plantearse y adopte soluciones para resolverlos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las gestiones necesarias para modificar el Acuerdo, de 18 de marzo de 1992, entre el Gobierno del Reino de España y e! Gobierno de la República francesa referente a! sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que operan en el aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia (antes Fuenterrabfa) con el objetivo de ampliar en una hora -hasta las 23:00 horas- el horario del citado aeropuerto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/001557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al desplazamiento de los deportistas residentes en Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 eliminaron las subvenciones para desplazamientos a los deportistas residentes en Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un derecho recogido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que en su artículo 4.3 dispone que "la Administración del Estado procurará los medios necesarios que posibiliten a los deportistas residentes en los territorios insulares y de Ceuta y Melilla, la participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal en condiciones de igualdad".

La propia Constitución Española, en su artículo 138.1, establece que "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".

El Gobierno de España venía concediendo estas subvenciones desde los años ochenta. Es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que se elimina de los Presupuestos la asignación económica correspondiente a los desplazamientos de los deportistas residentes en territorios insulares y Ceuta y Melilla, que sufrirán un trato discriminatorio respecto a los residentes en la Península, viéndose obligados a participar en competiciones deportivas en desigualdad de condiciones, lo que incluso podría traducirse, en algunos casos, en la imposibilidad de intervenir en las mismas.

En el caso de Canarias, estas subvenciones resultan especialmente necesarias, pues al hecho insular se une la lejanía geográfica que nos separa del territorio peninsular, con un coste de los billetes de avión que cada día se encarece más. Además, los deportistas canarios tienen una desventaja adicional, pues los trayectos aéreos están supeditados a horarios concretos y cerrados, lo que supone que normalmente tengan gastos de alojamiento hoteleros muy superiores a los equipos peninsulares. Hay que tener en cuenta que esta medida afecta directamente a 230 clubes y federaciones y a más de 12.000 deportistas canarios, que anualmente se desplazan a la Península para poder participar en competiciones deportivas nacionales.

En definitiva, no nos encontramos ante un recorte de prioridades (retrasar una obra, disminuir una partida económica, etc.), estamos hablando de la eliminación de una subvención que es fundamental y necesaria para que los deportistas residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla puedan participar en las diferentes competiciones nacionales en condiciones de igualdad. No estamos hablando de un privilegio, sino del derecho de los deportistas residentes canarios a la igualdad de oportunidades respecto a los residentes peninsulares, derecho que se ha visto vulnerado en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

El Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, afirmó en noviembre de 2012: "tenemos compromiso máximo para ayudar a los deportistas canarios y hemos emprendido políticas para ayudar a la insularidad", recordando que para 2013 "se ha detraído dinero de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional", que percibirá 8 millones de euros menos de la recaudación de la Quiniela en la temporada 2013-2014, y que esa cantidad se destinará a ayudas a la insularidad y campeonatos escolares.

Pero dicho compromiso no se ha formalizado administrativamente, por lo que aumenta aún más la situación de incertidumbre con respecto a la concesión de las subvenciones. Los clubes, federaciones y deportistas residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla necesitan urgentemente el compromiso firme del Consejo Superior de Deportes del cumplimiento de la palabra dada, si se quiere evitar la posible desaparición o el total aislamiento del deporte de las mencionadas comunidades y ciudades respecto del resto del deporte español.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Garantizar las subvenciones a los desplazamientos de los deportistas residentes en Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el año 2013 y sucesivos, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.-Sebastián Franquis Vera y Pablo Martín Peré, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para permitir sin limite de edad cobrar toda la prestación por desempleo en un pago único a los parados que quieran convertirse en trabajadores autónomos, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El artículo 228.3 de la Ley General de Seguridad Social establece, respecto al pago de prestaciones, que:

"3. Cuando así lo establezca algún programa de fomento del empleo, la Entidad Gestora podrá abonar de una sola vez el valor actual del importe, total o parcial, de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador y que esté pendiente por percibir.

Asimismo, podrá abonar a través de pagos parciales el importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador para subvencionar la cotización del mismo a la Seguridad Social."

Este pago de una sola vez es lo que se denomina capitalización de la prestación de desempleo. Concretamente la capitalización de la prestación de desempleo consiste en la percepción en un sólo pago de la misma, con el fin de destinar la cuantía recibida a la realización de una actividad profesional como socio de una Cooperativa de Trabajo Asociado o de una Sociedad Laboral, o como trabajador por cuenta propia o autónomo.

La capitalización se considera una medida de fomento del empleo, y más concretamente, del autoempleo, sin que originariamente se estableciera distinción alguna por razón de edad o de;género. Es una medida encaminada a ese obietivo genérico dentro de los programas de fomento del empleo. Realmente constituye una medida de fomento del empleo que pretende facilitar la puesta en marcha de determinadas iniciativas de autoempleo, como se refleja en la normativa que regula esta figura.

El todavía vigente Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, ya reconocía (como indica su título) la función del pago único o capitalización como medida de fomento del empleo.

Posteriormente, en la Exposición de motivos de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, se señala que "la reforma de las prestaciones por desempleo que se acomete con esta Ley tiene como objetivos, de acuerdo con el principio general arriba expuesto, los siguientes:

a) Facilitar oportunidades de empleo para todas las personas que deseen incorporarse al mercado de trabajo. (...) Para los desempleados que deseen formar parte de una sociedad anónima laboral o constituirse como socios trabajadores o socios de trabajo de cooperativas y opten por utilizar para ello la prestación pendiente de percibir, se establece que la capitalización puede percibirse como pago único, destinado íntegramente a la aportación necesaria para constituirse en socio, o como pago periódico para abonar las cotizaciones a la Seguridad Social. Quienes quieran constituirse como trabajadores autónomos podrán capitalizar hasta el 20 % de su prestación para afrontar los gastos de inicio de actividad, el resto de la prestación se abonará para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las personas discapacitadas podrán acogerse a la modalidad que más les convenga y disfrutarán además de una bonificación en sus cotizaciones al Régimen Especial de Autónomos del 50 %."

El desarrollo de lo establecido en la exposición de motivos se llevó a cabo en la disposición transitoria cuarta de dicha ley que, aunque sigue vigente, ha sufrido diversas modificaciones desde el año 2002. Así, se ha pasado de la posibilidad de capitalizar el 20 % de la prestación de desempleo que recogía


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la redacción original de la norma hasta los porcentajes actuales establecidos tras la reforma de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Todas las normas que han modificado esta disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, desde su entrada en vigor, lo han hecho desde el planteamiento original como medida de fomento del empleo, así el Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, introdujo los siguientes cambios en la regla 3: ampliación al 40 % del porcentaje de capitalización a los que pretendan constituirse corno trabajadores autónomos (sin distinción de género), cuando hasta esa fecha el porcentaje máximo era del 20 %.

Posteriormente, el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, regula en su artículo 2 la capitalización de las prestaciones de desempleo, haciendo uso a estos efectos de la habilitación conferida al Gobierno en el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, que establecía la facultad del Gobierno de fijar el porcentaje de capitalización mediante Real Decreto. Esta norma tenía como objetivo adoptar medidas dirigidas a facilitar el autoempleo; para ello, se aumenta el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo, con el fin de aumentar las posibilidades de que los trabajadores desempleados puedan convertirse en trabajadores autónomos.

Así, el artículo 2 establece que el apartado primero, regla 3, de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002 queda redactado de la siguiente manera:

"3. Lo previsto en las reglas 1 y 2 también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %.

En el caso de la regla 1, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir."

Tampoco en esta norma se distingue por edades ni entre hombres y mujeres en relación a la capitalización de la prestación de desempleo.

No se produce hasta la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, donde se establece dicha diferenciación por primera vez, sin que se justifique el porqué, ni en su exposición de motivos, ni en su articulado.

Dicha ley contiene en su Disposición Final Vigésima una modificación de las reglas del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. De esta manera, con efectos de 1 de enero de 2011 la regla tercera regla 3.ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002 quedaba redactada de la siguiente forma:

"3. Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 80 por cien cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud."

La reciente reforma laboral adoptada por el Real Decreto-ley 3/2012, publicada en el BOE del pasado 11 de febrero de 2012, en su disposición final 13.ª modifica las reglas del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, aumentando el importe a recibir hasta el 100 % cuando los beneficiarios sean hombres de hasta 30 años de edad o mujeres de hasta 35, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.


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Posteriormente, se mantuvo dicha medida en la disposición final decimotercera de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, quedando la redacción actual de la regla 3.ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de la siguiente forma:

"3. Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100 por cien cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud."

Por tanto, la redacción vigente de la disposición adicional cuarta de la Ley 45/2002 es la siguiente:

"Disposición transitoria cuarta. Programa de fomento de empleo en economía social y empleo autónomo.

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no oponga a las reglas siguientes:

1. La entidad gestora podría abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

En estos supuestos, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que corresponda a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en e! caso de las cooperativas, o al de la adquisición de acciones a participaciones del capital socia! en una sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condición de socio, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores autónomos con discapacidad.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que deducirá el importe relativo al interés legal del dinero.

No obstante, si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se podrá obtener conforme a lo establecido en la regla 2 siguiente.

Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los supuestos citados en el párrafo primero podrá optar por obtener toda la prestación pendiente por percibir conforme a lo establecido en la regla 2 siguiente.

2. La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:

a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social; en tal caso, se abonará esta última.

b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.

3. Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.


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En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el Inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100 % cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud."

Entre los requisitos que con carácter general se exigen para solicitar la capitalización del desempleo ninguno se basa ni se justifica en la edad de los beneficiarios ni en el género, a saber:

- Ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo.

- Tener pendiente de percibir, al menos, tres mensualidades.

- No haber hecho uso de este derecho al pago único en los cuatro años inmediatamente anteriores.

- Que la actividad que pretende realizar se vaya a realizar como trabajador autónomo, dándose de alta como tal en la Seguridad Social, o como socio trabajador estable (no temporal) de una cooperativa o sociedad laboral en funcionamiento.

- Si hubiera presentado demanda frente al cese de la relación laboral origen de la prestación, la solicitud del pago único debe ser posterior a la resolución del procedimiento judicial.

- No iniciar la actividad con anterioridad a la solicitud de la capitalización de prestación.

Por todo ello y atendiendo al objetivo de fomentar la cultura emprendedora en España y reducir la insostenible tasa de paro, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

En el plazo de 2 meses, llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias para que se permita sin distinción de edad la capitalización de la prestación por desempleo hasta el límite máximo del 100 %, siempre que los beneficiarios se constituyan corno trabajadores autónomos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre recargo por impago de cuotas a la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en lo relativo al porcentaje de recargo a aplicar en las deudas con la Seguridad Social abonadas tras el vencimiento del plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas. Dicho porcentaje se fijó en el 20 % del importe de la deuda, con independencia del plazo transcurrido.

Con anterioridad, el porcentaje aplicado en concepto de recargo variaba en función de dicho plazo: 3 %, si la deuda se abonaba durante el mes siguiente; 5 %, si se satisfacía en el segundo mes; 10 %, si se pagaba en el tercer mes; y 20 %, si se abonaba una vez transcurridos tres meses desde el vencimiento.

El nuevo sistema produce un desequilibrio de la relación entre la Administración y los sujetos obligados al pago de las contribuciones a la Seguridad Social, por cuanto que el porcentaje que aquella abona en caso de retraso en el pago de sus deudas con acreedores es muy inferior al recargo que ha de satisfacer quien se retrasa en el abono de las cuotas a la Seguridad Social.


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Así, según establece la Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013, este es del 7,75 %.

Dicho desequilibrio resulta especialmente perjudicial en momentos como los actuales, en los que el acceso al crédito está mucho más restringido, y las empresas, especialmente las más pequeñas, se encuentran con la necesidad de afrontar puntualmente los pagos a la Seguridad Social, so pena de tener que soportar un elevado recargo, desde el primer día, mientras que las Administraciones Públicas pueden retrasarse en los pagos sin tener que abonar una penalización equivalente.

Por ello, y a fin de reequilibrar la relación entre la Administración y los ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que el recargo a abonar a la Seguridad Social por ei retraso en el pago de las cuotas, sea proporcional al tiempo de demora transcurrido hasta alcanzar el máximo del 20 %."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incrementar los recursos humanos y materiales del fondo de garantía salarial.

Antecedentes

La actividad del Fondo de Garantía Salarial se ha visto incrementada en los últimos ejercicios, en sus diferentes ámbitos de actuación, como consecuencia de la crisis económica. Ello se refleja en la tramitación de un mayor número de expedientes de prestaciones y en un mayor protagonismo del Fondo en sede judicial.

El incremento de actividad es perfectamente comprensible en el marco de la crisis, atendiendo a la finalidad básica que el Fondo tiene atribuida: el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones, el Fondo de Garantía Salarial se subroga obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los/las adeudan.

Además, entre sus finalidades complementarias destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis, dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución ("a fondo perdido"), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial (la llamada "insolvencia técnica" o en casos de fuerza mayor), y la posible suscripción de convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo.

Para hacer frente al incremento de actividad, tal y como manifiesta el Gobierno en respuesta a las preguntas escritas 184/012649 y 184/012650, se han adoptado diferentes medidas:

Mediante Resolución de 18 de mayo de 2012, se autorizó el nombramiento de funcionarios interinos para el correspondiente ejercicio, lo que también ocurrió en 2011. Tal concesión supuso un refuerzo en la plantilla del Organismo que, sin embargo, fue limitado.


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- Por Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre, se creó un registro electrónico en el FOGASA, desde el que se podían presentar electrónicamente y vía Internet las solicitudes de prestaciones, 24 horas al día, 365 días al año. No obstante, las solicitudes telemáticas deben completarse con algunos documentos originales, en papel, lo que ralentiza el trámite de expedientes vía internet. Se están estudiando medidas que eviten este inconveniente, dirigidas a la instauración de la firma digital y a posibles acuerdos con diferentes colectivos de profesionales, a fin de agilizar la presentación de solicitudes.

- Mediante Resolución de 26 de abril de 2012, del Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, se procedió a incorporar la Subsede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial en la Sede Electrónica Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A fecha de marzo de 2013 y según el Gobierno, la preparación de dicho portal estaba ya muy avanzada, prácticamente, para su puesta en marcha de forma inmediata.

- Igualmente, para aliviar la carga de trabajo de las Unidades más deficitarias, se ha apelado temporalmente a la contratación de servicios externos mediante concierto para la prestación de servicios. Durante el año 2010 colaboraron en un proceso de tramitación de 9.314 expedientes y de 18.704 expedientes durante el ejercicio 2011.

- Y en último lugar, como medida de apoyo y refuerzo de aquellas Unidades con mayor carga de trabajo, la Secretaría General ha reasignado expedientes correspondientes a tales Unidades para su instrucción por funcionarios con destino en los Servicios Centrales del Organismo, los cuales compatibilizan dicha instrucción con los cometidos de sus respectivos destinos, si bien fuera de horario. Con esta práctica, durante el año 2011 se han instruido 36.145 expedientes y 17.097 expedientes durante el primer semestre del año 2012.

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la situación de carga de trabajo, de acumulación y de retrasos en la tramitación no se ha resuelto. El servicio prestado a los ciudadanos no está siendo el adecuado y las condiciones de trabajo de las plantillas que están haciendo frente a estas circunstancias, lejos de mejorar o mantenerse, empeoran.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de manera inmediata, las medidas oportunas para incrementar los recursos materiales y de personal de las sedes del FOGASA, para hacer frente al gran incremento de actividad que se ha producido en los últimos ejercicios como consecuencia de la crisis económica, agilizar la tramitación de los expedientes y ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a mejorar la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite que no alcanzan un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento.

Antecedentes

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su disposición adicional sexta, medidas en favor de las personas con capacidad intelectual límite. En concreto, establece que el Gobierno, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, y en el plazo de doce meses, desde su entrada en vigor, debe presentar medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente


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esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento. Reglamentariamente el Gobierno determinará el grado mínimo de discapacidad necesario para que opere esta aplicación.

Se reforzaba así el mandato al Gobierno que respecto a favorecer las oportunidades de empleo de las personas con capacidad intelectual límite, también había fijado la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, en el apartado 2 de su disposición adicional vigésima cuarta. De acuerdo con la citada disposición, el Gobierno debía estudiar, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, las medidas oportunas para mejorar la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite que no alcanzasen un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento.

Ambos mandatos se enmarcaban en la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012 (EGAEPD) aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 26 de septiembre de 2008, y para cuya ejecución, en marzo de 2009, se elaboró el primer Plan de Acción 2009-2010 con las medidas de actuación a llevar a cabo por parte de los departamentos ministeriales competentes.

La Estrategia Global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012 recoge una serie de objetivos, medidas y calendario, dirigidos a promover la empleabilidad de las personas con discapacidad y su integración laboral.

Los dos objetivos estratégicos son aumentar las tasas de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral, y mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo. Al respecto, se fijan 7 objetivos operativos con una serie de líneas de actuación.

Posteriormente, con el objeto de promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite que tengan reconocida oficialmente su situación, se incluyó en la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre (BOE, 19 de noviembre), dentro del punto 5.6 "Ámbito de oportunidades para colectivos con especiales dificultades", en el apartado correspondiente a "Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad", el siguiente párrafo: "Las personas con capacidad intelectual límite que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 %, podrán ser objeto de medidas de apoyo al acceso al empleo de las personas con discapacidad en los términos que determine la normativa de desarrollo prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto".

Al parecer, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1542/2011 y con la respuesta que el Gobierno ha remitido a la pregunta escrita 184/12654, el fundamento normativo que permite el desarrollo de acciones para promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual límite, al que se han referido los párrafos anteriores, requiere para la puesta en marcha de las medidas, el desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo de un mes, en el marco de sus competencias, el desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que a continuación y de forma inmediata puedan materializarse acciones para facilitar el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de


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los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a evaluar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores están obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente, se debe realizar sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente, se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos que se encuentren en cada momento, prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

De manera excepcional, las empresas públicas y privadas pueden quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen medidas alternativas.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, establece que el Gobierno debe presentar un informe anual, ante el Congreso de los Diputados, sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla a favor de trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores, regulada en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y de las medidas alternativas previstas.

A lo anterior cabe añadir que la disposición final decimosexta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Reforma Laboral, dispone que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la misma, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, con el fin de establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y mantenimiento del empleo de calidad de estas personas, previa consulta a las Comunidades Autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Parece del todo adecuado que ante el mandato recogido en la Ley 3/2012, el Gobierno de forma previa, cumpla también con lo establecido en la Ley 27/2009, y presente informes sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad y de las medidas alternativas previstas. Dichos informes pueden y deben precisamente gracias a la evaluación, permitir una mejora y si cabe, una corrección, de las medidas destinadas a promover y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de dos meses, informes sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores, regulada en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y de las medidas alternativas, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, de forma previa a la presentación del Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, al que se refiere la disposición final decimosexta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Reforma Laboral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al sector turístico de Canarias, para su debate en la Comisión de Industria, Energía, y Turismo.

Exposición de motivos

España entró en recesión en el segundo trimestre de 2008, continuando en esa situación hasta principios de 2010, momento en que inició una moderada recuperación que llegó hasta la segunda mitad de 2011. Sin embargo, durante el 2012 se volvió a la recesión, escenario de caída de la actividad que se mantendrá durante el 2013 y retrasándose, según el Gobierno de España, el retorno al crecimiento en 2014.

Las consecuencias de la crisis económica se han extendido al plano político y al social. El incremento del desempleo, que se inició a comienzos de 2008, todavía continúa produciéndose en la actualidad, aumentando la tasa de paro hasta el 26% de la población activa.

Esta crisis económica tiene su reflejo en Canarias. Según las cifras publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), la llegada de turistas extranjeros a Canarias disminuyó en 2009 más de un 12%, siendo los peores resultados entre el conjunto de nuestros principales competidores. Según las estadísticas de AENA, durante el año 2009 el tráfico total de pasajeros para el conjunto de aeropuertos canarios se redujo en un 11,8%, frente a un 8,1 % de caída para el conjunto de España. Las cifras de turistas extranjeros recibidos se situaron entre un 10 y un 15% por debajo de las que se observaron en los años previos a la crisis. En el caso de los turistas peninsulares, la disminución de la afluencia a Canarias fue también muy significativa. La estadística de pasajeros nos permite comprobar que la disminución acumulada de pasajeros residentes en otras Comunidades Autónomas, a lo largo del año 2009, fue de un 11,4%.

La evolución de las llegadas, junto con la reducción de los presupuestos vacacionales, influyó notablemente en el gasto turístico, cifra que se redujo hasta los 9.075 millones en 2009, respecto a 2008, lo que supuso una caída de 1.547 millones de euros. Las dificultades experimentadas por el sector turístico pueden observarse también desde la perspectiva del alojamiento, tanto hotelero como en apartamentos.

En el caso de los hoteles, las pernoctaciones totales durante 2009 se situaron un 6,1% por debajo de las correspondientes a la media de los tres años anteriores, según el INE, y un 12,3% por debajo, según el ISTAC.

Como consecuencia de todo elfo, el comportamiento del empleo en el sector turístico no fue ajeno al deterioro general de la situación económica y social de Canarias. El empleo registrado a finales de 2009 fue de un 8,2% inferior a la media del empleo en dicho mes durante los tres años anteriores. Canarias se convierte en la segunda Comunidad Autónoma en la que un mayor porcentaje de empresarios turísticos declaran que sus beneficios disminuyeron en 2009 respecto al año anterior, concretamente un 98,2%.

Durante el 2010, y especialmente en 2011, el turismo se desarrolló en un escenario mucho más favorable, beneficiado por el aumento de la demanda extranjera, los acontecimientos de la primavera árabe y el abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencia o aperturas de rutas, lo que influyó positivamente al sector durante el transcurso de esos años. Los resultados del 2010 evidencian un repunte del sector turístico en sus niveles de actividad, especialmente intenso en la segunda mitad del año, tras las caídas sufridas en el bienio 2008-2009. El incremento de los gastos de los extranjeros, especialmente en destino, el incremento de las pernoctaciones y excursiones de canarios, y el mayor gasto en destino de los españoles peninsulares, explican este registro.

Estos positivos resultados en 2010 favorecieron la ralentización en la caída del empleo en la industria turística canaria. Así, el empleo vinculado a la actividad turística experimentó una caída interanual de tan sólo el 1%, esto es, 2.542 puestos de trabajo menos que en 2009, y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 32,1% en el año 2009 al 32,8% en 2010.


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En el año 2011,!as Islas Canarias recibieron la visita de 10,2 millones de turistas extranjeros, prácticamente el 18% del mercado turístico extranjero en España. Este resultado significó que Canarias fuera la tercera región española con mayor volumen de afluencia de turistas extranjeros. En cuanto al turismo nacional, descendió un 0,6% respecto a 2010 en España, y un 9,2% en Canarias, un claro reflejo de la mala situación económica nacional. En total, en 2011 en Canarias entraron 13.178.975 turistas nacionales y extranjeros, lo que supuso un aumento de un 11% respecto a 2010. Esta enorme subida en la llegada de turistas se produce tras varios años de caída.

Por otro lado, el gasto turístico total en Canarias contabilizó 4.568.313,37 euros en 2011. Se observa un aumento desde 2009 en el gasto turístico medio total en Canarias, lo que permite afirmar que el menor gasto por turista y día se vio compensado por el importante aumento en la llegada de turistas. De este modo, el gasto turístico medio total, respecto a 2010, aumentó un 12,9% en 2011, mientras que en valores reales el incremento ascendió a un 10,1% para el mismo periodo. En cuanto a los índices de ocupación hotelera, 2011 fue buen año, comparado con 2010 y 2009, pues prácticamente todas las islas, salvo El Hierro, vieron incrementada su ocupación por encima del 60%.

Los buenos resultados turísticos en 2011 tuvieron su reflejo sobre los indicadores de rentabilidad hotelera de los dos destinos urbanos y de la mayoría de los vacacionales, situándose por encima de los promedios nacionales. El Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2011 evidencia que la actividad turística en el archipiélago canario en 2011 experimentó un avance interanual del 6,5% en términos nominales, generando 12.297 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 29,5%. El nivel de empleo creado en 2011 vinculado a la actividad turística en el archipiélago canario fue de 3.893 puestos de trabajo y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 33,5% en el año 2010, al 34,2% en 2011.

En este escenario, el devenir del PIB Turístico en Canarias en 2011 fue muy positivo, registrando un avance interanual del 6,5% y encadenando con éste dos años consecutivos de crecimiento por encima del registrado por la economía de la Comunidad. Esta dinámica positiva sirvió para recuperar parte de la pérdida de actividad experimentada en 2008 y 2009.

Uno de los elementos dinamizadores que provocaron el aumento de la demanda extranjera fue, sin lugar a dudas, el abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencia o aperturas de nuevas rutas. En una comparecencia del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias ante el Parlamento de Canarias, éste afirmaba que existe una relación directa entre la reducción de tasas y el aumento de 1,5 millones de turistas registrado en las islas en el año 2011 respecto al ejercicio anterior; en especial, porque las reducciones de tasas aéreas diseñadas para los aeropuertos isleños se basan, en su mayor parte, en un sistema que prima a las aerolíneas que apuestan por Canarias con un incremento, bien de pasajeros, bien de frecuencias o bien de rutas que abren el espacio aéreo canario a nuevos destinos, unas ayudas a las que todas las aerolíneas pueden optar por igual.

En consecuencia, la reducción del sistema de tasas aéreas que estuvo vigente en Canarias hasta el 2011, junto a otras medidas como la promoción turística y la recuperación de las economías europeas, permitieron que Canarias aumentara considerablemente su conectividad con el exterior entre 2010 y 2011, con 9.500 nuevas operaciones de aterrizaje de vuelos procedentes de fuera de Canarias, el establecimiento de 70 nuevas rutas y la llegada de 1,5 millones de turistas más.

El 2012 se inició con una incertidumbre generalizada por la decisión del Gobierno de España de no prorrogar el régimen de abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencia o aperturas de nuevas rutas. Tanto el Gobierno de Canarias, como los siete Cabildos Insulares y los ayuntamientos canarios, representados a través de la FECAM, se manifestaron contrarios a la decisión del Gobierno. Asimismo, las cuatro patronales turísticas de nuestra Comunidad y las Cámaras de Comercio de Canarias hicieron lo propio, considerando que la eliminación de las bonificaciones de las tasas aéreas supondría un duro golpe para la economía del archipiélago.

Además, el Gobierno de España eliminó en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 la partida de 50 millones de euros destinada a financiar el Plan de Infraestructuras Turísticas 2010-2012, suscrito en junio de 2010 entre el Instituto de Turismo de España y la Conserjería de Turismo del Gobierno de Canarias, y con una dotación financiera anual prevista de 30 millones de euros, 42 millones de euros y de 50 millones de euros respectivamente (122 millones de euros en total), destinados a la


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mejora del espacio público turístico de Canarias. Al mismo tiempo, se suprimieron las líneas ICO-FuturE, que para Canarias representaban un volumen de préstamos de 142,6 millones de euros, distribuidos en 485 operaciones que generaron una inversión inducida de 352,6 millones de euros en el periodo 2009-2011, lo que supuso el 15% del total de préstamos dispuestos en total del territorio nacional, según el Instituto de Crédito Oficial. Lo mismo ocurrió respecto a los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), que desde su inicio hasta el 2010 implicaron un volumen de operaciones de más de 50 millones en Canarias.

Las cifras del 2012 confirmaron todos los temores. La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias informó que el turismo extranjero cayó un 2,1% en las islas el año 2012, hasta quedarse en algo más de 10,1 millones de visitantes, según los datos aportados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Asimismo, el turismo nacional descendió en un 12,07%. Por su parte, las pernoctaciones disminuyeron en un 1,84%, aunque la estancia media aumentó en un 0,72%. Respecto al empleo, éste se redujo un 0,15%, a lo que hay que añadir la reiterada denuncia de que en los últimos años se sustituye el empleo a jornada completa por el empleo a tiempo parcial, por lo que el empleo neto decrece de forma más elevada. En cuanto al gasto total turístico, fue el único indicativo de importancia positivo en el 2012, creciendo un 5,15%, para situarse en 1.047 euros, a pesar de que el año pasado llegaran menos turistas a las islas. Por el contrario, la estancia media retrocedió un 3%, hasta situarse en 8,9 noches, según la encuesta Egatur.

En el 2013, las cifras de visitantes del mes febrero en Canarias nos muestran las enormes dificultades en conservar las cifras de visitantes. La llegada de turistas extranjeros a Canarias se redujo en febrero en 886.520 pasajeros extranjeros, lo que supone un descenso del 4,54% respecto al mismo mes de 2012, es decir, 42.153 pasajeros extranjeros menos, según los datos aportados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). En el acumulado del año, las Islas han recibido la visita de 1.766.505 pasajeros extranjeros, un 4,28% menos que en el mismo período de 2012. También se registra una caída de visitantes en los resultados de las encuestas de ocupación turística elaboradas por el INE. El total de viajeros alojados en establecimientos turísticos en Canarias baja un 2,1% interanual y el total de pernoctaciones se reduce un 2,4%.

Las cifras de los primeros meses de 2013 vienen acompañadas de unos indicadores de la demanda interna que siguen emitiendo señales inequívocas de debilidad. La energía eléctrica disponible en las Islas cae en enero un 3,7% interanual; las matriculaciones de vehículos retroceden un 12,2% con respecto al mes de enero del año anterior, minorándose en todos los canales de venta a un orden superior al 10%, y el Índice de Comercio al por Menor señaliza una caída en el consumo al perder durante enero un nuevo 4% interanual. Del mismo modo, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice General de Precios al Consumo (IPC) inciden en el estancamiento de la economía canaria. Durante febrero, los precios en Canarias se mantienen invariables, situando la tasa interanual en el 2%, bajo la influencia de los grupos afectados por los ajustes fiscales, tales como "Medicina" y "Enseñanza", que registran sendos incrementos del 14,9% y del 12,7%, superiores al de estos mismos grupos en el ámbito nacional, donde registran un avance del 12,9% y del 10,4%, respectivamente.

El paro en Canarias alcanza en febrero la cifra de 291.474 parados, subiendo en 12.576 desempleados más respecto al año 2011. El incremento del paro en el Archipiélago se concentra principalmente en torno al sector servicios, que suma en febrero un total de 1.560 desempleados más, en un contexto de finalización de las contrataciones coyunturales vinculadas a la campaña de rebajas. Los demás sectores registran cambios poco significativos, con la salvedad del colectivo "sin empleo anterior", que cuantifica un incremento relativo del 1,3%. Este aumento situó la tasa de paro en las islas en el 33%.

Con todo ello, se agravan los problemas de la conectividad del archipiélago con la península por la quiebra del Grupo Orizonia, lo que empeora aún más el turismo nacional.

La actual política diferenciada de tasas no acaba de convencer a los operadores turísticos, al no resultar sencillo cambiar su operativa, dado que sus servicios están programados para rentabilizar plantillas, transfers y contratos de alojamiento.

En Canarias, el transporte aéreo es la única opción disponible para las conexiones del archipiélago hacia y desde el exterior, por lo que se reclama un trato diferenciado que tenga en cuenta esas desventajas estructurales. Cada ruta aérea diaria con un 80% de ocupación puede aportar unos 50.000 turistas a Canarias al año, de ahí la importancia de las medidas que se puedan adoptar encaminadas a garantizar la continuidad de nuestro territorio a través de un sistema de transportes con la necesaria frecuencia, capacidad y precios factibles.


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La Importancia que ejerce la industria turística sobre el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma de Canarias está fuera de toda duda, al favorecer de manera considerable al Producto Interior Bruto de la Comunidad y contribuir con un tercio del empleo en las Islas. Por ello, la mejora de la conectividad del archipiélago, la correcta estructuración de la oferta del destino, la mejora continua del producto y el desarrollo de una adecuada estrategia de promoción exterior, constituyen los principales retos para mejorar la competitividad de las Islas Canarias como destino turístico en el panorama internacional. Por otro lado, la situación actual exige que este esfuerzo de cualificación y mejora del destino sea compartido y estructurado por parte de todos los agentes, públicos y privados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar una reducción del régimen de tasas aeroportuarias y adecuar las bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencias o aperturas de rutas vigentes en 2011, revisando, en su caso, el actual sistema de reducción, de manera que siga resultando más ventajoso el precio de viajar a Canarias con relación a otros destinos turísticos.

2. Suscribir un convenio entre TURESPAÑA y el Gobierno de Canarias para la ejecución de un Plan Especial de Infraestructuras en las áreas Turísticas, continuando con la ejecución de la estrategia canaria de mejora del espacio turístico, que se venía aplicando en los últimos años y que ha sido suprimida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013.

3. Promover un nuevo Plan Renove de Turismo, necesario para incrementar el valor añadido de las infraestructuras turísticas canarias, haciendo especial énfasis en financiar iniciativas con criterios de sostenibilidad medioambiental y eficiencia energética.

4. Incrementar el presupuesto destinado a tos planes de actuación de los consorcios de San Bartolomé de Tirajana y Puerto de la Cruz, incluidos en el Plan de recualificación de los destinos turísticos maduros.

5. Diseñar un plan de acción de fomento del turismo nacional en Canarias, de acuerdo con el sector y contando con la colaboración de la administración autonómica.

6. Realizar los cambios presupuestarios oportunos para que, en la temporada 2013-2014, el Turismo Social IMSERSO recupere las plazas perdidas en Canarias.

7. Incrementar el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en zonas turísticas de Canarias y la puesta en marcha de planes especiales en zonas de gran afluencia turística.

8. Firmar un convenio entre TURESPAÑA y el Gobierno de Canarias para la realización de un plan de márketing en el exterior.

9. Incluir a la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo Asesor de TURESPAÑA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Competitividad, la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la industria del automóvil con un plan de actuación a medio y largo plazo.

Exposición de motivos

El sector del automóvil es un sector estratégico de nuestra economía, ejerce un importante efecto tractor sobre la industria auxiliar, repercutiendo directa e indirectamente en un mayor crecimiento y creación ocupación. Su magnitud en cuanto a su contribución al PIB es reveladora, alcanzando entre


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fabricantes, componentes y concesionarios una cifra entre el 8,2% y el 9,6% del PIB en función de la facturación. En cuanto al empleo total, es decir, directo e indirecto, representa el 8,7% de la población activa. Precisamente por ello desde Convergència i Unió creemos que el sector del automóvil puede y debe desempeñar un papel determinante en la reactivación de la industria y la creación de empleo y para ello es necesario desarrollar un plan de acción con iniciativas ambiciosas, de carácter estructural y que aporten valor añadido a dicho sector para garantizar su competitividad.

Hasta la fecha las actuaciones del Gobierno en el sector del automóvil han ido exclusivamente orientadas a incentivar la compra de vehículos mediante el llamado Plan PIVE, el cual ciertamente ha tenido un efecto positivo sobre el sector, mitigando las caídas de ventas que venía acumulando desde el inicio de la crisis. No obstante,!a continuidad en la caída de las matriculaciones de turismos evidencia que el sector sigue muy afectado por el descenso del consumo de hogares y empresas derivado de la crisis. Así, salvo los ligeros repuntes registrados en enero y agosto pasado, las ventas no han dejado de descender desde julio de 2010, si bien es cierto que lo hacen a un ritmo menor.

Desde Convergència i Unió, apoyamos los incentivos al Plan PIVE pero constatamos que es una medida de impacto limitado. Es necesario además, poner el acento sobre otras cuestiones de fondo, estructurales, que son determinantes para reforzar al sector como es impulsar su capacidad de innovar y mejorar la relación de las empresas con los centros tecnológicos para reforzar a la industria auxiliar, favorecer la financiación en toda la cadena de valor de la distribución, elaborar un marco fiscal adecuado, proporcionar incentivos a la inversión. Algunas de estas medidas han sido reiteradamente reclamadas por el sector y deben contribuir a la recuperación de tejido industrial, a generar empleo y a estimular la economía, tanto debido al peso de! propio sector, como por el efecto tractor que tiene sobre otras industrias auxiliares.

La situación que atraviesa el sector del automóvil requiere de una actuación por parte del Gobierno y es que España va a salir del top 10 mundial en fabricación por primera vez desde los años 90. El mapa del automóvil en Europa y en el mundo se está rediseñando y ello nos demanda una actuación con objetivos claros a corto, medio y largo plazo para impulsar al sector e incidir en su competitividad, impidiendo que pierda liderato en los mercados internacionales. Es por ello que el Gobierno debe sentar las bases de un plan de acción sectorial que contemple medidas que permitan afianzar la competitividad del sector y reforzar su crecimiento.

En este sentido, Europa vuelve a ser un referente en el impulso industrial y, especialmente, en el sector del automóvil, ha desarrollado el plan "Cars 2020", aprobado por la Comisión Europea el 12 de noviembre para apoyar al sector del automóvil europeo desde cuatro ejes entre los cuales destacan la mejora de la competitividad y el entorno empresarial, la smart regulation, el impulso de las nuevas tecnologías y de la eficiencia energética donde tiene que tener cabida el impulso al vehículo eléctrico y la reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. Estos ejes de actuación marcados por Europa deben ser complementarios al plan de acción que desarrolle el Gobierno para ganar eficiencia y eficacia en la implementación del mismo y obtener un mayor impacto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan de acción con objetivos claros para el sector del automóvil con incidencia en el medio y largo plazo y que, complementando el plan europeo ''Cars 2020?, contenga las siguientes medidas:

1. Implementar un marco fiscal adecuado, con incentivos fiscales específicos tanto para los componentes como para la fabricación de vehículos, que permita la recuperación del mercado interior e incentive las inversiones extranjeras.

2. Poner en marcha los instrumentos necesarios para favorecer la financiación en toda la cadena de valor de la distribución y reinvertir las partidas presupuestarias no asignadas a políticas de competitividad sectoriales.

3. Coordinar con las Comunidades Autónomas los fondos movilizados por las autoridades europeas en términos de políticas de I+D+i como elemento clave de competitividad del sector.


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4. Promover el entorno y los mecanismos adecuados que permitan mejorar la relación entre los centros de producción, los de formación y los de innovación traduciéndose todo ello en mejoras de productividad y competitividad del sector.

5. Presentar una hoja de ruta que fije una estrategia para fomentar las políticas orientadas a la movilidad sostenible y a la eficiencia energética que permita alcanzar los objetivos europeos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/001577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación del Plan Ferrol, para su debate en la Comisión de Industria.

Exposición de motivos

La principal industria de Ferrol y su área de influencia ha sido históricamente los astilleros de construcción naval militar y civil, así como la industria auxiliar que daba soporte a estos grandes astilleros. Este sector, el naval, presenta alarmantes índices de desempleo debido a la desatención sistemática de las demandas ciudadanas y sindicales dirigidas a su revitalización. Con objeto de paliar la constante pérdida de puestos de trabajo en el ámbito del sector naval, que afectan a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se elaboró el Plan Ferrol, con el fin de dotar a estas comarcas de las infraestructuras necesarias para su desarrollo, establecer incentivos para la generación de empleo y aplicar criterios de discriminación positiva que impulsen la reindustrialización de la zona.

En la actualidad, la dirección del Plan Ferrol está vacante y consecuentemente, dicho Plan paralizado, con la consiguiente preocupación de los miembros de la Asociación impulsora del mismo que exigen una respuesta concreta y ágil sobre la forma en que se va a abordar el programa y las acciones específicas de discriminación positiva que se realizarán en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en el marco de este Plan.

Las actuaciones previstas en el Plan Ferrol se centran en varios pilares de fundamental importancia para la regeneración del tejido industrial, la reactivación económica de la zona y la mejora de la competitividad. De manera específica, las líneas de actuación están relacionadas con la consolidación del sector eólico, el desarrollo del sector turístico, la potenciación del sector logístico y desarrollo del puerto exterior, el desarrollo del sector de la acuicultura, el desarrollo del sector de la biomasa y de los biocombustibles, la mejora de las infraestructuras, el fomento de la I+D+i, la dotación de suelo industrial y, especialmente con el mantenimiento del sector naval y la industria auxiliar.

Por todo ello, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con la administración de la Xunta de Galicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

Reactivar y consolidar de forma decidida las acciones de discriminación positiva para la recuperación económica de las comarcas de Ferrol, ESSume y Ortegal a través de la implementación del Plan Ferrol."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001551

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre el atún rojo.

El atún, en especial el atún rojo (Thunnus thynnus), es el más importante dentro de la actividad pesquera de las islas y el que más valor tiene en los mercados internacionales, dentro de la variedad de los túnidos.

En Canarias desde siempre se ha capturado atún de diferentes especies, incluido el atún rojo. Mientras que algunos barcos se han dedicado al atún en exclusiva, otros, han practicado la pesca alternativa con otras pesquerías del litoral. Esta modalidad permite dar descanso a otras especies y que se regenere el caladero.

En aguas de Canarias confluyen todas las clases de túnidos tanto los templados como los tropicales. Sin embargo, se trata de un caladero muy pobre en el resto de especies, en las que ha habido un gran descenso en los últimos años, lo que hace que haya una gran dependencia del atún en nuestra flota.

El ICCAT (en español CICAA, Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) ha fijado un aumento de la cuota de atún rojo del Atlántico Este y del Mediterráneo para este año 2013, de 600 Tn, y establece la captura en 13.500 Tn, lo que supone un incremento del 4 % respecto a 2012. La cuota total de España es de 2500 Tn., unas 100 Tn, aproximadamente, nuevas a repartir. La biomasa de esta especie ha mejorado considerablemente después de aplicar su Plan de Recuperación.

Las cuotas de atún rojo asignadas a la pesquería en el Atlántico Oriental y el Mar Mediterráneo fue regulada en la Orden ARM/1244/2008, de 29 de abril, correspondiendo a Canarias sólo el 1,21 % del total de España, 29 Tn. Los criterios seguidos para obtener estos porcentajes, atienden, supuestamente, a datos de captura histórica (60 %) y criterios económicos (40 %).

Estas cifras no se corresponden con la realidad, según datos del ICCAT, desde 1965, las capturas de atún rojo en Canarias han sido importantes, llegando a suponer al principio alrededor de un 15-20 % del total de la especie en España.

Sin embargo, a partir de 1984, y coincidiendo con el comienzo de la utilización del cerco en el Mediterráneo, se produce un descenso vertiginoso, alcanzando en la década 1985-1994 tan sólo un 2% de las capturas.

En esta década, las flotas cerqueras españolas y francesas y las almadrabas aumentaron sus capturas, reduciendo las artesanales a una fracción mínima al impedir que un elevado porcentaje de los peces que acuden al Mediterráneo a realizar su ciclo de reproducción retornara a los recorridos migratorios naturales.

Hay que tener en cuenta que en Canarias, las artes de pesca son tradicionales y sostenibles al realizarse con caña y línea de anzuelo. Es un tipo de pesca selectivo en el que se capturan piezas con un peso de 200 a 300 kg que ya hayan criado para no romper su ciclo vital. Es, por tanto, un arte de pesca totalmente artesanal que prácticamente no afecta a los recursos y al stock de atún del Océano Atlántico.

Por otra parte, el atún rojo es una especie migratoria, se captura en Canarias entre los meses de febrero y junio (ambos incluidos). Sin embargo, se prohíbe a las flotas de cebo realizar capturas entre el 15 de noviembre y el 15 de mayo en las temporadas de veda. Esta limitación supondría una nueva discriminación para nuestra flota, que sólo podría pescar en la zona un mes escaso. Hay que recordar que las capturas se realizan en Canarias de manera completamente artesanal, con línea de mano, que no permite la esquilmación de la especie.

También, consideramos importante para el sector que se reconozca la pesca del atún rojo corno dirigida y no accidental como hasta ahora. En otras zonas, se permite a muchos buques practicar la alternancia, es decir, se da acceso a las capturas de atún rojo a barcos que realizan capturas en otras pesquerías, lo que puede favorecer la regeneración de los caladeros. En Canarias, sin embargo, no se permite.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno del Estado a que, previo acuerdo con el sector pesquero de las islas, adopte las siguientes medidas:

a) Modificar la cuota de atún rojo asignada a Canarias, llegando al 7% del total de España, atendiendo en el reparto a verdaderos criterios históricos y socioeconómicos de nuestra flota durante varias décadas y no los aplicados hasta la fecha.

b) Estudiar el periodo de veda que se debe fijar para Canarias, estableciendo como fechas más idóneas para las capturas entre los meses de febrero a junio, inclusive; periodo más acorde con el paso de esta especie por nuestras aguas.

c) Reconocer esta modalidad de pesca como dirigida y no accidental.

d) Estudiar la recomendación del ICCAT de que las capturas de atún rojo no podrán superar el 5% de la captura total, tanto en peso como en número de especies. Esta medida no es de fácil aplicación en Canarias, en este caso, los ejemplares pueden superar los 200 kg."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la coordinación de un plan urgente de actuaciones para paliar fas inundaciones producidas por la última avenida del río Ebro en Aragón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El progresivo incremento de los caudales de la cuenca del río Ebro, producidos por el deshielo y por las últimas lluvias, ha anegado a miles de hectáreas de cultivo de cereal, ha afectado a numerosas explotaciones ganaderas, con los consiguientes perjuicios económicos y ha obligado a la evacuación de habitantes de distintos municipios de la ribera del Ebro en Aragón.

Las diferentes administraciones deben poner todos sus esfuerzos en compensar a los afectados por la crecida del río, en reparar las infraestructuras que hayan sido dañadas, y realizar una limpieza del cauce del río, especialmente, en las zonas donde se producen mayores retenciones de caudales.

Es necesario señalar que, en los últimos años, pese a que las distintas administraciones han acometido, en el ámbito de sus competencias, diversas actuaciones para prevenir este tipo de avenidas fluviales, a través de limpieza de tramos o reparación de diques y defensas, la existencia de algunas zonas condicionadas medio ambientalmente, bien por ser Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), bien por ser Lugares de Interés Comunitario (LIC), o bien porque deban someterse a evaluación de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, no han permitido actuar sobre esas zonas todo lo que hubiera sido deseable para preservar situaciones como las que periódicamente se producen, en !os meses de enero y febrero, en las localidades de la ribera del Ebro en Aragón.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar al Gobierno de Aragón en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, y en el ámbito de sus respectivas competencias, coordine con los municipios afectados por las inundaciones producidas por la última avenida del río Ebro, un plan urgente de actuaciones en las que se determinen:

1. Las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por los daños materiales ocasionados por las avenidas del río Ebro del pasado mes de enero, así como a los municipios con infraestructuras dañadas en su casco urbano.


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2. La reparación de los diques y protecciones de los distintos municipios afectados de la Ribera del Ebro en Aragón, o, en su defecto, agilizar, que asuma los costes de estas reparaciones y autorice a los ayuntamientos y/o comunidades de regantes a la reparación de los mismos.

3. La limpieza y mantenimiento del cauce y de las riberas, especialmente en las zonas del río en el que se producen grandes retenciones del caudal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-María Pilar Alegría Continente y Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Parque Natural de las Fragas do Eume, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo turístico, ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria maderera y forestal de la zona.

Este parque está situado en las riberas del río Eume, a su paso por los ayuntamientos de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de a Coruña, encajado en el profundo cañón del río. Ha sido declarado Lugar de Importancia Comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico termófilo de Europa, ya que alberga especies botánicas únicas.

El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente al corazón del parque, siendo, finalmente, extinguido el día 3 de abril.

Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios, impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de la biodiversidad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las distintas administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

- Elaborar y poner en práctica un programa de planificación forestal del Parque Natural de las Fragas do Eume que regule rigurosamente las repoblaciones de pinos y eucaliptos para evitar daños en el ecosistema de la zona.

- Elaborar y poner en práctica un plan rector de usos y gestión del Parque Natural de las Fragas do Eume que favorezca la conservación del ecosistema, minorando los riesgos de incendios.

- Reactivar y consolidar el Parque Natural de las Fragas do Eume como área de especial importancia ecológica y turística."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001574

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre las patologías derivadas de la exposición aI amianto.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que la creación de Comisiones y otras vías parlamentarias a las que se alude en su último párrafo se realizarían, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo aI Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las patologías derivadas de la exposición al amianto, para su debate en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

Exposición de motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de patologías derivadas de la exposición al amianto.

El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas, que soportan, además, altas temperaturas.

La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria, ya que las fibras de amianto, debido a sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente pueden adherirse a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.

La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20% de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación de fibras de amianto.

En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las


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disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede reparar la agresión generada, pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.

La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90% de los casos a la exposición de amianto.

Los astilleros de Ferrol, hoy en situación crítica por la falta de carga de trabajo derivada de la desidia de sus responsables políticos, han constituido un escenario de exposición al amianto durante décadas. Miles de trabajadores se vieron expuestos a este material, una gran parte ya desde su adolescencia al ingresar, con catorce años, en la Escuela de Aprendices de la antigua Bazán y desarrollar sus oficios durante largos periodos laborales careciendo de la información referente a las consecuencias del contacto con el amianto y sin medidas protectoras o de seguridad. Información que fue ocultada conscientemente cuando ya se reconocía el efecto cancerígeno del amianto.

En España existen diversas asociaciones de personas afectadas por el amianto situadas en varias comunidades autónomas. Galicia es una de las comunidades más profundamente afectadas, ya que 174 empresas han utilizado amianto destacando, por sectores, la industria naval, la construcción, la siderurgia, la construcción de ferrocarriles, las empresas de automóviles. Como consecuencia, se han registrado más de 40.000 casos en los últimos treinta años; de estas personas, una de cada tres morirá prematuramente.

Singularmente, a través de AGAVIDA (Asociación Galega de Vítimas do Amianto) y del gobierno autonómico de Galicia presidido por el socialista don Emilio Pérez Touriño, hoy existe en Ferrol una unidad específica de atención a pacientes afectados por el amianto en el Hospital Arquitecto Marcide. Esta unidad, que atiende a 1.136 enfermos, está en la actualidad sobrecargada y acumula listas de espera con una demora de un año para la atención a una patología en la que el retraso en la atención conduce indefectiblemente a la muerte. De esta forma, y aunque está fuera de toda duda la acreditación de la relación causa-efecto entre la exposición al amianto y el desarrollo de patologías cancerígenas, especialmente de pleura y pulmón, las personas afectadas por estas dolencias se ven abocadas no solo a sufrir largas listas de espera en la atención médica, sino también a verse implicadas en interminables y complicados procesos judiciales para conseguir la aplicación de medidas que reparen en lo posible, nunca de forma suficiente, la situación en la que se encuentran tanto los trabajadores afectados como sus familias.

Es imprescindible tener en cuenta que cualquier iniciativa encaminada a la protección económica de las víctimas del amianto debe partir del principio de que dicha protección se aplique a toda persona afectada por patologías derivadas de las tres principales fuentes de exposición: laboral (71%), familiar (11%) y vecinal (18%). A estos datos habría que añadir los miles de trabajadoras y trabajadores emigrantes españoles que se vieron expuestos al amianto en países europeos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar las siguientes actuaciones:

- La creación de un Fondo Estatal de Indemnización a las víctimas del amianto, al igual está establecido en países de nuestro entorno, con cargo a las entidades aseguradoras, empresas responsables y presupuestos del Estado a través del instituto Nacional de la Seguridad Social.

- La creación de un programa de vigilancia epidemiológica de mesoteliomas con clasificación sistemática.

- La creación de un Fondo para la investigación de las patologías cancerígenas derivadas de la exposición al amianto.

- La realización de la restructuración necesaria en el seno del Ministerio de Sanidad de forma que se establezca, organice y consolide un departamento estatal del amianto que cuente con la participación de la comunidad científica e incluya los registros de series históricas de exposición a este material en los ámbitos laboral, vecinal y doméstico.


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- La creación de comisiones y otras vías parlamentarias para efectuar un diagnóstico de la situación en las diferentes Comunidades Autónomas y en el conjunto del Estado con objeto de elaborar las correspondientes propuestas jurídicas, políticas y económicas en relación con la situación de las personas afectadas por la exposición al amianto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/001561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el sector de los videojuegos, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La pasada Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley por la que los videojuegos pasaron a ser considerados industria cultural. Esta medida no fue un brindis al sol y ha sido reconocida como de gran importancia por fuentes del sector, para el desarrollo de la industria en nuestro país.

El sector de los videojuegos en España es el actual líder en la industria del ocio audiovisual, aun a pesar del descenso de ventas en los últimos cuatro años propiciado por la coyuntura económica.

Según datos de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), en 2012 la cifra de negocio derivada de la compraventa de videojuegos, consolas y demás periféricos alcanzó en nuestro país la suma de 820 millones de euros.

Esta asociación cifra el desarrollo del sector en España en torno a un 20-30% anual a pesar de la crisis, con más de 100 empresas españolas dedicadas en la actualidad a la materia.

En la actualidad, España se consolida como el séptimo país del mundo en consumo tecnológico y el cuarto de la Unión Europea.

Todos estos datos ponen de manifiesto la importancia de una industria incipiente que todavía no ha alcanzado el desarrollo pleno, pero que, a pesar de ello y de la difícil situación económica, ofrece unas perspectivas más que halagüeñas.

A su vez, su incardinación en el ámbito de las tecnologías digitales, así como su estrecha relación con las tecnologías de la información y la comunicación, la dotan de un componente más que evidente de I+D+i.

Por tanto, no es imprudente afirmar que cualquier estímulo que se produzca para el sector de los videojuegos puede contribuir a la creación de empleo cualificado y riqueza.

Por otra parte, los actuales recortes presupuestarios y el déficit de las cuentas públicas dificultan que las ayudas que se presten a los distintos sectores sean en aportaciones monetarias. Por ese motivo entendemos que estas deberían llevarse cabo en forma de incentivos de carácter cultural, educativo y legislativo.

En la actualidad, la creación de fondos de capital riesgo y/o capital semilla se han mostrado especialmente útiles en los apoyos al mundo tecnológico, con ejemplos como la red social "Twitter". La incentivación fiscal de los mismos puede ser una opción perfectamente viable.

También el método de financiación conocido como "crowdfunding" ha resultado exitoso en la captación de fondos para la programación de títulos. Este se caracteriza por la fluidez y la ausencia de trámites burocráticos, así como por la transparencia e información de los proyectos que se formulan. La promoción de esta fórmula desde el Gobierno sería una ayuda considerable.

Por último, no deja de resultar paradójico que el principal sector del ocio audiovisual en España no tenga su correspondiente certamen de carácter público con entrega de premios a aquellas empresas y títulos merecedores de ser galardonados. Supondría también un incentivo y estimulo para la continuidad de las mismas, así como para la creación de otras nuevas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear polos de atracción a nivel nacional o centros de recursos para emprendedores, reconocibles a nivel internacional, como medida específica para la localización de start-ups tecnológicas relacionadas con Internet, por su alto potencial de crecimiento futuro en facturación y empleo, donde se potencie y facilite su puesta en funcionamiento (un HUB digital).

2. Favorecer, a través de un mejor entorno regulatorio y de incentivos financieros y fiscales aplicables tanto a personas físicas como jurídicas, la constitución de fondos de inversión de capital-riesgo, de capital semilla mixtos en el sector público y privado y créditos participativos, que permitan la financiación de iniciativas innovadoras, entre otros, proyectos de videojuegos.

3. Establecer incentivos para facilitar el crowdfunding mediante la creación de un espacio público virtual en Internet en el que promocionar a los peticionarios de fondos, con garantías suficientes para evitar fraudes y estafas que pudieran cometerse.

4 Crear certámenes o concursos dedicados al sector por parte de las autoridades culturales con entrega de premios que fomenten y promocionen a los programadores y empresas que comienzan y aquellas cuyos logros sean merecedores de ser galardonados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Guillem García Gasulla, Pablo Martín Peré, Sofía Hernanz Costa y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la movilidad cultural de artistas y proyectos culturales canarios, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Los distintos agentes culturales de Canarias desarrollaron hasta los inicios de la crisis económica una inmensa tarea de adaptación a los mercados existentes y de apertura de nuevos mercados, actualizándose a las nuevas realidades económicas y tecnológicas.

Durante esos años, la cultura en Canarias ha sido un motor de crecimiento y desarrollo. El número de empresas pasó de 1.954 en el año 2000 a 3.697 en el 2011 y el gasto público pasó de 26.922 M? en el 2000 a 42.149 M? en el 2010, según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Sin embargo, la evolución de la crisis ha sido demoledora para la industria cultural en las Islas. Según el citado Anuario de Estadísticas Culturales de 2012, el empleo cultural pasa de 21.900 puestos de trabajo en el 2008 (2,5% del total de empleos) a 16.500 en el 2012 (2,2%), lo que significa 5.400 puestos de trabajo menos, y el gasto público en cultura que pasa de 63.158 M? en 2008 (el 3% del total de gasto, que significa el 0,15% del PIB canario y 30,9 euros por habitante) a 42.149 M? en 2010 (el 2,4% del total, que representa el 0,10% del PIB canario y 20,2? por habitante).

Todo ello expresa, desgraciadamente, la degradación del sector productivo de la cultura en Canarias, pasando de ser un sector pujante en las Islas a una industria en claro retroceso y con una caída del empleo muy por encima de la media nacional.

En opinión del CES, "el sector público tiene un importante papel que cumplir en el desarrollo y protección de las actividades culturales. Así, existen una gran cantidad de estudios del impacto económico de la cultura en el bienestar de las sociedades que demuestran que el valor económico de la cultura trasciende a la mera cuantificación de los impactos directos e indirectos acaecidos a través de la producción y venta de bienes y servicios culturales. En este sentido, la cultura presenta una característica de bien


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público, o de externalidad en el consumo, de modo que su consumo privado beneficia a su vez al conjunto de la sociedad, con un importante papel en la calidad de vida, y produce sinergias en las actividades creativas y de la innovación".

Pero la realidad es que el sector público ha recortado drásticamente la inversión en cultura cuando precisamente era esta industria la que mayor crecimiento económico estaba generando a las Islas según los estudios ahora publicados.

El momento económico en el que nos movemos obliga a todos, a administraciones públicas y ciudadanos, a ser realistas y plantear objetivos realizables. Sin perder este punto de vista, debemos, no obstante, tener en cuenta que, cuando nos referimos a política cultural, estamos tratando un derecho constitucional. El Título I de la Constitución española, en su artículo 44.1, establece que "los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho".

Asimismo debemos entender el progreso de la cultura como un valor central de nuestro sistema, como un principio esencial de actuación de los poderes públicos, como una obligación de estos, ya que el progreso social, democrático y económico de los ciudadanos resulta inseparable del progreso cultural. Conviene recordar estos principios básicos, ya que, en el momento actual de crisis, parece soslayarse este papel relevante de la cultura, que pueda ser considerada como un elemento prescindible, innecesario. Ello supone un error importante, de concepto, que puede ahondar aún más la fractura social que produce la crisis de la economía.

Por otra parte, es también obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que impiden a los ciudadanos desarrollar su vida en condiciones de igualdad. En este sentido, se hace necesario establecer medidas orientadas a compensar el hecho insular y la lejanía que, en el caso de la actividad cuitural, supone una barrera importante para que la cultura y los creadores y artistas canarios puedan ofrecer su producción fuera del Archipiélago.

Para salvar esta situación ha venido desarrollándose, desde el año 2005, el programa Canarias Crea, un programa para la movilidad cultural canaria que ha sido posible gracias al convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo objeto es facilitar el intercambio y la comunicación cultural de Canarias con el resto del Estado, y mediante el cual el Ministerio aportaba 700.000 euros para compensar el hecho insular y la lejanía.

Ya en el proyecto de Presupuestos Generales para el año 2012, el Gobierno de España dio muestras de su desprecio al hecho insular reconocido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que la partida económica que sustentaba el convenio, además de reducirse, se planteó integrada en el Programa de "Promoción y Cooperación Cultural" común para todo el Estado. Esta situación pudo ser, finalmente, salvada en el trámite de enmiendas parlamentarias y Canarias Crea pudo continuar desarrollándose durante el pasado año, al quedar dotada una partida presupuestaria con 586.000 euros destinada "a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla para desplazamientos a/y desde la península de empresas, personas e instituciones con motivos de eventos de carácter artístico y/o cultural".

Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, además de reducir en un 90% la aportación para la cultura en Canarias, cercena las posibilidades de los artistas, creadores e industrias culturales de Canarias de dar a conocer su producción más allá del territorio, al desaparecer la partida presupuestaria antes indicada, lo que supone un duro golpe a una actividad y un sector que viene sufriendo con rigor los efectos de la crisis.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar las subvenciones a los desplazamientos a/y desde la península de empresas, personas e instituciones con motivos de eventos de carácter artístico y/o cultural, en el año 2013 y sucesivos, con el objeto de facilitar a los artistas, creadores e industrias culturales canarias el intercambio y la comunicación cultural de Canarias con el resto del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la colaboración del Instituto Cervantes para impulsar la traducción de la obra de Miguel Hernández a otros idiomas, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La obra de Miguel Hernández se ha consolidado como uno de los legados literarios mas importantes de las letras españolas, según quedó reflejado en el III Congreso Internacional sobre la figura del poeta, celebrado del 26 al 30 de octubre de 2010 en Orihuela, Elche y Alicante.

La figura de Miguel Hernández ha adquirido una dimensión universal que admite escasa comparación. El homenaje a Miguel Hernández realizado a lo largo de 2010 sirvió, entre otras cosas, para poner en valor la proyección internacional del poeta. Miguel Hernández es actualmente conocido y muy valorado en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en toda Europa, en Rusia, en Filipinas e incluso en China, y hay colegios y bibliotecas en diversos países con el nombre de Miguel Hernández (por ejemplo, en Moscú y en Manila).

El legado documental de Miguel Hernández descansa, desde el pasado 14 de agosto de 2012, en los archivos del Instituto de Estudios Giennenses de la Excelentísima Diputación de Jaén por acuerdo con los herederos del poeta, según consta en el protocolo de intenciones firmado entre las partes en la misma fecha. Con este acuerdo se abre un nuevo capítulo en la conservación y promoción de uno de los legados literarios más importantes de las letras españolas.

La intención es potenciar el conocimiento de la obra de Hernández, de su ejemplo de vida y de sus valores, y para dar cumplimiento a este reto se ha puesto en marcha en Jaén un ambicioso proyecto cultural que incluye el impulso a la investigación, a las publicaciones, a las actividades culturales y al interés por la lectura, poniendo en marcha, además, un museo sobre el poeta con sus documentos literarios originales, programas didácticos en la escuela y proyectos de turismo cultural asociados al futuro museo.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), contribuyó de manera decisiva al conocimiento de la obra y la figura de Hernández en 2010, con motivo de celebrarse el primer centenario del nacimiento del poeta. Y lo hizo con una serie de actividades culturales que llevaron el nombre de Miguel Hernández y de la literatura española por veinticinco países de los cinco continentes. De la mano del Instituto Cervantes y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la obra de Hernández estuvo presente en ciudades de países tan lejanos geográfica y culturalmente como Pekín (China), Sidney (Australia), Tel-aviv (Israel), Moscú (Rusia), El Cairo (Egipto) o Miami (Estados Unidos), entre otras ciudades.

Miguel Hernández es una joya de nuestra literatura, además de un icono de la lucha por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Tener la oportunidad de ser protagonistas de la difusión de estos valores universales entre nuestras generaciones más inmediatas es una deuda histórica y una obligación moral que debemos acometer, con la intención de difundir la cultura española en el exterior, poniendo de manifiesto el enorme valor cultural de la obra de Hernández como un tesoro de las letras españolas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La colaboración del Instituto Cervantes, a través de sus sedes en el extranjero, para impulsar la traducción de la obra de Hernández a otros idiomas, e incrementar con ello la presencia de la literatura española en los hábitos de lectura de los jóvenes extranjeros.

2. La implicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el proyecto de promoción de la obra hernandiana junto con las instituciones andaluzas impulsoras del proyecto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Federico Buyolo García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Igualdad

161/001582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de indicadores sobre víctimas indirectas de la violencia de género en la base de datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 11/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue respaldada, unánimemente, por todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, y entró en vigor el pasado 29 de enero de 2005. Con esta norma legal se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

Actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y consecuencia directa de las relaciones de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres, requiere de un sistema institucional especializado que articule esta política pública y social que concierne al conjunto de las administraciones públicas y que, a su vez, debe generar una sólida conciencia ciudadana. A ello responde la creación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, establecida en el artículo 29 de la citada Ley Orgánica 1/2004, precepto que la configura como un órgano encargado de la formulación, seguimiento e impulso de las medidas que desarrollen esta política pública, trabajando en colaboración y coordinación con las diversas administraciones con competencias en la materia e incluyendo la necesaria evaluación del impacto y eficacia de las actuaciones llevadas a cabo para su aplicación efectiva.

Complementariamente, y al objeto de disponer de información real y actualizada sobre la realidad de la violencia de género y poder así incidir en la consecución de los objetivos, impacto y alcance de las medidas que conforman esta política pública, el artículo 30.1 de la citada Ley Orgánica ordena, asimismo, la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Se constituye así un órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género, cuya composición, funciones y régimen de funcionamiento se determinan en el posterior Real Decreto 253/2006.

A lo largo de los años de vigencia, seguimiento y aplicación de esta política pública en materia de violencia de género en nuestro país, se ha ido avanzando en la necesidad de disponer de determinados datos y estadísticas públicas que profundicen en el conocimiento de esta lacerante realidad y en la necesaria adecuación de las medidas a adoptar, en desarrollo y debida aplicación de la normativa aprobada. A ello responde, por citar un ejemplo, el estudio que, en junio de 2007, publicó el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer referido al "Sistema de Indicadores y Variables sobre Violencia de Género sobre el que construir la Base de Datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer". Este Informe avanza en la necesaria compilación de indicadores o variables estadísticas que sirvan para disponer de un sistema estadístico acreditado, de seguimiento público y actualizado al respecto. Muchos de ellos se han venido incorporando en los sucesivos informes anuales publicados, aunque todavía no se cuente con una base de datos que responda en su integralidad a los objetivos transformadores de esta política pública y que recoja la totalidad de los indicadores propuestos.

De hecho cabe, además -en la línea de los objetivos que inspiran toda política pública-, ampliar el alcance de los instrumentos del sistema y adecuar así las respuestas a las necesidades y situaciones que progresivamente se detectan y plantean en el transcurso del tiempo. Otro ejemplo de ello ha quedado recogido recientemente en la resolución aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en el pasado mes de noviembre de 2012, como consecuencia de la Proposición no de Ley presentada a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para el apoyo y asistencia a los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, en particular cuando son menores (número


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expediente 162/000463). El cumplimiento de la citada resolución parlamentaria implica la incorporación -en las bases estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género- de los indicadores específicos que permitan conocer "... el número de niños y niñas menores y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género, incluyendo aquellos datos o circunstancias relacionados, como las de orfandad, nivel socioeconómico, nivel socio-educativo, régimen de tutela o cualquier otra especificación adicional que complemente y permita precisar adecuadamente el perfil de dichas víctimas, con el fin de aplicar las medidas acordadas".

Los necesarios avances que requiere la conceptualización de los delitos que se producen como consecuencia de la violencia de género y del sistema institucional para su prevención, y para el apoyo que debe prestarse a sus víctimas, implica seguir priorizando el análisis y seguimiento de la realidad y complejidad de esta violencia, en especial la que aún permanece invisible. Haciendo un repaso detallado de los casos con resultado de muerte aparecidos en los medios de comunicación se evidencia que, desde 2006, no menos de 22 personas murieron en ataques por violencia sexista sin ser estas contabilizadas en las estadísticas oficiales. Poder contar con la información y datos de las muertes de los hijos o hijas cuando son ocasionadas simultáneamente a la de la madre, o como venganza contra ella, así como la de quienes han sido asesinados al ser nuevas parejas de las mujeres acosadas o al intermediar en defensa de las víctimas, implica avanzar en el sentido apuntado. Este tipo de casos, referidos al 2012, están contenidos en la Memoria de la Fiscalía bajo el epígrafe genérico de "otras víctimas". Por otra parte parece también razonable que, mas allá de los informes sobre fallecimientos, se consideren igualmente los datos referidos al número de lesiones incapacitantes producidas por la violencia de género.

Por todo ello, y con la finalidad de seguir avanzando en la formulación de las necesarias respuestas técnicas y políticas de facilitar la sistemática que requiere la investigación individualizada de los casos que se producen en relación a los delitos de violencia género, así como el correspondiente análisis y difusión de los datos relevantes sobre el alcance real, características, evolución y consecuencias de la violencia contra las mujeres, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Proceder, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y de los acuerdos que suscriba dicho organismo con el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, a una ampliación de los sistemas de recogida y de registros estadísticos relacionados con las diversas circunstancias y situaciones en las que se producen las agresiones y delitos en materia de violencia de género.

- Incorporar, para su difusión a través de la Delegación del Gobierno, el número de victimas mortales catalogadas en los informes de la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer como "otras víctimas", incluyendo a toda persona que haya fallecido como consecuencia de una agresión por violencia de genero, sea víctima directa o indirecta de la misma.

- Incluir en las estadísticas de la Delegación del Gobierno la información relevante referida al número de lesiones incapacitantes producidas por la violencia de género.

- Con el fin de seguir avanzando en el análisis de los factores de riesgo y prevenir los dramáticos efectos de la violencia de género en la vida y seguridad de las víctimas y de las personas que conviven con ellas, establecer los mecanismos de colaboración oportunos con la Fiscalía General del Estado, al objeto de que puedan recabarse de los órganos judiciales competentes los datos más relevantes que permitan extraer y valorar las circunstancias que, de forma reiterada, se producen en los casos mortales por violencia de género, identificando características psicosociales, reanudaciones de convivencia, y aquellas otras circunstancias o situaciones específicas que permitan realizar dicho análisis, seguimiento y evaluación correspondiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Interior

181/000835

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila

Texto:

Ante las manifestaciones y concentraciones pacíficas, como las que están llevando a cabo los afectados por las participaciones preferentes, personas humildes y muchas de ellas con graves problemas económicos debido a que fueron objeto de un engaño bancario masivo, o las concentraciones de personas desahuciadas de sus casas, ¿no considera el Ministerio de Interior que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían tener una actitud más respetuosa, comprensiva y sensible, lejos de la actual desproporción, de la actitud agresiva y ofensiva de muchos agentes policiales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000912

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa utilizar, finalmente, el Gobierno para proteger los domicilios de los representantes públicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.


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Comisión de Defensa

181/000838

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Cuándo se va a proceder por el Gobierno, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, a la determinación de las especialidades en el segundo tramo de la carrera militar de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, así como en lo especificado en la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su sesión del día 28 de marzo del 2012 en el sentido de "continuar con el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, partiendo de la determinación de las especialidades que deberían adquirir los militares a partir de determinados empleos y que servirán para configurar sus trayectorias profesionales, definidas en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000839

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Con qué criterios y cuándo se concretarán los requisitos para el ascenso relacionados con la enseñanza de perfeccionamiento, así como el régimen transitorio para su aplicación, exigibles en determinados empleos de acuerdo con los artículos 75 y 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000840

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Diego López Garrido

Texto:

¿De qué información dispone el Ministerio de Defensa y qué investigaciones y actuaciones ha realizado para aclarar los hechos reflejados en el vídeo en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak, del que se han hecho eco los medios de comunicación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Diego López Garrido, Diputado.


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181/000841

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Diego López Garrido

Texto:

¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Ministerio de Defensa para evitar hechos similares en el futuro a los reflejados en el vídeo en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak y, así, mantener el prestigio ganado por nuestras Fuerzas Armadas en el desarrollo de las misiones internacionales durante las últimas décadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Diego López Garrido, Diputado.

181/000842

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Diego López Garrido

Texto:

¿Ha investigado el Ministerio de Defensa si se han podido producir hechos similares a los reflejados en el vídeo en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak, en las misiones internacionales en las que España ha participado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Diego López Garrido, Diputado.

181/000843

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Diego López Garrido

Texto:

En relación con el vídeo en el que se observa el maltrato a prisioneros en Irak, ¿cuál es el estado en el que se encuentra en el orden jurisdiccional militar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Diego López Garrido, Diputado.

181/000905

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Jordi Xuclà i Costa


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Texto:

Al Secretario de Estado de Defensa:

¿Cuáles son las modificaciones que va a comportar la aprobación del "Tratado sobre el comercio de armas", por parte de Naciones Unidas, respecto a las exportaciones de armas efectuadas desde el Estado español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

181/000906

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Jordi Xuclà i Costa

Texto:

Al Secretario de Estado de Defensa:

¿Qué tipo de reinserción social tendrán los militares que no continúen la carrera militar una vez las tropas españolas en la misión ISAF sean retiradas en 2014?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Comisión de Economía y Competitividad

181/000836

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuál es la opinión del Gobierno y del CSIC en relación con el posible cierre del Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto de Almería (CAHA)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000837

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán


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Texto:

¿Qué política científica tiene el Gobierno en relación a la participación en las grandes instalaciones científicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000864

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

Considera el Gobierno que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como la contra-reforma local que patrocina el Gobierno, suscita el suficiente consenso político y social para continuar su tramitación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

181/000865

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Cuál es el fundamento del cálculo del supuesto impacto económico que produciría la aplicación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como la contra-reforma local que patrocina el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

181/000866

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Cuáles son los objetivos que persigue el Ministerio con la pretendida aplicación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como la contra-reforma local que patrocina el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.


Página 75




Comisión de Fomento

181/000862

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia. Se esgrimen desde el Gobierno razones de baja rentabilidad de estas líneas y la decisión de la propia Xunta de Galicia, tomada hace dos años, de eliminar toda subvención a determinadas líneas ferroviarias, que se venían firmando a través de convenios desde 1995. ¿Qué alternativas se buscarán para los usuarios de las comarcas más afectadas? ¿Qué negociaciones se han llevado a cabo entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia al respecto? ¿Ha planteado la Xunta de Galicia alguna alternativa al Gobierno de España que pudiera evitar la supresión de estos servicios ferroviarios? ¿Considera la Ministra de Fomento que esta decisión es justa, así como que esta decisión es un grave retroceso en la política de reequilibrio territorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000863

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia pudiendo afectar, según informaciones por los medios de comunicación, a 84 frecuencias semanales, a las que se suma la supresión de la línea Ourense y Puebla de Sanabria. Según lo que el propio Ministerio ha hecho saber a la Xunta de Galicia, las líneas más afectadas son la que unen Coruña con Ferrol y Ourense con Santiago. ¿Tiene pensado el Gobierno reducir frecuencias y paradas en el servicio de ferrocarril en Galicia? ¿Cuándo se harán efectivas dichas supresiones? ¿Cuáles serán las líneas afectadas y cuáles las frecuencias? ¿Tienen pensado suprimir alguna línea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000867

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Odón Elorza González


Página 76




Texto:

¿La pendiente Declaración de Excepcionalidad del aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia por no cumplir la normativa de la OACI sobre la longitud de la pista, al estar ubicado en un "emplazamiento singular", podría significar una penalización de carga con la consiguiente reducción de pasajeros en determinadas condiciones y por razones de seguridad afectando en estos casos al incremento de las tarifas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000861

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿A cuántos alumnos y alumnas de la Universidad de Vigo que eran beneficiarios de una beca de carácter general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, le han denegado dicha beca tanto en el año 2012 corno en el 2013? ¿Cuántos de estos alumnos estaban sujetos al antiguo plan de estudios y cuántos al nuevo plan de estudios? ¿Cuáles han sido los criterios por los que el Gobierno les ha denegado la beca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000908

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña Sandra Moneo Díez

Texto:

¿Qué medidas se adoptarán en el ámbito de la Formación Profesional para mejorar su calidad acercando esta a las necesidades de nuestro Sistema Económico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Sandra Moneo Díez, Diputada.

181/000909

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña Sandra Moneo Díez


Página 77




Texto:

¿De qué forma contribuirá el Gobierno a impulsar la internacionalización de nuestras universidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.-Sandra Moneo Díez, Diputada.

181/000914

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la sentencia que permite a los alumnos el derecho a estudiar en castellano en Cataluña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000857

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Por qué motivos el Gobierno ha reducido, en 2012, en un 57% las políticas activas de empleo en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

181/000858

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

En la provincia de Ourense, el año 2012, acabó con 4.000 parados más que en 2011. La tasa de desempleo se mantienen en unos niveles alarmantes con un 22,70%, un porcentaje superior al que se había registrado en el mismo periodo de 2011 (19,08%). La tasa de actividad es del 47,41%, el segundo


Página 78




peor dato del todo el estado, ¿considera el Gobierno de España que la provincia de Ourense precisa de medidas de acción positiva en el ámbito del empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000859

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

En la provincia de Ourense, el año 2012, acabó con 4.000 parados más que en 2011. La tasa de desempleo se mantienen en unos niveles alarmantes, con un 22,70%, un porcentaje superior al que se había registrado en el mismo periodo de 2011 (19,08%). La tasa de actividad es del 47,41%, el segundo peor dato del todo el estado, ¿cómo valora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social los datos anteriormente expuestos en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000860

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

En la provincia de Ourense, el año 2012, acabó con 4.000 parados más que en 2011. La tasa de desempleo se mantienen en unos niveles alarmantes con un 22,70%, un porcentaje superior al que se había registrado en el mismo periodo de 2011 (19,08%). La tasa de actividad es del 47,41%, el segundo peor dato del todo el estado, ¿tiene pensado el Gobierno llevar a cabo alguna acción específica que permita revertir o, al menos, contener estos alarmantes datos? ¿Cuáles son esas acciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000844

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez


Página 79




Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno establecer la figura del mediador para propiciar un incremento del precio de la leche en origen, de la misma manera que lo ha hecho el Gobierno francés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000845

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Aceptará el Gobierno la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 5% el presupuesto de la PAC para el año 2014?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

181/000846

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Alejandro Alonso Núñez

Texto:

¿Cómo va a impedir el Gobierno que prospere la propuesta de la Comisión de reducir un 5% el presupuesto de la PAC para el 2014?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000910

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Susana Camarero Benítez

Texto:

¿Considera el Gobierno la posibilidad de analizar fórmulas que permitan estimular la financiación privada para fomentar el apoyo al Sistema de Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Camarero Benítez, Diputada.


Página 80




181/000911

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Susana Camarero Benítez

Texto:

¿Qué medidas adoptará el Gobierno ante el compromiso adquirido con esta Cámara en relación con la sostenibilidad del Sistema de Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Camarero Benítez, Diputada.

181/000913

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reducir el número de niños en situación de pobreza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Cultura

181/000868

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Ha previsto la Secretaría de Estado una subvención económica como aportación presupuestaria a la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura para este año 2013, así como para cada uno de los años siguientes, incluido 2016? ¿Cuál es la cantidad que va a comprometer el Ministerio de Cultura y qué otras colaboraciones de contenido cultural va a realizar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

181/000869

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Odón Elorza González


Página 81




Texto:

¿Cuáles son los criterios de trabajo que el Ministerio va a plantear en la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura como expresión de su contribución al feliz desarrollo del referido evento cultural en el actual contexto de crisis económica y de valores europeístas, así como para garantizar la dimensión europea del proyecto de acuerdo a los criterios de la Comisión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

Comisión de Igualdad

181/000847

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Cuándo va a elaborar el Gobierno la cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia social aprobada en el Pleno de 27 de noviembre de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000848

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Tiene intención el Gobierno de aumentar la dotación económica para la financiación a las comunidades autónomas para atención social a las mujeres e hijos de víctimas de violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000849

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez


Página 82




Texto:

Tras el balance de mujeres asesinadas en esta Semana Santa, ¿tiene intención el Gobierno de aumentar la dotación económica para las campañas de sensibilización y prevención contra la violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000850

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el descenso y retirada de denuncias de violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000852

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Considera el Gobierno que ha hecho todos los esfuerzos suficientes para erradicar la violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000853

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Considera el Gobierno que la crisis hace más vulnerables a las mujeres que sufren violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.


Página 83




181/000854

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el descenso de llamadas al 016?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000855

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Susana Ros Martínez

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los hijos/as de las mujeres víctimas de violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.

181/000907

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para adherirse a la nueva Propuesta de Protocolo que amplía la aplicación de dispositivos electrónicos en casos de medidas cautelares de alejamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

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