El Pleno urge al Gobierno a suprimir los copagos, recuperar el Fondo de Cohesión Sanitaria y crear un fondo de innovación

date 10/05/2018

El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a "garantizar  el derecho de ciudadanía a la asistencia sanitaria, la eliminación de barreras económicas y sociales para el cuidado y promoción de su salud y el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Salud de gestión pública, eficaz y solvente". 

La moción ha salido adelante en los términos de la enmienda transaccional acordada con Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea y el PdeCat.  

El Congreso pide al Gobierno recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, impulsando de forma inmediata la derogación de las limitaciones establecida en el Real Decreto de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

Asimismo, le insta a desistir o retirar cuantos recursos judiciales tenga planteados frente a normas o actuaciones de las Comunidades Autónomas dirigidas a recuperar la universalización de la asistencia sanitaria pública y las subvenciones a la población e menos renta para compensar copagos farmacéuticos. 

Emplaza al Ejecutivo a apostar por formas de gestión pública de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y, en consecuencia, proceder a la revisión de la Ley de 1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión de la sanidad con el objetivo de reforzar la supervisión pública, así como su integración con los objetivos y resultados de salud fijados por la administración sanitaria. Se respetarán las competencias de las Comunidades Autónomas en la organización de sus servicios de salud, de acuerdo con los principios de la Ley General de Sanidad de 1986, incluyendo la organización de redes de utilización pública con centros que, de preferencia, tengan titularidad pública o de entidades sin afán de lucro. 

Plantea también alcanzar con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, un acuerdo sobre financiación autonómica que incluya un escenario plurianual de suficiencia del gasto sanitario público y mejoras en los Instruments de nivelación entre territorios, y una actualización de los criterios de cálculo de población ajustada, rechazando la incorporación de nuevos copagos. 

Suprimir los copagos sanitarios introducidos en 2012, que suponen una barrera de acceso y adherencia a los tratamientos por parte de la ciudadanía, y estudiar el efecto de los existentes para considerar su posible modificación para la población más vulnerable es otra de las medidas propuestas. 

Asimismo, la Cámara pide recuperar, de forma inmediata, el fondo de cohesión sanitaria dotado al menos con 100 millones con el objetivo de alcanzar 150 al finalizar la legislatura, para hacer efectiva la igualdad de acceso de toda la ciudadana a los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. 

Desarrollar reglamentariamente el Fondo de Garantía Asistencial en su totalidad promoviendo la prestación de servicios de alta tecnología y de proximidad entre territorios y crear un fondo de innovación con una dotación inicial de 150 millones de euros que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiaci de nuevos tratamientos, y acordar con las comunidades un plan para reforzar la atención primaria son otras de las exigencias contempladas en esta iniciativa. 

Finalmente, pide dotar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de los recursos presupuestarios necesarios para reducir la brecha en la cobertura y acceso a los servicios de la que gozan los ciudadanos de Ceuta y Melilla, y vigilando especialmente que las dotaciones se corresponden con las necesidades, evitando el abuso en materia de conciertos y externalizaciones; y transferir la sanidad penitenciaria a todas las Comunidades Autónomas antes de que acabe la legislatura, asignando una financiación ajustada al coste real. 

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