El Pleno convalida el Real Decreto-ley que permite a los ayuntamientos reinvertir su superávit

date 12/04/2018

El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto-ley que permite a las corporaciones locales que tuvieron superávit en 2017 y que cumplen con el periodo de pago a proveedores reinvertir su excedente siempre y cuando lo destinen a inversiones financieramente sostenibles (IFS). 

El Real Decreto-ley, defendido por el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro, ha sido refrendado por la Cámara con 264 votos a favor, 1 en contra y 73 abstenciones. Su tramitación como procedimiento de ley por el procedimiento de urgencia ha sido rechazada con 87 votos a favor y 252 en contra.

El decreto convalidado hoy, que había sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo, prorroga para el presente ejercicio las reglas para el destino del superávit municipal recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, que ya había sido modificada en 2014 para incluir una medida de flexibilidad en el destino del superávit que permitía a las corporaciones locales destinar su remanente a inversiones en lugar de a la reducción de su deuda.

Además, la ley modifica el ámbito objetivo de las inversiones, actualizando los grupos de programas a los que las corporaciones locales podrán dedicar su superávit y añadiendo algunos que no estaban recogidos en la legislación anterior, entre los que se incluyen el alcantarillado, seguridad y orden público, protección civil, etc.

En cuanto a los proyectos de inversiones que no puedan ejecutarse íntegramente en 2018, la ley permite que la parte restante del gasto autorizado en el presente ejercicio pueda comprometerse y reconocerse en el 2019.

Por otra parte, la nueva regulación relaja la exigencia de rendir cuentas de las Corporaciones Locales ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública antes de ejecutar las inversiones, de manera que solo les será exigible autorización previa cuando el gasto de inversión destinado a una serie de programas recogidos en la ley supere los 15 millones de euros o el 40% del gasto no financiero total. La exigencia no será aplicable si se tratan de inversiones con una vida útil inferior a cinco años o se refieran a mobiliario y enseres o vehículos, con algunas excepciones reflejadas en la propia ley.

Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el conjunto de corporaciones locales cerraron 2017 con un superávit del 0,59% del PIB, de más de 6.800 millones de euros.

Según se recoge en la exposición de motivos, la medida se acogió al mecanismo de decreto porque las Corporaciones Locales se encontraban en marzo liquidando los presupuestos de 2017 y "necesitaban conocer" si debían destinar su superávit a reducir su deuda neta o si podrían, como la prórroga ha acabado confirmando, destinar su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles.


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