El Pleno convalida el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad en el sector de la industria y el comercio

date 20/12/2018

El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

El real decreto, aprobado por 111 votos a favor, 4 en contra y 228 abstenciones, será tramitado por el procedimiento de urgencia tras superar su votación con 343 votos favorables, 1 en contra y 0 abstenciones.

Con este texto se alarga el periodo de aplicación de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que vence el próximo 31 de diciembre, evitando así que se extinga. Para ello, en el artículo 1 del Real Decreto se modifica el texto refundido de la Seguridad Social en lo referente a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración del contrato de relevo. Con esta medida el Ejecutivo confía en impulsar la competitividad de a industria y facilitar las decisiones de nuevas inversiones en plantas productivas de nuestro territorio.

Además, confían en contribuir a asegurar la transición ecológica de la industria manteniendo su actividad y sus empleos. En relación a esta medida, en la disposición adicional primera del real decreto se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial, incluyan entre la información no financiera de sus informes de gestión aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transición hacia una economía descarbonizada.

Por otro lado, se modifica el artículo 2 de la Ley 21/1996 de Industria, encargada de regular infracciones y sanciones en materia de seguridad de productos, para adaptarlas a las reglamentaciones europeas que ya se encuentran en vigor. Para ello se cambia el importe de las sanciones establecidos en la citada ley para alinearlo con los objetivos marcados por normativa europea.  

Este Real Decreto-Ley también actualiza los requisitos que el real decreto 138/2011 establece con respecto a los equipos con refrigerante de la categoría 2-L, que hacían que, en la práctica, el coste de la instalación con este gas fuese inviable. El Gobierno elimina mediante la disposición transitoria segunda de texto ¿unos trámites y requisitos tan exigentes como los que recoge la actual reglamentación, a la vez que se garantiza la seguridad de los aparatos¿.

Mediante el artículo tercero de este real decreto se incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento y de Consejo, relativo a normas comunes para el mercado interior de la electricidad y mediante el cual se admite la posibilidad de la existencia de ¿redes de distribución cerradas¿ definidas como redes de distribución que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geográfico.

Para adaptar la normativa europea sobre redes cerradas, el real decreto incorpora los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, fijando un plazo de seis meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas.

Por otro lado, se reconoce una especial protección a la industria electrointensiva, contemplando en el articulado del texto la figura del consumidor electrointensivo,  a la vez que da un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, elabore y apruebe un Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Con el reconocimiento de estos usuarios se pretende dotar a los consumidores de ¿escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales¿.

Respecto al comercio, y especialmente al minorista, este Real Decreto-Ley modifica algunos preceptos de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista. La primera, con motivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la citada ley con la directiva europea 2005/29/CE sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. La segunda modificación corresponde a los artículos 38 y 62 de la Ley 7/1996 con el objetivo de suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia.

Por último, y en lo que concierne a las becas del Programa de Becas ICEX a la internacionalización, en la disposición final decima octava de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se establece que estas becas que venían siendo reguladas por la normativa interna del organismo público conforme a los principios de la Ley General de Subvenciones, quedan ahora sometidas íntegramente a esta ley. El Gobierno entiende que mientras dicha adaptación no se produzca, y a efectos de garantizar la convocatoria para 2019, es necesario recoger en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto que para dicha convocatoria no resulte de aplicación  lo establecido en la Ley 6(2018.

Finalmente, en las disposiciones primera y segunda del Real Decreto Ley 20/2018 se incorporan modificaciones de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015 para la defensa de la calidad alimentaria, para adecuar al ordenamiento jurídico estatal sentencias del Tribunal Constitucional.

Respecto a la primera ley, el Constitucional declaró nulos en su sentencia 66/2017 determinados aspectos puntuales de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013 que regula la Agencia de Información y Control Alimentarios por considerar que el legisladores estaba invadiendo competencias autonómicas. Por ello, se hace necesario establecer que el ámbito de aplicación de esta función de control que se atribuye a la AICA se limita al propio de la Administración General del Estado.

La segunda modificación corresponde a la anulación de una parte de la Ley 28/2015 consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016 al considerar que  contiene un excesivo detalle en el tratamiento de las conductas tipificadas, que debiera permitir un mayor desarrollo normativo por las administraciones autonómicas en el ejercicio de sus competencias.

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