La Diputación Permanente convalida el Real Decreto-Ley que prorroga las medidas para que ayuntamientos y CCAA puedan destinar su superávit a inversiones sostenibles

date 03/04/2019

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el pasado miércoles 3 de abril, con 40 votos a favor y 25 en contra, el Real Decreto Ley 10/2019, con el que se prorrogan las medidas que facultaban a ayuntamientos y comunidades autónomas para destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, y no solo a amortizar deuda, como disponía la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros prorroga para 2019 la posibilidad de que el superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales se destine para inversiones financieramente sostenibles, y adopta otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

Estas medidas de flexibilidad en el destino del superávit se aplicaron a las comunidades autónomas mediante la aprobación de la disposición adicional centésima décima sexta de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, previendo la posibilidad de destinar el superávit presupuestario de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía a inversiones financieramente sostenibles siempre que cumplan determinados requisitos y reglas fiscales que garanticen la estabilidad presupuestaria y su sostenibilidad financiera.

En el momento actual, se dan las circunstancias que aconsejan la aprobación de la prórroga de las normas mencionadas, que permitiría a las entidades territoriales que cumplan los requisitos establecidos destinar su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles. Entre esas inversiones se incluyen las que corresponden a grupos de programas de asistencia social primaria de las corporaciones locales.

Ley de Estabilidad Presupuestaria

La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula que el saldo positivo que consiguen las administraciones públicas a final de año tenga que ser utilizado para amortizar deuda. No obstante, esta ley permite como excepción las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Así, las entidades locales y comunidades autónomas que hayan obtenido superávit en 2018 podrán destinar dicho excedente a la prestación de servicios esenciales, como el alcantarillado, la recogida de residuos, el alumbrado público, el abastecimiento de agua, la mejora de infraestructuras de transporte, los centros docentes o la asistencia social primaria, entre otros ámbitos.

Las IFS deben tener una vida útil igual o superior a cinco años, tiempo durante el cual deben ser económicamente sostenibles, y no computan el gasto a la hora de aplicar la regla de gasto, aunque sí a efectos de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El Real Decreto-Ley convalidado también amplía el tiempo para desarrollar dichas inversiones sostenibles, por lo que las aprobadas en 2019 pueden terminar de ejecutarse en 2020.

Por último, la disposición normativa del Gobierno establece el régimen por el que se regula el ejercicio de las funciones reservadas de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y contabilidad, tesorería y recaudación, en aquellas entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, que continúan manteniendo su condición de entidades locales tras la entrada en vigor de dicha ley.

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