El proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado supera el debate de totalidad

date 27/11/2014

El proyecto de Ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ha superado hoy su primer trámite al rechazarse las cuatro enmiendas de totalidad, con lo que continúa su tramitación en la Comisión Constitucional. El texto que esta apruebe, tras la votación del informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, pasará directamente al Senado, ya que se ha rechazado su avocación a Pleno, con 148 votos a favor y 182 votos en contra.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido ante la Cámara esta iniciativa, que propone incluir en una única norma las disposiciones relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses.

El proyecto introduce criterios de mérito y capacidad, así como de honorabilidad, para el nombramiento de los altos cargos, que deben servir  con objetividad a los intereses generales, desempeñar sus funciones con integridad, absteniéndose, por lo tanto, de incurrir en conflictos de intereses; objetividad; transparencia y responsabilidad y austeridad.

Asimismo, se regula el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades a los que estarán sujetos aquellos que sean nombrados altos cargos, con la inclusión de un sistema de alerta temprana para la detección de estos posibles conflictos. De nuevo, la Oficina de Conflictos de Intereses, como órgano especializado en la materia, será la encargada de señalar al alto cargo los asuntos o materias sobre los que, tras un primer análisis, deberá abstenerse en la toma de decisiones.

Se refuerza también la regulación de las limitaciones en participaciones societarias; y en las limitaciones al ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese, se diferencian dos niveles, uno general y otro más intenso. El más intenso afecta a altos cargos de organismos y órganos supervisores o reguladores, que no podrán prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por una decisión.

Por otra parte, la ley concreta la forma en la que los altos cargos deben efectuar su declaración de actividades económicas y su declaración de bienes y derechos, introduciendo como novedad la remisión del certificado de las últimas dos declaraciones anuales presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el certificado de la última declaración anual presentada del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por último, la ley refuerza el control del cumplimiento de sus disposiciones, dotando al órgano competente para ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevas competencias y medios para, como no podía ser de otra forma, desarrollar sus funciones con las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia.

El Título III regula los órganos de vigilancia y control dotando a la Oficina de Conflictos de Intereses de una mayor garantía de competencia y elevando su rango administrativo y el control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. También se aclaran las funciones desempeñadas por la Oficina, potenciando la colaboración con otros organismos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones.

Asimismo, se concreta el contenido del informe que la Oficina de Conflicto de Intereses eleva semestralmente al Congreso de los Diputados con la información personalizada del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las sanciones impuestas. La ley también regula la publicidad semestral del número de altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de altos cargos que
no hayan cumplido sus obligaciones.

Otra  novedad que introduce la ley es el procedimiento de examen de la situación patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, se regula un informe que, a través de un procedimiento contradictorio con el propio interesado, deberá elaborar la Oficina de Conflictos de Intereses y en el que se analizará la situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y cese para poder así detectar posibles irregularidades.

Enmiendas

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un texto alternativo, rechazado con 104 votos a favor, 183 votos en contra y 45 abstenciones, en el que argumenta que la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción deben ser una prioridad por la fortaleza y la calidad de las instituciones y la vida política en España, así como para la cohesión, la convivencia y el progreso de la sociedad española. 

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto se han rechazado con 21 votos a favor, 185 votos en contra y 126 abstenciones.

Por su parte, IU, ICV-EUiA, CHA  pide la devolución de este proyecto de Ley por considerar que adolece de conexión con el resto de proyectos que comprenden el Plan de regeneración democrática.

Por su parte, UPyD considera que el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado no mejora sustancialmente los conflictos de interés ni persigue de forma efectiva que se produzca un enriquecimiento ilícito injustificado de algunos cargos públicos.

Por último, el BNG asume que esta iniciativa pretende convencer a la opinión pública de que pequeñas modificaciones formales relativas a la función y al desempeño de la función del cargo son una solución real y definitiva contra la corrupción. 



 

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