Convalidado el Real Decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

date 19/07/2012

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con 180 votos a favor,  131en contra y 1 abstencións, la convalidación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, y defendido ante la Cámara por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La propuesta de tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia se rechazó con 129 votos a favor, 180 en contra y 2 abstenciones, con lo que queda aprobado en los términos en los que lo hizo el Consejo de Ministros.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros figuran las iniciativas en materia de movilidad y adscripción de personal a fin de lograr una asignación más eficaz y eficiente de los recursos humanos, lo que mejorará el funcionamiento de la Administración; la supresión de días adicionales de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad y de tres de los seis días de libre disposición ordinarios.

También se modifica el régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones Públicas durante la situación de incapacidad temporal, lo que supondrá, en el caso de contingencias comunes, que durante los tres primeros días, la prestación reconocida o el complemento alcanzará como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones y desde el cuarto al vigésimo, la prestación reconocida o el complemento en ningún caso superará el setenta y cinco por ciento de las retribuciones.

En el caso de contingencias profesionales se mantendrá el cien por cien de las retribuciones, así como en situaciones como la hospitalización o intervenciones quirúrgicas y otras de carácter excepcional que pudieran merecer un trato diferenciado.

Por otro lado, se reducen créditos y permisos sindicales, para ajustarlos de forma estricta a lo previsto en la normativa legal en la materia, y se lleva a cabo una nueva definición de las unidades electorales y centros de trabajo, a fin de evitar la excesiva fragmentación actualmente existente que propiciaba un elevado número de órganos de representación (juntas de personal y comités de empresa), además de la unificación de las Unidades Electorales en el exterior.

El Real Decreto supone también la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Se trata de una medida de carácter excepcional con vigencia para 2012, que será de aplicación a todo el conjunto del sector público y a todas las Administraciones Públicas.

También se declara la incompatibilidad de las cesantías con cualquier retribución pública o privada. Se hace incompatible con cualquier otra retribución pública o privada la retribución compensatoria del 80 por 100 de sus retribuciones, durante un plazo de 24 mensualidades a la que tienen derecho cuando cesan, para determinados altos cargos, miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, presidentes de las Cámaras y presidente y consejeros de organismos reguladores.

Ingresos tributarios

Por lo que respecta a las medidas encaminadas a aumentar los ingresos tributarios para garantizar el cumplimiento del déficit, a partir del 1 de septiembre se incrementa el IVA general del 18 al 21 por ciento, y el gravamen reducido, del 8 al 10 por 100. Se mantiene el tipo superreducido del 4 por 100. Algunos bienes y servicios se reclasifican y pasan al nuevo tipo general. Los cambios en el impuesto estarán vigentes desde septiembre.

En el impuesto de sociedades se eleva el pago fraccionado para grandes empresas, se amplía la limitación de deducción por gastos financieros, y en el IRPF, se suprime la deducción por compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013 para nuevas adquisiciones.  Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por 100 al 21 por 100 hasta el 31 de diciembre de 2013. Se actualiza el impuesto sobre las labores del tabaco y se incide sobre la imposición medioambiental.

En cuanto a la vivienda, se acuerda la no renovación de la Renta Básica de Emancipación, manteniendo la cobertura a quienes ya tenían el derecho adquirido. La nueva medida a implantar supone la reducción del 30 por 100 del importe a beneficiarios que siguen teniendo reconocida la ayuda (pasa de 210 euros al mes a 147 euros). En cuanto a la subvención de préstamos para vivienda protegida, se mantiene la cobertura para los beneficiarios que tienen reconocida la ayuda, pero no entrarán nuevos beneficiarios.

Empleo

Por otro lado, se suprimen todas las bonificaciones a la contratación a excepción de las destinadas a la contratación de personas con discapacidad, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres. Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a trabajadores en baja por maternidad y a víctimas de violencia de género.

Se ajusta el cómputo de rentas asociadas al patrimonio para el acceso a subsidios; se modifican las condiciones de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI), de forma que ahora se exige que previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, así como que durante un año no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. Las mujeres beneficiarias de la Renta Activa de Inserción que hayan sido víctimas de violencia de género seguirán cobrando la ayuda.

En cuanto a la prestación por desempleo, a partir del séptimo mes se fija la cuantía de la prestación en el 50 por 100 de la base reguladora. Esta medida no afecta a los actuales perceptores sino sólo a los nuevos beneficiarios y únicamente tendrá efectos a partir del séptimo mes de cobro de la prestación. 

Tampoco afecta a los topes mínimos que, para el caso de los perceptores sin hijos, será 497 euros/mes, y perceptores con hijos, 665 euros/mes, de forma que se estima que quedarán exentos de la medida, al menos, el 27 por 100 de los potenciales nuevos perceptores. Asimismo, se racionaliza el subsidio para mayores de 52 años, y se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años, que siguen teniendo garantizada la cobertura del subsidio ordinario.

En materia de Seguridad Social, see homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social, en el tipo del 20 por 100, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago; se incrementa la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación; y se propondrán medidas en cumplimiento de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo para acercar la edad real a la edad legal de jubilación.

Horarios comerciales

También se liberalizan los horarios comerciales para que el sector comercial pueda adaptar su oferta a los periodos de mayor interés comercial. Así, se amplía el horario máximo de apertura comercial en días laborables de 72 horas semanales a 90 horas, se introduce plena libertad horaria para los pequeños y medianos comercios, se eleva el mínimo de domingos y festivos de apertura, de 8 a 10, a partir del 1 de enero de 2013, y se fijan criterios objetivos a efectos de calendario, se definen criterios básicos para la determinación de las zonas de gran afluencia turística en municipios o zonas que cumplan con unos criterios básicos objetivos; y se liberalizan las rebajas.

En cuanto al impulso del comercio exterior, se abre la puerta a la privatización de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE),  se integra Invest in Spain, la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), y se adoptan medidas de fomento del crédito a la exportación, haciendo más atractivo para las entidades financieras la concesión de crédito a los empresarios que venden en el exterior.

Dependencia

También se introducen modificaciones en materia de dependencia, con la reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar, la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia, la revisión del modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar; la ampliación a dos años del plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía; la definición de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio, entre otras medidas.

 

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