El Congreso convalida el Real Decreto-Ley para que las grandes empresas informen sobre aspectos sociales, medio ambientales y de lucha contra la corrupción

date 13/12/2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley por el que se modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas para que las grandes empresas faciliten información no financiera sobre aspectos sociales, medio ambientales y de lucha contra la corrupción. 

Este real decreto-ley, defendido por el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y convalidado por 176 votos a favor, 1 en contra y 163 abstenciones, Su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia ha sido aprobado por 333 votos a favor y una abstención, con lo que podrán incluirse enmiendas al texto redactado por el Gobierno.

El Real Decreto-Ley dispone que las empresas con más de 500 trabajadores deberán informar sobre sus medidas sociales, medioambientales y contra la corrupción. Además, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, les ordena informar de la diversidad de su consejo de administración.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye, argumenta el Ejecutivo, a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga datos relativos a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

En lo que atañe a cuestiones medioambientales, debe incorporarse información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica. 

Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, la información facilitada en el estado puede hacer referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades. 

Por lo que respecta a los derechos humanos, podría informarse sobre prevención de las violaciones de los derechos humanos y en su caso, sobre las medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos; y en materia de la lucha contra la corrupción y el soborno, se facilitará información sobre los instrumentos existentes para luchar contra los mismos. 

Las empresas obligadas deben facilitar información adecuada sobre los aspectos respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se han materializado. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. Esto no debe entrañar cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos en la Ley de Auditoría de Cuentas.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se extiende, a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de trabajadores determine su calificación en este sentido.

Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como grande, en los términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el grupo sea superior a 500. 

No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación.

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