El Congreso convalida el Decreto Ley en el que se adapta el derecho español a la legislación europea de mercados financieros

date 06/02/2018

La regulación de los mercados financieros en España ha sido actualizada con la aprobación del Real Decreto Ley 21/2017 en el que se adapta el derecho español en esta materia a la legislación europea. El decreto ley ha sido ratificado en el Pleno del Congreso de los Diputados, y ha acordado tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

El Consejo y el Parlamento Europeo aprobó en 2014 un conjunto normativo que regulaba la actuación de los mercados financieros en todos los estados miembro, pero estas medidas no entraron en vigor hasta el pasado 3 de enero de 2018. El Gobierno ha decidido tramitar esta modificación de forma urgente a través con la fórmula del decreto ley a pesar de que la adaptación de las normas españolas a este marco está siendo ya tramitada en el Congreso como anteproyecto de ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros.

El principal motivo argumentado por el Gobierno para acudir a este cauce acelerado es porque considera "indispensable" adelantar la incorporación de algunos de los aspectos de la nueva regulación, ya que si a día 3 de enero las normas españolas no estuvieran adaptadas a las europeas, se produciría una "pérdida de profundidad y liquidez de los centros de negociación españoles". Según el Gobierno, un desfase entre  la regulación de los mercados financieros de España y los del resto de países de la UE, provocaría que los agentes dieran de lado a los centros españoles para acudir a otros mercados europeos en los que las nuevas obligaciones estén establecidas de forma clara.
 
El real decreto ley, además de establecer la organización y funcionamiento de los mercados financieros, también estipula un régimen sancionador en el que tipifica únicamente las infracciones relacionadas con las nuevas obligaciones impuestas en la nueva norma. La inclusión de estas sanciones es necesaria para asegurar la efectividad de la transposición de la normativa europea, ya que la ausencia de respuesta al incumplimiento comprometería su implementación y seguimiento.   

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