El Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria supera el debate de totalidad

date 11/12/2014

El Proyecto de Ley para la Jurisdicción Voluntaria ha superado su primer examen parlamentario al rechazarse, con 122 votos a favor, 193 en contra y 6 abstenciones, las tres enmiendas de devolución presentadas por los grupos Socialista, de  IU, ICV-EUiA, CHA; y de UPyD. Su avocación a Pleno fue rechazada con 142 votos a favor y 179 en contra.

El proyecto, defendido ante el Pleno por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasa a la Comisión de Justicia, que a partir del informe de la ponencia y de las enmiendas al articulado que se incorporen, elaborará el dictamen que será remitido al Senado. En caso de que la Cámara Alta no modifique el proyecto, éste quedará aprobado, y si aprueba alguna enmienda, deberá volver al Pleno del Congreso.

El Ejecutivo explica que esta iniciativa nace de la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Enjuciamiento Civil, que encomendaba al Gobierno la remisión de este proyecto de ley para construir un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros países, separando la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común.

Para el Ejecutivo, esta Ley es la respuesta a la necesidad de una nueva ordenación legal que corrija defectos de regulación y normas obsoletas así como la pervivencia de disposiciones poco armónicas con instituciones orgánicas y procesales vigentes más modernas.

La exposición de motivos pone de manifiesto que otro de los objetivos de la Ley que hoy inicia su tramitación es salvaguardar el interés de los ciudadanos, facilitándoles una regulación legal sistemática, ordenada y completa de los diferentes expedientes que contiene, actualizando y simplificando las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el procedimiento menos costoso y más rápido. Es reseñable a su vez, que este Proyecto se tramite de forma simultánea con modificaciones importantes de leyes como el código Civil, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuciamiento civil y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. En caso de las dos primeras leyes señaladas se modifican porque está en marcha su adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, que afecta tanto al régimen de la tutela y curatela, así como a la terminología, abandonándose términos como ¿incapaz¿ para sustituírlos por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente. Además, y en relación a la tercera ley citada con anterioridad, esta Ley se coordina con la de actualización de la Legislación sobre protección a la infancia, que dará una nueva regulación, entre otras cuestiones, al acogimiento de menores. El texto también introduce la elevación de la edad de contraer matrimonio, que a propuesta de los ministerios de Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pasa de los 14 a los 16 años. Con respecto al matrimonio, cabe destacar la nueva regulación del acta previa a la celebración del mismo, ya que el Código Civil encomienda su tramitación al notario, al secretario del ayuntamiento o al encargado del registro civil, mientras que la celebración del mismo podrá tener lugar ante el notario, encargado del registro civil, alcalde o concejal en que éste delegue.
Por otra parte, el texto explica que  la jurisdicción voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica la existencia de voluntad en el ámbito del derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados o afectados así lo justifiquen o también si existe la imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia aun determinado derecho, situación que requiere la actuación de un juez. Sin embargo, por razones de oportunidad política o de utilidad práctica la Ley puede encomendar a otros órganos públicos la tutela de determinados derechos que no afecten directamente a derechos fundamentales o supongan afectación de intereses de menores o de personas que deben ser especialmente protegidas. Por este motivo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, buscando la optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria, a los Secretarios Judiciales, a los Notarios, a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, apostando así por la desjudicialización de materias que hasta ahora, eran atribuídas a jueces y magistrados.
Por último, el texto explica que la Ley de Jurisdicción Voluntaria trata de evitar la alternatividad entre los juzgados y otros operadores jurídicos, es decir, la posibilidad de acudir indistintamente a diferentes operadores para la obtención de un mismo efecto jurídico, evitándose así duplicidades. Por otra parte, sigue siendo responsabilidad de los jueces resolver aquellos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas o de familia, y también algunos de los expedientes en materia mercantil y de derecho de obligaciones y sucesorio que no sean encomendados a secretarios judiciales, notarios o registradores. Además, la Ley prevé la gratuidad en determinados casos para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho por falta de medios y modifica el apartado 3 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. Esta disposición establece un período transitorio en el que se aplican con carácter retroactivo las disposiciones que señala tal norma, en relación con aquellos expedientes administrativos o judiciales pendientes de resolución a fecha de entrada en vigor de la ley.
Enmiendas de devolución
El grupo Socialista pide en su enmienda la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley argumentando que éste renuncia a la regulación de buena parte de los expedientes de jurisdicción voluntaria, porque no cuenta con el apoyo de buena parte de los operadores llamados a aplicarla y porque supone un paso más en la estrategia del Gobierno para privatizar la justicia, dificultando el acceso de buena parte de los ciudadanos a la misma. Por su parte, IU, ICV-EUiA, CHA;, considera  que este proyecto carece del mínimo consenso político y social y acusa en su enmienda al Ejecutivo de actuar guiado por criterios mercantilistas, beneficiando a ciertos colectivos, aún a riesgo de que las garantías de la ciudadanía se vean mermadas. Por último, UPyD, pide la devolución al Gobierno de esta iniciativa, ya que la mayoría de las leyes que modifica, no tienen nada que ver, a su juicio, con la jurisdicción voluntaria y acusa al Gobierno de traer este Proyecto a las Cortes Generales con 12 años de retraso.


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