El Pleno inicia la tramitación de Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad

date 20/06/2017

El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, presentada por el Grupo Ciudadanos, y que inicia así su tramitación parlamentaria, en la que se debatirán y votarán las enmiendas al articulado. 


El grupo proponente justifica esta medida en que la principal preocupación de las pymes españolas es la "tremenda morosidad que sufren por parte de la Administración y de aquellas empresas que gozan de poder de mercado para imponer sus abusivas condiciones".

En 2016, expone Ciudadanos, aunque el plazo de pago legal máximo para el sector privado es de sesenta días, la medía está en setenta y siete; y aunque el plazo de pago legal máximo en el sector público es de treinta días, la media está en setenta y un días. Es verdad que se ha mejorado desde los peores años de la crisis, pero el alto incumplimiento de los plazos legales de pago sigue siendo muy preocupante, continúa.

"La alta morosidad sigue constituyendo, pues, un grave problema y tenemos que seguir luchando contra ella y sus efectos, que han provocado el cierre de miles de pymes, han reducido sus posibilidades de crecimiento y erosionado su rentabilidad y competitividad, así como han condenado a la precariedad a muchos otros autónomos", argumenta. "Por todo ello, y tras años de ausencia de una solución realmente efectiva a lproblema, es necesario establecer un régimen sancionador y nuevas medidas de lucha contra la morosidad para combatir el retraso de los pagos a proveedores de la Administración y de las empresas privadas".

Sistema Arbitral de Morosidad

La proposición de Ley prevé el establecimiento de un Sistema Arbitral de Morosidad, al que todas las empresas que se hayan adherido voluntariamente al mismo podrán someter de manera ágil y gratuita las controversias que surjan por el incumplimiento de las obligaciones previstas.

El texto inicial, al que los grupos parlamentarios presentarán enmiendas al articulado que serán debatidas y votadas en ponencia y posteriormente en Comisión, plantea que los órganos de contratación del sector público deberán incorporar la adhesión al Sistema Arbitral de Morosidad como condición de ejecución en la adjudicación de contratos públicos.

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