El Congreso insta al Gobierno a mejorar las medidas de protección de los consumidores y a aumentar la transparencia de los créditos hipotecarios

date 14/02/2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción consecuencia de interpelación urgente que pide al Ejecutivo que ponga en marcha los mecanismos legislativos de reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaria para garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios y sus familias

La moción fue votada por puntos, de modo que los aprobados, y que se mantienen en la moción aprobada por el Congreso, son los número 2, 3, 4, 9 y 10. Los puntos 1, 5, 6, 7, y 8 del texto original de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea han sido rechazados. 

La moción, propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea, insta al Ejecutivo a que ponga en marcha los mecanismos legislativos de reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaria para garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios y sus familias. Para ello, incide en la necesidad de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.

En esta línea, el grupo proponente solicita adaptar la legislación española a los estándares europeos en materia de derechos de consumidores, y cumplir de esta manera las disposiciones contenidas en las Directivas Comunitarias sobre esta materia. 

Además, demanda al Ejecutivo ajustarse a las disposiciones contenidas en la Observación General número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.

La moción insta al Gobierno a adoptar los mecanismos legislativos necesarios para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus inmuebles vacíos a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.

En relación con esto, la moción demanda al Gobierno que inste al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a adopte normas para la protección de los derechos del consumidor de los clientes de las entidades financieras que mantienen contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar, al amparo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En concreto, exigen medidas vinculadas a la información pre-contractual, la transparencia de las condiciones básicas de comercialización y contratación, los principios y criterios de la actividad publicitaria de los productos hipotecarios y las garantías para la adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias.

Además, pide al Ejecutivo que informe al Congreso de los Diputados de si actualmente se encuentra en marcha algún procedimiento de sanción a España por el incumplimiento reiterado de la normativa europea, en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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