El Pleno da el primer paso hacia la derogación de la Ley que otorgó al TC capacidad para suspender de sus funciones a cargos públicos

date 20/12/2016

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Vasco para derogar las modificaciones en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impulsadas desde el Congreso en septiembre y octubre de 2015: la Ley Orgánica 15/2015, que otorgó al Tribunal Constitucional capacidad para suspender de sus funciones a autoridades y funcionarios públicos que incumpliesen sus resoluciones, y la Ley Orgánica 12/2015, que estableció el recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación.

El Pleno de Congreso ha dado luz verde, con 176 votos a favor, 165 votos en contra y 0 abstenciones, a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Vasco de EAJ - PNV, de reforma de la LOTC, que plantea la derogación de las dos reformas de la ley que regula el alto tribunal impulsadas en la X Legislatura. 

Una vez superada esta primera votación, se abrirá el plazo de enmiendas al articulado y la iniciativa legislativa será remitida a la Comisión correspondiente, en la que se debatirán y votarán enmiendas y se elaborará un dictamen que deberá ser elevado a Pleno, ya que al tratarse de una reforma de Ley Orgánica requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de continuar su tramitación en el Senado.

En primer lugar, la iniciativa propuesta por el PNV quiere revertir el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación, pues el grupo proponente razona que imbuye al Tribunal Constitucional de "un papel político que supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional; y lo que es más grave permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo".

En segundo lugar, la Proposición de Ley Orgánica que inicia hoy su trámite tiene como objetivo suprimir que la reforma que otorgó al Tribunal Constitucional capacidad para imponer sanciones económicas y/o suspender de sus funciones a autoridades o empleados públicos que incumplan alguna de sus resoluciones. Así, el articulado propuesto por el PNV supondría recuperar la redacción original del artículo 92, que constaría sólo del primer apartado, en el que se dispone que el Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

La reforma aprobada en 2015 indicaba que, "en caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto". 

Esta reforma establecía que, si a la vista del informe o transcurrido el plazo apreciase incumplimiento total o parcial podrá imponer una multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares responsables del incumplimiento; acordar la suspensión en sus funciones durante el tiempo preciso para asegurar que se cumplan las resoluciones del Tribunal; requerir la colaboración del Gobierno de la Nación para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento; y deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. 

Iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto 

El Pleno ha rechazado, en cambio, iniciar la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Mixto, que planteaba la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, que facultaba al TC para acordar la sanciones y la  suspensión de autoridades o empleados públicos en casos de incumplimiento de sus resoluciones.

La formación proponente considera que tal y como está redactada la Ley Orgánica en este momento contraviene lo dispuesto en la Constitución de 1978 al ampliar, en su opinión, las competencias asignadas al Tribunal Constitucional. "Aparentemente la reforma se limitaba a modificar sólo parcialmente los artículos 80, 87, 92 y 95 de la LOTC, pero en realidad incorpora un cambio cualitativo muy importante en la naturaleza misma de la institución Tribunal Constitucional y de sus funciones constitucionales, así como modifica de manera muy relevante los equilibrios y contrapesos institucionales establecidos por la Constitución de 1978", reza la exposición de motivos del texto presentado.

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