El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria supera el debate de totalidad en el Pleno

date 11/12/2014

El Pleno del Congreso ha rechazado la petición del Grupo Socialista de devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria, que continúa así su tramitación en Comisión y, una vez que ésta elabore el correspondiente dictamen, a la vista del informe de la ponencia y con la posible incorporación de enmiendas, será elevada al Senado, ya que su avocación a Pleno ha sido denegada con 142 votos a favor y 179 votos en contra.

Este proyecto, presentado ante el Pleno por el ministro de Justicia, Rafael Catalá,  se estructura en dos artículos, referido el primero de ellos a la reforma precisa en la Ley Hipotecaria y el segundo a la necesaria en el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo; se completa la norma con dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

El objetivo del Gobierno es, argumenta, conseguir la inaplazable coordinación Catastro-Registro, con los elementos tecnológicos hoy disponibles, a través de un fluido intercambio seguro de datos entre ambas instituciones, potenciando la interoperabilidad entre ellas y dotando al procedimiento de un marco normativo adecuado, y así, de un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles, incrementando la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificando la tramitación administrativa.

El Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario son instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas, pero comparten un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. La coordinación de la información existente en ambas instituciones propicia una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y administraciones.

Esta coordinación debe realizarse mediante procedimientos ágiles pero, al mismo tiempo, dotados de las suficientes garantías jurídicas para los posibles afectados, a través de procedimientos que eviten cualquier situación de indefensión.

La Ley define cuándo se entiende que existe concordancia entre la finca registral y la parcela catastral; cuándo se entiende que la coordinación se alcanza y cuándo se entiende que se rompe; también establece las vías para informar de esta circunstancia a los terceros y procedimientos internos de información el intercambio de datos, para que la información ofrecida sea fiable.

La fiabilidad de la información incrementa la seguridad jurídica en las transmisiones, aportando un importante valor añadido a la propiedad inmobiliaria, que evitará supuestos litigiosos y los costes, tanto económicos directos de todo contencioso, como los indirectos, derivados de las situaciones de pendencia, dotando al mercado inmobiliario de mayor transparencia.

Desde el punto de vista del ciudadano, además de verse beneficiado por la seguridad jurídica a la que antes se ha hecho referencia, también va a verse beneficiado por una simplificación administrativa en sus relaciones con ambas instituciones, la registral y la catastral, ya que no será necesario, en muchos casos, volver a aportar información sobre la descripción de los inmuebles ya presentada.

Enmienda

En su enmienda de devolución, rechazada con 177 votos a favor, 195 votos en contra y 10 abstenciones, el Grupo Socialista califica esta reforma como innecesaria, porque con las redacciones dadas por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, resuelve la publicidad de los datos correspondientes a los registros. Por otra parte, advierte sobre la derivación de bases catastrales hacia bases privadas, no controladas por el Estado.

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