Estas comparecencias han sido acordadas por la Comisión de Empleo y Seguridad Social a petición de los grupos Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto, para que sus promotores expongan los motivos por los que han presentado esta iniciativa legislativa popular.
La Ley Orgánica que regula la Iniciativa Legislativa Popular establece, en el artículo 13 apartado 2, reformado en 2015, que la persona designada por la Comisión Promotora "será llamada a comparecer en la Comisión del Congreso de los diputados competente por razón de materia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno".
Una vez validadas las 500.000 firmas necesarias para registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular, y calificado por la Mesa el texto articulado elaborado por la comisión promotora, esta proposición de ley deberá someterse posteriormente al debate de toma en consideración en sesión plenaria.
El Pleno de la Cámara decidirá, por mayoría simple (más votos a favor que en contra), si continúa su tramitación, con la presentación de enmiendas al articulado y su debate en ponencia y Comisión, de acuerdo con el procedimiento legislativo común.
El objetivo de esta iniciativa, tal y como explican sus promotores en la exposición de motivos, es garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo, por lo que carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad, y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta.
"Es precisamente ante esta situación ante la que creemos que se debe intervenir incrementando el gasto social para que a todos estos ciudadanos y ciudadanas, el sistema de protección social les garantice unos recursos mínimos", añade. "Se trata de configurar y ampliar el sistema de protección social actual, para que pueda amparar las situaciones nuevas que ahora se plantean".
En su exposición de motivos, los impulsores de la iniciativa resaltan que la instauración de esta prestación se dirigiría a los más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior 5.837 euros anuales. Los efectos de la pobreza y el incremento de población pobre tienen rostro de mujer: 1.472. 779 personas que componen estos hogares y que serían beneficiarios potenciales de esta prestación, son mujeres, frente a los 678. 221 hombres.
