El Pleno convalida el Real Decreto-Ley 2/2018 que modifica la Ley de Propiedad Intelectual

date 10/05/2018

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, para incorporar al ordenamiento jurídico dos directivas comunitarias. El Real Decreto-Ley ha sido aprobado por 149 votos a favor, 2 abstenciones y 142 votos en contra, y será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán introducirse enmiendas al texto elaborado por el Gobierno. 

La primera directiva que se transpone es la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias de derechos sobre obras musicales para su utilización en un contexto transfronterizo.

Con esta directiva la Unión Europea ha querido armonizar las diversas normas nacionales de los Estados miembros que regulan las entidades de gestión. El objetivo es fortalecer su transparencia y gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la directiva da poder a la entidad de gestión dotando de nuevos instrumentos para mejorar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de dicha entidad.

La segunda norma europea que afecta al Real Decreto-Ley 2/2018 convalidado hoy es la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Con esta norma se armoniza el uso de obras y prestaciones sin la autorización del titular de los derechos en favor de personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos. El objetivo es mejorar la disponibilidad y el intercambio dentro del mercado interior de determinadas obras y prestaciones protegidas en un formato accesible.

Las novedades respecto de la versión actual del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual consisten en la inclusión de normas específicas aplicables a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes. Estos últimos son entidades que ya están activas en España y en otros Estados europeos gestionando derechos de propiedad intelectual pero operando al margen del régimen jurídico previsto actualmente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de las facultades de supervisión de las Administraciones Públicas.  

Las características que diferencian a estos operadores de gestión independientes son la existencia de ánimo de lucro (frente a la ausencia del mismo en las entidades de gestión) y la inexistencia de vínculo propietario o de control de los mismos por titulares de derechos (que sí existe en el caso de las entidades de gestión). De este modo, el presente real decreto-ley introduce la regulación de estos operadores, que representan una alternativa a la gestión colectiva ofrecida por las entidades de gestión, dando garantías tanto a los titulares de derechos de propiedad intelectual que les encomienden la gestión de sus derechos como a los usuarios de los mismos.

También se introducen novedades en la recaudación de derechos, de modo que el reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual se incluye un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.

También se establece la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, en paralelo a las cuentas anuales, y se modifica el régimen sancionador para aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, especificar los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas.

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