Año 2008 IX Legislatura
Comisiones. Núm. 31
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
celebrada el jueves, 19 de junio de 2008
ORDEN DEL DÍA
Comparecencia de D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación,
Política Social y Deporte:
-- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (711/000055).
-- A petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, para informar sobre los objetivos y el programa de trabajo del
Ministerio durante la presente Legislatura. (711/000009).
-- A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para informar
sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
(711/000027).
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas.
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte con la comparecencia de la señora ministra, doña Mercedes
Cabrera. Aunque ya ha pasado mucho tiempo desde su nombramiento como
ministra, esta es la primera ocasión en que, de manera formal, puedo
felicitarla en nombre de la comisión, además de agradecer su
comparecencia de hoy para fijar la posición del Gobierno respecto al
desarrollo de los temas de mayor calado durante esta legislatura.
Lógicamente, tiene usted
la puerta abierta para comparecer cuando estime conveniente y debatir
temas tan importantes para los ciudadanos como la educación, la política
social o el deporte.
Como hay algunos portavoces que son nuevos y nuevas en esta comisión,
quiero decir, en términos de procedimiento, que el formato de la comisión
es el siguiente: interviene la señora ministra, luego los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios, en primer lugar, los
peticionarios de la comparecencia y, en segundo lugar, el resto de los
grupos de menor a mayor; a continuación, la señora ministra contestará en
bloque a todos ellos y, posteriormente, se dará un turno de réplica por
orden estricto de petición, al que seguirán el resto de los grupos, y,
por último, cerrará la señora ministra dando respuesta a los temas
planteados.
Si sus señorías no tienen ninguna otra objeción, damos comienzo a la
propia comparecencia, para lo cual tiene la palabra la señora ministra,
doña Mercedes Cabrera.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera
Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es un placer para mí comparecer en esta Cámara para presentar la
labor del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte durante sus
primeras semanas de vida, así como para apuntar las líneas principales de
actuación del futuro inmediato y, si me lo permiten, con la ambición de
ocupar la legislatura.
Con esta comparecencia reafirmamos lo que para mí es la decisiva
importancia de la labor parlamentaria. Espero que a través de ella puedan
ustedes conocer este nuevo ministerio, cuyo fin es gestionar de modo
coordinado algunas de las ideas y de las políticas que este Gobierno
considera prioritarias. El Gobierno comparte la convicción de que una
educación de calidad ofrece un futuro mejor a todos los ciudadanos;
comparte también la voluntad de atender a las necesidades y
preocupaciones inmediatas de todos los ciudadanos, así como la defensa de
la igualdad de oportunidades para todos sin ningún tipo de
discriminación. Con palabras muy parecidas empecé mi comparecencia en el
Congreso y quiero hacerlo también al inicio de mi comparecencia en esta
Cámara.
La educación es sin duda un elemento esencial para transformar la
sociedad, es política social en estado puro, más todavía en un momento
como el que vivimos, en el cual tenemos el firme propósito -y el
presidente del Gobierno lo ha anunciado en más de una ocasión- de
contribuir a cambiar nuestro modelo de crecimiento. En ese cambio de
modelo de crecimiento, y teniendo en cuenta el futuro que queremos para
este país, la educación de calidad para todos es sin duda un elemento
fundamental; lo es para el desarrollo de todos y cada uno de los
individuos y también para el conjunto de la sociedad. Con una mejor
educación y formación, los ciudadanos podrán acceder a mejores empleos
pero, además, podremos promover más fácilmente la inclusión social y
asentar valores cívicos y democráticos.
Junto a la política educativa, estamos trabajando, y seguiremos
haciéndolo, en políticas destinadas a promover las condiciones de
igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, políticas que
refuercen la cohesión de nuestra sociedad y destierren cualquier tipo de
discriminación.
En la legislatura anterior, las Cortes aprobaron las leyes que nos
permitirán desarrollar buena parte de nuestro trabajo en esta
legislatura. Contamos con el marco legislativo para ello. Durante la
legislatura pasada aprobamos la Ley Orgánica de Educación, la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia y, en el ámbito deportivo, la Ley Orgánica de protección
de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la Ley contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Estas son nuestras leyes y tenemos que conseguir que los ciudadanos
perciban los beneficios de las mismas, que puedan ejercer los derechos
que como consecuencia de su aplicación les corresponden y disfrutar de
las garantías que el Estado les ofrece. Además, queremos evaluar el
desarrollo y despliegue de estas leyes con el objetivo de conocer cómo
incide su aplicación sobre los ciudadanos y para, en caso necesario,
llevar a cabo las correcciones pertinentes, porque para nosotros lo
importante es ofrecer un servicio de calidad a la sociedad.
Si el qué vamos hacer es importante, también lo es cómo vamos a hacerlo, y
lo vamos hacer desarrollando todas estas políticas en diálogo permanente
con las administraciones públicas, es decir, con otros ministerios, con
los ayuntamientos y sobre todo con las comunidades autónomas. Muchas de
las tareas -por no decir prácticamente todas las que tiene encomendadas
este ministerio- exigen políticas de Estado, y el Estado, en nuestro
país, lo constituyen el Gobierno y las comunidades autónomas.
Por lo tanto, nuestro empeño es que podamos trabajar y avanzar juntos para
poder ofrecer unos servicios cada vez mejores a todos los ciudadanos.
Además, queremos abrir nuestras políticas a la sociedad; que la sociedad
las conozca y que los agentes sociales participen y dialoguen con
nosotros para conseguir que las políticas sociales beneficien mucho más
directamente a los ciudadanos. Dialogaremos con sindicatos y empresarios,
con el amplio tejido asociativo que tradicionalmente está vinculado a las
políticas sociales y educativas, y mantendremos también un contacto
estrecho con las instituciones europeas.
Como saben todos ustedes, en esta legislatura, en el año 2010, a España le
va a corresponder la Presidencia de la Unión Europea. España
suscribió,desde su ingreso en Europa, un firme compromiso y una voluntad
de incorporación de toda nuestra política a la política europea y, desde
entonces, la agenda española y la agenda europea han tratado de
mantenerse en una relación muy estrecha. El año 2010 tiene que ser la
confirmación de eso que viene siendo nuestra vocación política desde hace
un tiempo. Además, el año 2010 es un año importante porque, como saben
todos ustedes, tenemos el horizonte de cumplimiento de los objetivos de
la Estrategia de Lisboa.
La revisión del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa
va a coincidir con la Presidencia española de la Unión Europea. No voy a
entrar de explicarles -evi-
dentemente no es necesario- la importancia de la Estrategia de Lisboa y de
los objetivos, aquello que tiene que ver con la sociedad europea que
queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, pero sí es
importante insistir en el posible protagonismo que va a tener España en
el año 2010, no ya en la revisión y evaluación del cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia de Lisboa, sino en la fijación de una agenda
europea para después de la Estrategia de Lisboa. Además, ese año 2010
será el Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social,
es decir, un año que tiene todo que ver con los contenidos de este
ministerio. Y el año anterior, es decir, 2009, va a ser el Año Europeo de
la creatividad y la innovación, un año muy estrechamente relacionado con
las políticas educativas. Por lo tanto, si es importante el diálogo
permanente con las administraciones públicas españolas a todos los
niveles, y con los agentes sociales, también lo va a ser con las
instituciones europeas.
Voy a empezar a hablar de las políticas sociales sobre la base de las
premisas que acabo de enunciar y que son premisas generales de la
actuación de todo el ministerio.
Una de las prioridades del Gobierno en la legislatura pasada, como saben
todos ustedes, fueron las políticas sociales, y lo van a seguir siendo en
esta; lo ha repetido el presidente del Gobierno en más de una ocasión; la
última, hace muy pocos minutos en una entrevista en Radio Nacional. El
Gobierno considera un objetivo primordial elevar el bienestar de todos
los ciudadanos, y lo considera especialmente relevante en esta coyuntura
y para aquellos que se encuentran en una situación más desfavorable o con
mayor riesgo de exclusión social. Por eso las políticas sociales
adquieren su mayor significado en tiempos de desaceleración económica.
Vamos a prestar especial atención a las políticas de inclusión social,
políticas estrechamente vinculadas a la Unión Europea. En el marco de la
Estrategia de Lisboa, como saben todos ustedes, la Unión Europea adoptó
la Estrategia Europea de Inclusión Social que activa una serie de
mecanismos para erradicar la pobreza en Europa. He mencionado hace un
momento que el 2010 será el Año Europeo de la lucha contra la pobreza y
la exclusión social.
En este contexto europeo, y como continuación del trabajo iniciado a
impulso de la Comisión Europea desde el año 2000, cada uno de los Estados
de la Unión debe presentar un plan nacional de acción para la inclusión
social para el período 2008-2011; plan que en breve concretaremos en un
trabajo conjunto con las comunidades autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias, las ONGs y otros interlocutores sociales. Vamos
a continuar trabajando también en el desarrollo de los servicios sociales
de atención primaria, uno de los instrumentos esenciales para la lucha
contra la pobreza y la exclusión social; servicios que, como saben todos
ustedes, gestionan las corporaciones locales. La continuidad del plan
concertado de prestaciones básicas de servicios sociales se va a ver
reforzado en esta legislatura con un incremento de la cooperación, de la
colaboración técnica.
Asimismo, como hicimos en la pasada legislatura, dedicaremos una atención
especial a la población gitana. Queremos aprobar un plan de acción para
mejorar sus condiciones de vida, en cuyo diseño tendrá una activa
participación el Consejo Estatal del pueblo gitano. Como he indicado, en
todos estos ámbitos vamos a mantener una estrecha cooperación con las
comunidades autónomas, también con el movimiento asociativo, movimiento
que ha contribuido de manera decisiva en la tarea de promoción de la
inclusión social en todos los frentes; y vamos a reforzar nuestros lazos
con las ONGs en diálogo con el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social y
desarrollando el Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009.
La familia es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos,
y es responsabilidad de las administraciones dar respuesta a sus
necesidades. Todas las políticas de este ministerio están dirigidas al
apoyo a las familias: desde la educación y la política de becas hasta la
Ley para la autonomía personal, pasando por las políticas de atención a
los mayores o a la infancia. Considero que las políticas familiares
tienen que ser necesariamente transversales y, por lo tanto, todos los
departamentos del Gobierno -más allá de lo que acabo de mencionar en
relación con este- adoptan medidas a favor de las familias. Las mejores
políticas en favor de las familias surgen precisamente del compromiso
social del Gobierno en su conjunto en todas estas materias.
Desde este departamento, desde el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte, vamos a abordar las políticas familiares desde diversas
perspectivas. Así, en materia de conciliación y corresponsabilidad, vamos
a avanzar en la atención de calidad a los menores de tres años, ampliando
la red de escuelas infantiles -tal y como explicaré dentro de un momento
cuando aborde nuestras propuestas en política educativa-.
Asimismo, desde el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
vamos a promover medidas específicas para favorecer a las familias con
menores rentas o con mayor vulnerabilidad social, sobre todo a las
familias monoparentales y a las familias numerosas, mejorando las
prestaciones familiares de la Seguridad Social. Vamos a modificar la
protección a las familias numerosas para incluir a los nietos -cuando
convivan con sus abuelos en la misma unidad familiar- y a las familias
monoparentales con dos hijos; y vamos a establecer programas específicos
de mejora de las condiciones de vida de las familias en el mundo rural,
potenciando servicios sociales especializados en familia, en colaboración
con las comunidades autónomas y entidades sin ánimo de lucro.
Las políticas dirigidas a la atención a los mayores son también parte
esencial de las políticas familiares. Todos sabemos que el fenómeno del
envejecimiento es un auténtico reto que va a requerir nuevas líneas de
actuación y que nos va a obligar, además, a imaginar políticas de
envejecimiento activo.
Para analizar y conocer la situación de los mayores, sus necesidades y sus
posibilidades de incorporación activa a la vida social vamos a elaborar
un libro blanco del mayor. Por supuesto, vamos a mantener, y también a
mejorar y ampliar, los programas de vacaciones para mayores y de
termalismo social, que realizan una importante contribución a este
envejecimiento activo. Para el año 2008 contamos ya con una oferta de un
millón 250.000 plazas y un presupuesto superior a los 100 millones de
euros.
Por otra parte, en este año hemos dotado con más de 30 millones de euros
la teleasistencia domiciliaria a personas mayores y a personas con
discapacidad.
El Gobierno ha tenido siempre muy claro que la discapacidad es, ante todo,
un asunto político y que debía abordarse desde la óptica de los derechos
individuales y de los derechos humanos. Se trata de un asunto que hasta
ahora se planteaba como un problema orgánico, como un problema
individual, pero es un problema social y colectivo, y como tal exige que
seamos conscientes de los condicionamientos sociales, culturales,
políticos y económicos que tienen las personas que padecen alguna
discapacidad y que demos respuesta clara a una serie de preguntas básicas
sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Nuestra sociedad, al no
facilitar a todos los individuos las mismas oportunidades, ha hecho
imposible el completo desarrollo de todos aquellos que no responden a los
cánones físicos, mentales o sensoriales establecidos por criterios
hegemónicos de normalidad. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo; y, a
pesar de los innegables avances realizados, todavía hoy vivimos en una
sociedad estereotipada, diseñada para la mayoría, que deja al margen de
la sociedad y del disfrute de sus derechos a una inmensa minoría. Cada
día millones de personas se enfrentan a barreras de distinto tipo que
obstaculizan su camino hacia la igualdad de oportunidades.
Afortunadamente, poco a poco se han ido abriendo paso las nuevas
interpretaciones, convertidas ya en convicción, de que si modificamos la
forma en que organizamos nuestras sociedades podemos reducir
considerablemente los obstáculos a los que se enfrentan las personas con
discapacidad y que les impiden ejercer sus derechos ciudadanos porque,
además, sin ellos la sociedad está incompleta y dispone de menos
energías, de menos capacidades; de ahí la importancia que tienen las
políticas dirigidas a la consecución de una sociedad accesible. Creo que
es importante señalar que estos son los principios que han inspirado la
política del Gobierno frente a la discapacidad y las situaciones de
dependencia; una visión, una filosofía y unas ideas compartidas por la
mayor parte de la sociedad española, por los diferentes grupos políticos
y que ha tenido su reflejo en la aprobación de una serie de leyes como la
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia o la ley del lenguaje de señas y apoyos a la
comunicación oral de las personas sordas.
No nos basta con la aprobación de las leyes, estamos trabajando -y
trabajaremos a lo largo de esta legislatura- en su desarrollo, en la
adopción de todas las medidas complementarias y de los planes de apoyo
necesarios. A este respecto y en relación con la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal hablaré con más detalle un poco más adelante.
Estamos trabajando en políticas de apoyo a la comunicación de las personas
sordas. Junto a las medidas dirigidas a reforzar la comunicación por el
lenguaje de señas, apoyamos la comunicación oral. Permítanme que les
recuerde a ese respecto que hace pocas semanas firmamos un convenio de
colaboración con la Confederación Española de Familias de Personas
Sordas, convenio destinado a desarrollar iniciativas que aseguren el
acceso a la comunicación, la información y el conocimiento de las
personas sordas que se comunican en lengua oral; un convenio que nos va a
permitir ofrecer intervención logopédica a niños y jóvenes con
discapacidad auditiva para que puedan adquirir y desarrollar el lenguaje
oral en su entorno familiar y social. El coste de estas actuaciones
asciende a 390.000 euros.
España se sitúa, como he dicho ya en algunas ocasiones, en la vanguardia
internacional en cuanto a la legislación sobre derechos de las personas
con discapacidad. España ha sido uno de los países impulsores de la
Convención Internacional de la ONU sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, una iniciativa que supone un salto cualitativo en el
reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. Esta convención, como saben todos ustedes, establece como
objetivo la plena inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad, para lo cual hemos contraído el compromiso firme de eliminar
toda barrera, toda restricción material y/o mental que impida la
participación efectiva de estas personas en la sociedad.
Creo que conviene recordar que la convención de la ONU, aprobada en el mes
de mayo, tiene uno de sus precedentes en la Declaración de Madrid,
promovida con ocasión del Congreso Europeo sobre Discapacidad celebrado
en esta ciudad en marzo de 2002, el Año Europeo de las Personas con
Discapacidad. Precisamente porque España es un referente internacional
reconocido en estas cuestiones, la pasada semana se celebró en León la
Conferencia Europea de Diseño para Todos y Accesibilidad Electrónica; una
conferencia que reunió a más de 200 expertos internacionales y a
representantes de 160 organismos nacionales de los diferentes países de
la Unión Europea y que ha permitido intercambiar experiencias innovadoras
en formación y aplicación de los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos, entre cuyos objetivos figuró el de impulsar -creo que
esto es mirar hacia el futuro- la formación de los futuros profesionales
en los valores y en las ventajas de los diseños no discriminatorios para
personas mayores y personas con discapacidad. Pues bien, fruto de esa
conferencia ha sido el decálogo de León por la accesibilidad, un decálogo
que concluye afirmando que la sociedad de la información y del
conocimiento sólo será un proyecto completo cuando todas las personas
puedan participar y beneficiarse del potencial que las nuevas tecnologías
nos ofrecen y que ofrecerán en el futuro.
El Gobierno va a seguir trabajando a lo largo de esta legislatura en el
desarrollo de las políticas de accesibilidad universal. Queremos avanzar
en el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Dis-
capacidad, la LIONDAU, y en este contexto vamos a comenzar los estudios
previos para elaborar un real decreto que regule las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
medios de transporte para personas con discapacidad. Estamos trabajando
ya con el Ministerio de Trabajo e Inmigración en una estrategia dirigida
a promover el empleo entre las personas con discapacidad porque estas
personas representan un 5 por ciento de la población en edad de trabajar
y, sin embargo, buena parte de su colectivo, alrededor del 75 por ciento,
está en situación de desempleo o incluso no ha llegado a ejercer en
ningún momento un trabajo remunerado. Se trata de una situación que
tenemos que corregir y vamos a trabajar en dos líneas: por un lado,
fomentando el empleo entre las personas con discapacidad inactivas y, por
otro, defendiendo la calidad del empleo para las personas con
discapacidad que tienen un puesto de trabajo, velando para que tengan un
empleo digno. Además, vamos a prestar una atención especial a las mujeres
con discapacidad en situación de desempleo. Este es el contenido de esta
estrategia para el empleo entre las personas con discapacidad en la que
estamos trabajando, junto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
como he dicho.
Siguiendo con temas relacionados con la discapacidad, el Gobierno dio el
visto bueno el pasado Consejo de Ministros, como quizá sepan ustedes, al
anteproyecto de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, en materia de incapacitaciónes, cargos tutelares y
administradores de patrimonios protegidos, y de la ley 41/2003, del 18 de
noviembre, sobre la Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. El
título tan largo de este anteproyecto de ley actúa en una doble
dirección: por una parte, en la reforma del Registro Civil, para impulsar
la ampliación e informatización de la documentación sobre
incapacitaciones y unificar la información relativa a la incapacidad de
las personas, con el fin de mejorar su gestión; y, por otra, mejorar la
protección patrimonial de las personas con discapacidad, haciendo
efectiva la figura del patrimonio protegido, aumentando el control de los
fiscales y notarios y agilizando el reconocimiento de la firma
electrónica. La Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad ha quedado adscrita a este Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte.
Y déjenme que para terminar con las políticas sociales me refiera con un
poco más de detalle a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una ley que, como
saben todos ustedes, fue una de las principales iniciativas adoptadas por
el Gobierno en la pasada legislatura en el ámbito de las políticas
sociales. Nos referimos a ella habitualmente como Ley de la dependencia,
pero creo que no deberíamos olvidar que la ley se llama Ley para la
Promoción de la Autonomía Personal porque creo que este título en toda su
amplitud nos remite al principal objetivo de esta ley, que es conseguir
los apoyos necesarios para que las personas en esta situación de
dependencia puedan superar aquellas trabas y barreras que las colocan en
esa situación. Estamos hablando de actuar para promover la autonomía
personal. Es una ley muy importante, lo sabemos todos, porque ha
establecido un nuevo derecho subjetivo para todos los ciudadanos. Es una
ley muy ambiciosa, una ley de Estado en el sentido más amplio, una ley
que beneficia, probablemente en algún momento de su vida, a la práctica
totalidad de los ciudadanos. Una ley que ha gozado de un amplísimo
respaldo parlamentario, y una ley en la que están implicadas todas las
administraciones públicas: la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas y también los ayuntamientos. Es, como he dicho, una
ley muy ambiciosa, una ley que ha generado muchas expectativas en la
ciudadanía, y una ley que implica un cambio de modelo de atención a las
personas mayores dependientes. Un sector de nuestra sociedad cada vez más
numeroso -lo sabemos todos- debido al envejecimiento de la población.
En este primer año de aplicación de la ley, la gran mayoría de las
personas atendidas son mayores de 65 años, exactamente el 72,56 por
ciento. De ellas casi dos terceras partes son mayores de 80 años, un
segmento que constituye el 43,7 por ciento de la población atendida por
la ley hasta este momento. Para llevar adelante este proyecto ambicioso
que, como digo, es una verdadera ley de Estado, la Administración General
del Estado ha realizado un gran esfuerzo planificando la inversión hasta
2015, fecha prevista para el completo despliegue de la ley. Un importante
esfuerzo que recae también, indudablemente, sobre las comunidades
autónomas a las que se hace corresponsables del despliegue de la ley. El
Gobierno asume, como probablemente sepan todos ustedes, la financiación
pública del nivel mínimo de protección, garantizando dicho nivel para
cada uno de los beneficiarios del sistema, según el grado y nivel de
dependencia. Además, aporta financiación para el nivel acordado con las
comunidades autónomas a través de convenios.
Tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno fue aprobando normas de
desarrollo -una vez acordadas en el Consejo Territorial que es el órgano
central de funcionamiento del sistema- que han sido el baremo de
valoración de la situación de dependencia, el nivel mínimo de protección
garantizado por la Administración General del Estado, la cuantía de las
prestaciones económicas y, también, la regulación de la Seguridad Social
de los cuidadores. El Gobierno ha aprobado también en el desarrollo de la
ley el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de
reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación del nivel acordado. Y todo eso se ha hecho en diálogo
permanente con las comunidades autónomas, como lo demuestra el hecho de
que todas firmaron los convenios en los que se plasmó dicha cooperación.
Por lo tanto, la ley ha iniciado su desarrollo, ha iniciado su despliegue,
con las lógicas dificultades que tiene la puesta en marcha de un proyecto
tan ambicioso y tan complejo, que exige el acuerdo y el compromiso
permanente
entre las distintas administraciones. A comienzos de este mes de junio son
419.482 personas las que desde la entrada en vigor de la ley han
solicitado la valoración. De estas más de 419.000 solicitudes, 234.837
han sido reconocidas como beneficiarias de la ley. Pero la puesta en
marcha de procesos de esta envergadura no es siempre fácil. Y por eso y
para facilitar el desarrollo de la ley hemos adoptado tres líneas de
actuación dirigidas a conocer mejor los problemas que puedan detectarse
en estos primeros meses de andadura de la ley para mejorar su eficacia.
La primera medida que hemos adoptado ha sido reforzar la comunicación y la
cooperación con las comunidades autónomas. Esta ley nunca podrá tener un
desarrollo eficaz si no hay una estrecha colaboración entre el Gobierno y
las comunidades autónomas. Y por eso una de mis primeras decisiones fue
recibir uno a uno a todos los consejeros autonómicos responsables de
políticas sociales, para tener una información directa sobre los procesos
de aplicación de esta ley en cada uno de sus territorios. La ronda de
estas entrevistas ha concluido esta misma semana, ayer. Y en esta misma
línea de profundización de los contactos con las comunidades autónomas,
la semana que viene celebraremos una reunión informal, con orden del día
abierto, con todos los consejeros autonómicos de política social para
hablar sobre la situación en este momento.
En segundo lugar, hemos creído también importante evaluar el rendimiento
del sistema. La disposición adicional primera de la ley prevé que se
realice una evaluación de los resultados transcurridos tres años desde la
entrada en vigor. Esto sería en el año 2009, pero con independencia de
esta evaluación que se realizará en el plazo previsto, queremos abordar
ya un análisis de conjunto sobre el funcionamiento del sistema, a modo de
evaluación piloto -ya lo anuncié también en el Congreso de los
Diputados-, que sirva como referente para la evaluación prevista por la
ley. Por esta razón, una orden ministerial va a crear en breve una
comisión especial para la mejora de la calidad del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia. La creación de esta comisión está
justificada por la propia novedad del sistema de atención a la
dependencia regulado por la ley y por la transcendencia que esta ley
tiene en la construcción del Estado del bienestar. Precisamente en esta
fase inicial, tenemos que poner especial empeño para construir un sistema
asentado sobre buenos cimientos, para que el edificio se mantenga en pie
con solidez durante mucho tiempo. Por este motivo esta comisión va a
analizar la gestión del sistema y va a comprobar si se adecúa a los
parámetros de eficacia, eficiencia y calidad que deben presidir cualquier
actuación administrativa.
Y en tercer lugar -he hablado de tres líneas de actuación-, el eficaz
desarrollo de la ley requiere el correcto funcionamiento de los
instrumentos necesarios para su puesta en marcha. Y en esa ronda de
contactos con los consejeros autonómicos que he mencionado, algunos de
ellos me han trasladado la existencia de problemas de coordinación debido
al hecho de que muchas comunidades autónomas tenían sus propios sistemas
informáticos para gestionar los servicios sociales. Y parece que han
existido dificultades para trasladar sus datos de dependencia al SISAD,
que es el Sistema Informático de la Atención a la Dependencia. No es
conveniente que cuestiones de esta índole, que cuestiones instrumentales
interfieran en la aplicación de la ley. Y por esta razón hemos decidido
proponer al Consejo Territorial que la Agencia de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que depende, como saben
ustedes, del Ministerio de Administraciones Públicas, evalúe el sistema
informático del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Estas
han sido las líneas de actuación en las semanas que llevamos de Gobierno
en relación con la Ley para la Autonomía Personal.
Todas las políticas sociales que acabo de enumerar, con los objetivos que
acabo de enunciar, coinciden en un objetivo común: ampliar oportunidades,
abrir posibilidades de incorporación de las personas a una vida social
activa, independientemente de su edad y de su situación o sus
capacidades, brindarles capacidad de elección, convertirlas en personas
activas.
Si ese es un objetivo fundamental de todas las políticas sociales, también
lo es, sin duda, y quizá por muchísimas más razones, de la política
educativa. La educación es la mejor vía, no ya de igualdad de
oportunidades, que también, sino asimismo de ampliación de oportunidades
para brindar a todas las personas -y en educación a los más jóvenes, pero
no sólo a estos- mayor capacidad de elección a lo largo de toda la vida.
Como he dicho al principio de mi intervención, tenemos el marco
legislativo. La Ley Orgánica de Educación cierra el reciente ciclo de
reformas educativas. No va a haber nuevas leyes en los próximos años, y
eso va a garantizar la estabilidad del sistema. La Ley Orgánica de
Educación se asienta sobre los principios de calidad, de igualdad de
oportunidades, de esfuerzo individual y de motivación del alumnado. La
ley es el instrumento que va a permitir a nuestro sistema educativo
responder a las necesidades de una sociedad como la nuestra, que es
compleja y exigente.
En el contexto de desarrollo de esta ley, de la Ley Orgánica de Educación,
vamos a realizar nuestras políticas educativas. La semana pasada
celebramos en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte la
primera Conferencia Sectorial de Educación de esta legislatura,
conferencia que, como saben ustedes, reúne al ministerio y a las
comunidades autónomas. En dicha conferencia sectorial aprobamos el
Informe sobre objetivos educativos y puntos de referencia españoles para
2010, un informe que propone una serie de objetivos prioritarios para
desarrollar la política educativa, objetivos que suscitaron un clima de
consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas y que fueron,
evidentemente, aprobados. Estos objetivos, en líneas generales, se pueden
resumir en los siguientes: incrementar la tasa de escolarización
infantil, aumentar el éxito escolar de todos los alumnos en las
diferentes etapas educativas, mejorar el dominio de las competencias
básicas y elevar el número de alumnos que cursan enseñanzas
técnico-profesionales y que reciben educación permanente.
Las propuestas educativas de este ministerio para los próximos meses, que
voy a desglosar a continuación, asumen esos compromisos que, insisto, se
enumeran en ese informe aprobado en la reciente conferencia sectorial.
Vamos a proponer el Programa Educa 3 cuyo objetivo es impulsar la atención
educativa en la etapa de 0 a 3 años. La atención educativa infantil es
esencial para la formación de nuestros niños; desempeña un papel crucial
en la mejora futura de su rendimiento académico y también en su futura
sociabilidad. Los efectos son tanto más favorables cuanto mayores son las
dificultades de partida por razones socioeconómicas, culturales o
personales. Por eso, la contribución de esta etapa a la reducción futura
del abandono escolar es absolutamente significativa.
Convencidos de estas razones, en esta legislatura, y en colaboración con
las comunidades autónomas, vamos a reforzar la primera etapa de la
Educación Infantil, la que va de 0 a 3 años. El citado Programa Educa 3,
que discutiremos con las comunidades autónomas, porque con ellas tenemos
que desarrollarlo, va a promover la creación de nuevas plazas escolares
en dicha etapa. Ya saben todos ustedes que en el presupuesto de este año,
de 2008, ya está consignada una partida de cien millones de euros para
ese objetivo. Y como he mencionado al hablar de las políticas de familia,
el Programa Educa 3 facilitará también la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Como he dicho, otro de nuestros objetivos es combatir el abandono
temprano, un objetivo que no es solamente español, sino también europeo.
Este país hizo un importante esfuerzo para combatir el abandono temprano
en los años noventa del siglo pasado. Yo creo que no deberíamos
olvidarlo. Así, en los años noventa pasamos de una tasa de abandono del
40 por ciento a una tasa del 30 por ciento. Pero en los últimos diez años
nos hemos estancado en el 30 por ciento -décima arriba, décima abajo-,
porcentaje que nos distancia de nuestros vecinos europeos.
La Ley Orgánica de Educación asumió desde el principio las principales
indicaciones de la OCDE para combatir el abandono temprano, indicaciones
que van en la línea de una atención individualizada a los alumnos o de la
diversificación curricular. Sobre este principio de diversificación
curricular, el próximo curso se pondrán en marcha los programas de
cualificación profesional inicial. El desarrollo de estos programas es
una de las propuestas principales del informe al que me he referido,
aprobado en la conferencia sectorial, sobre objetivos educativos y puntos
de referencia españoles para 2010.
Estos programas de cualificación profesional inicial van a ofrecer un
mayor abanico de opciones a los jóvenes mayores de 16 años que no hayan
obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Les
van a permitir completar su formación en el conjunto de enseñanzas
técnico-profesionales, obteniendo un título, pero también, y en función
de los módulos que cursen dentro de esos programas, van a poder optar a
obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Además de con la puesta en marcha de los programas de cualificación
profesional inicial, que esperamos que tengan una respuesta importante,
estamos combatiendo el abandono escolar mediante programas específicos,
como los programas de mejora del éxito escolar, o los dirigidos a
disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización, programas
que se han puesto en marcha mediante convenio entre el ministerio y las
comunidades autónomas.
Indudablemente, estas medidas darán sus frutos a medio plazo, pero tenemos
que ser conscientes de que no podemos permitirnos que la tasa de abandono
temprano siga en torno al 30 por ciento del alumnado. Por eso, en la
pasada Conferencia Sectorial de Educación decidimos que este sería uno de
los asuntos centrales que deberán abordarse en la próxima Conferencia de
Presidentes sobre educación anunciada por el presidente del Gobierno, y
para ello convocaremos previamente una conferencia sectorial
extraordinaria cuyo tema fundamental de discusión va a ser la lucha por
el éxito escolar y contra el abandono temprano.
Este objetivo es, por supuesto, una tarea de las administraciones
educativas, que asumimos toda la responsabilidad que nos corresponde en
ello. Pero es también una tarea de la sociedad en su conjunto. Por eso,
este ministerio está especialmente indicado para afrontar cuestiones como
esta.
Es tarea de todos convencer a los alumnos para que sigan estudiando, y
para convencer a los alumnos tenemos que convencer a las familias. Y eso
significa también convencer a la sociedad de que los estudios y la mayor
formación representan un valor añadido que ofrece a los jóvenes un mayor
abanico de oportunidades. Si toda la sociedad no asume que la formación
es un activo valioso y multiplicador, no habrá políticas educativas
eficaces.
Vamos a crear también -es otro de los objetivos que he mencionado antes-
un plan para el impulso de las enseñanzas técnico-profesionales. La
Formación Profesional tiene y debe tener todavía más una estrecha
relación con los nuevos espacios profesionales emergentes. En la sociedad
del conocimiento, sociedad en la que vivimos, los modelos de producción y
de consumo están sometidos a cambios tecnológicos extraordinarios -lo
sabemos todos-, y eso exige la formación de profesionales especializados
en materias diversas con gran capacidad de innovación y gran
flexibilidad. Queremos que las enseñanzas técnico-profesionales sean el
semillero de las nuevas ideas que afloren en el universo empresarial
español. Durante las pasadas legislaturas se ha desarrollado el marco
legal y se ha realizado un gran esfuerzo en este ámbito, lo que ha
permitido la elaboración de nuevos títulos profesionales que tienen, como
demuestran los datos, niveles de inserción laboral aceptables -algunos de
ellos por encima de lo aceptable- y que gozan de una notable valoración
por parte de los empresarios. Pero queda mucho trabajo que realizar por
delante. Tenemos que trabajar para que esas enseñanzas
técnico-profesionales sean una opción cada vez más atractiva para los
jóvenes, y para eso debemos aumentar su prestigio social. Tenemos que
alcanzar las tasas europeas de matriculación, porque las españolas son
notablemente bajas. Precisamente antes me
refería a las tasas o los datos de abandono temprano, que tienen todo que
ver con las bajas tasas de matriculación en enseñanzas
técnico-profesionales.
Tenemos que establecer la normativa legal que reconozca la experiencia no
reglada. Tenemos que impulsar las enseñanzas profesionales de grado
superior, integrándolas plenamente en el proceso de Bolonia, para que
quede claro que la enseñanza profesional de grado superior es enseñanza
superior. Y tenemos que reforzar la red de centros integrados de
Formación Profesional.
Estos objetivos, y algunos más, van a dotar de contenido al Plan para las
Enseñanzas Técnico-Profesionales que desde el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte queremos impulsar en estrecha coordinación con
el Ministerio de Trabajo e Inmigración -ya hemos empezado las
conversaciones con ese objetivo-, en estrecha coordinación también con
las comunidades autónomas, y sobre todo con empresarios, sindicatos y
organizaciones profesionales. Este ha sido uno de los temas que salió
ayer a colación en la reunión que celebró en Moncloa el presidente del
Gobierno como inicio de las conversaciones sobre el diálogo social.
Y queremos promover -esta es otra de las apuestas fundamentales,
esenciales, centrales de las políticas educativas- la cultura de la
evaluación en nuestro sistema educativo como vía para conseguir una
educación de calidad. Tal y como prevé la Ley Orgánica de Educación,
junto con las comunidades autónomas, y en el marco del Instituto de
Evaluación, estamos poniendo en marcha las evaluaciones generales de
diagnóstico del sistema educativo, previstas por la ley. Pero vamos a ir
más allá. Las políticas de evaluación son necesarias porque nos permiten
detectar los puntos débiles del sistema y mejorarlos, y aportan
información a las administraciones y a la sociedad en su conjunto sobre
el estado de nuestro sistema educativo. Por eso, en colaboración con las
comunidades autónomas y con los institutos de evaluación que ya existen
en algunas de ellas, vamos a impulsar esta cultura de la evaluación para
que impregne todo nuestro sistema educativo y para que esa evaluación sea
un referente continuo de nuestra política educativa.
Por estas mismas razones, vamos a someter a evaluación nuestro sistema de
becas y ayudas al estudio -ya lo anuncié también en el Congreso de los
Diputados-. La política de becas es una piedra angular de la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación, y por eso en la legislatura
pasada hicimos un gran esfuerzo presupuestario y las partidas destinadas
a becas y ayudas al estudio aumentaron un 80 por ciento. Además, una de
nuestras primeras decisiones en esta legislatura ha sido la aprobación de
un real decreto que incrementa la cuantía de todas las becas un 6 por
ciento de promedio, eleva los umbrales de renta con carácter general
hasta el 27 por ciento y crea, además, una nueva modalidad de beca,
denominada beca básica, para alumnos de los niveles no universitarios,
cuya cuantía oscilará entre 200 y 400 euros para quienes cursen sus
estudios en localidades de más de 100.000 habitantes.
Hicimos un importante esfuerzo presupuestario, hemos inaugurado la
legislatura con la aprobación de ese real decreto, pero no nos basta con
aumentar la dotación presupuestaria, elevar los umbrales de renta y crear
nuevas modalidades de becas y ayudas. Queremos mejorar la calidad de
nuestra política de becas y ayudas al estudio, y por eso vamos a
solicitar también a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas
un diagnóstico del sistema general de becas para comprobar su eficacia
real y su adecuación a la realidad del país. Seguimos teniendo una
política de becas cuyas líneas generales vienen de los años ochenta. Los
cambios que han tenido lugar en este país, en la sociedad española desde
entonces hasta ahora justifican, sin duda, la necesidad de ese
diagnóstico, un diagnóstico, una evaluación que nos va a permitir tomar
las medidas oportunas para perfeccionar el sistema de becas y ayudas.
Vamos a evaluar el sistema porque queremos garantizar efectivamente la
igualdad de oportunidades y además responder a las nuevas demandas de los
estudiantes.
Por último, y después de repasar lo que van a ser las prioridades en la
política educativa que, como han podido ver, tienen todo que ver también
con las políticas sociales, déjenme que termine mi intervención
refiriéndome al deporte.
Al hablar de las políticas educativas y de las políticas sociales he
insistido en mi absoluta convicción de que la cooperación entre el
Gobierno y las comunidades autónomas es una garantía de eficacia, y
además un deber de las administraciones hacia los ciudadanos. Queremos
-lo he dicho en relación con casi todo lo que he enunciado, y lo digo
también en materia de deporte-, desde el máximo respeto hacia las
competencias autonómicas, institucionalizar la colaboración en el ámbito
del deporte en conferencia interterritorial, conferencia que sea lugar de
encuentro, lugar de diálogo y de adopción de decisiones sobre planes y
programas de carácter conjunto. El deporte es una parte esencial de las
políticas de este ministerio; lo es en el ámbito del deporte de élite,
pero fundamentalmente lo es desde el punto de vista del acceso universal
a una práctica deportiva de calidad y sin barreras que constituye un
derecho básico de ciudadanía. Desarrollar una actividad física regular,
gozar de un ocio enriquecedor en óptimas condiciones deportivas y, por
supuesto, disfrutar como espectadores de los grandes acontecimientos
deportivos son factores que desempeñan un papel relevante en la formación
integral de las personas y también en la adquisición de hábitos de vida
saludables y valores éticos para la convivencia, muy especialmente entre
niños, jóvenes y adolescentes. Por eso, queremos proponer un trabajo
coordinado entre las distintas administraciones para la elaboración de un
plan integral de la actividad física y deportiva, un plan que promueva el
acceso universal a la práctica deportiva y que va a estar expresamente
dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar y también a
personas mayores y personas con discapacidad.
En el marco de ese plan, queremos llevar a cabo diversas iniciativas
dirigidas a promover el deporte en las escuelas y fomentar los hábitos
saludables. Queremos combatir problemas que sabemos que hoy tenemos, como
la obesidad infantil o el sobrepeso, cuyo grado de incidencia entre
nuestros adolescentes es ya importante y, lamentablemente, tiende a
crecer. Queremos impulsar la realización de pruebas de salud que orienten
a los ciudadanos sobre qué tipo de actividades físicas y deportivas están
en condiciones de desarrollar y son más idóneas para mejorar su salud y
su calidad de vida. Y sabemos también -vuelvo a insistir en ello- que el
deporte es una herramienta eficaz para promover la cohesión social. Por
eso, vamos a facilitar y extender la práctica de la actividad física
entre toda la población residente en nuestro país sin distinción de edad,
sexo, discapacidad, condición social, lugar de residencia o procedencia,
tratando de eliminar todas las barreras existentes. Nos comprometemos a
realizar programas deportivos con las comunidades autónomas, el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Federación Española de
Municipios y Provincias que tengan como prioridad la atención a la
diversidad y la integración multiétnica.
Esta dimensión social del deporte no debe hacernos olvidar, por supuesto,
que este también es competición de alto nivel y que las Olimpiadas de
Pekín están a la vuelta de la esquina. Hemos puesto los medios necesarios
para conseguir unos buenos resultados, en estrecha colaboración con los
comités olímpico y el paralímpico españoles, y por eso somos optimistas
en relación con los resultados de esas olimpiadas. Además, estamos
trabajando ya en el nuevo ciclo olímpico, un ciclo que tras el verano nos
va a llevar a impulsar los planes de preparación de los ciclos olímpico y
paralímpico para Londres 2009-2012, planes que tendrán la consideración
de interés general y se desarrollarán en el contexto de los programas ADO
y ADOP. Y, por supuesto, contamos con el desafío que supone para el
deporte español el firme y decidido apoyo del Gobierno a la candidatura
olímpica de Madrid 2016.
Señorías, sé que me he extendido en exceso. Son muchos los temas, muchas
las políticas a desarrollar, y he querido referirme a aquellas que
consideramos prioritarias. Evidentemente, no he mencionado todas las que
se hallan incorporadas al ministerio, pero creo que las he hecho girar en
torno a lo que considero que constituye la seña de identidad fundamental
de este ministerio, como he dicho al inicio, que es la ampliación de
oportunidades y de posibilidades de opción y desarrollo de una vida
social activa para todos los ciudadanos, independientemente de su
condición y sus capacidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Abrimos el turno de portavoces.
Algunos grupos han solicitado la intervención de varios de sus portavoces.
No hay ningún problema para ello, pero les pediría que, con la
flexibilidad lógica, sean exquisitos en el uso del tiempo al objeto de
que la comparecencia se desarrolle en unos límites de tiempo razonables.
Según el orden del día del que ustedes disponen, además de por el propio
Gobierno, la comparecencia ha sido solicitada por dos grupos
parlamentarios. Por ese orden, corresponde en primer lugar la
intervención al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió.
Para ello, su portavoz, el senador Alturo Lloan, tiene la palabra.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia. En nombre de
nuestro grupo, Convergència i Unió, quiero desearle mucha suerte en esta
nueva etapa, al tiempo que agradecerle sinceramente que haya comparecido
hoy en esta comisión.
Para nosotros este es un macroministerio, y en principio, podríamos decir
que nos parece poco adecuado que tres ámbitos de la potencia que tienen
la educación, la política y social y el deporte se encuentren juntos. Por
ello, por la relevancia y la importancia general que tienen para todos,
nos da la sensación de que tal vez podamos apretar poco debido a la
amplitud de programas y retos sociales que todos nos planteamos.
Teniendo en cuenta que uno de los pilares importantes del Estado del
bienestar es la Seguridad Social, y que esta no depende de su ministerio
sino del señor Corbacho, nos da la impresión de que el discurso acerca de
vincular política educativa y política social para que tenga una mayor
eficacia puede sonar poco realista, aunque en el transcurso de los
próximos meses veremos cómo va evolucionando.
Dicho esto, voy a ir tratando los diferentes temas que nos preocupan. Para
empezar me gustaría entrar en la política educativa y en la educación en
general. Lo primero que quisiera señalar, señora ministra, es que nos
preocupa mucho la estabilidad en el sistema educativo, pero no a corto
plazo, como usted ha hecho referencia, sino a más largo plazo. Para ello
creemos que sería deseable disponer de un gran pacto de Estado en materia
de educación con objeto de evitar que los diferentes cambios legislativos
que se puedan producir por los cambios de gobierno afecten o perjudiquen
a la calidad de nuestro sistema educativo, creando dificultades en los
centros educativos desde el punto de vista de la organización, al cambiar
los planes de estudio, lo que también afecta al rendimiento académico de
nuestros alumnos, como demuestra el reciente informe PISA, al disminuir
la calidad, como reflejan las notas, respecto de alumnos de otros países
europeos y de la OCDE. Por tanto, sí a un pacto de Estado para la
educación que garantice la igualdad de oportunidades con la participación
de los diferentes partidos políticos, la sociedad y los profesionales, y
que su duración vaya mucho más allá de una legislatura.
Usted ha hablado también de la Unión Europea, de la Estrategia de Lisboa y
de los objetivos para el año 2010. Me gustaría entrar en cada uno de
estos puntos, porque creo que definen muy bien cuáles van a ser los
objetivos, y además le preguntaré qué vamos a hacer para conseguir su
realización.
En primer lugar, para lograr que la media de abandono escolar prematuro
entre los alumnos no supere el 10 por ciento -usted dice que la tasa el
del 30 por ciento-, quisiera conocer qué actuaciones piensa desarrollar
el Gobierno. Evidentemente, estamos de acuerdo en que una sociedad
progresa en la medida en que mucha gente accede al saber y al
conocimiento y permanece en él mucho tiempo, pero creo que todavía
estamos lejos de cumplir ese objetivo.
También se pretende aumentar como mínimo un 15 por ciento el número total
de licenciados en Matemáticas, Ciencias y Tecnología, reduciendo a la vez
el desequilibrio entre hombres y mujeres. Sabemos que nos faltan
profesionales en esos ámbitos. ¿Cuáles serían las prioridades del
Gobierno en este campo?
Respecto de conseguir que al menos el 85 por ciento de los ciudadanos de
22 años hayan cursado la enseñanza secundaria superior o postobligatoria,
según un estudio de la Fundación Jaume Bofill, de Cataluña, los alumnos
entre 20 y 24 años que superaron esa etapa en 2005 fueron en España el
61,3 por ciento, porcentaje, por tanto, lejos todavía del 85 por ciento
que nos marcaría el objetivo. ¿Qué piensa hacer en este sentido, señora
ministra?
Otro objetivo es disminuir al menos en un 20 por ciento respecto del año
2000 el porcentaje de estudiantes de 15 años con rendimientos
insatisfactorios en la aptitud de lectura. En este sentido, el porcentaje
de alumnos de 15 años con problemas de comprensión lectora se sitúa en
torno al 20 por ciento.
Se habla de conseguir una participación en la formación permanente,
equivalente al menos al 12,5 por ciento de la población adulta en edad
laboral. A este respecto, el informe de la Fundación Jaume Bofill, al que
antes hacía referencia, sitúa a la Unión Europea en el 11,8 por ciento
en 2005, y a España en torno al 10,5 por ciento. También en este sentido
nos gustaría saber qué va a hacer el ministerio para incrementar la
participación en formación.
Pero además de todo esto, que se recoge en el pacto de Lisboa, hay también
otros aspectos que nos preocupan y que quisiera comentarle porque
considero que son de interés. Usted ha hablado de las guarderías y de la
etapa 0-3. Pues bien, mi grupo parlamentario considera que el Estado
también debe participar en los gastos de construcción de nuevas
guarderías sin que ello conlleve una invasión de competencias como la que
ha tenido lugar con la Ley de dependencia, de la que después hablaremos.
¿Cuáles serían sus previsiones en este sentido? Por otro lado,
coincidimos plenamente con usted en que la etapa 0-3 es importantísima, y
a la hora de fijar los mínimos no debemos cometer los mismos errores que
se cometieron respecto de la citada Ley de dependencia.
Otro tema sobre el que también querríamos tener información es el de los
módulos de la escuela concertada. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para
reunir en el seno de la conferencia sectorial a la comisión para el
estudio de la cuantía de los módulos de concierto, con objeto de valorar
el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de
gratuidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de la
Educación?
Y hablando de igualdad real de oportunidades y de la gratuidad de la
enseñanza, quisiéramos preguntarle si tiene usted previsto proceder al
traspaso de las competencias en materia de becas para corregir los
desequilibrios existentes actualmente. Permítame que le diga, señora
ministra, que en España aproximadamente un 15 por ciento de los alumnos
tienen algún tipo de beca, en tanto que en Cataluña el porcentaje varía
entre el 4 y el 5 por ciento. Y en Bachillerato y Formación Profesional
el porcentaje es del 16,5 por ciento en el conjunto del Estado, mientras
que en Cataluña es solo del 6,4 por ciento. Una sentencia del Tribunal
Constitucional, creo recordar que de hace siete años, obliga al traspaso
de dichas competencias. En este sentido, considero una necesidad urgente
que se realice ese traspaso para que realmente exista una política de
igualdad.
En materia de política educativa usted ha hablado de la Formación
Profesional. Este nos parece un campo tremendamente importante que creo
tendremos que abordar con mucho más tiempo. Pero nos gustaría preguntarle
ahora sobre el contrato dual a la hora de que los alumnos realicen sus
prácticas en la empresa. En nuestra opinión dicho contrato puede ser la
forma en que podrían establecerse las relaciones entre los estudiantes y
las empresas a fin de que aquellos pudieran entrar posteriormente en los
ciclos correspondientes de trabajo y empresa. ¿Qué piensa sobre este
tema, señora ministra? Como he dicho, hay mucho de qué hablar sobre la
Formación Profesional, y creo que este tema podría ser objeto de análisis
en otra sesión, quizá monográfica.
En cuanto a las políticas sociales, quisiera comenzar pidiendo disculpas,
pues la portavoz de nuestro grupo parlamentario en este tema es la
senadora doña Rosa Nuria Aleixandre, que hoy no ha podido estar aquí, y
yo me voy a encargar de suplirla. En este ámbito hay una serie de temas
que consideramos importantes y que nos gustaría plantearle. Respecto de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
con situación de dependencia, nos gustaría conocer más a fondo -usted ya
se ha referido a ello- las previsiones del Gobierno en relación con su
implementación efectiva, así como cuándo tiene previsto impulsar la
evaluación de los resultados obtenidos por la aplicación de dicha ley.
Nos ha hablado de una evaluación piloto, pero quisiéramos ver una
evaluación de los resultados de su aplicación.
En cuanto a las personas con discapacidad, quisiéramos conocer las
previsiones del Gobierno para incrementar las tasas de actividad y
ocupación de dichas personas. Actualmente estas tasas son notablemente
más bajas -menos de la mitad que las del conjunto de la población-, y son
mucho más sensibles a los niveles formativos para las personas con
discapacidad que para el resto de la población. Consideramos necesario
efectuar una revisión global de la normativa que regula la actividad
laboral de las personas afectadas, y en especial del Título VII de la
LISMI, para adaptarla a la nueva realidad de las empresas y de la
economía. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto de la Ley
39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, cuyo ámbito de aplicación alcanza a las
personas con discapacidad, a las que usted también ha hecho referencia,
con la finalidad de adecuarlo al marco competencial y para garantizar el
pleno desarrollo de la vida independiente de las personas con
discapacidad, con las correspondientes mejoras y ampliaciones? ¿Qué
actuaciones impulsará el Gobierno para apoyar las políticas familiares
dirigidas a aquellas familias en las que haya personas con discapacidad?
Finalmente, y en relación con la familia, nos gustaría saber cuáles son
las principales modificaciones que prevé el Gobierno para el impulso de
una política integral de apoyo a la familia con hijos o ascendentes a
cargo. Es decir, ¿cuál va a ser el incremento de los recursos destinados
a políticas familiares, a las políticas de conciliación de la vida
familiar y laboral, y qué actuaciones se van a llevar a cabo para el
establecimiento de horarios adecuados?
Por lo que se refiere al tema del deporte, le paso la palabra a nuestro
portavoz, el senador don José Maldonado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo. Si no le importa, seré yo
quién se la pase. (Risas.)
Tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias por el pase compartido.
Señora ministra, como ha dicho mi compañero, intervengo como portavoz de
deporte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Quiero empezar con el fair play deportivo, que espero abunde cada
vez más en el mundo de la política, dándole la bienvenida a esta
comisión, también como responsable del deporte, y agradeciéndole su
comparecencia, que espero se repita; confío en que no se canse usted de
comparecer, que es una buena práctica deportiva. Y, cómo no, le deseo
mucha suerte en este ministerio, que más que nuevo es un ministerio
refundido.
Quiero felicitarle por el equipo deportivo que ha orquestado en su
ministerio. El Grupo de Convergència i Unió valora positivamente la
continuidad del secretario de Estado para el deporte, pues Jaime
Lissavetzky destacó en la anterior legislatura, entre otros, por dos
aspectos. En primer lugar, por una importante labor legislativa. Creo que
el suyo fue un ministerio que desde el punto de vista deportivo llevó a
cabo diversas leyes importantes y que hacían falta en el mundo del
deporte. En segundo lugar -no me duelen prendas-, por una política basada
en el consenso, ciertamente no siempre conseguido, pero sí que es cierto
siempre buscado. Por tanto, Convergència i Unió valora positivamente su
continuidad si va en esta línea.
Puestos a echar flores, también quiero felicitarla por el nombramiento del
nuevo director general de deportes, Albert Soler, cuya trayectoria
política y de gestión deportiva este senador conoce. Creo que es una
persona que puede aportar mucho al deporte estatal, como lo hizo al
deporte barcelonés.
Dicho esto, permítame que pase a hacer una valoración de su intervención,
que me corresponde solo desde el punto de vista deportivo, como portavoz
de deportes que soy de Convergència i Unió.
Permítame, señora ministra, que tristemente le diga que su largo discurso,
elaborado, bien trabajado, potente, etcétera, ha sido muy pobre desde el
punto de vista deportivo. Su intervención ha durado más de una hora y
este portavoz ha intentado cronometrar, cual carrera ciclista, las
palabras dirigidas al deporte y, si no me he equivocado, con un reloj no
catalán, un reloj suizo, han sido tres minutos diez segundos. Difícil me
lo pone, don Mendo. ¿Cómo voy yo a valorar a la ministra del deporte
estatal, que en una hora y cinco o diez minutos dedica solo tres minutos
diez segundos a hablar de deporte?
Yo la quería felicitar, y lo hago. Mi grupo aplaude al Gobierno y a usted
en la parte que le corresponda, porque por primera vez en muchos años la
nomenclatura de un ministerio incluye la palabra deporte. Es el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, lo cual es de
aplaudir. Sin embargo, su discurso me lleva al cuento de La cenicienta.
Creo que el deporte ha quedado como la cenicienta del ministerio, al
menos en su discurso de hoy. Sé que me puede decir que vendrá el
secretario de Estado y comparecerá, pero la ministra es usted y quien
manda y dirige es usted. Por tanto, le ruego, le pido ya -como ha hecho
mi compañero- una comparecencia monográfica para el deporte. Es verdad
que es un macroministerio y usted tiene que dividir los tiempos, pero tan
poco tiempo para tanta importancia no ata.
Para relatar brevemente lo que le preocupa a Convergència i Unió, le
diré qué es lo que nos preocupaba pero aumentado después de su
intervención. Como nacionalista catalán, mi primera intervención como
senador en esta comisión no puede ser otra que hablarle de selecciones
nacionales deportivas. Ya se lo temía, supongo.
Usted, señora ministra, como presidenta de comisión en el Congreso y más
tarde como ministra, me ha oído hablar reiteradamente de la histórica
reivindicación del pueblo catalán -y digo pueblo catalán, porque, según
encuestas, el 98,2 por ciento de los catalanes y catalanas quieren
selecciones nacionales deportivas reconocidas internacionalmente-, usted
me ha oído hablar mucho de esta reivindicación de Cataluña desde el punto
de vista del fet diferencial, y ya le anuncio que este senador y el
grupo al que represento seguiremos reivindicando la internacionalización
del deporte catalán. Como sé que me hablará de la ley del deporte español
-ya veo que sonríe, y aunque me ha avanzado su respuesta, le ahorro
tiempo porque supongo que no me podrá dedicar ni los tres minutos diez
segundos anteriores-, ya le avanzo que Convergència i Unió volverá a la
carga para pedir la modificación de esta ley, que, por cierto, no impide
tener selecciones nacionales catalanas, pero vamos a ver si la
modificamos para ir saltando vallas, y más, señora ministra, cuando las
federaciones internacionales cada día -y digo cada día metafóricamente-
van reconociendo cada vez más la posibilidad de que modalidades
deportivas catalanas formen parte de
federaciones internacionales. Véase la última, la de bowling. Por tanto,
señora ministra, desde el fair play deportivo que a este senador y a este
grupo le caracteriza, ya le avanzo que me convertiré en su gota malaya
para reivindicarle reiteradamente este derecho histórico al que Cataluña
nunca renunciará, porque Cataluña no renuncia a sus derechos y, por
tanto, no renunciaremos a nuestros derechos deportivos.
Déjeme pasar a cuestiones de ámbito estatal. En su breve y exquisita
intervención deportiva ha tratado de pasada sobre varios asuntos, pero se
ha dejado muchos, lógico, no podía hablar de todos, y, señora ministra,
no ha hablado del deporte de élite. Ha hablado de los juegos olímpicos,
pero el deporte de élite ha quedado huérfano en su discurso.
¿Dónde está el deporte femenino? En un país y en una democracia que avanza
cada vez más en la paridad y en la presencia de la mujer en todos los
ámbitos, el deporte femenino está ausente, cero. España está bajo mínimos
en deporte femenino. Tenemos raras excepciones positivas y notorias que
confirman la regla de que, en general, España necesita un empuje
importante en el deporte femenino. Déjeme que le haga mención de una
excepción: la natación sincronizada, con un equipo de chicas catalanas,
canarias, madrileñas, etcétera, que están haciendo una gran labor, no
solo consiguiendo medallas y campeonatos sino también de promoción de la
natación sincronizada, pero en este ínterin nos encontramos que cada vez
que la natación sincronizada gana alguna medalla, por ejemplo Gemma
Mengual o su misma preparadora, Anna Tarrés, denuncian falta de apoyo al
grupo que ellas forman y a todo el ámbito de la natación sincronizada. Ya
le dejo constancia de mi pregunta: ¿qué piensan hacer para apoyar a estas
chicas que son realmente excepcionales, que pasarán a la historia
deportiva mundial porque son realmente grandes nadadoras y grandes
deportistas, que piden reiteradamente más apoyo del Gobierno español?
No he oído hablar de programas de integración a través del deporte, no he
oído hablar de programas de reinserción, no he oído hablar de programas
para promocionar el deporte en las personas con disminución física y/o
psíquica. Ya la he felicitado porque anteriormente se realizó una gran
labor parlamentaria desde el punto de vista legislativo, pero no he
escuchado ninguna voluntad normativa en esta legislatura.
Para terminar, antes de que el presidente me diga que se me ha acabado el
tiempo, diré que he sentido pánico cuando he oído hablar de una
conferencia de autonomías. ¡Madre mía! ¿LOAPA, «loapilla» deportiva?.
Tenga en cuenta lo siguiente, señora ministra: el deporte escolar es
competencia exclusiva de las autonomías, fomentar la práctica deportiva
en las escuelas es competencia de las autonomías. Por tanto, dígame que
va a traspasar partidas presupuestarias a las autonomías de todos los
colores. Esta conferencia de las autonomías me recuerda a épocas pasadas,
y sé que aquí PP-PSOE, PSOE-PP, tanto monta, monta tanto, se pondrán de
acuerdo, pero mi obligación como nacionalista es decirle que a pesar de
su anuncio de: respetando las competencias autonómicas, esta conferencia
produce una cierta desconfianza.
Le reitero la necesidad y la petición de este grupo de celebrar una
conferencia monográfica sobre el deporte para superar y batir récords de
estos tres minutos diez segundos tan pírricos que ha dedicado al
deporte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
El segundo grupo que ha solicitado la comparecencia es el Grupo
Parlamentario Popular.
En primer lugar, su portavoz, el señor Abejón Ortega, tiene la palabra.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida de nuevo a esta comisión. Quiero felicitarla
por su nombramiento y deseo que su trabajo pase a la historia por el bien
de todos los españoles.
Permítame que, en primer lugar, manifieste mi desacuerdo con la estructura
del nuevo ministerio, porque considero que no es positivo que disgregue
la universidad de la educación, que incluya la política social del
antiguo Ministerio de Trabajo porque va a dar mucho trabajo y que, sin
embargo, no haya aglutinado algo que mi grupo parlamentario considera
fundamental, y es que nosotros hubiéramos deseado que en el Ministerio de
Trabajo hubiese quedado incluida la formación para el empleo. ¿Por qué
digo que esta estructura de fragmentación del sistema educativo no es
positiva? Como usted sabe -no voy a insistir mucho en ello- durante la
adaptación española al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior se
cambia de ministro tres veces en dos años, y además cuando estamos justo
a dos años del año 2010, es decir, de la implantación definitiva. Por
tanto, espero que esta ruptura no suponga un riesgo para el desarrollo de
la LOU, por un lado, y para el proceso establecido de Bolonia, por otro.
En cuanto a la Formación Profesional que, como usted ha manifestado
públicamente, es una de las asignaturas más importantes de esta
legislatura, sabe usted que la ley de formación profesional establece la
integración de los tres subsistemas antiguos o la integración de los dos
subsistemas actuales, es decir, la educación reglada, que está en su
ministerio, y la formación para el empleo, que está en el Ministerio de
Trabajo. Y, como he dicho anteriormente, para finalizar esta primera
parte de mi intervención, nos preocupa que las nuevas competencias en
política social y familiar debiliten la tarea educativa de su ministerio.
En mi tierra dicen que quien mucho abarca poco aprieta, y espero que esto
no la repercuta a usted.
Entrando en materia educativa, en mi opinión, y con todos los respetos, su
intervención no ha aportado novedades en cuanto a las políticas de la
pasada legislatura y de los Gobiernos socialistas de mandatos anteriores.
Estamos ante las mismas recetas y las mismas leyes, primero la LOSE y
ahora su hermana la LOE, que creo que tienen una parte importante en el
resultado de la calidad del sistema educativo, y que en todas las
evaluaciones interna-
cionales relativas a la calidad del sistema educativo han situado a España
en un lugar que no le pertenece.
Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió que me ha precedido en el uso de la palabra, nos
acercamos al año 2010, en el que nos encontraremos con que vamos a
jugar en casa porque España va a presidir la Unión Europea y además vamos
a jugar la olimpiada de la educación, entonces se verá si hemos hecho o
no los deberes de esta década y desde luego no es mi deseo que España no
esté clasificada; por tanto, todavía tenemos tiempo para hacer un
esfuerzo entre todos y que no nos saquen los colores. Y lo digo porque,
como ha dicho mi compañero, si hemos tenido un 30 por ciento de abandono
escolar durante una década, que es uno de los objetivos de Lisboa, y en
su mandato este porcentaje no se ha movido, algo habrá que hacer para
acercanos a ese 10 por ciento del objetivo de Lisboa, que usted ha
manifestado que le preocupa mucho, que es algo grave, y he de decirle,
señora ministra, que realmente es muy grave.
¿Qué nos ha anunciado usted? La atención individualizada y la
diversificación curricular, lo cual, como usted sabe, señora ministra, es
lo que hacía la LOSE y posteriormente hace la LOE. No voy a entrar en si
es bueno o malo pero sí digo que estamos donde estamos.
Tampoco nos ha hablado de algo muy importante que figura en su programa
electoral: que todos los jóvenes menores de 18 años permanezcan en el
sistema educativo hasta que obtengan el graduado en ESO o una
cualificación profesional. Todos, señora ministra. Es lo que dice su
programa. Pues bien, espero que nos diga qué plan tiene previsto a este
respecto y le daremos la enhorabuena. Yo no soy tan ambicioso, con que
esto se produzca en un plazo de 12 años me doy por satisfecho; podríamos
hablar de plazos para ir rebajando ese fracaso escolar, del 30 al 15
por ciento, del 15 al 10 y del 10 al 8, 7, 6, 5 ó 4 por ciento, que es la
situación en la que se encuentran países desarrollados de Europa.
Me gustaría saber también, señora ministra, por qué han desaparecido del
programa de gobierno las medidas de apertura de los centros públicos
fuera del horario lectivo para actividades educativas complementarias
dirigidas a reforzar los aprendizajes básicos de Lengua y Matemáticas,
tanto en primaria como en la ESO. Mi partido considera que esta es sin
duda una buena medida para mejorar el éxito escolar, es decir, que los
alumnos que han suspendido Matemáticas y Lengua, tanto en primaria como
en la ESO, acudan a clases de refuerzo por las tardes, o los sábados, o
en el mes de julio, ya lo decidirán las comunidades autónomas, que son
las que más entienden de programación a este respecto.
Señora ministra, puesto que las políticas de familia y educación entran
dentro de sus competencias, esperaba escuchar de usted esta mañana que
apoyaría los servicios de aula matinal y de tarde, así como de comedor,
para la conciliación de la vida familiar y laboral. Quisiera saber si ha
desaparecido ya de sus intenciones o van a seguir trabajando en esa
línea.
Siguiendo con los programas de éxito escolar, tengo que lamentar el
retraso con el que su ministerio ha ido aprobando las cualificaciones
profesionales de nivel 1, lo que ha impedido, como usted sabe también, la
puesta en marcha en la casi totalidad del Estado de los programas de
cualificación profesional inicial para aquellos alumnos que no logren el
título en Educación Secundaria Obligatoria. Y mucho me temo, señora
ministra, que a pesar de sus buenas intenciones estos programas no tengan
la oferta debida para el próximo curso y que muchas cualificaciones de
este nivel no se vayan a ofertar a los alumnos. Esta, que podía ser la
medida estrella de su departamento, resulta que contará con una escasa
cantidad, cinco millones de euros, para ayudas a los alumnos, y es
incomprensible que no perciba aportación ministerial para cofinanciar con
las comunidades autónomas y los ayuntamientos el coste de su
implantación. Creo que se lo habrán dicho, señora ministra: para
implantar la cualificación profesional inicial los institutos tienen que
disponer de talleres. Usted ha dicho que se va a implantar en todos, pues
a todos habrá que dotarles de talleres porque no me parece posible que
una cualificación profesional pueda llevarse a cabo sin talleres, lo que
supone lógicamente un coste.
En lo que respecta al objetivo de Lisboa para lograr que un 85 por ciento
de nuestros jóvenes entre 20 y 24 años obtenga el título de Bachillerato
o FP, este es otro caballo de batalla en el que venimos trabajando, y lo
cierto es que estamos muy alejados de ese objetivo porque actualmente
estamos situados aproximadamente por debajo del 62 por ciento.
Y no hemos entrado -ya lo haremos- en algo que creo que no le resulta
sorprendente -al menos me ha parecido así- y es que según el último
informe de la OCDE sólo un 36 por ciento de los jóvenes españoles se
gradúe en Formación Profesional de grado medio, frente al 48 por ciento
de la OCDE y el 54 por ciento de la Unión Europea. Se habrá preguntado
usted por qué; yo ya le he manifestado en muchas ocasiones las dos
razones que considero, pues conozco bastante bien este tema: hay un
problema dramático, y es que la Formación Profesional no tenga
continuidad, esto es, que de los ciclos de la cualificación profesional
inicial no puedan ir a los ciclos de grado medio, y que de los ciclos de
grado medio no puedan ir a los ciclos de grado superior. Y usted dice que
ha mejorado el reconocimiento social de la Formación Profesional, pero yo
le agrego una coletilla: la Formación Profesional de grado superior sí,
pero la Formación Profesional de grado medio no , porque con estos datos
de nuestros alumnos estamos muy lejos de Europa, y, señora ministra, no
van porque tienen que ir después a la prueba del Bachillerato. Señoría,
un alumno que no ha hecho el Bachillerato, que ha hecho el ciclo de grado
medio, ¿cómo va a superar la prueba del Bachillerato y, además, tener
conocimiento del ciclo formativo de grado superior al que va? Porque no
he observado que un alumno que ingresa en Medicina, y tiene la prueba
aprobada, demuestre que tiene conocimientos de medicina. Pues bien, éstos
tienen que constatar que tienen conocimientos de Bachillerato y del
título para ingresar.
Señora ministra, permítame que le recuerde que hay que dar un acelerón a
la Formación Profesional. No voy a entrar a valorar los cargos; entiendo
que habrán hecho lo que han podido, habrán trabajado y no les estoy
echando en cara que no hayan hecho lo que tenían que hacer, pero, como
usted sabe, llevamos ya muchos años sin la actualización de los ciclos
formativos, ni de grado medio ni de grado superior. Usted manifestó en
una interpelación que, a finales de diciembre del año pasado, de las 142
titulaciones existentes se aprobarían 50; pues bien, actualmente hay 21.
Como ya le manifesté, espero estar en este mundo cuando tengamos la
Formación Profesional terminada. Porque, señora ministra -y es culpa de
todos-, entre los años 1990 y 1995 se elaboró la estructura de los ciclos
formativos, y, fíjese, estamos en 2008 y seguimos con aquella estructura
y aquellos contenidos. Por tanto, vamos a hacerla atractiva. Si estamos
de acuerdo en el análisis, pongámonos manos a la obra. Vamos a ver cuáles
son los problemas y qué podemos hacer entre todos. Que todos aporten
soluciones, renueven los títulos, y se acabó todo esto que estamos
haciendo.
Aunque no tengo mucho tiempo, quiero manifestar que el tercer objetivo del
sistema educativo reglado, el objetivo de Lisboa, es la comprensión
lectora a los 15 años. Como usted sabe, en el último informe de la OCDE
España se ha llevado un batacazo, y lo lamentamos. Es el peor resultado
de la OCDE; no hay ningún país del mundo que haya bajado tantos puntos.
Señora ministra, dígame si hay algún país de los 54 o 50 evaluados que
haya bajado 20 puntos en una materia desde el año 2003, y si ése no es un
mal resultado, en matemáticas, en ciencias, o en comprensión lectora.
Dígame uno, repito, que haya bajado 20 puntos.
Otro asunto que preocupa mucho al Partido Popular es por qué no garantiza
el aprendizaje en castellano en toda España y en todas las etapas
educativas, tal y como establece el artículo 3 de la Constitución
Española, que afirma que los españoles tienen el deber de conocerlo y el
derecho a usarlo.
También quiero preguntarle, señora ministra, y cuenta con nuestro total
apoyo, ¿qué están haciendo, tanto la Alta Inspección como usted, para
garantizar a las familias que sus hijos puedan estudiar en castellano en
todo el territorio? ¿Y qué está haciendo ante los incumplimientos del
real decreto que usted ha elaborado, donde dice que, como mínimo, se
tienen que impartir tres horas de Lengua y Literatura que, sin embargo,
no se están dando? Usted lo sabe, además algunos gobernantes lo están
manifestando públicamente.
Señora ministra, en mi opinión, esto es un problema grave. Lo que está
manifestando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no es, ni más ni
menos, que en aquellas comunidades donde haya una lengua cooficial, que
las dos sean vehiculares, que los padres elijan y que tengan una
garantía.
Como usted sabe, señora ministra, y ya termino -además lo ha suprimido de
todos los reales decretos-, una de las capacidades, la primera, del
Consejo de Europa y de la Comisión, es el desarrollo del aprendizaje de
la lengua materna. Eso es lo primero, pero usted lo ha fusionado con
todos los idiomas. Por tanto, considero que hay mucho trabajo que hacer.
Termino ya, señor presidente. Por último, señora ministra, como no
dispongo de tiempo, solo me queda decirle que, en cuanto al programa de
becas, lo que tiene usted que hacer es no englobar, no agrandar las
cifras. Y le pido dos favores, para que podamos hablar en esta
legislatura de tú a tú: primero, emplee el mismo lenguaje que el señor
Solbes. Becas son becas; préstamos son préstamos. No engorde con cifras
engañosas. Y, segundo, lo que usted dice que llegue a los alumnos; es
decir, de los 1.247 millones del presupuesto de becas para 2008, quiero
saber cuánto se ha presupuestado para el curso escolar 2007-2008. Ésa es
la cifra que quiero saber, porque si no, señora ministra, está pagando
con un presupuesto dos cursos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Abejón.
Tiene la palabra la señora Font Bonmatí.
La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida a su primera comparecencia en esta Casa.
Quiero sumarme, como no puede ser de otra manera, a las felicitaciones
expresadas, tanto por el presidente como por los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, por su nombramiento en este nuevo
ministerio.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado le adelanto que
vamos a estar abiertos al diálogo y a alcanzar el mayor número de
acuerdos posibles con ustedes. Además, como no es incompatible,
ejerceremos una oposición, que estimamos va a ser constructiva, mediante
propuestas e iniciativas que favorezcan a la sociedad y, por supuesto,
les recordamos el programa electoral con el que ustedes se presentaron a
las elecciones y exigiremos su cumplimiento si así fuera necesario.
Señora ministra, en su comparecencia ha hablado de coordinación con las
comunidades autónomas y con las administraciones locales. Es lógico, la
mayoría de las competencias que tiene su macroministerio están
transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, su ministerio parece
que se ha quedado reducido a una mera labor de coordinación y de fijación
de marcos generales, tanto en la política educativa y social como en
deportes. Repito, estas materias están transferidas a las comunidades
autónomas.
En cuanto a otras materias que formaban parte de lo que llamamos políticas
sociales o de bienestar social han sido asumidas por otros ministerios,
tales como igualdad, violencia de género o juventud, por poner un
ejemplo. Lamentablemente, señora ministra, en cuanto a políticas
sociales, han desvestido a un santo para vestir a otros. Han desmembrado
el bienestar social y lo han repartido en tantos ministerios que será
difícil que se lleven a cabo con efectividad las políticas sociales si no
existe una labor de
colaboración y de coordinación a la que antes he hecho referencia, no
solamente con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen
obligación de hacerlo, sino también con el resto de sus compañeros de
otros ministerios, ya que, como he dicho, las políticas de familia o
sociales tienen que tener un apoyo de carácter transversal en todas las
áreas de Gobierno.
A continuación, voy a referirme a algunas cuestiones que usted ha
planteado, no a todas, porque es imposible por cuestión de tiempo, y lo
voy a hacer al revés de su intervención, empezando por el asunto de la
Ley de la dependencia.
Señora ministra, todas las personas vamos a necesitar algún tipo de
cuidado en algún momento de nuestra vida, y hay necesidades que se
acentúan en ciertos casos, como es el de las personas mayores o el de los
discapacitados. Sin embargo, la Ley de autonomía o la Ley de dependencia,
como todo el mundo la llama, que se aprobó con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular en la legislatura anterior pues se admitieron
muchas de nuestras enmiendas -entre ellas la de incluir a los menores de
tres años, que usted no ha mencionado pero yo sí lo hago-, no garantiza
una cobertura de dependencia que se corresponda con las necesidades de
todas las personas. Esta ley creó muchísimas expectativas en la población
que no se han cumplido; existen muchísimas solicitudes para evaluar a
personas dependientes, y el promedio para hacerlo sobrepasa con creces
más de tres meses desde que se solicita hasta que es visto, y ya no digo
nada para ser evaluado, o cuando va a recibir las prestaciones que se
demandaban y les corresponden. Transcurre tanto tiempo desde que se
solicita hasta que reciben estas prestaciones que muchos no llegan y se
quedan por el camino; por ejemplo, hace unos días, más de cien personas
dependientes de Cádiz murieron antes de recibir las prestaciones de la
Junta. Esto no es una anécdota; esto, por desgracia, forma parte de una
realidad bastante cotidiana.
También ha mencionado -creo que no he anotado bien las cifras, pero espero
que me perdone por ello- que ha habido 419.000 solicitudes, es decir,
algo más de 400.000 personas han solicitado ser evaluadas, y solamente se
han beneficiado 284.000. Pero en España, y usted lo ha mencionado
también, hay más de dos millones de personas mayores de 80 años. El
porcentaje es bajísimo, tanto de las personas evaluadas como de las que
han presentado las solicitudes, pero es que muchísimas no tienen nada
claro qué condiciones han de cumplir para poder acceder a cuestiones como
ayuda domiciliaria, residencias, prestaciones económicas, etcétera. Y
esto es porque existen grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Dependiendo de dónde viva cada uno, así tiene derecho a unas prestaciones
y a una cuantía determinada, o hay comunidades autónomas que reciben más
dinero que otras, quizás -y no quiero pensarlo- en función de que se
acerquen o no elecciones, como es el caso de Galicia con respecto a otras
comunidades autónomas. No existe una baremación homogénea en todo el
territorio español. Sigue sin regularse el copago, la aplicación, y lo
mismo ocurre con la acreditación de los centros, de los profesionales que
ahí trabajan, etcétera. La realidad es muy cruda, pero es así. Esta ley
no se ha implantado en condiciones de igualdad y de equidad en todo el
territorio español.
Ha hablado usted de un problema de coordinación informática. Es cierto que
existe este problema, pero a usted se le ha olvidado mencionar que la ley
se pone en funcionamiento el día 1 de enero de 2007, sin embargo el
consejo territorial no se constituye hasta seis o siete meses después.
Por cierto, un consejo territorial que cuenta con mayoría de miembros del
Gobierno y no en igualdad con comunidades autónomas y ayuntamientos. Por
lo tanto, si no funciona es porque los programas informáticos no se
mandan hasta el verano a las comunidades autónomas y estas tienen que
hacer -y hacen, porque ya los tenían hechos- los suyos propios. Por
consiguiente, hay una falta de coordinación de todos y, por lo que estoy
viendo, no parece que vaya a solucionarse fácilmente.
Hay otro factor importante por el que esta Ley de dependencia hace aguas,
y es de la financiación. Señora ministra, usted ha dicho hace muy pocos
días que eran más las personas dependientes que las que figuran en el
libro blanco de la dependencia. Esto quiere decir que la financiación
prevista, y el Partido Popular se lo ha dicho en muchas ocasiones, ahora
será más insuficiente que antes. Me gustaría saber qué va a hacer a este
respecto, si ya ha hablado con el ministro Solbes y qué es lo que le ha
contestado, si le va a dar más dinero para financiar programas, servicios
y dependencia.
Señora ministra, podemos transferir servicios, prestaciones, todo lo que
se quiera, pero para poder atenderles hace falta financiación y eso es
algo de lo que se quejan todas las comunidades autónomas, con
independencia del signo político de quien las gobierna. Todas se quejan
de lo mismo: falta financiación, se paga poco, se paga tarde y mal.
Estamos en el mes de junio y todavía no han recibido la financiación.
Como no reciben la financiación, la tienen que adelantar. Hay muchas
plazas concertadas, tanto en residencias públicas como en privadas como
en casas tuteladas, que todavía no han recibido el correspondiente pago
por asistir a personas dependientes en estas residencias. ¿Qué ocurre?
Que en el medio rural -por lo menos en la provincia de donde yo procedo,
que es la provincia de Guadalajara, y en mi Comunidad Autónoma, Castilla
y León, ocurre exactamente igual- tenemos poblaciones muy reducidas de
tamaño y en algunos casos funcionan casas tuteladas y en otros hemos
conseguido que lo haga la iniciativa privada. Pero les someten a tal
asfixia económica que es imposible poder mantenerlas abiertas, y no
quiero pensar el momento en que las pocas plazas que existen en el mundo
rural se tengan que cerrar. No quiero ni pensar el problema que esto
puede provocar.
Le voy a plantear una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se encuentra
en este momento el desarrollo de la normativa en materia de los copagos?
¿Va a promover la homologación en los baremos de acceso a los servicios
para todas las comunidades autónomas y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo va a
garantizar la atención de los depen-
dientes en los entornos rurales para permitir que se queden en sus
pueblos? Además de la Ley de dependencia, que ya hemos visto y que se
aprobó en la legislatura anterior, ¿piensa traer al Parlamento, al Senado
o al Congreso de los Diputados, alguna otra ley o simplemente se va a
dedicar en estos cuatro años a desarrollar lo que se ha hecho en etapas
anteriores? Y algo importantísimo, más que todo lo que hemos estado
hablando, por la indefensión que crea, y es ¿qué medidas va a tomar su
ministerio para que noticias como esta no se vuelvan a producir?: Cerca
de 60.000 ancianos son víctimas de maltrato cada año en España y en la
mayoría de los casos son los hijos los principales agresores. O que las
mujeres discapacitadas sufren el doble de agresiones físicas y psíquicas,
que el centro Reina Sofía denuncia las dificultades para detectar estos
casos y exige la puesta en funcionamiento del plan de acción aprobado en
el año 2006. Queremos saber cuándo va a ponerse en funcionamiento este
plan de acción.
No quiero extenderme más en este tema. Usted ha tocado otros muchos más y
yo voy a centrarme en el relativo a la familia. Estoy de acuerdo con
usted, señora ministra, como no podía ser de otra manera, en que todo su
ministerio hace política de familia, desde la educación, pasando por la
discapacidad hasta el deporte. Hace política de familia, pero es todo el
Gobierno el que hace política de familia no solamente su ministerio.
Todas las decisiones que se toman influyen de una manera fundamental en
las políticas de familia.
Por poner algunos ejemplos, les diré que la subida bestial de la luz -que
se va a producir porque ya nos lo ha anunciado el ministro de Industria,
señor Sebastián- influye en las familias. ¡Claro que influye en las
familias! El incremento de la cesta de la compra, el incremento de la
hipoteca, las pocas desgravaciones que se tienen en el IRPF y así un
largo etcétera. No me voy a extender, pero estoy segura de que todos lo
tenemos en mente.
A pesar de reconocer que es una de las situaciones más valoradas, usted la
ha despachado en escasos minutos. Al Partido Popular le hubiera gustado
que la familia ocupase un puesto más relevante dentro de su ministerio,
como ocurre en otros países europeos. Ya que nos estamos acercando tanto
a Europa, quizá también podríamos copiar algo bueno de Europa, como
alguna de las políticas que está llevando a cabo con respecto a la
familia. Nos gustaría que ocupase un puesto más relevante, como ocurre en
otros países, a saber, Francia, Luxemburgo, Holanda, y no relegarla a una
simple dirección general. Como también nos hubiese gustado que se
asignase más presupuesto y además del 0,6 que asignamos por el producto
interior bruto, pasar al 2,5 por ciento, que es la media que hay en la
Unión Europea. Usted, en cambio, nos anuncia que va a poner en marcha
unas medidas específicas, pero no ha dicho cuáles. Nos anuncia ayudas
para favorecer a familias monoparentales, a familias numerosas, pero
solamente anuncia que va a poner medidas, no ha dicho ni una. Me gustaría
que en el tiempo que me dedique...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señoría.
La señora FONT BONMATÍ: Finalizo, ya. Déjeme un segundo nada más.
En el tiempo que dedique a mi contestación, por favor, desglose alguna de
estas políticas que usted quiere poner en funcionamiento.
Finalizo. Quiero hablar de la pobreza. No llegará ni a un minuto, señor
presidente, y luego en el turno de réplica hablaré de la discapacidad. En
España hay nueve millones de pobres, por desgracia, hay nueve millones de
personas que están en situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo y, por lo tanto, creo firmemente que la defensa de la dignidad y
de la igualdad de las personas nos obliga a actuar con decisión contra
todos los factores de exclusión social. Por eso, consideramos
imprescindible la colaboración de todas las administraciones públicas, de
todos los interlocutores sociales y, por supuesto, de todos los partidos
políticos para hacer una sola política común para combatirla. En este
sentido, quiero reafirmar que cuenta con todo nuestro apoyo en todas
aquellas políticas que suponen un avance en la lucha contra la pobreza,
la exclusión y las nuevas formas de marginación.
Gracias, señor presidente. No dispongo de más tiempo. Utilizaré el turno
de réplica para poder hacer parte de las consideraciones que tenía
previstas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Font.
Señora Blasco Soto, tiene usted la palabra.
La señora BLASCO SOTO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora ministra, a esta comisión y felicidades por su
nombramiento. También quiero felicitarla por la continuidad en el Consejo
Superior de Deportes de Jaime Lissavetzky, pues en la anterior
legislatura, es verdad, como ha dicho ya el portavoz de Convergència i
Unió, llegamos a acuerdos muy importantes y estoy segura de que en
política deportiva en esta legislatura volveremos a llegar a esos
acuerdos.
Usted ha hablado de la Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha
contra el dopaje en el deporte y de la Ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Me gustaría saber
-ya que usted solo las ha nombrado- qué plazos tienen previstos para su
desarrollo normativo, porque aunque es verdad que las dos existen, en
este momento no se está llevando a cabo absolutamente nada respecto de
estas dos importantes y grandes leyes que aprobamos en la legislatura
anterior. En el Grupo Parlamentario Popular nos sentimos muy satisfechos
de que, gracias a nuestro grupo, una de las dos haya salido adelante por
la inclusión de muchas de las enmiendas que aportamos.
Una de mis ideas para estar en política ha sido siempre la de poder
preocuparme del futuro de los deportistas. Soy deportista, y me preocupa
muchísimo tanto la carrera del deportista de alto nivel como su futuro.
Hablamos siempre de los juguetes rotos y del día de después. En 2001 se
creó en esta Cámara una comisión especial que tuve el honor de presidir
para hablar del futuro de los deportistas y de cómo compaginar deporte y
formación. En aquellos tres años llegamos a una serie de acuerdos. Fue
una comisión muy interesante, y en cuanto a sus conclusiones, Jaime
Lissavetzky dijo que las llevaría adelante en la anterior legislatura. En
2005 tuvimos que presentar una moción con el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, porque en realidad no pasaba nada con esas conclusiones.
En cuanto al real decreto que aprobaron sobre deportistas de alto nivel y
alto rendimiento en el mes de julio de 2007, me gustaría saber algo sobre
el desarrollo de ese reglamento. Lo digo porque sigo recibiendo
muchísimas quejas de deportistas que no saben dónde tienen que acudir
cuando tienen problemas con la federación, con la clasificación, porque
no pueden acudir a un determinado examen cuando les coincide con que
deben participar en competiciones representando a España, o bien por
problemas con sus trabajos. Todos esos son problemas que surgen en el
mundo del deporte, con lo cual, al final, se está obligando a los
deportistas a dejar su carrera educativa profesional porque nadie los
ayuda a que de verdad puedan compaginar lo uno con lo otro. Me preocupa
mucho que ese real decreto sea posiblemente papel mojado y no se lleve
adelante.
También existen bastantes quejas de deportistas en relación con el
artículo 17 de ese real decreto, que dice así: Se creará un servicio de
apoyo al deportista de alto nivel. ¿Existe ese servicio? Porque, como
digo, hay muchos deportistas que no saben adónde acudir, y no estoy
hablando precisamente de los problemas que pueda haber en la federación
de tenis, donde los deportistas son muy mediáticos y sí atraen la
atención del Consejo Superior de Deportes. Me estoy refiriendo a deportes
mucho más minoritarios en el que se sienten bastante abandonados. Cuando
acuden a mí yo siempre los aconsejo, pero si de verdad existe esa oficina
del deportista son ellos los que lo tienen que saber, porque si no, ¿para
qué vale?
Mucha gente se está quejando de que existen dos centros de alto
rendimiento en España: el de Madrid y el de Barcelona. Sin embargo,
muchos de ellos se sienten perjudicados por no estar en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid. Estoy hablando más concretamente del caso de un
deportista que, habiendo quedado campeón de la Copa de España, por tener
que asistir a su trabajo no pudo recoger su trofeo. Ha sido sancionado
por la federación, no va a ir al campeonato de Europa, y seguramente se
quedará sin participar en los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando resulta
que es una persona que ha estado luchando por compaginar el deporte con
su trabajo y uno de nuestros mejores representantes. Es una pena. Está
esperando a que lo escuchen en el Consejo Superior de Deportes para
llegar a saber por qué le ha pasado esto.
Vuelvo a decir que si existe de verdad ese reglamento que se ha aprobado a
través de un real decreto, los deportistas tienen que enterarse de que
existe. Se debe buscar la forma de difundirlo, quizá a través de las
comunidades autónomas, y es que, al final de todo, el ex deportista no
sabe a quién pertenece, si a su comunidad autónoma o si al Consejo
Superior de Deportes. No hay un día «después de».
Recuerdo, señora ministra, que una de las preguntas que le formulé en la
anterior legislatura fue sobre la Operación Puerto. Lo que a mí me
importaba en realidad no era esa operación sino que los deportistas que
se habían quedado desamparados o sin el apoyo del Consejo Superior de
Deportes en un momento muy difícil, cuando todavía eran inocentes -todos
somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario-. Por favor, le
pido que se preocupen de que de verdad exista esa función para poder
atender a los deportistas.
Otro punto que quiero traer a esta comisión, como ha dicho el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, es el de
la mujer y el deporte, aunque no sé si esta pregunta debo formularla aquí
o en el Ministerio de Igualdad, porque con la actual transferencia de
poderes no sé exactamente dónde tendría que hacerla. Que existe un
círculo vicioso dentro del mundo de la mujer y el deporte es algo que se
ha dicho siempre en todos los foros y en todas las mesas redondas, pero,
¿dónde rompemos ese círculo vicioso? Actualmente hay menos niñas que
practican deporte, aparte de que los medios de comunicación le prestan
poca atención a los éxitos femeninos. Bibí Ruano y Anabel Medina quedaron
campeonas en parejas en el campeonato de Roland Garros, pero en los
medios de comunicación apareció solamente de pasada que una pareja
femenina había sido campeona en Roland Garros. Creo que eso es algo como
para resaltarlo. Señora ministra, ¿van a hacer ustedes algunas políticas
de incentivación o políticas en busca de esa discriminación positiva para
encontrar la forma de que los medios de comunicación hagan más caso al
tema deporte y mujer? Usted sí sabe que el equipo de baloncesto femenino
se ha clasificado para las olimpiadas en el preolímpico de Madrid, pero
es que hay mucha gente que lo desconoce. Muchas niñas no practican
deporte porque tampoco tienen esos referentes que, aunque existen, ellas
los ignoran. ¿Dónde rompemos ese círculo? ¿Van a hacer ustedes políticas
para romper de verdad esa inercia de que no retransmitimos porque no
importa y las niñas no hacen deporte porque no lo ven?
Quiero ser breve, aunque no haciendo uso solo de tres minutos puesto que,
como ha dicho usted, todo lo que abarca su ministerio es muy amplio, pero
quiero comentar también un punto en relación con lo que va a afectar al
deporte la crisis económica, como ha comentado también mi compañera de
grupo. ¿Se han planteado ustedes beneficios fiscales para el apoyo al
deporte o el IVA reducido? Y no me refiero a los grandes eventos. Estamos
hablando de que seguramente el fútbol, el baloncesto, el tenis, es decir,
el 90 por ciento de los deportes van a notar la crisis económica puesto
que las empresas no van a invertir ni en segunda división, ni en fútbol
sala ni en judo ni en atletismo. Por tanto, si no tienen beneficios
fiscales ni hay un IVA reducido está claro que no van a apoyar ese tipo
de eventos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Sí, señor presidente.
Espero que en los juegos de Pekín y en la Eurocopa tengamos buenos
resultados. Creía que usted, señora ministra, nos iba a hablar un poco de
las previsiones sobre medallas o sobre los planteamientos para estos
cuatro años. Quiero decir también que uno de los puntos fuertes de Madrid
2016 es precisamente esa unión que existe entre el ayuntamiento, la
comunidad autónoma y el Gobierno, algo que nos han valorado muy
positivamente. Por favor, le pido que todos sigamos en esa misma
dirección para que Madrid pueda ser en 2016 la próxima ciudad olímpica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Blasco.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios que no han pedido esta
comparecencia. Por cuestiones de trabajo se me ha solicitado cambiar el
turno, para lo que no hay ningún problema.
Por tanto, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra la señora Leanizbarrutia. Le pido perdón si mi
pronunciación no es la correcta.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchísimas gracias, señor
presidente. La pronunciación es perfecta.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señora ministra, por su
comparecencia. Bienvenida, y encantada de conocerla. Esperemos que estos
cuatro años sean interesantes y podamos colaborar en buena sintonía.
Quiero comentar brevemente que nos ha parecido que su ministerio lleva una
carga muy potente en cuestiones de políticas sociales, educación y
deporte. Iremos viendo cómo se van desarrollando. También quiero decirle
que con estas leyes se llega a invadir incluso algunas competencias que
están ya transferidas a las comunidades autónomas. En cuanto a la Ley de
dependencia, los instrumentos de valoración no se están llevando a efecto
en todas las comunidades autónomas. Le pediríamos que también se valoren
los colectivos de discapacidad intelectual y que, respecto del colectivo
de discapacitados, vayamos poco a poco cambiando algunos chips puesto
que, aunque son minusválidos para los que nos consideramos válidos, ellos
tienen desarrolladas una serie de habilidades que nosotros no tenemos
desarrolladas. Son minusválidos para el mundo de los válidos -los que
entendemos que somos válidos-, pero ellos tienen desarrolladas otras
habilidades que los válidos no hemos desarrollado. Por ello a la hora de
la educación, a la hora de la integración, sería muy interesante también
que en la educación se tuviesen en cuenta esas habilidades que ellos
desarrollan necesariamente para poder adaptarse e incluso mejorar su vida
diaria.
También tenemos dudas sobre el copago, cómo se aplica, porque sigue sin
regularse. La Ley de dependencia es muy fuerte, es muy potente, llega a
muchos ámbitos y, va a generar nuevas estructuras, nuevas formas de
servicios y de trabajo, y quisiéramos que se pudiese regular cuanto antes
mejor, porque hay muchísimos interrogantes a los que no se ha dado
respuesta todavía.
En el ámbito educativo me ha gustado cuando usted, en su intervención,
decía que queremos una educación en valores. También hablaba de la
importancia que se le va a dar a la familia. Es una muy buena noticia el
que ustedes vayan desarrollando los planes de educación de 0 a 3 años. En
nuestra comunidad autónoma eso se ha desarrollado desde hace tiempo, y la
verdad es que es muy positiva la experiencia que nos está dando tanto
desde el aspecto de la conciliación laboral como familiar y para la
integración social del niño.
Una cuestión que me preocupa -se lo apunto en plan flash- es el abandono o
el fracaso escolar. Es una competencia de las comunidades autónomas que
nosotros estamos desarrollando. El fracaso escolar en la comunidad
autónoma vasca no es muy alto, hay comunidades que están en peor
situación, pero hay un tema que no se comenta y no sale en nuestras
conversaciones normales: hablamos del niño, hablamos del derecho de la
familia, del derecho del niño, y no sale nunca entre nosotros el tema del
prestigio, de la situación de indefensión en la que está el profesorado.
Me parece que deberíamos concienciar a los ciudadanos sobre esa
situación, darle más prestigio a ese trabajo, puesto que cuando hablamos
de innovación, de nuevas tecnologías, parece que es muy importante
invertir en nueva maquinaria, pero no le damos la importancia suficiente
a la felicidad de un maestro, a la felicidad de un profesor, a la
indefensión en que se encuentra, a la desestructuración de la familia,
que está generando que no tengan respuestas. Tanto desde el ámbito
gubernamental como institucional deberíamos aplicar políticas reales de
ayuda a este colectivo porque, como bien se dice, el nivel de la cultura
de un país se mide por la cultura que se posee una vez terminada la
enseñanza obligatoria. Si tenemos unos porcentajes de fracaso escolar tan
fuertes quizá tendríamos que plantearnos si el referente humano -el de
los valores, el que va a transmitir- debería ser privilegiado, estuviese
prestigiado y ayudado por todos nosotros. Luego ahí sí hago una clara
reivindicación por parte de todos nosotros -del Legislativo, del
Ejecutivo- para potenciar a esa persona que muchas veces -y todos somos
conscientes de ello- nos ha hecho felices o infelices. Me parece que el
factor humano es mucho más importante que todos los grandes programas.
En cuanto al deporte, como nacionalista vasca y como dice muy bien la
Constitución, se respetarán los derechos históricos. He hecho un alegato
sobre los derechos históricos y las culturas del Estado y sobre que el
Estado español posee esa riqueza cultural de lenguas, de pueblos, de
nacionalidades, pero también en el deporte -por qué no- tiene más
diversidad, más riqueza y más solidaridad con estos pueblos que pensamos
que tenemos unos derechos históricos que nos asisten, y que podríamos
enriquecer a todos los demás con nuestras aportaciones.
Muchísimas gracias. Deseo una buena legislatura para todos nosotros. Tengo
referencias de que es una persona abierta al diálogo y al entendimiento,
y cuente con la colaboración de los Senadores Nacionalistas Vascos para
todo aquello que haga más feliz a los ciudadanos a los que vamos a
gobernar entre todos.
Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, y las hago extensivas al
Senador Torres.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Continuamos en el orden normal. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Torres.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto
y en el mío propio, quiero agradecerle su presencia en esta Comisión de
Educación, Política Social y Deporte de la Cámara Alta y sobre todo
desearle que tenga una muy buena legislatura en este nuevo ministerio
-mis mejores augurios-, que se puedan cumplir todas las buenas
intenciones que hoy nos han expuesto aquí y, sobre todo, que estas
intenciones se transformen en hechos a su debido tiempo. En educación,
porque la mejor vía es la ampliación de oportunidades -como usted ya ha
manifestado anteriormente- y porque, según creo yo, la educación es la
base fundamental para el buen desarrollo de los ciudadanos de un país. En
política social, con esta Ley de promoción de la autonomía personal, con
esta Ley de dependencia, así como con los servicios sociales de atención
primaria, que creo que serán una buen condición para lograr una buena
política social. Y en deportes para que cada día, mirando el presente y
el futuro, todo el deporte español sea más competitivo a nivel
internacional, y sería un buen comienzo ya en esta IX Legislatura que
España ganara el Campeonato Europeo de Fútbol. Así lo deseo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.
Continuamos con el Grupo Entesa Catalana de Progrés. La senadora Baig
tiene la palabra.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo le doy la felicitación más cordial en nombre de mi grupo y en el
mío propio por su nombramiento y por este nuevo ministerio, en el que le
va a corresponder trabajar durante esta legislatura, de Educación,
Política Social y Deporte, temas realmente muy importantes para la
atención a las personas y que puede permitir lo que a veces, a pesar de
que sería lo mejor no es lo que se consigue más fácilmente: realizar
políticas transversales en distintos campos. Al estar en un mismo
ministerio vamos a poder ver políticas de promoción transversal en
políticas educativas y políticas sociales para esta igualdad de
oportunidades o esta ampliación que puede dar la educación, que usted muy
bien nos ha relatado.
De los planes y programas que nos ha presentado, nosotros, evidentemente,
haremos un seguimiento y tendremos tiempo para hablar de ello. Solamente
me gustaría señalar dos aspectos en el Plan Educa 3, y después dejar
constancia de cuáles son también nuestras preocupaciones y el trabajo que
encaminaremos en esta legislatura.
Me ha parecido que enfocaba el Plan Educa 3 desde el rendimiento
académico, la sociabilidad y la conciliación de la vida familiar. Aunque
trataré de conocer más a fondo el contenido del plan, quiero expresar mi
temor inmediato sobre él. En demasiadas ocasiones tendemos a planificar
pensando más en las distintas visiones del sistema educativo y en que los
rendimientos académicos de los chicos y chicas les permitan llegar a la
Universidad que en dar satisfacción a las necesidades de los niños de
estas edades. Tendemos a una planificación que dé respuesta a las
necesidades sociales de una sociedad que queremos más igualitaria, donde
hombres y mujeres nos podamos realizar en nuestro trabajo, con soluciones
que podríamos llamar, -entre comillas-, muy cutres, porque no hay
respuesta de calidad para los niños en edades de 0 a 3 años.
Por este motivo, le preguntamos cómo garantizaremos el carácter educativo
de este ciclo y el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad.
Conocemos y defendemos las competencias de las comunidades autónomas en
este campo, pero considero que el Estado debería garantizar unos
requisitos mínimos de calidad en la formación y tutela de las personas
que atienden a estos niños y niñas, para que realmente estos puedan
cumplir su desarrollo personal integral. No se trata, por tanto, de una
solución social o una solución del sistema educativo, sino de una
oportunidad para el niño y la niña de estas edades.
Otro aspecto de este plan es el relativo a la relación con el ciclo
educativo de 3 a 6 años. Deberíamos considerar una etapa global de 0 a 6
años como un parvulario completo de formación de la personalidad y las
capacidades del niño o niña, para que pueda emprender después el ciclo de
Primaria y Secundaria con unos rendimientos personales más altos. Está
demostrado que una deficiente escolarización en los niños de 0 a 3 años
puede generar aspectos negativos en el rendimiento académico, que ponga
etiquetas a los niños desde muy pequeños y después en su vida social y
para el futuro.
Por ello, centraremos nuestra preocupación en la formación del
profesorado. Ya sé que su ministerio no tiene competencia en
universidades, pero los dos ministerios van a tener que trabajar de
manera conjunta en muchos campos, no solo transversalmente, sino de forma
muy coordinada. Si tenemos en cuenta el Plan de Bolonia, que representa
un cambio radical para las universidades en lo que se refiere a la
enseñanza del profesorado y al aprendizaje del alumnado, tendremos que
adecuar nuestra educación Primaria, Secundaria y el Bachillerato para dar
respuesta y ofrecer hábitos y valores en la forma de educar y de aprender
de estos alumnos que han de entrar en la Universidad.
Me gustaría preguntarle acerca del debate surgido con las pruebas de
Selectividad, pues últimamente se ha suge-
rido que es un sistema educativo inservible, que tiene los días contados.
Los alumnos y alumnas de primero de Bachillerato y los profesores que van
a impartir las clases en septiembre deberían conocer si se va a producir
algún cambio en esta cuestión con el fin de que no se encuentren después
con sorpresas sobre cómo acometer un momento tan crucial como el acceso a
la Universidad para algunos alumnos y alumnas, sin desestimar que hay
otras etapas en la educación tan importantes o más que la de la
Universidad.
Otro campo en el que queremos continuar trabajando como hasta ahora es el
de la educación artística. Usted ha mencionado que el año 2009 será el
Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, sobre el que yo también le
quería preguntar. Aunque nos gusta celebrar estos años europeos, desde mi
punto de vista, sería mucho más importante saber qué haremos para que
esta educación artística no se quede solamente en este año europeo de la
creación artística, sino para dejar la semilla del futuro; más aún cuando
en los ámbitos curriculares va perdiendo peso la educación artística.
Además, en demasiadas ocasiones las clases sociales que cuentan con
recursos económicos solucionan este problema buscando alternativas,
mientras que las clases sociales con menos recursos económicos no sienten
esa misma necesidad, y o se lo ofrecemos en la escuela y con la educación
obligatoria, o bien algunas personas con grandes potencialidades no
podrán desarrollar sus capacidades.
En cuanto a las lenguas, en el siglo XXI a nosotros nos preocupa el
aprendizaje de idiomas. Haré un pequeño apunte sobre esta cuestión, que
también expresé en el Pleno. En Cataluña no nos preocupa el aprendizaje y
el conocimiento de las lenguas oficiales -castellano y catalán-, pues
nuestros alumnos y alumnas terminan la enseñanza obligatoria con el
dominio de las dos lenguas. Sin embargo, nos preocupa encontrar una
solución normativa para el momento en que nos encontramos, pues las leyes
y las normas se han de poder adecuar a las necesidades. En Cataluña,
nuestros niños y niñas, y la ciudadanía en general, no tiene este
problema, pues conseguimos los objetivos. Lo que nos preocupa mucho más,
en un aprendizaje del siglo XXI, es enriquecer la educación con más
idiomas. Para ello se necesitan recursos y, por ello, pedimos que se
elaboren planes por parte del Estado para conseguir incrementar la
enseñanza de idiomas con nuevos métodos. Por tanto, no se trata de
invertir tanto en profesorado, que también, sino en nuevo métodos y
nuevas habilidades en la escuela para conseguir este objetivo.
Otro tema en el que hemos trabajado durante los últimos cuatro años de la
legislatura anterior y en el que continuaremos trabajando es el relativo
a las becas. Tal y como usted ha comentado, debe haber un programa de
divulgación y diagnóstico para poder analizar una situación que llevamos
aplicando desde el año 1980 casi miméticamente. Por eso le pido y casi le
ruego que en esta legislatura se lleve a cabo el cumplimiento de la
sentencia y la posibilidad del traspaso de estas becas con la adecuación
a las distintas comunidades autónomas.
Para ir terminando, me voy a centrar en dos aspectos en relación con la
aplicación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. ¿Piensa el ministerio poner en marcha algunos programas para
equilibrar a los hombres y mujeres en la docencia, así como en el trabajo
educativo en las escuelas e institutos? ¿Se piensa promover políticas del
Estado en programas de coeducación?
En cuanto a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención de las personas en situación de dependencia, es cierto que ha
habido y está habiendo algunas dificultades para su aplicación en las
distintas comunidades autónomas, también en Cataluña. Por ello, me parece
oportuno conocer las tres líneas de actuación en las que se ha centrado
y, principalmente, aquellas cuestiones instrumentales de las que ha
hablado y el trabajo que se puede hacer en una conferencia territorial
con el fin de hacer avanzar una ley que generó grandes expectativas y que
en este momento se encuentra en una fase muy incipiente de realización.
Reconozco que cuando una ley tiene tantos años para aplicarse es muy
difícil que la sociedad pueda captar su evolución; sin embargo, es
nuestra obligación trabajar y darla a conocer. Me gustaría preguntarle
quién formaría parte de la comisión que, según ha mencionado, creará la
orden ministerial. ¿Serán representantes de las comunidades autónomas?
¿Expertos? ¿Qué perfil habrán de tener? ¿Cuál será el objetivo de esta
comisión en relación con el trabajo de las políticas del ministerio y las
políticas de las comunidades autónomas?
En el campo del deporte, quiero hacer un único ruego: promocione políticas
de deporte popular y escolar, y por las mismas razones que he mencionado
en el caso de las enseñanzas artísticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el
señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, aunque ya ha intervenido en esta legislatura en el Pleno,
respondiendo a una pregunta, quiero darle la bienvenida en nombre de mi
grupo parlamentario y felicitarla por su nombramiento. Le deseamos
muchísimos éxitos, porque sus éxitos serán los de toda la ciudadanía.
También he de felicitarla porque acaba de asumir un reto muy importante,
en un ministerio con nuevas competencias, máxime porque soy consciente de
que los cambios siempre tienen dos caras: la de aquellos que en cuanto se
produce un cambio piensan en clave de amenaza y la de aquellos otros que
cuando eso se produce pensamos en clave de oportunidad para mejorar.
Señor presidente, mis compañeros me han elegido como portavoz en esta
comparecencia entre otras cosas porque la señora ministra está al frente
de un ministerio que se
ocupa de forma integral de lo social, y nos parecía que así había que
tratarlo también en esta comparecencia. Por ello, comenzaré haciendo
algunas afirmaciones, reflexiones y planteamientos de carácter general
que me parecen muy importantes.
Por supuesto, he de empezar felicitándola por su exposición; quienes la
conocemos sabemos que exponer de forma clara, muy estructurada y
pedagógica es su costumbre -evidentemente, se notan sus raíces-, pero
además porque ha puesto encima de la mesa de forma clara los objetivos y
líneas fundamentales de su ministerio. Sin embargo, no ha sido solamente
eso sino que, además, nos parece que las líneas de actuación que propone
en su ministerio para alcanzar esos objetivos son congruentes; es decir,
una cosa son los objetivos y otra el camino trazado para alcanzarlos, y
esa congruencia nos parece fundamental.
Desde nuestro punto de vista, ese planteamiento general es enormemente
realista porque, antes de nada, hace un encaje de todas las políticas
sociales en el contexto de unos objetivos que hemos acordado entre todos
los países que formamos la Unión Europea y que, además, se planificaron
hace ya ocho años, en la Estrategia de Lisboa, como usted ha recordado:
fundamentalmente, hacer de la economía europea la más dinámica y
competitiva del mundo, pero también -y es muy importante- recordar que
otro de los objetivos es reforzar la cohesión y el bienestar de la
sociedad europea. Debemos decir -y decirlo muy alto-, desde la vieja
Europa, que el propio concepto de Estado del bienestar ha sido, es y va a
ser principalmente un proyecto europeo, que vamos a mantener los
europeos.
Se trata también de un proyecto muy realista porque tiene perfectamente en
cuenta el horizonte hacia el que nos movemos; es decir, estamos en un
cambio de modelo productivo y en un cambio en el modelo de crecimiento,
lo que nos obliga a apostar por una sociedad del conocimiento y, además,
apostar por la calidad como base de las políticas sociales, incluyendo la
política educativa.
Tal y como le señalaba en la pregunta que le formulé la pasada semana,
afortunadamente en nuestro país las coberturas sociales han alcanzado a
toda la sociedad, y ahora se trata -y lo decía expresamente en relación
con la educación- de aumentar la calidad de esas coberturas.
Otra pincelada que nos parece oportuno poner de manifiesto es que se trata
de un proyecto basado -o al menos así lo ha planteado usted- en el
esfuerzo conjunto, en el esfuerzo colectivo entre administraciones: la
Administración General del Estado y la Administración autonómica,
fundamentalmente. Nos lo ha repetido varias veces a lo largo de su
presentación y lo ha hecho en relación con la necesidad de acordar los
desarrollos y las iniciativas con las comunidades autónomas porque, tal y
como han mencionado algunos portavoces de los grupos nacionalistas,
estamos tratando de competencias que gestionan las comunidades autónomas.
La cuestión sería, parafraseando a Kennedy, que no debemos preguntar qué
puede hacer el Gobierno por los ciudadanos sino qué podemos hacer todos
-también las comunidades autónomas- por ese interés general, en este caso
en materia social.
Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario así tiene que ser,
señora ministra, porque muchas de las políticas diseñadas, si bien no es
imposible, sí es difícil que salgan adelante sin el concurso e incluso
sin la complicidad de las propias comunidades autónomas. A esto me
referiré más adelante cuando me centre en cuestiones concretas.
Otro planteamiento general al que quiero hacer referencia, porque es muy
importante para los socialistas, es que el proyecto incorpora también el
esfuerzo de la sociedad civil. Es decir, a lo largo de su exposición ha
salpicado la necesidad de dialogar con el sector civil, y eso es algo muy
importante porque en los últimos tiempos está surgiendo una corriente muy
significativa de conexión entre quienes son los impulsores de las
políticas sociales -el impulso gubernamental y el autonómico- y los
actores de la sociedad civil. Eso que se puede llamar genéricamente el
asociacionismo, el voluntariado o las ONG de acción social, son actores
que no solo protagonizan las políticas sociales sino que participan en
ellas a diario y, además, tienen perfectamente tomado el pulso de la
realidad. Desde nuestro punto de vista son magníficos interlocutores para
conocer el grado de implantación e incluso el éxito de las políticas
sociales, y a mi grupo parlamentario le parece muy acertado que usted las
haya integrado como piezas importantes del sistema, que estén presentes
en esa especie de imaginario colectivo del ministerio sobre estos
asuntos.
Otra cuestión general que también es importantísima para mi grupo
parlamentario, por lo que supone de novedad, es su apuesta por un sistema
de evaluación de las políticas públicas. Quizá no es este el momento de
su comparecencia de hablar más in extenso, pero nos gustaría al menos
ponerlo de relieve. Fíjese lo que son las cosas, señora ministra, el
Ministerio de la Presidencia, en el año 2004 , puso en marcha la creación
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios, y entonces compareció usted en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista. Evidentemente, esta claro que lo que dijo usted
en aquel momento se lo ha creído porque el objetivo de este sistema de
evaluación es convertir a la Administración en un instrumento fundamental
para desarrollar la democracia, para garantizar la participación de todos
los interesados en los procesos de toma de decisiones públicas, para
asegurar el progreso social, de modo que se ajusten las funciones a los
principios, principios como la transparencia, la eficacia, la suficiencia
económica, la calidad o la participación.
En todo caso -le decía-, se trata de un síntoma de modernidad, de que, por
fin, nuestra administración, mal que bien, está apuntando en el camino
que le corresponde. Refleja un alto grado -creemos- de cultura del
sistema y nos parece muy oportuno que someta a evaluación el sistema
general de becas, el sistema educativo e, incluso -y esto sería más
novedoso-, el funcionamiento de la Ley de dependencia, porque no es lo
mismo la evaluación de las políticas públicas que la evaluación
legislativa. En esto de la evaluación legislativa en nuestro país estamos
toda-
vía en pañales. No hemos arrancado todavía con ello en nuestro sistema
legislativo. Se trata simplemente de tener un juicio sobre cada norma por
sí misma y en su contexto. Se trata de saber la predicción en la que se
basa su elaboración, las consecuencias de su aplicación. En fin, sobre
este tema se ha teorizado mucho en el extranjero. Aquí se han escrito
algunas páginas. El profesor Cruz Villalón, por ejemplo, tiene algo
escrito en este sentido sobre la calidad de la ley. En todo caso, es la
única forma de saber si la norma que se dictó en su desarrollo cumple con
los fines para los que fue promulgada y, en caso contrario, por supuesto
corregir esa deriva.
Por último, en cuestiones generales nos gustaría poner también de relieve,
señora ministra, que hay pocas cosas peores que el adanismo. Estamos muy
contentos de que venga usted aquí hoy y nos diga que el planteamiento
legislativo en su ministerio está hecho ya y que lo que hay que hacer es
desarrollarlo a lo largo de estos cuatro años.
Celebramos que no nos haya desbordado esta mañana con un paquete de
medidas legislativas nuevas descubriendo América otra vez en algunos
temas en los que ya se ha trabajado o se ha reflexionado bastante.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista aplaude la continuidad en los
esfuerzos realizados en la legislatura anterior en este terreno de la
innovación legislativa. Se legisló mucho. Hubo 164 leyes, creo recordar;
ahora toca desarrollar esas leyes. Yo creo que se hicieron bien los
deberes en la legislatura pasada en las materias que le toca a usted
gestionar y se puede, por tanto, apoyar en el trabajo anterior. Los
grandes hitos legislativos fueron, sobre todo, en educación, la LOE y, en
política social, la dependencia, pero también quiero recordar, porque a
veces se olvidan estas cosas, una ley muy importante, la Ley de Adopción
Internacional, sobre la que luego haré alguna valoración. Y en deportes
dos grandes leyes, la que vulgarmente conocemos como la Ley de dopaje y
la Ley contra la violencia en el deporte. En este sentido, el Grupo
Parlamentario Socialista la quiere animar no solamente a que desarrolle,
sino a que utilice muchos de los espacios de reflexión que ya se pusieron
de manifiesto en la legislatura pasada: comisiones, observatorios,
consejos. Por ejemplo, sólo en materia de familia, que se supone que
usted no ha hablado de ello -luego también diré alguna cosa- o más
concretamente en infancia, tenemos dos lugares de reflexión importantes:
el Observatorio de la Infancia y el Consejo Consultivo de Adopción
Internacional que han tenido un gran desarrollo, han valido para lo que
fueron creados y tienen que dar todavía mucho más juego durante la
presente legislatura.
La segunda gran cuestión a la que quiero referirme en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista es respecto de la estructura del ministerio. Ya
le he adelantado cuál es nuestra impresión en las primeras palabras que
he pronunciado. Desde nuestro punto de vista, se trata de una oportunidad
importante de acometer transversalmente las políticas sociales en este
país.
Como le decía antes, el miedo que algunos tienen a los cambios a nosotros
nos parece una oportunidad, una oportunidad de tratar desde otra óptica
los problemas que tenemos hoy. Por ejemplo, si hablamos del abandono
prematuro del sistema educativo sabemos que estamos hablando de algo que
está muy unido a la futura cohesión social. Estamos mezclando, por tanto,
dos parcelas a las que usted tiene que dedicarse.
Si hablamos del fracaso escolar -esto fue objeto de una pregunta la pasada
semana-, ahí ponía el acento en cómo la propia estructura del ministerio
actual permite alcanzar mejor los objetivos para frenar el fracaso
escolar, porque frente a lo que es la educación formal, es decir, la que
se recibe en el aula, existe también una educación no formal, una
educación que es el resultado de un proceso de socialización que el niño
recibe fuera del aula y que, sobre todo, lo recibe en el contexto
familiar, cómo no. También el fracaso escolar se vincula a la pérdida de
oportunidades en el empleo cuando se tienen bajos niveles de formación.
Está todo entremezclado y pensamos que es una buena oportunidad. Pero hay
más cosas. La conciliación de la vida familiar y laboral tiene mucho que
ver, por ejemplo, con las medidas que se han tomado y con la incidencia
en la escolarización de cero a tres años. La necesidad de incrementar el
compromiso educativo entre las escuelas y las familias. Lo mismo puede
decirse respecto de otros espacios sociales educadores que no son ni la
familia ni la escuela. Esa educación informal frente a la no formal.
En definitiva, señora ministra, se mire como se mire es difícil no ver
conexión entre las diversas formas de manifestación de una misma
realidad, como son las políticas sociales porque los distintos
componentes del ministerio se acaban retroalimentando entre sí.
Dirige usted el gran ministerio de lo social donde por primera vez se va a
llevar a cabo una política integral en estos temas sociales, y nos parece
un acierto, tanto la estructura como el que usted esté al frente.
Siguiendo su discurso, querría hacer algunas consideraciones sobre
políticas sociales. Yo creo que es la gran apuesta, la apuesta capital
del Gobierno. Ya se hizo en la legislatura anterior. Nunca se había
apostado tan fuerte por el reconocimiento de los derechos sociales y
tenemos que profundizar, señora ministra, en esta legislatura en el
desarrollo -como decía antes- de lo diseñado legalmente en la anterior.
Creemos, además, que las políticas en materia social se van a ver
potenciadas por ese tratamiento fundamentalmente de la educación e
insistimos en lo favorable que resultará la complicidad en estos temas
con la sociedad civil.
En políticas de inclusión social nos parece que lo oportuno es lo que se
está haciendo, es decir, ir de la mano de la estrategia europea de
inclusión social y, por eso, debemos orientar nuestro plan nacional en
ese sentido. Pero tan importante como eso -y me voy justamente al otro
extremo- es tener muy en cuenta quiénes son las terminaciones nerviosas
que acaban conectando esas políticas sociales con el ciudadano que,
fundamentalmente, son los ayuntamientos. Por eso, es muy importante para
nosotros el plan concertado de prestaciones básicas de servicios
sociales, es decir, continuar dando apoyo, a ser posible
reforzando cada vez más la atención primaria que llevan a cabo las
corporaciones locales como entes, como administración más próxima al
ciudadano.
Respecto de las familias, evidentemente yo creo que he oído algo distinto
a lo que ha oído la portavoz del Grupo Popular. No voy a interpretar aquí
porque no tengo la bola de cristal, pero ha habido una mala jugada y es
que usted ha dicho más cosas hoy de las que dijo en el Congreso. Quizá
eso ha podido despistar. Yo creo que precisamente en las familias es
donde se pueden identificar estas iniciativas por su transversalidad. Por
ejemplo, diciéndolo de forma telegráfica, en lo que respecta al apoyo a
las familias, evidentemente la medida de cero a tres años significa no
solo el incorporar al niño a la vida educativa, sino también arreglar
algo el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral.
En cuanto a las becas, se trata de igualdad de oportunidades y cohesión
social, al tiempo que ayuda a las familias para que puedan sacar adelante
a sus hijos en los distintos grados de la educación.
La dependencia, lógicamente, es ayuda al dependiente, pero encierra
también un segundo elemento muy importante, que es la descarga de la
familia, sobre todo de las mujeres, que, como es sabido, se ocupan de más
del 80 por ciento del cuidado de los dependientes.
Otra cosa diferente es que llamemos ministerio de familia a lo que
pretendía en su momento el Partido Popular. Entiendo que era una apuesta
que figuraba en su programa electoral, pero hay que decir que en esto,
igual que en otras cosas, los ciudadanos dictaron su veredicto en las
urnas.
Respecto de la protección jurídica de los menores, quiero señalarle algo
desde nuestro punto de vista importante y sobre lo que podemos abrir
líneas de colaboración con el ministerio. Cuando hablamos de desamparo,
pensamos que esas cosas solo ocurren en otros países, pero lo cierto es
que en el nuestro se producen 30.000 casos de desamparo cada año, la
mayoría de esos niños se encuentran en instituciones. El cálculo de los
expertos es que hasta un 10 por ciento podrían ser tratados mediante
adopción nacional pero la media de adopciones es muy baja, unas 600-700;
es decir, tendríamos que potenciar el acogimiento familiar, porque es
mejor que estos niños vivan con una familia, aunque sea de acogida, que
estén en una institución.
En relación con la discapacidad, he de señalar dos o tres aspectos. Decía
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que hay grandes diferencias
entre las distintas comunidades autónomas. Evidentemente, puesto que no
existe lealtad institucional. Si la hubiera, no se produciría esa
diferencia. Y hasta donde yo sé, señora ministra, el baremo es único.
Solo hay uno para valorar la dependencia. No sé si algún decreto que haya
abierto alguna otra posibilidad, pero yo no lo conozco.
En cuanto al copago y algunas otras cuestiones que tenemos que arreglar,
quiero recordar a todos los grupos parlamentarios que el diseño realizado
por el ministerio se hizo a través de una comisión interterritorial que
es quien decide sobre estas cuestiones precisamente para que no lo haga
el ministerio. Por cierto, o lo tengo mal entendido o no es cierto eso de
la composición mayoritaria por parte del ministerio. Creo que habría que
repasarse la orden donde se habla de la composición, pero el mensaje es
que todos tenemos que arrimar el hombro. Estamos ante una ley enormemente
importante, una ley ante la que nadie está en contra. Hay dificultades,
usted ha puesto de manifiesto algunas, algunos portavoces han reseñado
otras. Creo que ha cogido usted el camino inteligente, el de decir:
sentémonos, veamos dónde están los problemas y solucionémoslo; dejemos de
ver quién tiene la culpa y quién paga o si paga más o paga menos. Desde
luego, yo también podría indicar casos, igual que los de Cádiz, pero no
lo voy a hacer, para dar ejemplo desde mi propio grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Concluya, senador Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente, pero me parece que está
penalizando el que haya un solo portavoz.
El señor PRESIDENTE: Es una cuestión de Reglamento. Los grupos que
solicitan la comparecencia tienen más tiempo que los restantes.
El señor BEDERA BRAVO: Rápidamente entonces entro en el tema de educación
e intento refundir todo lo que pueda diciendo lo siguiente.
Señora ministra, creo que lo mejor que podemos decir en materia de
educación es que las líneas que usted ha puesto sobre la mesa, a las que
también se refirió en su comparecencia en el Congreso, realmente las ha
contrastado, porque las ha acordado la semana pasada con las comunidades
autónomas. Y creo que esta es la mejor prueba de que queremos un pacto
por la educación. El Grupo Parlamentario Socialista no va a tener ningún
problema en apoyar todas las iniciativas con el resto de los grupos
parlamentarios en este sentido, como ya se ha expresado.
Hay dos temas fundamentales: por un lado, el fracaso escolar, sobre el que
no voy a insistir pues usted ya ha manifestado cómo tiene pensado
solucionarlo, en todo caso con las comunidades autónomas, y, por otro, la
Formación Profesional -escuche al senador Abejón porque es un experto en
este asunto-. Creo que estamos mejor que estábamos en Formación
Profesional. Es más, es uno de los temas en que hemos ido de la mano. Él
mismo ha dicho que esto estaba organizado ya en el año 1995 y entre
aquella fecha y el año 2004 hubo un Gobierno que también pudo impulsar
estas políticas. En definitiva, una vez más hay que tender la mano al
resto de grupos y hacerlo de la mejor manera.
Dejaré lo relativo al deporte para hacer una especie de sprint después.
Pero en educación hay dos aspectos que creo que no debemos olvidar. No
podemos sacar a relucir el informe PISA de una forma que entiendo no es
la adecuada. Decía el senador Abejón que no entra en si es
bueno o malo el tratamiento individualizado de los alumnos. Yo le diré que
es bueno, pero no porque lo diga yo sino porque el propio encargado del
informe PISA, Andreas Schleicher, cuando estuvo en España ya lo dijo: en
la LOE se hace un tratamiento individualizado de los alumnos y eso es
bueno, eso es positivo.
Y lo mismo sucede respecto de echarnos en cara el fracaso escolar y
nuestras bajas competencias en determinadas materias. Si nos ponemos un
poco estrechos, podríamos pensar que el último informe PISA era del año
2006, y se hace a alumnos de 15 años, luego esos chicos han vivido dos
años en lo que podríamos llamar el proyecto socialista y han vivido ocho
años, es decir, desde los siete, en el proyecto popular. No obstante,
insisto en que no es cuestión de echarse a la cara estos asuntos sino de
volver a arrimar el hombro entre todos y sacar adelante -que buena falta
nos hace- todos estos objetivos.
Le recordaba el otro día, señora ministra, que venimos de donde venimos.
Cuando en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, un 56 por
ciento de los españoles de más de 10 años eran analfabetos. Había 32.000
bachilleres y ahora hay más de tres millones. Por supuesto que ha pasado
mucho tiempo, pero estábamos muy por detrás del resto de países. Hay que
mirar hacia adelante y creo que con esta exposición que usted nos ha
hecho se manifiesta que estamos en el buen camino para los próximos
cuatro años.
En cuanto a los deportes, señora ministra, usted ha empleado tres minutos
diez segundos, según el senador Maldonado. Yo voy a emplear aún menos
pues no voy a hablar de ello ahora, porque ya sabe usted que lo bueno si
breve dos veces bueno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bedera.
Para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos grupos
parlamentarios, la señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera
Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.
De entrada, muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios por sus
intervenciones, muchísimas gracias sobre todo y muy especialmente a
quienes me han felicitado por mi renombramiento como ministra -bien es
verdad que no me han felicitado por el ministerio que tengo, ahora diré
algo al respecto, pero, en cualquier caso, muchísimas gracias-, y también
por los ofrecimientos de colaboración -los tomo literalmente como tales-
en todas las materias de este ministerio, porque, como ya he expresado,
este departamento no puede funcionar sin colaboración en todos los
sentidos, tanto con el resto de los ministerios que integran el Gobierno,
como con las administraciones y, por supuesto, también con los grupos
parlamentarios y el tejido asociativo -no puedo entender las políticas de
otra manera-, y, por tanto, todas las ofertas de colaboración, muy
especialmente las que se han hecho en esta sesión. Con el senador Abejón
ya hablaba de Formación Profesional y sé que vamos a seguir haciéndolo
durante mucho tiempo, como también lo hicimos en la legislatura pasada,
aunque en esta lo vamos a realizar con más intensidad, se lo puedo
asegurar. Así que muchísimas gracias por todas las ofertas de
colaboración, que las tendré muy en cuenta, y muchas gracias, en nombre
de Jaime Lissavetzky, por los elogios y los agradecimientos por su
continuidad.
Puedo haber dedicado tres minutos diez segundos al deporte, es verdad,
señor Maldonado. Jaime Lissavetzky no me lo habría perdonado nunca, pero
como no está me he permitido este lujo. Que haya dedicado tres minutos a
los deportes no quiere decir, ni mucho menos, que esa proporción sea la
equivalente a la importancia que le damos en el ministerio a los
deportes. Suele ser el último, y por eso queda penalizado, qué le vamos a
hacer, por eso he decidido ahora empezar por este tema.
Le puedo asegurar que la política deportiva va a ser clave en la política
de este ministerio, señora Blasco. Y en lo que se refiere a los
deportistas de élite, no sé en qué grado de desarrollo está esa
reglamentación prevista para la atención a los deportistas de élite, pero
le puedo asegurar que, en la medida en que Jaime Lissavetzky es un
entregado a la causa, se desarrollará. La información más concreta la
tendrá a través del Consejo Superior de Deportes o a través de mí en una
comparecencia futura, pero me parece absolutamente fundamental,
exactamente igual que me parece esencial un programa de mujer y deporte,
y -aunque creo que en la comparecencia del Congreso de los Diputados sí
lo mencioné, probablemente aquí no- está entre las propuestas para la
legislatura por parte del ministerio y del Consejo Superior de Deportes,
porque me parece absolutamente fundamental.
No sé si se difundió en Televisión Española, pero cuando estuve viendo la
final de Nadal en el Roland Garrós me preocupé mucho en la minientrevista
que me hicieron en Televisión Española de resaltar el éxito del doble
femenino, que es verdad que ocupó un espacio mínimo. Creo que esta es una
tarea que incumbe a este ministerio y a otros, fundamentalmente al
Ministerio de Igualdad, con el que trabajaremos en ello -ahora me
referiré a los compartimentos entre ministerios y competencias-.
Señor Maldonado, también estoy segura de que si hubiera hablado mucho más
tiempo de deporte, usted me habría dicho que estaba invadiendo alguna
competencia (El señor Maldonado i Gili: No)
Seguro, porque me lo ha dicho en relación con la propuesta de órgano
interterritorial, que entiendo que usted pueda ver como una amenaza pero
yo lo veo como un espacio de diálogo, con respeto absoluto a las
competencias. Sé muy bien cuáles son las competencias de las comunidades
autónomas en deporte, y lo único que pretendo desde el ministerio es
contribuir que esas competencias se desarrollen lo más posible.
No entiendo la colaboración entre administraciones si de entrada decimos
que de determinadas cosas se puede
hablar y de otras no porque son competencia exclusiva de alguien. Yo
entiendo que hablar es competencia compartida. Ningún estatuto de
autonomía habla de competencias exclusivas en el diálogo sobre las
cuestiones; en la iniciativa de las políticas y en el desarrollo de las
políticas, por supuesto.
En ese sentido propondremos, y espero que salga, este ámbito de debate
sobre política deportiva, que, precisamente a raíz de su intervención,
entiendo que nos debería importar a todos porque puede ser el ámbito en
el que todas estas cuestiones que ha planteado el señor Maldonado se
puedan discutir.
Dedicaremos una comparecencia monográfica a deportes cuando quieran,
probablemente el presidente del Consejo Superior de Deportes les contaría
cosas con mucho más detalle, pero si soy yo, estoy encantada de hacer una
comparecencia sobre deporte cuando quieran.
El deporte español está -lo hemos repetido todos y es un tópico- en uno de
sus mejores momentos. Un grupo parlamentario ha echado en falta un
pronóstico del número de medallas en Pekín, no se me ocurre hacerlo, pero
espero que sean por lo menos 20. Estamos en un momento excelente del
deporte español, pero también es verdad que ese momento excelente del
deporte español puede esconder problemas en relación con el deporte,
problemas que están ahí, que tenemos que solucionar y que van desde los
que ha señalado la portavoz del Grupo Popular en relación con los
deportistas de élite, que se ven obligados o empujados a abandonar su
formación y que cuando dejan de ser deportistas de élite se encuentran en
una situación especialmente difícil, hasta la cuestión que se ha
suscitado en más de una intervención sobre deporte femenino. Yo animaría
a esta comisión, en la medida en que una comisión parlamentaria también
es un ámbito de debate, a que algunos de estos asuntos se conviertan en
tema de trabajo de la propia comisión, que es perfectamente posible.
Seguro que no han sido más de tres minutos diez, pero, por lo menos, he
empezado por el deporte.
A continuación, voy a hacer un comentario más general.
Muchas veces confundimos la estructura institucional de un Gobierno con la
realidad que tiene debajo. Ejemplo: que haya un ministerio de educación
que entienda de educación desde la educación infantil hasta el final de
la educación postobligatoria no universitaria y que haya otro que
entienda de educación universitaria, no quiere decir que el sistema
educativo se fragmente, el sistema educativo va a seguir siendo el mismo.
Que haya ministerios que entiendan de esa realidad no quiere decir que
haya ninguna fragmentación en el funcionamiento del sistema. Creo que
tendemos a confundir esto y tendemos a entender también mal que los
gobiernos son equipos de gobierno y que, por tanto, muchas políticas,
necesaria y afortunadamente, tienen que ser transversales. De hecho,
incluso la portavoz de política social del Grupo Popular, cuando ha
hablado al final de política de familia ha dicho textualmente: a las
familias les afecta todo. Evidentemente, y, por tanto, una política de
atención a las familias puede tener un ministerio especialmente volcado
en política de familias -que yo creo que es éste-, pero no tiene esas
competencias o atribuciones en exclusiva, porque cualquier política que
desarrolla cualquier departamento ministerial tiene, efectivamente,
incidencia en las familias, y por eso lo que hay que hacer son políticas
transversales, en las que sea un ministerio el que empuje o fomente
algunas de ellas de manera más concreta, pero que tienen que tener eco,
apoyo, colaboración y, en muchos casos, implicación muy directa de otros
ministerios. En mi intervención me he referido a algunas que, en mi
opinión, son absolutamente decisivas, como esa propuesta de plan, reforma
y empuje fundamental a la Formación Profesional, que tiene que hacerse
con el Ministerio de Trabajo.
Es verdad que el gran objetivo es la integración de los subsistemas, pero
integrar los subsistemas no necesariamente implica llevar toda la
formación a un ministerio, implica colaboración muy estrecha si hay más
de un ministerio.
Ya sé que es muy complicado, señor Abejón, usted lo sabe porque conoce el
mundo de la Formación Profesional, pero lo que sí le puedo asegurar es
que es una apuesta de este Gobierno y de los dos ministerios, y que
tendrá una concreción espero que en un plazo suficientemente corto pero
también suficientemente realista como para que, cuando la anunciemos,
tenga una base en la que sostenerse.
Creo que es el momento de hacerlo, precisamente en esta coyuntura que,
como varios portavoces de distintos grupos han señalado, es una coyuntura
que desde el punto de vista económico nos supone un desafío, y uno de los
desafíos que plantea esta coyuntura económica es hacia qué modelo de
crecimiento queremos ir. Un modelo de crecimiento que nos permita tener
una economía más productiva y más competitiva, y también mantener lo que
ha sido la seña de identidad de la sociedad europea, que es el Estado del
bienestar. Pues en esto , la educación -y en concreto la formación
profesional- es absolutamente básica. Es cierto que llevamos mucho tiempo
hablando de este asunto y que puede sonar a tópico, pero no por ello
debemos dejar de plantearnos de manera seria y definitiva -en mi caso lo
asumo como una obligación- que en esta ocasión hay que conseguir una
reforma de la formación profesional, que implica, -no sé si volveré a
tratar esta cuestión posteriormente-, y estoy de acuerdo con el señor
Abejón, mucha mayor flexibilidad, por decirlo con una sola palabra, en
los pasos a seguir no solamente entre los distintos niveles de formación
profesional sino entre la formación profesional y el resto del sistema
educativo.
Este es uno de los grandes objetivos al que la Ley Orgánica de Educación
abre una vía, pero probablemente tengamos que insistir en ello, como
tendremos que insistir igualmente en una adecuación mucho más ágil de los
títulos de Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral, y
además tendremos que conseguir que esos títulos no ofrezcan únicamente
una salida profesional sino también la disponibilidad de instrumentos
para que aquellos que cursan esas titulaciones puedan disponer de un
horizonte profesional más amplio: idiomas, las nuevas tec-
nologías, etcétera; es decir, todo lo que supone la formación de un
profesional en la sociedad actual ha de estar incluido en la reforma de
la formación profesional.
Por tanto, como he intentado explicar en mi intervención inicial, este
ministerio se plantea la necesidad de un trabajo coordinado en políticas
sociales -algunas cuestiones mencionadas en las intervenciones de los
grupos parlamentarios lo han puesto de manifiesto- como es la apuesta por
la ampliación y la extensión de la atención educativa de cero a tres
años, que es una convergencia de políticas en la que la educación es
crucial.
También estoy de acuerdo con la senadora Baig en que en muchas ocasiones
nos preocupamos de la formación estrictamente educativa o de la
conciliación laboral y familiar y, sin embargo, nos olvidamos de los
niños, que son los sujetos de 0 a 3; y ese plan Educa 3, del que
tendremos ocasión de hablar, lo vamos a hacer con las comunidades
autónomas, como todo indefectiblemente , porque muchas de ellas, por no
decir todas, han desarrollado programas -como ha dicho la portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos- de 0 a 3 años.
Para conseguir impulsar esto, tendremos que ver cuál es la situación en
las distintas comunidades autónomas y de qué manera arbitramos una
política que nos ayude a todos a empujar en la dirección que queremos,
con una atención de calidad para los niños y que haga de ellos el centro
de atención. Pero es indudable que tiene que ver con políticas de
conciliación familiar y laboral; por tanto, un ministerio como este, que
une las competencias en uno y otro sentido, es especialmente adecuado
para abordar cuestiones de este tipo. Exactamente igual que lo es -al
final, mi intervención se va a referir a afirmaciones generales pero con
ejemplos concretos- para abordar el fracaso escolar y el abandono, que
son cuestiones -y estoy convencida de ello, señor Abejón- que vamos a
resolver en esta legislatura. Algunas personas tienen la convicción de
que la culpa es de la LOGSE y sus derivados, y yo estoy dispuesta, porque
me parece un síntoma de modernidad -lo ha dicho el señor Bedera y yo
también lo he manifestado en mi primera intervención-, a someter todas
las leyes a la evaluación necesaria para saber si funcionan o no, cosa
que no hemos hecho nunca. Por tanto, cuando atribuimos a las leyes
determinados males estamos haciendo un brindis al sol porque no sabemos
exactamente de qué estamos hablando. La cultura de la evaluación no ha
llegado a la cultura de la evaluación legislativa; ahora bien, si la
culpa fuera de las leyes -lo voy a decir demasiado rápido, por tanto,
mal- no tendríamos, por ejemplo, esas diferencias de rendimiento entre
comunidades autónomas, porque la ley es la misma. Por consiguiente,
estamos hablando de un fenómeno mucho más complicado, que necesita
abordarse en toda su complejidad, por supuesto, también en la bondad de
las leyes educativas y de su desarrollo, pero de acuerdo igualmente con
otras cuestiones que tienen mucho que ver y que, a lo largo de los
últimos diez años, han podido ser -y valga la contradicción- los niveles
de crecimiento económico que hemos tenido, el crecimiento del empleo o la
facilidad del acceso a empleos que no exigían cualificación, y que han
constituido un incentivo demasiado tentador para muchos jóvenes que los
ha llevado a abandonar el sistema educativo, probablemente porque este se
ha comportado de forma demasiado rígida y no les ha permitido volver.
En cualquier caso, este es un tema suficientemente complejo, que nos
preocupa a todos. Es verdad que al plantear la aprobación del informe al
que se han referido algunos grupos en la conferencia sectorial esta fue
una cuestión central. Fue una reunión hasta cierto punto informal, ya que
era el primer consejo sectorial, por tanto, las intervenciones versaron
sobre muy distintos aspectos. Pero, repito, se demostró que era un tema
que preocupaba a todos lo suficiente como para decidir la convocatoria de
esa conferencia sectorial extraordinaria a la cual las comunidades
autónomas deberían -así se acordó- traer las experiencias en sus propios
territorios.
Algunas de las afirmaciones generales que he querido hacer tienen que ver
con la estructura del ministerio, la transversalidad de las políticas
sociales, y otras con los niveles de competencia y de colaboración entre
administraciones. Entiendo muy bien -y sé que el juego político es así y
es perfectamente legítimo- que se carguen las responsabilidades donde a
un grupo o partido político le interese más, y si uno está en la
oposición decide que la responsabilidad de que las leyes no funcionen o
se apliquen de mala manera es del Gobierno central, cuando está claro que
las responsabilidades son compartidas entre la Administración General del
Estado y las comunidades autónomas, lo cual no significa esquivar
responsabilidades sino entender que tenemos el Estado que tenemos, que es
el Estado de las Autonomías y que, por tanto, si nos evadimos de la
asunción de esa corresponsabilidad, estamos haciendo un flaco favor a los
ciudadanos, que son los que finalmente lo padecen.
Señorías, tenemos que ser -sobre todo en políticas tan próximas a los
ciudadanos, como lo son las de este ministerio- lo suficientemente leales
con nuestros propios votantes -estemos en la oposición, en el Gobierno
central o en las comunidades autónomas- como para asumir cada uno sus
propias responsabilidades y tratar de buscar soluciones compartidas. En
esta búsqueda de soluciones compartidas, los diferentes partidos
políticos van a apostar por lo que ellos consideran que son las
soluciones más adecuadas a los problemas planteados, y estoy segura de
que en los debates surgirán las soluciones mejores y más adecuadas para
que los servicios que prestamos al ciudadano mejoren su calidad.
Entiendo que cuando uno es elegido y ocupa un cargo institucional, como
puede ser un ministerio o una consejería en la comunidad autónoma,
trabaja y decide no únicamente para los ciudadanos que le han votado sino
para todos, y este va a ser un principio de funcionamiento de este
ministerio, también en la política de colaboración con todas las
comunidades autónomas.
En el problema del abandono y del fracaso escolar, es probable que
lleguemos a la conclusión de que puede haber habido responsabilidad en el
marco legislativo que
hemos tenido, pero también estoy convencida de que en un debate y en una
discusión leal sobre esta cuestión, que a todos nos importa -los
consejeros de todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo-,
vamos a encontrar muchas otras razones que nos ayuden no solo a entender
lo que ha sucedido sino también a definir las políticas que tenemos que
seguir en el futuro.
El señor Abejón, y creo que también el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha manifestado que los
objetivos son muy ambiciosos. Indudablemente. Ese informe contiene los
puntos de referencia europeos, a los que nosotros añadimos otros cinco,
porque sumamos otros tantos propuestos desde aquí. Son objetivos
ambiciosísimos; y también, y no me preocupa excesivamente reconocerlo,
vamos a hacer todo lo posible por acercarnos a ellos, aunque
probablemente no lo logremos.
Ahora bien, considero que los objetivos hay que marcarlos así de
ambiciosos, porque, de otra forma, no tendremos el coraje suficiente como
para afrontar los problemas. ¿Que no vamos a ser capaces de llegar a ese
85 por ciento en titulados en Educación Secundaria Obligatoria? Quizá,
no, pero, desde luego, vamos a hacer todo lo posible por acercanos.
Exactamente igual que vamos a hacer todo lo posible por reducir los
porcentajes de tasas de abandono temprano, es decir, por aumentar la
presencia de los jóvenes en la educación posobligatoria, por mejorar la
comprensión lectora, donde también buscaremos la colaboración de todos.
El señor Abejón ha observado que he puesto cara de no estar de acuerdo
cuando ha manifestado que somos el último país de la OCDE en comprensión
lectora, aunque luego ha explicado que no, que hemos bajado 20 puntos,
que son muchos. Pues bien, nos preocupa mucho, y nos preocupaba tanto
cuando hicimos la Ley Orgánica de Educación, que introdujimos medidas
para intentar mejorar la comprensión lectora en los centros escolares.
¿Que no sean suficientes? Es probable. ¿Que tengamos que buscar otras?
Estoy absolutamente convencida de ello, y también de que el descenso es
preocupante.
También es preocupante el descenso generalizado -aunque quizá no tanto
como los 20 puntos- que se ha producido prácticamente en todos los países
de la OCDE, hasta el punto de que algunos de los informes de los expetos,
posteriores al informe PISA han llegado a plantear si la prueba se había
hecho o no correctamente. Como no era la prueba central del informe PISA,
no tenía un número de preguntas o de atención similares al resto, pero
expertos no únicamente de España sino de otros países se han parado a
pensar si, dado el descenso tan evidente, más grave en algunos países
-por desgracia, en el nuestro-, la prueba estaba bien hecha en relación
con las anteriores, lo cual no quita para que nos preocupemos. Existe una
preocupación no solo en España, sino generalizada, como es el caso de
Estados Unidos.
¿Hasta qué punto está influyendo la manera en que los más jóvenes utilizan
las nuevas tecnologías la invención del lenguaje con el que se entienden
entre ellos, pero que no es el que manejan en el sistema educativo?
Considero que todas estas cuestiones merecen una atención, y no estoy
tratando de diluir los problemas que tenemos contextualizándolos hasta
que se pierda el sujeto responsable del asunto, porque responsables somos
todos, pero entiendo que deben plantearse las cuestiones en los términos
generales en los que deben plantearse para saber qué soluciones podemos
arbitrar.
Por tanto, confío en celebrar una excelente conferencia sectorial con las
comunidades autónomas sobre el fracaso o abandono temprano, que nos
permita, si no cumplir con los objetivos en 2010 -¡ojalá que pudiéramos!
Yo no voy a renunciar al objetivo, porque renunciar de antemano no es
bueno-, sí tratar de acercarnos lo más posible.
Por último -aunque sea al revés del orden con el que he comenzado, pues lo
hice con deporte y sigo con educación-, además de estas cuestiones que
tienen que ver con los objetivos generales, y que considero que son
absolutamente fundamentales, he de decir que se trata de una preocupación
no solamente española sino europea, y que el hecho de que países con
indicadores mejores que los nuestros se preocupen por la educación lo
único que consigue es empujarnos a preocuparnos todavía más.
Con respecto al abandono, solo me queda recordar que en la última comida
informal de ministros de Educación de la pasada legislatura, la ministra
belga manifestó una gran preocupación por las tasas de abandono en
Bélgica, lo comprobé y observé que son bajísimas. Pero es que ella
entendía como casos de abandono no solamente a aquellos que salen del
sistema educativo sino a aquellos que el sistema educativo aparca desde
muy temprano en vías que llevan a un futuro no ya de fracaso escolar,
sino personal.
Probablemente, otra manera de medir esta cuestión, que debería empujarnos
y ayudarnos y que tengo intención de plantear en esa conferencia
sectorial, sea hacer una revisión para conocer mejor cómo calculamos
nuestros datos de abandono y de fracaso, porque tenemos un sistema de
educación no formal o no integrado plenamente en el sistema de educación
formal en el que existen muchos miles de jóvenes y de adultos formándose,
y eso no lo contamos, a diferencia de otros países, a la hora de medir
tasas de abandono o de fracaso; por tanto, considero que en este punto
también tenemos que hacer un esfuerzo en el que la colaboración con las
comunidades autónomas es absolutamente decisivo.
También quiero hacer un comentario muy rápido sobre las becas, sobre todo
por las intervenciones del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Siempre seguiremos discutiendo sobre datos de becas, y por eso he pedido
a la Agencia de Valoración de las Políticas Públicas que nos lo cuente,
porque las becas son por cursos escolares y los presupuestos son anuales,
con lo cual siempre se introduce en la discusión una distorsión que
podemos manejar cada uno como queramos. Yo quiero saber si están
funcionando las becas, y exactamente cuál es la cantidad del presupuesto
que llega a las familias para que, quienes quieran seguir formándose, no
dejen de hacerlo por razones económicas.
Considero que esa evaluación nos va a ayudar, pero también, a partir de
ahí, tendremos que ver qué cambios queremos introducir en el sistema de
becas. Le doy la razón al señor Abejón, no en el fondo pero sí en la
forma, -creo que ha sido quien lo ha dicho- respecto de que no debemos
confundir becas con préstamos. Evidentemente, no. Estamos hablando de
cosas distintas, lo que ocurre es que tenemos que tener de todo, y cuando
hablamos de educación superior y universitaria, sobre todo en sus últimos
grados, hay muchos estudios que nos hablan de hasta dónde llega la
utilidad social y hasta dónde la utilidad privada de esos estudios; por
tanto, habrá que tomar medidas, que no son nunca demasiado populares,
pero que podíamos asumir, a estas alturas del siglo XXI, por ejemplo,
hasta qué punto, para determinados niveles de estudio, la aportación
individual tiene que ser importante. Ahora bien, debemos brindarles la
posibilidad de obtener un préstamo de las características que hemos
puesto en marcha para que eso no disuada. Pero todo eso tendremos que
discutirlo al hablar de política de becas.
No voy a hacer una intervención igual de larga que la anterior, pero han
salido demasiadas cuestiones, por lo que me voy a dejar muchas, me temo,
aunque ya les anuncio que vendré siempre que quieran, no tengo ningún
inconveniente. Esto no lleva a una obligación, sino a una oportunidad
para discutir políticas, y de eso va este sistema en el que vivimos. Pero
sí quería hacer, por lo menos al final -y ya sé que me van a decir que no
he hablado del resto de las políticas sociales-, alguna referencia a
ciertos comentarios sobre la ley para la autonomía personal, porque creo
que no es lo único que tenemos entre manos en políticas sociales,
evidentemente no, y demostraremos a lo largo de esta legislatura que no
es esta ley lo único, pero sí es verdad que el desarrollo de esta ley nos
preocupa, en el mejor sentido de la palabra, de manera muy especial -he
intentado decirlo en mi intervención- y en la misma medida en que le
preocupa a la señora portavoz del Grupo Popular o al resto de los
portavoces que han hablado. ¿Por qué nos preocupa? Porque es verdad que
es una ley que tuvo un enorme apoyo parlamentario -el Partido Popular la
votó-, que logró un consenso político muy amplio y que el que le faltó
fue por razones competenciales, y no -creo recordar- por desacuerdo con
los objetivos que plantea la Ley de dependencia. Eso quiere decir que
podríamos hablar de un consenso prácticamente universal sobre esta ley.
Es verdad que es una ley que pretende poner en pie ese cuarto pilar del
Estado del bienestar, que es un sistema de atención a la dependencia que
debería tener, cuando esté definitivamente en funcionamiento, no sé si un
tamaño, pero sí una importancia para los ciudadanos equivalente a la del
sistema educativo, a la del sistema de sanidad o al sistema de la
Seguridad Social.
Pensemos en lo que tardamos en este país en poner en pie esos sistemas: el
sistema educativo, el sistema de sanidad pública, el sistema de la
Seguridad Social, cuándo empezamos y el tiempo que se tardó en adquirir
una conciencia generalizada de que esto ya está funcionando. No digo que
vayamos a tardar lo mismo en poner en pie el sistema para la autonomía
personal, pero lo que está claro es que para que el sistema que salga del
desarrollo de la ley tenga la solidez necesaria debemos ser capaces de
ponernos de acuerdo sobre si ese calendario de aplicación -la ley preveía
uno- es el que queremos mantener, y si nos vamos a implicar todos en la
misma medida y con la misma responsabilidad en el desarrollo de ese
calendario. Y esto no lo puede hacer el ministerio, exactamente igual que
la financiación de este sistema no es una financiación de la
Administración General del Estado. La Administración General del Estado
tiene unos compromisos en la financiación de este sistema, pero las
comunidades autónomas y los beneficiarios del sistema tienen compromisos
de cofinanciación de este sistema, y es verdad que es una de las
cuestiones que quedan pendientes de aprobarse, pero no porque el
ministerio no haya hecho lo posible, sino porque necesitamos el acuerdo
del Consejo Territorial, y en el Consejo Territorial puede haber una
mayoría de miembros de la Administración pública, pero quienes deciden
son las comunidades autónomas. Solamente con el voto mayoritario de las
comunidades autónomas se pueden aprobar los proyectos en el Consejo
Territorial; solo con la mayoría de las comunidades autónomas, repito.
Eso es lo que dice el Reglamento del Consejo Territorial y lo que ha
venido ocurriendo hasta ahora.
Una cosa es que llevemos una propuesta, por ejemplo, sobre de qué manera
los beneficiarios del sistema deben contribuir al mantenimiento del
sistema y otra cosa es que consigamos ponernos de acuerdo. Tenemos que
ponernos de acuerdo, y la voluntad de ponernos de acuerdo es del
ministerio, pero tiene que ser también de las comunidades autónomas y de
la sociedad, porque tendremos todos que explicar a la sociedad y a los
beneficiarios del sistema que este es un sistema al que debemos
contribuir todos, insisto: la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas y los beneficiados.
¿Quién ha hecho más esfuerzo hasta ahora? Seguramente las respuestas serán
distintas según a quién se lo preguntemos. Si me pregunta a mí como
ministra, les puedo contar el esfuerzo que ha hecho la Administración
General del Estado desde que la ley echó a andar hasta ahora. Si pregunta
a algunas comunidades autónomas, probablemente dirán que las comunidades
autónomas están haciendo un esfuerzo enorme, aunque también es verdad que
no todas igual, pero muchas de ellas hacen un esfuerzo enorme.
También tendríamos que ser capaces de entender, -y más que de entender de
explicarlo, porque creo que es un deber de lealtad para quienes se puedan
beneficiar de este sistema-, que este sistema no viene a sustituir a
otros, sino a añadirse, y eso significa que, legítimamente, hay
incompatibilidades en la percepción de determinados servicios. Si ya se
tienen por otra vía, como dice muy bien la ley y las normas que la
desarrollan, tenemos que ser todos muy transparentes y hacer un esfuerzo
de explicación, porque los ciudadanos nos van a pedir cuentas. A mí,
desde luego; ya lo sé y lo asumo. Cuando uno dice que sí a un ministerio,
ya sabe lo que le pasa. Yo asumo toda mi
responsabilidad, pero los ciudadanos se la van a pedir también a los
gobiernos de sus respectivas comunidades autónomas, porque a diferencia
de los otros sistemas que mencionaba antes, este tiene la complicación de
que tenemos que desarrollarlo no antes, sino después de que se hayan
hecho las transferencias de las políticas sociales a las comunidades
autónomas.
El sistema educativo, la sanidad pública y la Seguridad Social vinieron
antes de las transferencias y cuando los sistemas ya funcionaban -aunque
nunca terminan de cambiar ni de reformarse ni de modernizarse-, se
hicieron las transferencias a las comunidades autónomas. Aquí estamos al
revés, y esto quiere decir que la obligación de lealtad mutua tiene que
ser doble, porque si no es así no conseguiremos que el sistema funcione.
A mí me criticarán por lo que me toque y responderé como crea que debo
responder, pero nos lo van a pedir a todos.
Por eso -y ya lo he manifestado en mi intervención inicial y sé que me
dejo muchas cosas puntuales aquí-, nada más tomar posesión del ministerio
convoqué uno por uno a los consejeros para que me contaran qué pasaba en
sus comunidades autónomas, y por eso voy a hacer una reunión informal con
todos ellos y por eso vamos a poner en marcha todo lo que he dicho en mi
intervención en relación con la evaluación del sistema informático, que
muchos dicen que no ha funcionado como debería haber funcionado. Esa
comisión -por la que creo que me preguntaba la senadora Baig es
estrictamente gubernamental, porque lo que vamos a medir es lo que afecta
al ministerio responsable en el Gobierno de España de la puesta en marcha
de la Ley de dependencia. Es una comisión, por lo tanto, que va a
depender de la subsecretaría del ministerio y en la que va a estar el
Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Seguridad Social, y sobre la base de esa colaboración
interministerial vamos a hacer esta evaluación piloto de la ley, de un
año y medio, recordémoslo. Al año y medio de su ley de dependencia
Francia revisó la ley. ¿Por qué? Porque estamos hablando de apuestas muy
ambiciosas. Creo que tenemos que ser lo suficientemente claros como para
estar dispuestos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que este
sistema, cuando empiece a funcionar o cuando esté generalizado, tenga la
solidez que todos esperamos que tenga.
Sé que me han planteado muchas otras cuestiones. Perdóneme, por favor, si
no las contesto, porque si lo hago me voy a otra intervención de una
hora, y eso no sería perdonable.
Hay muchas cuestiones que me ha planteado la señora Baig que son
fundamentales. No le voy a contestar a todas sus preguntas, pero sí le
diré que los dos ministerios estamos trabajando sobre la selectividad.
Insisto en que tanto en esta cuestión como en muchas otras el que haya
dos ministerios interviniendo sobre el sistema educativo no quiere decir
que hayamos abierto el foso de los leones para quienes están en el
sistema educativo.
Sobre la educación artística he de decirle que no confiamos tan solo en el
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas sino que ya la Ley Orgánica de
Educación apostó muy claramente por la importancia de este tipo de
enseñanzas, pero está claro que debemos empeñarnos en ello. No quiero
decir que esto sea parecido a la formación profesional, pero lo cierto es
que en nuestro país las enseñanzas artísticas carecen de una tradición y
de un aprecio, aunque debo decir que preguntados los ciudadanos
individualmente por esta cuestión resulta que no reconocen tener esa
opinión, pero es verdad que siempre hemos considerado que éstas eran
enseñanzas de segunda. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por
superar esto. Pero no me voy a extender más para no impedir que haya un
segundo turno de preguntas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Pasamos al segundo y último turno de intervenciones. Les diré con carácter
organizativo que en la documentación que me ha pasado el letrado sobre
esta comparecencia se habla de un tiempo máximo de diez minutos por cada
grupo parlamentario para este segundo turno. Mi criterio es que, dada la
importancia cuantitativa y cualitativa de los temas que estamos tratando,
podrían aumentarse las intervenciones en cinco minutos por lo que el
tiempo máximo de intervención por cada grupo parlamentario sería de
quince minutos. Así es que administren ustedes sus tiempos ajustándolos
en sus intervenciones. De ese modo esta comparecencia podría concluirse
en un plazo de cinco horas que creo que es un tiempo razonable.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por su extensa intervención. Creo que han
quedado muchas cosas por analizar, por plantear y por resolver, pero nos
hemos hecho un poco idea de por dónde va la labor de su ministerio.
Quiero empezar refiriéndome al tema de las becas dado que, como usted
sabe, en Cataluña nos preocupa por cuestiones de transferencias y por lo
que ello representa en especial. Le pondré un ejemplo. Yo soy de la
provincia de Lérida, que ocupa un 34 ó 35 de la superficie total de
Cataluña y donde vive un 6 ó 7 por ciento de la población, lo que quiere
decir que hay allí pueblos muy pequeños, que hay núcleos de población
dispersos que van desde la montaña hasta el llano y que hay distancias
considerables entre uno y otro. Por tanto, alumnos que quieren estudiar,
por ejemplo, ciclos de formación profesional de grado superior tienen que
desplazarse desde la montaña hasta la propia Lérida, lo que supone que
tengan que residir allí ocasionando a sus familias unos gastos
considerables. Es decir, hay muchas familias con verdaderas dificultades
para que esa igualdad de oportunidades de la que estamos hablando sea
efectiva. El Tribunal Constitucional en una sentencia señaló que la
igualdad de oportunidades tenía que hacerse efectiva y también por eso le
pedimos, señora ministra, que se tome esto verdaderamente en serio.
Por lo que hace referencia a las políticas educativas, estamos muy de
acuerdo en que requieren amplios consensos. Yo le he hablado de un pacto
de Estado, de un pacto de estabilidad que vaya más allá de una
legislatura por los problemas que generan estos vaivenes en los colegios,
en los institutos, en los centros de primaria y secundaria y en formación
profesional. Hay problemas muy graves organizativos y curriculares y, en
definitiva, hay que conseguir darle a todo ello una estabilidad a largo
plazo. Por tanto, repito que si seguimos esta línea a nosotros nos tendrá
como colaboradores para que haya realmente una estabilidad a largo
plazo.
Se ha hablado aquí bastante de formación profesional, pero lo del contrato
dual no lo hemos comentado. Lo que sí le he pedido es que si usted quiere
podríamos hacer una sesión monográfica sobre formación profesional, un
tema que nos preocupa mucho y que es muy importante en sus tres
subsistemas, desde la formación profesional inicial pasando por la
formación profesional como tal y llegando a la formación profesional
reglada para una posterior inserción en el mercado laboral. Todo esto hay
que ligarlo bien haciendo políticas que permitan realmente insertar en el
mercado laboral a jóvenes y a personas que dejan los estudios
convencionales y siempre pensando en la posibilidad de que cuanta más
gente y más tiempo esté en el sistema educativo con acceso a los
conocimientos tanto mejor. Por tanto, quiero decir en este sentido que
hay que facilitar políticas transversales para que puedan moverse desde
un sitio hasta otro quizá con más facilidad de la que tienen en estos
momentos.
En cuanto a los objetivos de la Estrategia de Lisboa ha dicho que
intentaremos un acercamiento para su cumplimiento. Creo que son unos
objetivos realmente importante respecto de los cuales habremos de hacer
un esfuerzo para que haya menos abandono, más formación, más interés,
etcétera. Luego, cuando tengamos la correspondiente evaluación del
informe PISA deberíamos estar mejor situados por haber progresado y no
seguir en la actual situación.
En relación con la Ley de dependencia creo que hay que decir algo aunque
sea de modo breve. En Cataluña causó mucha expectación y ahora está
generando frustración. Esto es así. Y es que mucha gente se había forjado
ilusiones pensando que podría contar con unas ayudas. Me parece que el
otro día en el Congreso la señora Tarruella, que es de Lleida, lo
comentaba. Y podría citarle ejemplos de personas con altísimos niveles de
dependencia que están esperando recibir algún tipo de prestación que aún
no tienen. Es cierto también que ha habido muchos problemas con el
sistema informático, otra cuestión que hay que resolver, como también es
verdad que los servicios sociales y los relacionados con la dependencia
ya llevaban tiempo funcionando. Por tanto, quizá uno de los problemas de
esta ley es la falta de recursos económicos para poder atender todas las
situaciones y todos los casos, porque han quedado muchos sectores, muchos
colectivos que no han sido recogidos. Esto también habrá que revisarlo.
Finalmente quiero decirle que en Convergència i Unió siempre hemos tenido
vocación participativa en las políticas sociales y educativas por lo que
estamos dispuestos a colaborar para poder avanzar, pero desde las
posiciones que siempre hemos mantenido y continuamos defendiendo para el
bien de todos.
Señora ministra, le agradezco mucho su colaboración y su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¡claro que me hubiese gustado que hablara usted una hora
sobre el deporte!, pero voy a darle la solución: cambie el título de su
ministerio. En lugar de llamarle de Educación, Política Social y Deporte
llámelo de Deporte, Educación y Política Social para que no le pase lo
que a su compañero, el senador del Grupo Parlamentario Socialista, que ha
dicho en su intervención: después hablaré del deporte porque se me ha
acabado el tiempo. Pues a usted le ha pasado igual. O quizá el senador no
ha querido emularla a usted y se habrá dicho: si hablo mucho después de
los tres minutos y diez segundos, dejaré mal a la ministra. Bromas aparte
y, en base al buen rollo, lo que sí que me preocupa -por tanto, si tiene
que hablarme una hora de este tema, me parecen suficientes diez segundos
de los tres minutos-, es que me diga que este consejo de coordinación es
para que las competencias se desarrollen. ¡Madre mía, qué paternalismo!,
cuando además en Cataluña están mandando los mismos. No sé qué opinarán
sus compañeros del tripartito-2 cuando sepan que el padre o la madre
Estado quiere crear un órgano de coordinación para que las competencias
se desarrollen. Me da la impresión de que no les va a gustar. Deje a las
comunidades que desarrollen sus competencias, que todas hacen lo que
pueden y bien, y dénles apoyo financiero, como ha dicho antes una
portavoz del PP.
¿Sabe qué pasa, señora ministra? Yo sé que usted es una ministra
suficientemente inteligente como para no ser políticamente sectaria y
que, como miembro, que no « -miembra+ », del Gobierno del Estado, tiene que
seguir unas líneas políticas, las que le marcan, y que, después, vienen
los aparatos de partido, en este caso el PSOE, y aplican políticas
homogéneas. Esto es lo que hemos visto durante cuatro años, muchos
intentos en el Congreso de homogeneizar competencias territoriales. A mí
este consejo me da un poco de pánico, aunque ojalá me equivoque y le
tenga que dar la razón. Desde luego, no me dolerán prendas hacerlo.
Rápidamente, paso a otros aspectos. La portavoz del Grupo Popular, la
señora Míriam Blasco, le ha hablado, por ejemplo, del éxito en Roland
Garros del doble femenino, en base a la preocupación por el deporte
femenino; algo que nosotros también hemos dejado patente. Es cierto que
usted misma ha ratificado su interés en destacar este
éxito del tenis femenino, ¿pero sabe qué pasa? Que si no hay políticas de
apoyo al deporte femenino es difícil que salgan figuras que se conviertan
en referentes del deporte base. Estas dos tenistas que ganaron el Roland
Garros son producto de políticas deportivas que se llevaron a cabo antaño
y del trabajo de la sociedad civil deportiva. Por ejemplo, hace poco tuvo
lugar en Barcelona el campeonato internacional de tenis femenino, el
Torneo WTA-KIA, que este año fue apoyado -aunque fue un pequeño apoyo,
supone un inicio- por el consejo y en cuya final estuvo presente el nuevo
director general, Fernando Soler. No obstante, le reclamo desde aquí más
apoyo al Torneo WTA-KIA. Porque, ¿sabe qué pasa? Que, si no, es muy
difícil promocionar el deporte de elite.
En esta línea nuestro grupo también reclama una ley de mecenazgo, como ha
dicho la portavoz del Partido Popular, porque en momentos de crisis los
equipos la necesitan, y no hablamos de equipos de fútbol como el
Barcelona o el Real Madrid, sino de los de segunda y tercera división, de
patinaje, de vóley, de balonmano, etcétera, que necesitan apoyo para sus
estructuras tanto en la categoría amateur o profesional como de base,
infantiles y juveniles. Por tanto, reclamamos una ley de mecenazgo
deportivo, como ha hecho Italia tan bien.
En esta línea anunciamos que nos preocupa tanto el deporte que pediremos
en el Senado, como ya hicimos en el Congreso sin llegar a obtener el
apoyo suficiente, la creación de una subcomisión para el deporte -usted
misma la ha avalado y nos ha animado a ello- femenino o para el que haga
falta. Pediremos apoyos parlamentarios suficientes para crear una
subcomisión para el deporte, porque creemos que es suficientemente
importante.
En último lugar, nos preocupa el deporte federativo. Señora ministra, creo
que tienen que crear un instrumento -aquí sí que tienen que hacer
paternalismo, coordinación y seguimiento, no en las competencias
autonómicas- que garantice el seguimiento del deporte federativo. Creo
que diversas federaciones han dado un espectáculo de mal funcionamiento.
¡Qué vergüenza el tenis español, que en cien años no había vivido una
situación tan triste, y el Gobierno, por su ascendencia con la federación
y por la Ley del Deporte, debería haber pedido el cese inmediato del
presidente de la federación de tenis en base a sus sms insultantes y a su
actuación, que condujo a no poder llevar a cabo la celebración en la
embajada española del éxito de Nadal en Roland Garros; desde luego, nunca
había pasado esto. También es triste la crisis que vive la federación de
baloncesto; suerte que, a pesar de todo, se haya fichado a un gran
entrenador como Aíto García Reneses. También es triste el episodio vivido
en la federación de fútbol durante los últimos años, con un presidente
con muchos problemas, aunque curiosamente ahora ha habido un pacto entre
Lissavetzky y Villar que espero que sea para el bien del fútbol.
Todo esto, señora ministra, nos preocupa y nos da a entender que el
deporte federativo tiene que estar tutelado de alguna forma por el
Gobierno. Aquí sí que hace falta una coordinación, porque estas
federaciones que entran en crisis no pueden dar estos espectáculos que
van en detrimento grave del deporte estatal.
No me ha dicho nada, y quizá sea mejor, sobre las selecciones deportivas
nacionales, aunque me daba un poco de miedo lo que me pudiera decir; es
más, si va en la línea de lo que yo me temo, mejor no me diga nada.
Cuando en el deporte hay que elegir entre ser cabeza de ratón o cola de
león, si ha de ser para estas loapillas que nos anuncia, es mejor ser
cola de ratón.
Si en lugar de tres minutos ha de dedicar diez segundos no pasa nada pero
sí le pido respeto, aunque sé que usted es respetuosa y por eso le he
felicitado al comienzo de mi intervención, y así quiero terminarla. No se
deje llevar por según qué políticas de control territorial que en la
España democrática de las autonomías ya no tienen lugar. Desde el punto
de vista autonómico, España funciona bien y hay que intentar que siga
esta misma línea en materia deportiva. Para ello, no debemos tener
demasiados controles, que seguro que no resultan nada buenos para el
deporte en nuestro ámbito territorial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Font tiene la palabra.
La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve dado lo avanzado de la hora. En primer lugar, quiero
agradecerle a la ministra el tono empleado en su contestación. Desde
luego, en una época de grandes crispaciones es muy de agradecer el tono
que ha empleado; un buen tono para no haber contestado nada,
evidentemente. No ha contestado a ninguna de las preguntas pero no se
preocupe, señora ministra, que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha tenido a bien responderme. Por lo tanto, le ha ahorrado un
trabajo. Además, también quiero agradecerle al portavoz socialista el
detalle con el que ha seguido mi intervención.
Está claro, señora ministra, que nosotros no compartimos las mismas ideas
en cuanto a lo que deben ser las políticas sociales. Ustedes entienden
una forma de hacer política social y nosotros otra distinta. Usted ha
vuelto a no referirse para nada a la familia en ese paquete de medidas
que ha anunciado que se iba a poner en funcionamiento, aunque no sabemos
cuáles son. Hoy en día las familias no saben lo que pueden esperar de su
ministerio para estos cuatro años, pues no ha explicado ni ha dicho nada
al margen de las famosas guarderías de 0 a 3 años; famosas guarderías
para las que ya en el año 2004 el Partido Socialista prometió destinar
1.000 millones de euros para unas plazas que nunca se ofertaron. Hace
poco han prometido también 100 millones para las plazas de guardería,
pero creo que hemos perdido 900 millones de euros y cuatro años.
Esperemos que en los cuatro años siguientes sí se puedan crear.
Nosotros dudamos que puedan llevarse a cabo las políticas sociales que
ustedes anuncian que quieren poner en marcha, entre otras cuestiones
porque no tienen financiación. Nos falta bastante financiación. Ha
hablado de las guarderías, igual que van anunciando de un año para otro
medidas que nunca se acaban de llevar a cabo. Les falta financiación para
pagar los servicios sociales que están haciendo muchos ayuntamientos -las
comunidades autónomas también, pero sobre todo los ayuntamientos- que
están haciendo unas funciones sociales que no les corresponde hacer y que
las hacen, sacándolas de los presupuestos que tendrían que destinar a
competencias que sí son suyas para financiar estos gastos sociales, estas
políticas sociales, pasando desde inmigración a exclusión social,
guarderías para madres trabajadoras etcétera, en fin, toda la gama de
políticas que entiendo que deben ser las políticas sociales. Y es que en
muchas ocasiones el ciudadano adonde recurre en primera instancia es al
ayuntamiento: para que le proporcione teleasistencia, para que le
proporcione una asistencia domiciliaria..., en fin, toda la gama pasa por
los ayuntamientos, pagan y adelantan servicios, que luego no son
financiados adecuadamente. Por lo tanto, si quieren transferencias -ya lo
he dicho antes-, si quieren transferir servicios, páguense y páguense
adecuadamente en el tiempo y en la forma, y no asfixien a las distintas
administraciones que están sacando las castañas del fuego a mucha gente y
están dando un servicio a esta sociedad, servicio que no les compete y
hacen dejación de sus funciones en otras cuestiones que sí realmente le
corresponden.
Como usted lo ha nombrado, respecto al Consejo Interterritorial de la
Dependencia, usted habla de una mayoría. No, necesitan una doble mayoría;
ya se han asegurado ustedes de que tenga que haber una doble mayoría para
la toma de decisiones, entre otras cuestiones porque hay una mayoría que
tienen que adoptar las comunidades autónomas y como en concreto -hoy esta
es la ley de la democracia- ustedes gobiernan en más comunidades
autónomas que el Partido Popular, por poner un ejemplo, ustedes ya se
aseguran de que lo que salga de ese consejo sea lo que ustedes quieren
que salga.
En cuanto a la familia -como ya he dicho antes, usted ni la ha nombrado-,
puesto que vamos a acercarnos a Europa y puesto que tenemos una agenda
europea encima de la mesa, también quiero rogarle que se dedique más
gasto social a la familia. Gastamos cuatro veces menos que la media del
conjunto de los países de la Unión Europea. Las familias españolas son
las que menos ayudas reciben porque el gasto social en política social ni
tan siquiera ha crecido lo que ha crecido el IPC y, a modo de un ejemplo
-la verdad es que bastante lamentable para nosotros, pero que debe
servirnos de referencia para intentar alcanzar por lo menos esas metas-
citaré lo que se está viviendo en otros países europeos, donde las
mujeres alemanas reciben 154 euros por hijo; en Luxemburgo, 216 euros -en
ambos países no hay límites para la renta-; que la media europea es de
125 euros por hijo, pero en España las mujeres perciben menos de 25 euros
y el 85 por ciento no pueden percibirlos por los límites en los
ingresos.
Finalizo ya y reitero lo mismo que he dicho al principio de mi
intervención: cuenta con el apoyo y la máxima colaboración del Partido
Popular e intentaremos llegar al máximo de acuerdos posibles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Font.
Tiene la palabra, señor Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente, también voy a ser
breve.
En primer lugar, gracias, señora ministra, por el tono empleado y por las
contestaciones que nos ha vertido hoy en el Senado. Son tantos los
problemas que tenemos y como el camino se demuestra andando, podemos
empezar por cualquiera de ellos. En la primera intervención he dejado
señalados unos cuantos, pero hay otros tres que quería tocar muy
rápidamente.
En las comunidades autónomas hay tres problemas en estos momentos. En
primer lugar, un problema creado por la LOE, que es el de Educación para
la Ciudadanía. Esta es una Cámara donde no podemos dejar de oír la voz de
la calle, porque cuando en un país hay 35.000 familias que gritan y que
no son escuchadas, o que son escuchadas y no se resuelve el problema, es
porque estamos ante una situación seria. Y más aún cuando en distintas
sentencias de los tribunales el tema no está tan claro; la ministra lo
tiene muy claro, pero los tribunales no tienen tan claro si invade o no
competencias de la educación moral de sus hijos.
En todo caso, yo creo que estamos ante un problema serio, un problema más
de los que tenemos en el sistema educativo y que está generando mucha
intranquilidad a las familias, pero no solo, señora ministra, a las
familias, también a las comunidades autónomas. Si a mí me pregunta por mi
comunidad autónoma, igual el principal problema que tenemos ahora es esta
patata caliente que nos ha mandado el ministerio por ley, pero ahora hay
que resolver miles de objeciones de conciencia. Ahora bien, tenemos un
problema cuando a un padre se le dice que no se admite la objeción de
conciencia por ley y que la única solución es que se le imparta la
asignatura, que si no se le imparte no se le dará el título de graduado
en secundaria, y a raíz de ahí empiezan a salir sentencias de los
distintos tribunales donde se dice que en los contenidos de los decretos
-porque son los que pueden recurrir- hay invasión, o en otra sentencia
como la de Aragón se dice que no estudie Educación para la Ciudadanía
hasta que falle el Tribunal Supremo porque al final es quien va a
decidir. Pero la esencia de todo esto es, ¿qué ocurre mientras no deciden
sobre este tema los tribunales? Y es que a un padre no se le puede decir
que no tiene razón, porque si se le dice que por imperativo legal tiene
que cursar la asignatura entraríamos en una segunda demanda judicial. Si
ese padre o esa madre demanda al ministerio una vez que se haya impartido
la asignatura y los tribunales le dan la razón de que se ha invadido la
com-
petencia, estaríamos ante actos del Estado de prevaricación o actos no
deseados.
Porque, señora ministra -yo he leído mucho sobre el tema, le he dado mil
vueltas, se lo digo de verdad y se lo digo además aquí en la Cámara-, en
la LOE los artículos de primaria y de secundaria son tan escuetos como
que dicen que en el tercer ciclo se impartirá Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y eso mismo en la ESO; pero en el
preámbulo de la ley lo que se dice es que se hará especial hincapié en la
educación para la ciudadanía, en los derechos humanos, la Constitución
Española y la igualdad de género.
Fíjese que ya hay planteados problemas entre las distintas comunidades
autónomas y el Gobierno y entre los padres y las comunidades autónomas, y
aunque yo no soy abogado, si cojo los contenidos del Gobierno y veo la
LOE, le puedo decir que se parecen... Y es que si empezamos ya en esa
dinámica... Porque, ¿dónde ha ido el decreto del ministerio respecto de
la LOE? Señora ministra, explíqueme dónde habla usted en la LOE de
globalización, dónde habla de educación afectivo-emocional, etcétera -si
quiero puedo referirme a todos los temas-; es decir, que usted se ha
pasado bastante, y además dice que es legal, pero cuando una comunidad
autónoma se adapta a la LOE dice que no es legal. Por lo tanto eso lo
tendrán que decidir los tribunales, porque es así, no hay otra solución.
En definitiva, hay muchas familias preocupadas y desde luego es una
preocupación que yo traslado a esta Cámara para que haya una solución
viable.
Termino ya, señor presidente. Señora ministra, los profesores en la pasada
legislatura no lograron un acuerdo. Su programa electoral decía que
habría un estatuto de la función pública docente en la legislatura
pasada, la LOE dijo que antes de un año habría un estatuto de la función
pública docente y yo le ruego que reabra la negociación con las fuerzas
representativas de los profesores porque una clave del éxito escolar es
el acuerdo, el entendimiento con los profesores para mejorar sus
condiciones. Yo no tengo tiempo y no le voy a decir más cosas, pero sí a
mí me pregunta por el éxito de Castilla y León le iba a señalar una única
razón fundamental: la estabilidad del profesorado porque los profesores
de ese instituto o ese centro prácticamente todos los años son los
mismos.
Y ahora sí que termino, señor presidente. Las pruebas de acceso a la
universidad requieren un debate también y yo sé que usted va a hacer un
decreto, pero ya que no van a llegar a tiempo los decretos que las
comunidades autónomas tienen que hacer para el desarrollo del
bachillerato y los alumnos se van a matricular sin saber si va a haber
pruebas o no o cómo van a ser las pruebas, este es un punto en el que
podríamos aportar algo los distintos grupos y las distintas comunidades
autónomas porque es una cuestión de debate muy importante.
Nada más y muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abejón.
Señora Blasco, tiene usted la palabra.
La señora BLASCO SOTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias por contestar -además bastante puntualmente- las
cuestiones que le he planteado y únicamente quiero añadir brevemente dos
puntos.
El problema que veo con el Ministerio de Igualdad y la cuestión mujer y
deporte es que no sé dónde plantear estas cuestiones. Al final me da la
sensación de que se van a pasar la pelota porque he tenido la mala
experiencia de ser la presidenta de la Fundación Mujer y Deporte, en la
que estaban involucrados el Instituto de la Mujer, y el Consejo Superior
de Deportes. Para cualquier problema me remitían de uno a otro y al final
nadie hacía nada. Por eso me gustaría que desde su ministerio lo deriven,
si considera que debe ser al Ministerio de Igualdad, para atajar el
problema de mujer y deporte y romper ese círculo vicioso del que hablaba
antes.
Aquí se ha hablado de abandono y fracaso. ¿Sabemos el fracaso y el
abandono de los deportistas en la alta competición? Es algo muy
importante porque desde que el año 1988 se implantó el ADO -con el que
estoy de acuerdo porque lo viví un poco: en el año 1984 fue cuando entré
en la alta competición y en 1988 empezó el ADO- eso nos hizo
profesionalizarnos más a los deportistas y abandonar estudios por las
trabas que nos ponían o abandonar trabajos en muchos casos. ¿Qué pasa?
Que, al final, hay mucho más abandono. Lo que se hace en otros países es
incentivar el estudio o el trabajo. Conviene, pues, que busquemos otros
medios para que la beca que solo vale para vivir un año no supla la
formación o el trabajo. Esa sería una vía. Lo he dicho muchísimas veces,
y me contestan: ¡Estás loca, en el ADO hay una cantidad determinada de
dinero! Y yo contesto: Bien, pues que se busque la redistribución a
través de esa conferencia, en la que estamos de acuerdo, que tiene que
hacer el Consejo Superior de Deportes con todas las comunidades
autónomas; que se busque la forma de que cada uno coordine o ayude en ese
ámbito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blasco.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES I TORRES: Buenos días, y gracias.
Señora ministra, como en esta primera comparecencia suya ante la Comisión
de Educación, Política Social y Deporte de lo que menos se ha hablado es
de deporte -le doy la razón al señor Maldonado-, me gustaría que en la
próxima ocasión nos expusiera cuál es la política deportiva para dotar a
todas las ciudades y los pueblos de España de las estructuras e
infraestructuras adecuadas para la práctica de toda clase de deportes a
partir de la edad también adecuada. De esta forma, la juventud española
que quiera practicar un deporte no tendrá carencias.
No dudo de que eso ya se está haciendo con el Gobierno progresista que
tenemos. Sin embargo, todavía hoy, en muchos lugares de España faltan
instalaciones deportivas, sobre todo para deportes de menor práctica,
como el tiro con arco, la petanca, el paddle, etcétera. Y para poder
construir estas instalaciones deportivas, para todas las
modalidades, es necesario dotar a las comunidades autónomas de la
financiación necesaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la
señora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente.
Intervengo únicamente para agradecer las respuestas de la ministra a los
asuntos que se le han planteado e invitarle a que dialogue con todas las
comunidades autónomas. El arma de los hombres y mujeres que nos dedicamos
a la política es el diálogo, respetándonos los unos a los otros, y
considerándonos lo suficientemente inteligentes como para saber de qué
manera no entrar en las competencias de otros. Pero hay que buscar la
colaboración y el impulso de programas conjuntos entre administraciones,
que siempre serán de utilidad para la ciudadanía.
Hemos planteado los aspectos por los que tenemos inquietud y en los que
queremos trabajar durante la legislatura. Para ello, le ofrecemos de
nuevo nuestro diálogo y colaboración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.
Haré tres acotaciones, espero que brevemente, por este orden: política
social, educación y deporte. En primer lugar, en cuanto a la Ley de
promoción de la autonomía personal, estamos ante un nuevos sistema -usted
lo ha dicho muy bien, señora ministra-, que requiere tiempo. No se trata
simplemente de promulgar una ley, sino que lo que se pone en marcha es
todo un sistema, y eso, como digo, requiere tiempo.
En el apartado bueno, el Grupo Parlamentario Socialista se queda con que
hay un interés general -se ha manifestado aquí- porque la ley funcione,
porque se corrijan los errores estén en el lado que estén. Quizá una de
las disfunciones proceda de que las comunidades autónomas llevaban algún
tiempo tratando estas cuestiones, pero no desde el punto de vista
integral que propone la ley, y el tratamiento ha sido muy dispar. Hay
comunidades en las que la atención domiciliaria apenas llega al 0,3 por
ciento, mientras en otras llega casi al 15 por ciento. Casar todo esto es
enormemente difícil. Pero si es así, pongámonos de acuerdo y digamos hoy
mismo aquí, en el Senado, que nos comprometemos a estar a resultas de la
evaluación piloto. Y a partir de ahí, sumemos y rememos en la misma
dirección.
A efectos del Diario de Sesiones, quiero que quede claro lo que se ha
hablado aquí de plazas de guarderías, etcétera, porque es inexacto, al
menos en la parte que me corresponde como mínimo redactor del programa
electoral socialista. Hablar de las 300.000 plazas de guardería en la
legislatura anterior es un error. Primero, no eran 300.000 plazas de
guardería, sino de escuelas infantiles. Segundo, no eran en la
legislatura anterior, sino en el programa electoral para esta nueva
legislatura. No había 1.000 millones de euros, como se está diciendo. Y
también es erróneo que los socialistas hayamos presupuestado cien
millones de euros en esta legislatura. No: se presupuestaron en la
legislatura anterior, y son los que tenemos encima de la mesa para el año
2008. Les recuerdo de dónde salió esto: de una enmienda de Izquierda
Unida, de la legislatura pasada. Lo digo, para que no quede así en el
Diario de Sesiones y, en el futuro, cuando se hagan tesis doctorales,
algún doctorando pueda tomar esto como artículo de fe, cuando no lo es.
Respecto de la educación, aceptando la autoridad del señor Abejón en
muchos temas, tengo que decir que en Educación para la Ciudadanía no
podemos estar de acuerdo. Hay un principio que, sin ser juristas, todos
debemos entender, y es la presunción de legalidad de las leyes. Si no, no
habría certeza jurídica. Lo que se está diciendo es que se cumpla la ley.
Y una ha sido aprobada donde reside la soberanía popular. Le voy a
plantear un supuesto, señora ministra. Piense usted, si esto fuera así,
en las dificultades que tendrían ustedes en la situación siguiente: la
objeción de conciencia de familias musulmanas que impidieran que su hija
hiciese educación física, por aquello del velo, que si se lo tiene que
poner o no. Más todavía: imagínese que alguien objetara la asignatura de
biología porque en los colegios españoles se explica la teoría de la
evolución y en esa casa o en esa familia se aceptara el creacionismo como
valor. En fin, estamos ante cuestiones que se pueden disparatar si las
llevamos a la máxima incongruencia.
No quiero hacer sangre con este tema. Simplemente, las leyes están para
cumplirlas. Cuando alguien no está de acuerdo, se sigue el procedimiento
correspondiente, que consiste en ir a los tribunales. Y mientras tanto,
¿cómo no se va a cumplir la ley? ¿En qué mundo estaríamos si ello
ocurriera cada vez que uno pusiera objeciones o dijera que sus impuestos
no fueran a tal o cual actividad? Estamos ante un auténtico sinsentido.
Si estuviéramos en una Comisión de Cultura hablaríamos de un sindiós,
recordando la película de Amanece, que no es poco.
En cuanto al asunto de la estabilidad del profesorado en Castilla y León,
citada por el señor Abejón, es posible, no le voy a decir que no. Pero
únicamente le haré una acotación: posiblemente no lo diga respecto de la
formación del profesorado en Castilla y León en el ámbito rural, ya que
de 36 CFIE, Centros de Formación e Innovación Educativa, se ha pasado a
18, aunque es posible que esos 18 sean muy buenos y cubran todo el
espectro.
Sin embargo, sí le tengo que dar la razón al señor Abejón respecto del
profesorado. Necesitamos un acuerdo con el profesorado. Señora ministra,
tiene usted que sentarse con los interlocutores, porque este tema es muy
importante y tiene que salir adelante en esta legislatura
irremediablemente.
En cuanto al deporte, señora ministra, 3.10 es un paso magnífico en
maratón. Esta comisión ha empezado a las 10 de la mañana, y son las dos y
cuarto, tiempo que, como digo, no es mal paso en maratón; hacerlo a 3.10
significa no llegar a las dos horas y media en maratón, que es una buena
marca, al menos popular.
Señora ministra, en el deporte hay dos vías: el deporte profesionalizado,
el deporte de élite pero yo me quiero referir a la otra. El Grupo
Parlamentario Socialista le solicita que ponga en marcha todo lo que esté
en sus manos para llevar a cabo programas de atención al deporte, para
que este llegue a todas las clases y las edades, porque el deporte lleva
dentro de sí algo que no tienen otro tipo de actividades. Por ejemplo, en
un colegio donde haya un 50 por ciento de inmigrantes, muchos de ellos
que acaban de llegar y no hablan español, si se pone en el recreo un
balón, se van a entender todos. Por lo tanto, el deporte, aunque
trivializado en este ejemplo, cuenta con unos valores que deberíamos
utilizar mucho más como palanca para el mutuo acercamiento y la ética de
los valores.
Por último, y como usted no nos puede resolver el tema de la Eurocopa, el
Grupo Parlamentario Socialista no se lo va a pedir. (Risas.) Por otro
lado, esperamos que en Pekín se consigan mucho más de 20 medallas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.
Señora ministra, para concluir el debate, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera
Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.
Agradezco las intervenciones de todos los grupos. Aunque no podré
contestar a todos los temas que han ido saliendo, sí daré respuesta a
alguno de ellos.
En cuanto al portavoz de Convergència i Unió y su preocupación por las
becas, sé que la interpretación de la sentencia del Tribunal
Constitucional es discutida en Cataluña. Sin embargo, nosotros publicamos
un real decreto de bases de nuestro sistema de becas en el que cumplimos
con la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, abrimos la
posibilidad de una colaboración entre la Administración General del
Estado, el ministerio y las comunidades autónomas para el despliegue de
determinadas becas, y considero que la participación de las comunidades
autónomas en la política de becas es absolutamente fundamental.
Aunque entiendo el ejemplo que me ha planteado en relación con su
provincia, si se para a pensarlo, es aplicable a cualquier provincia de
otras comunidades autónomas. En este sentido, estoy convencida de que en
la evaluación de la política de becas aparecerán los desfases que puedan
existir entre los programas de becas actuales, así como los cambios que
han tenido lugar en nuestra realidad social, pues, probablemente, quienes
ahora necesitan movilidad para ir a estudiar fuera antes podían no
necesitar becas, simplemente, porque no iban a estudiar. Por lo tanto,
necesitamos adecuar la política de becas a los cambios.
Un comentario que sería discutible, y que ya discutiremos, es el hecho de
que, efectivamente, hace falta un pacto por la educación y dar
estabilidad al sistema educativo. Sin embargo, no podemos confundir eso
con rigidez en el sistema educativo. Es decir, la estabilidad que debemos
dar al sistema debe ser compatible con la flexibilidad para adaptarse a
los cambios. Y es que si el cambio nos parece bueno en cualquier ámbito
de la sociedad y de nuestras actividades, teniendo en cuenta que vivimos
en una sociedad que cambia a la velocidad a la que lo hace, difícilmente
podríamos defender un sistema educativo incapaz de ir adaptándose a esos
cambios. Por lo tanto, estabilidad, por supuesto, pero también capacidad
y flexibilidad para adaptarse.
No he comentado nada sobre el contrato dual, aunque, indudablemente,
entiendo por dónde va en relación con las vías que debemos abrir en la
Formación Profesional para hacer compatible la formación con el trabajo.
En relación con la Ley de depedencia, usted ha dicho que hemos pasado de
la expectación inicial a la frustración. Sé que este es un comentario,
aunque espero que no esté tan generalizado. Y que no se nos olvide nunca
que las más de 200.000 personas que están siendo atendidas en estos
momentos no lo estarían si no existiera la ley. Probablemente, como el
horizonte que nos marcamos es tan ambicioso, nos parece que lo que se ha
llevado a cabo en año y medio no es nada. Entiendo que haya personas
convencidas, y tienen todo el derecho, de que deberían haber sido
atendidas ya, pero eso no nos puede hacer olvidar que hay personas que sí
han sido atendidas ya y que, probablemente, no lo habrían sido si no
existiera la ley. Este es un ejercicio de honradez que deberíamos hacer
todos.
Y es muy probable que necesitemos más financiación, pero no podemos hablar
de más financiación sin saber realmente de qué estamos hablando; y no
solo la Administración General del Estado, sino también las comunidades
autónomas. Por eso, este es el momento de pararnos a pensar y medir, en
tanto que seamos capaces de hacerlo porque el horizonte puede cambiar,
qué financiación exige el sistema que queremos poner en pie, nosotros,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Vamos a llevar a cabo ese
ejercicio, y seguro que volveremos a hablar de él, pero no creo que se
deba hablar de la necesidad de más financiación sin hablar al mismo
tiempo de las complejidades del sistema que estamos poniendo en pie,
porque también estoy convencida de que con doblar, triplicar y
cuadruplicar la financiación no resolveríamos muchos de los problemas que
se están planteando. Por lo tanto, creo que es necesarios hablar de las
dos cosas a la vez.
Señor Maldonado: paternalismo, nunca, ni con las comunidades autónomas ni
con las federaciones deportivas. No me pida usted que respete las
competencias de una y me salte las de las otras, porque las federaciones
también las tienen -le pueden parecer mejor unas que otras, y que
deberíamos tener una política más activa en relación con unas que con
otras-, y entienda que yo no puedo hacer eso como ministra de deporte. No
se me había ocurrido lo de cambiar el orden del nombre del ministerio,
pero
teniendo en cuenta que ustedes ya me han dicho que este ministerio es lo
que es, si cambio el orden del enunciado... En cualquier caso, no le
quepa ninguna duda -y también se lo digo al señor Bedera, pues se ha
referido a ello- que vamos a hacer todo lo posible para que las políticas
deportivas sean una pieza fundamental de la actividad de este ministerio.
Estamos convencidos de que deben serlo, porque son imprescindibles y
buenas en muchos sentidos, también en lo que tienen de vehículo de
cohesión social, mucho más que muchos otros instrumentos de intervención
en políticas sociales.
Señora Font, le agradezco que elogie el tono de mi intervención, y me va a
permitir que lamente el tono de la suya en algún momento. Señoría, no
hemos perdido cuatro años en Educación Infantil; el ministerio ha
invertido en la última legislatura casi 900 millones de euros en la
gratuidad del plan de 3 a 6 años que estaba contemplado en la Ley de
calidad de la educación, pero que nunca estuvo presupuestado. Sé que esto
no le va a convencer, pero los 900 millones están ahí, y le puedo
asegurar que han ido destinados a financiar la gratuidad en Educación
Infantil. Y probablemente ahora tengamos que hacer un esfuerzo similar en
la Educación Infantil de 0 a 3 años, y no le quepa duda de que lo vamos a
intentar; otra cosa es que usted crea que lo vamos a conseguir o no. Y
tampoco le quepa ninguna duda que nada más lejos de mis intenciones que
asfixiar a las administraciones locales. (La señora Font Bonmatí hace
signos negativos.) Sí lo ha dicho, lo tengo apuntado entre comillas.
Dice: deje usted de adoptar políticas que asfixian a las
administraciones. Le puedo asegurar que esa no es mi intención. Y también
que sin una mayoría de las comunidades autónomas en el consejo
territorial no se puede decidir nada; y, desde luego, no forma parte del
pensamiento maquiavélico del Gobierno decidir esto cuando tiene o no
tiene mayoría en los gobiernos de las comunidades autónomas, mayorías
que, evidentemente, pueden cambiar; y la reglamentación del consejo
territorial seguirá siendo la misma.
Señor Abejón, me va a permitir que no hable de Educación para la
Ciudadanía, porque es una patata caliente, pero no por mi culpa. Yo me
limito a hacer lo que tengo que hacer, que es hacer cumplir la ley. Y en
un Estado de Derecho los ciudadanos saben -y por eso lo han hecho-,
cuando sienten vulnerados sus derechos, que pueden acudir a los
tribunales. Y mientras los tribunales no decidan, el Gobierno y este
ministerio lo que tienen que hacer es cumplir la ley porque, si no, la
acusación que me podría hacer usted sería bastante peor que la que me ha
hecho. Y mientras los tribunales no decidan -y ha habido sentencias en
todas las direcciones-, este ministerio va a hacer cumplir la ley. Y
cuando los tribunales decidan, atendiendo a lo que decidan, veremos si
hay que hacer algo o no. Esto, por un lado. Por otro, si quiere -aunque
no quisiera entrar en este tema- le puedo explicar por qué pienso que
Educación para la Ciudadanía es una excelente opción en nuestro sistema
educativo. Usted ha dado a entender que el desarrollo por decreto -y es
el último comentario que hago- contradice la ley, y yo le remitiría al
informe del Consejo de Estado sobre los decretos, que no sobre la ley.
En cuanto a los profesores, estoy totalmente de acuerdo: son una pieza
fundamental. Es verdad que mantuvimos muchas conversaciones a lo largo de
la legislatura pasada con las organizaciones sindicales sobre el estatuto
de la Función Docente; que llegamos más allá de donde se había llegado
con anterioridad. Pero también es verdad que esa es una apuesta que sigue
pendiente y, desde luego, vamos a retomar las conversaciones y a tratar
de conseguir que ese estatuto sea realidad en esta legislatura. Lo
tendremos que hacer también con las comunidades autónomas, porque son
competentes en materia de profesorado y, por lo tanto, un estatuto tiene
que tener en cuenta cuál es la realidad del profesorado en cada una de
esas comunidades, que fue otro de los asuntos que salió -aunque no se
discutió- como tema a contemplar en la conferencia sectorial del otro
día.
Señora Blasco, no tengo datos sobre el abandono y el fracaso, pero me
parecería muy bien disponer de esa información. Estoy de acuerdo también,
y me refiero asimismo al señor Maldonado, en dedicar una sesión de debate
-con el tiempo suficiente como para haber preparado algunos temas- en
esta comisión a los temas deportivos que, insisto, van a ser muy
importantes y centrales en este ministerio.
Le doy las gracias a la señora Baig por su oferta de colaboración. Y en
cuanto a las tareas que me ha puesto el señor Bedera, serán atendidas
cumplidamente.
Muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios, y espero que nos
veamos pronto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Agradeciendo la presencia de la ministra y el trabajo de todos ustedes a
lo largo de hoy, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
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