El Congreso de los Diputados envía al Senado el proyecto de ley de mejora de las condiciones en la docencia no universitaria

date 13/12/2018

- La iniciativa deroga los artículos 2, 3, y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, iniciativa que continuará su tramitación en el Senado tras ser aprobada por 168 votos a favor y 162 abstenciones. Esta medida contempla la derogación de las medidas desarrolladas por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El mencionado real decreto estipulaba, en su artículo 2, la posibilidad de aumentar el ratio máximo de alumnos por aula en un 20% para los niveles de primaria y secundaria obligatoria cuando los Presupuestos Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso para llegar a una tasa de reposición inferior al 50% del personal. El Gobierno argumenta que la aprobación de tres PGE (2016, 2017 y 2018) en los que se han establecidos tasas de reposición del 100%, "lleva implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012 ha quedado superada".

Además, el Gobierno apunta que  es necesario suprimir el artículo 2 porque, a pesar de no tener un impacto en el gasto público, su prolongación sí que afectaría de forma notable a los "estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula".

Por otro lado, el proyecto de ley pretende derogar el artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, donde se estableció el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil y primaria y de veinte en las restantes enseñanzas. Ante el cambio de coyuntura económica, el Gobierno considera "razonable revertir la situación y dejar nuevamente margen a las diferentes Administraciones Educativas para la regulación de la materia". En este sentido el Ejecutivo apunta que "hay que tener presente además que esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos".

La última cuestión que aborda el proyecto de ley es la sustitución de los profesores titulares de la plaza por funcionarios interinos en el caso de una baja. El artículo 4 del Real Decreto establece que la sustitución por un interino sólo se podrá producir cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen al nombramiento, periodo en el que el puesto se deberá cubrir con los recursos del propio centro. 

El proyecto asegura que esta medida ha sido "especialmente gravosa y excesivamente rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes, y más allá de su hipotética contribución a la eficiencia en el uso de recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes así como en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado". Por ello, la iniciativa plantea suprimir esta medida, aunque, "por razones de planificación y organización del curso escolar", esta disposición entrará en vigor el curso posterior a la aprobación del proyecto.

Al Proyecto de Ley se han incorporado dos enmiendas al articulado tras su votación en Pleno. La primera, propuesta por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sustituye el apartado 2 del artículo único estableciendo que las Administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente no superando en 18 las horas lectivas máximas semanales. Por otro lado, se ha añadido una enmienda impulsada por el grupo Popular en la que se modifica la Disposición final primera añadiendo que "con la finalidad de hacer efectivas las previsiones contenidas en esta Ley por parte de las administraciones educativas, la Administración General del Estado establecerá un marco de financiación adecuado y suficiente".

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