La Comisión de Justicia envía al Senado la reforma de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

date 24/04/2018

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, seguirá su tramitación en el Senado después de que la Comisión de Justicia ha aprobado el texto con enmiendas de los grupos.

Los miembros de la Comisión han debatido el informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de ley impulsada por el Grupo Popular, y han aprobado enmiendas al articulado presentadas por los grupos parlamentarios Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto, Ciudadanos y Esquerra Republicana.

Esta propuesta se basa en el principio de reconocimiento mutuo en la justicia europea, que supone la cooperación judicial penal entre las autoridades judiciales de los distintos Estados, sin la intervención de las autoridades centrales, y en la confianza mutua, lo que lleva a un reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por las autoridades Estados prácticamente de manera automática, con causas tasadas de suspensión y denegación del reconocimiento. 

La Ley 23/2014, objeto de reforma de la actual proposición de ley, suponía la unificación normativa en el Derecho español, en un texto único, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia. Sin embargo, según se recoge en la exposición de motivos del nuevo Proyecto de Ley, con la posterior aprobación en el seno de la UE de las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2008/978/JAI relativas al aseguramiento de pruebas y al exhorto europeo de obtención de pruebas, se hizo patente que el marco existente para la obtención de pruebas en la Unión Europea era demasiado fragmentario y complicado.

Precisamente éste es el objeto del nuevo Proyecto de Ley, que busca adaptar a la legislación española las directrices de la orden europea de investigación, aprobada en 2014, que crea un régimen único para la obtención de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro. 



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