Los Proyectos de Ley de reforma administrativa continúan su tramitación parlamentaria

date 25/06/2015

El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas continúan su tramitación parlamentaria tras superar el debate de totalidad en el Pleno.
 
Las enmiendas de devolución presentadas por los grupos Socialista, Catalán de Convergència i de Unió, y de la Izquierda Plural al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público fueron rechazadas por 133 votos a favor, 174 en contra y 5 abstenciones y también resultó rechazada la avocación a pleno de esta ley por 141 votos a favor, 171 en contra y 0 abstenciones.
 
Por otra parte, las peticiones de devolución del Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, registradas por los mismos grupos, fueron rechazadas por 135 votos a favor, 174 en contra y 3 abstenciones y la avocación al pleno de este texto fue rechazada igualmente por 139 votos a favor, 172 en contra y 0 abstenciones.

Ambas iniciativas, presentadas conjuntamente en el pleno por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tienen como objetivo modernizar el sector público español, dotarlo de mayor eficacia, eliminar duplicidades y simplificar los procedimientos a la luz de las propuestas recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada para tal fin. 

"Ante la necesidad de dotar al sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado", el Gobierno ha presentado estas dos iniciativas: Una reguladora del procedimiento administrativo, que integra las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las administraciones y otra comprensiva del régimen jurídico de las administraciones públicas donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional.
 
Así, el Proyecto de ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  el primero de estos dos ejes, "establece una regulación completa y sistemática de las relaciones ad extra entre las Administraciones y los administrados". De este modo, se aúna en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos.

Además, este Proyecto hace especial hincapié en la relación entre las nuevas tecnologías y las administraciones que aunque ya reguló la Ley 11/2007,  en el entorno actual  "una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados".

Con respecto al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del sector público, su contenido abarca la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las administraciones públicas y por otro el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, tanto la institucional como la periférica. En este proyecto, se recoge la reforma del ordenamiento jurídico administrativo por razones de coherencia normativa, política legislativa  y para crear un marco que asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos. 

Enmiendas totalidad
 
El Grupo Socialista justifica su petición de devolver el proyecto al Gobierno en que el Ejecutivo pretende "establecer un criterio de distinción" que separa la materia organizativa de la procedimental porque "genera graves inconvenientes, como "llevar a la confusión entre normas básicas". 

Según el grupo socialista, la tramitación de estos proyectos de Ley es un "empecinamiento" por parte del Gobierno para aprobar el "único producto relevante" en materia normativa de la Comisión para la reforma de las Administraciones públicas", que a su juicio fue tan publicitada, y añade que, a falta de poco para que se cumpla el plazo previsto para la disolución de las Cámaras, "no queda justificada la modificación". 

Por su parte, el grupo parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, alega que se divide en "dos cuerpos legales una normativa actualmente existente, implicando un perjuicio para la seguridad jurídica". Añade que "se imponen un conjunto de cargas económicas en los niveles administrativos inferiores que no se compensan previamente". El Grupo de Izquierda Plural considera que es un Proyecto de Ley "recentralizador", "inviable" y además un retroceso porque, reprochan, "no hay diálogo ni consenso con los actores". 

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