El Pleno da el primer paso para la eliminación del aforamiento de diputados y miembros del Gobierno de Illes Balears

date 19/02/2019

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, impulsada por el Parlamento autonómico para la supresión del aforamiento de los diputados y los miembros del Gobierno de esta comunidad, ha superado esta tarde su primer examen parlamentario, el debate de totalidad en el Congreso, con el respaldo unánime de la Cámara, con lo que se inicia su tramitación parlamentaria como Ley Orgánica. Así, tras la votación y aprobación del dictamen en la Comisión Constitucional, tendría que ser elevado al Pleno y obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara.

El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, modificado por la Ley 1/2007, de 28 de febrero, establece el aforamiento de los diputados y las diputadas autonómicos de dicha comunidad; además del presidente y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears. Respecto a todos ellos, se dispone que corresponderá decidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. No obstante, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma, la responsabilidad les será exigible en los mismos términos ante la Sala Penal del Tribunal Superior.

De esta manera, tanto en el texto constitucional como en el actual Estatuto de Autonomía, se regula la figura jurídica del aforamiento, una prerrogativa, argumenta la Cámara autonómica, que es percibida como un privilegio que distorsiona el principio superior de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia. Por lo tanto, se considera que ni los diputados, ni el presidente, ni los miembros del Gobierno de la comunidad autónoma deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria en todos aquellos asuntos que los impliquen en un procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional, tanto penal como civil. Todo esto de acuerdo con el ámbito competencial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Una vez superado el debate de totalidad, la propuesta de reforma estatutaria inicia su tramitación parlamentaria como Ley Orgánica. De este modo, se remitiría a la Comisión Constitucional para que designe una ponencia que estudie la iniciativa y las enmiendas al articulado y elabore un informe. El informe, junto a las enmiendas, sería votado después en comisión, y esta elaboraría un dictamen que tendría que pasar al Pleno y, en caso de obtener el apoyo de al menos 176 diputados, ser remitido al Senado. Las iniciativas legislativas de comunidades autónomas no caducan al disolverse las Cámaras, por lo que continuaría su tramitación desde el punto en el que lo decida la Mesa del nuevo Congreso de los Diputados.

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