El Pleno rechaza las enmiendas de totalidad a los proyectos incluidos en el Plan de Regeneración Democrática defendidos por el presidente del Gobierno

date 27/11/2014

Los proyectos de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos y de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que han sido presentados ante el Pleno por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han superado su primer examen parlamentario, al rechazarse las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA, UPyD y Mixto (BNG).

El presidente del Gobierno ha intervenido para defender las medidas incluidas en los dos proyectos, que se han debatido de forma conjunta. A continuación han subido a la tribuna los grupos parlamentarios que habían registrado enmiendas de totalidad a cada uno de ellos que en ambos casos son una de texto alternativo, del Grupo Socialista, y tres de devolución: de IU, ICV-EUiA, CHA; UPyD y BNG (Grupo Mixto).

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado las enmiendas de texto alternativo que el Grupo Socialista ha registrado a ambos proyectos. El debate continuó con la defensa de las enmiendas de devolución de IU, ICV-EUiA, CHA por parte de Cayo Lara y Joan Coscubiela; de UPyD, defendidas por Rosa Díez y Carlos Martinez Gorriarán; y los portavoces de las formaciones integradas en el Grupo Mixto.

Por último tomaron la palabra para la fijación de posición ante estos proyectos los representantes de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda de totalidad: CiU, PNV, y Grupo Popular. Ha cerrado el debate el presidente del Gobierno.

Ambos proyectos, que forman parte del Plan de Regeneración Democrática, continuarán su tramitación en la Comisión Constitucional, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El primero de los proyectos debe ser elevado a Pleno para someterse a una votación de conjunto en la que necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, por su carácter orgánico, antes de pasar al Senado, y el segundo irá directamente a la Cámara Alta al recharse la avocación a Pleno con 148 votos a favor y 182 en contra.

Control de la actividad económico financiera de los partidos

El Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos reforma tres leyes (Financiación de Partidos, Partidos y Tribunal de Cuentas) para aumentar el control, la fiscalización, la transparencia y las obligaciones de los partidos políticos.

Las principales medidas que contiene son la prohibición de las donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica; y de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito. Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro.

Asimismo, se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Se aumentan las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos, que estarán obligados a publicar en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros.

Se regula la figura del Responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas. Se distinguen las labores de fiscalización que ha de realizar el Tribunal de Cuentas en los supuestos de partidos perceptores de subvenciones públicas y de los no perceptores; y se prevé el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en período ejecutivo por la Agencia Tributaria.

Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos tendrán que inscribirse en el Registro de Partidos; se establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos; y se  regula el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos.

Además, se adapta la regulación de partidos a la recuperación de su responsabilidad penal como personas jurídicas; se regula la colaboración de entidades integrantes del sector público y de entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas, para facilitar la labor fiscalizadora de éste, y se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Alto cargo de la administración general del Estado

En cuanto al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el Ejecutivo intenta cubrir un cierto vacío legal, ya que España no cuenta con un estatuto del cargo público. Este texto crea también más obligaciones, más control, más fiscalización y más transparencia para los altos cargos.

Las principales medidas que recoge son la exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo y de una declaración responsable para ser nombrado alto cargo; la regulación del régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese de los altos cargos, y el control sobre los gastos de representación.

Asimismo, se plantea la creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses; y el control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Enmiendas

La enmienda de texto alternativo del Grupo Socialista al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se ha rechazado con 104 votos a favor, 183 en contra y 45 abstenciones.

En su texto alternativo, el PSOE establece la elección directa por los afiliados de quienes ocupen el cargo de mayor responsabilidad en los partidos políticos y la obligación de que sus asambleas generales se reúnan, como mínimo, una vez cada cuatro años. Asimismo, se articula la figura del Defensor del Militante y la necesidad de establecer un sistema formal de tramitación de quejas, reclamaciones y recursos frente a las decisiones y acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido.

Propone también establecer la limitación de mandatos del Presidente del Gobierno, que no podrá desempeñar el cargo durante más de dos legislaturas; la dedicación exclusiva de los parlamentarios, así como la prohibición de recibir remuneraciones por las actividades que sean compatibles con el desempeño de su función representativa. También se modifica el régimen de las comisiones parlamentarias competentes para conocer de las incompatibilidades, declaraciones de bienes y actividades, incrementando sus facultades de investigación y comprobación.

Se incluye también la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acabar con el trato injustificado que exime a diputados y senadores, así como a determinados altos cargos, de declarar como testigos en sede judicial y que les permite hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que forman parte; y se regula un sistema para la designación de los miembros de órganos constitucionales y demás organismos en cuyo nombramiento intervienen las Cortes Generales, con objeto de establecer garantías de independencia, competencia y experiencia profesional de las personas designadas, mediante la constitución de Comités Asesores.

Las tres enmiendas de devolución, defendidas por los grupos de IU, ICV, EUiA, CHA; UPyD y Mixto (BNG), tampoco han salido adelante, al recabar 21 a favor, 184 en contra y 127 abstenciones.

IU, ICV-EUiA, CHA considera que se excluye la reforma de importantes leyes y medidas, que realmente aportarían esa visión integral en esta materia, y que se presenta como un ejercicio de oportunismo político por parte del Gobierno.

Para UPyD, no sirve para combatir una de las principales lacras de nuestro sistema de partidos, que es la financiación ilegal y la existencia de unos partidos políticos que acumulan indicios (algunos ya valorados por la Audiencia Nacional) respecto a la existencia de contabilidad B, nutrida del cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos públicos.

Por último, el BNG lo califica de una medida cosmética y superficial que, en vez de enfrontar las causas de la corrupción real, pretende situar de forma generalizada en el foco de las opinión pública la actividad de todos los partidos políticos.

Por lo que respecta al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la enmienda de texto alternativo quedó rechazada con 104 votos a favor, 183 en contra y 45 abstenciones.

El Grupo Socialista plantea reformas en la legislación electoral y en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, para pormenorizar los aspectos que han de incluirse en las declaración de bienes y actividades, y exigir a los Altos Cargos y parlamentarios la presentación de certificaciones de la Administración Tributaria que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Pública y las variaciones patrimoniales que se hayan producido entre el comienzo y el final de su mandato.

En cuanto a las peticiones de devolución, registradas por las mismas formaciones políticas que en el otro proyecto de ley, se han rechazado con 21 votos a favor, 185 en contra y 126 abstenciones.

Para IU, ICV-EUiA, CHA, merece una valoración negativa, con importantes exclusiones, que flexibiliza el régimen actual y que finalmente no aporta sustancialmente reformas en profundidad que afecten notoriamente a la actual regulación del ejercicio de los altos cargos de la administración del Estado

UPyD, considera que el avance en la comprobación de la situación patrimonial de los altos cargos tras su cese queda cojo si ello no va a acompañado de la tipificación del delito de enriquecimiento injustificado en el Código Penal.

El BNG considera el proyecto una iniciativa superficial que, en vez de afrontar las causas de la corrupción real, pretende convencer a la opinión pública que pequeñas modificaciones formales relativas a la designación y al desempeño de la función de alto cargo, son una solución real y definitiva contra la corrupción, cuando existen causas más profundas, que este Proyecto de Ley elude, y que además el Gobierno del Partido Popular apenas se atreve a mencionar.

Fotonoticia

Congress
C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID
Legal notice
Accesibility

General information:

Tel: 91 390 60 00

Fax: 91 429 87 07

Guided tours for groups:

Tel: 91 390 65 25 / 26

Fax: 91 390 64 35