El Pleno reclama al Gobierno que elabore una ley para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres

date 15/02/2018

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la moción presentada por el grupo Socialista en la que insta al Gobierno a acordar con los interlocutores sociales y presentar en el Congreso un Proyecto de Ley para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. La medida ha sido aprobada después de incorporar las enmiendas del PDeCAT y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Según la moción, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno deberá establecer medidas para que todas las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales (en dinero o en especie) que perciban las personas trabajadores, indicando su sexo y categoría profesional. 

En segundo lugar, la ley tendrá que atribuir a las personas trabajadores y a sus representantes el derecho de acceder a información sobre la retribución aplicada en la empresa desglosada por género. Para ello, se incorporará a la normativa vigente medidas que garanticen que los empleados puedan acceder a esta información y que la empresa la facilite.

La moción también recoge la necesidad de que las todas las encuestas y registros que analicen el mercado de trabajo se desagreguen por sexo, edad, nivel educativo y ocupación y que esta información se incorpore a los indicadores sobre transparencia salarial. 

En otro de sus puntos, incorporado por UP-EC-EM, se insta a que a través de la nueva ley se mejoren y amplíen las estadísticas de género, y se incorporen indicadores sobre transparencia salarial y el sistema de cuentas nacionales para que, de este modo, conste el trabajo doméstico y de cuidados. 

Con la ley que tendrá que presentar el Gobierno se tendrá que incorporar al ordenamiento español, tanto en la normativa laboral como en la funcionarial, el concepto de "igual retribución por trabajo de igual valor", como establece la Recomendación de la Comisión Europea de 2014.

Si el proyecto de ley es finalmente aprobado en los términos que presenta la moción y las enmiendas, las empresas de más de 250 trabajadores tendrán la obligación de realizar auditorias salariales. Además, se establecerán mecanismos para asegurar que los convenios colectivos no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género. 

En este sentido, la ley también tendrá que reforzar la capacidad de las personas para presentar demandas en el caso de que aparezca discriminación indirecta, particularmente retributiva y garantías específicas en el proceso de tutela de derechos para que sujetos con relevancia pública como la Inspección de Trabajo, la Autoridad Laboral, los diferentes Institutos de la Mujer, etc. tengan más facilidades para participar en el proceso. A su vez, la ley tendrá que desarrollar mecanismos específicos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecte y sancione casos de discriminación indirecta.

En lo que respecta a la representación laboral, la moción contempla que el proyecto de ley que debe presentar el Gobierno tendrá que promover una mayor participación efectiva de las mujeres en los órganos de representación para promover la igualdad retributiva en la negociación colectiva y su aplicación en la empresa.

En su proyecto, el Gobierno también tendrá que establecer las reformas necesarias de la normativa laboral para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo. El objetivo de esta medida es evitar que el ejercicios de los derechos relacionados con las responsabilidades familiares suponga una discriminación directa o indirecta en materia retributiva para las mujeres. También se adoptarán las medidas necesarias para identificar los efectos que pueda tener la discriminación retributiva.

La moción también recoge que el Gobierno deberá adoptar medidas para aumentar la tasa de actividad de las mujeres, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes.

Por último, la ley deberá establecer la obligación de depositar ante la autoridad laboral todos los planes de igualdad, cuando no exista obligación de sus inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

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