El Congreso aprueba la toma en consideración de una Proposición de Ley de control parlamentario al Gobierno en funciones

date 20/03/2018

El Pleno del Congreso de los Diputados da luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley de control parlamentario al Gobierno en funciones presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La iniciativa legislativa ha superado la primera votación con 205 votos a favor, 127 en contra y 5 abstenciones.

El grupo proponente justifica esta iniciativa en que durante la XI Legislatura -del 13 de enero al 3 de mayo de 2016- el Gobierno en funciones no se sometió a a iniciativas de control parlamentario "en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados".

El PNV sostiene que "el Gobierno en funciones es Gobierno al que, simplemente, le son vedadas determinadas competencias tasadas, sin perjuicio de que sigue dirigiendo a la Administración General pues los órganos del Estado no admiten según la Constitución cesuras, aplazamientos o interrupciones en su funcionamiento regular, y a su ejercicio se extiende la función de control que nada tiene que ver con la función de confianza". 

Una vez superada la primera votación en Pleno, la proposición de ley continúa su trámite en Comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y se elaborará un dictamen que pasará al Senado. 

La texto propuesto por el PNV tiene como objetivo someter al Gobierno al control político de las Cortes Generales en todos sus actos y omisiones, incluso si está en funciones. Plantea la modificación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado para que éste también se someta al control parlamentario y, en caso de incumplimiento, que sea considerado como "infracción muy grave". 

Según dicha Ley, se consideran altos cargos los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado; los subsecretarios y asimilados; los secretarios generales; los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los delegados del Gobierno en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales, entre otros.

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