El Pleno envía al Senado los dos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

date 11/06/2015

- Cambia la designación de imputado por investigado durante la fase de instrucción y los plazos de esta fase

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que serán ahora enviados al Senado.

La reforma está separada en dos partes. Por un lado, el Proyecto de Ley de modificación de  la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
 
En la votación del dictamen del proyecto no orgánico, fueron rechazadas todas las enmiendas presentadas salvo una modificación transaccional pactada sobre la enmienda 61 del grupo parlamentario popular. En dicho cambio, se añade un apartado al artículo único, que a su vez añade una disposición final a la Ley, relativo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Por su parte, el dictamen de la comisión relativo a este texto fue aprobado por 179 votos a favor, 116 en contra y 19 abstenciones. 
 
El proyecto de carácter orgánico obtuvo en la votación de conjunto 183 votos a favor, 112 en contra y 21 abstenciones, con lo que superó la mayoría absoluta necesaria. El dictamen fue aprobado en su conjunto por 176 votos a favor, 118 en contra y 21 abstenciones, después de que se rechazaran todas las enmiendas debatidas salvo una transaccional que modifica la enmienda 98 registrada por UPyD y que fue pactada con el PP. En estos cambios se añade un apartado al artículo 588 bis c.

La división de la reforma, que modifica una norma dictada en 1882, obedece a que algunas materias a las que afecta tienen carácter orgánico, ya que regulan  cuestiones relativas a derechos fundamentales, como el estatuto del investigado.

Para la agilización de la justicia penal, el texto modifica los tiempos de instrucción y sustituye el plazo de un mes actual por otros más realistas. El Ministerio Fiscal será garante del sistema de plazos, tras los cuales "habrá que decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional". 

Los asuntos sencillos contarán con una instrucción de seis meses mientras que en los temas complejos se permitirán hasta dieciocho meses prorrogables por otro plazo similar. Por razones excepcionales, el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que se precise para finalizar la investigación, como ha quedado aclarado en la nueva redacción del preámbulo del texto tras su paso por comisión.

Las enmiendas incluidas en la comisión también modifican los supuestos en los que cabe recurso de casación, que incluye la infracción de ley contra sentencias de apelación, y aclara que no cabe este tipo de recurso contra sentencias que se limiten a declarar de sentencias en primera instancia.

El texto también propone la modificación de las reglas de conexidad. A partir de ahora, cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento, para evitar el colapso de los juzgados por acumulación de causas en asuntos "inabarcables". Además, la reforma aprobada permite la aceptación por decreto (monitorio penal), mediante la cual, la propuesta del fiscal se convertirá en sentencia firme cuando el acusado acepte la pena solicitada.

Por otra parte, la norma también regula, conforme a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales, el derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero y el derecho a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

En cuanto a la asistencia letrada, se clarifica que toda persona a la que se le atribuya un delito tendrá ese derecho, y se añade que la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado y su abogado podrá ser "limitada", cuando concurran determinadas circunstancias.

En esta línea, las enmiendas introducidas en la comisión aclaran los derechos de los que puede ser privado un detenido si así lo considera un juez, que deberá motivar la razones que justifican el aislamiento de un detenido, y que incluyen la incomunicación del detenido.

Además, el texto establece que los términos "imputados o procesados" se sustituirán por "investigados o encausados", debido a que, argumenta el Gobierno, los primeros tienen "un señalado carácter negativo", y se desarrollan la segunda instancia judicial en el proceso penal y el recurso de revisión.

La modificación de la ley también afecta a las medidas de investigación tecnológica, ya que el Ejecutivo cree que a Ley de Enjuiciamiento Criminal había quedado "especialmente desfasada".

Así, se regula la intervención judicial de las comunicaciones, incluidas las virtuales, y se excluye de la grabación de conversaciones privadas aquellas que mantengan una persona investigada, encausada o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional.

Además, se regula el proceso de decomiso, de manera que ahora se podrá proceder a la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Además, se podrá actuar contra todo el patrimonio del penado  y decomisar los bienes de origen ilícito puestos a nombre de terceras personas.

Una de las modificaciones más destacables que ha experimentado la parte orgánica de la reforma en su paso por la Comisión es la redacción del artículo 1 del apartado 520, que ahora establece que la detención deberá practicarse de la forma menos perjudicial para el detenido, y deberá asegurarse siempre el respeto a sus derechos al honor, intimidad e imagen en el momento de la detención.
 
Enmiendas aprobadas en Pleno
 
El texto que se remitirá al Senado para continuar su tramitación incorporará los cambios que suponen las dos enmiendas transaccionales aprobadas en Pleno, sobre la base de sendas propuestas de UPyD y del Grupo Popular.
 
La primera, de modificación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 588 bis c, letra h, indica que "el sujeto obligado que llevara¿ a cabo la medida, en caso de conocerse, con expresa mencio¿n del deber de colaboracio¿n y de guardar secreto, cuando proceda, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia".
 
La otra enmienda, que afecta a la parte no orgánica del proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade un nuevo apartado catorce al artículo único, por el que se incorpora una nueva disposición adicional quinta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la siguiente redacción:
 
"Disposición adicional quinta. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
 
1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal.
 
Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas, que estarán obligadas a prestarla de conformidad con su normativa específica.
 
2. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con anterioridad a que se dicte resolución judicial firme de decomiso se podrán gestionar a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales cuando se trate del dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos. Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas. Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a  la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso.
 
Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el artículo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así como el producto obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá al Tesoro como ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción de los fines señalados en el apartado siguiente.
 
Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Los costes de gestión y los gastos previstos en los párrafos anteriores podrán estimarse de la forma en que se determine reglamentariamente.
 
3. Son fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos como consecuencia de las resoluciones judiciales de decomiso los siguientes:
 
a) el apoyo a programas de atención a víctimas del delito, incluido el impulso y dotación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas,
 
b) el apoyo a los programas sociales orientados a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente,
 
c) la intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de delitos,
 
d) la cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad,
 
e) y los que se puedan determinarse reglamentariamente.
 
4. En la ley de presupuestos generales del Estado de cada año se determinará el porcentaje objeto de afectación a los fines señalados en este artículo. Los criterios para la distribución de los recursos afectados serán fijados anualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

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