DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 11/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 152
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 146
celebrada el jueves, 11 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva
98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a
la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 25-1, de 22 de diciembre de
2000. (Número de expediente 121/000025.) ... (Página 7682)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
Internacionales:
- Decisión del Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos
propios de las Comunidades Europeas, hecha en Bruselas el 29 de
septiembre de 2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
247, de 8 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000141.) ... (Página 7687)
- Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 248, de 8 de febrero de
2002. (Número de expediente 110/000142.) ... (Página 7688)
- Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania,
hecho en Tirana el 22 de noviembre de 2001. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 249, de 8 de febrero de 2002. (Número de
expediente 110/000143.) ... (Página 7688)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de
Andorra, hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 250, de 8 de febrero de 2002. (Número
de expediente 110/000144.) ... (Página 7688)
- Protocolo de Kioto al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 259, de 15 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000151.) ... (Página 7688)
- Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en
materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 263, de 25 de febrero de 2002.
(Corrección de error "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
271, de 28 de febrero de 2002.) (Número de expediente 110/000152.) ... (Página 7688)
- Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros
de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los
privilegios e inmunidades otorgados al Instituto de Estudios de Seguridad
y al Centro de Satélites de la Unión Europea, así como a los miembros de
su personal, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2001. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 264, de 25 de febrero de 2002. (Número
de expediente 110/000153.) ... (Página 7688)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de
Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 265, de 25 de febrero
de 2002. (Número de expediente 110/000154.) ... (Página 7688)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre
transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en
Bratislava el 27 de noviembre de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales",
serie A, número 266, de 25 de febrero de 2002. (Número de expediente
110/000155.) ... (Página 7688)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del
Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 267, de 25 de febrero
de 2002. (Número de expediente 110/000156.) ... (Página 7688)
- Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
actividades de los centros culturales, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 268, de 25 de
febrero de 2002. (Número de expediente 110/000157.) ... (Página 7688)
- Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los
transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980,
hecho en Vilna el 3 de junio de 1999. "BOCG. Sección Cortes Generales",
serie A, número 269, de 25 de febrero de 2002. (Número de expediente
110/000158.) ... (Página 7688)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número
68-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente 121/000068.) ... (Página 7693)
- Proyecto de Ley por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 70-1, de 15 de marzo de 2002. (Número
de expediente 121/00070.) ... (Página 7713)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985,
de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos
relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 71-1, de 15 de marzo
de 2002. (Número de expediente 121/000071.) ... (Página 7722)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para la incorporación al derecho español de la directiva
98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a
la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas ... (Página 7682)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano,
del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; y los señores Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación en primer lugar el párrafo décimo de la exposición de
motivos, se aprueba por 266 votos a favor y ocho abstenciones.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas del Senado, se aprueban por
263 votos a favor y diez abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página 7687)
Decisión del Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos
propios de las comunidades europeas, hecha en Bruselas el 29 de
septiembre de 2000 ... (Página 7687)
Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001
... (Página 7688)
Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania, hecho
en Tirana el 22 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de
Andorra, hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Protocolo de Kyoto al Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 ... (Página 7688)
Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en
materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001 ... (Página 7688)
Decisión de los representantes de los gobiernos de los estados miembros de
la
Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los privilegios
e inmunidades otorgados al Instituto de Estudios de Seguridad y al Centro
de Satélites de la Unión Europea, así como a los miembros de su personal,
hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2001 ... (Página 7688)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de
Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página 7688)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre transporte
internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Bratislava
el 27 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del
Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ... (Página 7688)
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
actividades de los centros culturales, hecho en Madrid el 15 de noviembre
de 2001 ... (Página 7688)
Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los
transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980,
hecho en Vilna el 3 de junio de 1999 ... (Página 7688)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Grau Buldú, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Cunillera i Mestre
y el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Llorens Torres y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de los dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7693)
Proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico ... (Página 7693)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Ciencia y Tecnología
(Birulés Bertrán). Explica que se trata de un proyecto de ley que forma
parte de la política global del Gobierno para lograr el pleno desarrollo
de la sociedad de la información en España y uno de los principales ejes
de su acción política. La importancia de este proyecto de ley, las
ventajas y las oportunidades que ofrece a los ciudadanos, añade, se
derivan principalmente del entorno de comunicaciones electrónicas en el
que hoy se están desarrollando ya múltiples actividades de la vida
cotidiana, y el objetivo que persigue el Gobierno es el establecimiento
de un marco jurídico estable que proporcione seguridad jurídica y
confianza para impulsar el desarrollo rápido y vertebrado de la sociedad
de la información y del comercio electrónico en España. Después de
analizar las razones que ha tenido el Gobierno para la presentación de
este proyecto de ley y exponer las medidas de protección y garantía de
los intereses del usuario, concluye destacando que el proyecto de ley no
sólo se ajusta a la directiva europea y al ordenamiento jurídico español,
sino que, en el largo y amplio proceso de elaboración que ha tenido, se
han incorporado las aspiraciones de todas los sectores interesados en el
desarrollo de Internet, por lo que hoy llega al Parlamento con un grado
de maduración considerable, y espera que en la tramitación parlamentaria
se enriquecerá aún más, de modo que, una vez convertido en ley, generará
confianza en los usuarios y en los ciudadanos, contribuyendo
decisivamente a una más rápida implantación de la sociedad de la
información y el comercio electrónico en España.
En defensa de las enmiendas de devolución presentadas intervienen el señor
Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Labordeta
Subías, Aymerich Cano, Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario
Mixto; y González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas de totalidad con texto alternativo intervienen
la señora Urán González,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Pérez
Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato
Adrover.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas de totalidad de devolución
planteadas, se rechazan por 108 votos a favor, 173 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 108 votos a favor y 173 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 110
votos a favor y 172 en contra.
Del proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ... (Página 7713)
El señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior
(Rajoy Brey), en nombre del Gobierno, comparece ante el Pleno de la
Cámara para informar acerca del proyecto de ley por el que se regula el
fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, que acaba de ser aprobado por el Gobierno y que hoy se
somete a debate de totalidad, comenzando así su tramitación
parlamentaria, en la que espera se alcance un importante nivel de acuerdo
y consenso entre los grupos. Explica el artículo 374 del Código Penal, en
el que se establece que los bienes decomisados por tráfico de drogas
deben ser adjudicados al Estado, y la Ley 36/1995, de 11 de diciembre,
que vino a completar el referido precepto penal, creando un fondo de
titularidad estatal que se nutre exclusivamente de dichos bienes, así
como de los incautados por la fabricación o tráfico ilícito de
precursores. Da una serie de datos que permiten hacer una valoración
positiva de las actividades del fondo desarrolladas hasta ahora, así como
del grado de cumplimiento de los objetivos que se perseguían en el ámbito
de la lucha contra el fenómeno social de las drogas en nuestro país, y
analiza también, por otra parte, algunas deficiencias u omisiones de
importancia a las que se pretende dar respuesta con este proyecto de ley.
Finalmente, reitera la gran importancia que tiene este proyecto de ley
que, además de dar cumplimiento a la previsión contenida en el Convenio
de la ONU de 1988 contra el tráfico ilícito de drogas, es un instrumento
de gran importancia y utilidad en la referida tarea, y confía en que las
aportaciones de los grupos parlamentarios sean del máximo interés para el
contenido de esta nueva norma, concitando el mayor nivel de acuerdo
posible.
En defensa de la enmienda de totalidad interviene la señora Romero López,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Alcaraz Masats, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Pérez
Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley por el que se regula el fondo
de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, se rechaza por 89 votos a favor, 176 en contra y ocho
abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página 7722)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de
diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al
servicio militar y a la prestación social sustitutoria ... (Página 7722)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Acebes
Paniagua), en nombre del Gobierno. Se trata, dice, de un proyecto que
tiene por objeto adaptar las disposiciones penales a la situación
producida tras la profesionalización de las Fuerzas Armadas y a la
consiguiente suspensión de la obligación de la prestación del servicio
militar y de la prestación social sustitutoria, con efectos de 31 de
diciembre de 2001. Destaca la oportunidad del momento en que se tramita y
hace alguna referencia sobre el procedimiento elegido para la
tramitación. En definitiva, añade, este proyecto de ley, que confía en
que hoy sea aprobado por la Cámara, adopta las
medidas necesarias, fruto de un análisis riguroso, para conseguir que el
ordenamiento jurídico se adapte a la nueva realidad, dando una solución
global y definitiva a los problemas que pueden derivarse de la suspensión
de la obligación del servicio militar y de la prestación social
sustitutoria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Saura
Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pajín Iraola, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Castro Fonseca,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Atencia
Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un breve turno por alusiones intervienen la señora Castro Fonseca y
Atencia Robledo.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley por los
grupos parlamentarios Mixto, Socialista y Catalán (Convergència i Unió.)
A continuación se somete a votación el texto del proyecto con las
enmiendas que han sido aprobadas, por tramitarse en lectura única, que es
aprobado por 256 votos a favor y una abstención.
Finalmente se somete a votación de conjunto el texto del proyecto de ley
por tener carácter orgánico, que es aprobado por 256 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO,
DE PATENTES, PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA
98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. (Número de
expediente 121/000025.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho
español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para anunciar que el Bloque
Nacionalista Galego va a mantener el voto negativo que tuvo respecto de
esta ley ya en sus debates en el Congreso, porque las enmiendas
introducidas por el Senado y la propia tramitación que de este proyecto
se hizo en el Congreso no modifica en nada las razones... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Aymerich.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra. Les ruego guarden
silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, presidenta.
Decía que después de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley,
tanto en el Congreso como en el Senado, las razones que motivaron nuestro
voto negativo siguen ahí. No se recoge la necesidad de requerir el
consentimiento informado de las personas de las que se extraigan
elementos que luego pueden ser patentados, es decir, sobre los que luego
se puede constituir un derecho de propiedad. Aparece en la exposición de
motivos, pero todos sabemos que la exposición de motivos no tiene
carácter jurídico vinculante, en todo caso tendría un carácter
interpretativo y, por tanto, crea inseguridad jurídica. Y lo mismo sucede
respecto de otra cuestión, como es la obligación de mencionar el origen
geográfico del que proceden determinadas invenciones. También hay una
referencia incidental en la exposición de motivos del proyecto de ley,
pero no en la parte dispositiva del mismo.
Por estas razones y por las ya expuestas tanto en el debate que tuvimos en
el Pleno del Congreso como en el que hubo en el Pleno del Senado, el
Bloque Nacionalista Galego anuncia su voto en contra a las enmiendas que
proceden del Senado, así como al proyecto de
ley. Por cierto, pensamos que esta ley, por afectar a derechos
fundamentales, debería ser una ley orgánica.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que recibimos del
Senado, porque salvando la mayoría que son de corrección técnica, de
adecuación gramatical, de un reagrupamiento sistemático por la supresión
de algunos apartados, hay dos aportaciones muy significativas por parte
del Senado. La primera se refiere al artículo primero, sobre las
condiciones de patentabilidad, en lo que hace referencia a la
modificación del artículo 4 de la Ley de Patentes. Creo que es oportuno
que se haya introducido en un apartado 4, en lo que no se consideran
invenciones en apartados anteriores, la referencia a los descubrimientos,
la teoría científica, los métodos matemáticos, la referencia a las obras
literarias, artísticas o de cualquier otra creación estética, así como
las obras científicas, los planes, reglas, etcétera, de actividades
intelectuales. Esto era necesario que se distinguiera en el texto legal y
nos parece que aporta un enfoque de claridad y, por tanto, da seguridad
jurídica para que se sepa de qué se está hablando y qué es lo que se está
considerando dentro de la ley. Lo mismo ocurre con lo que ahora pasa a
ser un apartado 2, que antes era el 3 cuando salió de esta Cámara,
también en este artículo 4 bis, las introducciones que se hacen sobre las
referencias al cuerpo humano en las diferentes fases o estadios de
constitución y desarrollo, así como lo referente al simple descubrimiento
de uno o más elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de
un gen. Se ha hecho una adecuación al conocimiento científico de este
momento y, por tanto, nos parece oportuna esta nueva descripción de
seguridad jurídica también para la aplicación industrial de aspectos de
la ingeniería genética.
Por estas razones, entendiendo que son enmiendas que aportan un
perfeccionamiento positivo, mi grupo va a votarlas todas y cada una de
ellas favorablemente.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario mantiene la misma posición que mantuvo durante el
debate de la ley en el Congreso. Sabemos que esta ley no va a mejorar las
condiciones de patentabilidad de los descubrimientos y, desde luego,
sabemos también y somos conscientes, o deberíamos de serlo como Cámara,
que lo que estamos haciendo con esta ley es patentar algunos aspectos que
nunca serán invenciones y que en todo caso serían descubrimientos.
Estamos hablando de determinadas secuencias de los genes o de la genética
del cuerpo humano, con independencia de que se haya podido mejorar el
texto.
En el Senado fundamentalmente ha habido correcciones técnicas, y para mi
grupo parlamentario quizás la enmienda más importante, que es la que
vamos a votar a favor, aunque esté sólo en la exposición de motivos y no
en el texto del articulado, es aquélla que habla de la necesidad, de la
obligación ya en este caso de que cuando a una persona se le vaya a tomar
muestras para hacer cualquier tipo de investigación deba ser informada y,
además, tenga que prestar el libre consentimiento para que se le pueda no
solamente hacer las pruebas, sino después poder patentar aquello que se
pueda descubrir o que se pueda inventar, entre comillas, según el texto
que se aprueba en esta Cámara.
Por lo demás, señorías, suelen ser modificaciones de texto, pero vamos a
mantener el mismo voto; en este caso si no el mismo, nos vamos a abstener
para mantener nuestra posición debido al descontento y a nuestra
oposición a este texto que hoy se termina de aprobar en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de las
enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley de protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas. Debo reconocer a SS.SS. que
partíamos inicialmente de un acuerdo muy sustancial con el proyecto,
trasposición por lo demás de una directiva; éste se correspondía con la
posición del Gobierno de la Generalitat, y ello determinó que
presentásemos sólo dos enmiendas en el Congreso. Una se refería a la
necesidad de desarrollo legal del régimen de depósito de la materia
biológica, puesto que el que contenía el proyecto de ley nos parecía
insuficiente; esta enmienda fue aceptada en el Congreso de los Diputados,
aunque ha sido matizada por el Senado.
El segundo aspecto, con el que coincidíamos con otros grupos
parlamentarios, era la necesidad de que el proyecto de ley contuviese una
referencia al derecho a la información y a la prestación del
consentimiento en los supuestos de tomas de muestras -a los que se hacía
referencia anteriormente- o extracción de cualquier tipo de materia
biológica que pudiesen acabar determinando
una patente. En este caso debo reconocer que el grupo parlamentario
mayoritario se ha quedado a mitad de camino. Por un lado, hemos logrado
que, de la misma manera que la directiva comunitaria contenía una
referencia a este consentimiento libre informado en su exposición de
motivos, la misma se haya incluido también en la exposición de motivos de
la ley, pero el planteamiento de mi grupo parlamentario era más amplio.
Pretendíamos que no se hiciese esa afirmación tan tajante que se ha
introducido en la exposición de motivos, diciendo que la obtención de ese
consentimiento libre e informado no constituye condición para la
obtención de la patente ni afecta a su validez. Entendemos que se produce
una auténtica lucha escocesa. Por un lado, se afirma el principio, muy
válido, de la necesidad del consentimiento libre e informado, mientras
que la siguiente referencia elimina los efectos más potentes que podría
tener la vulneración de ese principio, que eran la imposibilidad de
obtención de la patente o la pérdida de validez de la misma. Ahí nos
hemos quedado a mitad de camino.
Mi grupo parlamentario pretendía a través de una disposición adicional que
se nos remitiese un proyecto de ley que regulase la obtención del
consentimiento libre e informado. Debo decir que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado manifestó que esa ley no era
necesaria, puesto que el artículo 10 de la Ley General de Sanidad de 1986
ya establecía ese derecho. Para nosotros sigue siendo absolutamente
necesario. En primer lugar, porque lo que regula, obviamente, la Ley
General de Sanidad son los actos médicos; no es lo mismo hablar del
consentimiento libre e informado respecto del sometimiento o no a un
determinado tratamiento y la posibilidad de elegir entre diversas
soluciones terapéuticas o rechazarlas todas, que del mismo consentimiento
para la obtención de materia biológica humana. Esto último es lo que no
tenemos regulado y entra como principio en el convenio de Oviedo de 1997,
de protección de los derechos del hombre y de la dignidad del ser humano
respecto de aplicaciones de la biología y la medicina, huérfano de una
regulación más específica, que nosotros seguiremos solicitando a esta
Cámara en otro momento procesal.
Votaremos a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, como he
dicho, señorías, e intentaremos conseguir en el futuro lo que no hemos
podido obtener en esta tramitación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Vuelve al Pleno de este Congreso la modificación de la Ley de Patentes,
que tiene que ver con las invenciones biotecnológicas. Este proyecto de
ley ha tenido un largo viaje, que empieza en Europa, ha terminado en
España y ha tenido una larguísima duración; casi 13 años para que esta
ley se apruebe y tenga aplicación en España.
El Grupo Socialista ha estado trabajando en el Parlamento Europeo desde el
principio para poder llevar a cabo estas medidas que creemos que son
necesarias por una razón fundamental: la importancia de la biotecnología
y de las ciencias de la vida es un hecho real. Hay una distancia grande
entre nuestro país en el conjunto de Europa y Estados Unidos y Japón; es
bueno que haya una armonización desde el punto de vista jurídico por
parte de todos los países que componen la Unión Europea y es bueno, por
tanto, que se hagan una serie de esfuerzos para disminuir esas
distancias. Pero dentro de esos objetivos que marca la propia Unión
Europea, que hemos marcado entre todos, hay un segundo objetivo y es que
haya una participación de la sociedad, un diálogo y supervisión de estas
políticas biotecnológicas, un desarrollo de la biotecnología de forma
responsable y en armonía con los valores éticos y los objetivos de la
sociedad. Ese viaje que emprendimos en Europa ha tenido un final aquí en
España con un aspecto que, a nuestro modo de ver, hace que la ley no sea
suficientemente positiva y que tiene que ver con que no aparece en
absoluto lo que tiene que ser la defensa de los intereses globales de la
sociedad, y es que haya un comité de ética de carácter estatal que
permita sopesar esos avances de la biotecnología y que tenga enfrente un
contrapoder -podríamos llamarlo así-, que es la propia sociedad a través
de los informes que puedan emitir esos comités nacionales. Esta es la
pega que le ponemos al proyecto de ley -lo dijimos en esta tribuna-
porque llevamos muchos años esperando en España que exista un órgano de
esas características. Tenemos que decir, repito, que el resultado de ese
inicio que hicimos conjuntamente con el Grupo Popular y con un número
importante de partidos políticos y de grupos parlamentarios en Europa es
peor de lo que allí nació.
En cualquier caso, de modo global, vamos a estar a favor también de las
enmiendas -luego me referiré a ellas- que se han aprobado en el Senado,
que mejoran levemente el texto del proyecto de ley y que recogen algunas
enmiendas que ya planteó el Grupo Socialista aquí en el Congreso y que no
se tuvieron en cuenta. Nuestra queja o nuestro desacuerdo matizado tiene
que ver con que no se tiene suficientemente en cuenta algo que han dicho
otros grupos, el principio del consentimiento informado. Creo que hay un
cierto empecinamiento -así tiene que calificarse- cuando no se acepta que
haya una trasposición exacta de un considerando que está en Europa, el
considerando 26. También es un empecinamiento -es otra de las pegas que
ponemos a cómo ha terminado este proyecto de ley- que no se tenga en
cuenta lo que son los derechos de terceros países; no se aceptan
enmiendas que tienen que ver, por
ejemplo, con citar el convenio de biodiversidad, o de diversidad biológica
que ha suscrito nuestro país en el año 1993. Creo que es un
empecinamiento del Gobierno no aceptar este tipo de enmiendas. También es
un empecinamiento el que los derechos de los agricultores, principalmente
de los pequeños agricultores, se vean tocados de alguna manera por este
proyecto de ley y se impida que se cite lo que es la normativa española
que afectará también a esa patentabilidad de las invenciones a las que
nos estamos refiriendo como ha recomendado, por ejemplo, un
vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
También es un empecinamiento no querer aceptar ningún tipo de enmienda
que tenga que ver, por ejemplo, con la terminología, con el léxico,
utilizando unos términos que no consideramos adecuados y no haciendo caso
a lo que dice el vicepresidente y algún otro miembro de la Real Academia
Española de la Lengua. Por eso sentimos que no se ha aprovechado
suficientemente esta posibilidad, partiendo de la base -como se ha dicho
en otros casos y desde otras tribunas- de que esto tampoco va a ser una
panacea; va a dar seguridad jurídica, evidentemente, a las empresas; no
va a dar seguridad jurídica, como nos gustaría a nosotros, al conjunto de
los ciudadanos porque falta un órgano de ética que permita contraponer
esos avances científicos con que la sociedad sea consciente de aquello
que se va a poder patentar. En este sentido, repito, estamos algo
desilusionados.
Simplemente por citar lo que dice la directiva europea y no se ha
traspuesto, en su artículo 7 -no es exposición de motivos, es articulado-
se dice textualmente: El grupo europeo de ética de las ciencias y las
nuevas tecnologías de la Comisión evaluará todos los aspectos éticos
vinculados a la biotecnología. ¿Quién va a evaluar eso aquí si no tenemos
a nadie que lo evalúe con un nivel adecuado? Ustedes saben que Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Portugal y, por supuesto, Estados Unidos, Australia y Canadá
tienen un comité nacional de estas características. Prácticamente sólo
España y Grecia son países en la Unión Europea que no tienen estos
comités. ¿Tenemos que estar a la cola no sólo en inversión en
investigación y desarrollo, en número de investigadores por mil
habitantes ocupados, en transferencia de tecnología, sino también a la
hora de crear un comité de ética? Esto es empecinamiento y no se entiende
desde el Grupo Socialista. No me vale que se diga que se ha creado una
fundación hace cuatro meses y que se quiere poner allí un grupo para que
asesore sobre ética, que ni se ha creado, contraviniendo todo lo que se
ha aprobado en esta Cámara y contraviniendo respuestas que se me han dado
a preguntas escritas, que sinceramente es un sucedáneo que no tiene
parangón con lo que ocurre en otros países.
Estos son, creo, los defectos que hay que poner encima de la mesa,
manteniendo la misma posición de fortaleza y de apoyo a lo que es el
conjunto de este proyecto de ley, notando que la transcripción española
ha empeorado lo que se aprobó en Europa, con artículos que no se
transcriben y estructuras que no tenemos, cuestiones que, repito, creo
que nos dejan a la cola de Europa.
En este sentido, el trámite del Senado, ese viaje del Congreso al Senado y
su vuelta, hemos de reconocer que ha tenido alguna ventaja. En primer
lugar, se han aceptado las enmiendas que Carlos Navarrete defendió desde
esta tribuna y que tienen que ver con el tratamiento técnico jurídico.
Creo que también aquí hubo un cierto empecinamiento y se dijo desde esta
tribuna por Carlos Navarrete que no parecía una buena técnica jurídica
crear, cuando se modifica una ley como es la Ley de Patentes, una serie
de artículos bis, a no ser que fuera absolutamente necesario. Creo que en
el Senado se ha entendido el planteamiento que se hizo allí -agradecemos
que se hayan incorporado esas enmiendas- y se han suprimido aquellos
artículos bis, el 4, el 5, el 51 que se creaban de manera artificial en
la ley. También se ha mejorado, como se ha expresado en el Pleno de hoy,
lo referente a la regulación de las condiciones de depósito,
almacenamiento y conservación de la materia biológica. Se cita el
convenio de Budapest. Me ha llamado mucho la atención que cada vez que
redactamos una enmienda y citamos en el proyecto de ley algún convenio
internacional o alguna ley española o europea, etcétera, no se abre la
posibilidad de mencionarlo. En este caso se cita, como también planteamos
aquí, el convenio de Budapest, como no podía ser de otra manera, que de
alguna forma introduce mejoras.
El resto son enmiendas de menor importancia que se han incorporado, desde
una "o" hasta dos comas -bienvenidas sean-, desde un deberá por un
debería, lo que nos parece estupendo. Por tanto, no tenemos ninguna
objeción para votar favorablemente las enmiendas que se han incorporado
en el Senado.
Creemos sinceramente que la investigación española no va a mejorar de
manera drástica por el hecho de que se apruebe esta ley, que los
problemas son mucho más estructurales, de falta de inversión, porque
solamente el 0,59 por ciento de las patentes europeas son españolas. Que
nadie piense que esto es una panacea. En segundo lugar, pensamos que tal
y como se aprueba el proyecto de ley de alguna manera los ciudadanos en
su conjunto quedan en un cierto grado de inseguridad jurídica. Hemos
debatido en esta Cámara la importancia de los avances científicos, hemos
dicho que tienen que ir en beneficio de la humanidad, pero siempre hemos
hablado de que en el otro platillo de la balanza tiene que haber un
contrapeso, que es la participación de la propia sociedad para dar
seguridad jurídica y de todo tipo a esa sociedad.
Por cierto, en cuanto a las células madre, con la aprobación de este
proyecto de ley se permite su patentabilidad; otro hecho es que las
legislaciones nacionales no dejen investigar sobre eso, pero sépase que
con
este proyecto de ley, tal como viene especificado en la exposición de
motivos, perfectamente se pueden patentar los métodos de aislamiento de
células madre. Quede aquí encima de la mesa. Esta es otra de las cosas
que nos anima a votar a favor.
El Grupo Socialista observa que cuando se ve -si vale la imagen-
microscopio electrónico o cualquier aspecto cuando se trata con células
madre, parece que el Grupo Popular no pone ni siquiera la lupa para
intentar darse cuenta de que sería necesario y que simplemente había que
votar una enmienda nuestra para crear ese consejo español de ética de la
ciencias y las tecnologías, como lo tienen todos los países de nuestro
entorno. De esta forma habríamos avanzado, estaríamos todos satisfechos y
defenderíamos los intereses de la sociedad.
Por todo ello, repito, creo que el viaje de este proyecto de ley ha sido
azaroso y largo, ya que ha durado 13 años. Tenemos un producto que no es
el que queríamos, no es el mejor que se podía tener. Queremos -y termino-
agradecer la contribución de todos los grupos en la aceptación de
nuestras enmiendas o de nuestras transaccionales, también por supuesto la
labor de mi compañera la señora Fernández de Capel, representante del
grupo mayoritario, pero nos quedamos con ese mal sabor de boca, porque
creo que hemos perdido una magnífica oportunidad para poner también a
nuestro país en aspectos de ética entre los primeros de Europa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas que nos ocupan procedentes de las deliberaciones
del Senado, al amparo del artículo 90.2 de la Constitución, sobre el
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para poder incorporar al derecho español, a través de una
modificación de la Ley General de Patentes, la directiva 1998/44 del del
Parlamento Europeo, sobre protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas, que aparece con una exposición motivada, incorporan al
texto una serie de mejoras, la mayor parte de ellas de tipo técnico y
aclaratorio sobre todo en algunos puntos básicos, en los que la
trasposición de la ley no es fácil por el mecanismo que se ha utilizado y
por la materia de que se trata. Estas enmiendas introducen modificaciones
y en cierta medida mejoran técnicamente el texto.
Se introducen modificaciones a la exposición de motivos y al articulado.
No fue un debate baladí el que se tuvo sobre la exposición de motivos del
texto porque la trasposición de una directiva, que es de obligado
cumplimiento, contempla una serie de requisitos básicos que han de ser
incorporados, pero a los que no se pueden añadir ni más ni menos que los
que la directiva propone, de modo que alguna de las sugerencias que se
hicieron a los ponentes del texto tuvieron que ser incorporadas no al
articulado, sino a la exposición de motivos. Era algo que todos que
compartíamos, pero por la imposibilidad técnica y por el propio informe
del Consejo de Estado no podían figurar en el texto articulado.
En la exposición de motivos, el párrafo décimo mejora alguna de las
fisuras sobre los derechos de las personas a quienes se hubiese
practicado tomas, mejora la norma sobre el material de uso humano, así
como el depósito y la conservación del material biológico, aparte de
algunas mejoras sintácticas, lingüísticas y semánticas del texto. Se
precisa de manera clara en el párrafo decimoséptimo, relativo al
consentimiento del titular, los derechos de la patente, y se hacen
precisiones de estilo al párrafo decimonoveno.
En el articulado, se altera el orden de ciertos artículos como el 4 bis de
la Ley de Patentes, y el 4, el 5 y el 6 del proyecto. Igualmente ocurre
en relación con el apartado 1, letra d), y al apartado 2 del artículo 5
de la Ley de Patentes. El artículo 5 bis de la Ley de Patentes desaparece
y se integra en el apartado 4, del artículo 5, de la ley general,
consiguiendo una nueva numeración y alguna modificación que -yo lo
comparto con alguno de mis antecesores- aclara y mejora la forma técnica
del texto. Hay alguna corrección de tipo literario y modificaciones del
artículo 3 del texto, del 51 bis de la Ley de Patentes y del artículo 50
de la Ley de Patentes, donde se incorpora el apartado 1.
Parte de estas modificaciones se debe a que la trasposición de la
directiva no se ha hecho como una ley aparte, sino que se ha incorporado
a una ley previa, a la que ha habido que ajustar las características
propias de la materia que nos ocupa en este momento. En la disposición
adicional segunda se incluye una referencia a los convenios
internacionales suscritos por España, referencia reiterativa; aunque no
es malo lo que abunda, tampoco se puede estar haciendo constantemente
alusión dentro de la normativa a ciertos convenios que España tiene
firmados y respeta, pues es obvio que si esos convenios existen nuestra
legislación tiene que respetarlos. Asimismo se modifica la disposición
transitoria única sobre licencias y depósitos.
España, como digo, ha tramitado esta directiva de una manera pulcra,
incluyendo en la Ley de Patentes todo aquello que pudo ser incluido. De
hecho, a todos nos habría gustado incluir muchas otras cosas, pero el
marco al que hay que ajustarse no lo permite, no han podido incluirse al
separarse de condicionamientos exclusivos que la Ley de Patentes pone a
todas las patentes de tipo general, específicamente no podían incluirse
patentes de materias biotecnológicas ni otro tipo de patentes. Esto, que
fue así aclarado por todas las consultas jurídicas y
legales que se hicieron sobre el texto, ha sido motivo, quizás, de algunas
de las discrepancias que han existido en la tramitación de la ley, pero
es normativa básica a la que ha de ajustarse la Ley de Patentes.
Nosotros tenemos que felicitarnos por el hecho de que este texto se haya
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de lo que se haya
podido decir aquí, hay que considerar los dos últimos documentos del
Consejo de Europa y de la Comisión Europea sobre competitividad en
materia biotecnológica en Europa. En el documento de la Comisión Europea,
muy importante, se dice que Europa está perdiendo su oportunidad de
desarrollo económico basado en la economía con origen en el conocimiento,
concretamente en el área de la biotecnología; ese documento de
competitividad de la Comisión Europea sobre biotecnología hace una
llamada a los países europeos haciéndoles ver dónde están perdiendo esa
oportunidad. Por ello, nosotros esperamos que esta ley, en cierta medida
aunque no de manera definitiva, pueda ayudar a nuestra industria, a la
industria basada en el conocimiento, y aclare de forma concluyente la
indefinición de muchas de las pequeñas y grandes empresas españolas y
europeas, sobre todo que el derecho de nuestros investigadores se vea, de
alguna forma, reconocido.
Hay algunas cuestiones que se sugieren en torno a la directiva, que
aparecen en la exposición de motivos o se refieren, en el articulado, a
órganos preexistentes, pero el hecho de trasponer la directiva no supone
de manera alguna que tengamos que adoptarlo de esta manera. Me estoy
refiriendo a algunas sugerencias que se han hecho aquí y que se han
puesto de manifiesto en discusiones internacionales muy recientes,
concretamente en la discusión que hubo sobre esta materia hace muy pocos
días en el seno de Naciones Unidas. Algunos países europeos, ignorando
que la directiva sobre patentes biotecnológicas es de obligado
cumplimiento, decían quién patentaría las técnicas de clonación humana y
algunas técnicas de experimentación y comercialización embrionaria. En el
artículo 6 y puntos subsiguientes queda claro que están prohibidas todas
las técnicas de patentabilidad de clonación humana y comercialización de
embriones, cualquiera que fuere el uso al que pudiesen destinarse; así lo
dice la normativa. Hay que tener claro que las normativas tienen también
un rango piramidal, al que tenemos que atenernos.
Son muchas cosas las que se piden, porque todos quisiéramos haber mejorado
el documento, pero es muy difícil legislar sobre una materia tan
compleja, tan cambiante, en lo que lo de anteayer ya es viejo y lo de
mañana casi lo es también. Al legislar sobre estas materias movibles,
solamente se puede pedir un marco general estable, en el que podamos ir
adaptando todo lo que va creciendo día a día, que ya es difícil de asumir
para los investigadores y mucho más para los legisladores. De todas
maneras, los países que pusieron un recurso, ya tienen adaptada la
normativa de la directiva europea; recurso que fue desestimado y
sustanciado, como ustedes saben, en el otoño pasado, si no recuerdo mal
-y creo que recuerdo bien-, el 19 de octubre.
Como científicos y parlamentarios hubiéramos querido poder mejorar en esta
ley muchas cosas, pues todo es mejorable; espero poder congratularnos con
investigadores, trabajadores y gran número de empresas que desde el
ámbito científico y empresarial en España -donde está naciendo con muchas
dificultades una industria prometedora biotecnológica- esperan con
expectación esta regulación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la
incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas. Votamos en primer lugar el párrafo
décimo de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a
favor, 266; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a
favor, 263; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación final del proyecto de ley
orgánica por la que se modifican la Ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal y la Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre,
del Código Penal Militar en materia de delitos relativos al servicio
militar y a la prestación social sustitutoria, se efectuará al final del
debate y no antes de las 12 horas del mediodía.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- DECISIÓN DEL CONSEJO 2000/597/CE, EURATOM, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS
PROPIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHA EN BRUSELAS EL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000141.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN KIEV EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001.
(Número de expediente 110/000142.)
- TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y ALBANIA,
HECHO EN TIRANA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente
110/000143.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE
ANDORRA, HECHO EN ANDORRA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de
expediente 110/000144.)
- PROTOCOLO DE KIOTO AL CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO, HECHO EN KIOTO EL 11 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de
expediente 110/000151.)
- ACUERDO BILATERAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA EN
MATERIA DE ADOPCIONES, HECHO EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 2001. (Número
de expediente 110/000152.)
- DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES OTORGADOS AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Y AL CENTRO DE SATÉLITES DE LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO A LOS MIEMBROS DE
SU PERSONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de
expediente 110/000153.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE
RUSIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000154.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN
BRATISLAVA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente
110/000155.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000156.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE
DE 2001. (Número de expediente 110/000157.)
- PROTOCOLO DE 1999 POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO RELATIVO A LOS
TRANSPORTES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL (COTIF) DE 9 DE MAYO DE 1980,
HECHO EN VILNA EL 3 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000158.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día, dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Grupos que desean intervenir en algunos de estos convenios? (Pausa.)
En primer lugar, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, intervengo para explicar las
razones por las que el Bloque Nacionalista Galego votará en contra del
convenio bilateral de Seguridad Social entre el Reino de España y el
Principado de Andorra, razones ya expuestas en la Comisión de Asuntos
Exteriores; básicamente por la falta de reciprocidad que tiene este
convenio, igual que el acuerdo entre Francia, España y Andorra, y por las
determinaciones negativas que contiene, sobre todo para determinados
trabajadores y trabajadoras españoles en el Principado de Andorra cuando
llega el momento de su jubilación; cuestiones como la insuficiente
cobertura sanitaria para los familiares de estos trabajadores o las
limitaciones que Andorra pone para que esta cobertura sea completa en la
caso de los trabajadores jubilados o de los trabajadores en baja
laboral.
Por estas razones y por las expuestas en la Comisión de Asuntos Exteriores
votaremos en contra de la ratificación de este convenio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida va a votar también en contra
del convenio adoptado entre el Reino de España y Andorra en materia de
Seguridad Social por los efectos negativos que va a tener sobre las
personas, fundamentalmente sobre los pensionistas, que se van a ver en
situaciones diferentes a las de otros países de la Unión Europea, que
además van a tener que aportar recursos económicos a lo que ya hoy, por
derecho, les tendría que corresponder como pensionistas o jubilados de la
Seguridad Social. Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario también
va a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, tiene la palabra para aclarar su
posición sobre cualquiera de los convenios.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la
ratificación del Protocolo de Kioto, protocolo que establece los
criterios para tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Señorías, el hecho de haber pedido la
palabra para intervenir en relación con este protocolo no es más que para
subrayar que el Gobierno del Partido Popular, que nos ha traído la
ratificación del mismo durante la presidencia española de la Unión
Europea, es sencillamente una apuesta más por hacer una política...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Urán, por favor.
Señorías, les ruego que guarden silencio al objeto de poder oír a la
diputada interviniente; no es cuestión de levantar el tono de voz sino de
que haya el suficiente silencio en la Cámara.
Adelante, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, señorías, la política que está desarrollando el Partido
Popular en materia medioambiental y el acto que vamos a celebrar hoy aquí
supone mucho más que meras intenciones o una puesta en escena, pero
realmente no se trata de una política clara y real que pueda servir de
ejemplo en los países de la Unión Europea, en los países de nuestro
entorno. Señorías, si ustedes han leído la prensa de los últimos meses,
cada vez que se le decía al ministro de Medio Ambiente que España no
cumplía los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto para el Reino de
España, un aumento de las emisiones del 15 por ciento para el año
2008-2012, el ministro decía que no era verdad, sino que se establecían
parámetros diferentes para establecer las emisiones y que, además, no se
descontaban los efectos sumideros de los bosques. Pues bien, ayer, el
ministro tuvo que reconocer que, a día de hoy, España ha aumentado sus
emisiones en un 33 por ciento y que estamos por encima de lo establecido.
Esto quiere decir que se han perdido estos años pasados para mejorar
nuestra tecnología, para evitar el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero; el esfuerzo inversor que había que hacer entonces era
menor que el que vamos a tener que hacer de ahora en adelante, además no
para aumentar, señorías, sino para disminuir esas emisiones.
Señorías, bienvenida sea la ratificación del Protocolo de Kioto, pero a
ese Protocolo le falta aprobar el programa nacional de la lucha contra el
cambio climático que ni siquiera está en mantillas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para manifestar nuestra posición en
contra del convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra,
en coherencia con lo que manifestamos en comisión cuando se debatió este
tema.
Entendemos que la negociación del convenio de Seguridad Social con Andorra
no ha sido fácil, pero no contempla la permeabilidad tradicional de la
frontera española con Andorra, el paso tan frecuente de muchos nacionales
españoles hacia el Estado andorrano y la residencia de muchos jubilados
en el Principado de Andorra. Nuestro objetivo, y entendemos que no era
fácil, era continuar con una serie de percepciones que se van a perder
con este tratado. Si contemplamos este tema desde la fría realidad de los
números -se habla de más de 27.500 españoles residentes en Andorra frente
a 280 andorranos en el Estado español-, encontramos que los nacionales
del Estado español están más necesitados de ayuda. Se ha avanzado en
relación con los autónomos cuando éstos trabajan en el Estado andorrano,
se ha ganado en percepciones de asistencia social a los familiares que
eventualmente se encuentren en Andorra, lo cual ya es una muestra de la
permeabilidad de esta frontera y de la convivencia entre las comarcas
vecinas de ambos lados de la frontera, pero no se ha avanzado, o por lo
menos no se ha mantenido, un compromiso del Reino de España en favor de
los jubilados residentes en el Principado, o que estén eventualmente en
el Principado y en las comarcas vecinas a la frontera, que pierden
prestaciones y nivel al cruzar la frontera.
El Estado español debía haber mantenido las condiciones más favorecedoras
para estos colectivos cuando
traspasan la frontera, aunque ello hubiera tenido un coste superior,
porque Andorra ya ha cumplido pues nos ofrece en este tratado sus
condiciones equiparables a las de los propios nacionales andorranos. Por
esta razón no podemos exigir más. Lo que sí teníamos que exigir es la
posibilidad de establecer estas compensaciones al Estado andorrano por
los servicios prestados, de forma que nuestros nacionales, que
tradicionalmente, desde hace muchos años, han sido residentes a un lado y
a otro de la frontera, tuvieran esa equiparación o estos niveles de
similar asistencia; aunque la asistencia era la misma, había una
cobertura del Estado español sin establecer diferencias con los
nacionales, porque era nuestro Estado el que cubría estas diferencias,
oferta que tendría que haber sido negociada e incluida en el convenio, de
forma que se hubiera mantenido una situación de facto que era favorable y
ahora se pierde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Anuncio el voto negativo de nuestro grupo a este convenio
hispano-andorrano de Seguridad Social porque, aunque en ciertas
cuestiones supone algún avance -algunos temas menores se podrán arreglar
en el seno de la comisión mixta-, tiene, a nuestro entender, graves
déficit de sensibilidad. Quiero decir también, con carácter previo a
anunciar por qué vamos a votar en contra, que la falta de sensibilidad ha
sido del Gobierno español, no del Gobierno andorrano. El Gobierno español
no ha atendido las reivindicaciones del Consejo de Residentes Españoles,
no ha sido capaz de explicar el coste económico que ha determinado el
cambio de las coberturas que teníamos hasta este momento.
Seguramente los votos de la mayoría van a aprobar hoy un convenio que va a
generar dos clases de españoles en Andorra, los que hasta este momento
vivían en Andorra, que por la vía del respeto a los derechos adquiridos
van a seguir teniendo la cobertura del cien por cien de la asistencia, y
aquellos a los que, a partir de este convenio, se les iguala a los
andorranos y, por tanto, van a tener que pagar parte de esa cobertura.
Los españoles pensionistas que pasen a residir en Andorra van a tener que
pagar a partir de este convenio un 25 por ciento de los costes de
asistencia sanitaria y un 10 por ciento en caso de hospitalización.
Comprenderán ustedes que a cualquier pensionista que vaya a residir a
Andorra seguramente le va a condicionar su nivel de subsistencia y sus
mínimos vitales.
Cuando debatimos el tratado trilateral de residencia y libre circulación,
el representante del Grupo Popular mostró su gran alegría por el logro
que suponía equiparar a los españoles con los trabajadores andorranos.
Considerar eso como un gran logro es un sarcasmo. Hemos equiparado a los
trabajadores españoles a unos trabajadores que no tienen ningún tipo de
cobertura social, que no tienen cobertura de desempleo, y además a
nuestros pensionistas les obligamos ahora a pagar parte de esa
cobertura.
Quiero insistir en que este Congreso no debería aprobar nada diferente a
lo que hasta este momento tenía el convenio anterior en su artículo 11.4,
que preveía que cualquier pensionista de cualquiera de las dos
nacionalidades tenía la cobertura de la legislación más beneficiosa.
Tampoco deberíamos aceptar que esta diferencia se consagrara mientras el
Gobierno español no avale con cifras de coste económico ese cambio de
legislación. Esas cifras se han pedido de manera reiterada por el CRE, ha
sido imposible conocerlas, el Gobierno español no las ha dado nunca, pero
cabe pensar que tampoco debe ser un gran coste dado el número de
pensionistas que hay en Andorra.
Un segundo problema es el que afecta a otro colectivo también de escasa
capacidad adquisitiva, como son los trabajadores transfronterizos, que
pasan a perder también ese cien por cien de cobertura porque, al trabajar
en Andorra, solamente se les va a cubrir lo que el convenio llama
necesidad inmediata como consecuencia de su estancia en aquel país.
Quiero resaltar que en ambos casos las autoridades andorranas no se
oponían a que las cosas hubieran seguido como hasta ahora y, por tanto,
estamos ante una decisión unilateral del Gobierno español.
Debo decir también que el tema no es nuevo. Ya en el año 1999 tuvimos
ocasión de debatirlo en este hemiciclo, y en aquel momento ya se
pretendió que la cobertura del cien por cien se perdiera. Pero en aquel
momento la entonces directora general de Emigraciones, que tuvo una gran
participación en esta cuestión -y quiero entender que me está escuchando
en este momento-, y el ministro de Trabajo de entonces, el señor
Pimentel, fueron capaces de entender que eso era injusto, y lo que en
aquel momento entendieron como injusto hoy lo va a avalar con su voto la
directora general de Emigraciones de aquel entonces. Espero que todos nos
demos cuenta de nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Morlán, para fijar su postura sobre el Protocolo de Kioto.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar la ratificación del Protocolo de
Kioto, pero le gustaría que esta ratificación no fuera un simple apoyo a
un papel mojado, porque entendemos que la ratificación del Protocolo de
Kioto tiene dos ámbitos de actuación. En primer lugar, desde el ámbito de
la política que afecta al resto
de la Unión Europea y a otros países del mundo que, como Estados Unidos,
debieran incorporarse o hacer todo lo posible para que esa incorporación
se produjera con la ratificación de ese Protocolo, y espero que en la
Unión Europea y bajo la presidencia española eso se pueda dinamizar. Y en
segundo lugar, para la ratificación del Protocolo de Kioto es necesario
que el Gobierno español lleve a cabo todas aquellas medidas encaminadas a
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Hace unos meses
comentábamos que la emisión de gases superaba el 26 por ciento y se nos
decía que no era cierto, que estábamos utilizando datos falsos, pero en
estos momentos y según reconoce la Oficina Nacional del Clima, se sitúa
en el 33 por ciento, luego no íbamos muy descaminados cuando planteábamos
esta denuncia. Por tanto, lo que ahora tiene que hacer el Gobierno es
llevar a cabo la aprobación de una asignatura pendiente, que es la
elaboración de la lucha de estrategia contra el cambio climático. Quiero
recordar que en noviembre el Grupo Popular presentó una proposición no de
ley en la que se planteaba que se concedía un año para la elaboración de
la estrategia, y todavía no sabemos qué va a pasar y cuando se va a
presentar en esta Cámara, pero queremos que esa estrategia se presente y
se apruebe, contando -y espero que así sea- con que al tratarse de un
tema tan complejo y que afecta a tantas actividades del día a día de
nuestro país, se tenga en cuenta lo que opinan las comunidades autónomas,
lo que opinan los ayuntamientos y lo que opinan los sectores industriales
que se van a ver afectados por aquellas medidas que suponen una
disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nosotros entendemos, señorías, que el Protocolo de Kioto es un buen
instrumento que hay que aplicar y desarrollar, que el Plan de energías
renovables que se aprobó en su momento no va por el buen camino que
nosotros entendemos que debe ir, porque hay que dinamizarlo, y el reto lo
tiene ahora el Gobierno, que debe hacer todo lo posible para que las
emisiones de efecto invernadero que se están produciendo en nuestro país
adquieran las dimensiones que vienen reconocidas en lo que se denomina la
burbuja europea y disminuir el 33 por ciento al 15 por ciento que se nos
reconoce entre todos los países de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Por último, por el Grupo Popular tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señores del Partido Socialista, yo creo que la preocupación por la suerte
de los trabajadores españoles residentes en Andorra no les viene de
ahora. Ustedes han estado gobernando durante catorce años, el convenio
que teníamos hasta ahora data del año 1978, y el convenio que, después de
intensas negociaciones que arrancan desde el año 1998, se va a firmar con
el Gobierno de Andorra mejora sustancialmente la suerte de los
trabajadores españoles residentes en Andorra. No hemos podido conseguir
todo lo que quisiéramos, porque hay dificultades que no se les ocultarán
a SS.SS. Se habla de reciprocidad, y para obtener tratos de reciprocidad
tiene que haber una equivalencia en los números, y hay 27.490 españoles,
sin contar los de doble nacionalidad y los temporeros residentes en
Andorra, y 280 andorranos en España. Por otro lado, la firma de un
convenio corresponde a dos países soberanos e independientes, por lo
tanto, hay que ponerse de acuerdo. Y hay que recordar aquí que la misión
de un convenio bilateral como este, al que ustedes califican como
regresivo basándose en la distinta cobertura según la preste España o
Andorra, es la de coordinar y no armonizar o unificar las legislaciones
en materia de Seguridad Social en ambos Estados. Por ejemplo, en Andorra
se cubren los tratamientos odontológicos, y el sistema español no los
cubre, pero allí funciona el denominado ticket moderador, por lo que no
se paga totalmente el coste del tratamiento médico, y en España los
tratamientos son gratuitos. Por otro lado, el sistema de Seguridad Social
andorrano no distingue entre enfermedad común y accidente laboral, y en
lo relativo a los pensionistas y su supuesta pérdida de calidad de
servicios por su traslado a España, tal pérdida no existe ni se puede
menospreciar al sistema español considerándolo peor que el andorrano
puesto que si éste ofrece mayor número de prestaciones, el sistema
español, como he dicho anteriormente, cubre el cien por cien. Además, no
hay que olvidar mejoras muy importantes, como que en el nuevo convenio se
incluya a los trabajadores autónomos, que podrán mantener un año,
prorrogable por otro, el sistema de cobertura que tenían en el país de
origen, y también se incluirá a los familiares de los trabajadores
españoles residentes en Andorra cuando se desplacen a Andorra. Por lo
tanto, no entendemos la oposición a un convenio que mejora
sustancialmente las condiciones de los trabajadores españoles en Andorra
y tampoco entendemos cómo se puede ir en contra de la opinión
generalizada, de la realidad palpable de las cosas y del sentimiento
mayoritario de los trabajadores -con los que nosotros también hablamos-
que residen en Andorra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llorens.
Por último, señora De Lara, respecto del Protocolo de Kioto.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere dejar constancia de su
satisfacción por el hecho de que
hoy se proceda en esta Cámara a ratificar el Protocolo de Kioto, lo que
supone un paso fundamental en la lucha contra el cambio climático.
Como SS.SS. conocen, el Protocolo de Kioto tiene como objeto promover el
desarrollo sostenible a través de compromisos cuantificados de limitación
y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales
causantes del calentamiento de nuestro planeta. Europa, señorías, ha
liderado este proceso y es indudable que en el seno de la Unión Europea
el papel de España ha sido fundamental. Ha sido por el decidido impulso
de la presidencia española de la Unión Europea por lo que en el pasado
Consejo Europeo de Barcelona se han adoptado importantes conclusiones.
Una de esas conclusiones insta a los Estados miembros a completar los
procedimientos nacionales de ratificación a más tardar en junio de 2002,
para que entre en vigor antes de la cumbre de Río+10.
Señorías, nuestro Parlamento es uno de los primeros de la Unión Europea
que procede a la ratificación del Protocolo de Kioto. Queda un largo
camino por recorrer, un largo camino por delante, pero los europeos
tenemos ahora la responsabilidad de liderar los programas de acción que
hagan efectiva la disminución de las emisiones en un 8 por ciento, cuota
asignada a la Unión Europea en su conjunto antes de 2012 respecto a las
emisiones de 1990. Han dicho aquí algunos portavoces que en España se
habían incrementado las emisiones de dióxido de carbono, y es cierto,
señorías, como dijo el ministro de Medio Ambiente, se han incrementado en
un 33 por ciento. Pero lo que no se ha dicho aquí es que son emisiones
brutas, a las que hay que descontar la absorción de dióxido de carbono
que tiene lugar por los bosques, el llamado efecto sumidero, y a las que
hay que aplicar los mecanismos de flexibilidad. Bien es cierto que en el
año 1996, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, nada se había
hecho para reducir estas emisiones, pero a partir de esa fecha las
iniciativas legislativas y de todo tipo del Gobierno han sido
importantes. Se está tramitando y se va a aprobar de manera inmediata la
ley de control integrado de la contaminación; se ha aprobado un plan de
energías renovables; se ha aprobado una ley de residuos y un plan
nacional de residuos urbanos; se va a aprobar un plan forestal; se ha
hecho una apuesta decidida por el transporte público y por los
combustibles menos contaminantes y se ha hecho una apuesta decidida por
las centrales de ciclo combinado. Esperamos, señorías, que todas estas
medidas que está adoptando el Gobierno den sus frutos en un corto plazo,
pero no podemos olvidar que las competencias de medio ambiente están en
manos de las comunidades autónomas y que tienen que ser la Administración
General del Estado, la Administración autonómica y la Administración
local las que colaboren, junto con cada uno de nosotros, para que todo
esto pueda llegar a buen término.
Termino, señorías, indicando que este es el objetivo del Gobierno de José
María Aznar y que nuestro grupo parlamentario se siente profundamente
orgulloso de que sea un Gobierno del Partido Popular el que traiga a esta
Cámara para su ratificación el Protocolo de Kioto.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Iniciamos la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, Decisión del
Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos propios de las
Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 29 de septiembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor 279; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a
favor 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania, hecho
en Tirana el 22 de noviembre de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a
favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de
Andorra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a
favor, 160; en contra, 120; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo de Kioto al Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 284.
Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en
materia de adopciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de
la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los
privilegios e inmunidades otorgados al Instituto de estudios de seguridad
y al Centro de satélites de la Unión Europea, así como a los miembros de
su personal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a
favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de
Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil y mercantil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre transporte
internacional de viajeros y mercancías por carretera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del
Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a
favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
actividades de los centros culturales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a
favor, 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los
transportes internacionales por ferrocarril de 9 de mayo de 1980.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a
favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE
COMERCIO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000068.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Debate de totalidad de
iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la ministra de
Ciencia y Tecnología. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego
que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan, como siempre,
de la manera más rápida posible y en silencio.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señora
presidenta, señorías, buenos días.
Hoy tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Se trata de un proyecto de ley que forma parte de la política global del
Gobierno para lograr el pleno desarrollo de la sociedad de la información
en España y que es uno de los principales ejes de su acción política.
Creo que todos coincidimos en la importancia de este texto: será la
primera ley sobre sociedad de la información que exista en España, y el
desarrollo de la sociedad de la información tiene incidencia en nuestro
desarrollo empresarial, en nuestra competitividad y, sin duda, en el
incremento de nuestro potencial de crecimiento económico, pero además
abre un conjunto de oportunidades que ofrecen los servicios de la
sociedad de la información y el comercio electrónico al conjunto de los
ciudadanos, permiténdoles la mejora de la calidad de vida a la vez que
contribuye a la cohesión social.
La importancia de este proyecto de ley, las ventajas y las oportunidades
que ofrece a los ciudadanos se derivan principalmente del entorno de
comunicaciones electrónicas en el que hoy se están desarrollando ya
múltiples actividades de nuestra vida cotidiana. Nuestra
vida cultural, social y económica se ve cada vez más influida por la red,
por internet y sus importantes posibilidades de comunicación, la
superación de tradicionales barreras de espacio y de tiempo para la
interacción y el intercambio, que abren un gran potencial no sólo como
suministrador de información y, por tanto, de conocimiento, sino también
un potencial de generación de actividad económica, de servicios y para la
realización de transacciones, de compras y de ventas. Precisamente, esto
último conlleva beneficios innegables para los ciudadanos y para las
empresas al implicar, como saben, un incremento de su productividad y una
mejora de su competitividad en una economía cada vez más globalizada.
Para ello, para que todos los ciudadanos sin excepción seamos
beneficiarios de estas nuevas oportunidades de la sociedad de la
información, para hacer frente de manera decidida a los muchos retos que
plantean estos cambios a los ciudadanos, a las empresas y a las
administraciones, a toda la sociedad, es necesario disponer de un marco
regulador de los servicios de la sociedad de la información, incluido el
comercio electrónico, que proporcione la debida seguridad y confianza.
Con ello pretendemos promover la generalización del uso de internet por
todos, para todos, ciudadanos y empresas, y fomentar la demanda y el
desarrollo de los servicios que se ofrecen a través de la red.
Señorías, el principal objetivo que persigue el Gobierno con este proyecto
de ley es el establecimiento de un marco jurídico estable que proporcione
seguridad jurídica y confianza para impulsar el desarrollo rápido y
vertebrado de la sociedad de la información y del comercio electrónico en
España. Es preciso dar a las nuevas actividades económicas, como el
comercio electrónico o los servicios de la sociedad de la información, la
necesaria certidumbre y seguridad a fin de garantizar los derechos e
intereses de todos los que intervienen en ellas. Para conseguir este
objetivo el proyecto de ley recoge un conjunto de normas que, por una
parte, protegen los intereses de los consumidores y usuarios, promoviendo
su confianza en internet y en el comercio electrónico y, por otra parte,
el proyecto de ley estimula la presencia de las empresas en la red, así
como la prestación de servicios y el desarrollo de actividades de
intercambio, de actividades transaccionales a través de la misma,
poniendo a su disposición un marco jurídico claro y preciso que
contribuye a proporcionar seguridad y a facilitar el desarrollo de sus
negocios por medios electrónicos. En suma, señorías, este proyecto ha de
permitir que las empresas y todos los ciudadanos españoles se beneficien
de un marco jurídico adaptado a las exigencias de una economía
globalizada e interconectada, basada en las nuevas tecnologías de la
información y el conocimiento; marco jurídico que asimismo debe contar
con las salvaguardas suficientes para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de libertad de expresión e información recogidos en la
Constitución. Asimismo, el proyecto de ley incorpora al derecho español
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio del año 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios de
la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en
el mercado interior.
Permítanme ahora, señorías, que me refiera a las razones por las que el
Gobierno entiende que el proyecto de ley es necesario y adecuado para la
plena implantación de la sociedad de la información y el desarrollo del
comercio electrónico en España. En cuanto a la necesidad del proyecto de
ley, señorías, como en toda fase inicial de implantación de un nuevo
servicio, actividad o tecnología, el desarrollo de los servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico requieren la
creación de un marco de seguridad y garantía que refuerce la confianza de
quienes han de implicarse y participar en su gestación y desarrollo. La
justificación del proyecto de ley radica en la necesidad de regular el
medio, es decir, el nuevo espacio en el que se desarrollan actividades
tradicionales, actividades que ya existen previamente pero que, al
realizarse en un nuevo entorno, requieren de una nueva regulación. Si me
permiten, señorías, voy a hacerles un paralelismo que estimo es idóneo
para comprender la necesidad de una regulación en el campo de los
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Por ejemplo, la irrupción de los mercados financieros con la popular
Bolsa de valores trajo consigo la celebración de unas transacciones que
eran especiales por el objeto singular sobre el que recaían y por el
lugar donde se desarrollaban. Pero estas transacciones no eran sino
compraventas, es decir, operaciones tradicionales que la humanidad ha
venido realizando durante siglos. Pues bien, estas compraventas,
anteriores por supuesto a la aparición de los mercados de valores,
estaban ya reguladas; en cambio, lo que carecía de normativa aplicable
era el medio, el ámbito donde tales operaciones de compraventa se
realizan. Pues bien, nadie duda hoy del hecho de que fue necesario
regular estos mercados y las actividades que en ellos se desarrollaban.
Algo semejante sucede con el comercio electrónico y con los servicios de
la sociedad de la información. Se trata de actividades económicas,
operaciones y actuaciones tradicionales sobre objetos de siempre que
tienen lugar en un nuevo entorno. Y convendrán conmigo, señorías, en que
lo desconocido produce siempre cierto temor inicial o al menos cierta
desconfianza. Pues bien, la manera de acercar este nuevo medio, este
nuevo ámbito a la sociedad es garantizar que sus derechos y sus intereses
no se vean nunca perjudicados en los nuevos mercados y que sus
reclamaciones, si es que hay lugar a ellas, tengan la misma efectividad
que si se reclamaran, si me permiten la licencia, en la tienda del barrio
que conocen de toda la vida.
Señorías, una de las características de Internet es que facilita la
fugacidad o la ocultación de quienes actúan a través de las redes
telemáticas. Lamentablemente, hoy
es posible cometer un fraude o un delito en Internet e intentar evadirse
sin dejar rastro. Pues bien, esto es precisamente lo que el Gobierno
quiere evitar con esta ley, estableciendo mecanismos capaces, primero, de
disuadir de la realización de conductas ilícitas y, segundo, en caso de
que se cometan, de reparar el daño causado y sancionar la conducta
ilegal, tal como ocurre en el mundo real. El proyecto de ley regula por
tanto actividades tradicionales en un entorno nuevo y con la presencia de
los actores que siempre intervienen en un mercado: vendedor, comprador,
prestador y usuario, oferente y consumidor. La novedad de este nuevo
ámbito exige adoptar medidas de protección y garantía de los intereses
del usuario, porque únicamente animando al ciudadano a intervenir y a
participar en el nuevo mercado podrá impulsarse el comercio electrónico y
los demás servicios de la sociedad de la información. A fomentar la
certidumbre y la seguridad en el uso de Internet se dirige el proyecto de
ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. Hay que salvaguardar los derechos de los consumidores y
usuarios en la utilización de servicios y en la contratación electrónica
como exigencia ineludible para superar las precauciones que aún les
condicionan a la hora de utilizar con naturalidad el nuevo medio. Prueba
de ello es la enorme diferencia que aún separa el volumen de negocio
generado, por ejemplo, por el comercio electrónico entre empresas del
comercio electrónico con consumidores.
Como he dicho antes, el proyecto de ley es necesario además para la
incorporación de la Directiva comunitaria sobre servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico. La armonización de nuestro
derecho con el comunitario facilitará la actuación en el mercado interior
de las empresas españolas, que podrán beneficiarse de la existencia de
una regulación básica común. Además de necesario, el proyecto de ley es
adecuado para la consecución de los objetivos propuestos, tanto desde el
punto de vista de su contenido como desde el punto de vista formal. Por
lo que respecta a su contenido, quisiera destacar los siguientes
aspectos.
Los servicios de la sociedad de la información son de libre prestación, es
decir, no necesitan autorización previa, insisto, no necesitan
autorización previa. Los prestadores de servicios no tienen que
inscribirse en ningún registro por el hecho de utilizar medios
electrónicos para realizar su actividad. Sin embargo, si el prestador de
servicios se encontrase ya inscrito en un registro determinado, deberá
comunicar al mismo el nombre de dominio y la dirección de Internet que
utilice para ofrecer sus servicios a través de la red. Como ven, señorías
nada distinto de lo que sucede en la vida real cuando, por ejemplo, una
empresa cambia de nombre o de denominación social. Las empresas deberán
comunicar al registro mercantil en el que ya estaban inscritas su nombre
de dominio así como la dirección de su página web. Con ello, cualquier
persona interesada puede consultar y conocer con total confianza la
dirección de la página web de cada empresa. Así se refuerza la confianza
en el desarrollo del comercio electrónico seguro y de los servicios de la
sociedad de la información, ofreciendo garantías a los consumidores y
usuarios.
Los servicios deben prestarse con la adecuada información y transparencia
para que los usuarios sepan a qué atenerse en cada momento. El proyecto
de ley obliga a los prestadores de servicios a proporcionar a los
usuarios información básica sobre su identidad, establecimiento y
actividad por medios electrónicos -por ejemplo, a través de su página en
Internet-, a proporcionar información sobre el producto o servicio y a
facilitar el acceso a toda esta información de forma permanente, gratuita
y sencilla. Esta garantía de información se fortalece además en los
procesos de contratación para evitar que el usuario o consumidor tome
decisiones sin tener toda la información precisa para realizar la
operación y prestar su consentimiento, manteniéndose igualmente todas las
garantías previstas en el ordenamiento jurídico para las ventas a
distancia. Conviene afirmar, señorías, que las únicas obligaciones que
recaen sobre los prestadores de servicios de la sociedad de la
información son la de suministrar información a los usuarios y
consumidores y la de colaboración con la Administración cuando se detecte
la existencia de contenidos ilícitos, especialmente en el caso de
determinados prestadores, como los proveedores de acceso o los
denominados alojadores. También se establece el consentimiento previo del
destinatario para la recepción de mensajes publicitarios. Con ello se
refuerza la protección de los usuarios frente al abuso del correo
electrónico para la remisión de mensajes publicitarios no deseados. La
prohibición del denominado spam o correo basura es acorde con la postura
que se está asentando en la Unión Europea y se fundamenta en el
incremento de costes y en la pérdida de tiempo y de dinero que supone
para los usuarios, los proveedores y demás operadores de la red. El spam
obliga a los destinatarios, ciudadanos o empresas, a aumentar su tiempo
de conexión a Internet para la descarga de mensajes, a contratar cuentas
de correo de mayor capacidad y a instalar filtros para evitar su
recepción, encareciendo y dificultando el uso de Internet. Por tanto, el
proyecto de ley protege los derechos de los usuarios al mismo tiempo que
se aumenta la efectividad de los mensajes publicitarios realizados por
las empresas que legítimamente hayan obtenido el consentimiento de sus
potenciales clientes.
El proyecto de ley favorece el desarrollo de la actividad mercantil por
Internet al garantizar la equiparación entre los contratos celebrados por
vía electrónica y los contratos formalizados en soporte papel e igualar
la eficacia probatoria en juicio de los documentos contenidos en soporte
informático a la de los documentos en formato papel.
También en el ámbito de los contenidos, los prestadores de servicios que
actúen como servidores o alojadores son responsables de los daños y
perjuicios causados por los contenidos ilícitos difundidos únicamente
cuando concurran una de estas dos circunstancias: que conozcan la
ilicitud de tales contenidos previamente a su difusión o que no presten
su colaboración a los órganos judiciales para su retirada tras la
declaración de ilicitud. En el proyecto de ley está implícita la
equiparación entre el mundo real y el telemático. Por eso, a la hora de
determinar las competencias de los poderes públicos en relación a los
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, el
proyecto parte del principio de que las mismas autoridades u órganos que
son competentes para actuar en la vida real lo son también en Internet.
En este sentido, el proyecto de ley no introduce cambio alguno respecto a
la distribución de competencias entre la Administración pública y los
juzgados y tribunales de justicia. En consecuencia, si la autoridad
administrativa es competente para sancionar, por ejemplo, la venta de
medicamentos fuera de las farmacias o para sancionar la venta de armas
sin licencia, también lo será para sancionar estas mismas actividades en
la red pudiendo, pues, exigir la retirada de la página web a su titular.
Del mismo modo, si la autoridad administrativa carece de competencia para
decretar el cierre, por ejemplo, de un periódico -medida que tan sólo
pueden adoptar los órganos judiciales- serán, pues, los órganos
judiciales y no la autoridad administrativa los competentes para proceder
a dicho cierre cuando este periódico se difunda en formato digital. Por
supuesto, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tanto los
órganos administrativos como los judiciales deben ajustarse en todo caso
a los procedimientos, principios y normas que resulten aplicables. Se
trata, por tanto, señorías, de garantizar el más escrupuloso respeto a
los derechos y libertades fundamentales, como es la libertad de expresión
o el derecho a emitir y recibir información, los cuales deben ser
tutelados, tal y como proclama nuestra Constitución, por los órganos
jurisdiccionales. En la redacción del proyecto de ley y por razones de
técnica legislativa se ha estimado conveniente recurrir a una fórmula
genérica en la delimitación de competencias entre la Administración
pública y los órganos judiciales. Así, la referencia a una autoridad u
órgano competente pretende englobar todos los supuestos de hecho que
pueden darse en la realidad. Con ello se evita una enumeración exhaustiva
de todos los casos posibles de ejercicio de las competencias que la
Administración pública y los órganos jurisdiccionales ostentan con
relación a las actividades prestadas a través de Internet.
En cuanto al régimen sancionador, la directiva comunitaria exige que las
sanciones que se impongan por infracciones sean efectivas, proporcionadas
y disuasorias. El proyecto de ley establece unas sanciones proporcionadas
pero eficaces, como indica la directiva, para disuadir a los prestadores
de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en la ley. Además, el
texto prevé unos criterios de graduación que permiten adecuar el importe
de las multas a las circunstancias concurrentes en cada caso. Tales
criterios, como saben SS.SS., son: el tiempo durante el cual se haya
cometido la infracción, la existencia de intencionalidad, la naturaleza y
cuantía de los perjuicios causados, los beneficios obtenidos por la
infracción y el volumen de facturación afectado, así como la reincidencia
en la comisión de infracciones, aunque no se trata de una enumeración
cerrada, ya que permite incluir nuevos criterios que aumenten la
proporcionalidad de las sanciones.
Asimismo el proyecto de ley prevé sistemas de solución de conflictos.
Establece dos sistemas que pueden plantearse en la prestación de los
servicios de la sociedad de la información: el judicial y el
extrajudicial. En cuanto a este último el proyecto fomenta la
autorregulación mediante la elaboración de códigos de conducta. Tales
códigos son instrumentos flexibles y ágiles que permiten adaptar los
principios contenidos en las normas legales a las nuevas necesidades
propiciadas por los avances tecnológicos y que no fueran previstas por el
legislador en su momento. En un entorno tan cambiante como el de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, los códigos de
conducta desempeñan una labor normativa de complemento del derecho que a
veces queda rezagado por el ritmo que marca la propia realidad social.
Así, a través de ellos, se da respuesta a casos o supuestos para los
cuales no haya prevista una norma específica, evitando los vacíos
legales. En estos códigos de conducta se pueden incluir sistemas
extrajudiciales de resolución de conflictos entre los prestadores de
servicios y las empresas o consumidores y usuarios. El proyecto de ley
prevé también otra vía extrajudicial de solución de controversias como es
el arbitraje, previsto en la legislación de consumidores, así como de
condiciones generales de la contratación. En este sentido, a la hora de
celebrar contratos por vía electrónica, pueden establecerse convenios de
arbitraje en los que se manifieste la voluntad de las partes de someter
los conflictos suscitados en el ámbito de Internet a la decisión de uno o
más árbitros, así como la obligación de cumplir el correspondiente laudo
arbitral.
Por lo que respecta a la solución judicial de los conflictos, convendrán
conmigo, señorías, en que una de las causas generadoras de desconfianza
en el ciudadano ante la contratación electrónica puede ser la
indeterminación en caso de conflicto de la ley aplicable y de la
jurisdicción competente. El proyecto de ley es plenamente respetuoso con
las normas que determinan, en beneficio del usuario y consumidor, cuál es
el derecho de aplicación a la controversia planteada y qué tribunal ha de
conocer de la misma. Así, en esta línea de proporcionar certeza y
seguridad a la contratación electrónica,
el proyecto de ley determina asimismo el momento en que se entiende
celebrado el contrato, lo cual tiene eficacia a la hora de computar los
plazos para posibles reclamaciones.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley establece una regulación ajustada
a la directiva comunitaria de referencia, tecnológicamente neutra, pues
se adapta por igual a todas las tecnologías de acceso a Internet, y no
discriminatoria, por cuanto el cumplimiento de las obligaciones que de
ella resultan está al alcance de las empresas de distinto tamaño.
Precisamente el conjunto de la regulación, las obligaciones o el régimen
sancionador previsto en el texto, con sus criterios de graduación,
beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, que son las que en mayor
medida necesitan de un marco claro que proporcione seguridad jurídica y
genere el máximo de confianza.
Desde el punto de vista formal, señorías, quisiera destacar los siguientes
aspectos. En primer lugar, la tramitación previa del proyecto ha sido
claramente transparente, participativa y, si me lo permiten, inédita en
nuestro ordenamiento jurídico, con la difusión de los sucesivos textos en
la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El amplio proceso
de consulta pública realizado y el diálogo mantenido con los diferentes
agentes interesados por esta ley, desde proveedores de servicios de
Internet a empresas de comercio electrónico, usuarios, asociaciones y
entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual, para citar
algunos, han proporcionado un conocimiento más exacto de la realidad y de
las aspiraciones y necesidades de los distintos afectados. Ello ha
permitido elaborar un proyecto de ley con objetivos realistas y
coherentes, que satisfacen de forma razonable y equilibrada las distintas
necesidades y los intereses de los distintos implicados.
En segundo lugar, la directiva sobre los servicios de la sociedad de la
información y el comercio electrónico se incorpora al ordenamiento
jurídico a través de una sola ley, en lugar de ir modificando las
diversas normas relacionadas con ella. El sistema de trasposición por el
que se ha optado aporta una mayor seguridad jurídica a los destinatarios
de la norma. La razón es que al reunir en un solo texto la normativa
aplicable a los servicios de la sociedad de la información y el comercio
electrónico se evita la dispersión legislativa y se facilita la rápida
localización en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico del derecho
que resulte aplicable a tales materias; además concurren otras razones
que han aconsejado esta fórmula de trasposición a través de una única
norma y es que dado el escaso plazo previsto para la trasposición de la
directiva y la heterogeneidad de las materias reguladas en ella, la
incorporación de la directiva mediante la modificación de todas y cada
una de las disposiciones actuales que son de aplicación a los servicios
de la sociedad de la información y del comercio electrónico hubiera
incrementado la complejidad del proceso, hubiera retrasado indudablemente
la correspondiente aprobación y hubiera dificultado la mayor coherencia.
Además el rango de la norma -ley ordinaria- es el adecuado para la
trasposición de la directiva al versar fundamentalmente sobre materias de
derecho privado que suelen estar contenidas en normas con rango de ley.
No se procede a aprobar la norma mediante ley orgánica, puesto que no
regula ninguna de las materias reservadas a la misma en la Constitución.
Además, en lo que respecta a los derechos fundamentales y libertades
públicas, el proyecto no implica ningún desarrollo de los mismos y las
referencias que contiene respecto de ellos respetan plenamente su
ordenación jurídico-constitucional.
Señorías, quiero concluir mi intervención destacando que el proyecto de
ley no sólo se ajusta a la directiva europea y al ordenamiento jurídico
español, sino que en el largo y amplio proceso de elaboración que ha
tenido ha incorporado las aspiraciones de todos los sectores interesados
en el desarrollo de Internet, por lo que hoy llega al Parlamento con un
grado de maduración considerable. No obstante, estoy convencida de que la
tramitación parlamentaria enriquecerá y mejorará el texto, de modo que,
ya convertido en ley, generará confianza en los usuarios y en los
ciudadanos y contribuirá decisivamente a una más rápida implantación de
la sociedad de la información y del comercio electrónico en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley han sido presentadas siete enmiendas de devolución
y dos de texto alternativo. Iniciamos el debate de las enmiendas de
devolución por las presentadas por distintos diputados del Grupo Mixto.
En primer lugar, y por orden de presentación de las enmiendas, que es la
pauta prevista para su debate, le corresponde intervenir al señor Saura.
(Pausa.)
Si los diputados no se encuentran en el hemiciclo, me veré obligada a dar
por decaídas las enmiendas.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds,
presentamos una enmienda a la totalidad, fundamentalmente porque a pesar
de que entre los objetivos que se destacan en el proyecto de ley figura
que ha de aumentar la seguridad jurídica para generar mayor confianza en
el empleo de ese nuevo medio y aprovechar sus innumerables ventajas en el
ámbito económico y social, el texto que se nos propone, a nuestro
entender, va a tener efectos contrarios y no anticipa una mejora y un
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que
sitúen al Estado español muy lejos de la posición que en estos
momentos tiene, a la cola de los países de la Unión Europea. Quiero
enumerar las tres razones, entre las muchas que podría decir, por las
cuales hacemos este diagnóstico. La primera, porque el actual proyecto de
ley viene a definir un concepto de servicios de la sociedad de la
información tan amplio y deliberadamente ambiguo que se hace imposible
distinguir entre aquellos servicios que fueran susceptibles de ser
considerados de naturaleza comercial y aquellos que en ningún caso lo
son. De este modo, se equipara en el proyecto de ley sitios web, que
pueden ser propiamente empresas o negocios, con aquellos que pertenecen a
particulares, entidades, asociaciones sin ánimo de lucro y similares. En
definitiva, el proyecto de ley considera cualquier uso de la red como
empresarial y acaba equiparando información con mercancía. De ello, a
nuestro entender, se deriva una concepción de la red como simple negocio,
iguala en el trato a particulares y a grandes entidades empresariales y
relega el uso cívico y ciudadano y de formas de comunicación e
información alternativas de forma preocupante.
La segunda razón importante es la que se refiere a las obligaciones de los
prestadores de servicios, porque al ser definidas de forma tan amplia y
excesiva, se podrá exigir identificación y, en consecuencia, será
accesible el nombre, el domicilio y la identificación fiscal de meros
particulares por el simple hecho de contar con anuncios de ingresos
marginales o que ofrezcan instrumentos de búsqueda.
La tercera y última razón, y tal vez la más preocupante, es que el
proyecto de ley atribuye unas competencias excesivas de intervención a la
Administración que, a nuestro entender, entran de forma clara en la
vulneración de posibles derechos fundamentales y, como consecuencia,
estamos ante un trato distinto e injustificado entre los medios de
comunicación tradicionales y los que se hallan en la red y no se excluye
la posibilidad de actuaciones administrativas que censuren opiniones, que
sólo podrán ser restablecidas a posteriori.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, hemos planteado una enmienda de totalidad de
devolución a este proyecto de ley porque entendemos que existe un error
en el planteamiento de origen en el que incurre la totalidad del texto
que se nos presenta a la hora de abordar la regulación del comercio
electrónico, pues esto es lo que hay que hacer, abordar la regulación del
comercio electrónico y no realizar una ley general de Internet, que
interviene en todo lo que se refiere a la comunicación, a la información
y, en definitiva, a la libertad. Se trataría, como debiera ser, de la
trasposición de una directiva que regulara este comercio electrónico,
pero la redacción final, desagradablemente, nos lleva a que se regula
toda la información como un mero elemento comercial y no define el
término prestador de servicios en la sociedad de la información de manera
adecuada, conllevando todo ello de facto la consideración de toda la
información como objeto de tráfico mercantil en todos sus contenidos.
Entendemos que esto no es razonable ni es admisible. Creemos que se
debiera de hacer una correcta separación entre comercio e información,
siendo este un concepto básico para proceder a posteriori en la
trasposición de esa directiva a la adecuada regulación del comercio
electrónico.
Se tiene que regular el correcto electrónico, eso es correcto, pero hay
que hacerlo desde la visión de lo que realmente es, una modalidad de
venta a distancia entendiendo claramente la especificidad de la misma y
los condicionamientos propios, pero eso no significa crear una sociedad
distinta a la que tenemos, a la sociedad real. No es posible dotarla de
regulaciones diferentes a las que ahora tenemos para las cuestiones que
afectan a nuestra vida diaria en la legislación mercantil, en la
legislación civil y, por supuesto, en la legislación penal. No nos parece
conveniente la realización de una legislación paralela -en definitiva, es
lo que está haciendo este proyecto de ley- restringiendo además -y esto
es lo más grave- sustancialmente derechos fundamentales como la libertad
de expresión y la libertad de información, pilares básicos de cualquier
sistema democrático. El proyecto de facto viene a regular por ley
ordinaria materias propias de derechos fundamentales, cuya modificación o
regulación requeriría mayoría cualificada y una tramitación como ley
orgánica. Además -podemos entrar en alguna materia concreta- en
determinados artículos, sustancialmente el artículo 8....
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya, por
favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
Como decía, desde nuestro punto de vista, en el artículo 8 se produce una
limitación de derechos fundamentales abiertamente inconstitucional. Es
muy significativo el voto particular del señor López Tena respecto a
dicho artículo en el Consejo General del Poder Judicial. Este proyecto de
ley dota de poder desorbitado a la Administración permitiéndole cosas que
en cualquier otro medio serían totalmente inadmisibles por la vía de
legislación penal y, en definitiva, por respeto a los derechos humanos.
Señora ministra, ¿sabe usted qué título puso la revista norteamericana
Wild al proyecto de ley a la hora de comentarlo? El título era "La
Inquisición vuelve a España". (Una señora diputada pronuncia palabras
que no se perciben.) Eso es lo que ponía una revista americana, no esta
diputada. Esperemos que la tramitación de esta ley permita que la misma
revista modifique el título.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, desde Chunta Aragonesista pedimos la devolución
del presente texto al Gobierno mediante una enmienda a la totalidad
porque entendemos que el proyecto excede a la directiva que dice
desarrollar. Además, presenta aspectos que pueden atentar a derechos
fundamentales, ya que establece la posibilidad de interrumpir servicios,
retirar datos o imposibilitar el acceso a datos de forma cautelar o
definitiva a la autoridad administrativa sin exigir, al menos claramente,
la oportuna orden judicial, cuando en realidad estamos hablando de
derechos como la libertad de expresión, que ha contribuido a la extensión
y al éxito de Internet. Obviamente, se hace necesaria la posibilidad de
evitar actividades ilícitas en la red, pero con las oportunas garantías
judiciales y motivadas.
Este proyecto de ley atenta al principio de igualdad al no justificarse el
trato desigual a las mismas actividades cuando se desarrollan fuera del
marco de Internet como, por ejemplo, en telefonía vocal, fax, televisión
o anuncios de vallas publicitarias. El contenido de la norma afecta a
derechos fundamentales cuya regulación está reservada a la ley orgánica.
También criticamos que establece normas que, por la propia configuración
de Internet, se hacen imposibles de cumplir, por lo que debemos entender
que su regulación responde a un afán controlador de todos los elementos
de la vida social por parte del Gobierno. Finalmente, apuntamos que el
proyecto mezcla disposiciones de distinta naturaleza jurídica, lo que, en
vez de ordenar, provoca una auténtica inseguridad jurídica por llevar a
cabo, además, especificaciones innecesarias a normas generales. En
definitiva, se ponen una serie de trabas a los negocios realizados por
medio de Internet superiores a las establecidas a actividades similares
realizadas fuera de la red cuando en realidad no son relaciones distintas
ni relaciones contractuales diferentes. Se está penalizando la actividad
comercial incluso meramente prestadora de servicios por Internet cuando
la directiva y la propia exposición de motivos del proyecto manifiesta
que esta regulación se elabora pensando en incitar el uso de Internet en
la prestación de estos servicios.
Por todos estos motivos, señora ministra, pedimos la devolución del
mencionado proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, el
Bloque Nacionalista Galego también se va a oponer a la tramitación de
este proyecto de ley por entender que, en realidad, el Gobierno, con la
excusa de regular Internet, ataca claramente la libertad de expresión en
Internet.
Este proyecto de ley parte claramente, como ya le han dicho, de una
definición abusiva del concepto de servicios de la sociedad de la
información, que incluye servicios no remunerados. Prácticamente
cualquier página web con que tenga un banner se va a considerar servicio
de la sociedad de la información y va a ser sometida al régimen
draconiano previsto en el proyecto. Se restringe, de forma yo creo que
inconstitucional, la libertad de expresión en Internet, permitiendo
incluso adoptar por la Administración medidas equivalentes al secuestro
de publicaciones, como ordenar a un prestador de servicios que cierre una
página cuando -se dice en el artículo 8- se estime que atente o pueda
atentar contra valores como el orden público, la salud pública,
consumidores, usuarios, etcétera, conceptos jurídicos demasiado
indeterminados como apoderar tan ampliamente a la Administración. Se
establece un régimen sancionador desproporcionado y claramente lesivo
para las iniciativas autónomas y para las pequeñas y medianas empresas
que operan en el sector. Desde luego se incurre en una insuficiencia de
rango y en una más que previsible inconstitucionalidad.
Señora ministra, para el Bloque Nacionalista Galego ésta no es, ni mucho
menos, la ley que necesita Internet. Usted, ya en el ecuador de la
legislatura, no ha sido capaz o no ha querido establecer una tarifa plana
digna de tal nombre; no ha sido capaz o no ha querido garantizar a todos
los ciudadanos, vivan donde vivan, un acceso decente a Internet; no ha
sido capaz de impedir que los ciudadanos, vivan donde vivan, sean
perseguidos por un gobierno que puede considerar como ideológicamente
molestas ciertas iniciativas en Internet, como por ejemplo tuvimos
oportunidad de ver con ocasión de la presidencia europea; no ha sido
capaz tampoco de permitir que los discapacitados puedan acceder a los
portales y a las páginas web de la Administración, y no siendo capaz de
nada de eso, pretende ahora limitar la libertad de expresión en Internet.
Llevamos dos años de legislatura, estamos en el ecuador de su mandato, si
es que dura cuatro años, y el balance es claramente negativo. Si pretende
compensar el balance con esta ley, señora ministra, creo que no lo va a
conseguir.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar doy por defendida la
enmienda de José Nuñez, del Partido Andalucista. Me pregunto cómo se
puede tolerar que en esta Cámara discutamos un proyecto de ley en el que
se cuestiona la libertad de expresión; un derecho fundamental, un derecho
reconocido por la Carta Magna, un derecho que, en definitiva, tendría que
defenderse por todos los grupos de esta Cámara y que hoy queda tocado si
esta ley sigue su curso porque va a ser una autoridad administrativa
quien va a juzgar conceptos tan laxos como defensa nacional o salvaguarda
del orden público. Tendría que estar en manos de la justicia y no creemos
que deba estar en manos de una autoridad administrativa. Además produce
graves perjuicios para las pequeñas y medianas empresas, porque este
proyecto de ley supone un claro proceso de concentración en pocas manos,
en grupos económicos, algunos, podríamos decirlo de forma suave, aliados
del Gobierno, caso de Telefónica o hasta cierto punto de Retevisión.
Serán grandes grupos económicos de la comunicación los que tendrán
capacidad para autorizar a los pequeños o a los medianos, convirtiéndose
así en una especie de gendarmes ideológicos del Gobierno al decidir qué
webs pueden ponerse en funcionamiento y cuáles no pueden ser autorizadas.
Esto es, a grandes rasgos, lo que contiene el proyecto de ley, pero tiene
otros perjuicios. La red quiere decir transversalidad, horizontalidad,
democracia y libertad, y creo que con este proyecto de ley hacemos un
flaco favor a lo que habría supuesto Internet en este modelo de
desarrollo, de democratización de la información y sobre todo de
abaratamiento de los costes de la información.
En definitiva, nuestro grupo, Esquerra Republicana de Cataluña, votará
contrariamente a este proyecto de ley. Defendemos nuestra enmienda a la
totalidad y anunciamos la presentación de enmiendas parciales al
articulado. Creemos que esta ley refleja que la sociedad de la
información tiene que ser una sociedad de ciudadanos. Esta ley convierte
a la sociedad en súbditos, somos súbditos del Gobierno, pero sobre todo
somos súbditos de determinados grupos económicos que gozan del favor del
Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco son cuatro los
principales aspectos criticables de este proyecto de ley que descalifican
el proyecto en su conjunto y justifican la solicitud de devolución al
Gobierno para que se vuelva a redactar un nuevo texto. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En primer
lugar, por la vis expansiva de su ámbito de aplicación. En segundo lugar,
por las exageradas restricciones e incluso posibles violaciones de los
derechos y libertades fundamentales que conlleva esta actitud de vis
expansiva. En tercer lugar, porque, lejos de fomentar el comercio
electrónico y la utilización de los servicios electrónicos, plantea un
sistema intervencionista. Y, en cuarto y último lugar, por el absoluto y
total olvido del ámbito competencial de otras administraciones. Es
justamente cuando se incluyen en el texto del proyecto de ley ámbitos
colaterales a los regulados por las directivas cuando estas imprecisiones
e inseguridades se hacen más patentes, porque este proyecto de ley,
señora ministra, ha introducido un concepto amplio de lo que son los
servicios de la sociedad de la información, que engloban, además de la
contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de
información por dicho medio, siempre y cuando represente una actividad
económica, término tan ambiguo que ha suscitado una fuerte polémica sobre
su verdadero alcance e interpretación, no sólo en la red, sino también en
los medios de comunicación tradicionales y que incluso ha provocado
manifestaciones contradictorias por su parte y por parte de otros
responsables de su ministerio.
En nuestra opinión, la trasposición de esta directiva -que debería haber
engendrado una ley sobre el comercio electrónico- se ha tornado en una
ley que regula el uso de la red de Internet en un sentido amplio, ya que
no sólo el comercio electrónico, sino todos los sitios que ofrecen
enlaces, motores de búsqueda y descargas de archivos, sean o no
comerciales, caen también bajo la regulación de este proyecto de ley. En
nuestra opinión, esto se aleja del sentido y del objetivo de la directiva
europea.
Desde el análisis que realiza el Grupo Parlamentario Vasco, la traslación
de esta directiva está presidida por dos ejes antagónicos. Por una parte,
el Gobierno asume una posición de neutralidad y de tibieza en la
redacción general del proyecto de ley cuando se trata de abordar los
aspectos de promoción y garantía de uso de los servicios, adoptando una
pose de liberalismo, de laisser faire, y antagónicamente adopta una
posición intervencionista cuando trata de abordar los aspectos de control
del sistema y del usuario para el contenido de los servicios. El Grupo
Parlamentario Vasco se sorprende de esta doble actitud que adopta el
redactor de la traslación de la directiva. A nuestro modo de ver, sería
más razonable redactarla y trasladarla desde ópticas bien distintas, por
una parte, fomentando una actitud más garantista, sin trasladar la ley
con calzador y rebajada con gaseosa, y por otra parte, generando un
ambiente, un entorno, para generalizar el uso de las herramientas
de la sociedad de la información, porque desde esta perspectiva el
Gobierno está echando un jarro de agua fría a las expectativas del
sector.
En un terreno ampliamente comentado, tanto por la doctrina como por la
opinión pública, coincidimos en valorar este proyecto como
insatisfactorio e incapaz de cubrir las expectativas comerciales que se
tenían respecto a la utilización de la red. Este proyecto de ley parte
presumiblemente de una apariencia de fomento del comercio electrónico
desde esas primeras proclamas de liberalización de espacios y de
actividades, pero muestra su verdadero espíritu al establecer un sistema
harto intervencionista, con unos mecanismos rígidos de control que no
propiciarán en ningún caso la actividad comercial. Da la impresión de que
late un miedo mudo a la autonomía de la red, a la plasmación por estos
medios electrónicos de los derechos fundamentales que tanto ha costado
garantizar en el mundo no virtual, miedo que se solventa haciendo pender
la espada de Damocles de la intervención censuradora frente a la libertad
de comunicación, de información, de acceso, de pensamiento y de creación.
Es un miedo, el miedo del Partido Popular y del Gobierno, a no tener todo
bajo control, y desde esta perspectiva el Grupo Parlamentario Vasco
entiende que este proyecto de ley difícilmente va a servir para aquello
que debiera ser el primer objetivo del Gobierno en relación a la nueva
economía, a la sociedad de la información, que es impulsar su desarrollo,
porque no va a ser esta una ley que, salvo en algunos aspectos parciales,
inspire confianza en los agentes que intervienen en ella, en la medida en
que está construida en buena manera justamente sobre lo contrario, sobre
la desconfianza, la prevención frente a lo que significa Internet. Es un
proyecto de ley a la defensiva, lleno de salvaguardas, buscando que lo
nuevo se reduzca y limite hasta donde ello es posible a lo de siempre y,
bajo la apariencia de búsqueda de seguridad y en nombre de las
incertidumbres jurídicas con las que tropiezan la implantación de
Internet y las nuevas tecnologías, se deja de lado y hasta menoscaba su
potencialidad para el comercio, así como para el suministro de la
información, y se propone una legislación que busca más el control que la
seguridad, más el statu quo de lo viejo conocido que la potencialidad de
lo nuevo por conocer y desarrollar.
Se trata de un proyecto de ley que no pasa de ser, desde la consideración
más benévola, en el mejor de los casos, una apuesta timorata, de
mentirijillas, por la sociedad de la información, como por lo demás está
siendo también la política general que está desarrollando su ministerio,
señora ministra, respecto a todos estos temas de la sociedad de la
información, porque cuando se liberalizan las telecomunicaciones se hace
a cuentagotas, cuando supuestamente se elabora un plan de acción para el
fomento de la sociedad de la información, el INFO XXI, la realidad del
plan es que sobre todo se trata de operaciones de maquillaje y de
propaganda. Creemos que el conjunto de iniciativas que se están
desarrollando desde su ministerio muestra una olímpica despreocupación de
su departamento en relación a estas materias y, al constatar ahora en un
proyecto de ley la preocupación por controlar también Internet, no sea
que por esta vía, hasta hoy no tan controlada, se le cuelen cosas, sobre
todo informaciones, que vayan en contra del orden público, la seguridad
pública, la defensa nacional, una supuesta protección no ya de la
infancia, sino de la juventud misma, o cosas tan genéricas o abiertas a
la interpretación como el respeto a la dignidad humana o el principio de
no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión,
nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social que dice la
traslación de la directiva -ahí es nada, menuda transcripción-, con esos
criterios, ¿adónde podemos llegar?
Con esta preocupación por controlar Internet, el reverso de la moneda es
la despreocupación, más allá de los gestos a la galería, con la que este
Gobierno está planteando, a pesar del evidente retraso de la sociedad
española, la necesaria incorporación de las empresas, de los ciudadanos y
de la propia Administración a los criterios y a las herramientas de la
sociedad de la información y de la comunicación. Porque, aunque parezca
posible en la práctica, hay que optar, señora ministra. O se quiere
promover o se quiere controlar. Y aunque parezca posible en la práctica,
ambas actitudes son difícilmente compatibles. Cuando se quiere promover
una iniciativa particularmente en el caso del desarrollo de la sociedad
de la información, de la que tanto necesita esta sociedad para adecuarnos
a la modernidad, promover significa incentivar, ilusionar, facilitar la
creación de instrumentos y contenidos e impulsar la iniciativa
empresarial, y particularmente facilitar la aparición de servicios
similares a los que el ciudadano encuentra hasta el presente en su vida
cotidiana. Promover significaría convertir en vida real lo que
actualmente es simplemente una acción virtual; es decir, el ciudadano
debe encontrarse con que, utilizando los medios electrónicos que le
facilitan las telecomunicaciones, iguala o mejora sus condiciones de vida
y bienestar, facilitándose además el acceder a una información de mayor
calidad y a una comunicación más rápida en su entorno. Pero, señora
ministra, a alguien se le ha ido la mano y, en vez de crear una ley para
promocionar los servicios de la sociedad de la información, ha creado una
ley para controlar cómo se realizan los servicios y contenidos de la
sociedad de la información.
Como han dicho anteriores portavoces, coincidimos con lo ya expresado en
distintos foros de Internet y por determinados vocales del Consejo
General del Poder Judicial, por abogados y por experimentados usuarios y
empresarios de Internet. Nos preocupa fundamentalmente la vinculación del
control, no a los órganos judiciales correspondientes, sino a órganos
administrativos, en una lógica política que este Gobierno está
adquiriendo con carácter general, y me estoy refiriendo a otro proyecto de
ley que está en la Cámara, como es el del control de los fondos con
actividades relacionadas con el terrorismo. La democracia, señora
ministra, no es solo tener mayorías suficientes para sacar proyectos de
ley; la democracia es compartir determinados valores que están
íntimamente ligados a la misma, y no se pueden adscribir a vías
administrativas actuaciones que deben estar radicadas y residenciadas en
otros poderes del Estado. Eso no es democrático, señora ministra, ni aquí
ni cuando se actúa contra el terrorismo.
Nos preocupa seriamente que no exista un solo artículo en la ley dedicado
a las formas de incentivar la creación de servicios o la adecuación de
los servicios actuales a los sistemas y tecnologías que proporcionan la
informática e Internet. Nos preocupa que se mantenga una ley con una
absoluta inseguridad jurídica para los usuarios, dado que se desconoce
cuáles son las consecuencias fiscales, los costos reales de obtener
servicios a través de la red, y la independencia de que disfrutará el
promotor de los servicios y usuarios en la relación económica que afecta,
por tanto, a la duración y calidad de los servicios.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), desde esta perspectiva, va a
enmendar casi todos los artículos de este proyecto de ley, reclamando que
se vuelva a lo expresado en los borradores que en junio del año 2001
circulaban por la red, que provenían del propio ministerio. En nuestra
opinión, aquellos borradores se ajustaban mucho más a los contenidos de
la directiva europea que se trata de trasladar ahora.
Compartirá con nosotros, señora ministra, que en la situación que estamos,
en la que todo tipo de parámetros indican que llevamos 12 años de retraso
en relación a Europa en un momento en que está en juego la competitividad
no sólo económica sino incluso sociocultural, en un momento en que la
Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas para reducir
distancias con relación a los Estados Unidos como objetivo prioritario y
los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus objetivos,
encontrarnos con los ranking en que se encuentra el Estado español con
relación a estas materias y los objetivos que ahora se plantean nos hace
entender que no hay forma de cubrir este gap, esta distancia entre la
situación en que nos encontramos y los objetivos a los que habría que
llegar.
En definitiva, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
defiende una legislación que respete la directiva europea, que es
auténticamente promotora de servicios de la sociedad de la información;
una legislación que respete los derechos individuales y colectivos; una
legislación que establezca claramente cuál es la autoridad que debe
decidir sobre los excesos en los contenidos transmitidos a través de la
red; una legislación que promocione los servicios para el ciudadano a
través de los instrumentos informáticos que posee la sociedad de la
información, porque para controlar la vida ciudadana, señora ministra,
existe el Código Penal, en lo virtual y en lo no virtual, y otra serie de
códigos que afectan a la actividad económica, laboral y civil, y a ellos
hay que remitirse. Realizar legislaciones específicas en esta materia se
ha llamado toda la vida declarar estados de excepción y estos estados de
excepción no están justificados ni siquiera en el mundo virtual, y usted
debe ser muy consciente de ello, señora ministra. Con este planteamiento,
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apoyará las enmiendas de
devolución que se han presentado en el día de hoy y, por tanto, los
textos alternativos que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Federal
de Izquierda Unida han presentado en la Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor
González de Txabarri.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, tiene
la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, mi grupo parlamentario decidió presentar una
enmienda con texto alternativo, entre otras cosas, porque creemos que es
posible una trasposición adecuada de la Directiva 2031 al ordenamiento
jurídico español. Creemos que usted, señora ministra, su ministerio y el
Gobierno han ido mucho más allá de los objetivos que la propia directiva
pretendía cubrir y, desde luego, de la regulación de la sociedad de la
información que esa directiva pretendía. Decimos que han ido ustedes
mucho más allá porque desde que empezaron a presentar los borradores de
anteproyecto para que se pudieran conocer y se pudieran ir trabajando
hasta ahora las modificaciones han sido de tal calibre que mi grupo
parlamentario ha llegado a la conclusión de que esto simplemente lo han
hecho para que usted, hoy por la mañana, pueda subir aquí y decirnos que
ha sido una ley muy participada, una ley en la que ha participado mucha
gente y muy consensuada.
No vamos a poner en duda que, a lo mejor, en un principio podía ser así,
pero hoy ya no lo es. Ni las asociaciones de internautas ni las
asociaciones de comercio electrónico ni destacados juristas comparten el
texto que ustedes han presentado en esta Cámara y que estamos debatiendo
aquí, que realmente es un proyecto de ley negativo que, en lugar de
regular, lo que hace es sancionar y fundamentalmente controlar. Ustedes
no pretenden regular, pretenden controlar y, desde luego, las sanciones
no tienen nada que ver con esa regulación y sí lo tienen, y mucho, con la
recaudación que plantea y las necesidades económicas del propio Gobierno.
Las sanciones son totalmente desproporcionadas y el control inadmisible
por parte de nuestro grupo parlamentario
y, por lo oído aquí, por buena parte de los grupos parlamentarios de esta
Cámara.
Señoría, este texto no va a ayudar a un mejor desarrollo, a un desarrollo
más rápido de la sociedad de la información. Plantean en su texto que no
está sujeta a autorización previa la realización de determinadas
autorizaciones administrativas. Es verdad, en el texto así lo pone; pero
son tantas las trabas que a lo largo del texto van poniendo tanto a los
usuarios como a los ofertadores de servicios que al final casi sería
preferible una autorización -bastante más clara- para que pudieran tener
esa seguridad jurídica que hoy todo el mundo dice no tener y que tampoco
van a tener con esta ley. Plantean una constancia registral que va a ser
una auténtica locura para determinados sectores y determinadas
actuaciones como pueden ser las promociones de cualquier tipo de
actividad; en esa constancia registral hay que realizar tal cantidad de
documentación que, en lugar de permitir que se utilice Internet para
hacer promociones, van a obligar a que al final se tengan que hacer las
promociones tradicionales porque va a ser imposible hacerlo con la Ley de
la sociedad de la información. Además van mucho más allá cuando, por
mucho que digan aquí que no, plantean un recorte en la libertad de
expresión y de comunicación. Si uno de los beneficios que tiene Internet
es precisamente la facilidad de acceso a la información de los usuarios,
con independencia, y eso lo pongo entre comillas, de que hoy por hoy todo
el mundo tenga facilidad de acceso a Internet y tenga acceso a servidores
y pueda tener información y comunicación, aún así, con el retraso que
tiene nuestra sociedad, pretenden con esta ley que el sector de la
sociedad que ya dispone de Internet y que tiene acceso al mismo vea
coartada su libertad de expresión y de comunicación. Si ya hemos vivido
sin esta ley la persecución y el seguimiento de páginas web de aquellas
organizaciones que no comparten la política que hace el Gobierno, con
esta ley es muchísimo más grave.
Señorías, aunque ustedes dicen que no, mi grupo parlamentario cree, a
pesar de no haber presentado ningún escrito en la Cámara, que se pueden
estar regulando derechos fundamentales y por lo tanto tendría que ser una
ley orgánica, fundamentalmente en sus artículos 8, 11, 37.2 y 38.1,
porque estamos hablando de comunicación, del derecho a la libertad de
expresión y de la posibilidad que tiene la Administración competente
-vocablos totalmente ambiguos en una ley- para poder intervenir una
página web y para poder plantear la suspensión temporal de estas páginas
o, si quiere usted, el secuestro -como se hacía no hace tantos años,
aunque esperemos que no se vuelva a repetir- de prensa que pueda no
compartir en un momento determinado los postulados del gobierno de turno.
Por tanto, señorías, creemos que tendría que ser una ley orgánica al
menos en estos aspectos, por mucho que nos digan que no. Así, apoyaremos
a quienes han presentado la necesidad de declarar orgánicos algunos de
los artículos de esta ley. Dicen que no afecta a la libertad de
expresión. Nosotros creemos que sí. La Administración pública, no la de
justicia sino la pública, no puede determinar si existe un presunto
delito salvo que sean los tribunales quienes actúen y abran una
investigación. Por lo tanto han de ser estos los que han de determinar si
existe o no un posible delito, que después habría que probar.
Este proyecto que ustedes nos presentan es un proyecto fundamentalmente
intervencionista que nada tiene que ver con la directiva que hoy se
pretende trasponer. Además, señoría, usted nos explicaba las regulaciones
y podemos decirle que hay determinadas materias que ya están reguladas a
través del Código Civil o que se podrían haber solventado con una pequeña
reforma del mismo o de la Ley de Comercio o de la Ley de contratos a
distancia. No es verdad que no exista en nuestro país en estos momentos
legislación para poder dar cobertura legal a determinadas actuaciones a
través de los servicios de la sociedad de la información y desde luego
esta ley no está generando mayor seguridad jurídica ni para los usuarios
ni para los prestadores de servicios. Es más, ellos mismos dicen que es
totalmente insegura y que les genera muchos más problemas y muchísimas
más dificultades a la hora de funcionar.
Desde mi grupo parlamentario, señorías, simplemente planteamos una
trasposición fiel, en la que precisamente hay apartados que ni incluso
nosotros compartimos, pero hemos querido demostrarle, señora ministra,
que es posible hacerlo dentro de la norma que marca la Directiva y
regulando el sector, no controlándolo, porque además -y eso se ha hecho
también de forma bastante clara- creemos que lo mejor que se puede hacer
para que se desarrollen estos sectores todavía incipientes en nuestro
país es fomentar desde la Administración no solamente su desarrollo sino
también su autorregulación, que les va a permitir desarrollarse en
mejores condiciones y desde luego, señora ministra, desarrollarse
muchísimo más rápido, ya que ellos mismos serán los que se pongan los
límites dentro de la legalidad vigente, incluidas las páginas web, y
tienen ustedes mecanismos suficientes para poder incidir en aquellas que
puedan estar presumiblemente cometiendo un delito a través de nuestro
propio Código Penal.
Señorías, creemos que no es necesario ese control y esa intervención tan
dura. Ustedes, que son los máximos defensores de la liberalización en
todos los sentidos y de todos los sectores, parece ser que en el de la
comunicación no tienen tan clara esa liberalización y esa posibilidad de
acceso y difusión de las ideas de aquellos que no piensen como ustedes, y
por tanto creemos que es una mejor trasposición la que ha hecho mi grupo
parlamentario.
Nos hemos planteado el régimen de sanciones como un régimen que vaya a
sancionar los delitos o las
infracciones administrativas desde la perspectiva de la proporción al
volumen de facturación de los distintos prestadores de servicios, porque
creemos que es lo más justo, no solamente por el tipo de infracción que
puedan cometer, sino por el volumen de facturación que estos prestadores
puedan tener, porque creemos que ahí es precisamente donde puede estar la
prevención en la comisión de una infracción y no sólo y exclusivamente en
una cantidad inmensa de dinero para determinados sectores, que puede ser
negativo y llevarles incluso a una situación de desaparición, y que para
grandes multinacionales o grandes prestadores de servicios por mucha
cuantía que se les ponga en la sanción seguramente significará un simple
arañazo en sus cuentas y no un real desequilibrio en su funcionamiento y
posiblemente el cierre de la prestación del servicio que estén
facilitando.
Esa es la intención que tiene nuestra enmienda de totalidad con texto
alternativo, demostrarle, señora ministra, que desde un grupo de ocho
diputados se puede hacer la trasposición de una Directiva bastante acorde
con lo que la misma plantea, con los objetivos que se marca, y desde
luego desde una posición de respeto absoluto a la libertad de expresión,
a las necesidades de los prestadores de servicios y a la regulación y
autorregulación que estos deben de formar y configurar. Estamos hablando
de una ley de la sociedad de la información que según usted pretende
promover, avanzar y desarrollar. No lo decimos solamente nosotros, además
de los diputados y diputadas que me han precedido en el uso de la palabra
lo dicen los usuarios, lo dicen aquéllos con los que usted nos comentaba
que había consensuado la ley. Esta ley no les permite un mejor
desarrollo, ni les va a permitir avanzar, sino que les genera más
inseguridad jurídica y desde luego ataca a sus derechos fundamentales: el
de la libertad de expresión y de comunicación, y el derecho a la
información que tenemos toda la ciudadanía.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias,
señora Urán.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
señora ministra, subo a esta tribuna para defender la enmienda de
totalidad y el texto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado a la ley de servicios de la sociedad de la información y del
comercio electrónico, que a su vez presentó el Gobierno en esta Cámara.
Una ley que como nos recordaba la señora ministra trata de trasponer a
nuestro derecho interno dos directivas: la denominada de comercio
electrónico y una segunda que en este caso se traspone parcialmente y que
se refiere a las acciones de cesación en materia de protección de
derechos de los consumidores. Ambas pretenden, y lo recordaba aquí
también la señora ministra esta mañana, salvar algunas inseguridades
jurídicas que existen en relación con el comercio electrónico, potenciar
por tanto el comercio electrónico y con ello la sociedad de la
información. No en vano estamos hablando de una parte de la sociedad de
la información, estamos hablando de la utilización de la red para hacer
transacciones comerciales. Se pretende, por tanto, desarrollar también a
través de esta ley la sociedad de la información en España. Por eso quizá
no sea inconveniente, sino al contrario preciso y necesario, que hagamos
aquí un repaso siquiera somero, muy rápido, de cómo está la sociedad de
la información en España, y naturalmente del balance de la política del
Gobierno del Partido Popular en materia de desarrollo de la sociedad de
la información.
¿Cómo estamos? Estamos mal, muy mal podríamos llegar incluso a decir. Es
verdad que si le preguntáramos al presidente del Gobierno nos diría que
hay más internautas este año que el anterior, e incluso si está fino
podría llegar a decir que hay más internautas en España que en 1996. Y es
cierto, hay que reconocer que es verdad. No es relevante. Lo relevante es
cómo estamos en relación con los demás, y en este campo hay que decir que
hemos consolidado un honroso penúltimo lugar en materia de desarrollo de
la sociedad de la información, utilicemos el indicador que utilicemos.
Por ejemplo, según los indicadores de Eurostat el número de hogares
conectados en España es el 25 por ciento y la media europea es del 38 por
ciento. Estamos mal. Y usted sabe, señora ministra, que no se trata de
llegar tarde, se trata de llegar en el pelotón de cabeza porque en este
caso el que llega tarde sencillamente igual ya no llega. Y estamos mal,
entre otras razones, porque su plan INFO XXI ha sido una mezcla de
fracasos e incumplimientos. Le voy a poner sólo dos ejemplos para no
incidir demasiado en esta línea: el millón de españoles a los que usted
iba a alfabetizar digitalmente que ha quedado en cero o los 14.000
profesionales de las tecnologías de la información y de la comunicación
de los que no hemos sabido nada. Son sólo dos ejemplos, podríamos
seguir.
¿Y cómo estamos en comercio electrónico? Naturalmente, mal también. Es
verdad que aquí el Gobierno puede respirar aliviado porque no somos los
penúltimos sino los antepenúltimos, pero en conjunto mal. Nuestros
internautas utilizan el comercio electrónico mucho menos que los
europeos, puesto que en Europa se hace por parte del 40 por ciento y aquí
del 20 por ciento, y de nuestras empresas conectadas a Internet sólo
utilizan el comercio electrónico el 9 por ciento, mientras que en Europa
este porcentaje está por encima del 23 por ciento. En resumen estamos
mal, señora ministra, porque en política de telecomunicaciones estamos
mal (una política errática donde se va y se
viene, con cambios y rectificaciones, eso sí a gran velocidad, se lo
reconozco) y estamos mal porque en política científica y de innovación
tecnológica también estamos mal. Todo ello forma un conjunto, tiene
armonía y significa que su ministerio, señora ministra (se lo he dicho en
alguna ocasión, se lo digo hoy desde esta tribuna), ha sido un fiasco.
El otro día oí en un informativo de televisión que alguna lengua de doble
filo de su grupo parlamentario decía que en la siguiente legislatura el
Partido Popular iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
(Rumores.) Lo he oído, está escrito y publicado, le aseguro que no me he
inventado nada, incluso le puedo decir luego la cadena de televisión, y
me parece que está bastante puesto en razón. (La señora Mato Adrover
pronuncia palabras que no se perciben.) Créame, lo he oído en un
telediario, incluso me acuerdo que fue un domingo, luego le digo la
cadena. Me parece que el comentario está bastante puesto en razón.
Simplemente le añadiré al Grupo Popular que no se preocupe, que lo vamos
a hacer nosotros, no hay problema. (Rumores.) Estamos mal, señora
ministra, y por eso he hecho esta intervención para decirle que queremos
una ley de comercio electrónico, que entendemos que es necesario, que es
urgente que haya una ley de comercio electrónico, entre otras cosas para
ver si vamos salvando esta situación que acabo de describir. Queremos una
ley. La Directiva tenía que haberse traspuesto en enero, llega tarde,
pero queremos que la directiva se publique.
En este contexto que acabo de describir, lo relevante en este debate sería
preguntarnos si esta ley que el Gobierno nos trae hoy a la Cámara va a
potenciar el comercio electrónico o no, y la respuesta, señora ministra,
es que no. Se ha dicho ya aquí por muchos grupos parlamentarios, y no
tengo más remedio que incidir. Es una ley efectivamente intervencionista;
es una ley que lejos de estimular, lo que hace es poner trabas, poner
inconvenientes, dificultar el trabajo de las empresas y lo que es más
importante dificultar la llegada de nuevas empresas. Es una ley, señora
ministra, que siembra incertidumbres jurídicas sobre el elemento central
del desarrollo de la red: la libertad de información y la libertad de
expresión. En ese sentido es una mala ley. Ya no es sólo, como decían las
cámaras de Comercio, que había que haber hecho otras cosas en relación a
los registros o a las firmas electrónicas, ya no es un problema de
política de telecomunicaciones, que también, de redes, de precios, de
competencia, de ordenadores, de alfabetización digital, es que además
usted trae aquí una ley de comercio electrónico que no va a impulsar el
comercio electrónico. Es una ley que lejos de estimular, lo que va a
hacer es entorpecer y dificultar.
La segunda pregunta sería: si se trata de la trasposición de una buena
Directiva, ¿por qué una buena directiva cuando se traspone al derecho
interno acaba siendo una mala ley? Pues, señora ministra, porque ni el
Gobierno aquí, ni usted nos han traído una ley, nos ha traído dos leyes,
una que es la trasposición de una Directiva, y otra que es una ley para
regular la información en la red. Son dos leyes distintas. El problema es
que regular la información en la red exige inventar procedimientos, poner
trabas como todo tipo de regulación. ¿Y sabe lo que pasa, señora
ministra? Que esas trabas y esas dificultades que usted coloca en la ley
para regular la información, para entendernos para controlar la
información, acaban dificultando el desarrollo del comercio electrónico
que necesita justamente todo lo contrario. Ese es el problema, señora
ministra. El Colegio de Ingenieros hizo un ejercicio que me parece
enormemente interesante. Midió las palabras de la Directiva y las
palabras del texto de la ley del Gobierno español. La directiva tiene
5.000 y su ley 10.000. No me invento nada, es justamente el doble, dos
leyes en lugar de una. Ese es el problema de fondo, una ley contamina a
la otra. Si me apura es algo más grave, la ley para controlar la
información en la red acaba mandando, acaba venciendo sobre la ley de
comercio electrónico, y estamos realmente mucho más ante una ley para
controlar la información en la red, que ante una ley para fomentar el
comercio electrónico. Por cierto, usted lo sabe, la red es esencialmente
información, toda ella esencialmente información de ahí que su pretensión
resulte inútil y en algunos casos, como diré a continuación, peligrosa.
Ese es el problema. A partir de este planteamiento se entiende que en su
proyecto de ley haya trámites que no se exigen en ningún país de Europa,
que en su proyecto de ley haya duplicidades de registros, que se
establezca para los operadores responsabilidades que no se piden en
Europa. Se entiende que haya un sistema de sanciones absolutamente
desproporcionado, más pensado en recaudar que en evitar. Se entiende todo
eso porque es una ley preñada por otra que a usted le importa mucho más,
y es la que pretende controlar todo lo que se mueve en la red. Sólo por
esto la ley merecería una enmienda a la totalidad, pero no quedan ahí las
cosas. Es que además cuando usted se mete a regular la información, lo
hace mal al menos por dos razones. Se han mencionado las dos aquí y voy a
insistir brevísimamente en ellas. La primera, porque a nuestro juicio es
verdad que el carácter formal de los artículos que regulan la información
en su proyecto de ley deberían tener carácter orgánico, atendiendo a la
reserva que el artículo 81.1 de la Constitución hace para el desarrollo
de derechos fundamentales, y estamos evidentemente ante el desarrollo de
derechos fundamentales, estamos ante el desarrollo de la información, de
la opinión en la red. Le voy a recordar a usted la literalidad del
artículo 20 de la Constitución, en el que se reconocen y protegen la
libertad de expresar y difundir libremente las ideas y opiniones mediante
la palabra, los escritos o cualquier otro medio de reproducción. Se
establece el derecho a recibir y comunicar información veraz por
cualquier medio de difusión, por
cualquiera, también por la red, y se recoge naturalmente que el ejercicio
de estos derechos no puede someterse a censura previa. Todo eso está en
el artículo 20 de la Constitución y todo eso exigiría, a nuestro juicio,
darle carácter orgánico y por tanto votación de totalidad, que es quizá
lo que ustedes no quieren, sobre algunos artículos del proyecto de ley.
Pero el problema es mayor cuando nos referimos al apartado 5 del artículo
20 de la Constitución, en el que se establece que el secuestro de
grabaciones, publicaciones y otros medios de información sólo podrá
acordarse en virtud de una resolución judicial. Aquí su ley tiene una
peligrosísima ambigüedad. En última instancia estamos hablando de cerrar
un periódico en la red, de quitar una opinión de la red, de suprimir
algún tipo de dato de un registro o de un servicio; estamos hablando de
suprimir información, y a nuestro juicio su ley patina en esto y patina
peligrosísimamente.
Para referirse a este tema, usted habla de autoridad competente, de órgano
competente, de autoridad competente en razón de la materia, de autoridad
administrativa o de autoridad administrativa competente; todos esos
términos están en su ley para referirse a lo mismo: a quién está
capacitado para cerrar una página en Internet. La ambigüedad llega a ser
enormemente peligrosa cuando usted habla de los procedimientos
excepcionales, es decir de los procedimientos provisionales por los
cuales -y aquí sí lo dice con claridad el texto- la autoridad
administrativa puede llegar a intervenir sin ni siquiera haber iniciado
la incoación del expediente. Para que queden las cosas claras, señora
ministro, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la capacidad de
intervenir sobre le opinión y la información en la red -fíjese bien que
le digo la opinión y la información en la red, no estoy hablando de las
transacciones económicas- esa capacidad para intervenir de acuerdo con
nuestra Constitución sólo corresponde a la autoridad judicial, y eso
tiene que quedar extraordinariamente claro.
A continuación digo que nadie se llame a engañó; no puede haber
interpretaciones malévolas -o no quiero que las haya- según las cuales
alguien pueda decir que mi grupo parlamentario no está por luchar contra
los delitos en la red fuera del ámbito estrictamente económico. No, en
absoluto, todo lo contrario; lo que pasa es que queremos que se haga con
la Constitución y las leyes en la mano. ¿Que en una página de Internet
aparecen informaciones que atentan a la dignidad de las personas? Que
actúen la policía y los jueces, y se cierre la página. ¿Que algún
desaprensivo, algún delincuente o algún miserable comercia en la red con
prostitución infantil? Que actúen los jueces, y manden a los responsables
a la cárcel. Pero todo eso, señora ministra, tiene que hacerse respetando
la Constitución y las leyes. Dicho de otra manera, para que nos
entendamos usted y yo -el Grupo Popular y el Grupo Socialista-, no
queremos que bajo el pretexto de intervenir contra delitos en la red que
hay que perseguir, la autoridad administrativa -léase, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología- pueda cerrar una página web simplemente porque haya
opiniones o informaciones que no le gustan al Gobierno; eso es lo que no
queremos, y eso en el texto, señora ministra, no queda claro.
Somos conscientes de que es una ley urgente, y somos sensibles a que los
sectores que trabajan en el comercio electrónico quieren que exista una
ley. Por eso frente a las dos posibilidades que teníamos, la de hacer una
enmienda a la totalidad con rechazo del texto sin más, o la misma
enmienda haciendo un texto alternativo hemos elegido hacer lo segundo
porque nos parece que es contribuir a resolver el problema de manera más
eficaz. Hemos hecho un texto alternativo; texto alternativo que a tenor
de lo que vengo diciendo ya se pueden imaginar que no es sino la pura
reproducción de la Directiva; en definitiva una ley de comercio
electrónico, una verdadera trasposición de una directiva que nos parece
esencialmente buena. En nuestro texto alternativo restringimos el ámbito
de aplicación de la ley respecto al del suyo; por ejemplo, nuestro texto
no se aplicaría a las páginas web ni a los servicios de transferencia de
ficheros. En la misma lógica se inscribe que reforcemos la seguridad
jurídica de las transacciones, limitando el papel de la autoridad
administrativa a aquellas cosas que legalmente tiene encomendadas y
reforzando por tanto el de la autoridad judicial; que adaptemos el
régimen de responsabilidad de los prestadores a lo que dice la Directiva
al derecho comunitario, sin perjuicio, por supuesto, de los usuarios; que
armonicemos el régimen sancionador con el que existe en Europa; y
finalmente que simplifiquemos algunas cuestiones que el Gobierno
introduce a nuestro juicio innecesariamente en el proyecto de ley y que
van a entorpecer el desarrollo del comercio electrónico, llegando en
algunos casos incluso a suprimir obligaciones adicionales que a nuestro
modo de ver no son necesarias.
Termino ya, señora presidenta, señoras y señores diputados, señora
ministra, y lo quiero hacer mencionando algunos ejemplos que son
infinitamente más valiosos que muchos de los argumentos que pueda exponer
yo aquí. Supongo que muchos de ustedes habrán recibido estos días correos
electrónicos de muchos internautas preocupados por la tramitación de este
texto de ley. Yo he recibido uno que me llamó la atención, y que me
plantea algunas preguntas que me voy a permitir referir a ustedes esta
mañana, porque la pregunta -y sobre todo la respuesta- dice mucho más de
su proyecto de ley que todo lo que acabo de mencionar. El ciudadano que
se preocupa por el texto que vamos a emplear, me pregunta: Si ustedes
aprueban la ley -la ley en los términos que usted la manda-, ¿se
convertirá en ilegal por el mero hecho de tener un banner publicitario la
página web que mantenemos mis hermanos y yo? La respuesta es: sí, casi
con toda seguridad.
Añade a continuación: ¿Y nos pueden multar si no la registramos y
cumplimos todos los trámites necesarios? Una vez más tengo que
contestarle que sí, que le pueden multar. Y añade: ¿Es verdad que esa
multa puede llegar a muchos millones de pesetas. Ahí podríamos matizar:
algunos millones de pesetas -lo de los euros a veces conduce a esos
errores-; multipliquen por 160 y verán cómo salen millones. Y añade el
internauta: ¿Sin que se haga un juicio, siquiera pequeñito, antes de
condenarnos? La respuesta es: sí, puede suceder eso. Y dice a
continuación: ¿Si desde nuestra página web convocamos una manifestación,
por ejemplo, para pedir más viviendas sociales, nos pueden censurar o
cerrar la página? Sí, también se puede hacer, señora ministra. Y dice una
cosa más: ¿La empresa que aloja nuestra web puede cerrarla sin más porque
considere que incumple la -LSSI+ ? También, señora ministra, todo esto se
puede hacer. Así podríamos seguir. Acaba haciendo una pregunta que no me
corresponde responder a mí: ¿Por qué el proyecto establece este concepto
de prestador de servicios de la sociedad de la información tan amplio que
todo el mundo ha rechazado? Es una excelente pregunta para usted, señora
ministra; yo no lo entiendo si no es por el afán de controlar la red.
Termino ya reclamando el voto para nuestra propuesta, anunciando nuestra
predisposición favorable y nuestro voto favorable a las enmiendas de
devolución, también a la enmienda de texto alternativo de Izquierda Unida
y diciendo que ¡ojalá! se apruebe nuestro texto. Si no se aprueba, me
gustaría que a lo largo de la tramitación parlamentaria pudiéramos
acercar posiciones. Me gustaría, en resumen, que podamos convertir la ley
de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico en una
ley de comercio electrónico pura y sencillamente. Creo que haríamos un
gran servicio a la libertad de expresión, y por supuesto al desarrollo
del comercio electrónico en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor
Pérez Rubalcaba.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere destacar la oportunidad en el tiempo, en la forma y en el
fondo y la necesidad que tienen en España los sectores operadores en toda
la red de Internet de disponer de un documento extenso de protección
jurídica suficiente que dé por un lado seguridad jurídica, garantías
jurídicas a todos los intervinientes: operador inicial, soporte, usuario
o cualquiera de las distintas instituciones o entidades.
En primer lugar nos encontramos con la obligación de legislar por el bien
común sobre una nueva faceta: la globalización de la tecnología de las
comunicaciones a través de Internet como un servicio público generalista,
que gracias a los avances tecnológicos es más dinámico, para que cada
semestre que se hace una evaluación de los sistemas de banda ancha, de
nuevas autopistas de la información para trabajar con el menor tiempo
posible de demora en la red, y que al mismo tiempo dé seguridad jurídica
a quienes tengan que utilizar la red bien ofertando, bien recibiendo o
bien demandando. En España nos encontramos también con que dentro de los
compromisos que tenemos como miembro de la Unión Europea, es necesario ir
incorporando a nuestro acervo legislativo el acervo común que nos tiene
que venir de la Unión Europea; no hay más remedio que disponer de la
legislación pertinente actualizada y esto tiene que ser -como se dice en
el inicio de la exposición de motivos del proyecto de ley que nos ocupa-
recogiendo la directiva 2000/31, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información y en particular el comercio electrónico en el
mercado interior, Directiva, por tanto, sobre el comercio electrónico.
La dinámica, la demanda que actualmente ha adquirido el comercio
electrónico a nivel nacional, a nivel mundial, con las distintas
operaciones comerciales que afectan a todo el territorio, incluido
Canarias con sus peculiaridades fiscales, junto a las competencias que la
Administración como órgano de tutela reguladora debe atribuirse, hacen
que este proyecto sea necesario, porque lo demandan las circunstancias
del sector y la obligación de incorporar a nuestra legislación positiva
la citada Directiva de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo.
Nosotros vamos a apoyar que este proyecto pueda tramitarse en debida
forma. Vamos a votar en contra de las enmiendas que se han presentado,
respetando, porque coincidimos, muchos de los principios contenidos en
las denuncias realizadas, porque entendemos que esta legislación es
necesaria, que tiene una parte positiva. Igual que el sector Internet
está demandando a la innovación tecnológica una banda lo más ancha
posible que permita una mayor rapidez en las autopistas de la
información, también nosotros demandamos una mayor rapidez en el proceso
legislativo.
Mi grupo anuncia que va a presentar una amplia batería de enmiendas a
aspectos concretos del proyecto de ley que creemos no están recogidos en
la Directiva de la Unión Europea -no tenían por qué estarlo- pero que
debe tener en cuenta la Administración española competente para
salvaguardar cuestiones que nuestro grupo parlamentario considera que
están en la Constitución española, en leyes que desarrollan derechos
fundamentales, como la intimidad o la reserva del
secreto. Vamos a intentar, digamos, hacer una poda en aquellos aspectos
que pudieran considerarse excesivamente intervencionistas, más propios de
la censura sobre un medio de comunicación que de una sociedad de
libertades, que como factor fundamental de nuestra Constitución quiere
defender mi grupo.
Entendemos que esto se puede corregir y hemos visto esa voluntad en las
palabras de la ministra de Ciencia y Tecnología, señora Birulés. Esto nos
da la garantía de que vamos a poder contribuir de manera positiva, en el
sentido de perfeccionamiento, a un importantísimo texto legal. La
sociedad española en su conjunto no puede estar desprovista de un
instrumento legal tan demandado, sería quedarnos no sólo en una situación
obsoleta con relación a otros países, sino quedarnos en una situación de
indefensión, de atraso legislativo vinculado al avance tecnológico, y en
una situación de inseguridad jurídica para todos los sectores afectados.
Tanto derecho tiene un sector a demandar sus derechos privados como la
Administración a exigir sus derechos públicos, puesto que la
Administración está obligada por las leyes comunes a tutelar las
competencias pertinentes de manera clara y convincente para el común de
los ciudadanos.
Por esas razones, señora presidenta, reitero el anuncio de que nos vamos a
oponer a la devolución de este proyecto al Gobierno y a las enmiendas
formuladas en contra del mismo y que iremos trabajando en los trámites de
Ponencia, Comisión y Pleno en el perfeccionamiento de este interesante e
imprescindible proyecto de ley.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señora ministra de Ciencia y
Tecnología, señorías, abordamos hoy en este Pleno el debate de totalidad
de un proyecto de ley importante, de un proyecto de ley -y coincido con
la señora ministra- que tiene un valor simbólico, porque estamos
legislando sobre los servicios de la sociedad de la información, un
ámbito normativo reciente en algunos aspectos, y sobre el comercio
electrónico en particular. Por tanto, reconozco al ministerio ese valor
emblemático que la ministra exponía en su primera intervención al
defender el proyecto de ley que hoy se somete a este debate de
totalidad.
Es un debate, señora ministra, que llega con cierto retraso. Recuerde que
ya hace casi un año que este diputado, en nombre de Convergència i Unió,
le dirigió una pregunta oral en este mismo Pleno que decía lo siguiente:
¿Para cuándo ese proyecto de ley? Usted respondía: antes de que finalice
el período de sesiones. Le recuerdo que era el 30 de junio de 2001 y
estamos ya en abril de 2002. Se ha producido un retraso en la
tramitación, pero quizá obedezca a un aspecto que mi grupo quisiera
valorar positivamente, y es que su ministerio haya decidido situar los
distintos borradores de proyecto de ley en las páginas web del ministerio
para que puedan ser objeto de conocimiento público y para que se puedan
hacer aportaciones. Creo que esto es positivo. Esta iniciativa que ha
tenido el ministerio de abrir el proyecto a ese proceso de público
contraste antes de presentarlo al Congreso de los Diputado es positiva.
Ha habido diversos consensos fuera de este Parlamento, pero mi grupo
parlamentario, Convergència i Unió, le pide que a partir de ahora este
proyecto sea fruto de mayor consenso en el Parlamento. Valoro
positivamente el proceso público, pero a partir de ahora, a partir de
este debate, donde tantas inquietudes se manifiestan por distintos grupos
parlamentarios, mi grupo le pide que en el trámite de ponencia y en el
trámite de Comisión logremos una mayor anuencia final y que este
Parlamento sirva para mejorar el texto que presenta su ministerio.
Mi grupo anuncia un conjunto de enmiendas al articulado que van a tener
como finalidad primordial intentar aunar posiciones, intentar buscar
puntos de encuentro entre todos, porque sería bueno para la sociedad en
su conjunto que al final de este Parlamento saliera una ley con mayores
apoyos, una ley que diera esa seguridad que la propia ministra nos
exponía esta mañana. Decía la señora ministra que este es un proyecto
necesario y adecuado. Yo coincido en la necesidad, lo hacían también
otros portavoces. Incluso coincido con el planteamiento de aquellos que
piden un texto alternativo y no una mera devolución, porque coincidimos
muchos aquí en que es necesario regular los aspectos de comercio
electrónico, tal y como nos exige la directiva comunitaria, directiva que
ya estamos incluso incumpliendo desde hace unos meses. Coincidimos en la
necesidad de la regulación, pero usted añade que es adecuado. ¿Y es
adecuado el contenido? En algunos aspectos, no. Algunos aspectos
deberemos modificarlos sustancialmente en ponencia y en Comisión para
evitar que se den interpretaciones, que yo me permito afirmar que usted
no comparte, de que el proyecto conlleve algunas de las afirmaciones que
hoy se han dicho aquí. Estoy convencido de que ni el Gobierno ni el Grupo
Popular comparten algunas de las afirmaciones que pudieran derivarse del
proyecto, por lo que debemos perfilar mejor la redacción para que al
final todos podamos coincidir en disipar esas dudas. Un ejemplo muy claro
lo tenemos en el artículo 8, que puede conllevar en algún aspecto alguna
contradicción con el propio texto constitucional, con el artículo 20 de
la Constitución, o con el artículo 40. Por ejemplo, cuando se trate de
publicaciones, grabaciones y otros medios de información, sólo una
autoridad judicial puede interrumpir la prestación de un servicio o
retirar los
datos que atenten a determinados principios que se regulan en ese artículo
8. Con la redacción del proyecto podría interpretarse que en este ámbito
es también una autoridad administrativa y debemos dejarlo claro. Estoy
convencido de que usted, su Gobierno, el Grupo Popular, también tienen la
plena voluntad de respetar la Constitución y, por tanto, llegaremos, vía
enmiendas, a una mayor claridad en la exposición de estos aspectos.
Debimos aportar esta mayor claridad en la exposición de determinados
aspectos.
Otro ejemplo. En el artículo 15, cuando se regula la responsabilidad de
los prestadores de servicios de intermediación, se dice que para exigir
la responsabilidad del prestador de un servicio de intermediación ante la
información que tiene almacenada debe haber una evidencia a través de una
comunicación fehaciente por resolución motivada de que conocía la
irregularidad, la ilegalidad de aquella información que almacenaba.
Porque si no, ¿cómo podemos exigirles esa responsabilidad? Si lo hacemos
así paralizaremos el desarrollo de la sociedad de la información en lugar
de impulsarlo. Debemos aclararlo, debemos aportar -coincido con usted-
esas garantías, pero debemos también aportar esa redacción que no
facilite interpretaciones que ni el Gobierno ni los grupos de esta Cámara
desean.
Igualmente sucede con el artículo 16. Según qué interpretación se dé al
artículo 16, podríamos asustar a la ciudadanía, y no lo pretende el
proyecto; pero la interpretación que se le diera, podría, de tal forma,
asustar al conjunto de usuarios que evitáramos los links, porque no
siempre se tiene esa certeza de qué es aquello a lo que se me conecta
cuando estoy haciendo un link. Por tanto, debemos, repito -y es voluntad
de mi grupo parlamentario-, contribuir, y por ello no hemos presentado
enmienda a la totalidad. Haremos un amplio conjunto de enmiendas al
articulado, con el objetivo de adecuar plenamente el proyecto a la
Constitución. Todos estaremos de acuerdo. Si hay algún aspecto que genere
dudas, debemos aportar confianza, y ese es el mensaje de mi grupo
parlamentario, confianza que también le pedirá en el ámbito de las
sanciones. Lo decía el señor Pérez Rubalcaba hace unos momentos y lo han
dicho también otros portavoces, y yo creo que hay un punto de
coincidencia con el Grupo Parlamentario Popular, que la expresión de la
regulación de las sanciones, tal y como viene en el proyecto, puede
llevar a que nadie las desea, por su magnitud desmesurada que, al final,
conlleva a un freno de ese desarrollo de la sociedad de la información.
Tenemos que realizar un esfuerzo para llegar a una enumeración de las
sanciones que sea correcta, que dé respuesta a aquello que nadie quiere,
pero que evite lo que pueda ser una redacción con poca flexibilidad y
que, al final, nos lleve a un resultado no querido.
Señora ministra, señorías, hay otro aspecto que para nuestro grupo es
importante. Algunos portavoces, por ejemplo el del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), denunciaba una cierta vis expansiva en lo que es la
redacción de este proyecto de ley. Esa vis expansiva conlleva que, al
final, la regulación global del proyecto pueda conculcar el ámbito
competencial de las comunidades autónomas. Mi grupo ya le anuncia, señora
ministra, la presentación de un conjunto de enmiendas para preservar ese
ámbito competencial. Se hace una afirmación de principio de que el Estado
tiene competencias. Tiene competencias, pero las tiene sin perjuicio de
las que tienen también en ámbitos colaterales las comunidades autónomas;
comunidades autónomas que sabe la señora ministra que tienen competencias
en comercio interior y en protección de los consumidores y usuarios, en
medios de comunicación social, en ámbitos conexos a este proyecto de ley.
Igual que usted nos afirmaba en su intervención que el proyecto no pone
ni quita competencias, que al final sea así, que ninguna comunidad
autónoma pueda ver conculcadas sus competencias por la aplicación o
desarrollo de este proyecto de ley, y dejemos también a estas comunidades
que tengan el ámbito de desarrollo que les corresponda de acuerdo,
repito, con sus competencias en este ámbito.
Quizá debiéramos definir con mayor claridad lo que se entiende por órgano
competente. El órgano competente, evidentemente, es la Administración
general del Estado, también las administraciones autonómicas, también las
entidades locales y sus respectivos organismos o entes públicos
dependientes cuando actúen en el ejercicio de competencias que tengan
legalmente atribuidas. Esto deberemos perfilarlo en la redacción del
proyecto de ley.
Voy a terminar, señora presidenta, señorías, diciendo que no podemos hacer
una ley de censura. Esta ley no puede ser vendida a la sociedad como una
ley que conlleve una censura de contenidos, porque estoy convencido que
nadie pretende que lo sea. Este es un compromiso que todos los ponentes
nos tenemos que aplicar desde el primer día: pulir las redacciones para
que de la ley nunca se pueda decir que se conculca, con su aplicación, un
prinicipo constitucional de libertad de expresión, como el que nos
reconoce con amplitud el artículo 20 de nuestra Constitución.
Por último, quisiera recalcar que también deberemos precisar bien el
ámbito de aplicación. Debemos precisar exactamente qué son servicios de
la sociedad de la información. Hay determinados servicios como, por
ejemplo, el alojamiento de datos, aplicaciones o servicios facilitados
por el destinatario del servicio y alojamiento, el ofrecimiento de
instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos, la transmisión
de información a través de una red de telecomunicaciones, etcétera, que
son de intermediación, pero no son servicios de la sociedad de la
información, y esto después tiene consecuencias para los titulares de
esos servicios en la aplicación del proyecto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Jané, le ruego
que concluya.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta, reafirmando que el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acude a este debate con
el ánimo positivo de intentar mejorar el proyecto de ley en el trámite de
ponencia y Comisión a través de una serie de enmiendas. Es un proyecto de
ley necesario que -estoy convencido- la sociedad nos reclama y que la
propia directiva europea nos exige; pero el consenso que una ley de estas
características exige requerirá que en ese trámite de ponencia y Comisión
todos los grupos hagamos el esfuerzo y tengamos la voluntad de mejorar y
perfeccionar el texto del proyecto de ley. Eso, sin duda, redundará en el
desarrollo del comercio electrónico y permitirá afianzar en su conjunto
la sociedad de la información.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra, para fijar su posición, la
señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición sobre el proyecto de ley de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico. Este proyecto
proviene de una directiva cuyo nombre no iba a mencionar, pero creo que
nos viene bien hacerlo a efectos del debate porque en el propio título de
la directiva incorpora algo más que comercio electrónico, como son los
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. Con
eso me evito tener que dar algunas razones al respecto de que haya un
proyecto de ley que regule sólo el comercio electrónico.
Señorías, en pocas ocasiones subiré a esta tribuna con más satisfacción
que en el día de hoy. En primer lugar porque nadie puede discutir -nadie
lo ha hecho- la necesidad y la oportunidad de este proyecto de ley. En
algunas otras reformas o en otros proyectos del Gobierno polemizábamos
sobre su necesidad o no, pero en este caso resulta evidente y unánime que
este proyecto responde a la urgencia de la sociedad española por
recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, por conseguir la convergencia
real en materia de la sociedad del conocimiento. En segundo lugar, en mi
grupo estamos satisfechos porque no sólo hay que hablar de Europa, sino
que todos tenemos una obligación a la hora de la construcción europea.
Con este proyecto hacemos Europa, incorporando a nuestro ordenamiento
jurídico una directiva, haciéndolo sin mimetismo y añadiendo las
cuestiones que son propias de nuestro ordenamiento constitucional
específico, lo que nos permitirá aumentar -como decía la señora ministra-
nuestro potencial de crecimiento económico, nuestra competitividad y
nuestro desarrollo empresarial; todo ello ofreciendo al conjunto de los
ciudadanos oportunidades para la mejora de su calidad de vida y su
bienestar. En tercer lugar, sentimos satisfacción porque el Gobierno del
Partido Popular vuelve a dar un nítido ejemplo de lo que es el diálogo
social. Oír, analizar propuestas, recibir opiniones es lo que hace
nuestro Gobierno y muy especialmente con este proyecto de ley. Hay quien
cree -y se equivoca- que el diálogo social es exclusivo de los sindicatos
o de los empresarios. No es así, señorías. El diálogo social es, como
indica su denominación, el diálogo con la sociedad y con el conjunto de
las organizaciones que defienden los intereses o incluso las aficiones de
la sociedad.
Se ha criticado esta mañana que este texto ha sufrido múltiples versiones.
Me sorprende esa crítica porque, lejos de desagradarme, me agrada mucho
que este proyecto se haya modificado porque probablemente ha sido y es el
más participativo que se recuerde en nuestra historia parlamentaria.
Señorías, tan avanzado es este proyecto que precisamente ha usado ya las
nuevas tecnologías a la hora de su elaboración. Como decía el señor Pérez
Rubalcaba, muchas veces los ciudadanos nos preguntan que les concretemos
para qué vale la sociedad de la información. Pues bien, hoy podemos
afirmar que las nuevas tecnologías sirven también para recibir opiniones
que nos ayudan a elaborar buenos proyectos legislativos. En el año 2001
se colgó el borrador del proyecto en Internet y se han recibido en esta
etapa ni más ni menos que 32.800 accesos, más de 40.000 consultas y más
de 5.600 personas son las que han descargado el proyecto en formato
comprimido para su estudio y análisis. Ya nos gustaría a todos que
cualquier iniciativa legislativa que estudie este Parlamento tuviera este
amplísimo periodo de consulta y, sobre todo, la respuesta que ha tenido
esta invitación.
Señorías, el resultado final del diálogo social, que es importante, es un
texto articulado que estamos debatiendo en el día de hoy, que goza, a
pesar de algún grupo parlamentario, de un amplísimo respaldo, en
particular de los consumidores y de los usuarios. Por ejemplo, la
asociación de internautas, la asociación de usuarios de Internet, la
asociación de usuarios de la comunicación, la Federación de Usuarios y
Consumidores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, entre
otros. Hago mención a estas asociaciones porque muchas veces el Grupo
Socialista y algún otro grupo de esta Cámara nos las ha puesto de ejemplo
de lo que pedían al Gobierno que se hiciera. Pues bien, en esta ocasión
todo este grupo de asociaciones, que creo son representativas del sector
y ningún grupo parlamentario considerará lo contrario, han expresado su
respaldo a este proyecto, lo han valorado positivamente y han puesto de
manifiesto la importancia de la distinción que hace el proyecto de las
actividades comerciales, señor Pérez Rubalcaba, de las que no lo son y,
sobre todo, desde el respeto escrupuloso a los derechos
fundamentales y muy especialmente los de la libertad de información,
expresión y opinión. Por tanto, las alusiones que se hacen relativas a
falta de receptividad del Gobierno, a falta de escucha y de incorporación
de cuestiones que son importantes y a las modificaciones que se han
producido en el proyecto de ley desde el borrador quedan absolutamente
desmentidas por la posición de las asociaciones más representativas de
los sectores vinculados al comercio electrónico y a la sociedad de la
información.
Como decía al principio, ante este panorama no les oculto que siento
alguna decepción. Nos sentimos decepcionados porque un proyecto con
tantos niveles de acuerdo social se vea sometido hoy, legítimamente por
supuesto, a cuatro enmiendas de totalidad por parte de los grupos
Socialista, PNV, Izquierda Unida y Mixto.
Dicho todo esto, no le extrañará a nadie que nuestro grupo fije posición
contraria a las enmiendas de totalidad que se han presentado en esta
Cámara. En algunas de esas enmiendas se acusa al Gobierno de
intervencionismo. Estoy fijando posición sobre las enmiendas, como
corresponde a la petición de palabra que ha hecho mi grupo parlamentario.
Curiosamente los que nos acusan de intervencionismo son los que más lo
han practicado cuando han tenido responsabilidades de gobierno y los que
tienen una visión de la sociedad permanentemente intervenida desde los
poderes públicos. Quiero rechazar tajantemente esta acusación poniendo de
manifiesto que una cosa es intervencionismo y otra muy distinta
introducir en la ley derechos y obligaciones consustanciales a nuestra
Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, a los que no tiene por
qué referirse la directiva europea, y que tiene como objetivo dotar de
garantías a los ciudadanos ante determinados servicios y suministros. A
nadie se le puede ocurrir que la utilización de un soporte electrónico
pueda reducir las garantías que los poderes públicos conceden en la
actualidad a los ciudadanos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Quiero recordar que la mayoría de las obligaciones que se imponen en este
proyecto de ley a los prestadores de servicios son proporcionar
información sobre su identidad, establecimiento y actividad y no me
negarán que eso, lejos de suponer un amenaza para la supervivencia de la
iniciativa privada en Internet, es una amenaza para las actividades
delictivas que se realizan al amparo del anonimato en la red, sobre todo
pueden favorecer la utilización de los servicios de la sociedad de la
información ya que se mejorará la confianza de los usuarios en este
medio.
Algunos enmendantes plantean como argumento de sus enmiendas que se rebasa
el marco de la directiva europea, pero eso es perfectamente legítimo, es
una práctica habitual y muy común en la mayoría de los Parlamentos
europeos y, si no fuera así, bastaría con que los parlamentos nacionales
aprobáramos la fotocopia de la directivas comunitarias.
El Grupo Socialista presenta un texto que coincide, casi en su totalidad
-al igual que el presentado por Izquierda Unida, aunque no en su
contenido- con el texto del Gobierno. Por eso no nos parece adecuado el
texto que, sobre todo, pone de manifiesto la carencia de fundamento de la
enmienda de totalidad. En nuestra opinión, hubiera sido más correcto -y
lo digo también por la enmienda de Izquierda Unida- haber hecho un
ejercicio constructivo de diálogo en la ponencia y en la Comisión que
intentar descalificar el proyecto en su conjunto, lo que está en la
intención de los grupos enmendantes.
La supresión de 6 artículos y una disposición transitoria no justifica la
presentación de una enmienda a la totalidad cuando se coincide en la
estructura, en los principios y, básicamente, en los contenidos, salvo si
lo que se pretende es eludir el debate nacional y que los parlamentos
nacionales, como decía antes, señor Pérez Rubalcaba, seamos meras
fotocopiadoras de las decisiones europeas.
Es perfectamente legítimo intentar mejorar las directivas comunitarias
siempre que seamos escrupulosamente respetuosos con las mismas. Tengo que
rechazar algunas acusaciones malintencionadas y sin ningún tipo de
fundamento que acusan al Gobierno de pretender coartar el derecho de
libertad de expresión en la red con esta ley. Es justamente lo contrario.
Por cierto, algún grupo parlamentario que esta mañana se ha llenado la
boca al hablar de la libertad de expresión debería utilizar esas mismas
expresiones cuando habla en otro territorio de España, muy querido por
todos nosotros, donde la libertad de expresión y otras libertades,
todavía hoy, desgraciadamente, no están garantizadas. Como decía, lo que
hace el proyecto es recordar la necesidad de establecer la libertad como
termómetro de nuestra democracia y de proteger de forma expresa los
derechos individuales sagrados en todos los países que viven en libertad.
En algunas enmiendas se intenta trasladar dudas jurídicas acerca del
carácter orgánico de algunos artículos de esta ley.
Pues bien, resulta curioso observar cómo algunos que siempre fueron
ejemplo de rebajar a rango reglamentario lo que debía ser regulado por
ley busquen en el carácter orgánico un elemento de confrontación. Lo diré
más claro. En cualquier proyecto de ley que se discute en esta Cámara es
obligatorio estudiar si hay preceptos orgánicos o no. Eso es una
obligación diaria, pero no es un motivo para presentar una enmienda de
totalidad. Más grave, señorías, es pretender decir que el artículo 8 es
confuso y ambiguo o que se introduce en el proceloso terreno del
condicionamiento de la difusión de pensamiento u omisión. Este artículo
se limita a recordar lo evidente, que por la red no deben circular datos
que infrinjan la ley, que ofendan la dignidad, que produzcan
discriminación racial de opinión o de otro orden o que produzca
perjuicios a la infancia o a la juventud. Esto es importante porque nadie
en esta
Cámara querrá decir que los contenidos que pasan por la red o las
actividades que se realizan a través de los mecanismos tecnológicos
existentes no tienen por qué cumplir el ordenamiento jurídico. Si
vulneran los principios, serán las autoridades competentes, en su caso,
según la naturaleza del dato, las que ejercerán las medidas legalmente
previstas para este medio de transmisión. ¿Podría regularse con más
detalle? Sin duda, podría regularse cada dato, medida y la autoridad
competente para cada uno, pero ni es preciso ni técnicamente razonable.
El proyecto se limita a una pura remisión, sin añadir o modificar nada a
las funciones ya atribuidas a cada responsable público en la legislación
vigente. Decir que esta remisión que se hace en la ley afecta a la
libertad de expresión es una manipulación políticamente intencionada de
los principios jurídicos, cosa que también ha puesto de manifiesto el
Consejo General del Poder Judicial.
No voy a tener mucho tiempo para seguir comentando datos de las enmiendas,
porque tampoco es el papel que tengo en el día de hoy, sino que
simplemente intervengo para fijar posición sobre la misma, pero sí es
verdad que tendremos la oportunidad de hacerlo, porque, en esta ocasión,
mi grupo está especialmente satisfecho porque la mayoría de los
ciudadanos está con esta ley. En el día de hoy hemos debatido un proyecto
y hemos vuelto a oir algunas cuestiones de las que ya estamos cansados,
pero que seguiremos soportando con buena cara y estoicismo.
Señor Pérez Rubalcaba, con el permiso de la presidencia le voy a dar
algunos datos, porque usted ya se ha puesto la venda antes de la herida,
y dice: ahora vendrá el portavoz de turno del Partido Popular y me dará
datos. Pero es que, aunque ustedes no crean en los datos, no crean en el
CIS, no crean en el IPC y no crean en la EPA, éstos son importantes. Los
datos son que en febrero de 1996 el 0,7 de la población eran 240.000
usuarios de Internet y en febrero de 2002 el 22,2 por ciento, 7.700.000.
En cuanto a móviles, en el año 1996 había aproximadamente un millón y hoy
hay 30 millones, el 75 por ciento de la población. Es verdad que es un
dato que está muy retrasado con respecto a Europa...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Mato, le ruego
vaya concluyendo.
La señora MATO ADROVER: Termino en seguida, señora presidenta.
Es verdad que es un dato retrasado, señorías, pero también es verdad que
es así porque España sufre el retraso de muchísimo tiempo.
En el día de hoy hemos oído también criticar la existencia del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. La señora ministra sabe muy bien que nuestro
partido no es el Partido Socialista -por tanto, puede estar tranquila- y
que ha sido el señor Rodríguez Zapatero el que, carente de toda
credibilidad, ha llegado a plantear si existe o no Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Probablemente esa pregunta denota el conocimiento que tiene
de la actividad pública y del trabajo que se realiza en este Parlamento,
probablemente también porque los árboles le impiden ver el bosque y los
problemas internos le tapan lo que es la realidad social. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Mato, concluya
ya.
La señora MATO ADROVER: Termino ya, señora presidente.
Señorías, le guste o no le guste al Partido Socialista, España hoy día
está gobernada en el acercamiento a los países de nuestro entorno en
materia de nueva tecnología, este Gobierno ha dado prioridad política y
presupuestaria a las nuevas tecnologías y es el que ha creado el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a iniciar la
votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En primer
lugar, sometemos a votación, de manera conjunta, las siete enmiendas de
devolución que han sido planteadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a
favor, 108; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a
favor, 108; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, sometemos a votación la enmienda de texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a
favor, 110; en contra, 172.
- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL FONDO DE BIENES DECOMISADOS
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (Número de
expediente 121/00070.)
La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley por la que
se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y
otros delitos relacionados.
A este proyecto ha sido presentada una enmienda a la totalidad, de
devolución, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor
vicepresidente primero y ministro del Interior. (Rumores.)
Señorías, ruego a quienes lo vayan a hacer que abandonen el hemiciclo con
diligencia, al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante el Pleno
de la Cámara para informarles acerca del proyecto de ley por el que se
regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y
otros delitos relacionados, que acaba de ser aprobado por el Gobierno y
que hoy se somete a debate de totalidad en esta Cámara comenzando su
tramitación parlamentaria, en la que espero se alcance un importante
nivel de acuerdo y consenso entre los grupos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, estamos en debate. Les ruego que guarden silencio o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias.
Como ustedes saben, el vigente Código Penal establece en su artículo 374,
en materia de comiso por delitos de tráfico ilícito de drogas, que los
bienes decomisados deben ser adjudicados al Estado, aunque no establece
unas finalidades concretas para los mismos ni tampoco otros aspectos
relevantes, como son los relacionados con el procedimiento de integración
en el patrimonio del Estado o lo relativo a su gestión y protección
jurídica. Por su parte, la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, aprobada con
un amplio apoyo parlamentario, fue la norma que vino a completar el
referido precepto penal, creando un fondo de titularidad estatal que se
nutre exclusivamente de los bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas, así como de los incautados por la fabricación o tráfico ilícito
de precursores, según la dicción literal de ese precepto.
Como dato significativo, puedo decirles que, desde la entrada en vigor de
la Ley de 1995 hasta el año 2001, las cantidades que han integrado el
fondo han supuesto un incremento adicional importante de los recursos del
Estado para la lucha contra las drogas. En efecto, estas partidas
ascienden a más de 32 millones de euros, que han sido distribuidos o
están en trámite de distribución entre los beneficiarios. Hasta finales
del año 2001 se habían distribuido más de 15 millones de euros destinados
a la prevención de las drogodependencias y a la asistencia y reinserción
de personas afectadas, casi 7 millones de euros a la mejora de las
actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión del
tráfico ilícito de drogas y algo más de un millón de euros para atender a
los gastos derivados de la propia gestión del fondo. Estos datos nos
permiten hacer sin duda un balance, una valoración positiva de las
actividades del fondo desarrolladas hasta ahora, así como del grado de
cumplimiento de los objetivos que se perseguían en el ámbito de la lucha
contra el fenómeno social de las drogas en nuestro país. No obstante,
debe indicarse también que en el texto legal en vigor se han venido
apreciando algunas deficiencias u omisiones de importancia a las que
pretendemos dar respuesta con el proyecto de ley que hoy debatimos en la
Cámara, cuya finalidad no es otra que la de mejorar el régimen jurídico
aplicable, permitir un incremento de los recursos del fondo y mejorar los
procedimientos de integración de bienes de gestión y distribución.
En este sentido habría que mencionar que una inadecuada coordinación
legislativa durante la tramitación del Código Penal, de la Ley orgánica
de represión del contrabando y de la Ley del fondo, que hoy queremos
modificar, impidió que quedasen dentro de la aplicación de esta ley los
bienes decomisados por blanqueo de capitales y los bienes incautados por
contrabando, con los inconvenientes que esto lleva aparejados. Por otro
lado, también hay que recordar que la Ley 36/1995 fue modificada al poco
tiempo de ser aprobada mediante la Ley 61/1997, de 19 de diciembre, con
el fin de asegurar que los remanentes de crédito originados en cada
ejercicio pudieran incorporarse al ejercicio presupuestario siguiente, lo
que no era legalmente posible hasta ese momento.
Por último, dentro de este capítulo de consideraciones generales, hay que
precisar que las modificaciones impulsadas en este proyecto serán
completadas con otras relativas al régimen legal del decomiso específico
por tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, con la regulación de la
enajenación anticipada de los bienes y del decomiso del valor
equivalente, entre otros. En este sentido, hay que decir que la comisión
técnica para la revisión del sistema de penas del Código Penal ha
concluido sus trabajos, que ya han sido remitidos al Ministerio de
Justicia, que está estudiando en este momento las sugerencias y
conclusiones efectuadas para articular en fechas próximas
las modificaciones legales que afectan a estas materias y por tanto será
un complemento muy importante de este proyecto de ley que hoy
presentamos.
El proyecto de ley que hoy les presento incide principalmente en los
siguientes aspectos, que paso a referir. En primer lugar, amplía el
ámbito objetivo de los bienes que se integran en el fondo, posibilitando
que, junto a los bienes decomisados por aplicación de los artículos 368 y
373 del Código Penal -delitos contra la salud pública en sus modalidades
de tráfico ilícito de drogas y precursores-, se puedan integrar en aquél
los decomisados por aplicación del artículo 301 del mismo Código,
relativo al blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de
drogas, y también los decomisados y adjudicados al Estado de acuerdo con
el artículo 5 de la Ley orgánica de represión del contrabando.
En segundo lugar, y en el ámbito de los beneficiarios, hay que tener en
cuenta que el carácter transnacional del fenómeno de las drogas hace de
la cooperación y el diálogo internacional uno de los instrumentos
esenciales para actuar con eficacia frente al mismo. La cooperación
internacional constituye de hecho en la actualidad uno de los pilares y
ejes fundamentales de la política de lucha contra las drogas, aspecto
éste en el que el fondo de bienes decomisados abre nuevas posibilidades.
En consecuencia, junto a la cooperación multilateral, ya prevista en la
actual ley, el proyecto amplía los beneficiarios, permitiendo la
posibilidad de promover la cooperación bilateral en la que los
protagonistas son los Estados por medio de los recursos del fondo. Para
ello, se consideran también como beneficiarios de esos recursos a dichos
Estados y se equiparan las entidades supranacionales a los organismos
internacionales. Además, el proyecto permite también el desarrollo de
relaciones internacionales mediante el reparto de bienes con otros
Estados participantes en investigaciones y operaciones de represión del
tráfico ilícito internacional de drogas y del blanqueo de capitales, de
manera que se declara en todo caso la supremacía de los tratados
internacionales que incidan en la materia objeto de la ley, posibilitando
también la integración en el fondo de bienes incautados en el extranjero
con la colaboración de las autoridades españolas.
En tercer lugar, en cuanto al destino de los bienes, el proyecto introduce
mejoras en el procedimiento para la determinación del destino de los
recursos del fondo. A este respecto se establece con carácter general la
obligación previa de enajenar aquellos bienes que no consisten en dinero
u otros medios de pago al portador admitiendo, no obstante, de forma
excepcional, la cesión de su uso a los beneficiarios de forma gratuita.
Con ello se trata de impedir la acumulación de bienes en una gran masa
patrimonial que provoca un aumento en los gastos de gestión y
administración del fondo, facilitándose a la vez estas últimas tareas.
En cuarto lugar, se contempla la posibilidad de cesiones gratuitas de los
bienes del fondo no sólo cuando los mismos sean inmuebles sino también
cuando sean bienes muebles, cosa que actualmente no estaba permitida, así
como también la posibilidad de abandono de bienes en determinadas
circunstancias y la determinación del destino de aquéllos cuando por
disposición legal o de un tratado internacional estén sometidos a
limitaciones o restricciones especiales en su propiedad, posesión o
comercio.
Para concluir el examen de las principales reformas que aporta el nuevo
texto, debo indicar que el proyecto dedica una particular atención a la
colaboración de los órganos judiciales con el fin de facilitar y agilizar
la integración de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias
decomisados mediante sentencia. Sobre este asunto el texto trata de
evitar demoras o dificultades que puedan incidir de forma negativa en el
valor económico de los bienes y, en última instancia, en los
beneficiarios de ellos. Con esta finalidad se ha regulado la obligación
de remisión al órgano administrativo gestor del fondo, junto a la
sentencia declaratoria del comiso, de aquellas resoluciones judiciales
relevantes (autos de declaración de firmeza, declaración de sentencia)
para la correcta integración de los bienes en el fondo, y también la
obligación de los referidos órganos de colaborar con la mesa de
coordinación de adjudicaciones en la identificación y localización de los
bienes.
Destaco dos aspectos finales que recoge el proyecto de ley que son, de una
parte, la exclusión del pago de los gastos originados en los
correspondientes procesos penales y la introducción de disposiciones
sobre la protección jurídica de los bienes referentes a las inscripciones
en los registros públicos, declarándose su inembargabilidad y la
afectación de aquéllos a finalidades de interés público específicas.
Señoras y señores diputados, no quiero terminar mi intervención sin poner
de relieve la gran importancia que tiene el proyecto que hoy presento. El
fenómeno social de las drogas exige esfuerzos extraordinarios por parte
de todos y la regulación del fondo, además de dar cumplimiento a la
previsión contenida en el Convenio de la ONU de 1988 contra el tráfico
ilícito de drogas, es un instrumento de gran importancia y utilidad en la
referida tarea, como ha sido reconocido más allá de nuestras fronteras.
Por ello, vuelvo a insistir en la misma idea del principio: espero que
sea fructífero el debate de este proyecto y confío en que las
aportaciones de los grupos parlamentarios sean del máximo interés para el
contenido de esta nueva norma y que pueda concitar el mayor nivel de
acuerdo posible.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el proyecto de ley de reforma de la Ley del
fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, ley que se aprobó en esta Cámara en diciembre de
1995, es el primer proyecto que en materia de drogas presenta el Gobierno
desde el año 1996. Durante toda la legislatura anterior no se presentó
ninguno; es verdad que se hicieron algunas incorporaciones a nuestra
legislación, no se presentó más que una reforma parcial a la que usted ha
aludido, señor ministro, una disposición adicional que se incorporó al
anterior proyecto, pero como tal éste es el primer proyecto que se
presenta en materia de drogas, pese a que, como todos sabemos por las
estadísticas, el problema de las drogas sigue siendo uno de los primeros
en consideración y en preocupación de los ciudadanos. Pese a las
reiteradas declaraciones a la prensa del ministro anterior acerca de la
necesidad de cambios sustanciales, que al final resultaron no ser tantos,
y a las de usted mismo, señor ministro, la realidad es que éste es el
primero que viene. Pudiera pensarse que el Gobierno anterior lo hizo muy
bien y no ha sido preciso introducir cambios profundos o que ustedes han
estado en otra cosa y no lo han hecho tan bien.
Tenemos que agradecer su presencia aquí, aunque hoy sea una fecha negra
para la Ley vigente, ya que su grupo ha decidido protegerle con una
coraza para que no comparezca ante la Comisión para el estudio del
problema de la droga.
Mi grupo estima que este proyecto tiene la intención de desvirtuar
sustancialmente la Ley vigente y sustraer a la Cámara el debate de lo que
podría ser su ley alternativa. Aspectos sustanciales, que voy a enumerar,
pasan a desarrollarse por la vía del reglamento sin que pueda esgrimirse
ninguna argumentación en sentido contrario, y lo que aparece aquí como
una reforma de pura actualización en aspectos no previstos por la
legislación anterior o de mera agilización de procedimientos no puede
estar más lejos de la realidad, aunque el informe preceptivo del Consejo
General del Poder Judicial pase de puntillas por este proyecto. Este
proyecto supone el adelgazamiento, la neutralización de la Ley vigente en
aspectos tan sustanciales como el destino de estos bienes, la composición
de la mesa de adjudicación y sus competencias. La cesión de uso de estos
bienes se convierte en este proyecto en excepcional y, además, debe
hacerse previo acuerdo de la mesa, es decir, se sustrae a las comunidades
autónomas la capacidad de instar al ministro del Interior, cuando el bien
inmueble sea decomisado en su territorio, a proponer la firma de un
convenio con los ayuntamientos o con las ONG, como la Ley vigente
contempla y como se desarrolla en su reglamento. Es más, incluso, tal y
como aparece en el proyecto, en estos casos excepcionales la mesa puede
autorizar la enajenación de la titularidad del Estado de este bien
cedido.
En cuanto a la composición de la mesa, su distribución numérica también se
relega al reglamento y, si nos fijamos en sus competencias, desaparece
del proyecto la capacidad de la mesa para enajenar. En el proyecto no se
expresa si creará o no una sociedad, como han hecho en otras leyes, para
enajenar dichos bienes, aunque su remisión a otras leyes administrativas
nos hace pensar que con este tema pueda pasar lo mismo que en materia de
aguas y en otros aspectos de nuestra realidad.
Este proyecto tampoco va a determinar el destino de estos bienes porque
también se puede hacer vía reglamento. Así que nos encontramos ante un
proyecto que modifica el destino de los bienes inmuebles y de cuya mesa
de adjudicación no conocemos ni su distribución ni sus competencias,
puesto que el destino de esos bienes también se puede determinar en el
reglamento. Ya no es que se le sustraiga a la mesa la capacidad de
enajenar, sin que se explique nada en la exposición de motivos, sino que
se nos sustrae el conocimiento del destino de esos bienes, que está
fijado en la Ley vigente. Todo esto se remite a un reglamento
inexistente, puesto que el actual se deroga en los aspectos que el
proyecto de ley atribuye al reglamento, pero ni siquiera se fija fecha
para su desarrollo. Suponemos que habrá un reglamento posterior, pero me
gustaría recordar aquí que en la tramitación de la Ley vigente los grupos
parlamentarios presentaron enmiendas, también el Partido Popular, para
que el reglamento de dicha ley se desarrollara lo más rápidamente
posible, incluso se fijó un plazo de tres meses. En este proyecto se
remiten aspectos muy sustanciales a un reglamento que no se sabe cuándo
se desarrollará. Tanta remisión a ese reglamento no aporta transparencia
al debate, deja demasiadas sombras sobre el proyecto y no razona la
desconfianza hacia las comunidades autónomas, hacia los ayuntamientos o
hacia las ONG. Solamente aparece la palabra convenio para decir que la
mesa puede suprimirlos, aunque no se habla de suprimir ni de rescindir,
ustedes usan la palabra resolver, que es eufemísticamente mejor. Tampoco
se razona el porqué de la determinación del destino de los bienes vía
reglamento, ni se razona el porqué se prefiere otro procedimiento para
enajenar. Es este reglamento, inexistente todavía y sin plazo puesto que
se deroga la Ley vigente y su desarrollo reglamentario en estos aspectos
a los que he aludido, el que usted nos niega hoy aquí para que no
conozcamos cuáles son sus intenciones y pueda pasar hoy como una
expresión -permítame que se lo diga, señor ministro- de ventajismo
parlamentario.
Señorías, ninguna de las razones expuestas en la exposición de motivos
para justificar la reforma de la Ley vigente son, a nuestro juicio,
razones de peso que pudieran hacer pensar en la buena intención de este
proyecto, ni el delito de contrabando pues este supuesto, a nuestro
entender, es concurrente con el tráfico de drogas. No estamos hablando de
drogas lícitas, sino de
drogas ilícitas, y es difícil pensar que pueda darse un supuesto de delito
de contrabando que no suponga un tráfico de drogas al mismo tiempo. Es
decir, es difícil argumentar que va a haber un incremento en el fondo
procedente de estos delitos de contrabando que no venga ya del propio
delito de tráfico de drogas.
En cuanto a la ampliación del ámbito, a la que usted se ha referido, señor
ministro, tampoco nos parece que la auténtica razón sean las
actualizaciones a las que hace referencia en la numeración de lo que es
el delito de blanqueo de capitales, que es lo que aporta esta ley. No es
que el ámbito se amplíe al delito de blanqueo de capitales, sino que lo
que se hace es actualizar la numeración de los delitos, que en el código
anterior tenían numeración diferente a la del código actual. Eso ya lo
hicieron ustedes en el reglamento que sacaron en el año 1997, donde ya no
aparece la numeración antigua, sino la nueva referida al delito de
blanqueo de capitales. Es decir, eso lo incorporaron ustedes en 1997;
luego si lo tenían incorporado vía reglamento, no parece que sea
justificación del proyecto que se vaya a incrementar el fondo con los
bienes procedentes del delito del blanqueo de capitales; no parece muy
honesto ese planteamiento. Tampoco nos parece que los compromisos
internacionales que se formulan en los tratados y cuyo rango es superior
al de las leyes ordinarias, justifiquen este proyecto; ni las
especificaciones acerca de cómo se deben notificar las sentencias, que ya
también se habían modificado vía reglamento de 1997. ¿Son éstas las
verdaderas razones? Usted ha anunciado aquí que va a modificar el comiso
o que hay ya estudios en el Código Penal acerca de la prueba de indicios,
venta anticipada, etcétera, pero de momento este proyecto no aborda en
absoluto esa cuestión y las razones que vienen expresadas en la
exposición de motivos o bien estaban ya en el reglamento o bien no
justifican este proyecto.
Su Gobierno, señor ministro, lleva mucho tiempo hablando mal de la Ley del
fondo, de la escasa agilización administrativa. Por cierto, muchos de los
trámites, como la identificación de los bienes, se pueden agilizar sin
necesidad de traer este debate. No conocemos las razones del porqué desde
hace seis años o más aún no haya sentencia firme para que el pazo Bayón
pueda ser usado por las organizaciones no gubernamentales -un bien
inmueble simbólico para las asociaciones- para la rehabilitación,
prevención, reinserción, etcétera. Esos problemas judiciales no están hoy
sobre la mesa, quizá alguna de las razones de la presentación de este
proyecto ahora sea las dificultades que pueda haber de tipo judicial,
pero pertenecen a un campo que no es el que nos trae aquí hoy a debate y,
por tanto, no voy a insistir en él. Ninguna de las críticas que han
deslizado tanto usted, señor ministro, como su delegado para el Plan
Nacional sobre Drogas figuran para mejorar el proyecto; no figuran. Nada
hay sobre la posibilidad de mejorar y agilizar el procedimiento, nada de
lo que han anunciado en sucesivas ruedas de prensa; lo que traen hoy aquí
no tiene nada que ver con lo que anuncian en los medios que van a hacer y
no hacen, ni tiene que ver con lo que las asociaciones de ayuda vienen
demandando: que estos bienes se destinen a las zonas en que más se
decomisa. Le voy a dar un dato ilustrativo del destino de los bienes del
fondo para que podamos ver hasta qué punto hay cierta discrecionalidad y
hasta arbitrariedad -no voy a ser más contundente en mis adjetivos- en la
distribución del dinero entre los ayuntamientos para programas de
prevención de la drogadicción, etcétera. Según el último presupuesto que
conocemos, que es el de 2000, desgraciadamente, de 140 millones
destinados a los ayuntamientos, 122 van a ayuntamientos del Partido
Popular -algunos de los cuales sin duda tendrán razones para demandar
estos programas- y el resto a ayuntamientos del Partido Socialista, y
sólo tres ayuntamientos son del Partido Socialista mientras que 17 son
del Partido Popular, y de 122 millones, sólo 13 van a ayuntamientos de
signo socialista. No parece que la discrecionalidad responda a verdaderos
criterios objetivos.
Señor ministro, quisiera terminar la intervención diciéndole que estos
datos que le doy son, desgraciadamente, del año 2000, por lo que está
incumpliendo la ley ya que tiene la obligación de presentar en las Cortes
durante el primer trimestre de cada año el correspondiente informe anual
del fondo -y el de año pasado se ha presentado en los últimos días-, que
debe recoger el detalle de las principales operaciones y los datos
económicos más destacados. Hasta para esto, señor ministro, ha jugado
usted hoy al ventajismo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy en un debate suscitado por la enmienda de totalidad
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley en
una secuencia legislativa muy ordenada, correcta y conforme a nuestro
criterio de lo que comienza en 1995 con la Ley 36/1995, de 11 de
diciembre, que recogía una solución lógica -mi grupo la apoyó con su voto
en aquella ocasión en esta Cámara- con la creación del fondo de bienes
decomisados por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados. Fue
muy bien acogida por todas las instituciones, por la sociedad española y
por la opinión pública, pero ya en el año 1997 hubo que hacer una
actualización de dicha ley con la reforma que introdujo la Ley 61/1997,
que actualizaba un fenómeno que se estaba produciendo.
El balance, a la vista de la experiencia y de los hechos ocurridos, indica
que es necesario dar a la situación actual unas salidas legales,
perfectamente sancionadas por una ley de estas características, y sobre
todo en coordinación con las autoridades del Poder Judicial, de los
jueces, magistrados y tribunales que han tenido que dictar determinadas
sentencias que han devenido en algunos casos respecto a la cuestión de la
inembargabilidad en condenas impuestas por los tribunales a los
narcotraficantes detenidos y condenados que planteaban el embargo de sus
bienes, que no podían destinarse a los fines que la Ley 36/1995 y la Ley
61/1997 indicaban.
El señor ministro del Interior ha hecho una exposición muy sistemática y
correcta, a nuestro juicio, del diagnóstico de una realidad que es
necesario actualizar, y por lo tanto tenemos que reconocer explícita e
implícitamente que ha quedado completamente obsoleta la Ley 36/1995 y que
la que la reformó en el año 1997, la Ley 61, está también obsoleta, por
lo que necesitamos proveernos de un nuevo texto legal actualizado que
contemple la solución a todos los problemas que se han planteado.
La Comunidad Autónoma de Canarias se ha encontrado a veces con un
protagonismo no deseado. Nadie desea el protagonismo de salir en los
periódicos por hechos luctuosos o por detenciones de delincuentes, pero
forma parte del ejercicio legal. Ha habido operaciones encomiables de
nuestros servicios de represión de la lucha contra el narcotráfico que
han sido realizadas tanto por la Guardia Civil como por la Policía
Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Fiscal
Aduanera y se están haciendo aprehensiones en alta mar. Hemos salido
últimamente en los medios de comunicación por noticias de llegada a
puertos canarios, bajo la custodia policial oportuna, de buques cargados
de droga con destino a España y que han sido aprehendidos en alta mar.
Esta es una noticia satisfactoria en todos los órdenes. Y nos estamos
encontrando con que esos instrumentos de transporte -las famosas
planeadoras, las lanchas rápidas, los buques, etcétera- estaban yendo al
fondo y era por tanto necesario determinar un amplio catálogo de
destinatarios de esas cuestiones. Creemos que el proyecto de ley lo
señala en su artículo 3, sobre destinatarios y beneficiarios, y en ello
las comunidades autónomas nos sentimos perfectamente reconocidas e
identificadas. El punto b) del apartado 1 menciona después de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a las
comunidades autónomas y las entidades locales en los supuestos que se
enumeran. Tenemos ya, por tanto, una seguridad jurídica y una indicación
clara, concreta, explícita e implícita en el texto del proyecto de ley de
estas entidades, corporaciones autonómicas y locales, junto a otras que
se enumeran en el amplio catálogo o índice de beneficiarios y
destinatarios. Era necesario hacerlo así.
Otra de las aportaciones positivas de este proyecto de ley es señalar
también la supremacía de los tribunales o de los tratados internacionales
cuando se realizan por fuerzas españolas o en territorio español
determinadas aprehensiones en las que hay una reclamación del Estado
originario. Creemos que es un avance reconocer que los tratados
internacionales tienen una primacía de reconocimiento, como no podía ser
menos en un país como España, que se mueve en unos escenarios como la
Unión Europea u otros escenarios públicos internacionales en los que el
principio de reciprocidad debe ser exigido a unas partes y a otras.
Tenemos la figura del destino de los bienes, que era necesaria porque
hemos tenido una serie de dificultades tanto en el ámbito de los
servicios administrativos como, sobre todo, de las decisiones judiciales
respecto al destino que tenía que darse a esos bienes y a si podía
cederse su uso. Esto no puede hacerse con todos los bienes -una
planeadora sí podía pasarse a los servicios de vigilancia aduanera,
etcétera-, pero sí había una serie de bienes cuyo uso podía cederse
gratuitamente. Después había determinados bienes, muebles o inmuebles,
cuya aplicación y destino tendrá que tener claros la mesa de coordinación
de adjudicaciones que se cree ahora, pero un Estado de derecho tiene que
respetar también en lo relativo a esos bienes incautados las competencias
de determinadas áreas, en este caso tuteladas por el Poder Judicial, por
los tribunales de justicia, y vuelvo a incidir en la primera figura que
señalaba de las cuestiones de los embargos. ¿Cómo iba a hacer la
Administración un acto discrecional de adjudicación de unos bienes
incautados a los narcotraficantes o a los contrabandistas cuando después
se iba a producir una sentencia judicial porque no era el embargo del
alijo capturado, sino del transportador? Estos son bienes que, si son
tasados en una sentencia judicial por los peritos correspondientes, el
juez podía incorporar a las aportaciones del embargo que allí se
realizaba para subvenir a las multas y condenas impuestas a los
narcotraficantes. Por tanto, nosotros entendemos que había que regular un
nuevo marco legal para esta materia, fundamentalmente por la obligación
que aquí se trae, cosa importante, de inscripción en el registro público
de estos bienes. Un Estado de derecho, cuando está actuando de esta
manera en bienes incautados a los narcotraficantes, sabe que no se trata
de hacer almoneda de los mismos y de hacer una incautación propia de un
Estado que no respeta leyes de derecho. Con una ley como esta, España
podía presumir ante los foros internacionales porque exigimos el derecho
y nos lo exigimos a nosotros mismos a través de la propia Administración,
que cuando tiene que hacer estas cautelas de incautación de un bien no va
a caer en el error de utilizar un almacén, que tiene unos gastos de
gestión, como si almacenáramos en una playa de Canarias o del sur de
España las pateras que han llegado allí, donde no hay ningún gasto de
administración. Hemos tenido la experiencia
de un buque incautado por las autoridades españolas en el Puerto de la Luz
y de Las Palmas de Gran Canaria que, al cabo de un año de atraque allí,
ha producido una especie de galimatías porque no sabemos quién tiene que
pagar los derechos de atraque portuario y quién se hace cargo del
mantenimiento de aquella nave, que los jueces pueden incluso declarar
como carga de la prueba para las sentencias que tienen que dictar. Por
tanto, nos parece positivo el contenido del proyecto de ley respecto a la
obligación de inscripción de los bienes en registros públicos así como lo
que señala respecto a la inembargabilidad de los mismos. Los servicios
del Ministerio del Interior y los del Ministerio de Economía y Hacienda
no podían incautar estos bienes que después iban a ser embargados por una
sentencia judicial con otro destino. Por lo tanto, creemos que este
proyecto de ley es oportuno y necesario porque regulariza la situación de
experiencias actuales y porque tenemos que derogar las leyes de 1995 y
1997 por obsoletas e insuficientes en este momento.
Por las razones citadas, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra
de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y en
cualquier otro trámite haremos las correcciones oportunas vía enmiendas.
Mi grupo no tiene nada más que un sentido de aceptación plena, incluso
desde el punto de vista del destinatario, de las comunidades autónomas y
entes locales y el restante abanico de corporaciones, nos sentimos
perfectamente resguardados en las decisiones que vía reglamento se tomen
en su día por la mesa de coordinación de las adjudicaciones y estamos en
la línea de apoyo a este proyecto del Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor vicepresidente, el Grupo Vasco no barajó en ningún momento
la presentación de enmienda a la totalidad a este proyecto de ley
creyendo, quizá erróneamente o con ingenuidad, que el proyecto que se nos
trae es sólo parte de la reforma o del compromiso que, en el ámbito
normativo en materia de tráfico de drogas y delitos relacionados, el
Gobierno tiene pendiente de traer a esta Cámara. Hemos hablado de todas
estas iniciativas en numerosísimas ocasiones y en la última con el propio
señor vicepresidente en su comparecencia de 30 de octubre del año 2001
con ocasión de presentarnos sus planes en la Comisión para el estudio del
problema de las drogas. Por ello, y desde esta perspectiva, el contenido
de la norma que hoy es objeto de enmienda a la totalidad nos parecía
correcto en líneas generales. Que se amplíe el ámbito de los bienes
decomisados, que se contemple, como se contempla, lo relativo a los
tratados internacionales en materia que tanto transfiere o
internacionaliza -por repetir la expresión- la delincuencia nos parece
perfectamente correcto, de la misma manera que en el ámbito de los
beneficiarios, el destino de los bienes del fondo y la regulación que se
hace finalmente respecto de la mesa de adjudicaciones. Incluso nos
parecía bien la forma en la que se establece la colaboración que deben
prestar los órganos judiciales, a la que también, por cierto, da su
asentimiento el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Hay algunas dudas y suspicacias sobre el cometido que se da a los cuerpos
policiales, dado que la referencia siempre es a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que, según la terminología acuñada por la Ley de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sólo hace referencia a Policía Nacional y
Guardia Civil. Nos parece que debiera haber alguna referencia expresa a
otras policías que también intervienen en estas materias o quizá algún
mayor pormenor en relación con la presencia de las comunidades autónomas,
que sí están en el texto, al menos desde nuestra perspectiva.
Quedan pendientes numerosas cuestiones, pero que no son objeto de
tramitación. Nos pareció desde el principio que era perfectamente posible
atender las posibles deficiencias que he apuntado por la vía de las
enmiendas parciales, que es por la que la formación política a la que
represento prefiere transitar en este caso. Sí queda, y tienen pendiente
la vicepresidencia y el Gobierno en su conjunto de traernos a la Cámara,
lo que hace referencia a los instrumentos de investigación policial, que
debo confesarle ya -y así se lo manifesté también al ministro en su
comparecencia- que suscitan ciertos miedos en esta diputada en relación
con lo que tiene que ver con una mayor agilidad que se pretende obtener
respecto de la posibilidad de escuchas o intervenciones telefónicas, la
creación de nuevos medios que puedan facilitar ser más expeditivos en
esta materia, la regulación del agente encubierto, las entregas
vigiladas, modificadas en la legislatura pasada, pero que ciertamente no
nos quedaron de la forma más feliz. Digo un cierto miedo puesto que
siempre que se habla de estas cuestiones nos movemos entre los dos polos
de la búsqueda de la eficacia y las garantías que, desde la perspectiva
de la formación política a la que represento, es necesario atender. En
este momento concreto nuestros miedos se acrecientan cuando hablamos
quizá de la intervención de las comunicaciones y tenemos tan reciente el
paso por esta Cámara de la Ley por la que se regula el Centro Nacional de
Inteligencia de forma tan poco feliz, rozando lo insconstitucional, como
tuve ocasión de manifestar desde la tribuna en relación con ese proyecto.
Nos gustaría que no se repitiese la experiencia en las normas de ese
tenor que se trajesen. De la misma manera que también le adelanto ya,
señor vicepresidente, aprovechando la ocasión, que
nos suscita cierto miedo que en la Ley de control de sustancias químicas
catalogadas se hagan eco de la jurisprudencia tan reciente del Tribunal
Constitucional en la sentencia 235/2001, de 13 de diciembre, que
desapodera de ciertas competencias anteriormente reconocidas por el
propio Tribunal Constitucional como competencia de las policías
autonómicas. En el caso concreto de la sentencia, son los Mossos
d'Esquadra, de la Generalitat catalana, pero lo predico igualmente
respecto de la policía vasca.
En todo caso, insisto, no hay nada en este texto de la ley, entendiendo
que es solamente una parte de los compromisos contraídos, que no se pueda
arreglar por la vía de las enmiendas parciales que presentaremos. Le
exhorto a que cuanto antes se remitan las demás normas, cuyo contenido es
más adecuado a los textos procesales, que están en vías de modificación
dentro de lo que es el llamado pacto de Estado para la reforma de la
justicia, e insisto una vez más, aun a riesgo de parecer excesivamente
pesada, en que busquen la eficacia así, que en esta materia es
absolutamente importante, pues hay que ser expeditivos en la represión
del tráfico de drogas, pero desde luego les pido que lo hagan no desde la
perspectiva de la norma reciente que he citado, sino atendiendo a la
jurisprudencia constitucional, porque creemos que los dos bienes y
valores, la seguridad de los ciudadanos, la garantía y la eficacia, es
posible perseguirlos sin demérito de que además sea posible controlar el
tráfico de drogas.
Mi formación política, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), va a
rechazar la enmienda, por tanto, ya que no ve motivo para retrasar la
tramitación de la ley que es objeto de debate hoy en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, lo que tengo que decir es
simplemente que, como ha expresado aquí el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), nosotros consideramos que éste no es el programa concreto con
respecto a una serie de compromisos anteriormente contraídos. Nos parece
una parte ínfima, mínima, una respuesta primaria que creemos que hay que
corregir -también en ese sentido coincidimos- por la vía de las enmiendas
parciales.
Nosotros vamos a generar una serie de enmiendas parciales primero en la
dirección de corregir la participación en ese fondo de bienes
decomisados. Si es un fondo estatal, hay que tener en cuenta a las
administraciones que constituyen el Estado y por tanto hay que darles un
protagonismo diferente, realzándolo, a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos y, conjuntamente con esta idea, hay que tener en cuenta
también a las fuerzas autonómicas correspondientes a estos escalones del
Estado.
En segundo lugar, pensamos -y termino, señora presidenta- que aparece en
el texto un deficiente control parlamentario. No hay, como sucede siempre
con los textos que proceden de Interior, una sensibilidad a la altura
necesaria, y por tanto nosotros vamos a interponer una serie de
enmiendas, habida cuenta también, señora presidenta, de que
constantemente aparece en los textos -lo que también vamos a intentar
corregir- una especie de matiz respecto a que el principio de seguridad
en muchos casos puede empezar a anular el principio de libertad. Por
consiguiente, nosotros vamos a matizar una serie de cuestiones que
aparecen en el texto.
Finalmente, también intentaremos corregir a través de otra serie de
enmiendas algunos aspectos del texto que nos parecen técnicamente
erróneos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió para posicionarme respecto al proyecto de ley por el
que se regula al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas y otros delitos relacionados.
El proyecto de ley parte de las previsiones del artículo 374 del Código
Penal, que recoge dos ideas básicas: que todos los bienes y efectos, sea
cual fuere su naturaleza, que hayan servido de instrumento para cometer
delito de tráfico ilícito de drogas o que provengan de él así como los
beneficios que se deriven de los mismos pueden ser decomisados y que la
autoridad judicial, mientras se sustancia el procedimiento, puede acordar
que los bienes, efectos o instrumentos decomisados puedan ser utilizados
provisionalmente por la policía judicial encargada de perseguir el
tráfico ilegal de drogas, entendiéndose incluso las policías autonómicas.
Además, este proyecto se sustenta, cómo no -como ya han dicho otros
portavoces-, en la Ley del fondo del año 1995 y en la modificación que,
ya bajo el Gobierno del Partido Popular, se efectúo a dicha ley en el año
1997.
Otros portavoces que han intervenido anteriormente han dicho también que
la Ley del fondo del año 1995 y su modificación habían quedado obsoletas
-el señor ministro también ha tenido alguna intervención en este sentido-
o, dicho de otra manera, habían quedado superadas por la realidad.
Nosotros compartimos este criterio, y en este sentido, señor ministro, le
anunció ya que valoramos positivamente que el ministerio proponga
este proyecto de ley que persigue regular aspectos que nosotros, como
filosofía, valoramos positivamente. El objetivo de la ley es, por un
lado, regular de manera clara el destino de los bienes, efectos e
instrumentos objeto del decomiso, amplía además los bienes que pueden
formar parte del fondo y contempla también una realidad que me parece que
es una evidencia para todos, que es que los beneficios de este fondo
deben extenderse también a los organismos internacionales, por un sentido
práctico real y además jurídico de que en la lucha contra la droga las
pequeñas parcelas no existen y que en este momento y en este tema
concreto la cooperación internacional es del todo indispensable.
Así pues, insisto, valoramos el objetivo positivamente y, por coherencia
con este objetivo, no vamos a dar el voto favorable a la enmienda a la
totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. No
obstante, señor ministro, pensamos que la articulación del proyecto de
ley no se corresponde exactamente con el espíritu que inspira al Gobierno
en el Plan Nacional sobre Drogas -y que por tanto está avalado por la
práctica-, que es el de estrecha colaboración entendida como trabajo
conjunto con las comunidades autónomas. Sabe usted, señor ministro, por
sus comparecencias en la Comisión Mixta para el estudio del problema de
las drogas, en la que mi grupo parlamentario ha tenido ocasión de
posicionarse -normalmente intervengo yo en nombre de mi grupo-, que desde
Convergència i Unió siempre insistimos, como lo evidencian nuestro
delegado para la lucha contra las drogas así como las consejerías
competentes, en que trabajamos en buena sintonía y en colaboración y que
normalmente hacemos las cosas por consenso o de común acuerdo, llegando a
la conclusión de que determinadas estrategias son las más favorables. Si
esto es así, e insisto en que lo es, lamentamos que algunos aspectos de
su articulado no lo visualicen suficientemente o en algunos casos incluso
podría derivarse una lectura que visualizara lo contrario a esta
colaboración que en la práctica se da. A estos aspectos en concreto,
señor ministro, a estos a los que nosotros atribuimos esta falta de
visualización de la cooperación entre los organismos del Estado y las
comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a
presentar enmiendas parciales. Además, le digo con toda sinceridad que
estamos convencidos -yo estoy convencida como portavoz de mi grupo en
esta Comisión- de que vamos a llegar a un acuerdo y de que probablemente
se trate más de que en algunos aspectos se han basado en la ley del año
1995, que tampoco es que fuese excesivamente explícita en la relación con
las comunidades autónomas, y han desaprovechado, por decirlo así, la
oportunidad de que quedase ahora muy bien reflejado que la voluntad del
Gobierno es dejar constancia de que todos los beneficios que se deriven
de este proyecto de ley son para llevarlos a cabo conjuntamente con las
comunidades autónomas y, dicho claramente, que los beneficios del fondo,
que en este momento a nadie se le escapa que es uno de los principales
instrumentos que tenemos el Gobierno central y las comunidades autónomas
para dotarnos de recursos para luchar contra la droga, son unos
beneficios que no sólo van a poder ser utilizados, como explicita el
proyecto, por los organismos competentes de las comunidades autónomas
sino que, como parece lógico y de sentido común, se les va a positilitar
que sean titulares de los mismos.
En la redacción de este proyecto de ley, señor ministro, hay excesiva
voluntad centralista o magnificencia del papel del Estado en detrimento
de la política de colaboración que pienso que se sustenta en la realidad.
Muchas veces nos quejamos de que la realidad no es pareja a la ley en el
sentido de que a veces sobre el papel las cosas están mejor dibujadas que
en la práctica del día a día. En este caso, señor ministro, estamos en
una situación distinta. Pienso con toda sinceridad que la ley no refleja
suficientemente bien la estrecha colaboración que existe entre el
Gobierno central y las comunidades autónomas, que esto es subsanable y
que además presumo la voluntad del Gobierno y de su ministerio de
subsanarlo. De no ser así, señor ministro, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió se encontraría ante una situación de incomodidad que
nos llevaría a un lugar al que no queremos ir y que sería que a pesar de
compartir totalmente los objetivos, el modo de compartirlos no nos
dejaría visualizar en toda su grandeza el proyecto que ustedes
presentan.
Para terminar, permítanme, señorías, señor ministro, que haga una
reflexión en voz alta. Es evidente que cuando hablamos de políticas
sociales, de políticas de sanidad, de políticas de juventud, etcétera,
siempre tenemos encima de la mesa la problemática que representa la lucha
contra la droga, y es muy importante que seamos capaces de visualizar
que, a pesar de las discrepancias de planteamientos, a pesar de que es
tan legítimo presentar, como ha hecho el Grupo Socialista, una enmienda a
la totalidad como que los otros grupos, como el mío, consideremos que no
es necesaria ni está justificada y que pensemos que podemos mejorar el
texto con enmiendas parciales, todo ello es compatible y no hace más que
poner en evidencia que en todos los grupos parlamentarios existe una gran
preocupación por esta problemática, señor ministro, y que en las
comisiones propiamente del estudio de la problemática de la droga la
voluntad de trabajar y construir positivamente prima siempre por encima
de las legítimas confrontaciones de partido. Además, debo reconocer, y lo
hago con plena satisfacción, que el delegado del Plan Nacional sobre
Drogas, el señor Gonzalo Robles, es una persona con la que podemos
establecer diálogo fácil y que no se cierra nunca a considerar objeciones
o cuestiones, al menos las que mi grupo plantea. En virtud de todos estos
propósitos y decretos de buenas intenciones, señor ministro, yo le
reitero que vamos a presentar enmiendas con vistas a reforzar el sentido
de
la colaboración y de la buena sintonía que pensamos que el texto no
refleja. Querría pedirle hoy, que es cuando tengo la oportunidad, dado
que en este tema usted tiene todas las competencias, que se muestre
receptivo y asuma que el texto que han presentado es perfectible y que de
la perfección se va a derivar un beneficio para todos, para el conjunto
del Estado y, desde luego, para el trabajo que en este tema estamos
haciendo las comunidades autónomas y, por descontado, los municipios.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señoras
y señores diputados, quienes me han antecedido en el uso de la palabra
han destacado la importancia que tuvo en la historia jurídica de nuestro
país y en la historia de la lucha contra el narcotráfico la Ley del fondo
que esta Cámara aprobó en 1995. Me gustaría recordarles que la génesis de
aquella ley no estuvo en una iniciativa del Gobierno de turno en aquel
momento, sino en una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que fue
quien presentó la proposición de ley, que fue tomada en consideración por
esta Cámara y, posteriormente, se procedió al trámite de aprobación de
esa proposición de ley en Comisión. En ese trámite todos los grupos
parlamentarios pudimos presentar y discutir las enmiendas que tuvimos por
conveniente, de la misma manera -y esto se lo digo a los representantes
de CiU, del PNV y de Coalición Canaria- que en el trámite de Comisión
podremos discutir las enmiendas que SS.SS tengan por conveniente. Por lo
tanto, quizás este sea el primer proyecto que sobre la materia presenta
el Gobierno, pero también hay que decir que desde la oposición tampoco ha
habido iniciativas, será que las cosas están funcionando bien. Yo
solamente recuerdo una que pretendía o trataba de conseguir que el
consumo de drogas en lugares públicos no fuera sancionable
administrativamente. Afortunadamente aquello no prosperó y creo recordar
que el Grupo Socialista se posicionó en contra de esa iniciativa. (La
señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La Ley del fondo, tal y como nos ha explicado el vicepresidente primero
del Gobierno, ha dotado a nuestro sistema de prevención y policial de
importantes fondos para la lucha contra el narcotráfico. Se trata de 32
millones de euros, de los cuales han sido distribuidos para políticas de
prevención más 15 millones; para políticas de represión del tráfico de
drogas casi 7 millones euros y algo más de un millón de euros para el
funcionamiento del propio fondo. Es decir son 23 millones de pesetas, de
los que faltan por repartir 8 millones de euros y cuya distribución se
está tramitando.
Decir que la iniciativa que hoy estamos debatiendo es innecesaria y que
desvirtúa el proyecto anterior creo que es, cuando menos, irresponsable,
porque las deficiencias que hemos venido notando en el funcionamiento de
la Ley del fondo las hemos denunciado todos los grupos parlamentarios en
las diferentes sesiones que celebró la Comisión Mixta para el estudio del
problema de la droga. La ampliación del ámbito de los bienes decomisados
a los bienes procedentes de la Ley orgánica de represión del contrabando
o de la Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales la hemos venido reclamando todos. También hemos reclamado la
coordinación internacional bilateral -puesto que sabemos que la lucha
contra el narcotráfico no depende tanto de las organizaciones
internacionales como de las relaciones entre Estados- en el destino de
los bienes para que se puedan enajenar rápidamente y destinar a políticas
de prevención y en la cesión del uso, no sólo de los bienes inmuebles
sino también de los bienes muebles; hemos reclamado la necesaria
colaboración de los órganos jurisdiccionales que, con la aprobación en su
día de este proyecto de ley, tendrán que notificar, en el plazo máximo de
tres días, la sentencia recaída, la firmeza de la misma o el auto de
firmeza o de aclaración de sentencia.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que yo
anuncio que vamos a votar en contra se refiere a la preterición de las
comunidades autónomas y de las entidades locales, comunidades autónomas y
entidades locales que aparecen perfectamente recogidas en el artículo
3.1.b) del proyecto de ley, en el que se nos dice que son beneficiarios o
destinatarios de los fondos las comunidades autónomas y las entidades
locales y que tendrán que destinar estos bienes bien a la realización de
programas de prevención dentro de los planes autonómicos, a la dotación
de las policías competentes en la materia -se está refiriendo a las
policías autonómicas y policías locales- y a la ejecución por parte de
las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y a entidades
privadas de programas de prevención que no excedan del ámbito de la
comunidad autónoma. Si nos parece poco -a mí me parece poco, por tanto
continúo la lectura-, en el apartado c) se hace una referencia expresa a
las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro de ámbito
estatal.
No ha querido la señora Romero en su intervención referirse a la
preterición en el proyecto de la enajenación anticipada de los bienes,
pero el señor ministro en su intervención le ha explicado que ese es el
paso siguiente que vamos a dar, que la comisión técnica para el estudio
del sistema de penas del Código Penal ha remitido ya su informe al
Ministerio de Justicia, que lo está valorando. Por tanto, la enajenación
anticipada y el decomiso del valor equivalente serán nuevas medidas
complementarias
de ésta que vendrán a acompañar este proyecto. Además no podía el Gobierno
en este proyecto de ley abordar la enajenación anticipada de los bienes,
porque eso significa la reforma del artículo 274 del Código Penal y
significa, por tanto, la reforma por ley ordinaria de una ley orgánica, y
eso está prohibido en nuestro derecho. En consecuencia, señorías,
nosotros felicitamos al Gobierno por la iniciativa que ha presentado hoy
y anunciamos nuestro voto en contra de la enmienda de totalidad y de
devolución que ha presentado el Grupo Socialista.
Nada más y mucha gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de
ley por el que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico
ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a
favor, 89; en contra, 176; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA
10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, Y LA LEY ORGÁNICA 13/1985,
DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR, EN MATERIA DE DELITOS
RELATIVOS AL SERVICIO MILITAR Y A LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.
(Número de expediente 121/000071.)
La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Tramitación directa y
en lectura única de iniciativas legislativas. Tramitación del proyecto de
ley orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23
noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de
diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al
servicio militar y a la prestación social sustitutoria.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el señor ministro de
Justicia. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de
poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el
proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código
Penal Militar. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Decía que el motivo de la comparecencia es presentar el proyecto de ley
orgánica de modificación del Código Penal y del Código Penal Militar en
materia de los delitos relativos al servicio militar y a la prestación
social sustitutoria. Se trata, como conocen SS.SS., de un proyecto que
tiene por objeto adaptar las disposiciones penales a la situación
producida tras la profesionalización de las Fuerzas Armadas y a la
consiguiente suspensión de la obligación de la prestación del servicio
militar y de la prestación social sustitutoria, con efectos de 31 de
diciembre de 2001. Con este fin procede a modificar las disposiciones del
Código Penal y del Código Penal Militar en aquellos aspectos necesarios
para conseguir que se adapten a la nueva realidad.
En primer lugar, me gustaría destacar la oportunidad del momento en que se
tramita y también hacer alguna referencia sobre el procedimiento elegido
para la tramitación. Como he dicho, la suspensión del deber de
cumplimiento del servicio militar y de la prestación social sustitutoria
se ha producido con efectos de 31 de diciembre de 2001. Hasta esa fecha,
vigentes como estaban las obligaciones, la coherencia del sistema penal
originaba que no fuera posible proceder a la derogación de las sanciones
penales que el ordenamiento jurídico imponía a quienes las incumplían.
Mientras existe la obligación tiene que existir la sanción para el
incumplimiento de esa obligación. Pues bien, una vez suspendidas estas
obligaciones, el Gobierno, consciente de la necesidad de adecuar el
ordenamiento en el plazo más breve posible, presentó el anteproyecto de
esta ley en el Consejo de Ministros del día 1 de febrero de este año,
justo antes del inicio del actual periodo de sesiones parlamentarias.
Tras los informes pertinentes, lo aprobó el día 8 de marzo como proyecto
de ley, así como su remisión a esta Cámara, solicitando su tramitación de
urgencia, de acuerdo con el artículo 93 del Reglamento del Congreso de
los Diputados. Además el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y
oída la Junta de Portavoces, ha acordado que se tramite directamente y en
lectura única en la sesión de hoy, lo que nos va a permitir que la ley
esté aprobada muy rápidamente.
Para cumplir con su objetivo, la adaptación del Código Penal y del Código
Penal Militar a la nueva realidad, la ley hace el planteamiento más claro
y sencillo
posible: suprime de ambos códigos los delitos relativos a dichas
obligaciones al ser hoy de imposible comisión. Así, se dejan sin
contenido los artículos 527 y 604 del Código Penal, se deroga el artículo
119 (bis) del Código Penal Militar y se da una nueva redacción al
artículo 120 de este mismo texto legal. Los artículos 527 y 604 del
Código Penal establecen penas de inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de cuatro a seis años para aquellos que
incumplan con la prestación de servicio militar y la prestación social
sustitutoria, que ahora ya carecen de sentido. En esta misma línea, el
artículo 119 del Código Penal Militar castiga al militar de reemplazo que
se ausentare injustificadamente de su unidad, destino o lugar de
residencia, por lo que procede su derogación una vez desaparecidos
también los soldados de reemplazo. Con la nueva redacción del artículo
120 se delimita que el delito de deserción sólo puede ser cometido por
militares profesionales y reservistas y no por soldados de reemplazo,
como ocurría hasta ahora.
Por último y con el fin de solucionar la situación en todos los supuestos,
la ley introduce una importante regulación de sus efectos retroactivos.
Da una solución jurídica a una situación extraordinaria haciéndose además
eco de las demandas que la sociedad ha planteado en relación con la
situación producida tras el 31 de diciembre de 2001. Así, señorías,
contiene en primer lugar la previsión expresa de que la medida tendrá
efectos retroactivos para los condenados por sentencias firmes no
ejecutadas totalmente y dictadas con arreglo a la legislación anterior.
En segundo lugar, se establece la cancelación de oficio, previo informe
del juez o tribunal sentenciador, de los antecedentes penales derivados
de dichos delitos, incluso en el supuesto de sentencias totalmente
ejecutadas. Por último, se dispone que serán sobreseídos y archivados los
procedimientos penales incoados por tales hechos en los que no haya
recaído sentencia firme. Es decir, a partir de ahora el hecho de no haber
cumplido con estas obligaciones deja de tener consecuencias jurídicas
tanto penales, sean estas por penas de inhabilitación, de privación de
libertad, judiciales, como administrativas. En definitiva, señorías, este
proyecto de ley, que espero sea hoy aprobado por esta Cámara, adopta las
medidas necesarias fruto de un análisis riguroso para conseguir que el
ordenamiento jurídico se adapte a la nueva realidad de la
profesionalización de las Fuerzas Armadas y da una solución global y ya
definitiva a los problemas que pueden derivar de la suspensión de la
obligación del servicio militar y de la prestación social sustitutoria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios, por parte del Grupo Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
De forma muy breve, simplemente para explicar tres enmiendas que creemos
que sería posible introducir. La primera pretende acortar el plazo de la
revisión de las sentencias de seis meses a tres. Ha habido personas
afectadas que nos han hecho llegar su preocupación y creemos que es
posible que donde dice que las sentencias condenatorias firmes pero no
ejecutadas totalmente se revisarán de oficio en seis meses, se diga que
será en tres meses, que es lo que proponemos en nuestra enmienda. Creemos
que aunque el ministro ahora en su intervención lo ha mencionado, sería
importante que explícitamente se dijera en una disposición adicional que
queda derogada la Ley de objeción de conciencia, puesto que ya no tiene
sentido. También hemos tenido algunas sugerencias en relación con
personas que fueron inhabilitadas y separadas de cargos de la
Administración pública como producto de las condenas que se ejecutaron en
función de la legislación anterior y lo que proponemos es que estas
personas se puedan incorporar y que no pese sobre ellas la inhabilitación
a la que fueron sometidas en condenas anteriores.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, llega tarde, muy tarde, y aunque me queda poca voz -le veo
con gesto serio-, me niego a no intervenir sobre una materia en la que
esta diputada y quienes me precedieron han pedido y han pretendido lo que
ahora llega tarde, muy tarde. Creemos que esta cuestión se debía haber
solventado hace mucho tiempo y con esta intervención simplemente quiero
reconocer nuestro agradecimiento a tantos jóvenes, a tantas personas que
en sus convicciones antimilitaristas y pacifistas tuvieron que afrontar
en el pasado penas duras de prisión y de inhabilitación y que creo que no
eran de recibo. No sé por qué apenas hace unos meses, cuando ya se sabía
que no iba a haber conducta delictiva, en diciembre del último año, ni
tan siquiera el Grupo Popular admitió la tramitación de la ley, que
hubiera llegado al final en el momento correcto, en su punto correcto.
También quiero expresar mi agradecimiento, y en este sentido creo que
nuestro partido ha sido ejemplar y muy coherente con sus ideas, a todos
aquellos cargos municipales que por haber defendido sus ideas han sido
objeto de condenas por delitos de denegación de auxilio, por no haber
facilitado las listas de alistamiento, y quiero señalarlo en la persona,
en este caso de mi partido, como de otros, de Inmanol Murua,
recientemente condenado, una persona que ha sido alcalde ejemplar,
diputado general de Guipúzcoa ejemplar, condenado
hace apenas unas semanas por esta cuestión a dos años de suspensión, que
se ha recurrido. Creo que hay que reconocerles el mérito.
Termino, señor ministro, diciéndole que creo que los gobiernos, cualquiera
que sea su posición ideológica, deben legislar, ejecutar y gestionar de
conformidad con la propia vida social y con los propios tiempos. Han
bailado ustedes más atrás de lo que debieran hacerlo. Intenten, por
favor, que el ritmo sea acorde con la sociedad la próxima vez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, efectivamente para el Bloque Nacionalista Galego esta ley
debería estar ya aprobada y sobre todo debería haber entrado en vigor el
día 31 de diciembre, es decir, el mismo día en que lo hizo la eliminación
del deber de cumplir obligatoriamente con el servicio militar. Desde
nuestro punto de vista es una ley que, más que apoyarse en la supresión
del servicio militar obligatorio y, correlativamente, de la prestación
social sustitutoria, tiene una causa social muy determinada, como ya se
ha señalado, que es la lucha de muchos jóvenes, apoyados por un
importante sector de la ciudadanía que no entendíamos que alguien pudiese
ir a prisión por sus ideas. Esta ley, aunque con retraso, viene a
resolver una injusticia histórica y por eso creo que hoy de esta Cámara
podría salir el reconocimiento de una deuda de gratitud que todos los
demócratas tenemos con aquéllos que, por coherencia con sus ideas,
sufrieron prisión, perdieron su libertad y también, en algún caso, su
bienestar.
La ley llega con retraso y es mejorable en muchos aspectos. El Bloque
Nacionalista Galego va a apoyar las enmiendas presentadas por los
diferentes grupos parlamentarios, pero quiere aprovechar este turno de
palabra para recordar que la Fiscalía sigue promoviendo la persecución y
el enjuiciamiento de delitos como los que hoy vamos a derogar. Creo que
no tiene por qué estar en la ley, señor ministro, pero podría decirle a
la Fiscalía (es una actuación política que usted puede promover porque
sabemos que el fiscal general del Estado dista mucho de ser
independiente, usted sabrá cuál es el conducto) que dejen de perseguir y
de promover el enjuiciamiento de estos jóvenes.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como ya han dicho los portavoces de otros grupos
parlamentarios, el debate que propone hoy el Gobierno llega tarde y no es
nada nuevo para esta Cámara, puesto que en los últimos meses hemos
debatido al menos en dos ocasiones esta cuestión. Lo hicimos en mayo,
cuando el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos
parlamentarios, presentó una iniciativa con el exacto contenido que hoy
ha expuesto el ministro de Justicia en esta tribuna. Por tanto, a día de
hoy y por una sola vez, coincidimos exactamente en todas las exposiciones
que ha hecho el ministro de Justicia. La pena es que no hubiéramos
coincidido hace unos meses, no porque estemos empeñados en que nos den la
razón y nos haga especial ilusión, sino porque hubiéramos evitado el
sufrimiento y la paradoja jurídica y social que viven más de 4.000
jóvenes en este país por esta situación. En mayo presentamos una
iniciativa, como recordaba, en la que pedíamos algo muy sencillo: que
antes del 31 de diciembre de 2001 se aprobara esta ley que derogara los
artículos del Código Penal que iban a dejar de ser delito a partir de ese
mismo día, el 31 de diciembre. Entonces, el Partido Popular puso como
excusa que los objetores de conciencia iban a salir en desbandada y
desocuparían sus puestos de responsabilidad cuando, insisto, siempre
estuvimos hablando de a partir del 31 de diciembre, exactamente igual que
el ministro de Justicia ha hecho hoy desde esta tribuna.
Volvimos a hablar de este tema hace tan sólo dos meses, cuando el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó en la Diputación
Permanente la necesidad de que el ministro de Justicia compareciera
urgentemente para que nos aclarara cuál era la posición del Gobierno
respecto a esta materia. Entonces, al Grupo Popular no le pareció urgente
la necesidad de que se derogaran estos artículos y acabáramos, por fin,
con esta paradoja jurídica, social y política que estábamos produciendo.
Parece que ahora el Grupo Popular y el Gobierno han cambiado de opinión,
lo cual nos alegra. Lo que lamentamos es que hayamos tenido que someter a
tantos jóvenes a ese sufrimiento y a esa situación durante estos últimos
meses, cuando se lo podríamos haber ahorrado.
Además, el Partido Socialista volvió a presentar en enero de 2002 la misma
iniciativa. Por eso, hoy vemos con buenos ojos que, por fin, utilicemos
los trámites parlamentarios más ágiles para que de una vez por todas
acabemos con esta situación. Por eso ha sido el Grupo Parlamentario
Socialista el que pidió en la Mesa y Junta de Portavoces la tramitación
directa y en lectura única de este proyecto de ley, porque entendemos que
no podemos permanecer ni un día más con esta situación en nuestro país,
más si cabe en un momento en el que presidimos la Unión Europea, y que es
vergonzoso que tengamos al menos siete jóvenes, como
dicen el movimiento de objeción de conciencia y algún medio de
comunicación, en prisión por problemas de conciencia. El Grupo
Parlamentario Socialista entiende que esta ley tiene que tramitarse lo
antes posible para acabar de una vez por todas con esta situación.
También queremos reconocer al colectivo del movimiento de objeción de
conciencia y de insumisión su labor y su contribución a que la mili
obligatoria haya acabado y tengamos hoy un ejército profesional. En ese
sentido, quiero decirle al Grupo Popular que esperamos que, como ha
ocurrido en otras cuestiones, no lleguen tan tarde y su ideología y su
lastre no impidan que situaciones como ésta, que hemos tenido que
mantener en estos últimos meses, sean acordes con el tiempo que les
corresponde y no tengamos que esperar a que un día se les encienda la luz
y por fin nos den la razón cuando estamos hablando de tantos jóvenes en
una situación tan complicada.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Esta mañana iniciamos un trámite parlamentario que va a culminar un
proceso político fundamental en los últimos años en el conjunto del
Estado, como es el de la supresión del servicio militar y,
consecuentemente, la supresión de la prestación social sustitutoria.
Culmina este proceso con la desaparición del conjunto de tipos penales
que sancionaban las conductas conocidas popularmente como de insumisión.
Nos parece éste un final positivo, necesario y al que mi grupo
parlamentario también quiere dar su bienvenida. Coincidimos con lo que ha
expresado el conjunto de grupos de la oposición, que esta iniciativa
llega tarde. Hubiese sido más razonable tramitar este proyecto de ley a
lo largo del año pasado, para prever que a 1 de enero de este año pudiese
entrar en vigor la misma. Perdimos otra oportunidad -que también se ha
recordado- en mayo del año pasado, cuando el Pleno de la Cámara rechazó
diversas iniciativas, entre ellas una iniciativa de Convergència i Unió
sobre la materia.
El hecho de que a lo largo del año pasado no tramitásemos esta reforma del
Código Penal y del Código Penal Militar ha afectado a 4.771 personas que
estaban viviendo un proceso judicial en masa por haber cometido esas
conductas. Este mismo año, en los meses de enero y febrero, yo mismo
estaba citado como testigo en un juicio en la comarca del Maresma; se le
citaba a un joven para comparecer a juicio en relación a estos hechos.
Hay miles de personas que están sancionadas con penas de inhabilitación
que han afectado a sus situaciones profesionales, a la posibilidad de
participar con normalidad en el mercado de trabajo. Por tanto, creo que
hubiese sido correcto e inteligente haber tramitado esta iniciativa a lo
largo del año pasado. El Gobierno no lo entendió y ahí mantuvimos esa
discrepancia.
Convergència i Unió aborda este trámite, este proceso, desde una evidente
satisfacción. Fuimos nosotros quienes la pasada legislatura, de común
acuerdo con el Gobierno, con el Grupo del PNV y el Grupo de Coalición
Canaria, impulsamos la puesta en marcha del fin del servicio militar
obligatorio, y esta decisión es consecuencia del mismo. Fuimos nosotros
quienes la pasada legislatura, de común acuerdo con el Ministerio de
Justicia, impulsamos una importante reforma de la Ley reguladora de la
objeción de conciencia para adaptarla a esta nueva realidad que se
iniciaba en ese proceso. Y además fuimos también nosotros, de común
acuerdo con el Gobierno -y quiero recordar en esta sesión al entonces
vicepresidente del Gobierno, Álvarez-Cascos-, quienes pusimos en marcha
una nueva modificación del Código Penal para suprimir las penas de
prisión para los insumisos al servicio militar. En el Código Penal de
1995, entonces con Gobierno socialista y con el acuerdo conjunto de la
Cámara, acabamos con las penas de prisión para los insumisos a la
prestación social sustitutoria. En el año 1998 abordábamos la supresión
de las penas de prisión para los insumisos al servicio militar
obligatorio. Creo que es bueno que lo recordemos. En 1998, nos parecía
que era necesario, aunque fuese impopular y antipático para importantes
sectores de la sociedad, que, mientras existiese una obligación legal, el
ordenamiento jurídico previese qué sucede cuando se incumple tal
obligación. Por igual coherencia, entendemos que lo que tocaba el año
pasado y lo que toca ahora es avanzar en la desaparición definitiva de
estos artículos.
No obstante, y aun reconociendo como positivo el hecho de que se tramite
por el procedimiento de lectura única, nos parece que el proyecto de ley
del Gobierno debería acoger algunas mejoras en el transcurso de su
itinerario parlamentario. De las enmiendas que presenta Convergència i
Unió, me gustaría destacar dos: la número 13 que, en sintonía con la
enmienda del señor Saura, pretende reducir de seis a tres meses el plazo
a contar desde la entrada en vigor de la ley para que jueces y tribunales
competentes revisen las sentencias condenatorias. Nos parece que alargar
en exceso este proceso, después de haber perdido el tiempo a principios
de año, es absolutamente innecesario cuando hay miles de personas que
están en situación de inhabilitación y algunas en prisión; seis meses nos
parece excesivo, sería importante reducir el plazo. Y la enmienda número
14, en la que establecemos que los procedimientos penales que estén en
marcha y para los que no exista sentencia firme sean sobreseídos y
archivados de oficio -y subrayo de oficio-. El proyecto de ley no
lo prevé, y a nuestro grupo le preocupa que, por cualquier causa, nos
pudiéramos encontrar con procedimientos judiciales en marcha que
generasen algún tipo de problema a las personas afectadas. Esta enmienda
clarificaría esta cuestión y pedimos al Grupo Parlamentario Popular que
la acepte.
Sobre las enmiendas del resto de los grupos, haré sólo un breve
comentario. Mi grupo votará negativamente a la enmienda que presenta el
señor Saura de derogación de la Ley de objeción de conciencia. Nos parece
que la actual Ley de objeción de conciencia podría ser un buen
instrumento para generar un debate en el seno de la Cámara sobre cómo
regular el derecho a la objeción de conciencia en tiempos de guerra. Es
una cuestión que nuestra sociedad deberá plantearse en un momento u otro;
algunas legislaciones avanzadas lo tienen reconocido. Creemos que podría
ser precipitado derogar hoy esa ley; de modo que, por prudencia,
rechazaremos esta enmienda. Eso sí, votaremos afirmativamente el resto.
Con este proceso quizá se cierre el debate sobre el problema de la
objeción de conciencia y de la insumisión en el Estado español, pero no
ocurre así en toda Europa. En los países que se están incorporando al
espacio europeo este es un debate abierto. Estos días se está discutiendo
en Bosnia, en Croacia y en Serbia la regulación de estas materias, y
también se está discutiendo en los países de la antigua Unión Soviética.
La experiencia legislativa española, especialmente la de esta última
etapa, es importante y puede ser ejemplar en muchos sentidos. Invitamos
al Gobierno, por tanto, a que tenga presente entre sus actividades la
difusión y reconocimiento del pleno derecho a la objeción de conciencia.
Quiero terminar recordando -como han hecho otros colegas- a las personas
que a lo largo de estos años han optado, por coherencia personal, por
complicarse la vida en demanda de lo que hoy es ya una evidencia: que la
mili debería ser suprimida y que no deberían haber existido conductas
tipificadas en el Código Penal por este tipo de desobediencia civil. En
1971, cuando el franquismo estaba aún vigente, Pepe Beunza, un valenciano
que pasó entonces a vivir en Cataluña, fue el primer objetor de
conciencia civil del Estado español. Creo que es un buen momento para
recordar a Pepe Beunza y a los objetores de conciencia de Can Serra, en
Hospitalet, que fueron pioneros en esta cuestión. También es bueno
recordar a Albert Einstein, que en los años 30 recordaba que los
objetores son los pioneros de un mundo sin guerra. Einstein y Freud,
discutiendo por carta sobre qué podían hacer para acabar con las guerras
del mundo, recordaban que la inexistencia de guerras es un símbolo de
civilidad. Creo que los objetores de conciencia son una avanzadilla de la
civilidad que todos pretenderíamos tener, que es un mundo sin guerras,
por muy utópico que suene. Debe continuar siendo un acicate que mueva a
quienes tienen la responsabilidad política. La desobediencia civil, la
insumisión, se sitúa en ese umbral entre la legalidad rechazada y la
legitimidad reivindicada que Habermas expresaba. Nos parece que hoy el
Pleno de la Cámara, dando este paso, entiende y reconoce que estos
desobedientes civiles, estos insumisos, estos objetores de conciencia
tenían una legitimidad social que, al final, el conjunto del país, el
conjunto de la sociedad, ha aceptado como positiva. De ello nos
alegramos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, podría comenzar diciendo lo que a primera vista me sugirió
la lectura del proyecto: por fin, ya era hora, más vale tarde que nunca,
aunque prefiero ser más amable y decirle que nunca es tarde si la dicha
es buena. Es conocido de todos que la desaparición del servicio militar
como obligatorio e incluso la inexistencia de la prestación social
sustitutoria ha sido siempre una querencia de mi formación política y
basta retrotraerse a los debates del artículo 30 de la Constitución para
ver que nunca fuimos partidarios de la inclusión de esta obligación que
constitucionalmente, por cierto, todavía existe y es posible que vuelva a
rehabilitarse en un futuro. Mucho menos hemos sido partidarios de que el
no cumplimiento tanto del servicio militar como de la prestación social
haya sido en algún momento delito, al que en tiempos se le aparejaban
penas privativas de libertad y al que después se le han aparejado penas
gravísimas de inhabilitación, hasta el punto de que se les dio en llamar
-no era la inhabilitación habitual, como todos ustedes saben, dentro del
Código Penal, sino de más gravosas consecuencias- muerte civil y que, por
cierto, tuvo el consenso de algunas formaciones políticas que ahora se
ponen ciertas medallas. Cuando se votó en la legislatura pasada este
cambio de penas respecto de estos delitos tuvo un amplio apoyo dentro de
esta Cámara.
El texto que se nos presenta nos parece correcto y tiene el mérito de que
incluye incluso la cancelación de antecedentes. Quizá sea perfectible;
algunas de las enmiendas que se han presentado le gustan a mi formación
política como, por ejemplo, acortar el plazo en cuanto a la revisión de
las sentencias, la posibilidad de eliminar otras referencias que se hacen
al servicio militar dentro del propio Código Penal Militar e incluso
derogar la Ley de objeción de conciencia. Lo que el señor Campuzano
sugiere es un proyecto de ley distinto
que a lo mejor sí hay que elaborar, pero no creemos que su antecedente
deba ser precisamente el texto actualmente vigente. Incluso nos parece
bien la enmienda que baraja la posibilidad de devolver el derecho a un
empleo público a los que hubieran sido inhabilitados por una condena de
este estilo. Nos parecería justo, aunque no se nos escapa que es muy
difícil de llevar a la práctica y que incluso, en algunos casos,
tropezaría con derechos adquiridos de absoluta buena fe por otras
terceras personas.
Hay otras referencias en el ordenamiento jurídico que creemos que existen
todavía en relación con el servicio militar y que mi grupo parlamentario
no ha hecho objeto de enmienda porque nos parecía inapropiado al no ser
ni del Código Penal ni del Código Penal Militar, pero nos gustaría que
desde el Gobierno se tome nota de ellas para que también sean eliminadas.
Son las que hacen referencia a la Ley Orgánica 13/1991 y al Real Decreto
611/1996 que, salvo que yo me haya equivocado -esta mañana lo he mirado
en repetidas fuentes-, creo que no están derogadas y son las normas que
convierten a los ayuntamientos en órganos de reclutamiento. Siempre hemos
pensado que introducir en el ámbito municipal esta obligación, ajena a
los propios intereses municipales, era un cometido poco adecuado y lo
hemos sostenido así reiteradamente ante esta Cámara. Es precisamente el
que esta obligación se hiciese residenciar en los ayuntamientos el origen
de la condena, a la que la señora Lasagabaster se ha referido, que pesa
hoy sobre Imanol Murua, al que me gustaría también rendir tributo como
primer diputado general de la democracia que fue del territorio histórico
de Guipúzcoa, alcalde durante muchos años de Zarauz y que no merece tener
en su impecable historial la afrenta de una condena penal por una
conducta de este estilo que además ha desaparecido como delito. Debiera
hacerse algo para que una condena de este estilo pueda ser objeto de
revisión sin dejar antecedentes, repito, a una persona de tan intachable
trayectoria democrática.
Mi formación política vota gustosa, por supuesto, la aprobación de este
texto y nos alegramos de que se haga en lectura única, pero también
daremos nuestra aprobación a varias de las enmiendas que se han
presentado. Esperemos que quede constancia de que deben retocarse estos
dos textos legales que, a salvo de que esta diputada pueda estar
equivocada, mencionan a los ayuntamientos atribuyéndoles una obligación
que creemos que no debe existir dentro del ámbito de sus intereses, que
es el que la Constitución menciona como propio municipal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
para hablar de una cuestión que, como ustedes saben, no es de mi
competencia, pero sobre la que obviamente tengo un criterio y por ello
voy a fijar la posición de mi grupo. Quiero decirles que estamos de
acuerdo con este proyecto que traen a la Cámara, señor ministro. Creo que
la bondad que mis padres me han transmitido me debería servir para
decirle que más vale tarde que nunca y punto, pero no puedo. ¿Sabe por
qué? Porque esta ley llega tan tarde que ha habido cientos de jóvenes
españoles que por tener una visión más amplia, más generosa, más ajustada
y más universal de la patria, no esa visión raquítica de la patria, el
fusil y la bandera, se han visto privados de libertad en un Estado,
además, democrático. Por tanto, creo que desde aquí debemos no sólo el
reconocimiento al movimiento de objetores y al de insumisos, sino que
debemos pedirles perdón por esta demora que les ha privado de libertad,
por esta demora que les ha condenado a la muerte civil, que les ha
tratado como desertores, por esta demora injustificada, señoras y señores
del Partido Popular, señor ministro, porque mi grupo parlamentario y los
demás grupos de oposición de esta Cámara hemos presentado multitud de
iniciativas para acabar con esta situación.
Por fin hoy, 11 de abril, se abre un camino de esperanza. Por eso es bueno
que los que somos oposición y sufrimos cotidianamente el rodillo nos
sintamos hoy especialmente alegres al ver que nuestro trabajo no es
inútil y porque finalmente siempre sirve para algo. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Estoy absolutamente de acuerdo, y por eso las voy a votar a favor, con
todas las enmiendas que han sido defendidas en la Cámara, incluida la
enmienda del señor Saura, que Convergència i Unió decía que quería
mantener porque habría que regular la objeción de conciencia en tiempos
de guerra. Con todos los respetos, y desde el más profundo cariño que
sabe usted que le tengo, señor diputado, permítame que le diga que este
Parlamento tiene que trabajar para la paz y no para la guerra. Aunque las
guerras existen, ojalá que no tengamos que vernos nunca en esa
situación.
Creo que este proyecto tiene que tramitarse con total celeridad para
reparar la injusticia histórica y para que estos jóvenes que están
esperando esta iniciativa, a partir de ahora no tengan que sufrir en su
vida civil ninguna repercusión derivada de esta situación anterior.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora
Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Justicia, me corresponde
fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con este
debate de totalidad, en este caso realizado por el procedimiento de
lectura única, del proyecto de ley orgánica que el Gobierno nos ha traído
a esta Cámara y que ha sido presentado por el ministro de Justicia, en el
que se propone la despenalización de los delitos relativos al servicio
militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.
En primer lugar, quiero agradecer que el Gobierno en su propio texto
propusiera que este oportuno proyecto de ley se tramitara por el
procedimiento de urgencia; así lo propuso el Gobierno y después esta
Cámara acordó que fuera por el procedimiento de lectura única. Por tanto
debemos felicitarnos todos de ello, pero nadie debe ponerse claveles en
la solapa que no le corresponden.
En segundo lugar, esta es una cuestión que está bien planteada por el
Gobierno, es coherente con el proceso de profesionalización, está bien
resuelta en cuanto a las propuestas que acaba de señalar y de explicar el
ministro y que se incluyen en el proyecto de ley, y además se realiza en
el momento oportuno, cuando corresponde plantear esta cuestión, y después
haré alguna referencia a ello.
Es absolutamente coherente con el proceso de profesionalización que
impulsó el Gobierno del Partido Popular -conviene de vez en cuando
recordar las cosas-. Fue el presidente Aznar, en la investidura de mayo
de 1996, cuando planteó en su discurso el fin del servicio militar
obligatorio y, por tanto, también de la obligación de la prestación
social sustitutoria, con la fórmula de la suspensión. Se puso en marcha
la Comisión mixta Congreso-Senado para la profesionalización y
modernización de las Fuerzas Armadas. Después se tomaron muchas
decisiones de carácter legislativo, como la Ley 17/1999, que hablaba del
fin del servicio militar obligatorio a 31 de diciembre del año 2002, con
la facultad que se le daba al Gobierno de anticiparlo. El Gobierno
finalmente lo anticipó en un año: fin del servicio militar obligatorio el
31 de diciembre de 2001. Paralelamente, durante la etapa de Gobierno y de
mayoría del Partido Popular, y con el respaldo de otras fuerzas
políticas, se modificó la Ley de objeción de conciencia, se modificó el
Código Penal del año 1995 y ya ningún insumiso del servicio militar
obligatorio en sentido estricto tenía una sanción penal de carácter
privativo de libertad, y aquí algunos tendrán que responder algunas
cosas.
Además aquí se da una solución satisfactoria y completa, porque no sólo se
despenalizan los delitos relativos a la insumisión en sentido estricto y
a la prestación social, sino también a lo que se daba en llamar la
insumisión sobrevenida, puesto que nos encontrábamos ante delitos penados
en el Código Penal con sanciones de mayor envergadura como eran los
delitos de deserción o de abandono de servicio. Todo ello se hace con
efecto retroactivo, y en eso podemos coincidir.
Señora presidenta, al hilo del debate que se ha suscitado, conviene dejar
algunas cosas claras. La portavoz del Grupo Socialista hablaba de cambio
de opinión del Grupo Popular. El Grupo Parlamentario Popular no ha
cambiado de opinión, ha mantenido una posición absolutamente coherente en
todo el proceso de profesionalización y en todas las leyes
complementarias que se han adoptado. Ustedes sí que parece que han
cambiado de opinión o yo no tengo muy claro qué es lo que piensan.
Durante 13 años de Gobierno socialista todos los insumisos iban a la
cárcel, hasta los insumisos en sentido estricto que se negaban a cumplir
el servicio militar obligatorio y la prestación social. Ustedes fueron
incapaces de desarrollar y de hacer una correcta ley de objeción de
conciencia. Pero además ustedes no querían el final del servicio militar.
Ustedes defendieron el servicio militar a capa y espada. De hecho todavía
hoy el antiguo presidente del Gobierno sigue diciendo que fue un error
acabar con el servicio militar obligatorio. ¿En qué quedamos, señora
Pajín? Ustedes cuando menos tendrían que explicar qué es lo que piensan y
no venir a dar lecciones a los demás. A nosotros ni una, porque hemos
sido los que hemos dado, mediante nuestra mayoría, el impulso a las
reformas legales que hoy se cierran con esta decisión coherente que el
Gobierno plantea y que corresponde a un proyecto muy claro, muy rotundo y
que con toda firmeza se está llevando a cabo. Pero, además -insisto-, el
momento es oportuno. Efectivamente, hace un año, en el mes de mayo
debatimos algunas iniciativas que proponían despenalizar anticipadamente
algunos de los supuestos que se plantean en el proyecto del Gobierno. Y
no era el momento. El Gobierno lo hace bien, se ha cerrado un ciclo, se
tomó la decisión de anticipar el final del servicio militar obligatorio y
la consiguiente prestación social a 31 de diciembre del año 2001 y es
cuando corresponde tomar las decisiones que afectaban al ámbito penal.
Por cierto, algunos grupos que hoy han intervenido aquí, hace un año
planteaban despenalizar algunos supuestos que ya desde el año 1998 no
existían. Hay que hablar con un poco de rigor.
Señora Pajín, en ese debate dije -usted no intervino por su grupo, pero yo
sí- que mientras existiese la obligación del servicio militar obligatorio
y la correspondiente prestación social tendría que existir la oportuna
sanción. No había razones para proceder a una despenalización anticipada,
ni por razones de técnica legislativa ni por coherencia ni por razones de
oportunidad era el momento necesario. Ahora es el momento oportuno y creo
que el Gobierno ha actuado con toda coherencia. Por tanto, insisto, el
Grupo Parlamentario Popular, y no creo que haga falta hacer más
comentarios, respalda el proyecto del Gobierno, mejor que nadie lo ha
explicado el señor ministro, y así irá el sentido de nuestro voto.
No me resisto a hacer algún comentario sobre la intervención de la señora
Castro. Señora Castro, lo que usted acaba de decir, sinceramente no
merece muchos comentarios. No se trata de la bandera y la patria; se
trata de la Constitución que nos dimos todos los españoles, donde se
establecen determinadas obligaciones en el conjunto de normativas que
desarrolle. Vamos a ser serios y no nos agarremos a discursos bastante
trasnochados, más propios de su apellido pero en otro lugar del mundo.
Señora presidenta, concluyo por respeto a las iniciativas que ha defendido
cada grupo. Se ha planteado un conjunto de enmiendas, 15 si no me falla
la memoria. El Grupo Parlamentario Popular va a aceptar las dos últimas
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), en las que se plantea establecer una disposición de carácter
derogatorio, entendemos que en la ley estaba implícita, pero por razones
de mejoría técnica la incluimos. Además, ustedes piden que
específicamente, donde en uno de los apartados se habla que de oficio se
revisen determinadas sentencias, etcétera, se incluya en uno de los
subapartados. Creo que en el texto estaba perfectamente claro, pero no
hay ningún inconveniente, por mejorar el texto y por si quedara alguna
duda, de incluirlo. Las restantes enmiendas no las podemos aceptar.
Fundamentalmente se refieren a asuntos que ya están en los propios
proyectos o proposiciones de ley que los distintos grupos tienen
registrados en la Cámara y que no se han debatido; en algunas hablan de
acortar el plazo que tienen los juzgados y tribunales para revisar las
sentencias condenatorias firmes y no ejecutadas, y a nosotros nos parece,
como así ha hecho el Gobierno, que es totalmente razonable ese plazo de
seis meses, teniendo en cuenta que la revisión supone una carga adicional
de trabajo en los órganos judiciales afectados, y no impide que se pueda
hacer en menos tiempo; además, el propio informe del Consejo General del
Poder Judicial, que hablaba algo de plazos, señalaba un plazo que no
tenía que ser más breve que el que se señala en el proyecto. Señorías, en
cualquier caso la entrada en vigor de la ley será suficiente para que no
se deriven perjuicios para los condenados por sentencia firme a la pena
de inhabilitación.
En segundo lugar, se plantea un conjunto de enmiendas en las que se
propone modificar otros apartados del Código Penal Militar. A nosotros
nos parece que son puras razones de técnica legislativa. Aquí se trata de
una reforma puntual, con carácter urgente con este trámite que todos le
hemos dado, y sin duda otras modificaciones pueden plantearse por
proyectos del Gobierno o por iniciativas que ustedes formulen en otro
ámbito.
En tercer lugar se plantean reformas que afectan a otra legislación, como
a la legislación sobre Función pública del Estado. Creo que no es el
lugar, estamos en una despenalización puntual que afecta a nuestro código
punitivo y creo que para plantear estas reformas, ustedes tienen otros
cauces procesales en esta Cámara.
Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular respalda el
proyecto del Gobierno. Entendemos que es un proyecto adecuado, coherente
con lo que ha sido la política del Partido Popular, llega en el momento
oportuno y se da una solución satisfactoria -la aceptación de la
insumisión-, de la forma más amplia, generosa y realista del mundo. Creo
que todos los grupos de esta Cámara vamos a respaldar esta iniciativa y
pienso con todo respeto que las enmiendas que formulan, salvo las que se
han aceptado, pueden plantearse perfectamente en otros ámbitos, pero no
mejoran el texto y creo que damos una solución satisfactoria con lo que
el Ministro de Justicia ha defendido esta tarde.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora Castro Fonseca pide la
palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor
Atencia.
¿Señora Castro?
La señora CASTRO FONSECA: Señora presidenta, pido la palabra creo que es
por el artículo 71. No tengo mucho tiempo para aprenderme el Reglamento
de memoria. Espero que haya acertado.
Quiero decir al señor diputado del Partido Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora
Castro.
A efectos del artículo 71, ¿por alusiones?
La señora CASTRO FONSECA: Por alusiones.
Para decir al diputado...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, un
momento.
Tiene la palabra muy brevemente y sin entrar, por favor, en cuestiones de
fondo. (Rumores.) ¿No me ha oido? (Un señor diputado: Que no entres en
cuestiones políticas.)
La señora CASTRO FONSECA: No, no. Simplemente voy a pedir al señor
diputado del Partido Popular que acaba de intervenir que me parece de una
falta de elegancia personal y política su intervención; que retire las
alusiones que ha hecho respecto a mi intervención; que obvie los juicios
de valor, que el Reglamento obliga a obviarlos. De luchar contra las
dictaduras sé mucho. A él no le he visto nunca a mi lado y tiene mi
edad.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señora presidenta, simplemente quiero remitirme
al Estado de Derecho,
a la necesidad de cumplirlo y a nuestra Constitución que a todos nos
ampara.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor
Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal y la Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre,
del Código Penal Militar en materia de delitos relativos al servicio
militar y a la prestación social sustitutoria. En primer lugar votamos
las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a
favor, 103; en contra, 152; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 4, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a
favor, 91; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5, también del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a
favor, 92; en contra, 155; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a
favor, 103; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 11, 12 y 13, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a
favor, 104; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 14 y 15, asimismo del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a
favor, 257.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Sometemos a continuación la votación del texto del proyecto con las
enmiendas que han sido aprobadas por tramitarse en lectura única.
Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.) Señorías, todavía falta una
votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a
favor, 256; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Votación final sobre el conjunto del texto, por
tener el proyecto carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a
favor, 256.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada al haberse superado la mayoría
requerida.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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