El Pleno da el primer paso para la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

date 21/03/2017

El Pleno ha aprobado, con 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones, el inicio de la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para derogar la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, y la iniciativa legislativa del PNV para reformar la misma ley, que salió adelante con 211 votos a favor y 130 en contra.

Una vez aprobada la toma en consideración, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, que serán debatidas en ponencia y, posteriormente, votadas en Comisión. Una vez que la Comisión elabore el dictamen, éste tendrá que ser elevado a Pleno, donde es necesario el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, al menos 176 votos, para ser remitida al Senado, ya que se trata de una reforma de ley orgánica. 

La primera de las proposiciones de ley, del Grupo Socialista argumenta que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana nació con el voto en contra prácticamente de toda la Cámara y las organizaciones sociales, de buena parte de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Grupo Socialista pide su derogación porque "cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una 'mordaza' a ciudadanos y medios de comunicación. Añade que, además, afecta a otros derechos también reconocidos en la Constitución, como el derecho a la dignidad de la persona, a su integridad física y moral, a la intimidad y a la tutela judicial efectiva.

El grupo proponente añade que en esta ley se incluyó una disposición final para permitir las denominadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes en Ceuta y Melilla, lo que, además de vulnerar la tutela judicial, les priva por la vía de hecho de acceder a otros derechos, como el asilo y la protección internacional, o los que según las leyes españoles y tratados internacionales, deben garantizarse a colectivos como los menores o las víctimas de trata.

Por su parte, la Proposición de Ley presentada por el PNV para reformar la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo, argumenta el grupo proponente, garantizar el cumplimento de los principios de legalidad y proporcionalidad.

Los promotores de la iniciativa destacan que la Proposición de Ley se basa en el principio de legalidad y en el de proporcionalidad en una triple dimensión: un juicio de idoneidad de la limitación para la consecución del objetivo propuesto; un juicio de necesidad de la misma, entendido como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo fin; y un juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha limitación, por derivarse de ella un beneficio para el interés público que justifica un cierto sacrificio del ejercicio del derecho.

Por otra parte, en la Proposición de Ley se acometen otras relevantes reformas en la línea del principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga.

En cuanto a la protección del derecho a la información veraz, el PNV resalta que este derecho "tiene carácter institucional, en cuanto facilitador y posibilitador del mismo Estado democrático, y cuya limitación tiene que, con las limitaciones señaladas, venir a proteger, en su caso, otros derechos fundamentales, tales como el derecho al honor, la propia imagen, la intimidad y la protección de datos personales, entre otros".

Por lo que respecta a la disposición sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, subraya que, con la modificación propuesta, se da cumplimento a demandas continuadas de organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos, a fin de que se establezca un procedimiento para que el mandato de respeto de la normativa internacional derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, cuando se realicen devoluciones en frontera de extranjeros que entran ilegalmente en España, sea real y efectivo.

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