La ley de Precursores de Explosivos queda aprobada con la incorporación de las enmiendas del Senado

date 19/10/2017

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Precursores de Explosivos, que queda lista para ser publicada en el BOE y entrar en vigor pasado un mes de su publicación, salvo las sanciones a particulares que no comuniquen la sustracción o desaparición de sustancias a las que se refiere esta norma y que posean legítimamente, que no se aplicarán hasta dentro de dos años. 

La Ley ha quedado aprobada en Pleno una vez a vez ratificadas las enmiendas incorporadas en el Senado al texto aprobado en Comisión con competencia legislativa plena el pasado mes de mayo.

La ley de precursores de explosivos regula el sistema de licencia que permita a los particulares introducir en España, adquirir, poseer o utilizar precursores de explosivos restringidos, que son los recogidos en los Reglamentos del Parlamento Europeo y el Consejo, e incluyen el peróxido de hidrógeno, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico o el nitrato amónico, así como a las mezclas y sustancias que las contienen. 

Establece además la obligación de las empresas de comunicar las transacciones sospechosas y la sustracción o desaparición de precursores de explosivos al punto de contacto nacional que determine la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; y fija un régimen sancionador aplicable en caso de infracción de las disposiciones comunitarias.

También se detallan las cuestiones relacionadas con la licencia que deberán obtener, con carácter previo, los particulares que pretendan adquirir, poseer, utilizar o introducir en España los precursores de explosivos restringidos, que tendrá un periodo máximo de validez de un año, y se establecen las circunstancias para su concesión y revocación.

Los particulares deberán comunicar también la sustracción o desaparición de las sustancias autorizadas por la licencia, al punto de contacto nacional en un máximo de cuarenta y ocho horas desde que haya tenido conocimiento de la misma, pero hasta que no haya transcurrido un plazo de dos años desde la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado, no se exigirá el cumplimiento de dicha obligación, ni será objeto de la correspondiente sanción por la comisión de una infracción grave.

Los operadores económicos tendrán la obligación de conservar durante cinco años los datos relativos a cada operación que realicen con dichas sustancias mediante el registro interno de la información correspondiente a cada transacción, que deberá estar en todo momento completo, disponible y actualizado para su inspección por las autoridades competentes, así como la forma de conservar esa información en papel u otro soporte duradero; y deberán comunicar en el plazo de 48 horas las transacciones que consideren sospechosas, así como los robos y desapariciones.

Por último, la ley prevé un catálogo de infracciones muy graves, graves y leves, en función de que puedan ser cometidas por operadores económicos o por particulares. Las sanciones podrán ser económicas y, adicionalmente, se podrá imponer a los operadores económicos la suspensión de las actividades autorizadas con los precursores de explosivos, o la revocación de la licencia correspondiente a los particulares con la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de tiempo determinado. 

Enmiendas del Senado 

Entre los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, y que quedan incorporados al texto definitivo de la ley, se incluye la supresión del apartado por el que se permitía a los particulares, previa comunicación al punto de contacto nacional, poner a disposición de otros particulares precursores de explosivos restringidos para su uso personal o para su almacenamiento, siempre que estos últimos cuenten con la correspondiente licencia expedida de conformidad con las normas contenidas en la presente Ley. 

En el apartado de las infracciones, tras su paso por el Senado se considera como muy graves "la puesta de precursores de explosivos restringidos a disposición de otros particulares, si tal actuación genera un riesgo o perjuicio grave", no sólo en el caso en que el otro particular carezca de licencia. 

En cuanto a la graduación de las sanciones, se incluye un apartado en función del volumen de la actividad comercial del infractor. Se entiende que existe reincidencia cuando se cometa una infracción de la misma naturaleza que la que motivó una sanción anterior, en el plazo de un año desde la notificación de ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa en el momento de cometerse la nueva infracción.

En cuanto a la previsión de que en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados los agentes de la autoridad adopten las medidas provisionales previstas en el apartado 1 antes de la incoación del procedimiento sancionador, se añade que "dichas medidas deberán ser ratificadas o levantadas por la autoridad sancionadora en el plazo de cinco días desde la incoación del expediente".

Para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria y de las obligaciones contenidas en esta Ley, se encomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de sus órganos dependientes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, el ejercicio de las funciones de control, vigilancia e inspección.


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