La Comisión de Igualdad aprueba el informe del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género

date 28/07/2017

- El informe elaborado por la subcomisión durante siete meses de trabajo y ratificado en Comisión será debatido y votado en Pleno 


-  El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años

- Aprobados los votos particulares 19, 22, 24, 28, 34 y 35 del Grupo Socialista; 16 de Unidos Podemos-EC-EM; y 2, 3, 4, 5 y 9 del Mixto y uno pactado por todos los grupos

La Comisión de Igualdad ha aprobado hoy, con 29 votos a favor y 7 abstenciones, el informe elaborado por la subcomisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya creación fue aprobada en noviembre de 2016 y que ha mantenido 43 sesiones, en las que los diputados han escuchado las propuestas, testimonios y experiencia 66 y expertas en violencia contra las mujeres.

El informe elaborado por la subcomisión resume las aportaciones de los comparecientes y recoge las medidas y recomendaciones acordadas por los grupos parlamentarios, de acuerdo con los siguientes ejes de actuación: sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, asistencia y protección de las menores; impulso de la formación de los distintos agentes; el seguimiento estadístico; las recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres; el compromiso económico y el seguimiento del pacto.

Entre las propuestas de actuación acordadas, la subcomisión plantea varias líneas de trabajo:

1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención. Incluye medidas relacionadas con la educación, las campañas de sensibilización e información, la atención a sectores vulnerables, las actuaciones relacionadas con medios de comunicación; la lucha contra la apología de la violencia de género en acontecimientos deportivos; las campañas institucionales en el ámbito laboral, en colaboración con sindicatos, patronales y empresas; y la formación para la detección precoz en centros sanitarios. 

2. Mejora de la respuesta institucional: coordinación y trabajo en red. En este apartado se incluye el impulso de un acuerdo internacional; dar relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género; y actuar en los ámbitos laboral; de seguridad; y de Justicia. 

3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección de las víctimas. La adecuación y dotación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la coordinación en cuanto a órdenes de protección y otras actuaciones en materia de justicia; actuaciones policiales para mejorar la asistencia, garantizar los protocolos y mejorar el sistema de vigilancia electrónica; las medidas administrativas como la creación de una subcomisión sobre igualdad de género en el Instituto de Juventud y la mejora de acceso a la información; iniciativas de carácter laboral como un plan de inserción en el mercado de trabajo y el establecimiento de cuotas de reserva; mejorar la protección en el ámbito rural; reforzar los protocolos en el ámbito sanitario y facilitar el acceso a la información y a las medidas de protección a mujeres y niñas con diversidad funcional-discapacidad son algunos de los aspectos que se incluyen en este apartado. 

4. Intensificar la asistencia y protección de los menores. Garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género; estudiar la situación de los menores en cuanto a custodia y régimen de visitas; prohibir la visita al padre en prisión por violencia de género; reforzar la asistencia a hijos e hijas de víctimas mortales, y establecer un sistema de atención pedagógica y educativa son algunas de las medidas planteadas en este ámbito.  

5. Impulso de la formación que garantice mejor respuesta asistencial. La formación especializada a profesionales de medios de comunicación, de la administración de justicia de cuerpos de seguridad del Estado y a los profesionales que atienden en cualquier ámbito a las víctimas de violencia de género; difundir el manual de la UE de buenas prácticas para combatir la violencia contra las mujeres; y especializar a equipos psico-sociales son algunas de las propuestas. 

6. Seguimiento estadístico. El pacto propone establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuencias, con la periodicidad que se establezca, e impulsar la incorporación de indicadores específicos que permitan conocer el número de niños y niñas menores y géneros que han sido víctimas, así como las personas con diversidad funcional-discapacidad. Plantea también, entre otras cuestiones, pedir al CGPJ una unidad específica de evaluación de los datos procedentes de los juzgados de violencia sobre la mujer.

7. Recomendaciones a Comunidades Autónomas, entidades locales y otras asociaciones. Instar al Gobierno a liderar en el ámbito de la UE un pacto sobre medios de comunicación y violencia de género, y mejorar la progresiva adaptación de recursos de apoyo y atención para poder recibir a mujeres con diversidad funcional-discapaidad, son algunas de las propuestas en este ámbito.

8. Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres. Introducir módulos transversales sobre violencia sexual en los contenidos formativos para empresas y administraciones, una mesa de coordinación estatal que incluya a todos los agentes, programas de prevención y detección desde la educación infantil, fomentar la investigación, promover un enfoque integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito de trata, concienciar contra la demanda de prostitución, son otras de las propuestas.

Compromiso económico y seguimiento
 
Con este pacto, el Congreso reclama que se dediquen recursos financieros adecuados para la correcta aplicación de estas políticas. Plantea que el presupuesto de 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se incremente un 20 por ciento, y otro 15% anual de 2019 a 2022. Además, los Presupuestos Generales del Estado destinarán a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios, y a las Comunidades Autónomas 100 millones de euros más al año para el desarrollo o ampliación de medidas recogidas en este pacto. 

El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años, desglosados en 100 millones de euros adicionales a entidades locales, 500 a Comunidades Autónomas y otros 400 a competencias estatales contra la violencia de género dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 

Por último, para el seguimiento del Pacto se propone una Comisión Permanente no legislativa en el Congreso, a la que la delegación del Gobierno deberá remitir informes anuales sobre la aplicación y desarrollo del plan nacional de sensibilización y prevención. Se establecerán mecanismos para que se realice el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios dedicados a sufragar las políticas del Pacto. 

Votos particulares y acuerdo sobre discapacidad

En la sesión de hoy se han incorporado al informe elaborado por la subcomisión varios votos particulares, de los grupos Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, y uno acordado por todos los grupos para incluir tanto el término "diversidad funcional" como el de "discapacidad".

El Grupo Socialista ha sacado adelante seis votos particulares, el 19, para permitir la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de percepción de la renta activa de insrtción con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación; el 22, para definir y legislar contra la violencia patrimonial; el 24, para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género no necesiten el consentimientos de sus progenitores o representantes legales para poder abortar; el 28, que tiene como objetivo reforzar los organismos de igualdad en toda la estructura institucional; el 34, sobre la designación de procuradores desde el mismo momento en que se produce la designación de abogado o abogada; y el 35, para agilizar la puesta en marcha de comisión de seguimiento y acortar al máximo los tiempos de aplicación de las medidas acordadas.

La Comisión ha aprobado también el voto particular 16, de Unidos Podemos-EC-EM, que pide una completa incorporación en los textos legislativos de todos los tipos de proxenetismo en concordancia con el Convenio 1949 de Naciones Unidas; y los número 2, 3, 4, 5 y 9 del Grupo Mixto, relativos a sensibilización y prevención en educación y en medios de comunicación, trabajo en red en para mejorar la respuesta institucional y seguimiento del pacto con la comparecencia de entidades feministas, entre otras materias.

El informe de la subcomisión y los votos particulares que no han sido aprobados y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivos, para lo que tienen de plazo hasta el lunes, 31 de julio, a las 12,00 horas, serán sometidos a debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

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