El Congreso convalida el Decreto de medidas económicas y de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

date 20/01/2015

El Pleno del Congreso de los Diputados, ha aprobado, con 179 votos a favor, 20 en contra y 129 abstenciones, la convalidación del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre, por el que se toman una serie de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales  y otras de carácter económico.
 
Su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia fue rechazado con 150 votos a favor y 178 en contra.

Este Real Decreto, defendido ante el Pleno por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene un doble objetivo. Por una parte pone en marcha nuevos mecanismos que permitan compartir los ahorros financieros entre todas las Administraciones, priorizar la atención del gasto social, seguir ayudando a las Administraciones con mayores dificultades de financiación e impulsar a las que han conseguido superarlas. Por otra parte, se simplifica y reduce el número de fondos creados para financiar mecanismos de apoyo a la liquidez, mejorando la eficiencia de su gestión.

Entre los nuevos mecanismos que se crean, la atención al gasto social ocupa un lugar prioritario. Contar con financiación suficiente para el gasto social supone una garantía decisiva para la adecuada prestación de servicios públicos esenciales, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, pilares básicos de un Estado social y democrático de Derecho.

Por otro lado, se crea un registro electrónico de convenios que permitirá hacer un seguimiento sobre qué convenios tienen suscritos y en vigor las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para poder verificar el cumplimiento de Ley 7/1985, de 2 de abril, especialmente del artículo 57 bis

De este modo, si se produce el incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dichos convenios, llegado el caso, se podrán retener recursos del sistema de financiación conociendo la fuente jurídica de la que emanan las obligaciones impagadas. Con la aplicación de este procedimiento de retención, regulado en este real decreto-ley, quedará garantizada la adecuada financiación de los servicios públicos esenciales, reforzando el compromiso con su adecuada prestación.

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