El Congreso empezará a tramitar la Proposición de Ley contra la corrupción que protege a los denunciantes y regula los lobbies

date 21/02/2017

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con 337 votos a favor y 5 abstenciones, a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que incluye más protección para los denunciantes, prohíbe indultos a los condenados y regula los lobbies.

La iniciativa legislativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ha superado el primer paso y es ahora cuando se abrirá el período de presentación de enmiendas para el debate y la votación en la comisión correspondiente.

En su exposición de motivos, el grupo proponente defiende que se trata de una normativa "ambiciosa", que tiene por objetivo abordar "el problema en toda su extensión, reformando todas las áreas por las que la corrupción se expande y prospera".

Así, la normativa propone que los empleados públicos que denuncien casos de corrupción tengan derecho a la confidencialidad, a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, al asesoramiento legal, a la indemnidad en su puesto de trabajo y a recibir justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia.

La Proposición de Ley pone sobre la mesa la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el fin de impedir que quienes han sido encausados judicialmente o condenados por su implicación en procesos relacionados con la corrupción puedan formar parte de las listas electorales, y por tanto, concurrir a unas elecciones.

En este sentido, la iniciativa recoge también la modificación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, para que los altos cargos de la Administración General del Estado estén libres de cargos judiciales.
 
Asimismo, con el objetivo de reforzar el derecho de acceso a la información pública, la Proposición de Ley quiere reformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para garantizar su independencia real respecto de las Administraciones que debe controlar.

Finalmente, la normativa también quiere regular el régimen y la actividad de los lobistas y de los lobbies, entendiendo como tales a aquellas personas u organizaciones dedicadas a ejercer o facilitar una comunicación directa o indirecta con cualquier cargo público con la finalidad de influir en la elaboración de leyes o disposiciones de carácter general o en la elaboración y aplicación de políticas públicas en nombre de una entidad o grupo organizado. Para ello, se plantea la creación de un registro público de lobistas y lobbies, en el que deberán inscribirse todas las personas y organizaciones que quieran desarrollar dicha actividad.

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