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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 269, de 09/10/2009
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de octubre de 2009

Núm. 269


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Secretaría General

292/000026 Convocatoria de 29 de septiembre de 2009, de becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento... (Página 3)

292/000027 Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios para el plan de medios de la campaña de publicidad del Congreso de los Diputados de 2009. Pliego de cláusulas... (Página 6)

Personal

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Cese...
(Página 9)

299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento... (Página 9)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Pleno

162/000494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad. Retirada...
(Página 10)

162/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la compatibilidad entre las funciones de Registrador de la Propiedad o Mercantil y Liquidador Tributario... (Página 10)

162/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad... (Página 12)

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Comisión de Sanidad y Consumo

161/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas...
(Página 15)

161/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas...
(Página 16)

161/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la prevención de la enfermedad nosocomial. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página 17)

161/001010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la protección de los afectados por las facturaciones masivas de las líneas 905. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página 18)

161/001141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio de la -homeopatía+ . Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página 19)

161/001185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el incremento de participación de medicamentos genéricos y contención del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página 19)

161/001222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de información permanente del Gobierno sobre la evolución del virus de gripe H1N1. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página 21)

161/001238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el tratamiento sustitutivo renal.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página 22)

Mociones consecuencia de interpelaciones

Urgentes

173/000094 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la intervención militar española en Afganistán... (Página 22)

173/000095 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado...
(Página 23)

173/000096 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009... (Página 24)

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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

SECRETARÍA GENERAL

292/000026

ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE CONVOCATORIA DE CUATRO BECAS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, TANTO EN SUS ASPECTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO EXTERNA RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO

En el ámbito de sus actividades destinadas a difundir el mejor conocimiento de la Institución Parlamentaria y las informaciones que en ella se generan, el Congreso de los Diputados, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 29 de septiembre de 2009, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar cuatro becas individuales para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento, de acuerdo con las bases que figuran a continuación.


Primera. Objeto.


El Congreso de los Diputados convoca cuatro becas individuales para realizar trabajos o estudios sobre comunicación institucional relacionados con la actividad parlamentaria que encomiende el Departamento de Prensa de la Cámara. Los estudios y trabajos realizados quedarán de propiedad del Congreso de los Diputados.


De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta y acrediten, dentro del plazo a que se refiere el apartado 7 de la base quinta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el caso de que dicha beca no quedara cubierta acrecerá al turno libre.


Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.


Segunda. Duración y cuantía.


1. Cada una de las cuatro becas tendrá una duración de doce meses, y su cuantía total será de 12.900 euros íntegros cada año que se percibirán finalizado cada mes a razón de 1.075 euros. El Congreso de los Diputados contratará un seguro de accidentes y enfermedad para cada uno de los becarios por el tiempo de duración de la beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias, y dentro de las condiciones propias de este tipo de contratos. Las becas, que serán indivisibles e improrrogables, serán incompatibles con cualquier otra concedida para el mismo periodo o con cualquier otro trabajo remunerado.


2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y la Cámara. No es aplicable a estas becas el Estatuto del Personal Investigador en Formación.


Tercera. Jurado.


1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario de la Mesa, el Secretario General o, por delegación, un Secretario General Adjunto y el Director de Comunicación, que actuará como Secretario. De las deliberaciones se levantará acta con los acuerdos del Jurado, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.


2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del día 22 de diciembre de 2009.


3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente, por mayoría de votos, pero también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá, asimismo, ocho suplentes para el caso de renuncia o no justificación de requisitos y méritos de los adjudicatarios.


Cuarta. Solicitantes.


1. Podrán solicitar la concesión de beca los Licenciados universitarios españoles en Ciencias de la Información que reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido la licenciatura en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria.


b) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las mismas características.


2. Sin perjuicio de lo previsto en la Base Primera, los solicitantes no podrán padecer enfermedad o defecto físico que impida la realización efectiva de las prácticas,

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ni haber sido separados, mediante expediente disciplinario, de servicios del Estado o de cualquier Ente Territorial.


3. Se valorarán como méritos el expediente académico, los estudios y prácticas sobre comunicación institucional, los estudios y experiencias en medios de comunicación, los conocimientos informáticos y nuevas tecnologías relacionadas con la actividad periodística y el conocimiento de idiomas.


4. El jurado hará una preselección de los candidatos para realizar una entrevista personal. El lugar, fecha y hora serán comunicados a cada uno de ellos oportunamente.


Quinta. Solicitudes.


1. Los solicitantes de las becas deben presentar una instancia dirigida al Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en el Registro de la Secretaría General (calle Floridablanca, s/n, Palacio del Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud deberá ir acompañada del currículum vitae, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, dos fotografías recientes de tamaño carnet y el formulario que se publica como anexo a la presente convocatoria.


2. La formación teórica de los solicitantes se computará según las horas lectivas de los cursos realizados (al margen de la carrera que les habilita para concurrir a este concurso).


3. La experiencia práctica se evaluará por meses completos.


4. Ambos extremos deberán figurar claramente expresados en el formulario de instancia.


5. El jurado podrá exigir a cualquiera de los solicitantes la presentación de las certificaciones que demuestren los méritos alegados.


6. En todo caso, los candidatos preseleccionados deberán poner a disposición del Jurado, el día de la entrevista, las certificaciones de los méritos alegados.


7. Los aspirantes seleccionados deberán presentar en un plazo de diez días siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de la toma de posesión, fotocopia compulsada de su título universitario (anverso y reverso) y certificación acreditativa de no padecer enfermedad contagiosa o defecto físico que impida la realización de los estudios y trabajos que implica la aceptación de la beca.


Sexta. Obligaciones del becario.


1. La aceptación de la beca implica el compromiso de cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de las mismas y comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.


2. El becario llevará a cabo las tareas que se le encomienden por el Departamento de Prensa en las condiciones de lugar y tiempo que se le indiquen en alguna de las dependencias del Departamento de Prensa.


3. El becario estará obligado a observar la mayor discreción en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubiera tenido conocimiento durante el periodo de la beca. No deberá comunicar bajo ninguna forma documentos o informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener conocimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la institución. Seguirá sometido a esta obligación después de finalizar su periodo de prácticas.


4. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que el becario no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.


5. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.


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292/000027

Se ordena para la publicación en el BOCG de los pliegos del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios para el plan de medios de la campaña de publicidad del Congreso de los Diputados de 2009.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 2009

Pliego de cláusulas administrativas particulares

I. RÉGIMEN JURÍDICO

Cláusula 1.ª

El presente procedimiento se regirá por lo previsto en el artículo 72 de la Constitución; la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las Normas y Acuerdos adoptados por el Congreso de los Diputados en materia de contratación, así como por las Normas de la Ley General Presupuestaria, directa o supletoriamente aplicables, y por los Acuerdos sobre contracción de obligaciones y otras disposiciones de desarrollo adoptados por la Cámara, en lo que se refiere a los requisitos del gasto autorizado y régimen presupuestario general.


Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las de Derecho Privado.


Cláusula 2.ª

Las referencias que en la Ley de Contratos del Sector Público se efectúan a la Caja General de Depósitos en relación con la prestación de garantía, se entenderán hechas al Departamento de Gestión Presupuestaria del Congreso de los Diputados.


II. OBJETO

Cláusula 3.ª

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios para el plan de medios de la campaña de publicidad conmemorativa del XXXI Aniversario de la Constitución y para las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados, que se celebrarán los días 7 y 8 de diciembre de 2009. Las ofertas que se presenten deberán incluir, necesariamente, la contratación de los pases e inserciones en emisoras de radio, diarios de distribución gratuita y Canal Metro, así como en los soportes que el licitador considere oportuno para conseguir la máxima difusión de la campaña, excluyendo televisión.


III. VALOR ESTIMADO

Cláusula 4.ª

El presupuesto máximo de licitación del presente procedimiento, que tiene un plazo de ejecución inferior al año, es de 120.690 euros, más 19.310 euros de IVA, que incluye todo tipo de impuestos y cargas.


IV. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO

Cláusula 5.ª

El seguimiento y control general del presente procedimiento y de la ejecución del contrato se realizará por la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.


V. REQUISITOS PARA CONTRATAR

Cláusula 6.ª

Están capacitados para contratar las personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y acrediten que su actividad tenga relación directa con el objeto del procedimiento, así como la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, y no estar afectadas por ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.


VI. RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Cláusula 7.ª

La retirada de los pliegos del procedimiento se realizará en la Secretaría de la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles de lunes a viernes. Hasta el día en que termine el plazo de presentación de ofertas se podrán solicitar informaciones adicionales.


VII. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Cláusula 8.ª

Las proposiciones para tomar parte en el presente procedimiento constarán de tres sobres cerrados y firmados

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por el proponente o persona que la represente, en cada uno de los cuales se incluirá la documentación que a continuación se indica:

A. Sobre A, "Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia económica, financiera y técnica del licitador". Contendrá todos aquellos documentos que sirvan para acreditar la capacidad del proponente y su solvencia económica, financiera y técnica, así como no estar incurso en ninguna circunstancia que origine la prohibición de contratar con la Administración de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, deberán manifestar, expresamente, si están afectadas por lo previsto en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respecto de empresas que pertenezcan al mismo grupo.


B. Sobre B, "Proposición económica", en la que deberán figurar:

- Descripción de los trabajos a realizar, con planificación de la ejecución.


- Los precios finales, incluyendo todo tipo de gastos e impuestos.


- Cualquier otro elemento que pueda resultar de interés para valorar la oferta (elementos complementarios, condiciones, otros servicios, etc.).


C. Sobre C, "Plan de medios", en el que deberá figurar:

- Propuesta detallada sobre el trabajo a desarrollar que incluirá, en todo caso, la propuesta de medios, el plazo de ejecución que se propone y los criterios generales de actuación y los de mejora, que serán de obligado cumplimiento en caso de que el contrato sea adjudicado al licitador.


- La descripción de los medios técnicos, materiales y humanos con que cuenta el licitador, así como la disponibilidad inmediata de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del servicio objeto del concurso.


En el exterior de cada sobre se indicará, además de la letra y descripción del contenido que lo identifique:

"Procedimiento abierto para la adjudicación del plan de medios del Congreso de los Diputados de 2009."

No serán aceptados aquellos documentos que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con absoluta claridad la oferta.


Cláusula 9.ª

La presentación de los sobres conteniendo las proposiciones se realizará en mano en la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles de lunes a viernes.


No serán admitidas las proposiciones que se presenten por vías distintas de la anteriormente señalada.


El plazo para la presentación de ofertas expira a los ocho días hábiles desde la fecha de publicación del procedimiento abierto en el "Boletín Oficial del Estado".


Cláusula 10.ª

Para poder tomar parte en el procedimiento será preciso haber constituido previamente una garantía provisional por valor de 2.800 euros que reunirá los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha garantía se presentará en la Secretaría de la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados en días hábiles de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, desestimándose todas aquellas que no se ajusten a lo previsto en esta cláusula.


VIII. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 11.ª

El procedimiento de adjudicación será abierto y la adjudicación se realizará aplicando los criterios contenidos en la cláusula 14.ª del presente pliego. La Mesa de la Cámara, como órgano de contratación, ha acordado la tramitación urgente de este procedimiento, que reduce a la mitad los plazos legales previstos, con excepción del plazo a que se refiere el artículo 135.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda reducido a diez días hábiles.


Cláusula 12.ª

La Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros del Congreso de los Diputados se constituirá en Mesa de Contratación, actuando asesorada por el Director de Comunicación del Congreso de los Diputados.


Cláusula 13.ª

La Mesa de Contratación estudiará las ofertas de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) La Mesa procederá a la apertura del sobre "A", y si observare defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error.


El Presidente de la Mesa notificará el resultado de la admisión definitiva en la sesión destinada a la apertura de los sobres conteniendo la proposición económica.


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b) La apertura de los sobres "B" y "C" se hará en sesión pública. Se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores admitidos, dándose lectura de ellas, destruyéndose o devolviendo al licitador el correspondiente sobre, si no hubiese sido admitido al procedimiento abierto, y rechazándose aquellas que careciesen de concordancia con la documentación examinada o variasen sustancialmente el modelo establecido. En el mismo acto se procederá a la apertura del sobre "C", referido a la documentación técnica.


c) La Mesa de Contratación podrá requerir a los oferentes para que realicen las aclaraciones necesarias o las adecuaciones oportunas para la comprensión de algún aspecto de las ofertas.


d) La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas por los licitadores, con el acta levantada y las observaciones recogidas en la misma que se hubiesen realizado, a la Mesa del Congreso, con la correspondiente propuesta.


4. La adjudicación definitiva corresponderá a la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de la Mesa de Contratación.


5. Los criterios para resolver la adjudicación son los señalados en la Cláusula 14.ª pudiendo, asimismo, declararse desierto el procedimiento.


IX. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 14.ª

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son la oferta económica, la propuesta técnica y las condiciones de ejecución del servicio.


La ponderación de los referidos criterios será la siguiente:

- Propuesta técnica: 50 por ciento.


- Proposición económica: 35 por ciento.


- Prestaciones adicionales y mejoras ofrecidas: 15 por ciento.


La adjudicación se hará a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios expuestos.


Cláusula 15.ª

El adjudicatario prestará una garantía definitiva por valor del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de quince días hábiles desde que se le notifique la adjudicación del contrato, que reunirá los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público.


Dicha garantía se presentará en la Secretaría de la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Dicha Secretaría desestimará todas aquellas que no se ajusten a lo previsto en esta cláusula.


Cláusula 16.ª

La formalización del contrato se realizará dentro de los diez días siguientes a la adjudicación definitiva. Formarán parte del mismo, como anexos, el pliego de cláusulas administrativas particulares y la propuesta económica.


X. CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 17.ª

La duración del contrato está sujeta a la realización del plan de medios objeto del procedimiento, que deberá desarrollarse en las fechas más idóneas para la mayor efectividad de la campaña, teniendo en cuenta que las Jornadas de Puertas Abiertas tendrán lugar los días 7 y 8 de diciembre de 2009.


Cláusula 18.ª

El Congreso de los Diputados será del todo ajeno a las relaciones de cualquier índole que existan entre el adjudicatario y el personal con el que cuenta para la ejecución de los trabajos objeto de este procedimiento. El contrato no supondrá, en ningún caso, la existencia de relación laboral entre el Congreso de los Diputados y el adjudicatario, ni entre el Congreso de los Diputados y el personal de aquél.


Cláusula 19.ª

El contratista deberá realizar a satisfacción de la Administración la totalidad de las prestaciones a que se refiere este Pliego. A tales efectos, el Congreso de los Diputados requerirá la realización de las prestaciones contratadas, así como la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.


El Congreso de los Diputados tendrá la facultad de supervisar la mencionada ejecución, dando por escrito al contratista las instrucciones precisas al objeto de llevar a buen término la citada ejecución, todo ello de conformidad con lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público, con carácter general para el cumplimiento de la prestación.


Cláusula 20.ª

El Congreso de los Diputados determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. En el caso de que los trabajos efectuados no se adecuen a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.


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A los efectos de determinar los supuestos de ejecución defectuosa, demora e indemnización de daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 196 a 198 de la Ley de Contratos del Sector Público.


Cláusula 21.ª

En relación con las prestaciones objeto del presente contrato y en lo que se refiere al plazo de garantía, se estará a lo dispuesto con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público, fijándose ésta en el plazo de un año con carácter general y sin perjuicio del plazo superior que corresponda a la especificación de la garantía de fabricación.


Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos, el Congreso de los Diputados tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.


Cláusula 22.ª

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 284 de la LCSP, así como las siguientes:

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del Congreso de los Diputados.


- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.


- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el contrato.


La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.


En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados, haciendo efectiva la indemnización en primer término sobre la garantía que se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.


Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 285 de la LCSP.


XI. PAGO DEL SERVICIO

Cláusula 23.ª

El Congreso de los Diputados abonará el precio del servicio efectivamente realizado previa su facturación, de acuerdo con lo establecido en la Normativa de Régimen Económico del Congreso de los Diputados. El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la ejecución.


XII. PRERROGATIVAS Y JURISDICCIÓN

Cláusula 24.ª

1. La Mesa del Congreso de los Diputados ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.


2. Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.


3. Los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados respecto a los actos de adjudicación y al ejercicio de sus prerrogativas son inmediatamente ejecutivos, exigiéndose recurso ante la propia Mesa con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio.


PERSONAL

299/000004

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 1 de octubre de 2009 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de 5 de octubre de 2009, de doña Raquel María Martín Rodríguez como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con

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fecha 1 de octubre de 2009 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Raquel María Martín Rodríguez, a propuesta de la Excma. Sra. doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, con efectos de 6 de octubre de 2009 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Educación, Política Territorial y Deporte.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000494

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Retirada de su Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad.


Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 264, de 2 de octubre de 2009.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


162/000499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González, de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la compatibilidad entre las funciones de Registrador de la Propiedad o Mercantil y Liquidador Tributario, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

La situación de compatibilidad que ostentan hoy en día los Registradores de la Propiedad entre la condición de funcionarios del Estado -que perciben sus ingresos por arancel- y la de liquidadores de impuestos cedidos a las comunidades autónomas -a cambio de un porcentaje de la recaudación- tiene su origen remoto en un Decreto del año 1959 (n.º 176).
Su finalidad era aproximar las oficinas tributarias a los ciudadanos,

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evitándoles el desplazamiento a las capitales de provincia al objeto de liquidar los impuestos devengados por los actos inscribibles (compraventas, hipotecas, herencias, etcétera). Por la Ley 21/2001 se cedió a las comunidades autónomas el rendimiento íntegro del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, como consecuencia, las oficinas liquidadoras pasaron a integrarse en la organización territorial de cada una de las comunidades autónomas y los liquidadores a formar parte del funcionariado público de cada Comunidad.


Este régimen, que se ha perpetuado hasta la actualidad, no sólo es manifiestamente ilegal, sino que tampoco se justifica por razón de su oportunidad.


Desde un punto de vista legal vulnera el sistema de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas consagrado en la Ley 53/1984. Ya no es sólo que no exista autorización del Ministerio de Presidencia, es que ésta no podría nunca concederse: a) por razón de importe (al exceder la remuneración prevista en los Presupuestos para el cargo de Director General -art. 7-); b) porque menoscaba la imparcialidad exigible al funcionario (como se justificará más adelante -art. 1.3-); y c) porque para los funcionarios retribuidos por arancel sólo es posible reconocer la compatibilidad para ejercer como profesor universitario asociado, o para realizar tareas de investigación de carácter no permanente, o funciones de asesoramiento en supuestos concretos (art.
16.1).


Asimismo vulnera la Legislación Hipotecaria, pues el artículo 281 de la Ley Hipotecaria señala que: "El cargo de Registrador es incompatible con el de Juez o Fiscal municipal o comarcal, Notario y, en general, con todo empleo o cargo público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos del Estado, de la Provincia o del Municipio". Su condición de funcionario autonómico es indudable en cuanto que la normativa autonómica somete sus decisiones y actos al Derecho público y establece su dependencia jerárquica de las correspondientes Direcciones Generales de Tributos.


Precisamente, esa dependencia y el carácter administrativo de las funciones que se les encomiendan, determina una situación de conflicto objetivo que pone en riesgo su imparcialidad. Obsérvese que es normal que entre tales competencias se atribuyan facultades de comprobación de valores, de la tramitación de las tasaciones periciales contradictorias y de la instrucción de expedientes sancionadores. Pues bien, si el liquidador tiene facultades de comprobación de valores y el registrador percibe su arancel por el valor comprobado fiscalmente (disposición adicional tercera de la Ley de Tasas y Precios Públicos) es evidente que el esquema de incentivos que tal compatibilidad diseña no garantiza que la función pública se preste con la mínima objetividad requerida.


Por otra parte, el carácter de competencia territorial exclusiva del Registro, que hace que la función de Registrador se ejerza en régimen de monopolio, desincentiva el que los ciudadanos decidan interponer recursos contra las comprobaciones de valores infundadas, pues el mismo funcionario es el que necesariamente debe calificar su escritura de cara a la inscripción. Tampoco cabe olvidar que determinada normativa autonómica llegaba incluso a estimular la aplicación de sanciones, en cuanto atribuía al Registrador el 33 por ciento del importe de la recaudación obtenida por esta vía (Orden de 18 de abril de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda Canaria).


Es imprescindible poner fin a esta situación. Ya no sólo por respeto a la legalidad vigente, ya no sólo para evitar las disfunciones del servicio público, sino porque tampoco parece de recibo establecer un sistema fiscal en el que los recaudadores perciban un porcentaje de la recaudación, que en algunos lugares llega a alcanzar hasta un 5 por ciento de los importes devengados mensualmente, lo que implica un volumen de retribución poco razonable, del que la prensa ya se ha hecho eco.


Se considera, por consiguiente, que ambas funciones deben diferenciarse radicalmente y que la de liquidador debe retribuirse con arreglo a los presupuestos de las comunidades autónomas. Sin olvidar que, en plena sociedad de la información, la proximidad entre el contribuyente y la Administración tributaria puede lograrse hoy en día a través de una vía mucho más eficaz, que es la vía telemática, especialmente dado el régimen general de autoliquidación que preside estos impuestos.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación y a los de las comunidades autónomas a adoptar las medidas pertinentes para:

1. Imponer de hecho la incompatibilidad legal entre las funciones de Registrador de la Propiedad y Liquidador tributario.


2. Remunerar a los Liquidadores con arreglo a los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.


3. Implementar los instrumentos normativos y de gestión necesarios para generalizar la autoliquidación telemática de los impuestos.


4. Y, en cualquier caso y mientras se adoptan estas medidas, hacer públicos los convenios celebrados entre los Registradores y las distintas Administraciones tributarias para su conocimiento por parte de los ciudadanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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162/000501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia de su portavoz Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad, para su debate ante el Pleno.


Exposición de motivos

I

La excepcional naturaleza del Tribunal Constitucional viene dada no sólo por su carácter de órgano constitucional, sino también por el hecho de ser un órgano híbrido, a caballo entre su dimensión política y su carácter jurisdiccional. Sin duda, las singulares relaciones de la justicia constitucional con el Parlamento, que elige buena parte de sus miembros, además de la-incuestionable proyección político-social de los efectos que se derivan de sus decisiones, configuran un Tribunal que, puede decirse, resuelve judicialmente los conflictos políticos.


Se trata, pues, de un órgano de naturaleza jurídico-política, con independencia de que no deba decidir políticamente sino según las reglas de interpretación jurídica, como corresponde a su naturaleza jurisdiccional. Esta especial naturaleza se ve reforzada además por el sistema de elección de sus miembros, en gran parte de extracción parlamentaria. En ese sentido, aunque la duración de su mandato (nueve años) pretende garantizar la no coincidencia con la legislatura parlamentaria para evitar, al menos formalmente, una vinculación inmediata entre mayoría parlamentaria y composición del Tribunal Constitucional, en la práctica las mismas mayorías cualificadas que deberían garantizar un amplio compromiso parlamentario pueden llegar a bloquear su renovación, como sucede en estos momentos, en que un tercio de sus miembros debería haber cesado hace un año y medio. Ésa es la primera de las cuestiones que aborda la presente proposición de ley orgánica, cuyo objetivo es evitar la prórroga tácita del mandato de los miembros del Alto Tribunal en el supuesto que persista el desacuerdo político en la elección de sus miembros.


El artículo 159 de la Constitución Española (CE) establece que el Tribunal Constitucional deberá ser compuesto por doce miembros, de los cuales dos serán nombrados a propuesta del Gobierno, dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros y cuatro a propuesta del Senado por idéntica mayoría. Este sistema de elección conlleva un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas con representación mayoritaria en las Cortes Generales, pues sin el concurso y acuerdo de las mismas se hace imposible la renovación de los miembros que corresponde designar a cada una de las cámaras legislativas. Nótese, además, que a diferencia de lo determinado para la provisión de plazas de jueces y magistrados en los demás órganos jurisdiccionales, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC), prevé que los magistrados del Tribunal Constitucional, tras finalizar su mandato, continúen ejerciendo sus funciones hasta que éstos sean finalmente sustituidos, lo cual, en caso de colapso, puede repercutir en el necesario prestigio y legitimidad del Tribunal.


La situación en la que se halla actualmente el Tribunal Constitucional es un buen ejemplo de ello. En diciembre del año 2007 se agotó el mandato de los cuatro miembros de este órgano designados por el Senado y hasta la fecha todavía no se ha procedido a su sustitución por no existir el necesario consenso entre los grupos parlamentarios más numerosos de la Cámara Alta. El fallecimiento sobrevenido de uno de los magistrados nombrados por el Congreso de los Diputados, sin que tampoco se haya podido alcanzar el acuerdo en esa Cámara para su sustitución, no ha hecho más que agravar esta situación. Ello debe conducir, sin duda, a una modificación de las actuales previsiones legales con el fin de evitar una situación que, con el paso del tiempo, contribuye más si cabe a la degradación de la institución.


Por ello, mediante la modificación del artículo 17.2 LOTC se propone que los magistrados que cesan en su cargo lo hagan de forma efectiva, continuando por un periodo máximo de seis meses en funciones. Ningún Estado de Derecho puede permitirse que uno de sus órganos constitucionales permanezca en funciones por la falta del debido consenso político, lo cual genera una situación de precariedad o interinidad que socava su legitimidad. La reforma propuesta hará, pues, imperativa para los grupos más representativos de las cámaras legislativas la necesidad de alcanzar el acuerdo y el consenso en el nombramiento de los nuevos magistrados, actuando como un incentivo para su renovación.


En idéntica dirección, esto es, para evitar el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional y propiciar su puntúal renovación, se propone, igualmente, la modificación del artículo 14 de la Ley del Alto Tribunal, de modo que los miembros cesados y que se hallen en funciones no computen, en todo caso, a efectos del quórum de dos tercios exigido legalmente para la adopción válida de acuerdos. Pues parece lógico que los magistrados que se hallan en esta situación no sean tenidos en cuenta a estos efectos, debiendo limitarse a gestionar las cuestiones ordinarias, de forma análoga a lo que en el Poder Ejecutivo constituye un gobierno en

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funciones. En caso contrario, como se ha dicho, podría ponerse en cuestión el prestigio y legitimidad de la institución.


II

En segundo término, la presente proposición de ley orgánica pretende sustraer al Tribunal la atribución encomendada por la ley de controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía aprobados en virtud del artículo 151 CE, debido a la singular naturaleza de los mismos. En este sentido, es sabido que el artículo 161.1.a) CE delimita de forma genérica las normas que pueden ser susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: leyes y disposiciones normativas con rango de ley, del Estado o de las comunidades autónomas. Pero también lo es que fue el artículo 27.2 LOTC el que, de forma más exhaustiva, señaló los estatutos de autonomía como objetos de impugnación directa y objetiva en el momento de su entrada en vigor, siendo susceptibles de depuración abstracta del ordenamiento, independientemente del procedimiento seguido para su aprobación o reforma.


Sin embargo, no puede desconocerse la particular naturaleza de los estatutos de autonomía que, de acuerdo con el artículo 151 CE, se convierten en norma jurídica ya sea mediante el acuerdo del Parlamento autónomo y el Parlamento del Estado, confirmado posteriormente en referéndum, ya sea mediante la decisión unilateral del Parlamento estatal, siempre que dicha decisión no sea rechazada también en un ulterior referéndum. De modo que ningún otro órgano del Estado debería intervenir en el proceso de aprobación o de revisión de la decisión alcanzada a través de la vía prevista en dicho artículo. El Tribunal Constitucional no debería ser el juez de la constitucionalidad de un estatuto de autonomía del artículo 151 CE porque la garantía de la constitucionalidad del texto estatutario reside en las Cortes Generales y porque no puede usurpar al cuerpo electoral de las nacionalidades y regiones en cuestión la última decisión. Ello es simple y llanamente incompatible con la definición del núcleo esencial del derecho constitucional a la autonomía contenido en el artículo 151 CE, de modo que los territorios constituidos en comunidad autónoma por esa vía no deban perder nunca el control del ejercicio de ese derecho.


Dicho en otras palabras, las nacionalidades y regiones no pueden ejercer unilateralmente ese derecho porque deben negociar con el Estado su proyecto de Estatuto, pero, a su vez, el Estado no puede imponer tampoco unilateralmente un Estatuto con el que no esté de acuerdo. De ahí precisamente que el artículo 151 CE prevé un primer supuesto, el del acuerdo entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación del parlamento autonómico proponente, vinculado a la celebración de un referéndum de ratificación del acuerdo. Y un segundo supuesto, el del desacuerdo entre aquellas dos instancias parlamentarias, en cuyo caso el proyecto de Estatuto se tramita como ley orgánica que debe someterse a referéndum como fórmula arbitral. Así pues, con arreglo al artículo 151 CE, el territorio en cuestión no puede imponer su voluntad, pero el Estado tampoco. Las Cortes Generales devienen así garantes de la constitucionalidad del texto estatutario, sin que esa decisión deba ser revisada por nadie más, debido a que corresponde al cuerpo electoral la garantía última del ejercicio de su derecho a la autonomía.


Además, es sabido que la Constitución es sumamente concisa cuando se refiere a la reforma de los estatutos de autonomía, tanto si se trata de los de la vía del artículo 143, como de los de la vía del artículo 151, ya que de los artículos 81, 147.3 y 152.2 CE únicamente se pueden derivar tres elementos: La aprobación de la reforma mediante ley orgánica, que ésta debe ajustarse a los procedimientos establecidos en los propios estatutos, y en el caso de los estatutos elaborados según el artículo 151 CE, la celebración de un referéndum preceptivo entre los electores del territorio correspondiente. En todo caso, sin embargo, resulta evidente no sólo la singularidad de los estatutos del artículo 151 CE, cuanto a la ya expresada concurrencia de dos voluntades (la territorial y la estatal) en la determinación de los contenidos estatutarios, sino también en cuanto a la reserva expresa de Estatuto prevista constitucionalmente para el procedimiento de reforma, que alcanza hasta incluir en este tipo de normas la concreción del tipo de intervención de las Cortes Generales (derecho de enmienda o voto de ratificación), la precisión de una instancia de negociación o conciliación entre los representantes autonómicos y las Cortes Generales y la posibilidad de la retirada de la propuesta de reforma por parte de la Comunidad Autónoma. Efectivamente, el artículo 152.2 CE establece en estos supuestos que, una vez aprobados, estos estatutos sólo podrán ser modificados mediante el procedimiento en ellos establecidos y un posterior referéndum ciudadano.


Indudablemente, esta especificidad es perceptible en estatutos como, por ejemplo, el de Catalunya, que, en virtud de la disposición transitoria segunda y del artículo 151 CE, fue el segundo estatuto en aprobarse el año 1979, siendo reformado posteriormente en 2006, a través de un procedimiento de elaboración territorial, mediante la intervención de tres instancias parlamentarias, un pacto bilateral Generalitat-Cortes Generales, y un posterior referéndum de la ciudadanía. Esta sinonimia entre el artículo 151 CE, en base, entre otros fundamentos, a la intervención preceptiva de un referéndum de la ciudadanía no se ve alterada, en ningún caso, por el hecho de que otros estatutos que no fueron aprobados por esa vía, como el de la Comunidad Valenciana (art.
81.5 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana), prevén un referéndum de ratificación de los electores, sino que, más bien, refuerza el objeto de esta ley. De ahí donde la presente proposición de ley pretende

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extender sus efectos sobre todos los estatutos que prevén para su reforma un referéndum de ratificación por parte del cuerpo electoral.


En concreto, en el caso catalán la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, tuvo una larga y compleja tramitación desde que la propuesta de reforma fue aprobada por el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre de 2005. Esta propuesta, siguiendo el esquema antedicho, fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 2 de noviembre de 2005, iniciando de esta forma su tramitación ante las Cortes Generales. Posteriormente, en fecha 7 de marzo de 2006, se aprobó el Informe de la Ponencia paritaria Congreso de los Diputados-Parlament de Catalunya, y, finalmente, el 30 de marzo de 2006, se aprobó el Dictamen de la Comisión Mixta Constitucional Congreso de los Diputados-Parlament de Catalunya por el Pleno de la Cámara Baja, en su sesión de 30 de marzo de 2006. Posteriormente, la tramitación siguió en la Cámara Alta, mediante el Dictamen elaborado por la Comisión Mixta Senado-Parlament de Catalunya, en sesión celebrada los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. Finalizada la tramitación en las Cortes Generales, el texto fue aprobado por referéndum popular el 18 de junio de 2006, y, finalmente, sancionado por el Jefe de Estado el 19 de octubre de 2006, promulgándose en el "Boletín Oficial del Estado" de 20 de julio de 2006 como Ley Orgánica 6/2006, de Reforma del Estatut d'Autonomia de Catalunya.


A pesar de todo ello, pasados más de tres años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica 6/2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, se halla pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva hasta siete recursos de inconstitucionalidad planteados contra la misma, lo cual no sólo constituye un freno para su pleno desarrollo, sino que permite augurar, en términos políticos, un conflicto institucional de primer orden en caso que resulte una sentencia que altere su contenido.


III

En otro orden de cosas, la presente proposición de ley orgánica incorpora otras modificaciones que sugieren una mejora en el funcionamiento del Alto Tribunal, en especial a la luz de la experiencia y de algunas vicisitudes propias de su reciente ejecutoria.


En este sentido, se propone suprimir la aplicación del deber de abstención o de la recusación de los magistrados del Tribunal para el caso de la publicación de estudios de carácter académico con carácter previo al nombramiento de sus magistrados, aunque éstos hubieren sido encargados y abonados por alguna de las partes en litigio. No cabe duda que permitir la recusación en base a la publicación de estudios de esta naturaleza supone una dificultad objetiva para la elección de magistrados de entre el colectivo de docentes universitarios que acreditan con su trayectoria los méritos necesarios en su condición de juristas de reconocido prestigio. Así pues, se propone la modificación del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para excluir la elaboración de estudios académicos de las causas de abstención y recusación, pues es éste el precepto al que se remite el artículo 80 LOTC.


Al mismo tiempo, se propone introducir los cambios pertinentes con objeto de impedir la renuncia al uso del voto de calidad por parte del miembro del Tribunal que ostente la presidencia del mismo. Huelga decir que esta potestad actual en ningún caso da respuesta a cuestiones de orden jurídico sino más bien constituye una decisión amparada en razones de oportunidad o simplemente políticas. El ejercicio de la presidencia del Tribunal Constitucional incluye entre sus responsabilidades, que de suyo deberían ser irrenunciables, la de garantizar que se emiten las sentencias en un plazo de tiempo razonable sin que pueda considerarse como excusa dilatoria ni que pueda favorecer la parálisis del Tribunal la eventual ausencia de mayorías en su seno.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, antes de tres meses, un proyecto de ley órganica de modificación de la Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC), en el que:

- Con modificación del artículo 14, no se consideren presentes, a efectos de adopción de los acuerdos del Pleno y de las Salas, aquellos magistrados que habiendo cesado en el cargo continúen en funciones.


- Con modificación del artículo 17, se establezca un tiempo máximo de seis meses en los que los magistrados que hubieran expirado el plazo de nombramiento continúen en funciones.


- Con modificación del artículo 27, se exceptúen de la posibilidad de declaración de inconstuticionalidad aquellos estatutos aprobados por el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución y aquellos que para su reforma prevén un referéndum de ratificación de los electores.


- Con modificación del artículo 90, se incorpore la previsión de que la persona que ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional no pueda renunciar a su voto de calidad, cuando exista empate en las deliberaciones de los miembros del Pleno, de la Sala o de la Sección.


Incorporar en el mismo proyecto de ley orgánica una modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el que:

Con modificación de lo establecido en el artículo 219, se excluyan de las causas de abstención y, en su caso, de recusación de jueces y magistrados, el

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haber publicado estudios de carácter académico con anterioridad al nombramiento, aunque hayan sido encargados por alguna de las partes en el procedimiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Sanidad y Consumo

161/000627

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm.124, de 16 de diciembre de 2008, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de sus competencias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:

1. Desarrolle una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que contemple la implantación y consolidación efectiva de la educación sexual en los ámbitos educativos y que contemple un mayor contenido de salud sexual y planificación familiar en los programas formativos de los profesionales sanitarios.


2. Promueva la información sobre salud sexual y anticoncepción y en particular de la anticoncepción de urgencia al conjunto de la población.


3. Desarrolle medidas para un acceso equitativo al tratamiento post-coital garantizando la igualdad de oportunidades a través de la red sanitaria.


4. Promueva la elaboración de protocolos que marquen las pautas para la anticoncepción de urgencias, incorporando la cualificación para la preparación de personal médico, de enfermería y farmacéutico.


5. Incorpore en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva mecanismos de evaluación y seguimiento, que permitan conocer el impacto de las estrategias de salud sexual y planificación familiar.


6. Estudie con las Comunidades Autónomas, el avance en la financiación pública de los métodos anticonceptivos de última generación y, en particular, de los anticonceptivos de urgencia."

A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, sobre la garantía de anticoncepción de emergencia en el Sistema Nacional de Salud.


Enmienda

De modificación.


El texto queda redactado como sigue:

"1. Garantizar que la dispensación farmacéutica de la anticoncepción hormonal de emergencia se siga haciendo bajo prescripción médica como mejor garantía para el control y seguimiento médico de su uso y efectos en la salud de las mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- lo 19 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


2. Promover la información sobre salud sexual y anticoncepción al conjunto de la población, reforzando los mensajes relativos al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y ampliando la información acerca de la anticoncepción de emergencia.


3. Avanzar en la implantación y consolidación efectiva de la educación sexual en la enseñanza primaria y secundaria, fomentando los principios de corresponsabilidad e igualdad entre hombres y mujeres.


4. Garantizar un mayor contenido de salud sexual y planificación familiar en los programas formativos de los profesionales sanitarios, así como establecer protocolos de actuación.


5. Desarrollar medidas que garanticen el acceso al tratamiento post-coital en los casos en que esté indicado bajo prescripción facultativa.


6. Establecer en el ámbito de la atención primaria programas específicos para la atención a jóvenes en su sexualidad y anticoncepción garantizando la existencia de servicios de guardia para la atención de las urgencias.


7. Elaborar un informe anual de seguimiento de las estrategias de salud sexual y planificación familiar para su presentación por parte del Ministerio en el Consejo interterritorial de salud."

Justificación.


Concretar el compromiso del Congreso de los Diputados con la garantía que representa la prescripción médica en defensa de la salud de las mujeres, así como

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garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia en los casos en que esté indicado y mejorar la formación y la información en el ámbito de la salud sexual y el uso de los anticonceptivos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- lo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud.


Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la venta de la píldora post-coital bajo receta médica en farmacias o bajo administración en los centros asistenciales.


2. Garantizar que cualquier modificación en la clasificación del fármaco de la píldora post-coital por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se haga en función de la evidencia científica.


3. Colaborar con los servicios de salud de las CCAA para la creación de programas de información y formación de padres, educadores y adolescentes con el fin de aumentar la percepción de riesgo que supone tener relaciones sexuales sin protección, evitando su banalización, muy especialmente durante la minoría de edad, no solo ante un posible embarazo, sino ante las enfermedades de transmisión sexual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley sobre la garantía de anticoncepción de urgencia en el Sistema Nacional de Salud, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que contemple la implantación y consolidación efectiva de la educación sexual en los ámbitos educativos y que contemple un mayor contenido de salud sexual y planificación familiar en los programas formativos de los profesionales sanitarios.


2. Promover la información sobre salud sexual y anticoncepción y en particular de la anticoncepción de urgencia al conjunto de la población.


3. Desarrollar medidas para un acceso equitativo al tratamiento post-coital garantizando la igualdad de oportunidades a través de la red sanitaria.


4. Promover la elaboración de protocolos que marquen las pautas para la anticoncepción de urgencia, incorporando la cualificación para la preparación de personal médico, de enfermería y farmacéutico.


5. Incorporar en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva mecanismos de evaluación y seguimiento, que permitan conocer el impacto de las estrategias de salud sexual y planificación familiar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000879

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley de modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 172, de 25 de marzo de 2009, en los siguientes términos:

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el caso de los trabajadores españoles residentes en Marruecos o en territorios transfronterizos, en concreto en las poblaciones transfronterizas con Ceuta y Melilla, se estudie la situación de accesibilidad a los servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, en su caso, se encuentren soluciones que resuelvan los aspectos que presentan dificultades para la práctica efectiva del derecho a la protección de la salud.


2. Asimismo, insta al Gobierno a que se dé cumplimiento sin dilación a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad el 2 de octubre de 2008, y se informe de las medidas adoptadas y del grado de cumplimiento de las mismas."

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A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Mixto.


Enmienda

De modificación.


De cumplimiento sin dilación a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad a propuesta del Grupo ER-IU-ICV el 2 de octubre de 2008.


"1. Culminando antes de octubre de 2009 el estudio comprometido sobre población sin cobertura e impacto económico de la universalización de la sanidad.


2. Adoptando las medidas normativas para extender la cobertura sanitaria gratuita y reconocer el Derecho universal a la salud a todos los ciudadanos españoles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.- Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.


Enmienda

De modificación.


El texto que se propone quedará redactado de la siguiente forma:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar sin dilación las medidas oportunas para garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos españoles, por el hecho de serlo, tengan acceso gratuito y en términos de igualdad a la asistencia sanitaria de nuestro sistema público de salud.


- Que en el menor plazo posible establezca los mecanismos precisos para que sea el Ministerio de Sanidad y Consumo, y no la Seguridad Social, quien gestione y garantice el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria.


- Que en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley remita un informe expresivo de las medidas adoptadas y del grado de cumplimiento de la implantación universal de la prestación de asistencia sanitaria gratuita y en igualdad para todos los ciudadanos españoles".


Justificación

Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000943

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención de la enfermedad nosocomial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 181, de 7 de abril de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Sanidad y Política Social proponga a las Comunidades Autónomas, en el seno del ensayo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de una estrategia nacional de prevención y control de la infección nosocomial en el marco de la estrategia de seguridad de los pacientes, así como de las líneas de apoyo económico.


2. Impulsar la integración de la vigilancia de la infección nosocomial en la red nacional de vigilancia epidemiológica.


3. Adoptar medidas para la divulgación de la estrategia, así como para la formación de los profesionales sanitarios."

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A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención de la enfermedad nosocomial, del Grupo Parlamentario Popular,

Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Sanidad proponga a las Comunidades Autónomas la elaboración de una Estrategia nacional de prevención y control de la infección nosocomial en el marco de la Estrategia de seguridad de los pacientes.


2. Impulsar la integración de la vigilancia de la infección nosocomial en la red nacional de vigilancia epidemiológica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001010

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para la protección de los afectados por las facturaciones masivas de las líneas 905 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 197, de 5 de mayo de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cuantificar el número de usuarios afectados y el volumen de facturación de las llamadas falsas a líneas 905, utilizando todos los medios técnicos disponibles.


2. Profundizar en las medidas de carácter administrativo y jurisdiccional que sean precisas contra las facturaciones indebidas.


3. Que a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se profundice en las actuaciones de vigilancia para impedir reclamaciones a los usuarios del pago derivado de mecanismos fraudulentos de rellamada.


4. Adoptar las medidas necesarias para que los usuarios no se vean perjudicados por rellamadas fraudulentas facturadas en líneas 905."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- lo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de adición de un nuevo punto 1 bis a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para la protección de los afectados por las facturaciones masivas de las líneas 905.


Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1 bis. Realizar un control efectivo del cumplimiento de la utilización de los servicios con un número con prefijo 905, evitando, en particular, que se utilice este prefijo para la realización de concursos vía telefónica, los cuales deben realizarse a través del prefijo 806."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas

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para la protección de los afectados por las facturaciones masivas de las líneas 905, del Grupo Parlamentario Popular

Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cuantificar el número de usuarios afectados y el volumen de facturación de las llamadas falsas a líneas 905. Siempre que técnicamente sea posible.


2. Seguir adoptando las medidas de carácter administrativo y jurisdiccional que sean precisas contra las facturaciones indebidas.


3. Que a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, continúe llevando a cabo actuaciones de vigilancia para impedir reclamaciones a los usuarios del pago derivado de mecanismos fraudulentos de rellamada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001141

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el ejercicio de la -homeopatía,+ presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 231, de 30 de junio de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que el ejercicio de la -homeopatía+ se realice exclusivamente por licenciados en medicina y cirugía. Los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica se dispensarán en las oficinas de farmacia."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio de la -homeopatía+ .


Enmienda

De modificación.


Se propone añadir al texto de la Proposición lo siguiente:

"...los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica se dispensarán en las oficinas de farmacia".


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001185

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el incremento de participación de medicamentos genéricos y contención del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 245, de 3 de agosto de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Definir y aplicar políticas activas de contención del gasto farmacéutico global que lo sitúe a la media del gasto sanitario y garantice la Convergència con la media de la Unión Europea en paridad de poder de compra (hoy en tercer lugar en mayor gasto ajustado), coordinando el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas sus iniciativas, de modo que se garantice la cohesión social y la no discriminación de los pacientes.


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2. Incorporar en el 2.° Plan Estratégico de Política Farmacéutica un objetivo de potenciación de la utilización de genéricos de manera que tiendan a los niveles medios de consumo en la Unión Europea.


3. Desarrollar mecanismos eficaces de información y formación de los prescriptores y pacientes, así como difundiendo con campañas informativas la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos genéricos en todos los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud.


Asimismo, se insta al mejor control de las actividades de marketing de la industria farmacéutica y a evitar las campañas de desprestigio de los genéricos.


4. Potenciar la participación y corresponsabilidad ciudadana, avanzando en el uso racional de medicamentos, sin hacer recaer en la ciudadanía las insuficiencias del sistema.


5. Concretar con carácter urgente la obligación de suministro directo de medicamentos por los laboratorios a los almacenes de los distribuidores de gama amplia frente a abusos de posiciones de dominio y no suministro, total o en parte, a estos distribuidores farmacéuticos por algunos laboratorios.


6. Reorientar en este sentido los acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y Farmaindustria y AESEG (en representación de los Genéricos), tanto en relación a reducción de gasto farmacéutico global, la política de patentes, el mantenimiento del empleo y un mayor compromiso en I+D por parte del sector farmacéutico.


7. Adoptar las medidas necesarias para agilizar la pronta entrada de genéricos en el mercado farmacéutico."

A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa por Catalunya Verds, sobre el incremento de participación de medicamentos genéricos y contención del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.


Enmienda

De modificación.


Se propone añadir al punto 1 lo siguiente:

"Coordinando el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas sus iniciativas, de modo que se garantice la cohesión social y la no discriminación de los pacientes."

Justificación.


Mejora técnica.


Enmienda a los puntos 2, 3, 6 y 10

De modificación.


El texto que se propone quedará como sigue:

- Punto 2:

"Potenciar la utilización de genéricos de forma que se converja con los niveles medios de consumo en la Unión Europea."

- Punto 3:

"Regulando, si fuera preciso, mejoras en las actividades de información a prescriptores y pacientes, así como difundiendo con campañas informativas la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos genéricos, en todos los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud."

- Punto 6:

"Potenciar la participación y corresponsabilidad ciudadana al objeto de avanzar en el uso racional de los medicamentos."

- Punto 10:

"Plantear una regulación encaminada a favorecer una mayor transparencia en el régimen de descuentos y desarrollar una política farmacéutica que favorezca que los descuentos reviertan en el Sistema Nacional de Salud o, en su caso en los pacientes, como compradores finales."

Justificación.


Mejora técnica.


Enmienda

De supresión.


Se propone la supresión de los puntos 4, 11 y 12.


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Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley sobre el incremento de participación de medicamentos genéricos y contención del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Definir y aplicar políticas activas de contención del gasto farmacéutico global que tiendan a la media de la evolución del gasto sanitario y se orienten hacia la Convergència con la media de la Unión Europea en paridad de poder de compra (hoy en tercer lugar en mayor gasto ajustado)

2. Incorporar en el segundo Plan Estratégico de Política Farmacéutica un objetivo de potenciación de la utilización de genéricos de manera que tiendan a la media del 20% de la prescripción (hoy apenas superior al 9,5% en valores), en Convergència con el consumo de genéricos de la Unión Europea (por encima del 30%).


3. Desarrollar mecanismos eficaces de información y formación de los prescriptores del Sistema Público con particular incidencia en el marco hospitalario, controlando las actividades del marketing de la industria farmacéutica y evitando, asimismo, campañas de desprestigio de los genéricos, instando a los organismos a intervenir de oficio cuando así ocurriera (la AEMPS evalúa la eficacia y seguridad de cualquier fármaco actuando en representación del paciente).


4. Potenciar la participación y corresponsabilidad ciudadana al objeto de lograr mejor sanidad con menos medicación sin hacer recaer sobre la ciudadanía las insuficiencias del sistema.


5. Concretar con carácter urgente la obligación de suministro directo de medicamentos por los laboratorios a los almacenes de los distribuidores de gama amplia frente a abusos de posiciones de dominio y no suministro, total o en parte, a estos distribuidores farmacéuticos por algunos laboratorios.


6. Establecer un marco de relaciones entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y Farmaindustria y AESEG, orientado a la reducción de gasto farmacéutico global, el mantenimiento del empleo y un mayor compromiso en I+D por parte del sector farmacéutico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001222

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley de información permanente del Gobierno sobre la evolución del virus de gripe H1N1 presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 253, de 11 de septiembre de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados entiende necesaria y acuerda la comparecencia periódica de la Ministra de Sanidad y Política Social en Comisión para que informe sobre la evolución de la Gripe A en España."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Popular.


Enmienda

De modificación.


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"1. El Congreso de los Diputados acuerda mantener y consolidar la unidad de los grupo parlamentarios en la definición de la estrategia sobre la gripe A".


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.- Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley de información permanente del Gobierno sobre la evolución del virus de gripe H1N1, del Grupo Parlamentario Popular

Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados entiende necesaria la comparecencia periódica de la Ministra de Sanidad y Política Social en Comisión para que informe sobre la evolución de la gripe A en España, e insta al Gobierno para continuar compareciendo tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora, cada vez que existan novedades significativas en la evolución de la pandemia de gripe A hasta su control efectivo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001238

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 29 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el tratamiento sustitutivo renal, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán-CiU y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 261, de 28 de septiembre de 2009, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estimular el desarrollo de programas para todas las modalidades de tratamiento sustitutivo renal, incluyendo el transplante renal de donante vivo y la diálisis peritoneal, por parte de las Comunidades Autónomas, a la vez que se garantiza al paciente la información necesaria para poder elegir la modalidad de tratamiento que mejor se adapte a sus circunstancias personales, tal y como reconoce la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley sobre el tratamiento sustitutivo renal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Enmienda

De sustitución.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estimular el desarrollo de programas para todas las modalidades de tratamiento sustitutivo renal, incluyendo el trasplante renal de donante vivo y la diálisis peritoneal, por parte de las Comunidades Autónomas, a la vez que se garantiza al paciente la información necesaria para poder elegir la modalidad de tratamiento que mejor se adapte a sus circunstancias personales, tal y como reconoce la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000094

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


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(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la intervención militar española en Afganistán.


Acuerdo:

Entendiendo que la comparecencia, así como la información, a la que se alude en sus apartados 6 y 7 se facilitaría, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la intervención militar española en Afganistán.


Nuestro Grupo Parlamentario viene reclamando un debate a fondo y en toda su complejidad, en sede parlamentaria, sobre las características de la misión española en Afganistán, sobre sus objetivos y sus límites, sobre sus costes económicos y sus resultados, sobre la seguridad de nuestras tropas y, fundamentalmente, sobre el establecimiento de un calendario de retirada militar para concentrar nuestra política de paz en la búsqueda de soluciones diplomáticas y en la reconstrucción y el desarrollo de la población civil afgana.


Este debate se está produciendo a escala internacional y muy especialmente en los Parlamentos nacionales de los países implicados, en los que los gobiernos están viendo cuestionada la participación de sus respectivas Fuerzas Armadas.


Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Izquierda Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente

Moción consecuencia de interpelación urgente

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Priorizar el tránsito hacia una estrategia civil y política regional que favorezca la estabilidad, la reconstrucción y la reconciliación interna en Afganistán.


2. Presentar ante la Cámara, no más tarde del 31 de diciembre de 2009, un calendario de presencia y de retirada de las tropas españolas en Afganistán.


3. Entre tanto, mantener una clara diferenciación de la acción de seguridad y reconstrucción (ISAF) de la Operación Libertad Duradera, evitando toda confusión que deje a nuestras tropas en tierra de nadie o modifique su misión.


4. Abrir una reflexión y promover un debate a fondo en el Pleno de la Cámara sobre los resultados de la misión militar española en Afganistán, sus objetivos y sus límites, sus costes económicos para el Estado; sobre la seguridad de nuestras tropas y fundamentalmente sobre la continuidad de la misión o la retirada.


5. Remitir a la Cámara en cada período de sesiones un informe de situación que contemple la evolución política y militar del conflicto de Afganistán y su entorno, las alteraciones en materia de seguridad de nuestras tropas; las variaciones del gasto generado por la misión y el balance de las realizaciones ejecutadas por España en las tareas de reconstrucción y ayuda al desarrollo de la población civil afgana.


6. Comparecer ante la Cámara cada vez que se contemple alguna modificación sustancial en la misión militar española en Afganistán, no sólo para solicitar la preceptiva autorización para todo aumento de tropas, sino en caso de prórroga temporal, de retirada de efectivos, así como para informar de los incidentes significativos que se puedan producir durante la misión, todo ello con una información previa a los Grupos Parlamentarios.


7. Informar cada período de sesiones y en momentos de dificultad, en el marco de la Comisión parlamentaria de Gastos Reservados, de la situación de Inteligencia en la zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


173/000095

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros en los aeropuertos del Estado.


Acuerdo:

Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- lo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la política de control de la seguridad de los pasajeros seguida en los aeropuertos del Estado.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:

1. Impulsar, ante las instituciones comunitarias, la revisión de la regulación europea sobre las normas básicas comunes de seguridad aérea con la finalidad, entre otras, de clarificar la aplicación de los reglamentos y garantizar los derechos de los pasajeros. En particular, acelerar, sin merma de la seguridad, el replanteamiento de algunas de las restricciones actuales, entre otras la que afecta a los líquidos.


2. Publicitar y divulgar de manera clara las medidas y procedimientos que se derivan del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, aprobado en 2006 por el que se establecen medidas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, con la finalidad de que la ciudadanía las conozca, se unifiquen los criterios de aplicación de las mismas, y se reduzcan en la medida de lo posible las molestias a los pasajeros.


3. Aumentar las unidades de scanners y la operatividad de todos los existentes con la finalidad de agilizar los tiempos de espera en los filtros; generalizar a todos los aeropuertos los aparatos de control de calzado, así como incrementar las inversiones en aparatos y sistemas de control dotados de tecnologías más avanzadas para evitar los inconvenientes que supone el tener que descalzarse o desvestirse.
Mientras la implementación de los nuevos sistemas y aparatos de control se lleva a cabo, facilitar la realización de controles manuales, por agentes del mismo sexo, a solicitud razonada de los pasajeros, y como alternativa a tener que despojarse de chaquetas.


4. Exigir en los convenios de colaboración con las compañías de seguridad privada una formación más amplia y más adecuada al perfil de trabajadores en controles de los aeropuertos, así como incrementar las inspecciones para comprobar la adecuada formación de este personal.


5. Poner a disposición del viajero formularios para facilitar la realización de reclamaciones de forma inmediata."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


173/000096

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009.


Acuerdo:

Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción, consecuencia de interpelación urgente, relativa al aumento de la delincuencia en los años 2008 y 2009.


Exposición de motivos

En España se está produciendo un aumento de la inseguridad ciudadana.


- En la memoria de los Presupuestos Generales para 2010 se dice que en 2006 los delitos conocidos fueron 856.594, en 2007 crecieron hasta 861.568, y en 2008 hasta 883.789 delitos conocidos.


- Los delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas alcanzaron en 2008 la cifra más elevada de la década, con 105.009 hechos conocidos, y la tendencia en 2009 continúa al alza según fuentes policiales.


- Las faltas -daños, amenazas, coacciones, alteración del orden público, etc.-, que en 2008 llegaron a las 486.280, superaron en 21.741 las conocidas en 2007.


- En 2008 aumentó la tasa de robos con fuerza en viviendas, con 3,9 puntos más que en 2007; la de los delitos contra el patrimonio, con 0,1 puntos más; y la de los robos con violencia, que en 2008 aumentó por primera vez en seis años, alcanzando los 17,5 puntos.


La Memoria del Fiscal General del Estado, revela también un incremento notable de la delincuencia en el año 2008. Según ésta en 2008 se incoaron un total de 4.680.449 procedimientos por delito, que comparados con los 4.519.041 del año 2007 implican un incremento porcentual conjunto del 3,57 por ciento respecto del año 2007, que en cifras absolutas se concreta en 161.408 causas penales. Según la Memoria del Fiscal los homicidios aumentaron un 16,46 por ciento, los delitos contra el patrimonio crecieron un 6,6 por ciento, y ha crecido un 17 por ciento el número de bandas organizadas.


Además el informe sobre la situación de los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial, del primer trimestre de 2009, nos dice que en la Jurisdicción Penal han ingresado un 6,67 por ciento más de asuntos que en el año 2008.


La situación actual, requiere un cambio en la política de seguridad que invierta esta tendencia de crecimiento de los delitos y mejore la seguridad ciudadana. Para dar ese impulso que necesita nuestra política de seguridad, el Grupo Popular propone medidas que considera imprescindibles para lograr el objetivo que todos compartimos de mejorar la seguridad ciudadana.


Este catálogo de medidas incluyen tanto propuestas que permitan una mayor transparencia en la política de Seguridad como medidas para mejorar la eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y reformas legislativas que hagan frente a las nuevas formas de delincuencia organizada y violenta que sufren muchos ciudadanos, y por último cuestiones que potencien la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, frente a un crimen cada vez más transnacional.


Con esta Moción el Grupo Popular pretende dar un impulso a la política de seguridad, que nos permita hacer frente a la creciente amenaza que la delincuencia supone para muchos ciudadanos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

1. Elaborar un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que defina objetivos, señale prioridades, cuantifique dotaciones y planifique los esfuerzos organizativos y presupuestarios, de tal forma que la seguridad sea una prioridad en la política presupuestaria del Gobierno, y que la actual crisis económica no implique un aumento de la inseguridad ciudadana como efecto añadido.


2. Garantizar mayor transparencia en la difusión de los datos de delincuencia, a través del Instituto Nacional de Estadística, que incluirá en sus informes periódicos datos de evolución de la criminalidad en España.


3. Incluir en la Información semestral que remite el Ministerio del Interior, por mandato unánime de la Comisión de Interior, la evolución del número de delitos y faltas en cada provincia y Comunidad Autónoma de los principales tipos delictivos (asesinato, homicidio, lesiones, malos tratos, libertad sexual, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en las cosas, robos con fuerza en los locales, hurtos, faltas de daños, amenazas y coacciones, delitos contra el interés general y el orden público y resto de delitos y faltas penales).


4. Completar en un plazo máximo de 5 años el catálogo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, priorizando la cobertura de las unidades dedicadas a la Seguridad Ciudadana.


5. Aprobar un Real Decreto de regulación de las Juntas Locales de Seguridad, impulsando estas Juntas como un instrumento básico de coordinación entre las distintas Fuerzas de Seguridad que prestan servicio en un mismo territorio.


6. Potenciar la cooperación de las Policías locales en las tareas de Seguridad Ciudadana, permitiendo su acceso a las bases de datos del Ministerio del Interior que se consideren pertinentes, y la recepción de denuncias por delitos menores.


7. Fomentar la colaboración ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como factor esencial de una política moderna de Seguridad, regulando los

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Consejos Locales de Seguridad, como un foro para canalizar el diálogo y la participación de los sectores más afectados por la inseguridad ciudadana, y creando nuevos instrumentos de comunicación y colaboración con la sociedad.


8. Impulsar un plan de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que las dote de las infraestructuras, equipos y tecnología necesarias para hacer frente al aumento de la criminalidad.


9. Impulsar la reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, de tal forma que la legislación española proporcione, tanto a los Jueces como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instrumentos suficientes para luchar eficazmente contra la delincuencia, de tal forma que los delincuentes no encuentren resquicios en el Estado de Derecho.


10. Incluir la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado como una de las prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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