El Congreso envía al Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

date 30/10/2018

El Pleno ha aprobado la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica los permisos y licencias y, tras su paso por la Comisión de Justicia, incluye cambios en elección del Consejo General del Poder Judicial para incluir los criterios de paridad; incorpora aspectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción en la carrera judicial y medidas sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia. 

Una vez votadas y rechazadas las enmiendas que los grupos han mantenido vivas tras las incorporadas en ponencia y Comisión, se ha realizado la votación de conjunto, en la que la proposición de ley ha superado con 294 votos a favor, 32 votos en contra y 14 abstenciones, la mayoría absoluta necesaria, por su carácter orgánico, para continuar su tramitación en el Senado. 

El Grupo Popular, impulsor de esta iniciativa, argumentaba en la exposición de motivos que el objetivo de esta iniciativa es "restablecer las condiciones que regían antes de la crisis económica" en lo referido a las vacaciones anuales y permisos por asuntos particulares para jueces, magistrados, integrantes del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia.

Se dispone, por tanto, la recuperación de los días adicionales por razón de antigüedad y de los dieciocho días de permiso por asuntos propios, así como el establecimiento del permiso de paternidad en las cuatro semanas, tal y como se contempla en el Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, el dictamen incorpora como novedad que los jueces y magistrados dispongan, al menos, de los mismos derechos que tienen los miembros de la Administración General del Estado y que "supongan una mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito".  

Consejo General del Poder Judicial  

Además de la regulación de los permisos, la Comisión de Justicia incluyó en el dictamen la modificación del artículo 567 de la LOPJ, de modo que "los veinte vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente ley orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres". 

Asimismo, se reforma el artículo relativo a incompatibilidades de los vocales del Consejo, que "desarrollarán su actividad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no", ni tampoco podrá compatibilizarse con el "desempeño simultáneo de otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial". También se modifica la regulación de las competencias del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión Permanente, entre otras modificaciones. 

Con respecto a la Memoria del CGPJ que se publica anualmente, el dictamen establece que se añada el gasto detallado de la actividad del presidente y de los vocales del Consejo, el impacto de género en el ámbito judicial y sobre el uso de las lenguas oficiales en la Justicia.

Por otra parte, la propuesta de reforma incluye aspectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción en el estatuto de los integrantes de la carrera judicial y mejoras en la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia.

Concretamente, la proposición de ley prevé que el CGPJ acuerde que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman competencias en determinadas materias específicas. Asimismo, se establece que el tribunal que evalúe las pruebas de acceso a las categorías de juez y abogado fiscal estén presididas por un magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia o un fiscal de Sala o fiscal del Tribunal Supremo o de una fiscalía de Tribunal Superior de Justicia. Además, el ascenso y promoción profesional dentro de la carrera judicial se base en los principios de mérito, capacidad, idoneidad y especialización.

Tras la aprobación de este texto, los presidentes de los tribunales superiores de justicia se nombrarán por un periodo de cinco años renovable por otro mandato más de la misma duración, al igual que los presidentes de las audiencias provinciales.


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