El Congreso aprueba la Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

date 11/06/2015

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 197 votos a favor, 1 en contra y 115 abstenciones las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que concluye así su tramitación.
 
La Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, con excepción de las normas sobre recapitalización interna contenidas en el capítulo VI que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y lo previsto en el nuevo artículo 12.1  introducido en la disposición final décima en el RD- Ley 16/2011 que lo hará el 3 de julio de 2017.

Esta ley tiene como objetivo dotar a los poderes públicos de los mecanismos y poderes reforzados para afrontar la potencial situación de dificultad en la que se pueden encontrar las entidades de crédito o las empresas de servicios de inversión, respetando la idea esencial, que subyace a todo el articulado de la ley, de evitar todo impacto a los recursos de los contribuyentes.

Un principio básico del que parte la ley es que los tradicionales procedimientos concursales, llevados a cabo en vía judicial, no son, en muchos casos, útiles para llevar a cabo la reestructuración o cierre de una entidad financiera inviable. El régimen establecido en esta ley constituye, en consecuencia, un procedimiento administrativo, especial y completo, que procura la máxima celeridad en la intervención de la entidad, en aras de facilitar la continuidad de sus funciones esenciales, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema económico y en los recursos públicos.

El segundo principio general, integrado en esta ley, es el de la necesaria separación entre funciones supervisoras y resolutorias con el declarado fin de eliminar el conflicto de intereses en que podría incurrir la autoridad supervisora en caso de desempeñar, al mismo tiempo, las facultades de resolución. 

Sobre este mandato, se añade ahora uno nuevo llamado a garantizar que si una entidad se torna incapaz de mantenerse activa por sus propios medios, a pesar de la regulación y supervisión tradicionales, su cierre se producirá con las mínimas distorsiones sobre el conjunto del sistema financiero y, en particular, sin impacto alguno en las finanzas públicas.

Un tercer principio es la conveniencia de que se articulen de manera exhaustiva tanto una fase preventiva como una fase de actuación temprana dentro del proceso resolutorio. Se trata de que, al margen de cualquier dificultad operativa, sus gestores dediquen esfuerzos y atención a garantizar que si la entidad tuviera que ser resuelta en un momento determinado, su estructura o forma de funcionamiento permitirían realizar tal resolución sin poner en riesgo la estabilidad financiera, la economía y, muy especialmente, los depósitos y el dinero público.

Finalmente, el cuarto principio hace hincapié en que los recursos públicos y de los ciudadanos no pueden verse afectados durante el proceso de resolución de una entidad, sino que son los accionistas y acreedores, o en su caso la industria, quienes deban asumir las pérdidas.

Además, esta ley supone la trasposición del Derecho de la Unión Europea sobre la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Y, por otro lado, la continuidad que esta ley representa respecto a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, a la que parcialmente deroga. 

Las modificaciones que introduce la Cámara Alta son fundamentalmente de carácter técnico, con excepción de la cifra de capital mínimo exigible a las empresas de servicios de valores, a las que no les será aplicable la presente ley. La cuantía pasa de 2.000.000 de euros a 730.000 euros, con el fin de adaptarse a la normativa comunitaria.

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