El Pleno convalida el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

date 14/06/2012

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 206 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la convalidación del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y ha acordado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá a los grupos parlamentarios introducir enmiendas.

El texto tiene por objeto el impulso y la dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

El Gobierno pretende, con este real decreto-ley, eliminar los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros con una superficie de hasta 300 metros cuadrados.

El Ejecutivo considera que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria.

El texto va más allá de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, y afecta a las obras de acondicionamiento de locales ligado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente.

El objetivo de este real decreto es contribuir a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo; la reducción de las cargas administrativas; la mejora empresarial (en especial para las PYMES); y la promoción del espíritu empresarial de la Estrategia Europa 2020.

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